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PRIMERO.- Los hechos probados son constitutivos de un delito de falsedad en documento oficial del Art. 392 del código penal (LA LEY 3996/1995) , en relación con el Art. 390 núm. 1 y 3 del código penal .

No resulta apreciable la continuidad delictiva y con ello la regla del Art. 74 del Código Penal (LA LEY 3996/1995) .

Los hechos declarados probados no son constitutivos de un delito de estafa, ni menos en la modalidad agravada del Art. 250.1.5 del código penal (LA LEY 3996/1995) en su redacción vigente, o en su caso en el 250.1.6. de su redacción anterior, como es objeto de acusación por la acusación particular.

SEGUNDO.- Ciertamente, ha quedado acreditado que la acusada, con ánimo de obtener un trabajo, introdujo datos falsos en su curriculum, manteniendo había aprobado casi todas las asignaturas de la licenciatura de químicas, cuando ni siquiera tenía superadas todas las asignaturas de su primer curso.

Dicho documento privado elaborado por la acusada y consistente en un curriculum, es falaz, pero no por ello constituye una falsedad en documento privado, en cuanto se incardina en una falsedad en la exposición de los datos o falsedad ideológica. Ciertamente la presentación de tal documento, unido a la aseveración de la veracidad de sus datos en la entrevista, supone la afirmación de unas cualidades que no se tienen y en consecuencia una actitud desleal y falaz frente a la empresa oferente del puesto de trabajo, tendente a obtener mediante dicho engaño, el contrato laboral que se oferta. Sin embargo la obtención de dicho puesto de trabajo mediante ese ardid y menos la permanencia en el mismo durante casi cinco años, desempeñando las funciones laborales que se le encomendaron, no puede ser constitutivo de un delito de estafa, ni continuada, ni en la modalidad agravada objeto de acusación.

No concurren los elementos típicos del delito de estafa, pues en definitiva, aunque obtenido mediante dichos ardides, lo que hace la acusada es desempeñar un puesto de trabajo para la empresa, presentado los servicios requeridos, asistiendo a la empresa, y a tal objeto es remunerada. Por otra parte, ni siquiera se le remunera como licenciada; es decir con arreglo a la licenciatura no obtenida, sino que no consta siquiera se le abonase un salario superior al fijado para la categoría de técnicos auxiliares o no titulados en el convenio sectorial. De hecho, la propia empresa admite se le pagaba menos que al otro contratado licenciado, aunque cuando culminase la licenciatura se le abonaría el sueldo correspondiente.

Cierto que, manejando los términos desde un nivel coloquial y no jurídico, la empresa efectivamente ha sido inicialmente engañada, pues ha contratado en consideración, en principio, a unas cualidades que no se tienen; pero, lo que no hay duda es que el trabajo se desempeña durante años, sin que se haya procedido a poner fin a dicha relación laboral.

De igual forma se refieren una serie de deficiencias e irregularidades propias de la ausencia de formación, pero, a la par, la empresa no solo considera superado el periodo de prueba, sino que realiza una contratación de forma indefinida, manteniendo la relación laboral durante años. Se afirma concurre muestras de tomas falsas e irregularidades en los análisis, más aunque ello fuera así, no solo no consta actuación alguna de la empresa hasta el despido. Finalmente no constan abonados salarios correspondientes a la categoría superior de Licenciado, o técnico superior, y en consecuencia conforme con tales habilidades que se le presumían, propias de una titulación que supone el desempeño de sus funciones de responsabilidad y de forma autónoma, sin necesidad de control o supervisión, que requiere una formación menor, como la de los técnicos de categoría auxiliar o de grupo profesional inferior.

Reitera la Jurisprudencia, entre otras en la STS 1.044/2007, de 12 de diciembre , que la estafa se caracteriza por la presencia de los siguientes elementos:

1º).- Un engaño precedente o concurrente, antes recogido en alguno de los ardides o artificios incorporados al listado del Código de 1973 (LA LEY 1247/1973), y hoy, tras la Ley 8/83 y el Código Penal de 1995 (LA LEY 3996/1995), concebido con criterio amplio, sin enunciados ejemplificativos, atendiendo a la ilimitada variedad de supuestos que la vida real ofrece.

