USO DE COOKIES

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies

Cargando. Por favor, espere

S AN 24/5/1996

Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 1ª, Sentencia 34/1996 de 24 May. 1996, Rec. 5/1995

Ponente: Marañón Chávarri, José Antonio.

Nº de Sentencia: 34/1996

Nº de Recurso: 5/1995

Jurisdicción: PENAL

LA LEY 16823/1996

ECLI: ES:AN:1996:14

Cabecera

Caso "Síndrome Tóxico". ABSOLUCIÓN. Por delitos de imprudencia con resultado de muerte y lesiones, y contra la salud pública. FALTA. De imprudencia simple sin infracción de Reglamentos con resultado de lesiones. VOTO PARTICULAR.

Iter procesal

Ir a Jurisprudencia La sentencia del TS, Sala Segunda, de lo Penal, de 26 Sep. 1997 (Rec. 2569/1996) ha revocado parcialmente la presente sentencia. La sentencia del TS, Sala Segunda, de lo Penal, de 26 Sep. 1997 (Rec. 2569/1996) ha revocado parcialmente la presente sentencia.

Texto

DILIGENCIAS PREVIAS Nº 162/89

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 1

ROLLO DE LA SALA Nº 5/95

AUDIENCIA NACIONAL

Sala de lo Penal

Sección Primera

Ilmo. Sr. Presidente.

D. José Antonio Marañón Chavarri.

Ilmos. Sres. Magistrados

Dña. Manuela Fernández Prado.

D. Jorge Campos Martinez.

En la villa de Madrid, el día veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, la sección primera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, ha dictado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA N° 34/96

En las Diligencias Previas 162/89, Rollo nº 5/95, seguido por el delito de imprudencia temeraria, en el que han sido partes, además del Ministerio Fiscal, como acusaciones particulares:

ASOCIACIÓN DE PALENCIA, representada por el Procurador Sr. D. Ramiro Reynolds de Miguel, y defendida por el Letrado Sr. D. F. Bueno Morcillo.

D. Alexander Celso Y OTROS, representados por el Procurador Sr. D. Ramiro Reynolds de Miguel, y defendidos por la Letrada Srª. Dª. Doris Benegas.

Dª Yolanda Gracia Y OTROS, representados por el Procurador Sr. D. Ramiro Reynolds de Miguel, y defendidos por el Letrado Sr. D. Alfredo Garcia Arruga.

D. Hilario Bienvenido Y OTROS, representados por el Procurador Sr. D. Ramiro Reynolds de Miguel y defendidos por la Letrada Srª. Dª. Doris Benegas.

D. Clemente Millan Y OTROS, representados por el Procurador D. Roberto Granizo Palomeque y defendidos por el Letrado D. Mariano Muñoz Bouzas.

D. Andres Nemesio Y OTROS, representados por el Procurador Sr. D. Roberto Granizo Palomeque, y defendidos por el Letrado Sr. D. Alfredo Garcia Arruga.

ASOCIACIÓN HISPANIA, ASOCIACIÓN LA VAQUILLA DE COLMENAR VIEJO, ASOCIACIÓN DE LEÓN, ASOCIACIÓN DE MOSTOLES, representadas por la Procurador Dª Esther Rodríguez Pérez, y defendidas por el Letrado Sr. D. Carlos Vila Calvo.

ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS (OCU)- ACCIÓN POPULAR Y OTROS PARTICULARES AFECTADOS, representados por el Procurador Sr. D. Rafael Delgado Delgado, y defendidos por el Letrado D. Ignacio Uriarte y de Bofarull.

Dª Dulce Evangelina Y OTROS, representados por el Procurador D. Rafael Delgado Delgado, y defendidos por el Letrado D. Alfredo García Arruga.

ASOCIACIÓN AFECTADOS DE COSLADA, representados por la Procuradora Dª Beatriz Ruano Casanova, y defendidos por el Letrado Sr. D. José Manuel Gómez Benitez.

ASOCIACIÓN DE VALLADOLID Y PROVINCIA, ASOCIACIÓN DE ZAMORA, Virginia Yolanda Y OTROS, representados por la Procuradora Dª Beatriz Ruano Casanova, y defendidos por la Letrada Doris Benegas Maddad.

Dª Noelia Angeles , defendida por la Procuradora Dª Sofia Guardia del Barrio, y defendida por el Letrado Sr. D. Juan I. Guerrero Llorente.

Dª Olga Noelia Y OTROS, defendidos por la Procuradora Dª. María José Millan Valero, y defendidos por los Letrados Sres. D. Alfredo García Arruga y D. José Manuel Gómez Benitez.

D. Manuel Victorio Y OTROS, defendidos por la Procuradora Dª María José Millan Valero, y defendidos por el Letrado Sr. D. Manuel Gómez Benitez.

Dª Macarena Isidora Y OTROS, representados por el Procurador D. José Luis Martín Jaureguibeitia, y defendidos por la Letrada Dª Mercedes Lanza Martínez.

D. Sebastian Pio Y OTRO, representados por el Procurador Sr. D. Carlos Ibañez de la Cadiniere, y defendidos por el Letrado Sr. Ruiz Fernandez.

ASOCIACIÓN DE SAN FERNANDO DE HENARES Y OTROS, representados por el Procurador Sr. D. José Luis Herranz Moreno, y defendidos por el Letrado Sr. D. Guillermo Slocker Tena.

ASOCIACIÓN AFECTADOS DE GUADALAJARA, representados por el Procurador Sr. D. Isidoro Argos Simón, y defendidos por el Letrado Sr. D. Jorge Velasco Peña.

Como acusados:

Florentino Urbano , nacido en Melilla, el día NUM000 de 1.945, con D.N.I. nº NUM001 , casado, de profesión ingeniero, con domicilio en Madrid, c/ DIRECCION000 nº NUM002 , Jefe de Defensa contra Fraudes del Ministerio de Agricultura, en la fecha de los hechos, representado por la Procuradora Sra. Dª. Mª Jesús González Diez, y defendido por el Letrado Sr. D. Luis Rodríguez Ramos.

Ramon Victorino , nacido en Santo Domingo de S. (Burgos), el día NUM003 de 1.925, con D.N.I. nº NUM004 , con domicilio en Valladolid, c/ DIRECCION001 , nº NUM005 , Concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Valladolid, en la fecha de los hechos, representado por la Procuradora Sra. D. Esperanza Azpeitia Calvin, y defendido por el Letrador Sr. D. Carlos Castro Bobillo.

Jon Urbano , nacido en León, el día NUM006 de 1.924, con D.N.I. NUM007 , de profesión veterinario, casado, con domicilio en Madrid, c/ DIRECCION002 , nº NUM008 , Subdirector General de Alimentación en la fecha de los hechos, representado por el Procurador Sr. D. Argimiro Vázquez Guillen, y defendido por el Letrado Sr. D. Julián Pérez Templado.

Francisco Leopoldo , nacido en Madrid, el día NUM009 de 1.935, casado, con D.N.I. nº NUM010 , vecino de Madrid, con domicilio en la c/ DIRECCION003 nº NUM011 , Director General de Competencia y Consumo y Comisario General de Abastecimientos y Transportes, en la fecha de los hechos, representado por el Procurador Sr. D. Argimiro Vázquez Guillen, y defendido por el Letrado Sr. D. José Guillo Sanchez-Galiano

Luis Alfredo , nacido en Portillo (Valladolid), el día NUM012 de 1.925, casado, con D.N.I. nº NUM013 , con domicilio en Madrid, c/ DIRECCION004 , nº NUM014 , Director del Laboratorio Central de Aduanas en la fecha de los hechos, representado por la Procuradora Sra. Dª. Mª Jesús González Diez, y defendido por el Letrado Sr. D. D. José Lozano Miralles.

Victorino Felicisimo , nacido en Segovia, el día NUM015 de 1.941, con D.N.I. NUM016 , de profesión administrativo, casado, vecino de Alcorcón (Madrid), c/ PARQUE000 n° NUM017 , Concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid), en la fecha de los hechos, representado por el Procurador Sr. D. José Granda Molero, y defendido por el Letrado Sr. D. Ignacio Ayala Gómez.

Valeriano Jacinto , nacido en Madrid, el NUM018 de 1.932, hijo de Ricardo Celso y de Ana Nieves , casado, de profesión Dr. ingeniero, vecino de Majadahonda (Madrid, c/ DIRECCION005 , NUM019 , con D.N.I. nº NUM020 , Jefe de la Sección de Importación de Productos Agrícolas y Transformados, del Ministerio de Economía y Comercio, en la fecha de los hechos, representado por la Procuradora Sra. Dª. Mª Jesús González Diez, y defendido por el Letrado Sr. D. Miguel Bajo Fernandez.

Como responsable civil subsidiario el Estado representado por el Abogado del Estado.

Intervino en el proceso el Ministerio Fiscal sin ejercer acusación.

Los acusados se encuentran en libertad por esta causa, no habiendo estado privados provisionalmente de ella durante la tramitación de la misma.

Ha sido Ponente el Iltmo. Magistrado Sr. José Antonio Marañón Chavarri, que expresa el parecer mayoritario de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO- El Juzgado Central de Instrucción nº 1 inició las actuaciones, con fecha 3 de junio de 1985, como Diligencias Previas 198/85, en virtud de testimonio de particulares del Sumario nº 129/81 del Juzgado Central nº 3, incoándose posteriormente el Sumario nº 62/85. Tras la reforma de la LECrim (LA LEY 1/1882) se transformó en Diligencias Previas nº 162/89, dictando el día 13 de febrero de 1990, auto para que siga adelante el trámite, de conformidad con lo ordendo en el Capítulo II, Título III, del Libro IV, de la L.E.Crim (LA LEY 1/1882). Con fecha 25 de mayo de 1.990, el Juzgado Central de Instrucción nº 1, dictó auto declarando abierto el juicio oral contra Luis Alfredo , Francisco Leopoldo , Valeriano Jacinto , Florentino Urbano , Roberto Silvio , Pablo Baldomero , Victorino Felicisimo , Baldomero Urbano , Sabino Calixto Y Jon Urbano , y denegando la apertura del juicio oral respecto a Blas Tomas , Rafael Segismundo , Claudio Valentin , Pelayo Ivan , Hugo Ezequias , Epifanio Cecilio , Isidoro Victorio , Anibal Victoriano , Angel Federico , Gabino Guillermo , Urbano Ovidio . Con fecha 6 de junio de 1.991, se dictó auto decretando la nulidad del auto de fecha 25 de mayo de 1.990. Con fecha 8 de abril de 1.992, se dictó auto retrotrayéndose los efectos de nulidad del auto de apertura del juicio oral, al momento inmediatamente anterior a la resolución que acordaba la conclusión de la instrucción. Con fecha 9 de febrero de 1.994, se dictó auto para la continuación de la tramitación de las Diligencias Previas de conformidad con lo ordendo en el Capitulo II, Titulo III, del Libro IV, de la LECrim (LA LEY 1/1882), dando traslado a las partes acusadoras, para que formulasen escrito de acusación con solicitud de apertura del juicio oral, o en su caso el sobreseimiento. Las acusaciones personadas presentaron los correspondientes escritos de acusación, solicitando la apertura de juicio oral, mientras que el Ministerio Fiscal solicitó el sobreseimiento, por estimar que los hechos no eran constitutivos de delito. Con fecha 27 de agosto de 1.994 se dictó auto decretando la apertura del juicio oral, para el enjuiciamiento por los supuestos delitos de imprudencia temeraria y delito contra la salud pública, con resultado de muerte y lesiones, contra Luis Alfredo , Francisco Leopoldo , Valeriano Jacinto , Florentino Urbano , Victorino Felicisimo , Ramon Victorino y Jon Urbano , denegando la apertura del juicio oral respecto a Blas Tomas , Rafael Segismundo , Pelayo Ivan , Hugo Ezequias , Epifanio Cecilio , Isidoro Victorio , Anibal Victoriano , Angel Federico , Gabino Guillermo , Urbano Ovidio , Baldomero Urbano , Roberto Silvio y Pablo Baldomero .

Tras la calificación de las defensas de los acusados se remitió el procedimiento a esta sección para su enjuiciamiento.

SEGUNDO- Esta Sala dictó el día 17 de marzo de 1995 Auto estimando su competencia para el enjuiciamiento de la causa, y el día 29 de mayo de 1995 Auto de admisión de pruebas y de señalamiento de la Vista Oral.

El día 9 de octubre de 1995 se inició la celebración de la vista oral, planteándose en el turno de cuestiones previas, por parte de los Letrados defensores de Francisco Leopoldo y Ramon Victorino , la falta de competencia objetiva de esta sala de la Audiencia Nacional. Tras un turno de intervenciones donde tanto el Ministerio Fiscal como el Abogado del Estado y las acusaciones particulares se opusieron a la estimación de la falta de competencia, el Tribunal hizo publico el siguiente acuerdo:

"En cuanto a la competencia de esta Sala Penal de la Audiencia Nacional, las alegaciones de las partes no desvirtúan lo acordado en el Auto de 17 de marzo de 1995, por lo que se mantiene la competencia de la Audiencia Nacional , por los fundamentos expuestos en esa resolución, que deben entenderse reiterados".

A continuación se abrió un turno sobre vulneración de derechos y peticiones de nulidad, en el que fueron oídas todas las partes, continuando la sesión el día 10 de octubre en el que el Tribunal hizo publico el siguiente acuerdo:

A-En relación a las cuestiones planteadas por las defensas:

"No se estima que el Auto que acuerda, con fecha 9 de febrero de 1994, la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, haya causado indefensión que deba en este acto dar lugar a nulidad o a sobreseimiento alguno, la mayor parte de los acusados ejercitaron los recursos oportunos, que fueron resueltos por autos de 23 de junio de 1994 de la Sección Tercera de esta Sala Penal, en los que se desestimaron sus pretensiones impugnatorias, debiendo entenderse reiterada su fundamentación, y en cualquier caso en el actual estado de la causa tales defectos han quedado posteriormente subsanados, con el auto que acuerda la apertura del Juicio oral, que explica las personas y los hechos por los que finalmente acuerda la apertura. También debe destacarse que las resoluciones anteriores, del año 1990, cuya nulidad habían instado, precisamente por sorpresivas, hacían que los hechos o la posición de los acusados en la causa ya fuese conocida. Ello lleva a considerar que no cabe en este momento estimar ninguna nulidad que pueda llevar a retroceder por tercera vez el procedimiento."

"Los argumentos de la defensa de Ramon Victorino , relativos a que nunca se debió de abrir juicio oral contra su representado, se mezclan con la cuestión de fondo y solo podrán ser resueltos en Sentencia."

"En cuanto a la solicitud de declaración de nulidad y oposición a que se esgriman durante el juicio, respecto a las declaraciones de los hoy acusados realizadas cuando eran considerados testigos, basta señalar que el Tribunal no valorará como prueba de cargo en su perjuicio y en lo que a ellos afecta estas declaraciones".

"La solicitud de nulidad de todas las pruebas practicadas sin contradicción ha sido planteada en términos tan genéricos que no puede en este momento y como cuestión previa ser objeto de pronunciamiento alguno".

"Tampoco procede hacer pronunciamiento alguno por esta vía de las cuestiones previas, respecto a las dilaciones indebidas alegadas; no puede olvidarse que si han existido, sus perjuicios los han padecido no solo los acusados sino también cientos de perjudicados, por lo que en el actual estado de la causa no debe esta alegación servir de obstáculo a la celebración del juicio".

B-En relación a las cuestiones planteadas por las acusaciones:

"Se ha alegado la violación del art. 24 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) , que implicaría que este Tribunal entendiese, que el Auto de apertura del juicio oral, establece una limitación objetiva, esto es respecto a los hechos, por estimar los letrados, proponentes de la cuestión, que su acusación se extiende a otros hechos distintos de los que en el mismo se expresan para justificar tal apertura. En este sentido hay que tener en cuenta que el Auto de apertura de juicio oral hace una exposición sucinta de los hechos, menciona las personas contra las que procede la apertura y los comportamientos que le llevan a hacer esta consideración, y expresamente descarta que ciertas conductas puedan ser constitutivas de delito, excluyendo no solo personas sino también hechos de esta valoración. Aunque es cierto que puede entenderse que ese Auto incurrió en el defecto de no incluir en la parte dispositiva el sobreseimiento respecto a estos hechos, tal sobreseimiento se desprende de su contenido, sin que ello fuese recurrido por ninguna de las acusaciones, que en todo lo que no implicaba la apertura solicitada, si era susceptible de recurso. Ello lleva a este Tribunal a mantener que el Auto de apertura delimita el contenido de este juicio, en cuanto a los hechos en que acordó implícitamente el sobreseimiento libre, por entender que no eran delictivos, si bien sin olvidar respecto a los comportamientos que no fueron objeto de sobreseimiento en la misma, que el carácter imprudente de los delitos que se tratan de enjuiciar, obligan por la naturaleza de las conductas, a contemplarlas con una cierta amplitud".

