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PRIMERO.- La sentencia del Juzgado de lo Social declara la procedencia del despido disciplinario del trabajador demandante, cuya representación letrada formula recurso de suplicación, que tiene por objeto un único motivo, amparado en el apartado b) del art. 193 LRJS (LA LEY 19110/2011) , dirigido a la revisión de los hechos declarados probados. El recurso se impugna por la representación letrada de la empresa demandada, que interesa su desestimación.

SEGUNDO.- Se pide en el motivo, en primer lugar, la revisión del hecho probado tercero, alegándose que no queda acreditado que sea cierto que el Sr. Jenaro fuera llamado por el departamento de Recursos Humanos un día antes de ser despedido. Pretensión modificatoria que no puede aceptarse, pues la invocación de prueba "negativa" (inexistencia o insuficiencia de prueba) no es cauce hábil para revisar hechos probados en suplicación. Siempre que exista un mínimo de actividad probatoria, que haya permitido la valoración judicial, resulta inadmisible la llamada prueba negativa, es decir, la revisión fundada en la simple alegación de la carencia o insuficiencia de pruebas referidas al hecho de que se trate, habiendo dispuesto el Juez "a quo" de medios de prueba (documental y testifical) para declarar probados los hechos discutidos. La parte recurrente cuestiona la credibilidad de los testigos de la parte demandada, pero hemos de recordar que en nuestro ordenamiento procesal la apreciación de la fuerza probatoria de las declaraciones testificales es libre, no sujeta a reglas jurídicas de valoración predeterminadas ( art. 376 LECiv (LA LEY 58/2000) ), a salvo de no apartarse de las reglas de la sana crítica, y que, además, en el proceso laboral, la valoración de dicha prueba es de la incumbencia exclusiva del juzgador de instancia, sin que su criterio al respecto sea susceptible de ser revisado ni enmendado en grado de suplicación.

TERCERO.- Seguidamente, con respecto al hecho probado cuarto, se hacen alegaciones relativas a que la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Tarragona, que condena por estos hechos al actor como autor de una falta de injurias, no es firme pues está recurrida ante la Audiencia Provincial de Tarragona. La parte recurrente estima que, ante la falta de firmeza de la sentencia penal, que resulta de la documentación aportada con el recurso, que la Sala admite por ser de fecha posterior al juicio ( art. 233.1 LRJS (LA LEY 19110/2011) ), debería suspenderse de oficio el presente procedimiento hasta la terminación del proceso penal. A lo que no accede este tribunal, porque cuando la conducta imputada al trabajador para justificar el despido puede tener una tipificación penal, no es imprescindible estar a la espera de una resolución penal para poder proceder al despido, y ni siquiera es relevante para la decisión del proceso laboral la resolución que pueda recaer en el proceso penal, pues es doctrina arraigada de los tribunales del orden social que se trata de ordenes jurisdiccionales distintos, el laboral y el penal, no vinculados entre sí, pues en el orden social lo que se juzga es si ha existido o no el incumplimiento contractual que se imputa al trabajador despedido, mientras que en el orden penal lo que se enjuicia es si el trabajador ha incurrido o no en un comportamiento subsumible en un tipo penal, de manera que la posible absolución en el segundo de los procesos no implica consecuencia alguna para el orden social, al ser distintos los bienes jurídicos protegidos, tras valoración en cada proceso de los medios de prueba practicados en cada uno de ellos - art. 97.2 LRJS (LA LEY 19110/2011) -, salvo que la absolución en el orden penal se sustentase en la inexistencia del hecho o en la no participación del sujeto en los hechos denunciados, lo que dejaría abierta la vía del recurso de revisión ( art. 86.3 LRJS (LA LEY 19110/2011) ). En esta materia hemos de señalar que es jurisprudencia constante ( sentencias del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 1991 , 20 de junio de 1994 y las que en ellas se citan) que "la norma general que rige el proceso laboral es la de que en ningún caso se suspende el curso del procedimiento por razón de causa criminal sobre los mismos hechos, salvo el supuesto particular apuntado en el artículo 86 párrafo 2º de la Ley de Procedimiento Laboral (LA LEY 1444/1995) " , precepto que encuentra su fundamento en que las jurisdicciones laboral y penal son totalmente independientes. Así el Tribunal Constitucional en la sentencia núm. 36/1985 (LA LEY 399-TC/1985) tiene establecido que "la jurisdicción penal y la laboral persiguen fines diversos, operan sobre culpas distintas y no manejan de idéntica forma el material probatorio para enjuiciar en ocasiones una misma conducta".

Finalmente se vierten en el recurso alegaciones negando la autoría de los hechos por el actor, afirmando la manipulación por la empresa de lo publicado en el muro del actor en la red social Facebook y cuestionando lo declarado en juicio por los testigos empleados de la empresa. La Sala debe precisar que no puede sino partir de los concretos hechos contenidos en la redacción de hechos declarados probados que se contiene en la sentencia, sin que pueda entrar a valorar la cuestión planteada al margen de dichas objetivaciones y sin que pueda analizar manifestaciones, alegaciones o consideraciones que puedan verterse en el recurso ajenas a dicho relato histórico o que cuestionen por esta vía la valoración probatoria realizada en la instancia. Y, en el presente caso, el "factum" de la sentencia recurrida da cuenta de la publicación en el muro de Facebook del actor de unos comentarios gravemente ofensivos contra Dª Teodora , responsable de obra de la empresa demandada. Son ya numerosos los casos en los que la doctrina judicial del orden social acepta como medio válido de prueba las publicaciones de empleados en redes sociales. Prueba que es válida en el presente caso, pues no consta que se haya obtenido de manera ilícita, sin que exista prueba alguna de falseamiento o manipulación de la publicación por parte de la empresa. La parte actora pudo presentar prueba pericial técnica al respecto, y no lo hizo, como también pudo haber acudido al cauce procesal del art. 86.2 LRJS (LA LEY 19110/2011) para sostener la falsedad documental que apunta, pero tampoco lo hizo. En todo caso, esta alegación de falsedad no casa con el hecho de que el actor reconociera ante la Jefa de Recursos Humanos tener expuesta dicha publicación en Facebook, tal como declara el hecho probado tercero de la sentencia, sin que, a tenor del relato histórico de la sentencia recurrida pueda dudarse de que la Sra. Teodora era la destinataria de los comentarios ofensivos del actor, que por su gravedad justifican plenamente el despido disciplinario decidido por la empresa, declarado procedente por el Juez de instancia, cuya sentencia confirmamos, con desestimación del recurso.