2º).- Dicho engaño ha de ser "bastante", es decir, suficiente y proporcional para la consecución de los fines propuestos, habiendo de tener adecuada entidad para que en la convivencia social actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, debiendo valorarse aquella idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto afectado y de todas las circunstancias del caso concreto; la maniobra defraudatoria ha de revestir apariencia de realidad y seriedad suficientes para engañar a personas de mediana perspicacia y diligencia. La idoneidad abstracta se complementa con la suficiencia en el específico supuesto contemplado.

3º).- Originación o producción de un error esencial en el sujeto pasivo desconocedor o con conocimiento deformado e inexacto de la realidad, por causa de la mendacidad, fabulación o artificio del agente, lo que le lleva a actuar bajo una falsa presuposición, a emitir una manifestación de voluntad partiendo de un motivo viciado, por cuya virtud se produce el traspaso patrimonial.

4º).- Acto de disposición patrimonial, con el consiguiente y correlativo perjuicio para el disponente, es decir, que la lesión del bien jurídico tutelado, el daño patrimonial, será producto de una actuación directa del propio afectado, consecuencia del error experimentado y, en definitiva del engaño, acto de disposición fundamental en la estructura típica de la estafa que ensambla o cohonesta la actividad engañosa y el perjuicio irrogado, y que ha de ser entendido, genéricamente, como cualquier comportamiento de la persona inducida a error, que arrastre o conlleve de forma directa la producción de un daño patrimonial en sí misma o en un tercero, no siendo necesario que concurra en la misma persona la condición de engañado y de perjudicado.

5º).- Animo de lucro, como elemento subjetivo del injusto, exigido de manera explícita por el art. 528 del Código Penal de 1973 (LA LEY 1247/1973) y el art. 248 del Código Penal de 1995 (LA LEY 3996/1995) , entendido como propósito por parte del infractor de obtención de una ventaja patrimonial correlativa, aunque no necesariamente equivalente, al perjuicio ocasionado, eliminándose, pues, la incriminación a título de imprudencia.

6º).- Nexo causal o relación de causalidad entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado, ofreciéndose éste como resultancia del primero, lo que implica que el dolo del agente tiene que anteceder o ser concurrente en la dinámica defraudatoria, no valorándose penalmente en cuanto al tipo de estafa se refiere, el dolo "subsequens", es decir, sobrevenido y no anterior a la celebración del negocio de que se trate; aquel dolo característico de la estafa supone la representación por el sujeto activo, consciente de su maquinación engañosa, de las consecuencias de su conducta, es decir, la inducción que alienta al desprendimiento patrimonial como correlato del error provocado, y el consiguiente perjuicio suscitado en el patrimonio del sujeto víctima.

Coincide esta Sala con el Ministerio Fiscal en la inexistencia de engaño bastante. Se afirma tener superadas muchas asignaturas de la licenciatura, pero no es menos cierto que la empresa conoce que no es licenciada. Por otra parte, se le contrata sin requerir la documentación, quizás como se señala porque venía recomendada por un pariente cercano a los responsables del laboratorio y dió una buena impresión en la entrevista. Se afirma que la acusada siempre daba disculpas para aportar la justificación de su conocimiento, pero igualmente ha de afirmarse que no consta entonces que la empresa adoptase medida alguna, conformándose con tal falta de acreditación. Del mismo modo, el engaño no bascula sobre la concurrencia o no de la titulación académica, ya que se conocía por la empresa no se ostentaba, sino en la cualidad personal de conocimiento que se le presumía al estar próxima a culminar su licenciatura, a falta de dos asignaturas. Pese a las referencias a tales cualidades, o la constancia según se afirma de ciertas deficiencias de conocimiento, no solo se supera el periodo de prueba del contrato temporal sino que se le contrata de forma indefinida.

