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PRIMERO.- La controversia litigiosa radica en determinar si vulnera el derecho fundamental a la intimidad de la actora la colocación por parte de la empresa, en un tablón de anuncios sito en el pasillo de entrada a las instalaciones del centro de trabajo, de una ficha informando del accidente laboral sufrido por esta trabajadora el 20-11-2014, constando 1) su nombre, 2) la descripción del accidente (cuando iba a tirar la basura, bajando unas escaleras, pisó mal el último escalón y se cayó torciéndose el tobillo izquierdo), 3) la lesión causada (un esguince) y 4) la parte del cuerpo lesionada (el pie izquierdo). El comité de seguridad y salud había manifestado en dos ocasiones su oposición a que en estas fichas figurasen los nombres de los trabajadores afectados.

La sentencia de instancia declara la vulneración del derecho fundamental a la intimidad de esta trabajadora, fijando una indemnización de 300 euros en concepto de daño moral. Contra ella recurre en suplicación la empresa demandada, formulando un primer motivo al amparo del apartado b) del art. 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) (en adelante LRJS (LA LEY 19110/2011)), en el que solicita la adición del texto siguiente:

"El protocolo de investigación de accidentes/incidentes contiene expresamente la siguiente prevención en su apartado 4:

4.1 Cada vez que ocurra un accidente se publicará en el panel habilitado (ver anexo 3).

4.2 Se modificará cada día los datos relativos días sin accidentes y cuando toque el record de días sin accidentes. Se contabilizará en el muñeco el accidente en la parte del cuerpo donde se ha producido la lesión colocando punto amarillo si el accidente no ha causado baja y rojo si la ha causado. El muñeco del panel siempre contendrá el número de accidentes con baja y sin baja de los últimos seis meses.

4.3 Se colgará en el panel el parte de investigación del último accidente con baja. El documento de descripción de investigación del accidente que se cuelgue seguirá el formato establecido en el anexo 4.

La referida ficha contiene los datos relativos a empresa, fecha de accidente, hora, nombre del accidentado, descripción, puesto de trabajo con expresión de si es o no habitual, referencia a la existencia o no de daños materiales, tipo de lesión y parte del cuerpo lesionada".

La prueba documental en que se sustenta esta pretensión, obrante a los folios 108 y 111 de la causa, demuestra su certeza, por lo que procede estimar este motivo.

SEGUNDO.- En el siguiente motivo suplicacional, formulado al amparo de la letra c) del art. 193 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) , se denuncia la infracción del art. 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LA LEY 3838/1995) , de los arts. 18.1 (LA LEY 2500/1978) y 20.1.d) de la Constitución (LA LEY 2500/1978) y del art. 19 de la Ley de Protección de Datos , así como de la doctrina contenida en la sentencia del TC nº 115/2013 (LA LEY 49565/2013) y del TS de 15-4-2013, recurso 114/2012 y 5-2-2013, recurso 89/2012 (LA LEY 11367/2013) , alegando, en esencia, que no se ha vulnerado la intimidad de la trabajadora y que no se ha justificado la indemnización reparadora impuesta a la empresa.

El derecho a la intimidad es un derecho complejo que se vincula con varios específicos tendentes a evitar intromisiones en áreas reservadas al ser humano, como el derecho a la propia imagen, el derecho al honor, el derecho a no ser molestado... Se ha descrito como "el derecho a ser dejado en paz". Lo recogen el art. 18.1 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) , 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (LA LEY 22/1948), 8.1 del Convenio para la protección de derechos humanos y libertades fundamentales de 1950 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (LA LEY 129/1966), entre otros.

TERCERO.- El TC explica que el derecho a la intimidad "se funda en la necesidad de garantizar «la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana, que puede ceder ante la prevalencia de otros derechos (...)» ( STC 77/2009, de 23 de marzo (LA LEY 14343/2009) , F. 2) (...) el derecho a la intimidad atribuye a su titular «el poder de resguardar ese ámbito reservado por el individuo para sí y su familia de una publicidad no querida» (entre otras, SSTC 231/1988, de 2 de diciembre (LA LEY 1166-TC/1989), F. 3 ; 236/2007, de 7 de noviembre, F. 11 ; y 60/2010, de 7 de octubre , F. 8), y, en consecuencia, «el poder jurídico de imponer a terceros el deber de abstenerse de toda intromisión en la esfera íntima y la prohibición de hacer uso de lo así conocido» (entre otras, SSTC 196/2004, de 15 de noviembre (LA LEY 2437/2004), F. 2 ; 206/2007, de 24 de septiembre, F. 5 ; y 70/2009, de 23 de marzo , F. 2). La intimidad protegida por el art. 18.1 CE (LA LEY 2500/1978) no se reduce necesariamente a la que se desarrolla en un ámbito doméstico o privado (...) La protección de la vida privada en el ámbito del Convenio Europeo de Derechos Humanos (LA LEY 16/1950), en suma, se extiende más allá del círculo familiar privado y puede alcanzar también a otros ámbitos de interacción social ( SSTEDH de 16 de diciembre de 1992, Niemietz c. Alemania, § 29 ; de 22 de febrero de 1994, Burghartz c. Suiza , § 24 ; y de 24 de junio de 2004, Von Hannover c. Alemania , § 69)" ( STC 12/2012 de 30-1 (LA LEY 2303/2012) , F. 5).