"El Auto de apertura del juicio oral establece unos criterios para hacer frente a las responsabilidades civiles, y alude a una deducción de las cantidades abonadas por el Estado, sin que ello tenga ningún efecto vinculante para esta Sala. Por último respecto a la petición de la adopción de medidas cautelares, el Tribunal acuerda que se lleve testimonio de esa petición a las piezas de responsabilidad civil correspondientes, donde podrán ser resueltas".

"También se ha alegado la indefensión originada por la denegación de pruebas, en este sentido el Tribunal considera, sin perjuicio de las que finalmente, tras oir a las partes, decida admitir, que se mantiene lo expresado en el Auto de admisión de pruebas y señalamiento, destacando como los autores del envenenamiento del aceite ya fueron en su día juzgados, en el Sumario 129/81 de la Sección Segunda, y el objeto del presente juicio se limita a determinar si comportamientos imprudentes de los funcionarios acusados fueron causa jurídicamente del delito doloso cometido por aquellos, sin que por esta vía pueda replantearse, en contra de lo que aparece en Sentencia firme, el comportamiento de aquellos condenados, ni su resultado. Cualquier actualización o modificación de la situación de los afectados tiene su cauce en la ejecución de aquella resolución, por lo que ninguna victima no incluida en la misma puede serlo ahora en ésta, del mismo modo que tampoco podría pretenderse la exclusión de las ya estimadas. Con ello se da respuesta a la cuestión planteada por la Letrada Sra. Benegas respecto a Mariana Mercedes , cuya exclusión ya fue objeto del recurso de casación, y sobre la que no cabe volver".

A continuación la totalidad de las defensas, como articulo de previo pronunciamiento, solicitaron que se declarase la prescripción de los delitos objeto de acusación, y además la defensa de Luis Alfredo solicitó la aplicación de la amnistía e indulto. El Ministerio Fiscal se opuso a la estimación de los artículos de previo pronunciamiento, y el Abogado del Estado se adhirió. Las acusaciones mostraron su oposición. Las sesiones continuaron el día 16 de octubre, haciendo público, al inicio de la sesión, el Tribunal el siguiente acuerdo:

ARTÍCULOS DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO PRESCRIPCIÓN.

A-Respecto al momento en que empieza a correr y al momento en que se interrumpe, el Tribunal tiene en cuenta que:

"El art. 114 del CP (LA LEY 3996/1995) . establece que la prescripción comienza a correr desde el día en que se hubiere cometido el delito, y se interrumpe desde que el procedimiento se dirije contra el culpable".

"En este caso, en que se imputa un delito de imprudencia con resultado de muertes y lesiones, el delito debe entenderse producido, no cuando realizaron la conducta imprudente, sino cuando ésta produjo el resultado, que se les atribuye, pues sin el resultado el delito imprudente no nace, y ese momento, como mínimo, fue en 1981, cuando las víctimas contrajeron la enfermedad, aunque sus secuelas continúen padeciéndolas en el día de hoy. Negar la relación de causalidad con ese resultado, ya es cuestión de fondo, a ventilar durante el juicio".

"El procedimiento debe considerarse que se inició, contra cinco de los hoy acusados, Andres Vicente , Florentino Urbano , Jon Urbano , Francisco Leopoldo , Victorino Felicisimo , en 1984, cuando, después de que las acusaciones en el Sumario 129/81 reiteraron la petición de su procesamiento ante la Sección 2ª, procesamiento que antes les había sido denegado por el Instructor, aquella Sección acordó en resoluciones de 12 de abril y de 4 de mayo de 1984, formar testimonio de particulares para averiguar las posibles responsabilidades penales de las autoridades y funcionarios, que se mencionan, lo que finalmente da lugar a la incoación de la presente causa por resolución de fecha 15 de abril de 1985. Esto se estima así, por parecer el criterio mas acorde con el Art. 114 del CP (LA LEY 3996/1995) , antes mencionado, aunque no se ignora que en alguna sentencia del T. S. se ha mantenido otro criterio, como entender que la incoación de una causa, aun antes de conocer la identidad de los responsables, interrumpe para todos la prescripción, con lo que hubiese bastado acudir al momento en que se inició el anterior Sumario 129/81. Incluso también se ha defendido en ocasiones una postura radicalmente contraria llegando a exigir la notificación al inculpado de la existencia del procedimiento en que está siendo investigado".

"Respecto a los otros dos acusados, Ramon Victorino y Valeriano Jacinto , cuyo procesamiento no consta que fuese solicitado por las acusaciones, ni por tanto incluidos en la relación de funcionarios cuya negligencia se debía averiguar al incoarse esta causa, puede considerarse que, el procedimiento contra ellos, no se abre hasta que en 1990, tras las peticiones de las acusaciones, el Instructor dicta el primer Auto de apertura del juicio oral, donde les incluye. Aunque este Auto fue después anulado, sí cumplió la función de informar a los acusados de que el procedimiento se dirigía contra ellos, lo que les permitió personarse en la causa como tales e instar la nulidad de ese Auto. Aunque existe una cierta contradicción al estimar estos efectos a partir de la resolución posteriormente declarada nula y que no se vuelve a dictar hasta 1994, esa contradicción no es tal, teniendo en cuenta, que la nulidad se derivó de que el concepto de inculpado, se debía de tener antes de dictar el Auto de apertura, con lo que, a los solos efectos de entender dirigido contra ellos el procedimiento y hacérselo saber, cumplió esa finalidad. Así a partir de aquella resolución de 1990 ya pudieron instar la practica de todas las diligencias, que con el carácter de imputados en la causa tenían interés en realizar".

B-En cuanto al plazo aplicable, el Tribunal tiene en cuenta que:

"El art. 113 del C.P (LA LEY 3996/1995) . establece como los delitos prescriben a los 10 años cuando la ley señalare al delito una pena que exceda de seis años, y a los cinco cuando señalare cualquier otra pena".

"El art. 565 párrafo primero del C.P . establece que el que por imprudencia temeraria ejecutare un hecho que si mediare dolo (o malicia en la redacción anterior) constituiría delito será castigado con la pena de prisión menor, y en el párrafo segundo como si se produjere muerte o lesiones la pena se impondrá en grado máximo, dejando a juicio del Tribunal su elevación en uno o dos grados cuando el mal causado fuere de extrema gravedad".

"Las acusaciones, o al menos algunas de ellas, reclaman que el Tribunal haga uso de esta facultad de elevar la pena, pidiendo la imposición de penas superiores a los seis años. Ello lleva, inicialmente, a considerar que no puede, por ahora y como cuestión previa, descartarse, que el plazo de prescripción aplicable al delito pudiera ser el de los 10 años, aunque esta sea una cuestión no pacifica en la doctrina ni en la jurisprudencia. Así mientras que la Sentencia del T.S. de 2 de marzo de 1990 , puede entenderse que apoya esta postura, es cierto que la Sentencia mas reciente de ese mismo tribunal, de 23 de marzo de 1995 , parece sentar el criterio contrario, pero debe tenerse en cuenta, respecto a esta última resolución, que por un lado esta cuestión se resolvió en Sentencia, y por otro que en el supuesto contemplado en esa resolución se dictó Sentencia sin que el Tribunal utilizase, ni tampoco lo instase la acusación, la facultad de imponer la pena superior".

"Por ello, y sin perjuicio de lo que una vez concluido el juicio pueda estimarse en Sentencia, con un mayor conocimiento del que esta vía de las cuestiones previas permite, pretendiendo con ello no hurtar a ninguna de las partes las mayores posibilidades de debatir en defensa de sus respectivas posturas, que el juicio implica, EL TRIBUNAL ACUERDA QUE: SE DESESTIMA, COMO ARTÍCULO DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO, LA PRESCRIPCIÓN ALEGADA".

AMNISTÍA E INDULTO

"La defensa del acusado Luis Alfredo plantea además, como articulo de previo pronunciamiento, la aplicación de la amnistía y el indulto, establecido en los Decretos de 25 de noviembre de 1975 o de 14 de marzo de 1977".

"La base de su alegación radica en que la conducta atribuida a este acusado data del año 1973. Una vez desechado tal extremo, al estimar que la fecha en que se produce el delito objeto de acusación es el año 1981, como se ha señalado anteriormente, por ser el momento en que la conducta imprudente produce su resultado, sin el cual el delito imprudente no existe, no cabe la aplicación de estos decretos que se refieren a conductas anteriores a su promulgación. Por lo expuesto EL TRIBUNAL ACUERDA QUE: SE DESESTIMA, COMO ARTÍCULO DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO, LA APLICACIÓN DE AMNISTÍA O INDULTO".

A continuación las partes, como habían instado algunas de ellas ya por escrito, solicitaron la practica de pruebas que les habían sido rechazadas o que no habían sido propuestas anteriormente. Tras oir a todas las partes se concluyó la sesión.

El día 17 de octubre se reanudaron las sesiones, haciendo público el Tribunal el Acuerdo en que estimó la admisión de alguna de estas pruebas, rechazándose el resto.

Dándose por concluidas las cuestiones previas se inició el interrogatorio de los acusados, y la practica de las demás pruebas lo que se llevó a efecto durante las sesiones de los días 23, 24, 30 y 31 de octubre, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de noviembre, 11, 12, 18 y 19 de diciembre, 8, 29 y 30 de enero, 12, 13, 14, 19, 20 y 28 de febrero, 4,5, 11 y 12 de marzo, fecha en la que tras las calificaciones definitivas e informes se declaró el juicio concluso para Sentencia.

TERCERO- La calificación definitivas de las partes acusadoras, fue la siguiente:

1º ASOCIACIÓN DE PALENCIA, representada por el Procurador Sr. D. Ramiro Reynolds de Miguel, y defendida por el Letrado Sr. Bueno Morcillo, formuló la siguiente calificación:

Un delito de imprudencia temeraria punible del art. 565, redacción vigente en 1981, párrafo 1º y 5º del CP . al haber resultado de muertes y lesiones graves. Del expresado delito son responsables los acusados, Francisco Leopoldo , Valeriano Jacinto , Florentino Urbano , Jon Urbano y Luis Alfredo , como autores del delito del art. 14.1 del CP (LA LEY 3996/1995) . De la ejecución de los hechos no es de apreciar ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal. Procede imponer a cada uno de los acusados la pena de 6 años y 1 día de prisión mayor, para cada uno de los procesados, accesorias y costas.

Los acusados habrán de indemnizar de forma solidaria con las personas condenadas en el sumario 129/81 del Juzgado Central nº 2 y 3 de la Audiencia Nacional, Sección 2ª de lo Penal, rollo de Sala 208/81 , a los afectados por el Síndrome Tóxico, entre los que se encuentran los miembros de la Asociación de afectados por el envenenamiento de aceite o neumonía tóxica de Palencia, a las cantidades que han de fijarse conforme a las bases y cuantías establecidas en la sentencia de 20 de mayo de 1.989 , y que se desglosan de la siguiente forma:

A los herederos de cada persona fallecida en 15.000.000 ptas.

A los afectados con lesiones de duración entre uno y quince días en 150.000 ptas.

A los afectados con lesiones de duración entre 16 y 30 días, en 300.000 ptas.

A los afectados con lesiones de duración entre 31 y 90 días en 900.000 ptas.

A los afectados con lesiones de duración de más de 90 días, pero sin incapacidad, en 18.000.000 ptas.

A los afectados con incapacidad parcial permanente para dedicarse a su trabajo habitual en 25.000.000 ptas.

A los afectados con incapacidad total permanente para su trabajo habitual en 40.000.000 ptas.

A los afectados con incapacidad absoluta y permanente para cualquier tipo de trabajo en 70.000.000 ptas.

A los afectados con gran invalidez en 90.000.000 ptas.

Más en todos los casos, el interés devengado hasta el 20.5.89. Se precisará que toda variación posterior desfavorable en el estado de los afectados las indemnizaciones se acomodarán a la calificación que finalmente resulte en la ejecución de sentencia. Igualmente se precisará que las cuantías indemnizatorias se han de entender sin merma de aquellas que corresponda declarar o que hayan sido declaradas por distinta orden judicial u otros poderes u organismos del Estado.

Se condena de forma subsidiaria al Estado Español al pago de las indemnizaciones solicitadas de los acusados en el caso de insolvencia total o parcial de los mismos.

2º D. Alexander Celso Y OTROS, representados por el Procurador Sr. D. Ramiro Reynolds de Miguel, y defendidos por el Letrada Sra. D. Doris Benegas Haddad, presentó la siguiente calificación:

Se adhiere a las conclusiones definitivas formuladas por la Procuradora D» Beatriz Ruano Casanova, en escrito de fecha 31.1.96, en nombre y representación del Presidente de la Asociación Provincial de Afectados por el Sindrome Tóxico de Valladolid, del Presidente de la Asociación de afectados por el Sindrome Tóxico de Zamora (Sintox) y en nombre de Virginia Yolanda y otros.

3º Dª Yolanda Gracia Y OTROS, representados por el Procurador Sr. D. Ramiro Reynolds de Miguel, y defendidos por el Letrado Sr. D. Alfredo Garcia Arruga, presentó la siguiente calificación:

Se adhiere a las conclusiones definitivas formuladas por los Procuradores Sres. Roberto Granizo Palomeque (en representación de Clemente Millan y otros), y a la de la Procuradora Sra. Dª Mª José Millan Valero (en representación de Manuel Victorio y otros).

4º D. Hilario Bienvenido Y OTROS, representados por el Procurador Sr. D. Ramiro Reynolds de Miguel, y defendidos por el Letrado Sr. D. Antonio Garcia-Pablos de Molina, presentó la siguiente calificación:

1) Luis Alfredo , su conducta constituye un delito de imprudencia temeraria, del parrago segundo del art. 565 CP (LA LEY 3996/1995) , en relación con los arts. 346 (LA LEY 3996/1995) y 348 del CP (LA LEY 3996/1995) , castigado con la pena de prisión mayor en su grado medio por la gravedad de los hechos.

Alternativamente, su conducta constituye un delito de imprudencia temeraria, del par. 2º del art. 565 del CP (LA LEY 3996/1995) . con relación al art. 346 del CP (LA LEY 3996/1995) , castigado con la pena de prisión menor en su grado máximo.

2) Valeriano Jacinto , su conducta constituye un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte del art. 407 y lesiones art. 420 y siguientes, castigado con la pena de prisión menor en su grado medio y multa.

3), 4) y 5), Francisco Leopoldo , Florentino Urbano y Jon Urbano , el comportamiento de los acusados puede considerarse constitutivo para cada uno de ellos de un delito de imprudencia temeraria, del art. 565 del CP (LA LEY 3996/1995) . (con resultado de muerte art. 407) y de determinadas lesiones (420 y siguientes), castigado con la pena de prisión menor en su grado medio.

6) y 7) Victorino Felicisimo y Ramon Victorino , SU conducta constituye para cada uno de ellos un delito de imprudencia del art. 346, in fine, del CP , castigado con la pena de arresto mayor.

De los expresados delitos son responsables los acusados como autores de los delitos que se les imputan.

No concurren en los acusados circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Procede imponer a todos los acusados la pena de:

A Luis Alfredo , la pena de prisión mayor en su grado medio, si se estimase la calificación alternativa, prisión menor en su grado máximo.

A Valeriano Jacinto , Francisco Leopoldo , Florentino Urbano y Jon Urbano , la pena de prisión menor en su grado medio a cada uno.

A Victorino Felicisimo , Ramon Victorino la pena de arresto mayor a cada uno.

Asimismo a todos los acusados se les impondrán las penas accesorias legales, y el pago de las costas causadas, y deberán indemnizar solidariamente a los perjudicados en:

A los herederos de cada persona fallecida en 25.000.000 ptas.

A los afectados con lesiones de duración entre 1 y 15 días en 150.000 ptas.

A los afectados con lesiones de duración entre 16 y 30 días en 300.000 ptas.

A los afectados con lesiones de duración entre 31 y 60 días, en 600.000 ptas.