No concurre desplazamiento patrimonial y perjuicio inherente al delito de estafa. Ciertamente se le contrata con arreglo a dicha cualidad, pero efectivamente la acusada desempeña su trabajo o servicios por los que se le remunera. Aún admitiendo la existencia de irregularidades, no se destaca especial incidencia en dicha prestación que, al menos hasta fecha próxima al despido, parece realizarse sin protesta alguna o queja del empresario. En todo caso, al no ser contratada como universitaria, ni ser remunerada como tal, independientemente de las expectativas de la empresa o del puesto concreto a desempeñar, no puede entenderse que constituye el perjuicio inherente al delito de estafa el pago de los salarios por la relación laboral efectivamente desplegada y prestada. En efecto, como señala el Tribunal Supremo, en STS de 19 de julio 2010 , confirmando la Sentencia de la Audiencia Provincial, en un supuesto de un Director de Recursos Humanos que había falseado su curriculum y fingido ser abogado, el perjuicio no puede identificarse con los salarios producidos pues " Más aún cuando resulta que la Audiencia ha entendido que del desarrollo del contrato en sí mismo considerado no se derivaron perjuicios apreciables para la entidad contratante, porque el acusado desempeñó de forma eficaz el puesto de director de recursos humanos ..." (En aquel caso se consideró la existencia de estafa, pues el engaño sobre la condición de abogado, determinó que la empresa pagase las cuotas colegiales, y en el importe de las mismas se cifró el perjuicio, pero no en los salarios percibidos como Director de Recursos Humanos).

Ha de matizarse, en este caso, que aunque se trate de incidir de manera genérica en una supuesta ineficacia, el trabajo se ha desempeñado y no consta lo fuera al menos en mayor medida que las condiciones exigibles a un técnico no titulado. Cuestión diferente es la que atañe a la asunción de una responsabilidad del control de calidad propia o de aconsejable desempeño por un titulado superior, o la existencia de un claro error en las cualidades del sujeto, que puede incidir en el error en la formación de la voluntad contractual, pero no determina la concurrencia de los elementos del delito de estafa.

No puede entenderse concurra continuidad delictiva, por la prestación de servicios continuada en el tiempo. Desde dicha óptica pretende la empresa identificar el desplazamiento patrimonial inherente a la estafa con el pago de salarios. Se reitera que dicho salario, correspondiente al requerido para abono de la prestación de los servicios de un trabajador no titulado, y que no consta fuera superior al requerido por el convenio colectivo sectorial para tal grupo, remunera servicios que, con mejor o menor eficacia, se han ido prestando para la empresa. Tampoco los cursos de formación laboral tiene relación con la cualidad de haber obtenido mejores notas en químicas, sino son ofertados y realizados por los empleados en el ámbito de la relación laboral. Por ello no es posible, pues, ni desde la óptica del código penal aplicable y vigente anterior a la reforma de dos mil diez, al amparo del número seis del Art. 250.1; o incluso desde la referencia que la acusación particular realiza al supuesto 5 del código penal actualmente vigente- configurar la estafa en la modalidad agravada.

Cierto que en este particular se cuestiona la referencia de la acusación particular al supuesto quinto conforme a la vigente redacción del Art. 250.1. Sin embargo, la cuestión a examinar va más allá, de la citación de un ordinal u otro en cuanto se entienda aplicable, ya que descartada la concurrencia de estafa en esa continuidad de la relación laboral, no cabe plantearse siquiera la continuidad delictiva en los delitos patrimoniales y la consideración del perjuicio total causado.

Y ello, aunque entre la cantidad defraudada y el montante del perjuicio, no pueda establecerse una identidad conceptual total; como tampoco puede afirmarse que esa falta de identificación entre ambas nociones, se traduzca necesariamente en la imposibilidad de justificar la aplicación del tipo agravado, no por el importe total de lo defraudado, sino por la entidad del perjuicio causado a la víctima. ( STS 26 de mayo de 2014 ) . Pero en el presente caso, se reitera, el perjuicio en sí no puede configurarse con el pago de salarios, ya que estos remuneran una actividad que ha sido prestada en definitiva, con mejor o mayor fortuna o éxito.

A mayor abundamiento, si se considerase constitutivo de estafa la obtención del trabajo mediante la simulación de haber prácticamente superado todas las asignaturas de la licenciatura, realizados los hechos en el año dos mil siete, estarían prescriptos, conforme a lo dispuesto en su redacción vigente al tiempo de comisión de los hechos y más favorable a la acusada.

TERCERO.- La presentación de dos documentos falaces relativos al expediente académico de la acusada, uno entregado en la empresa, y otro remitido por correo para dotarlo de mayor apariencia de veracidad, no supone la concurrencia de un delito continuado de estafa, sino de un único delito de estafa, ya que ambos han de considerarse integrados en una unidad de acción.

