PRIMERO.- 1. D. Edemiro , Presidente de la UNIÓN CÍVICA ESPAÑOLA - PARTIDO POR LA PAZ, RECONCILIACIÓN Y PROGRESO DE ESPAÑA (U.C.ESP.), en fecha 19 de enero de 2016, presentó, ante el Juzgado de Instrucción núm. 7 de Zaragoza, denuncia contra el M.H. Don. Gregorio , President de la Generalitat de Catalunya, contra la M.H. Doña. Maribel , Presidenta del Parlament de Catalunya, contra los trece (13) Consellers del actual Govern de la Generalitat, esto es, Hs. Don. Leoncio , Santiaga , Ramón , Africa , Emilia , Juan Manuel , Anselmo , Carmelo , Emiliano , Herminio , Penélope , Marcelino , Zulima , y contra el Secretario de Govern, Sr. Roman , por los presuntos "
delitos de prevaricación y desacato a la autoridad, y alta traición a las instituciones del Estado, y otros
" .
2. Dada su condición personal de aforados de todos los denunciados, corresponde, efectivamente, a esta Sala la competencia para conocer de la denuncia presentada en su día ante el Juzgado de Instrucción núm. 7 de Zaragoza y remitida a este TSJC, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73.3. a) de la LOPJ (LA LEY 1694/1985) y en los artículos 57.2 y 70.2 del Estatut d'Autonomia de Catalunya.
SEGUNDO.- 1. Una vez realizado tal preámbulo, es de reseñar, ante todo, que con la denuncia presentada por D. Edemiro , no se aporta, ni se acompaña documentación alguna que pueda acreditar los hechos relatados en la misma, pues solo adjunta el Auto de 27 de enero de 2016, en el que el Magistrado-Juez de Instrucción núm. 7 de Zaragoza acuerda la inhibición del conocimiento de este procedimiento (folios 24 al 26).
2. Los hechos relatados en la denuncia formulada, pueden sintetizarse así:
El denunciado M. H. Sr. Gregorio , en el acto de toma de posesión de su cargo como President de la Generalitat de Catalunya, el pasado 12 de enero de 2016, eludió y obvió jurar o prometer cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado o el Estatut d'Autonomia , limitándose a prometer "fidelidad a la voluntad del pueblo de Catalunya representado por el Parlament" , promesa que fue admitida como válida por la Presidenta del Parlament, la asimismo denunciada M. H. Sra. Maribel .
Los 13 Consellers y el Secretari General del nuevo Govern de la Generalitat de Catalunya tomaron posesión de sus cargos el día 13 del mismo mes ante el M.H. President de la Generalitat, prometiendo sus cargos mediante una fórmula en la que igualmente se eludía prometer o jurar la Constitución Española y el Estatut d'Autonomia, limitándose a prometer cumplir fielmente las obligaciones de su cargo "con lealtad al Presidente de la Generalitat de Catalunya" .
Dichas fórmulas de promesa en los actos de nombramiento de los denunciados, no tienen otra finalidad, ni propósito, según expone el denunciante, que la primera escena de la desconexión con el resto de España y el inicio de un plan para la proclamación de la independencia de Catalunya . Y añade, que tales actos de toma de posesión y nombramiento de cada uno de los denunciados, son ilícitos, nulos de pleno Derecho y además constitutivos de sendos
delitos de prevaricación, desacato a la autoridad y traición a las Instituciones del Estado
.
3. Sentado lo anterior, es de resaltar que los hechos objeto de la presente denuncia tienen su eje nuclear en
la fórmula de promesa empleada por los quince denunciados
-President de la Generalitat, ante el Pleno del Parlament de Catalunya, los Consellers y el Secretari General del Govern de la Generalitat, ante el President en el Palau de la Generalitat-.
Tal como se ha apuntado al principio de la consideración jurídica precedente, el denunciante no ha aportado documentación alguna que acredite la fórmula de juramento o promesa concretamente utilizada por los denunciados, por lo que en modo alguno se puede llegar a dirimir si las mencionadas en la denuncia -cuya narración fáctica no es palmaria al respecto- pueden dan lugar a algún tipo de ilícito.
Pero es más, acudiendo a la normativa existente en la materia que nos ocupa, es de concluir afirmando que no puede ignorarse, que:
Ni en el Estatut d'Autonomía de Catalunya (EAC), ni en el vigente Reglament del Parlament, cuyo Texto Refundido es de 28 de julio de 2015 (RPC), regulan o contemplan el uso o no de alguna fórmula concreta de juramento o promesa y de ahí que el tenor del mismo es un hecho que queda dentro del ámbito exclusivo de la actividad parlamentaria (del President del Parlament, de la Cámara y/o del propio designado).
L'Estatut d'Autonomía (EAC) -vide. Art. 68-, como tampoco la Llei 13/2008, de 5 de noviembre (LA LEY 16079/2008), de la Presidència de la Generalitat i del Govern -vide. Art. 17- no establecen siquiera que los miembros del Govern de la Generalitat, al ser nombrados, deban juran o prometer sus cargos, ni, por ende, deban emplear fórmula alguna de juramento o promesa. El uso o no de dichas fórmulas y el texto de la misma es un hecho que queda dentro del ámbito exclusivo de la discrecionalidad del Ejecutivo autonómico (del President de la Generalitat que los designa y/o de los nombrados).
4. En definitiva, de una parte, se ignora, por no haber adjuntado el denunciante documento alguno acreditativo de las aducidas promesas en la toma posesión de sus cargos, como President de la Generalitat de Catalunya y miembros del Govern de la Generalitat, por los que fueron nombrados los denunciados, la concreta fórmula utilizada por éstos, y, de otra, que, según la normativa indicada, en la que no consta regulación específica alguna acerca de la forma de jurar o prometer tales cargos, no tenían obligación legal de prestar juramento o promesa de acatar la Constitución ni el Estatut d'Autonomía de Catalunya, y de ahí que la elusión de estas declaraciones, como también el aducido deber de lealtad al Rey, carece de relevancia a efectos penales ; siendo únicamente de añadir en tal particular, que si se hubiera producido, en realidad, algún defecto en la forma de proceder a la promesa del/los cargo/s -cosa que se desconoce, por falta de probanza-, ello sólo podría afectar a la validez del acto en sí, pero nunca daría lugar a la configuración de un ilícito penal.
TERCERO.- 1. Finalmente, debe indicarse que la apuntada supuesta nulidad administrativa de los actos de promesa prestados por los denunciados, no compete resolverla a esta Sala Penal del TSJC, por tratarse de una cuestión cuyo pronunciamiento, en su caso, correspondería a los órganos judiciales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
2. En base a todo ello, como quiera que los hechos denunciados no pueden constituir los delitos de prevaricación, desacato a la autoridad y alta traición a las instituciones del Estado que se pretenden atribuir a los denunciados, ni revisten carácter de ilícito penal alguno, es por lo que procede, sin más, la inadmisión de la denuncia presentada.