A los afectados con lesiones de duración entre 61 y 90 días en 900.000 ptas.

A los afectados con lesiones de duración de más de 90 días pero sin incapacidad en 18.000.000 ptas.

A los afectados con incapacidad parcial permanente para dedicarse a su trabajo habitual en 25.000.000 ptas.

A los afectados con incapacidad total permanente para su trabajo habitual en 40.000.000 ptas.

A los afectados con incapacidad absoluta y permanente para cualquier tipo de trabajo en 70.000.000 ptas.

A los afectados con gran invalidez en 90.000.000 ptas.

De las indemnizaciones responderán solidariamente todos los acusados, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado, por las debidas a los Funcionario Públicos Luis Alfredo , Valeriano Jacinto , Francisco Leopoldo , Florentino Urbano y Jon Urbano .

5º D. Clemente Millan Y OTROS, representados por el Procurador Sr. D. Roberto Granizo Palomeque, y defendidos por el Letrado Sr. D. Mariano Muñoz Bouzo, presentó el siguiente escrito de calificación:

Los hechos punibles relatados constituyen un delito de imprudencia temeraria profesional con resultado de muertes y lesiones, previsto y penado en el art. 565 (LA LEY 3996/1995), 5º par del CP . vigente en el momento de los hechos, coincidente, a los efectos de esta calificación, con el segundo párrafo del art. 565 del CP (LA LEY 3996/1995) . vigente en la actualidad.

De los hechos relatados en el epígrafe primero, son responsables en concepto de autores, Valeriano Jacinto y Francisco Leopoldo .

De los relatados en el epígrafe segundo, lo es también en concepto de autor Luis Alfredo .

De los relatados en el epígrafe tercero, Jon Urbano en concepto de autor.

No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Corresponde a los acusados la pena de ocho años de prisión mayor.

Conforme a lo autorizado en el art. 790.5 L.E.Crim (LA LEY 1/1882) las indemnizaciones a los perjudicados han de fijarse conforme a las bases y cuantías establecidas en la Sentencia de 20.5.89, de la Sec. 2ª de la Audiencia Nacional.

A los herederos de cada persona fallecida en 15.000.000 ptas.

A los afectados con lesiones de duración entre uno y quince días en 150.000 ptas.

A los afectados con lesiones de duración entre 16 y 30 días, en 300.000 ptas.

A los afectados con lesiones de duración entre 31 y 60 días en 600.000 ptas.

A los afectados con lesiones de duración entre 61 y 90 días en 900.000 ptas.

A los afectados con lesiones de duración de más de 90 días, pero sin incapacidad, en 18.000.000 ptas.

A los afectados con incapacidad parcial permanente para dedicarse a su trabajo habitual en 25.000.000 ptas.

A los afectados con incapacidad total permanente para su trabajo habitual en 40.000.000 ptas.

A los afectados con incapacidad absoluta y permanente para cualquier tipo de trabajo en 70.000.000 ptas.

A los afectados con gran invalidez en 90.000.000 ptas.

La responsabilidad civil ha de establecerse conforme a lo establecido en los arts. 19 (LA LEY 3996/1995) y 101 (LA LEY 3996/1995) a 106 del CP (LA LEY 3996/1995) . de manera personal y directa conjunta y solidaria en relación a todos los fallecidos y afectados por el Síndrome Tóxico que figuran en las correspondientes carpetas actualizadas a la fecha de la sentencia firme condenatoria, en cuanto a Valeriano Jacinto , Luis Alfredo y Francisco Leopoldo .

Jon Urbano , es responsable civil respecto a las personas afectadas por el consumo de aceite marca JAP entre el 10.6.81 y 4 de julio del mismo año, según estado de sus carpetas actualizadas al momento antes señalado.

Conforme al art. 22 del CP (LA LEY 3996/1995) . procede la responsabilidad civil subsidiaria del Estado.

Procede la imposición de las costas a los acusados, conforme al art. 109 del CP (LA LEY 3996/1995) , y 240.2 de la LECrim (LA LEY 1/1882) .

6º D. Andres Nemesio Y OTROS, representados por el Procurador Sr. D. Roberto Granizo Palomeque, y defendidos por el Letrado Sr. D. Alfredo Garcia Arruga, presentó el siguiente escrito de calificación:

Se adhiere a los escritos de acusación formulados por D* María José Millan Valero y el Procurador Sr. Granizo Palomeque, en la representación que tienen acreditada en Autos y firmados por los Letrados D. José Manuel Gómez Benitez y D. Mariano Muñoz Bouzo.

7º ASOCIACIÓN HISPANIA, ASOCIACIÓN LA VAQUILLA DE COLMENAR VIEJO, ASOCIACIÓN DE LEÓN, ASOCIACIÓN DE MOSTOLES, representadas por la Procurador Dª. Esther Rodriguez Pérez, y defendidas por el Letrado Sr. D. Carlos Vila Calvo, presentó la siguiente calificación, al elevar a definitivas sus conclusiones provisionales:

Consideró que los hechos eran constitutivo de un delito de imprudencia temeraria en el ejercicio de sus funciones, con resultado de muerte y lesiones, previsto y penado en el art. 565 del CP (LA LEY 3996/1995) . Del expresado delito son responsables los acusados, Francisco Leopoldo , Valeriano Jacinto , Florentino Urbano , Jon Urbano , Luis Alfredo , Victorino Felicisimo , Ramon Victorino , en concepto de autores del art. 14.1 del CP (LA LEY 3996/1995) . No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Procede imponer a cada uno de los acusados la pena de 10 años de prisión mayor, accesorias y costas.

Los acusados deberán indemnizar a los perjudicados de la siguiente forma:

A los herederos de cada persona fallecida en 15.000.000 ptas.

A los afectados con lesiones de duración en 1 y 15 días en 150.000 ptas.

A los afectados con lesiones de duración entre 16 y 30 días, en 300.000 ptas.

A los afectados con lesiones de duración entre 31 y 60 días en 600.000 ptas.

A los afectados con lesiones de duración entre 61 y 90 días, en 900.000 ptas.

A los afectados con lesiones de duración de más de 90 días pero sin incapacitación en 18.000.000 ptas.

A los afectados con incapacidad parcial permanente para dedicarse a su trabajo habitual en 25.000.000 ptas.

A los afectados con incapacidad total permanente para su trabajo habitual en 40.000.000 ptas; y

A los afectados con incapacidad absoluta y permanente para cualquier tipo de trabajo en 70.000.000 ptas.

A los afectados con gran invalidez en 90.000.000 ptas. Más en todos los cados, el interés devengado hasta el 20.5.89.

Para caso de insolvencia de los acusados se decretará la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, ya que todos los acusados actuaban dentro de las competencias que sus cargos les otorgaban.

8º ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS (OCU)- ACCIÓN POPULAR- Y OTROS PARTICULARES AFECTADOS, representados por el Procurador Sr. D. Rafael Delgado Delgado, y defendidos por el Letrado D. Ignacio Uriarte y Bofarull, asumiendo también la representación de Sebastian Pio y otro, que anteriormente ejercían el Procurador Sr. Ibañez de la Cadiniere y el Letrado SR. Ruiza Fernández, presentó el siguiente escrito de calificación:

1) Los imputados Luis Alfredo y Valeriano Jacinto , han incurrido en delito de imprudencia temeraria por acción y omisión del pár. 1 y 2 del art. 565 del CP (LA LEY 3996/1995) ., en relación con los arts. 346 (LA LEY 3996/1995) , 348 (LA LEY 3996/1995) , 420 (LA LEY 3996/1995) y 421 ns 1 y 2 del CP (LA LEY 3996/1995) .

2) Los imputados Florentino Urbano , Francisco Leopoldo y Jon Urbano , han incurrido en delito de imprudencia temeraria por omisión, del pár 1 y 2 del art. 565 del CP (LA LEY 3996/1995) ., en relación con los arts. 346 (LA LEY 3996/1995) , 348 (LA LEY 3996/1995) , 420 (LA LEY 3996/1995) y 421 nº 1 y 2 del CP (LA LEY 3996/1995) . vigente.

3) Los acusados Ramon Victorino y Victorino Felicisimo han incurrido en delito de imprudencia del art. 346 par último del CP (LA LEY 3996/1995) . por imprudencia por omisión.

1) Corresponde a cada uno de los acusados Luis Alfredo , Valeriano Jacinto , la pena de prisión mayor de 6 años y 1 día.

2) Corresponde a cada uno de los acusados Florentino Urbano , Francisco Leopoldo y Jon Urbano , la pena de prisión menor de 4 años, 2 meses y 1 día.

3) Corresponde a cada uno de los acusados Ramon Victorino y Victorino Felicisimo , la pena de arresto mayor.

Los acusados abonarán solidariamente en las cantidades determinadas en la sentencia de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional de 29.05.89, confirmadas por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, salvo en cuanto a los fallecidos, cuyos familiares deben ser indemnizados con 20.000.000 ptas., en razón de la aplicación que viene haciéndose por los Tribunales en todos los casos de muertes o lesiones de las Tabals de la Ley de Seguro Privado 30/95.

Tales indemnizaciones deben ser hechas efectivas por el Estado, responsable civil subsidiario, sin perjuicio de su derecho a reintegrarse de las reducidas cantidades y bienes embargados en la pieza de responsabilidad civil a los condenados al pago por sentencia de 20.5.89 .

De tales indemnizaciones responderán solidariamente los acusados sin perjuicio de la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, por las debidas a los funcionarios públicos Luis Alfredo , Valeriano Jacinto , Francisco Leopoldo , Florentino Urbano y Jon Urbano .

9º Dª Dulce Evangelina Y OTROS, representados por el Procurador D. Rafael Delgado Delgado, y defendidos por el Letrado D. Alfredo Garcia Arruga, presentó el siguiente escrito de acusación:

Se adhiere a los escritos de acusación formulados por Dª María José Millan Valero y el Procurador Sr. Granizo Palomeque, en la representación que tienen acreditada en Autos y firmados por los Letrados D. José Manuel Gómez Benitez y D. Mariano Muñoz Bouzo.

10º ASOCIACIÓN AFECTADOS DE COSLADA, representados por la Procuradora Da Beatriz Ruano Casanova, y defendidos por el Letrado Sr. D. José Manuel Gómez Benitez, presentó el siguiente escrito de calificación:

Un delito de imprudencia temeraria profesional con resultado muertes y lesiones, previsto y penado en el art. 565 par. 5º del CP (LA LEY 3996/1995) . vigente en el momento de la comisión de los hechos, coincidente con el segundo párrafo del art. 565 del vigente CP (LA LEY 3996/1995) . Los acusados Francisco Leopoldo , Valeriano Jacinto , Florentino Urbano , Jon Urbano , Luis Alfredo , Victorino Felicisimo , son responsables en concepto de autores del art. 14.1 del CP (LA LEY 3996/1995) . Corresponde a los acusados la pena de 8 años de prisión mayor. No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.

Deberán indemnizar a:

A los herederos de cada persona fallecida en 20.000.000 pts.

A los afectados con lesiones de duración entre 1 y 15 días en 150.000 ptas.

A los afectados con lesiones de duración entre 16 y 30 días en 300.000 ptas.

A los afectados con lesiones de duración entre 31 y 60 días en 600.000 ptas.

A los afectados con lesiones de duración ente 61 y 90 días en 900.000 ptas.

A los afectados con lesiones de duración de más de 90 días pero sin incapacidad en 18.000.000 ptas.

A los afectados con incapacidad parcial permanente para dedicarse a su trabajo habitual en 25.000.000 ptas.

A los afectados con incapacidad total permanente para su trabajo habitual en 40.000.000 ptas.

A los afectados con incapacidad absoluta y permanente para cualquier tipo de trabajo en 70.000.000 ptas.

A los afectados con gran invalidez en 90.000.000 ptas.

La responsabilidad civil ha de establecerse conforme a lo establecido en los arts. 19 (LA LEY 3996/1995) , 101 (LA LEY 3996/1995) y 106 del CP (LA LEY 3996/1995) . de manera personal y directa, conjunta y solidaria, en relación a todos los fallecidos y afectados por el Síndrome Tóxico que figuran en las correspondientes carpetas, actualizadas a la fecha de la sentencia firme condenatoria, en cuanto a Valeriano Jacinto , Luis Alfredo , Francisco Leopoldo , Florentino Urbano .

Jon Urbano , es responsable civil respecto a las personas afectadas por el consumo de aceite marca JAP entre el 10.6.81 y el 4 de julio del mismo año, según estado de sus carpetas, actualizadas al momento antes señalado.

Victorino Felicisimo , es responsable civil directo de todos los fallecidos y afectados con causa en el aceite tóxico vendido por Raelca, y además, el vendido en el ámbito de competencia municipal de Alcorcón.

Conforme al art. 32 del CP (LA LEY 3996/1995) . procede la responsabilidad civil subsidiaria del Estado.

Procede la imposición de las costas a los acusados, conforme al art. 109 del CP (LA LEY 3996/1995) . y 240.2 de la LECrim (LA LEY 1/1882) .

11º ASOCIACIÓN DE VALLADOLID Y PROVINCIA, ASOCIACIÓN DE AHORA, Virginia Yolanda Y OTROS, representados por la rocuradora Dª Beatriz Ruano Casanova, y defendidos por la Letrada oris Benegas Haddad, presentó la siguiente calificación, en elación a los hechos contenidos en los apartados correspondientes de su escrito:

Los del apartado A.2 a):

De un delito de imprudencia temeraria y profesional con resultados de extrema gravedad consistentes en muertes y lesiones del art. 565 en relación a los arts. 407 (LA LEY 3996/1995) y 420.2 º (LA LEY 3996/1995), 3 º y 4º del CP . (anterior a la reforma de LO. 3/89 (LA LEY 1577/1989)).

De un delito imprudente contra la salud pública del art. 565 en relación al 346 del CP (LA LEY 3996/1995) . Los del apartado A.2 b)

De dos delitos de imprudencia temeraria y profesional con resultados de extrema gravedad consistentes en muertes y lesiones del art. 565 en relación a los arts. 407 (LA LEY 3996/1995) y 420 (LA LEY 3996/1995), 2 º, 3 º y 4º del CP . (anterior a la reforma de L.O. 3/89 (LA LEY 1577/1989)).

De dos delitos imprudentes contra la salud pública del art. 565 en relación al 346 del CP (LA LEY 3996/1995) . Los del apartado B. 2a)

De un delito de imprudencia temeraria y profesional con resultados de extrema gravedad consistentes en muertes y lesiones del art. 565 en relación a los arts. 407 (LA LEY 3996/1995) y 420.2 º (LA LEY 3996/1995), 3 º y 4º del CP . (anterior a la reforma de L.O. 3/89 (LA LEY 1577/1989)).

De un delito imprudente contra la salud pública del art. 565 en relación al 346 del CP (LA LEY 3996/1995) . Los del apartado B. 2b):

De un delito de imprudencia temeraria y profesional con resultados de extrema gravedad consistentes en muertes y lesiones del art. 565 en relación a los arts. 407 (LA LEY 3996/1995) y 420.2 º (LA LEY 3996/1995), 3 º y 4º del CP . (anterior a la reforma de L.O. 3/89 (LA LEY 1577/1989)).

De un delito imprudente contra la salud pública del art. 565 en relación al 346 del CP (LA LEY 3996/1995) . Los del apartado C.2:

De un delito de imprudencia temeraria y profesional con resultados de extrema gravedad consistentes en muertes y lesiones del art. 565 en relación a los arts. 407 (LA LEY 3996/1995) y 420.2 º (LA LEY 3996/1995), 3 º y 4º del CP . (anterior a la reforma de L.O. 3/89 (LA LEY 1577/1989)).

De un delito imprudente contra la salud pública del art. 565 en relación al 346 del CP (LA LEY 3996/1995) .

Los del apartado D.2:

De un delito de imprudencia temeraria y profesional con resultados de extrema gravedad consistentes en muertes y lesiones del art. 565 en relación a los arts. 407 (LA LEY 3996/1995) y 420.2 º (LA LEY 3996/1995), 3 º y 4º del CP . (anterior a la reforma de L.O. 3/89 (LA LEY 1577/1989)).

De un delito imprudente contra la salud pública del art. 565 en relación al 346 del CP (LA LEY 3996/1995) .

Son responsables

Apartado A.2.a)

Del delito de imprudencia temeraria y profesional con resultado de extrema gravedad consistentes en muertes y lesiones Luis Alfredo , en concepto de autor del art. 14.1º del CP (LA LEY 3996/1995) .