La STC 142/1993 de 22-4 (LA LEY 2207-TC/1993) , F. 7, explica que "el atributo más importante de la intimidad, como núcleo central de la personalidad, es la facultad de exclusión de los demás, de abstención de injerencias por parte de otro, tanto en lo que se refiere a la toma de conocimientos intrusiva, como a la divulgación ilegítima de esos datos".

CUARTO.- En el ámbito laboral el poder de dirección del empleador ( art. 20 del Estatuto de los Trabajadores ) le atribuye la facultad de adoptar medidas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte del trabajador. Pero debe ejercerse con el debido respeto a su dignidad [ arts. 4.2.e ) y 20.3 del Estatuto de los Trabajadores ].

Hay que distinguir:

1) La intimidad personal del trabajador en el trabajo.

2) La intimidad del trabajo en sí mismo, que se produce cuando la intromisión afecta a cuestiones estrictamente laborales. Por ello, la intimidad goza de menos garantías. Existen más razones de legitimidad para la intromisión empresarial.

Y en el ámbito de la salud, el art. 22.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LA LEY 3838/1995) establece que "Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud".

El art. 7.1 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre (LA LEY 1580/2002) , básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, dispone: "Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la Ley".

QUINTO.- La empresa demandada tenía la praxis de colocar en un tablón de anuncios radicado en el pasillo de entrada a las instalaciones del centro de trabajo las fichas informando de los accidentes laborales incluyendo el nombre del trabajador accidentado, la descripción del accidente, la lesión causada y la parte del cuerpo lesionada. El comité de seguridad y salud había manifestado su oposición en dos ocasiones a que en estas fichas figurasen los nombres de los trabajadores afectados.

La colocación del tablón de anuncios en el pasillo de entrada al centro de trabajo supone que acceden a su contenido no solo los trabajadores sino cualquier persona ajena a la empresa que entre en dichas instalaciones. La empresa incluía el nombre del trabajador accidentado, pese a las objeciones del comité de seguridad y salud. Y al hacerlo proporcionaba información acerca de dos cuestiones relevantes desde el punto de vista de la intimidad del trabajador: la descripción del accidente y la lesión sufrida.

Respecto de la primera, debe tenerse en cuenta que el concepto amplio de accidente laboral incluye supuestos como el accidente "in itinere", en misión o incluso una agresión sexual en el lugar de trabajo (v. gr. sentencia del TSJ de Cataluña nº 1473/2014, de 25 de febrero (LA LEY 40882/2014) ), cuya divulgación puede afectar gravemente a la intimidad del trabajador. En el supuesto enjuiciado, es razonable que la demandante se oponga a que se haga pública su identificación en relación con un accidente que personas maledicentes podrían atribuir a su torpeza o mala salud, o que podría dar lugar a comentarios críticos con las bajas de esta trabajadora. Es importante precisar que, aunque la publicación del accidente laboral sí que está justificada para evitar futuros accidentes similares, no existe justificación alguna de por qué debe identificarse nominativamente al trabajador accidentado. Y la existencia de un protocolo de investigación de accidentes, en el que se prevé la identificación del trabajador accidentado, no desvirtúa la antijuridicidad de la conducta empresarial, que no puede pretender ampararse en dicho protocolo para soslayar la aplicación de normas constitucionales y de la legislación que las desarrolla.

En cuanto a la segunda cuestión relativa a la intimidad de la trabajadora, no ofrece duda que al divulgar cuál fue la lesión sufrida por la trabajadora, la empresa infringió el art. 22.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LA LEY 3838/1995) , que impone la "confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud" y el art. 7.1 de la Ley 41/2002 (LA LEY 1580/2002) , que regula "el carácter confidencial de los datos referentes a su salud". Por todo ello, forzoso es concluir que se ha vulnerado el derecho fundamental a la intimidad de la accionante.