Queda acreditada la comisión de las falsedades documentales. La acusada, de modo exculpatorio afirma que ella no entregó dichos expedientes y certificados alterados sino los verdaderos, pero es evidente que tal acreditación y el mantenimiento de la falsedad solo a ella favorecida. Consta testificalmente acreditado y evidenciado por la realidad de los documentos, la presentación de los dos documentos falaces, tanto el entregado en la empresa, como el remitido por correo para simular de forma más eficaz la pretendida autenticidad. Pese a los esfuerzos de la defensa por intentar contrarrestar, mediante una pericial contradictoria, la atribución de la autoría de las firmas falsas del segundo documento a su representada. No es acogible este segundo informe, de perito de parte, divergente con el emitido por la Unidad de Policía Científica, cuando parte de un examen de fotocopias y no pueden considerarse factores propios del examen de los originales, frente al completo examen de los originales contrastados en el informe oficial, siendo las conclusiones emitidas por este último claras, precisas y basadas en datos objetivos evaluables. Pero es más, en todo caso, aún desde la línea argumental de la defensa procedería reputar autora a la misma aunque no fuese realizadas de propia mano las firmas falaces. Como recuerda, entre otras, STS de fecha veintiséis de diciembre de dos mil ocho (892/2008 ) "que el delito de falsedad documental no es un delito de propia mano , entre otras razones, por cuanto se admite la posibilidad de la autoría mediata, y aunque normalmente, el autor será el que materialmente haya confeccionado (alterado o dañado) el documento, sin embargo es posible admitir la autoría (no solo por la vía de la autoría mediata o la inducción) en casos en los que la persona no ha sido quien materialmente confeccionó el documento. Son los supuestos de coautoría en los que existe un dominio funcional del hecho conforme al plan trazado por los autores. En este sentido la STS. 146/2005 de 7.2 , recuerda que la autoría en el delito de falsedad no se limita a la persona concreta que realice la materialidad de la imitación de la firma, u otro elemento mendaz en que tal falsedad consista, sino que cabe la coautoría siendo reiterada y uniforme la doctrina de esta Sala que afirma que en supuestos de falsedad documental no se impide la condena por autoría , aunque se ignore la identidad de quien ejecutara materialmente la confección falsaria del documento, siempre que conste la intervención del acusado en el previo concierto para llevar la misma o haya dispuesto del "dominio funcional del hecho", bastando el concierto y reparto previo de papeles para la realización, de modo que tanto es autor quien falsifica materialmente, como quien se aprovecha de la acción, con tal que tenga u ostente el condominio del hecho, SSTS. 27.5.2002 , 7.3.2003 , 6.2.2004 , 28.5.2006 .

CUARTO.- La defensa incide que el primero de los documentos aportados no puede considerarse documento oficial, en cuanto puede obtenerse mediante una impresión de Internet y no implica un certificado oficial. Si bien ello es cierto, es decir, que se trata de una impresión de un expediente que puede obtenerse por Internet, ello no descarta que mediante dicha impresión se pretendiera realizar falazmente un documento con eficacia oficial, en cuanto se incardina en él una firma que simula ser la original del decano y con ello pretende dotar de cierta oficialidad. Cuestión diferente es que los certificados no sean emitidos realmente en dicho formato.

En todo caso, ya desde la tesis de la acusación; es decir aún configurando dicha falsificación como de documento oficial, no cabe desligar dicha falsificación de la posterior remitida, esta con formato de certificado, ante los requerimientos de la empresa a raíz de la inspección, y que se configuran en una unidad de acción.

Como recuerda, en una síntesis de la doctrina al efecto, la STS de fecha 21 de junio de 2006 : " Este supuesto problemático en la dogmática penal parte de la existencia de una pluralidad de actos, de acciones , que son valorados como una unidad , constituyendo un objeto único de valoración jurídica. Será natural o jurídica, dice la STS. 18.7.2000 en función del momento de la valoración, si desde la perspectiva de una reacción social que así lo percibe o desde la propia norma. En todo caso se requiere una cierta continuidad y una vinculación interna entre los distintos actos entre si, respondiendo todos a un designio común que aglutine los diversos actos realizados, STS. 820/2005 de 23.6 .

Dicho en otros términos, existirá unidad de acción y no una pluralidad de acciones , entendidas ambas en el sentido de relevancia penal cuando la pluralidad de actuaciones sean percibidas por un tercero no interviniente como una unidad por su realización conforme a una única resolución delictiva y se encuentre vinculadas en el tiempo y en el espacio.