Del delito imprudente contra la salud pública, Luis Alfredo en concepto de autor del art. 14.1º del CP (LA LEY 3996/1995) .

Apartado A.2 b)

De cada uno de los delitos de imprudencia temeraria y profesional con resultados de extrema gravedad consistentes en muertes y lesiones, Francisco Leopoldo y Valeriano Jacinto , en concepto de autores del art. 14.1º del CP (LA LEY 3996/1995) .

De cada uno de los delitos imprudentes contra la salud pública Francisco Leopoldo y Valeriano Jacinto en concepto de autores del art. 14.1º del CP (LA LEY 3996/1995) . Apartado B. 2.a):

Del delito de imprudencia temeraria y profesional con resultado de extrema gravedad consistentes en muertes y lesiones Victorino Felicisimo , en concepto de autor del art. 14.1º del CP (LA LEY 3996/1995) .

Del delito imprudente contra la salud pública, Victorino Felicisimo , en concepto de autor del art. 14.1º del CP (LA LEY 3996/1995) .

Apartado B.2.b):

Del delito de imprudencia temeraria y profesional con resultado de extrema gravedad consistentes en muertes y lesiones Ramon Victorino , en concepto de autor del art. 14.1º del CP (LA LEY 3996/1995) .

Del delito imprudente contra la salud pública, Ramon Victorino , en concepto de autor del art. 14.1º del CP (LA LEY 3996/1995) .

Apartado C.2:

Del delito de imprudencia temeraria y profesional con resultado de extrema gravedad consistentes en muertes y lesiones Jon Urbano , en concepto de autor del art. 14.1º del CP (LA LEY 3996/1995) .

Del delito imprudente contra la salud pública, Jon Urbano , en concepto de autor del art. 14.1º del CP (LA LEY 3996/1995) .

Apartado D.2:

Del delito de imprudencia temeraria y profesional con resultado de extrema gravedad consistentes en muertes y lesiones Florentino Urbano , en concepto de autor del art. 14.1º del CP (LA LEY 3996/1995) .

Del delito imprudente contra la salud pública, Florentino Urbano , en concepto de autor del art. 14.1º del CP (LA LEY 3996/1995) :

No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Procede imponer a los acusados las penas de:

A Luis Alfredo , 11 años y 4 meses de prisión mayor por el delito de imprudencia temeraria y profesional con resultados de extrema gravedad, y 6 meses de arresto mayor por el delito contra la salud publica, accesorias.

A Francisco Leopoldo , Valeriano Jacinto , 11 años y 4 meses de prisión mayor por el delito de imprudencia temeraria y profesional con resultados de extrema gravedad.

A Francisco Leopoldo , Valeriano Jacinto , 6 meses de arresto mayor por el delito contra la salud pública, accesorias y costas.

A Victorino Felicisimo , 11 años y 4 meses de prisión mayor por el delito de imprudencia temeraria y profesional con resultados de extrema gravedad.

A Victorino Felicisimo , 6 meses de arresto mayor por el delito contra la salud pública, accesorias y costas.

A Ramon Victorino , 11 años y 4 meses de prisión mayor por el delito de imprudencia temeraria y profesional con resultados de extrema gravedad.

A Ramon Victorino , 6 meses de arresto mayor por el delito contra la salud pública, accesorias y costas.

A Jon Urbano , 11 años y 4 meses de prisión mayor por el delito de imprudencia temeraria y profesional con resultados de extrema gravedad.

A Jon Urbano , 6 meses de arresto mayor por el delito contra la salud pública, accesorias y costas.

A Florentino Urbano , 11 años y 4 meses de prisión mayor por el delito de imprudencia temeraria y profesional con resultados de extrema gravedad.

A Florentino Urbano , 6 meses de arresto mayor por el delito contra la salud pública, accesorias y costas.

Deberán indemnizar a:

A los herederos de cada persona fallecida en 25.000.000 pts.

A los afectados sin incapacidad permanente en 18.000.000 ptas.

A los afectados con incapacidad permanente parcial para su trabajo habitual en 25.000.000 ptas.

A los afectados con incapacidad permanente total para su trabajo habitual en 40.000.000 ptas.

A los afectados con incapacidad permanente absoluta en 70.000.000 ptas.

A los afectados con gran invalidez en 90.000.000 ptas.

Los acusados indemnizarán como responsables civiles personales y directos, conjunta y solidariamente por iguales cuotas en la interna distribución, a los herederos de todas las personas fallecidas como consecuencia del Síndrome Tóxico y a todas las personas lesionadas por dicha enfermedad en las cuantías indemnizatorias antes señaladas.

En caso de insolvencia total o parcial de los acusados será condenado el Estado a abonar las indemnizaciones señaladas anteriormente a los herederos de las personas fallecidas como consecuencia del Síndrome Tóxico y a los lesionados por dicha enfermedad, al amparo del art. 22 del CP (LA LEY 3996/1995) .

12º Dª Noelia Angeles , defendida por la Procuradora Dª Sofia Guardia del Barrio, y defendida por el Letrado Sr. D. Juan I. Guerrero Llorente, presentó el siguiente escrito de calificación:

Se adhiere a los escritos de acusación formulados por Dª. María José Millan Valero y el Procurador Sr. Granizo Palomeque, en la representación que tienen acreditada en Autos y firmados por los Letrados D. José Manuel Gómez Benitez y D. Mariano Muñoz Bouzo.

13º Dª Olga Noelia Y OTROS, defendidos por la Procuradora Dª María José Millan Valero, y defendidos por los Letrados Sres. D. Alfredo García Arrga y D. José Manuel Gómez Benitez, presentó el siguiente escrito de calificación:

Se adhiere a los escritos de acusación formulados por Dª María José Millan Valero y el Procurador Sr. Granizo Palomeque, en la representación que tienen acreditada en Autos y firmados por los Letrados D. José Manuel Gómez Benitez y D. Mariano Muñoz Bouzo.

14° D. Manuel Victorio Y OTROS, defendidos por la Procuradora Dª. María José Millan Valero, y defendidos por el Letrado Sr. D. Manuel Gómez Benitez, presentó el siguiente escrito de calificación:

Un delito de imprudencia temeraria profesional con resultado muertes y lesiones, previsto y penado en el art. 565 par. 5º del CP (LA LEY 3996/1995) . vigente en el momento de la comisión de los hechos, coincidente con el segundo párrafo del art. 565 del vigente CP (LA LEY 3996/1995) . Los acusados Francisco Leopoldo , Valeriano Jacinto , Florentino Urbano , Jon Urbano , Luis Alfredo , Victorino Felicisimo , son responsables en concepto de autores del art. 14.1 del CP (LA LEY 3996/1995) . Corresponde a los acusados la pena de 8 años de prisión mayor. No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.

Deberán indemnizar a:

A los herederos de cada persona fallecida en 20.000.000 pts.

A los afectados con lesiones de duración entre 1 y 15 días en 150.000 ptas.

A los afectados con lesiones de duración entre 16 y 30 días en 300.000 ptas.

A los afectados con lesiones de duración entre 31 y 60 días en 600.000 ptas.

A los afectados con lesiones de duración ente 61 y 90 días en 900.000 ptas.

A los afectados con lesiones de duración de más de 90 días pero sin incapacidad en 18.000.000 ptas.

A los afectados con incapacidad parcial permanente para dedicarse a su trabajo habitual en 25.000.000 ptas.

A los afectados con incapacidad total permanente para su trabajo habitual en 40.000.000 ptas.

A los afectados con incapacidad absoluta y permanente para cualquier tipo de trabajo en 70.000.000 ptas.

A los afectados con gran invalidez en 90.000.000 ptas.

La responsabilidad civil ha de establecerse conforme a lo establecido en los arts. 19 (LA LEY 3996/1995) , 101 (LA LEY 3996/1995) y 106 del CP (LA LEY 3996/1995) . de manera personal y directa, conjunta y solidaria, en relación a todos los fallecidos y afectados por el Síndrome Tóxico que figuran en las correspondientes carpetas, actualizadas a la fecha de la sentencia firme condenatoria, en cuanto a Valeriano Jacinto , Luis Alfredo , Francisco Leopoldo , Florentino Urbano .

Jon Urbano , es responsable civil respecto a las personas afectadas por el consumo de aceite marca JAP entre el 10.6.81 y el 4 de julio del mismo año, según estado de sus carpetas, actualizadas al momento antes señalado.

Victorino Felicisimo , es responsable civil directo de todos los fallecidos y afectados con causa en el aceite tóxico vendido por Raelca, y además, el vendido en el ámbito de competencia municipal de Alcorcón.

Conforme al art. 32 del CP (LA LEY 3996/1995) . procede la responsabilidad civil subsidiaria del Estado.

Procede la imposición de las costas a los acusados, conforme al art. 109 del CP (LA LEY 3996/1995) . y 240.2 de la LECrim (LA LEY 1/1882) .

15º Dª Macarena Isidora Y OTROS, representados por el Procurador D. José Luis Martin Jaureguibeitia, y defendidos por la Letrada Dª Mercedes Lanza Martinez, presentó el siguiente escrito de calificación:

Se adhiere a los escritos de acusación formulados por D* María José Millan Valero y el Procurador Sr. Granizo Palomeque, en la representación que tienen acreditada en Autos y firmados por los Letrados D. José Manuel Gómez Benitez y D. Mariano Muñoz Bouzo.

16º Sebastian Pio Y OTRO, por escrito de fecha 6.11.95, se informó su integración en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)- Acción Popular, representados por el Procurador Sr. D. Rafael Delgado Delgado, y defendidos por el Letrado Sr. D. Ignacio Uriarte y De Bofarull.

17º ASOCIACIÓN DE SAN FERNANDO DE HENARES Y OTROS, representados por el Procurador Sr. D. José Luis Herranz Moreno, y defendidos por el Letrado Sr. D. Guillermo Slocker Tena, presentó la siguiente calificación:

Se adhiere a los escritos de calificación presentados por los Procuradores D. Roberto Granizo Palomeque y Dña. Mª José Millan Valero.

18º ASOCIACIÓN AFECTADOS DE GUADALAJARA, representados por el Procurador Sr. D. Isidoro Argos Linares y defendidos por el Letrado Sr. D. Jorge Velasco Peña, presentó el siguiente escrito de calificación:

De los hechos relatados en los epígrafes A), B) y C) del apartado I, coincidentes con los epígrafes primero, segundo y tercero del apartado I, del escrito de acusación provisional, son constitutivos de un delito de imprudencia temeraria y profesional con resultado muertes y lesiones, previsto y penado en el art. 565 par. 5S del CP (LA LEY 3996/1995) . vigente en el momento de la comisión de los hechos, coincidente con el segundo párrafo del art. 565 del vigente CP (LA LEY 3996/1995) .

Los hechos relatados en los epígrafes D) y E) del apartado I, constituyen asimismo un delito de imprudencia temeraria y profesional con resultado de muertes y lesiones, previsto y penado en el par. 5º del art. 565 del CP (LA LEY 3996/1995) . vigente en el momento de los hechos, coincidente a los efectos de esta calificación con el 2º par del art. 565 del CP (LA LEY 3996/1995) . actualmente vigente.

De los hechos relatados en el epígrafe A) del apart. I coincidente con el epígrafe 1º del apartado I del escrito de calificación provisional, son responsables en concepto de autores conforme al art. 14.1º del CP (LA LEY 3996/1995) . Valeriano Jacinto y Francisco Leopoldo .

De los hechos relatados en el epígrafe B) del apart. I coincidente con el epígrafe 2º del apartado I del escrito de calificación provisional, son responsables en concepto de autores conforme al art. 14.1º del CP (LA LEY 3996/1995) . Luis Alfredo .

De los hechos relatados en el epígrafe C) del apart. I coincidente con el epígrafe 3º del apartado I del escrito de conclusiones provisionales, es responsable en concepto de autor conforme al art. 14.1º del CP (LA LEY 3996/1995) . Jon Urbano .

De los hechos relatados en el epígrafe D) del apart. I, es responsable en concepto de autor conforme al art. 14.1º del CP (LA LEY 3996/1995) . Florentino Urbano .

Y de los hechos del epígrafe E) del apart. I, es responsable en concepto de autor conforme al art. 14.1º del CP (LA LEY 3996/1995) , Victorino Felicisimo .

No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Corresponde a cada uno de los acusados Valeriano Jacinto , Francisco Leopoldo , Luis Alfredo , Jon Urbano , Florentino Urbano , y Victorino Felicisimo , la pena de 8 años de prisión mayor.

Deberán indemnizar a:

A los herederos de cada persona fallecida en 15.000.000 pts. A los afectados con lesiones de duración entre 1 y 15 días en 150.000 ptas.

A los afectados con lesiones de duración entre 16 y 30 días en 300.000 ptas.

A los afectados con lesiones de duración entre 31 y 60 días en 600.000 ptas.

A los afectados con lesiones de duración ente 61 y 90 días en 900.000 ptas.

A los afectados con lesiones de duración de más de 90 días pero sin incapacidad en 18.000.000 ptas.

A los afectados con incapacidad parcial permanente para dedicarse a su trabajo habitual en 25.000.000 ptas.

A los afectados con incapacidad total permanente para su trabajo habitual en 40.000.000 ptas.

A los afectados con incapacidad absoluta y permanente para cualquier tipo de trabajo en 70.000.000 ptas.

A los afectados con gran invalidez en 90.000.000 ptas.

La responsabilidad civil ha de establecerse conforme a lo establecido en los arts. 19 (LA LEY 3996/1995) , 101 (LA LEY 3996/1995) a 106 del CP (LA LEY 3996/1995) . todos los acusados indemnizarán como responsables civiles personales directos, conjunta y solidariamente, a los herederos de todas las personas fallecidas como consecuencia del Síndrome Tóxico y a todos los afectados o lesionados por dicha enfermedad en las cuantías indemnizatorias antes señaladas.

De conformidad con el art. 22 del CP (LA LEY 3996/1995) . procede condenar como responsable civil subsidiario al Estado que, en caso de insolvencia total o parcial de los acusados, deberá abonar las indemnizaciones señaladas anteriormente.

Procede la imposición de las costas procesales a los acusados de conformidad con lo establecido por el art. 109 CP (LA LEY 3996/1995) . y art. 240.2º de la L.E.Crim (LA LEY 1/1882) .

CUARTO- El Ministerio Fiscal estimó que los hechos no eran constitutivos de delito y solicitó la libre absolución de los acusados.

Las defensas de los acusados estimaron que los hechos no eran constitutivos de delito y solicitaron la libre absolución de sus patrocinados.

El Abogado del Estado, como responsable civil subsidiario, estimó que no procedía declara la responsabilidad civil del estado, al no ser los hechos realizados por los funcionarios constitutivos de delito.

QUINTO- Ha sido Ponente de la sentencia el Iltmo. Sr. Magistrado D. José Antonio Marañón Chavarri, toda vez que la anterior Iltma. Magistrada Ponente Dª Manuela Fernández Prado, ha mostrado su disconformidad con el acuerdo mayoritario relativo a la condena del acusado Luis Alfredo , formalizando voto particular, habiéndose recogido en la sentencia mayoritaria los hechos probados y fundamentos de derecho redactados por dicha Magistrada, a excepción de los que se refirieron al acusado Luis Alfredo y del Fundamento Cuarto.

DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS EN EL JUICIO ORAL, HAN QUEDADO ACREDITADOS LOS SIGUIENTES HECHOS, QUE SE DECLARAN PROBADOS:

1º.-

En la Sentencia, dictada con fecha 20 de mayo de 1989, por la Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional , y en la Sentencia de fecha 23 de abril de 1992 (LA LEY 55863-JF/0000), de la Sala Segunda del Tribunal Supremo , dictada en el Recurso de Casación interpuesto contra la anterior, en el Sumario nº 129/81, procedente de los Juzgados Centrales de Instrucción nº 2-3, que se siguió contra los autores de la intoxicación que dio lugar al denominado Síndrome Tóxico, se recoge, dentro de los hechos probados, lo siguiente:

"En los primeros días de mayo de 1981 y a raíz de ciertos casos localizados en Torrejón de Ardoz y otros lugares de Madrid, fue descubierto un brote epidémico, del que después se conoció su extensión a Castilla-León, Castilla-La Mancha, Orense y Cantabria y su inicio en el primer cuatrimestre del año".