SEXTO.- La indemnización por violación de derechos fundamentales ha sido examinada por las sentencias del TS de 5 de febrero de 2013, recurso 89/2012 (LA LEY 11367/2013) ; y 11 de febrero de 2015, recurso 95/2014 (LA LEY 25838/2015) , las cuales han sentado la doctrina siguiente:

«La lesión de un derecho fundamental determina normalmente la producción de un daño en la medida en que esa lesión se proyecta lógicamente sobre un bien ajeno (...) Daño moral es aquel que está representado por el impacto o sufrimiento psíquico o espiritual que en la persona pueden desencadenar ciertas conductas, actividades o, incluso, resultados, tanto si implican una agresión directa a bienes materiales, como al acervo extrapatrimonial de la personalidad (STS, Sala I, 25- 6-1984); daño moral es así el infringido a la dignidad, a la estima moral y cabe en las personas jurídicas ( STS, Sala I, 20-2-2002 ), habiéndose referido ya a las lesiones al prestigio mercantil de una persona jurídica la sentencia de dicha Sala de 31 de marzo de 1930 .- Pero el daño moral debe ser alegado por el demandante, precisado su alcance y, en su caso, acreditado en el proceso (...) no basta con que quede acreditada la vulneración de la libertad sindical para que el juzgador tenga que condenar automáticamente a la persona o entidad conculcadora al pago de una indemnización.... para poder adoptarse el mencionado pronunciamiento condenatorio es de todo punto obligado que, en primer lugar, el demandante alegue adecuadamente en su demanda las bases y elementos clave de la indemnización que reclama, que justifique suficientemente que la misma corresponde ser aplicada al supuesto concreto de que se trate, dando las pertinentes razones que avalen y respalden dicha decisión, y en segundo lugar que queden acreditados, cuando menos, indicios o puntos de apoyo suficientes en los que se pueda asentar una condena de tal clase (...) Respecto a los elementos que han de tomarse en consideración para determinar el importe del daño (...) la cuantificación del daño o perjuicio derivado de la conducta infractora del derecho fundamental en cuestión se puede y debe basar en las propias características (gravedad, reiteración y otras circunstancias concurrentes) de dicha conducta infractora, que ha sido objeto de prueba en el proceso. Y, a partir de ahí, el propio FJ 7 añade que esos daños pueden ser tanto "económicos perfectamente cuantificables como daños morales..., de más difícil cuantificación pero cuya realidad (en el caso) no puede negarse", concretando que, entre esos daños morales, la demandante de amparo "sufre un daño psicológico que, con independencia de otras consecuencias que puedan depender de las condiciones personales del sujeto afectado, se da en todo caso, sin que sea factible a veces aportar prueba concreta del perjuicio sufrido y de su cuantificación monetaria, dada su índole».

Asimismo las citadas sentencias explican que «Es doctrina de esta Sala que, en principio, la cuantificación de los daños es algo que corresponde al juzgador de instancia y que solamente debe ser revisada si es manifiestamente irrazonable o arbitraria (...) el órgano jurisdiccional, atendidas las circunstancias del caso, fijará el importe de la indemnización a su prudente arbitrio, sin que su decisión pueda ser revisada por el Tribunal que conozca del recurso, salvo que sea desproporcionada o irrazonable».

SÉPTIMO.- En la demanda rectora de la presente litis se reclamaba una indemnización de 6.500 euros en concepto de daños morales, calculando esta cantidad sobre la base de la sanción por la infracción muy grave prevista en el art. 8.11 y 40.c) de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social . El Juzgado de lo Social establece una indemnización simbólica de 300 euros argumentando que 1) la información proporcionada es mínima, con trascendencia y significación mínimas; y 2) aunque pueden conocerla personas ajenas a la empresa, lo normal es que sean los propios compañeros de trabajo quienes lean la ficha y probablemente ya conozcan el accidente por otras vías. Esta indemnización no es impugnada por la actora.

A juicio de esta Sala, centrado el debate suplicacional en si debe suprimirse la moderada indemnización de instancia, teniendo en cuenta 1) que la colocación del tablón en el pasillo de entrada a las instalaciones de la empresa hizo que accedieran a esta información no solo los trabajadores sino personas a ajenas a la empresa, 2) la reiteración de la conducta de la empresa al publicar los nombres de los trabajadores accidentados y 3) que en dos ocasiones el comité de seguridad y salud se opuso a que en estas fichas figurasen los nombres de los trabajadores afectados, manteniendo el empleador su conducta pertinaz; forzoso es concluir que debe confirmarse la indemnización fijada por el Juzgado de lo Social en únicamente 300 euros en concepto de daños morales por la violación del derecho fundamental a la intimidad de la actora, desestimando el recurso interpuesto y confirmando la sentencia de instancia.

OCTAVO.- El art. 233.1 de la derogada Ley de Procedimiento Laboral se interpretó por el TS (por todos, autos del TS de 21-1- 2000, recurso 2142/1997 ; 18-5-2007, recurso 3265/2004 y 2-7-2009, recurso 3395/2007 ) en el sentido de que no hay tasación de costas en los recursos extraordinarios laborales, sino determinación discrecional por la Sala de los honorarios cuando hubiera condena en costas. La citada doctrina es aplicable al art. 235.1 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) , lo que obliga a condenar en costas a la parte recurrente, incluyendo los honorarios del abogado o graduado social de la parte impugnante del recurso de suplicación, fijando su importe, atendiendo a las concretas circunstancias del presente litigio, en la cantidad de 500 euros.

Se condena a la parte recurrente a la pérdida del depósito ( art. 204.4 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) ) y de la consignación ( art. 204.1 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) ).