Así la jurisprudencia de esta Sala ha considerado que existe unidad natural de acción cuando los movimientos corporales típicos se repiten dentro de un mismo espacio y de manera temporalmente estrecha ( SSTS. 15.2.97 , 16.6.99 , 4.4.2000 , 17.8.2000 ).

En esta dirección la doctrina considera que la denominada teoría de la " unidad natural de acción " supone varias acciones y omisiones que están en una estrecha conexión espacial y temporal que puede reconocerse objetivamente y con una vinculación de significado que permita una unidad de valoración jurídica y que pueden ser juzgadas como una sola acción

En este sentido se ha señalado que esta solución está prevista para casos en los que un primer acto encadenado estrictamente a otros que hace posible o supone la preparación para un determinado objetivo, o cuando los actos siguientes se desarrollan o procedan directamente del precedente.

En opinión de la Sala sería posible mantener un criterio similar que responda más correctamente a la denominación ya empleada por la doctrina en relación con los casos en que varias acciones se dirigen a la lesión de un mismo objeto y bien jurídico, de unidad normativa de acción .

Este criterio se ha aplicado ocasionalmente al delito de falsedad , STS. 7.5.99 , pero en supuestos muy diferentes del ahora enjuiciado. El caso que fue objeto de la citada sentencia consistió en que en una sola ocasión y sin solución de continuidad, un policía de aeropuerto puso en siete pasaportes diferentes sellos de entrada con fechas alteradas, considerándose una sola acción de materialidad de poner los sellos en los siete pasaportes.

Cabría estimar como unidad natural de acción suscribir dos firmas falsas en un mismo documento o suponer en un mismo acto la intervención de varias personas que no la han tenido o incluso suscribir falsamente más de un documento en el curso de una única operación realizada simultáneamente, o en el supuesto de la STS. 1342/2000 (LA LEY 11185/2000) de 18.7 , incendio de tres habitaciones en la misma planta y ala de un Hotel.

Pero lo cierto es que dicho concepto no puede extenderse de tal forma que abarque lo que manifiestamente constituyen acciones autónomas (como es en el caso presente en que el recurrente es condenado no solo por la falsificación de las facturas que se relacionan en el hecho probado segundo, en total 9 y referidas a distintas entidades, sino también por la falsificación de la factura a que se refiere el hecho probado tercero, factura elaborada por el otro acusado Gervasio , a solicitud del recurrente. Entiende que todas se llevaron a cabo en una unidad de acto, se forzaría de modo inadmisible el concepto racional y natural de acción ( SSTS. 19.4.2001 , 31.1.2005 ), y se vaciaría el concepto jurídico del delito continuado .

Figura esta correctamente aplicada en la sentencia de instancia, por cuanto el delito continuado no es concebido como una mera ficción jurídica destinada a resolver en beneficio del reo los problemas de aplicación de penas que plantea el concurso de delitos, sino como una verdadera "realidad jurídica" que permite construir un proceso unitario sobre una pluralidad de acciones que presentan una determinada unidad objetiva y subjetiva, pues como señalan las SSTS. 2.2.98 y 25.5.99 , "si de los hechos que se declaran probados surge una homogeneidad de actos que responden a un único fin o plan del autor, difícilmente aislables unos de otros, surgiendo un dolo unitario y no renovado en cada acto, cuya meta se trata de conseguir a través de esa progresión de actos, si está construyendo la unidad objetiva y subjetiva que jurídicamente se realiza a través de la continuidad delictiva".

En este orden de ideas la especificación del delito continuado requiere la concurrencia de una serie de requisitos:

a) Una pluralidad de hechos, ontológicamente diferenciables, que no hayan sido sometidos al enjuiciamiento y sanción por parte del órgano judicial, pendientes pues de resolver en el mismo proceso; b) Dolo unitario, no renovado, con un planteamiento único que implica la unidad de resolución y de propósito criminal. Es decir un dolo global o de conjunto como consecuencia de la unidad de designio que requiere, en definitiva, como una especie de culpabilidad homogénea, una trama preparada con carácter previo, programada para la realización de varios hechos delictivos, aunque puedan dejarse los detalles concretos de su realización para precisarlos después, conforme surja la oportunidad de ejecutarlos, siempre, sin embargo, con la existencia de elementos comunes que pongan de manifiesto la realidad de esa ideación global. Por lo que, en suma, es el elemento básico y fundamental del delito del art. 74 CP (LA LEY 3996/1995) ., que puede ser igualmente un dolo continuado cuando la conducta responda al aprovechamiento de idéntica ocasión; c) Unidad de precepto penal violado, o al menos, de preceptos semejantes y análogos, es decir, una especie de "semejanza del tipo", se ha dicho; d) Homogeneidad en el "modus operandi", lo que significa la uniformidad entre las técnicas operativas desplegadas o las modalidades delictivas puestas a contribución del fin ilícito; y e) Identidad de sujeto activo en tanto que el dolo unitario requiere un mismo portador, lo que es óbice para la posible implicación de terceros colaboradores, cuyas cooperaciones limitadas y singulares quedarían naturalmente fuera del juego de la continuidad.