"Al ser halladas lesiones correspondientes a una neumonía intersticial y encontradas estructuras morfológicas compatibles con un mycoplasma, lo que suponía la transmisión de la enfermedad por vía respiratoria, el Ministerio de Sanidad lo hizo saber a los ciudadanos españoles, hacia el 21 de mayo".

"Y ya por entonces se comentaba en algunos medios de comunicación social, incluso por la agencia TASS, que la enfermedad podía deberse a un accidente relacionado con armas bacteriológicas y producido en la base USA de Torrejón de Ardoz".

"Sin embargo, también se manejaba desde los primeros días la hipótesis de intoxicación alimenticia; por lo que no pocas de las investigaciones más tempranas versaron sobre esa suposición, que no olvidaba las hortalizas".

"En realidad se trataba de una enfermedad nueva, por cuanto combinaba síntomas, signos y hallazgos patológicos de manera extremadamente original".

"Realizados trabajos epidemiológicos e interrelacionados con otros clínicos, anatomapatológicos, toxicológicos y químicos, empezó a mantenerse a principios de junio, que la enfermedad estaba asociada a la ingestión de aceites sin marca, y se mudó la denominación de Neumonía Atípica por la de Síndrome Tóxico. Logro alcanzado pese a lo insólito de la emergencia y a la ocultación del desvió industria-consumo de boca por los conscientes protagonistas de la maniobra".

"El 10 de junio, el Director General de la Salud anunció al público la posible conexión entre los aceites de venta ambulante desprovistos de etiqueta y la enfermedad, pero, antes, algunos médicos habían puesto en alerta a la población sobre la posibilidad de tal enlace".

"La marca histopatológica del Síndrome Tóxico es la lesión de los vasos sanguíneos en cualquiera de sus vertientes, arterias, venas y capilares; y, aunque recibe el nombre de vasculitis, no se parece a las descritas científicamente con anterioridad. Tiene la enfermedad fases aguda, subaguda y crónica, en una peculiar historia natural, que se inicia bruscamente con enema pulmonar no cardiogénico y aumento anormal de los eosinófilos. Estos signos van siendo sustituidos por una esclerodermatosis, afecciones del sistema nervioso central y destrucción del periférico, lo que da lugar a la atrofia del músculo esquelético, con pérdida de masa y fuerza; y lesión de los vasos arteriales pulmonares, con aumento de presión en el sistema y la correspondiente alteración secundaria cardiológica. A ellos se van sumando otros signos; algunos, transformación o aumento de los iniciales. Y existe desde el principio pérdida de peso, que se transforma en la desnutrición y depauperación total. No hay órgano que no resulte afectado, salvo el riñón, y el nexo común a todas las fases es la vasculitis..."

En aquella Sentencia se estimó probada la relación de causalidad natural entre la distribución de aceite de colza inicialmente señalado con anilina al 2 por 100 y el síndrome tóxico, y finalmente se condenó a los autores de la manipulación del aceite de colza desnaturalizado con anilina, para usos industriales, y de su desvió al consumo humano, como autores, entre otros delitos, de un delito contra la salud pública, estimando probado que habían resultado afectadas las personas que se nominaron en el anexo IV, haciendo una salvedad con los casos que figuraban sin cerrar, pendientes de calificación. Se estableció la distinción entre personas asintomáticas, en el momento de su reconocimiento, que fueron identificadas como A0, A1, A3 y A9, según los síntomas hubiesen durado hasta 15, hasta 30, hasta 90 o más de 90 días, y personas con síntomas, que fueron clasificadas como SI, cuando no sufrieron incapacidad; IP, cuando sufrieron incapacidad parcial para su habitual ocupación; IT, cuando sufrieron incapacidad total para su ocupación; IA, cuando sufrieron incapacidad absoluta para toda su ocupación laboral, y; GI, cuando sufrieron gran invalidez. En todas ellas los síntomas se extendieron más de 90 días. Con las letras PP, se indicaron los casos en que el enfermo padecía cierta patología previa o intercurrente. En el anexo V, se relacionaron con las siglas NA, las personas que no habían padecido el Síndrome Tóxico y, con las CD y DI, las personas que no constaban en el proceso, sí habían sufrido o no la enfermedad. En el anexo VI fueron nominadas las personas que fallecieron a consecuencia del Síndrome Tóxico.

En el anexo VII se establecieron los apartados NE, DU y DI; en los casos NE no había existido relación causal entre el fallecimiento y el Síndrome Tóxico; en los DU o DI, ese enlace no constaba en el proceso. Se especificó en otra columna sí estuvieron afectadas AF; si constaba que no estuvieron, NA; o si no aparecían si sufrieron o no la enfermedad, CD o DI, respecto a los AF no había sido posible una más precisa calificación. Por ultimo en el anexo VIII, se indicaron, los fallecidos pendientes de calificación; CD y DU, se referían a existencia de duda; DI, a insuficiencia documental. Todos los anexos del III al VIII fueron cerrados el 13.5.89.

Por la vía del recurso de casación se revisaron algunas calificaciones y, además de la corrección de algunos errores, se acordó la inclusión de 9 personas mas. No fueron modificados los pronunciamientos sobre responsabilidades civiles contenidos en el ap. 18 del Fallo de la sentencia de la Audiencia Nacional, según el cual:

"Como responsable personal civil y directo, Cayetano Onesimo abonará las siguientes indemnizaciones: a) A los herederos de cada persona fallecida en 15.000.000 de ptas; b) A los afectados con lesiones de duración entre 1 y 15 días, 150.000 ptas; c) A los afectados con lesiones de duración entre 16 y 30 días, 300.000 ptas; d) A los afectados con lesiones de duración entre 31 y 60 días, 600.000 ptas; e) A los afectados con lesiones de duración de más de 90 días, pero sin incapacidad, 18.000.000 de ptas; g) A los incapacitados con incapacidad parcial permanente para dedicarse a su trabajo habitual, en 25.000.000 ptas; h) A los afectados con incapacidad total permanente para su trabajo habitual, 40.000.000 de ptas; i) A los afectados con incapacidad absoluta y permanente para cualquier tipo de trabajo, 70.000.000 de ptas; j) A los afectados con gran invalidez, en 90.000.000 de ptas: Y caso de insolvencia, la empresa "Refinerías de aceite de pescado S.A.", "RAPSA", responderá subsidiariamente".

" Gonzalo Teodulfo , subsidiariamente' respecto a Cayetano Onesimo , responderá de las cantidades que éste debe satisfacer, y, para el supuesto de insolvencia de PICH, subsidiariamente responderá "Jorpi, S.A.".

" Arturo Elias , conjunta y solidariamente con Cayetano Onesimo , por iguales cuotas en la interna distribución, abonará las sumas económicas mencionadas a las personas expresamente referidas en los folios 279 y 280 de los hechos probados. Y, para el supuesto de insolvencia, por Arturo Elias responderá subsidiariamente la empresa "RAELCA, S.A.".

En la ejecución de esa resolución se continúa llevando a cabo la actualización de la evolución de las carpetas correspondientes a los afectados sin cerrar.

2º.-

Dentro de los hechos probados de esa resolución, también se recoge como:

"En 1980 y desde hacia varios años, las autoridades administrativas españolas venían autorizando importaciones de aceite de colza, pero para proteger la producción nacional de aceites y grasas comestibles, se exigía que el de colza importado no fuera destinado a la alimentación humana, sino a otras actividades industriales, que resultaban ser, casi exclusivamente las siderúrgicas".

"Con el fin de garantizar el no desvío al destino humano se ordenó administrativamente qué la mercancía cuando ingresara en territorio español tuviera desnaturalizados sus caracteres organolépticos, para lo que fueron autorizados, en 1970, el aceite de ricino, y en 1974 el aceite náftico, el Azul de Ceres y la anilina, ésta al 2 por ciento".

"Resultaba, sin embargo, que la anilina, líquido oleoso que, de ser incoloro recién destilado, pasa con la oxidación a tener tonalidad rojiza progresivamente más oscura, no siempre modificaba, agregada el 2 por ciento, aspecto, color, sabor y olor del aceite de colza de manera perceptible sin instrumental y técnicas "ad hoc". Recursos éstos de que, por lo general, no se servían los aceiteros hasta pasado mayo de 1.981".

"Pese a ello, el carácter venenoso de la anilina, de conocimiento general entre los empresarios y técnicos introducidos en la rama de los aceites, se trasmitía al de colza y a los que con él se integraban; y, llegados al consumo de boca, se originaba, en las condiciones habituales de la dieta española, un peligro común y efectivo para la salud de la población".

"Pero es más, a partir de la anilina en el aceite de colza desnaturalizado y en los que lo contenían, se formaban, bien espontáneamente durante el almacenamiento y el transporte, bien a consecuencia de las manipulaciones y tratamientos a que eran sometidos, anilidas de los ácidos grasos, marcadoras de la presencia del agente productor del Síndrome Tóxico; de tal manera que, sin el añadido de la anilina al aceite de colza, no hubiera surgido el agente tóxico, aún desconocido, de la enfermedad. Si bien el nuevo síndrome no corresponde a los de intoxicación por anilina en sí, como tampoco a los de las debidas a órgano-fosforados o al Paraquat".

"Antes del 10 de junio de 1.981 no era administrativamente obligatorio el determinar la presencia en aceites comestibles, de anilinas o de anilidas en los ácidos grasos; siendo por entonces aquella modalidad de las anilidas poco conocida en los ambientes científicos. Y tampoco había establecido método oficial para hacer aquella determinación. Pero, caso de que se hubiera tratado de hallar, y aún de cuantificar en los aceites aquellas sustancias, había centros españoles con recursos suficientes para llevarlo a cabo".

"Pasado el 10 de junio, fueron elaborados sucesivamente dos métodos oficiales. El primero calorimétrico, que detectaba aminas aromáticas no sulfonadas. El segundo, cromatográfico, que permitía cuantificar anilina y anilidas de los ácidos grasos".

"Tanto la anilina como esas anilidas son absolutamente extrañas a la naturaleza de los aceite".

3º.-

El modo en que se llega a autorizar la anilina, como desnaturalizante para el aceite de colza, que en realidad no fue en 1974, como se recoge en la Sentencia, antes mencionada, sino en 1973, fue el siguiente:

El 30 de marzo de 1973 tuvo entrada en la DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS, una instancia de fecha 21 de marzo de 1973 del administrador de la empresa LABORATORIOS INDUSTRIALES DEL CAUCHO, L.I.C.S.A., en la que exponía que esa empresa importaba aceite de colza bruto, desnaturalizado con 10% de ricino, y que destinaba a su fabricación de facticios, sucedáneos del caucho; el aumento de precio y las dificultades de localización del ricino; y concluía solicitando que se autorizase la adicción a ese aceite de colza bruto de uno y otro de los dos materiales siguientes:

10 por % de aceite mineral nafténico, o bien

2 por % de aceite de anilina.

Indicando expresamente como estimaba que cualquiera de los dos productos, caso de ser añadidos al aceite de colza bruto, lo inhabilitarían para su refinación y para su aplicación a la alimentación animal.

Esta instancia a través de la Subdirección General de Coordinación y Asuntos Internacionales, fue remitida para informe, al LABORATORIO CENTRAL DE ADUANAS, órgano dependiente de esa Subdirección. Este Laboratorio estaba dirigido desde el año 1964, y continuó estándolo hasta 1984, por el acusado Luis Alfredo , mayor de edad, sin antecedentes penales, químico de profesión, y además licenciado en farmacia, quién como director del mismo informó, según se hizo constar en la respuesta que remitió el Subdirector General de Coordinación y Asuntos Internacionales, con fecha 14 de abril de 1973, que:

"El Laboratorio Central no ve inconveniente en acceder a la solicitud del interesado, ya que el aceite de colza puede desnaturalizarse indistintamente con aceite mineral nafténico o bien aceite de anilina, en sustitución del aceite de ricino, que era el producto hasta ahora utilizado. Los desnaturalizantes ahora propuestos pueden identificarse fácilmente, y, por otra parte, hacen el aceite de colza inapropiado para la alimentación".

Luis Alfredo no dispuso que se realizasen en el Laboratorio comprobaciones previas experimentales para averiguar las reacciones químicas y resultados tóxicos derivados de la combinación del aceite de colza con aceite de anilina.

Así la empresa LICSA obtuvo autorización para importar el aceite de colza desnaturalizado con anilina en el año 1973, para su propio consumo en esa industria, en la fabricación de caucho, y que nunca fue desviado al consumo humano, ni entonces ni después, no teniendo ninguna relación con los aceiteros enjuiciados en el Sumario 129/81.

El 22 de junio de 1973, Cayetano Onesimo , como gerente de la sociedad REFINERÍA DE ACEITES DE PESCADO, R.A.P.S.A., presentó una instancia en la DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS, con fecha 16 de Junio de 1973, semejante a la que unos meses antes había hecho LICSA, en la que exponía que su empresa importaba aceite de colza desnaturalizado con ricino, y que destinaba para grasas y aceites especiales para moldeo del acero, para trefilas y otras operaciones industriales, y que por el aumento desmesurado de precio del ricino, solicitaba que se autorizase que la desnaturalización pudiese realizarse, además de con la base del aceite de ricino con:

10 por % de aceite mineral nafténico, o parafínico, o

2 por % de aceite de anilina.

Pudiendo escoger el importador, una de las tres formas, indicando que con cualquiera de ellas, quedan garantizados los fines de la administración, y que las importaciones se hacían especialmente por la aduana de Irún y eventualmente por la de Pasajes.

Sin que conste que esta instancia fuese sometida a informe del Laboratorio, pero obrando ya el anterior respecto a LICSA, la Sección de Arancel de la Dirección General de Aduanas, con fecha 28 de junio de 1973, envió a RAPSA la siguiente comunicación:

" En contestación a su instancia de fecha 16 de los corrientes (16.06.73), en relación con la desnaturalización del aceite de colza, me complazco comunicar a Vds. que, de acuerdo con los informes emitidos por el Laboratorio Central, esta Dirección General no encuentra inconveniente en admitir como desnaturalizantes el aceite mineral nafténico al 10 por ciento o el aceite de anilina al 2 por ciento. En el caso de que las importaciones se realicen por un pequeño número de Aduanas, se servirán comunicar a este Centro cuales son, con objeto de trasladar a las mismas la autorización contenida en este escrito."

En relación a esta empresa, REFINERIA ACEITES PESCADO, S.A., RAPSA, en los hechos probados de la Sentencia dictada en el Sumario 129/81 se recoge que:

"En 1980-81, la empresa REFINERÍA ACEITES PESCADO, S.A., RAPSA, tenía su sede y una oficina en la calle Prim, de San Sebastián, y dos almacenes con factoría en Pasajes de San Pedro..."

"Sus socios eran los hermanos Dimas Genaro , Gonzalo Nemesio , Cayetano Onesimo y Luisa Sonsoles , su madre y un tío, siendo su autentico gestor Cayetano Onesimo ..."

"RAPSA llevaba años importando de Francia, por Irún, cisternas de aceite de colza desnaturalizado, con anilina..."

"Hacía constar en las solicitudes de licencia de importación como destino la industria siderometalúgica, y realmente, hasta bien entrado 1980, revendía la mercancía generalmente en bidones de no más de 200 Kg a empresas de aquel sector o para maquinarias de otros ramos. Pero a partir de los tratos de Cayetano Onesimo con Gonzalo Teodulfo , Hector Cayetano y Arturo Elias sobre el aceite de colza, aumentaron, pese a la grave crisis industrial, las cantidades de ese aceite cuya licencia de importación RAPSA interesaba; pasando las autorizadas de 345.000 kg en 1979, a 691.000 en 1980, 294.000 en sólo el primer trimestre de 1981 y 138.000 en el mes de abril de ese último año..."

Así a partir de los tratos entre éstos y desde finales de 1980 se produjeron los desvíos al consumo humano y las manipulaciones del aceite de colza, que causaron el Síndrome Tóxico, como refleja la Sentencia del Sumario 129/81, en el que todos ellos fueron condenados. R.A.P.S.A fue la única importadora del aceite de colza desnaturalizado con anilina, que se estimó probado que fue desviado al consumo humano, ocasionando la enfermedad.

Entre los años 1979 y 1981 la Dirección General de Aduanas remitió al Laboratorio Central, que seguía siendo dirigido por Luis Alfredo , para su análisis, muestras de aceite de colza, tomadas al paso de la mercancía por Aduana, con el fin de comprobar que se trataba de la mercancía que se detallaba, concretamente, con anterioridad al descubrimiento del origen del Síndrome Tóxico, (posteriormente constan dos mas), se hicieron análisis de las siguientes muestras:

Numero de registro 7661/79, importador R.A.P.S.A., dictamen analítico: Aceite de colza desnaturalizado con aceite de anilina para usos industriales. Fecha 26-9-79.

Numero de registro 6927/80, importador R.A.P.S.A., dictamen analítico: Aceite de colza desnaturalizado con aceite de anilina para usos industriales. Fecha 15-10-80.

Numero de registro 6928/80, importador R.A.P.S.A., dictamen analítico: Aceite de colza desnaturalizado con aceite de anilina para usos industriales. Fecha 15-10-80.

Numero de registro 14657/80, importador R.A.P.S.A., dictamen analítico: Aceite de colza desnaturalizado con aceite de anilina para usos industriales. Fecha 16-3-81.

Numero de registro 1524/81, importador Química Metalúrgica, S.A., dictamen analítico: Aceite de colza desnaturalizado con colorante sintético de color azul. Fecha 2-9-81.

Numero de registro 3996/81, importador R.A.P.S.A., dictamen analítico: Aceite de colza desnaturalizado con aceite de anilina para usos industriales. Fecha 19-6-81.

En el mes de junio de 1981 el doctor Marino Ovidio , del Hospital del Niño Jesús, tras haber acudido infructuosamente a otros organismos, pidió a Luis Alfredo , que el Laboratorio Central de Aduanas le hiciera unos análisis, en busca del agente productor de la entonces denominada neumonía tóxica, cuyo origen digestivo se empezaba a sospechar y ya ponía de manifiesto el doctor Federico Nemesio en sus informes desde mediados del mes de mayo, si bien desconociendo la relación con el aceite. Luis Alfredo se mostró dispuesto a colaborar y recabó autorización de la Dirección General de Aduanas. El día 4 de junio, al sospechar Don Marino Ovidio , la relación de la enfermedad con el consumo de aceite en garrafas de 5 litros sin etiqueta, por haber constatado la existencia, en una familia de afectados, de un lactante enfermo, que solo tomaba, como los adultos, una cucharada de ese aceite, el Laboratorio Central analizó una muestra del mismo, detectando la presencia de componentes extraños, anilidas grasas, lo que fue inmediatamente comunicado Don Marino Ovidio , que en la tarde del día 9 de junio hizo llegar estos datos al entonces Director General de la Salud, Urbano Ovidio .

Tras el descubrimiento de la relación entre el Síndrome Tóxico y el aceite de colza desnaturalizado con anilina, ninguna empresa volvió a solicitar la utilización de ese desnaturalizante.

Ni el 14 de abril de 1.973, ni en el periodo comprendido entre esta fecha y el 9 de junio de 1.981, Luis Alfredo no advirtió al Director General de Aduanas de la peligrosidad para la salud que suponía la anilina mezclada con el aceite de colza, en caso de desviarse el aceite para el consumo de boca.

Las importaciones de aceite de colza desnaturalizado, para usos industriales, se encontraban en régimen de comercio liberalizado. Ello suponía que no se sometía a la exigencia de licencia previa, pero si era necesaria la declaración de importación, que se presentaba, por el interesado, en el entonces Ministerio de Comercio y Turismo, o en las Delegaciones Regionales de Comercio, para su aceptación por la Administración, a través de la Dirección General de Política Arancelaria e Importación. Estas declaraciones de importación se pasaban a informe a la Dirección General de Competencia y Consumo, a través de la Sección de Productos Vegetales. Además antes de ser despachadas en aduana, también era necesaria un conforme del SOIVRE, en el que se comprobaba que el producto era el que aparecía en la documentación.

El acusado Francisco Leopoldo , mayor de edad, sin antecedentes penales, en el mes de febrero de 1980 fue nombrado Director General de Comercio Interior y Comisario General de Abastecimientos, ocupándose poco después también del despacho y firma de la Dirección General de Consumo y Disciplina de Mercado, entonces vacante, hasta el nombramiento de nuevo titular en el mes de junio, si bien en el mes de octubre de ese año, 1980, ambas Direcciones Generales se fusionaron, continuando Francisco Leopoldo como titular de la nueva Dirección General de Competencia y Consumo y Comisario General de Abastecimientos y Transportes.

En 1980, antes de empezar a producirse el desvío al consumo humano del aceite de colza desnaturalizado, desde la Dirección General de Comercio Interior, empezó a existir una cierta preocupación por el aumento de esas importaciones, lo que dio lugar a que Francisco Leopoldo , ordenase, a través de la Subdirección General de Comercio Interior y de la Subdirección General de Consumo y Disciplina de Mercado, cursar las oportunas instrucciones a los servicios de Comercio dependientes del Consejo General Vasco, competentes al ser materia transferida a la Comunidad Autónoma Vasca, para que se comprobase la correcta utilización, de acuerdo con el destino que se señala en las licencias de importación siguientes:

RAPSA, Prim 59 3º-San Sebastián. 68.000 Kg de aceite de colza crudo desnaturalizado.

QUÍMICA METALUGICA, S.A. CHEMSA, Carretera de Vergara Vitoria. 23.000 Kg de aceite de colza refinado desnaturalizado.

Lo que fue solicitado en escrito de fecha 13 de marzo de 1980 dirigido al Ilmo Sr. Consejero de Comercio del Gobierno de Euskadi.

El 18 de abril de 1980 el Inspector de los servicios de Gobierno Vasco, Tomas Domingo , se personó en las oficinas de RAPSA de la calle Prim, y si bien no pudo comprobar el destino de esa partida de 68.000 kg., porque Cayetano Onesimo dijo no haberla recibido aún, si solicitó la exhibición de facturas referentes a ventas anteriores, cotejando desde esa fecha hasta 1978, comprobando que, al menos respecto a las que él conocía, según las mismas, los clientes eran empresas siderúrgicas en su casi totalidad y un pequeño porcentaje industrias del caucho. El resultado de esta inspección con copia del acta fue remitida a la Dirección General de Consumo y Disciplina de Mercado, a través de la Subdirección General correspondiente.

La Dirección General de Competencia y Consumo, a través de la Sección de Productos Vegetales, Aceites, Vinos y transformados, dirigió una comunicación al Director General de Política Arancelaria e Importación, de fecha 14 de mayo de 1980, en la que, tras hacer constar que habida cuenta del uso industrial a que se destina el aceite, esa Sección no tenía nada que objetar, en principio a la solicitud de licencia de importación de RAPSA, de 68.000 kilos de aceite de colza desnaturalizado, se señalaba que, aún cuando de la investigación preliminar desarrollada no se deducían indicios de desviación del expresado uso industrial de la mercancía hasta entonces importada, convendría que se insistiera cerca de los servicios competentes, para la comprobación de la desnaturalización.

Posteriormente, en escritos de fecha 6 de noviembre de 1980, 2 de febrero de 1981, 3 de marzo de 1981 y 11 de marzo de 1981, esa Dirección General siguió insistiendo, al informar las solicitudes de importación, a la Dirección General de Política Arancelaria e Importación, en la conveniencia de conocer con exactitud las necesidades de la industria antes de proceder a su autorización habida cuenta de los aumentos de las solicitudes de licencias de importación de aceite de colza desnaturalizado. Concretamente los de 6 de noviembre de 1980 y 11 de marzo de 1981 se refieren a solicitudes de licencia de importación de la empresa R.A.P.S.A., n° NUM021 , de 23.000 K. y nº NUM022 de 40.000 kg.

El director General de Política Arancelaria e Importación en esa época era Hilario Santos , ya fallecido. Las facultades de firma y resolución de las declaraciones de importación del aceite de colza desnaturalizado, dentro de esta Dirección General de Política Arancelaria e Importación, por delegación, correspondían a Valeriano Jacinto , mayor de edad, sin antecedentes penales, que entonces ocupaba el cargo de Jefe de la Sección de Importación de los Productos Agrícolas y Transformados, que jerárquicamente dependía del Jefe del Servicio de Importación, y éste a su vez del Subdirector General.

Valeriano Jacinto , con su firma, autorizaba que se despachasen las declaraciones de importación, sin lo cual no era posible que se permitiese el tránsito por la aduana de la mercancía. Estas declaraciones se presentaban en los mismos impresos, de color gris, que se empleaban en las solicitudes de licencia de importación para mercancías sometidas a regímenes distintos del liberalizado, concretamente el relativo a "solicitud de licencia de importación para comercio no liberado ni globalizado", con la finalidad de evitar, que se diese un tratamiento mecanizado a la instancia, que hiciese posible que, por error, se aceptasen aceites sin desnaturalizar, sometidos al comercio de estado. Aunque con anterioridad a 1980, se venía pidiendo al importador que rellenase las casillas 40, consumo anual de la mercancía por el solicitante, y 41, adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones, Valeriano Jacinto , desde su toma de posesión en 1980, entendiendo que el régimen liberalizado hacía innecesarias esas menciones, no consideraba tal exigencia, ni por tanto que fuese oportuna cualquier comprobación en este sentido, limitándose, para autorizar que se despachase la declaración, a constatar, que se expresaba, que se trataba de aceite de colza desnaturalizado, para usos industriales.

R.A.P.S.A. presentó las siguientes solicitudes de importación:

Solicitud de licencia nº NUM023 . Fecha 4 de diciembre de 1979. 23.000 Kg de aceite vegetal de colza crudo, desnaturalizado con 2 % de aceite de anilina para usos industriales. Observaciones: C. Interior favorable of. 29401, 26-XII-79. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 Toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): Agosto 23.000 kg, septiembre 23.000 k. octubre 69.000 k. ya se han consumido.

Solicitud de licencia nº NUM024 . Fecha 18 de diciembre de 1.979. /2.000 kg de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2 % de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: C. Interior fav. oficio. 294, 14.01.80. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): octubre 69.000 kg. diciembre 46.000 kg. ya se han consumido.

Solicitud de licencia n° NUM025 . No consta fecha. 58.000 kg. de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2 % de aceite anilina para usos industriales. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 toneladas". Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): octubre 69.000 kg. diciembre 46.000 kg. ya se han consumido.

Solicitud de licencia nº NUM026 . Fecha 18 de diciembre de 1.979. /2.000 kg de aceite vegetal de colza vegetal refinado desnaturalizado con 2 % de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: C. Interior fav. oficio 293, 14.01.80. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): octubre 69.000 kg. diciembre 46.000 kg.

Solicitud de licencia sin número. Fecha 29 de enero de 1980. 13.000 kg de aceite vegetal de colza vegetal refinado desnaturalizado con 2% de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: Apuntar en ficha. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): octubre 69.000 kg diciembre 46.000 kg.

Solicitud de licencia nº NUM027 . No consta fecha. 68.000 kg de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2% de aceite anilina para usos industriales. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): diciembre 46.000 kg enero 46.000 kg.

Solicitud de licencia nº NUM028 . Fecha 12 de marzo de 1980. 46.000 kg de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2% de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: Vº Bº C. interior. Devuelto informe, of. 5938, 25.3.80. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): diciembre 46.000 kg. enero 46.000 kg. Febrero 69.000 kg. ya se han consumido.

Solicitud de licencia nº NUM029 . Fecha 24 de abril de 1980. 68.000 kg. de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2% de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: Comercio interior. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): enero 46.000 kg. febrero 69.000 kg. marzo 23.000 kgs. ya se han consumido.

Solicitud de licencia nº NUM030 . Fecha 8 de julio de 1980. 46.000 kg. de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2 % de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: C. interior. Devuelto inf of. 13975, 21.7.80 Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): abril 24.000 kg. mayo 46.000 kg. junio 46.000 kgs.

Solicitud de licencia nº NUM031 . Fecha 1 de julio de 1980. 46.000 kg. de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2 % de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: C. interior. Favorable, of. 13747, 14.7.80. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): abril 24.000 kg. mayo 46.000 kg. junio 46.000 kgs. ya se han consumido.

Solicitud de licencia sin número. Fecha 29 de octubre de 1980. 23.000 kg. de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2 % de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: Comercio interior. Devuelto inf of. 21682, 12.11.80. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40) aproximadamente 400 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41) julio 81.000 kg. septiembre 23.000 kgs.

Solicitud de licencia sin número. Fecha 1 de diciembre de 1980. 207.000 kg. de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2% de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: 5.12.80. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): En blanco.

Solicitud de licencia sin número. Fecha 2 de noviembre de 1980. 46.000 kg. de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2% de aceite anilina para usos industriales. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): septiembre 23.000 kg. octubre 46.000 kgs.

Solicitud de licencia sin número. Fecha 26 de noviembre de 1980. 23.000 kg. de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2% de aceite anilina para usos industriales. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): octubre 46.000 kgs. septiembre 23.000 kg.

Solicitud de licencia sin número. Fecha 26 de noviembre de 1980. 46.000 kg. de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2 % de aceite anilina para usos industriales. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 440 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): octubre 46.000 kgs. septiembre 23.000 kg.

Solicitud de licencia sin número. Fecha 10 de diciembre de 1980 23.000 kg. de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2 % de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: 16.12.80. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): septiembre 23.000 kg. octubre 46.000 kgs. noviembre 46.000 kg. ya se han consumido.

Solicitud de licencia nº NUM034 . Fecha 7 de enero de 1981. 23.000 kg de aceite vegetal refinado desnaturalizado con 2 % de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: 8.1.81. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): octubre 46.000 kgs. noviembre 46.000 kg. diciembre 69.000 kg.

Solicitud de licencia sin número. Fecha 16 de enero de 1981. 110 Toneladas, 110.000 kgs., de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2 % de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: 22.1.81. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40) aproximadamente 400 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41) octubre 46.000 kgs noviembre 46.000 kg diciembre 69.000 kg.

Solicitud de licencia nº NUM032 . Fecha 2 de marzo de 1981. 46.000 kgs. de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2 % de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: 14.3.81 C. interior. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): diciembre 69.000 kgs. enero 115.000 kg. febrero 69.000 kg. ya se han consumido.

Solicitud de licencia sin número. Fecha 12 de marzo de 1981. 69.000 kgs. de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2 % de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: 13.3.81. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): diciembre 69.000 kgs. enero 130.000 kg. febrero 46.000 kg.

Solicitud de licencia sin número. Fecha 12 de marzo de 1981. 23.000 kgs. de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2 % de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: 13.3.81. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): diciembre 69.000 kgs. enero 130.000 kg. febrero 46.000 kg."

Solicitud de licencia sin número. Fecha 3 de abril de 1981. 46.000 kgs. de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2 % de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: en blanco. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): diciembre 69.000 kgs enero 115.000 kg febrero 69.000 kg.

Solicitud de licencia sin número. Fecha 10 de abril de 1981. 92.000 kgs. de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2 % de aceite anilina para usos industriales. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 800 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): enero 115.000 kg. febrero 69.000 kg. marzo 130.000 kg.

La firma de Valeriano Jacinto aparece autorizando las quince últimas solicitudes mencionadas. Ninguna de ellas fue rechazada, expidiéndose las correspondientes licencias en los impresos también relativos a las licencias de importaciones para comercio no liberalizado ni globalizado, licencias que también fueron firmadas por Valeriano Jacinto .

Con la información que se desprendía de esas declaraciones, funcionarios administrativos de esa Dirección General, elaboraban unas fichas de las importaciones, a fin de informar al Director General de la situación de esa actividad.

Alrededor del mes de diciembre de 1980, y como consecuencia de las inquietudes que, desde la Dirección General de Comercio Interior, le hacían llegar, Valeriano Jacinto , recibió en su despacho a Cayetano Onesimo , acompañado de Onesimo Sergio , delegado comercial de R.A.P.S.A. en Madrid, quiénes le pusieron de manifiesto los planes de expansión de R.A.P.S.A. y la ampliación de su clientela, así como su intención de sustituir el suministro de bidones por el de cisternas para abaratar costes. De esta entrevista Valeriano Jacinto dio cuenta verbalmente a sus superiores, sin sospechar que se pretendía ocultar un desvío al consumo humano de ese aceite de colza.

En esos años, 1979, 1980 y 1981, el consumo anual de aceites y grasas no minerales, que se importaban para usos industriales, era de alrededor de 150.000 Toneladas.

Florentino Urbano , mayor de edad, sin antecedentes penales, fue nombrado, el 21 de octubre de 1980, Jefe del Servicio de Defensa contra Fraudes, Ensayos y Análisis Agrícolas, este servicio se encontraba dentro de la Dirección General de Industrias Agrarias y Mercados de origen, del Ministerio de Agricultura. Anteriormente era Jefe de Sección en el Servicio de Inspección de Productos y Medios Agrarios, encuadrado en el mismo Servicio de Defensa contra Fraudes.