Desde el punto de vista negativo no es posible obviar que no es necesaria la identidad de sujetos pasivos.

Tampoco es precisa la unidad especial y temporal, aunque sí un distanciamiento temporal disgregador que las haga aparecer ajenas y desentendidas las unas de las otras, problema que habrá de ser examinado racional y lógicamente en cada supuesto. El delito continuado precisa a este respecto que, por encima del tiempo, haya una ligazón o causa común, aunque se diluya la unidad temporal"

Conforme a la doctrina anteriormente expuesta, ha de reiterarse, ambas conductas se incardinan dentro de una unidad natural de acción.

Inaplicada la continuidad delictiva, y conforme la pena prevista para la falsedad en documento oficial ( Art. 392 en relación 390 1. Y 3) ha de considerarse prescrita la pena. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 131 en su redacción anterior a la reforma de la LO 5/2010 (LA LEY 13038/2010) , aplicable al supuesto de autos, al estipularse un plazo de tres años para los restantes delitos menos graves.

Realizada la falsedad en febrero de dos mil nueve, la querella criminal es interpuesta en noviembre de dos mil doce; transcurrida pues tres años desde la comisión del hecho.

Procede, pues, declarar extinguida la responsabilidad penal por prescripción, con la consiguiente absolución de la acusada.

QUINTO.- Han de declararse de oficio las costas del juicio. No se consideran concurran méritos bastantes para imponer a la acusación particular el pago de las costas del juicio.

Como señala la STS de fecha 25 de marzo de 2014 (ROJ: STS 1258/2014 ) : Los criterios dispuestos por el legislador para la condena en costas son distintos para las sentencias condenatorias y las absolutorias de la acción ejercitada. Para las primeras, las condenatorias el criterio es el de imposición al condenado, Art. 123 Cp (LA LEY 3996/1995) y 240.2 de la Ley procesal . En interpretación de ese precepto, hemos declarado que respecto a la inclusión de los gastos procesales de la acusación particular han de ser incluidas entre las impuestas al condenado, salvo que las pretensiones de aquél fueran manifiestamente desproporcionadas, erróneas o heterogéneas en relación a las deducidas que el Ministerio Fiscal o a las recogidas en la sentencia. El criterio de la relevancia pasa a segundo término, sosteniendo la propia Sala que la exclusión de las costas solamente procederá cuando la actuación de la acusación particular haya resultado notoriamente inútil o superflua, o bien gravemente perturbadora por mantener posiciones absolutamente heterogéneas con las de la acusación pública y con las aceptadas en la sentencia o pretensiones manifiestamente inviables.

Respecto a las sentencias absolutorias, el párrafo tercero del Art. 240 permite la condena en costas a quien ejercitó la acusación particular "cuando resaltare de las actuaciones que han obrado con temeridad o mala fe".

Considerando, pues, que la querella fue admitida a trámite, y practicadas las diligencias se siguió el procedimiento por los trámites del procedimiento abreviado, emitiendo escrito de acusación no solo la acusación particular, sino igualmente la acusación pública por un delito continuado de falsedad en documento oficial, no siendo hasta la finalización del juicio cuando es retirada la acusación por el Ministerio Fiscal, no cabe entender que la postura de la acusación particular, al menos en la defensa de la ausencia de prescripción del delito de falsedad en documento oficial en su configuración como delito continuado, podamos considerarla temeraria o de mala fe. Por lo tanto, sin perjuicio de que pudieran realizarse ciertas consideraciones relativas al mantenimiento de la modalidad agravada de estafa, no procede en principio entender concurre la mala fe requerida para la imposición de las costas a la acusación particular.