El Decreto regulador de la campaña olivarera del año 80/81 encomendó intensificar las inspecciones para detectar fraudes en las mezclas de aceites de oliva y semillas. Para ello y aunque la empresa RAELCA de Alcorcen, Madrid, no estaba incluida dentro de las que debían registrarse en el Ministerio de Agricultura, sino en el de Industria, por tratarse de una empresa envasadora autónoma, esto es que solo realizaba el envasado para comercializarlo, sin ser empresa extractora, fue inspeccionada, por Begoña Salvadora , de la delegación de Madrid del Servicio de Defensa contra Fraudes, el día 17 de septiembre de 1980, siguiendo ordenes de sus superiores. En el Acta levantada se hizo constar como los depósitos de almacenaje, en ese momento, estaban vacíos, y se tomaron muestras, por triplicado, de envases de 5 litros de las marcas MONRI y RAEL. Estas muestras fueron remitidas al Laboratorio Agrario del Ministerio de Agricultura, para su análisis, lo que se efectuó el día 12 de febrero de 1981, detectando que se había manipulado un aceite de orujo, para corregir la acidez, con un sistema no autorizado, con aceites esterificados. A la vista del resultado, se remitió el expediente, el 30 de marzo de 1981, a los Servicios Centrales de Defensa contra Fraudes, donde Florentino Urbano dictó, el día 22 de abril de 1981, una providencia acordando la incoación de expediente sancionador y nombrando instructor. Concluida la instrucción del expediente, el Excmo. Sr. Ministro de Agricultura impuso a esa empresa una sanción por importe de 1.320.000 pts. En el curso de la inspección y durante la instrucción del expediente no se realizaron mas comprobaciones que las relativas a las materias competencia del Ministerio de Agricultura, sin realizar comprobación alguna relativa a registros sanitarios o de industria, de los que esa empresa carecía.

El 27 de mayo de 1981, inspectores de la Delegación de Toledo inspeccionaron la empresa OLEICOLA TOLEDANA, y las muestras, que se referían a aceite de girasol, que se tomaron fueron remitidas al Laboratorio del Ministerio de Agricultura, donde el día 16 de Julio, cuando ya se había descubierto el origen del síndrome tóxico, detectaron la presencia de una pequeña proporción de anilina, un 8 por millón. Comunicado el resultado al Servicio Central de Defensa contra el Fraude, al día siguiente se acordó la inmovilización de la mercancía, y la remisión del expediente al Ministerio de Sanidad, por afectar a la salud pública, inmovilización que no pudo llevarse a cabo pues el aceite ya había sido distribuido.

En relación a RAELCA S.A., la primera de estas dos empresas, en la Sentencia del sumario 129/81, se recoge lo siguiente:

"En marzo de 1980 se constituyó la empresa, RAELCA S.A., teniendo como accionistas a Arturo Elias , Arturo Victorio y Eduardo Ambrosio . Arturo Elias figuraba como administrador y, con astucia comercial muy superior al de los otros dos, dirigía y gestionaba todas las facetas de la empresa..., que tenia una nave en el polígono Urtisa de Alcorcón, y se dedicaba a almacenamiento y envasado de aceites comestibles, incluyendo la fabricación de garrafas de plástico..."

"RAELCA S.A. compraba aceites vegetales y, entre ellos, de oliva; pero también animales..., mandaba analizar los aceites que compraba y a refinar los brutos, hacia mixturas, envasaba los productos en garrafas que fabricaba, generalmente de 5 1., aunque algunas eran de 25, y los vendía para el consumo de boca, la mayoría de las veces a revendedores ambulantes. También compraba, almacenaba y despachaba aceitunas."

"Disponía de etiquetas con las marcas y denominaciones "RAEL, ACEITE DE GIRASOL REFINADO", "RAEL ACEITE DE SEMILLAS REFINADO", "MONRI ACEITE DE ORUJO DE OLIVA REFINADO", "SELMI, ACEITE DE SEMILLAS", "RAOLI, ACEITE DE OLIVA REFINADO", "RAMOLI, ACEITE PURO DE OLIVA, ACEITE DE OLIVA VIRGEN Y ACEITE DE OLIVA REFINADO" y "RAEPSOL, ACEITE DE GIRASOL ENVASADO", en los que también se expresaba la acidez máxima y el estar envasados por RAEL."

"La compañía tenía licencia fiscal, y el 24 de agosto de 1.979 había presentado solicitud de licencia municipal de apertura en el Ayuntamiento de Alcorcon, para "almacén de productos alimenticios y envasados, jabones y derivados, detergentes y lejías, ventas al por mayor y menor", originándose expediente cuya tramitación fue suspendida el 15 de septiembre de 1.982 y que, por petición de Arturo Elias , se había reducido al almacenamiento de productos alimenticios y envasados. No había solicitado el registro sanitario de Industrias y Establecimientos Alimentarios, ni la anotación de sus productos..."

..."Y a consecuencia de ello (de los contactos que se produjeron entre Arturo Elias y Cayetano Onesimo , a finales de 1980) el 11 de febrero de 1.981, salió de Pasajes de San Pedro una cisterna..., con 22.000 kgs. peso registrado en origen, de aceite de colza refinado y desnaturalizado con el 2 por ciento de anilina, que Rapsa, al precio de 88,50 ptas/kg y expresando en el albarán "aceite de colza refinado", enviaba a Raelca, S.A., en cuyo almacén fue descargada la mercancía con un peso registrado en destine de 21.794 kgs. Mas los Arturo Elias percibieron mal olor en el producto y, por ello, Arturo Elias decidió devolverlo al remitente; que se hizo en el mismo vehículo el 14 siguiente, menos unos 550 kgs. que o se derramaron en Raelca, S.A., o esta los utilizó en la comercialización para el consumo de boca..."

"Pese al inicial fracaso de la relación directa Rapsa-Raelca, S.A., Cayetano Onesimo y Onesimo Sergio se reunieron en marzo de 1.981, con Arturo Elias . Allí, Cayetano Onesimo y Arturo Elias , reiniciaron tratos, a fin de que la empresa donostiarra suministrara a la de Alcorcón aceite de colza, ahora bruto, del que Cayetano Onesimo dijo era el mismo que él vendía y que Desiderio Victoriano enviaba a Raelca, S.A., estipulando un precio de 75 pts kg."

"Pues bien, en al menos de nueve envíos, remitidos durante los meses de enero y febrero de 1.981, RAELCA S.A., recibió de Desiderio Victoriano , alrededor de 195,415 kgs de lo que se documentaba como "aceite refinado de semillas". En alguna o algunas de las cuales Desiderio Victoriano había introducido, tras someterlo a tratamientos encaminados a la refinación y a la eliminación de anilina, aceite de colza desnaturalizado del que figuraba remitido por RAPSA a Hector Cayetano ".

"Y, entre marzo y mayo de 1.981, RAELCA SA. recibió directamente de RAPSA no menos de 110.258 kgs de aceite bruto de colza desnaturalizado con el 2 por ciento de anilina, que RAELCA anvió, para el refinado a for-fait, a la factoría sevillana de Industrial Trianera de Hidrogenación, S.L, ITH, que recibió 59,406 kgs de Raelca SA., y a la madrileña de Danesa Bau, SA, donde llegaron 50.852 kgs".

"Más detalladamente, se han identificado, respecto a esos meses, cinco partidas de RAPSA a RAELCA..."

"En RAELCA SA. y siempre bajo la dirección de Arturo Elias , el aceite de colza desnaturalizado y refinado era unido a otros aceites vegetales o animales..."

"La mixtura resultante, añadido a veces clorofila o betacaroteno, para asemejar la apariencia externa con la de aceites de más alto precio, era envasada por RAELCA SA, en recipientes cilindricos de plástico, generalmente con capacidad de 5 litros y, en ocasiones de 25 litros; en éste último caso RAELCA SA. calificaba la venta como a granel. Pero siempre los envases eran cerrados herméticamente mediante tapones-precinto de modo que no se podía tener acceso normal al contenido sin romper parte del tapón".

"Envasada, salvo en algún supuesto excepcional, RAELCA SA, vendia la mercancía para destino alimenticio de boca, ya directamente a los consumidores, ya a industriales o comerciantes establecidos en inmuebles, ya a revendedores dedicados a la ambulancia por mercadillos, calles o casas. Dedicación en no pocos casos derivada de haber perdido el puesto de trabajo adecuado a sus verdaderos oficios, o de la penuria retributiva de otras actividades que simultaneaban..."

En relación a la otra empresa que se ha mencionado anteriormente, como inspeccionada por la Delegación de Toledo del Servicio contra Fraudes, OLEICOLA TOLEDANA, en la Sentencia del sumario 129/81 se recoge que:

" Alfredo Alonso ... fue consejero delegado de Oleicola Toledana, S.A. "Oleitosa" escriturada el 20 de agosto de 1.980 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de febrero de 1.981, había sustituido a Oleicola Muro y Cía. S.L. en la titularidad de una empresa familiar radicada en Cebolla y dedicada, desde hacia cuarenta años, a la extracción de aceite de oliva y de orujo de aceituna, refinería, envasado y venta de aceites comestibles y fabricación y venta de jabones..."

"La inscripción de Oleitosa en el Registro de Industrias y Establecimientos alimentarios fue solicitada el 10 de noviembre de 1.981 y concedida el siguiente diciembre. La licencia fiscal de actividades industriales fue presentada en agosto de 1.981, por un lado para fabricación y envasado de aceite de oliva y, por otro, para venta al por mayor de aceites y grasas comestibles de todas clases, desde el 20 de febrero de 1.981".

"Usaba las marcas Flor del Tajo, para oliva hasta 0,5 grados de acidez, Flor de Toldo, oliva hasta 1 grado en botella dura, Ben, para oliva hasta 1 grado en botella blanda, Benisol, para girasol, Ben Car, para semillas, Sojil para soja, La Picota, para orujo y, Mube, para aceite de manteca de cerdo, en recipientes de 1, 2, 5 y 25 litros, que, en alguna ocasión compró a Raelca..."

"El 27 de mayo de 1.981, el Servicio de Defensa contra Fraudes del Ministerio de Agricultura, tomó en la factoría de Cebolla y en presencia de Alfredo Alonso muestras de los aceites envasados por OLEITOSA. El de marca Benisol resultó tener anilina. Entre el 16 y el 23 de julio de 1.981, Alfredo Alonso conoció aquella presencia de anilina, pero desde la inspección del 27 de mayo y a lo largo de junio continuó vendiendo el producto Benisol e incluso facilitaba a revendedores un escrito, encabezado por OLEITOSA, en que se hacia constar que esa sociedad se responsabilizaba "de la calidad de los aceites envasados con sus marcas comerciales..."

"En 1.983 y en el aceite Ben Car fue encontrado aceite de colza, grasa animal y 3 ppm de oleilanilidas".

"Y, entre los revendedores ambulantes que adquirieron aceites a OLEITOSA, se hallaron Enrique Arcadio , que sólo se suministraba de OLEITOSA; Fabio Gervasio , Ruben Bernabe , Cornelio Pablo , Cesar Francisco y Melchor Argimiro , vendiendo Fabio Gervasio a su vez a Inocencio Lucio , que comercializaba aceite en su lechería Granja Abulense", del centro de Madrid. Mas, bien porque los consumidores adquirían aceites sin marca de distintos revendedores, bien porque éstos simultaneaban las compras en diversas empresas, no puede afirmarse que persona determinada haya resultado afectada o fallecida a consecuencia de los productos comercializados por Oleitosa"...

A raíz de síndrome tóxico a fin de coordinar las, hasta entonces, dispersas competencias entre los distintos Ministerios, se creó a finales de 1981 la Subdirección General de Defensa contra Fraudes, de la Dirección General de Política alimentaria, dentro del recién creado Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.

Jon Urbano , mayor de edad, sin antecedentes penales, desempeñaba, desde primeros de 1979, el cargo de Subdirector General de Higiene de los Alimentos, dependiendo de la Dirección General de la Salud, del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social. Al asociarse la enfermedad del Síndrome Tóxico con el aceite, el Director General de la Salud, Urbano Ovidio , en la tarde del día 9 de junio de 1981, nada mas conocer el resultado de la investigación Don Marino Ovidio , antes mencionado, que confirmaba la línea también mantenida por el Doctor Federico Nemesio , Director de la Salud de Madrid, comunicó telefónicamente este extremo a Jon Urbano , encomendándole que actuase frente a la empresa RAELCA., por aparecer mencionada como suministradora de aceite tóxico, de venta a granel o en garrafas de 5 litros. Jon Urbano se puso en contacto con el Servicio de Fraudes y Disciplina de Mercado del Ministerio de Economía y Comercio, y ordenó al Servicio de Alimentos de Origen Vegetal, Bebidas y Productos Alimentarios, dependiente de su Subdirección, que se inspeccionase esa empresa, teniendo que recurrir a las páginas amarillas de una guía de teléfonos, para localizar su domicilio, pues no aparecía en ninguno de los registros oficiales. Esta inspección fue realizada el día 11 de junio de 1981, por el Inspector de Farmacia de ese Servicio, Constantino Victoriano , asistido de los también inspectores Alberto Dionisio y Leovigildo Pablo . Al ser preguntado Arturo Elias sobre la existencia de registro sanitario, reconoció que carecía de él, que no lo había solicitado, y que no tenía la licencia de apertura del ayuntamiento de Alcorcen, pese a que la había solicitado en 1979. En el curso de la inspección se recogieron muestras de los aceites que se encontraron, y se concluyó inmovilizando la mercancía y clausurando temporalmente la empresa, haciéndole saber a Arturo Elias que no podía entrar ni salir ninguna mercancía. Como éste no presentó documentación sobre proveedores y suministradores, los inspectores le indicaron que, el día 13 de junio, debía presentar esta documentación en la Subdirección.

Los días 13 y 16 de junio Arturo Elias y su hermano Arturo Victorio se presentaron en las oficinas de esa Subdirección, y fueron recibidos por Jon Urbano y por el inspector Constantino Victoriano . En el curso de estas entrevistas mencionaron la identidad de alguna de las personas a las que suministraban aceite, e indicaron que ellos lo adquirían de la empresa R.A.P.S.A. de San Sebastián, además solicitaron que se levantase la inmovilización y precinto de sus instalaciones, a lo que Jon Urbano se negó, y le enseñaron unos análisis de los Laboratorios Comar, en los que se hacían determinaciones toxicológicas, pero sin determinaciones de anilina. Estos informes se unieron al expediente, constando en algunos de ellos referencias manuscritas de "para consumo humano", "apto para el consumo".

A finales del mes de junio se creó una Comisión Interministerial, en la que se integraron los servicios de epidemiología, para realizar coordinadamente las investigaciones y seguimientos del Síndrome Tóxico. A la vista de los resultados de los análisis, que se iban obteniendo sobre aceites con marcas se elaboraba la relación de marcas que contenían el aceite tóxico, lo que se comunicaba puntualmente a la Subdirección General de Higiene, que lo hacía llegar a los medios de comunicación.

En 1980 se encontraba prohibida la venta a granel de aceite y sin etiquetas, así como también la venta ambulante y domiciliaria de los aceites comestibles y era obligatorio el empleo de envases con precinto y marca registrada. La venta en espacios abiertos, mercadillos dependía de las disposiciones de cada ayuntamiento.

En el Ayuntamiento de Alcorcen, Victorino Felicisimo , mayor de edad, sin antecedentes penales, desempeñaba el cargo de Concejal Delegado de Sanidad, desde las primeras elecciones locales de mayo de 1979, con dedicación a tiempo parcial, compatible con su trabajo como administrativo de una entidad bancaria de la capital, además formó parte temporalmente de la comisión de información sobre abastos. Durante el tiempo que ejerció su cargo, hasta marzo de 1982, en que dimitió, su única preocupación fue reivindicar el aumento de las dotaciones sanitarias del municipio, por haber quedado desfasados los servicios sanitarios existentes. El alcalde era el fallecido Roberto Silvio , y existía un concejal delegado de Mercados y Abastos, Pablo Baldomero , también fallecido. Estas concejalías no disponían de personal administrativo.

En esa localidad, Alcorcen, se instalaba los martes un mercadillo ambulante, que el resto de los días de la semana recorría las localidades de Alcalá de Henares (lunes); Torrejón de Ardoz (miércoles); Madrid, barrio de Carabanchel (jueves); Coslada y San Fernando de Henares (viernes); Madrid, barrio de Orcasitas y Getafe (sábado); y Madrid, barrio de Santa María (domingo).

En este mercadillo existía un puesto de venta de aceites y aceitunas, regentado por Cornelio Pablo , con licencia fiscal y municipal de Alcorcón, en el que además de otros aceites se vendía aceite en garrafas sin etiqueta, procedente de R.A.E.L.C.A. Además en gran parte de los puestos del mercadillo se vendía junto con otros productos aceite en garrafas de 5 litros sin etiqueta.

También existían personas que vendían de forma ambulante, por la calle estas garrafas de aceite, como Santiago Gabriel , que hacía el reparto de garrafas compatible con su trabajo, como cobrador de autobuses.

Ninguna venta ambulante, ni en mercadillo consta que fuese detectada por personal del Ayuntamiento, de aceite en garrafas, sin etiqueta, no incoándose ningún expediente sancionador.

Tampoco consta que realizase ninguna visita o inspección a la empresa RAELCA, cuya la licencia municipal de apertura solicitada como se ha mencionado en 1979, no fue resuelta hasta 1982, cuando pasados estos hechos fue denegada. Esta empresa si abonaba las tasas correspondientes a impuesto de radicación y otras tasas municipales.

En el Ayuntamiento de Valladolid, Ramon Victorino , mayor de edad, sin antecedentes penales, desempeñaba el cargo de Concejal Delegado de Sanidad e Higiene y Asistencia Social, desde las primeras elecciones locales de mayo de 1979, con dedicación a tiempo parcial, compatible con su trabajo como médico, además formaba parte de la comisión de información sobre abastos. El cargo de concejal delegado de Mercados y Matadero lo desempeñaba Baldomero Urbano , ya fallecido, y el de Alcalde Amadeo Pio .

En esa localidad existía un local, utilizado como almacén de aceite, en la calle Avutarda nº 14, del Barrio de Los Pajarillos, del que era arrendatario Celso Victoriano , que se surtía, además de con otros aceites de girasol o semillas, con aceite de colza desnaturalizado en R.A.E.L.C.A., procedente de R.A.P.S.A., almacén que carecía de licencia de apertura, y desde donde era distribuido a vendedores ambulantes, que en furgonetas lo vendían por la ciudad y hasta por otras provincias. Celso Victoriano , ayudado ocasionalmente por otras personas, recorría con una furgoneta, cargada de garrafas, anunciándose con un altavoz, las calles de Valladolid, especialmente, por ese barrio, como los pueblos de esa provincia y de León o Palencia. Disponía de licencia fiscal. En las ciudades de Palencia y de León, aunque las visitó, fue detectado por miembros e la policía municipal, quienes le hicieron saber la prohibición de venta en esas localidades, cesando en su actividad. Concretamente en Palencia el día 5 de marzo de 1981, mientras Celso Victoriano se había ausentado para cobrar unas deudas, miembros de la policía municipal sorprendieron a Cecilio Valeriano , que ese día le estaba ayudando, vendiendo en la calle garrafas de 5 litros sin etiqueta de aceite que anunciaba como de oliva, y avisaron a funcionarios de la Dirección General de Información e Inspección comercial del Ministerio de Comercio y Turismo, quienes levantaron un acta incautando la mercancía. Incoado el oportuno expediente se procedió al análisis del aceite, que resulto ser aceite de semillas, soja en casi su totalidad.

En los pueblos de esas provincias eran numerosos los vendedores ambulantes de aceite en garrafas sin etiquetas.

Ninguna venta ambulante, ni en mercadillo fue detectada por personal del Ayuntamiento, de aceite a granel, ni en garrafas, no incoándose ningún expediente sancionador, tampoco consta que conociese la existencia y funcionamiento del almacén de Celso Victoriano .

No hay constancia de que en esa época el Ayuntamiento concediese licencia alguna para venta ambulante, que no se permitía de productos alimenticios. El Reglamento regulador de la venta en la vía pública fue aprobado en la sesión del Pleno del día 17 de octubre de 1980, publicándose en el Boletín oficial de la provincia el día 31 de agosto de 1981, pues el Gobierno Civil no lo aprobó hasta que no se adoptó un acuerdo sobre determinación del perímetro urbano.

En la localidad de Mozoncillo, Segovia, miembros de la Guardia Civil detectaron el 17 se septiembre de 1980, que el vendedor ambulante Camilo Gabriel , se encontraba con la furgoneta X-....-XC , de su propiedad, vendiendo en la plaza Mayor, aceite en garrafas de 5 litros sin marca, ni etiqueta, mercancía que le fue incautada y que procedía de R.A.E.L.C.A., incoándose el correspondiente expediente NUM033 , en la Jefatura Provincial de Comercio Interior de Segovia, en el que analizado el aceite resultó ser aceite de semillas, sin que apareciese tóxico alguno, pero si defecto en el peso, atribuible a la empresa envasadora. El expediente fue resuelto en 1982 acordándose, además de la sanción del vendedor ambulante remitir copias para la incoacción de expediente a R.A.E.L.C.A.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO- El examen de los hechos, que finalmente conduce a la exposición de los que el Tribunal estima probados, se apoya en los que aparecen en el Auto de apertura del juicio oral, dictado por el Instructor, el 27 de agosto de 1994. Así, si bien es cierto que en la anterior exposición aparecen algunos hechos no incluidos en ese Auto del Instructor, esto se debe a que o bien están íntimamente ligados a otros que si lo están, pues no puede dejar de tenerse en consideración que el carácter imprudente de los delitos objeto de acusación, impone por su naturaleza, que las conductas se contemplen con una cierta amplitud, o bien han sido aportados por las defensas en su descargo, como base de contraindicios de su responsabilidad.

En este sentido el Tribunal se ratifica en el acuerdo que se tomó en la sesión del día 10 de octubre, que figura íntegramente en el antecedente de hecho Tercero de esta resolución. En ese Acuerdo se desechó la petición de nulidad planteada por las defensas, al considerar que no cabía estimar la indefensión que alegaban, derivada de que el Auto que acordaba la transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, no expresaba las imputaciones, y se entendió que, además, en el actual estado de la causa tales defectos habían de entenderse posteriormente subsanados, con el auto que acordaba la apertura del juicio oral, que especificaba las personas y los hechos por los que finalmente acordaba la apertura. En ese mismo acuerdo, a continuación se desechó la violación del derecho a la tutela judicial efectiva, alegada por las acusaciones, que pretendían que el objeto del juicio se ampliase a otros hechos, no incluidos en el Auto de apertura, pero si en sus escritos de calificación provisional, entendiendo el Tribunal que el Auto de apertura del juicio oral delimitaba el contenido de este juicio, excluyendo a los hechos en que acordaba implícitamente el sobreseimiento libre, por expresar que no eran delictivos.

Si ahora se entendiese que el Auto de apertura del juicio no produjo limitación alguna respecto al contenido objetivo del proceso, se origina indefensión para los acusados, que dirigieron sus escritos de defensa a oponerse a aquellas imputaciones fácticas, de las formuladas por las acusaciones particulares, que, según los fundamentos del auto de 27 de agosto de 1.994, tenían relevancia penal, entendiendo insubsistentes aquéllas que en los "Fundamentos" del auto se estimaban carentes de entidad penal.

SEGUNDO- Respecto al análisis de la prueba practicada hay que comenzar por distinguir, dentro de los hechos declarados probados, los que figuraron como tales en la Sentencia dictada en el sumario 129/81, que guardan relación con el objeto de este juicio, del resto de los hechos probados.

En relación a los primeros, esa Sentencia ha sido leída en el acto de este juicio, dentro de la prueba documental, lo que se estima suficiente a efectos de prueba en esta causa, porque lo que fue estimado probado en el curso de aquel proceso, no podía ni debía ser nuevamente puesto en tela de juicio, teniendo que reiterar las pruebas relativas al comportamiento de los industriales aceiteros, pues, como ya se señaló en el Auto de 29 de mayo de 1995, ninguna de las partes cuestiona, ni tampoco cabria que por esta vía lo hiciese, por ser contrario a los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, el contenido de la Sentencia firme dictada en el Sumario 129/81. Ello es así porque a estos acusados no se les atribuye la misma acción que a los ya condenados, ni estar de acuerdo con aquellos, (como, por el contrario, ocurre en el caso de acusados en rebeldía, juzgados por separado), sino que, en este proceso, se trata de determinar si procede o no atribuir a culpa o negligencia de los acusados, el que las personas enjuiciadas y condenadas en el Sumario 129/81 de la Sección Segunda de esta Audiencia, hayan podido realizar su comportamiento criminal, que no se discute, es decir si a estos funcionarios, hoy acusados, les es jurídicamente atribuible, el resultado de aquel delito, conocido por el nombre de Síndrome Tóxico, que afectó a múltiples personas del territorio nacional, y que se estimó probado en aquella Sentencia.

En relación al resto de los hechos:

A-Se han estimado probados los hechos contenidos en el apartado 3º, por los documentos que constan relativos a la solicitud de LICSA (pieza 1 a, folio 724 de esta causa), contestación de la Administración (pieza 1 b folio 962 de esta causa), solicitud de RAPSA (folio 9904, tomo 36 del Sumario 129/81), contestación (folio 4030 tomo 15 Sumario 129/81). No consta el informe, de la petición de la empresa LICSA, realizado por el Laboratorio Central de aduanas, dirigido por el acusado Luis Alfredo , en el año 1973, sobre el empleo de la anilina como desnaturalizante, pero de lo que se hizo constar en la respuesta que remitió el Subdirector General de Coordinación y Asuntos Internacionales, con fecha 14 de abril de 1973, se desprende el contenido de ese informe en relación con la empresa LICSA, cuya realidad reconoce el propio acusado. La existencia de ese informe parece haber sido la causa de que la posterior instancia de RAPSA ya no fuese sometida a informe del Laboratorio. Aunque es cierto que en la respuesta que la Dirección de Aduanas a la empresa RAPSA, se hace referencia en plural a "informes emitidos por el Laboratorio Central", de ello no puede deducirse que respecto a esta empresa también se hubiese informado, como pretenden algunas de las acusaciones, pues no solo ese informe no ha podido ser localizado, lo que ciertamente también ocurrió con el otro, sino que no existe ningún antecedente en los registros de que se haya recabado, y tanto el acusado Luis Alfredo , como los testigos Isidoro Victorio y Ambrosio Eulogio , han negado su existencia, lo que coincide con los informes que se pidieron a la Dirección General de Aduanas. Los boletines de análisis del Laboratorio, constan en la pieza 1 a folios 621 y ss, y su existencia ha sido reconocida por el propio acusado. De la realización de estos análisis se desprende que se conocía a lo largo de esos años, que se estaba importando por otras empresas, aceite desnaturalizado con anilina, para usos industriales.

Este extremo se debe entender comprendido en el hecho que se atribuye a Luis Alfredo , pues el Auto de apertura de juicio oral, no solo se refiere al informe sobre la anilina del año 1973, sino que también recoge que "en ningún momento posterior fue criterio alterado por dicho acusado.."

Su intervención en la averiguación del origen del Síndrome tóxico, como elemento aportado por su defensa para su descargo, se desprende de las manifestaciones del propio acusado y del testigo Don Marino Ovidio .

La necesidad de que el aceite de colza se desnaturalice viene impuesta por la circular nº 646 de 25 de abril de 1970, de la Dir. Gral Aduanas, para incluirla en una determinada partida arancelaria, sin establecer las características o requisitos del desnaturalizante.

B-En relación a los hechos contenidos en el apartado 4º, las importaciones de aceite de colza desnaturalizado, para usos industriales, se encontraban en régimen de comercio liberalizado, en virtud de lo dispuesto en la Relación de la Dirección General de Comercio Exterior de 30 de marzo de 1960, en desarrollo del artículo 1º del D.L. de Ordenación Económica 19/1959 , publicada en el B.O.E. de 30 de julio de 1960, en la que se hace público que quedan incorporadas al régimen de libre importación las mercancías que figuran el esa relación, complementaria de otra anterior publicada en el B.O.E de 30 de julio de 1959, apareciendo los "aceites vegetales para uso industrial, concretos, secantes y técnicos". El aceite de colza para uso industrial es un aceite vegetal, por lo que debe estimarse incluido en este régimen.

Constan en las actuaciones los oficios que se dirigen desde la Dirección General de Comercio Interior a los Servicios de Comercio del Gobierno Vasco, a través de la Subdirección General de Comercio Interior, así como el acta de la inspección realizada en la empresa RAPSA por Tomas Domingo , que como testigo la ha ratificado, y los escritos que se dirigen desde aquella Dirección General, a través de la sección de productos vegetales al Director General de Política Arancelaria, (tomo 7 folio 2416, 2400 y ss de esta causa). De esta documentación unida a las declaraciones del acusado Francisco Leopoldo y de los testigos, especialmente Segismundo Olegario , se desprende como si existió preocupación en este acusado, al detectar un aumento en las importaciones de aceite de colza desnaturalizado para usos industriales, y como temió un desvio al consumo humano, lo que dio lugar a que ordenase inspeccionar la empresa RAPSA y otra empresa, a mediados de 1980, antes de que conste que se haya producido ningún desvío.

En los folios 678 y ss de la pieza 1 a, consta los impresos relativos a las licencias de importación de la empresa RAPSA, en los que se pueden comprobar los extremos que se indicaban y el tipo de impresos que se utilizaban. Así aunque el régimen de comercio liberalizado implicaba que no era necesario obtener en puridad una licencia de importación, sino que bastaba con una declaración de importación, se utilizaban los impresos de color gris, que se empleaban en las solicitudes de licencia de importación para mercancías sometidas a regímenes distintos del liberalizado, concretamente el impreso relativo a "solicitud de licencia de importación para comercio no liberado ni globalizado". La utilización de estos impresos no podía modificar el régimen establecido legalmente, y debe aceptarse como posible la explicación que desde sus primeras declaraciones ha venido manteniendo el acusado Valeriano Jacinto , que afirma que ello se hacía con la finalidad de evitar que se diese un tratamiento mecanizado a la instancia, que hiciese posible que por error se aceptasen aceites sin desnaturalizar, sometidos al comercio de estado, lo que parece confirmarse por el informe del Ministerio de Economía y Comercio, que figura en la pieza 1ª de las Diligencias, folio 501 y ss. y con el recabado mas recientemente, que figura en el folio 220 de la pieza separada de documentación.

Por otro lado Valeriano Jacinto ha manifestado los datos que consideraba imprescindibles que se hiciesen constar en esos impresos y sus motivos, reconociendo la autenticidad de su firma autorizando el despacho de la documentación, también ha declarado el contenido de la entrevista con Cayetano Onesimo , en diciembre de 1980, y las explicaciones que este le dio para justificar el aumento de las importaciones, no sospechando que estaba tratando de ocultar el desvío. Del contenido de esa entrevista no existe mas versión que la del propio Valeriano Jacinto , al haber sido renunciado como testigo Cayetano Onesimo , después de haber sido admitido, y nada hace dudar de la veracidad de sus manifestaciones sobre las explicaciones que le ofrecieron para justificar el aumento de las importaciones.

Los datos sobre el consumo anual de aceites y grasas no minerales se encuentra en el folio 266 de la pieza de documentación abierta en este rollo.

C-En relación a los hechos contenidos en el apartado 5º, el Servicio de Defensa contra Fraudes, Ensayos y Análisis Agrícolas había sido creado por la ley de 10 de marzo de 1941, para reprimir los fraudes cometidos en la producción y comercio agrícola y en las materias y elementos necesarios para la agricultura. El Decreto de organización del Ministerio de Agricultura de 1971 y 73, atribuye las competencias de ese servicio a la Dirección general de Industrias agrarias y mercados en origen de productos agrarios. Constan documentalmente las inspecciones realizadas por personal de este servicio a RAELCA y a OLEÍCOLA TOLEDANA, y además de las manifestaciones que en ese sentido realiza la testigo, Begoña Salvadora , inspectora del Servicio contra Fraudes, y del propio acusado Florentino Urbano , se desprende como no comprobaban en el curso de esas inspecciones mas que el cumplimiento de las disposiciones del Ministerio de Agricultura, en especial lo relativo a las mezclas de aceite,- para lo cual se tomaban muestras ie las mercancías que posteriormente se analizaban, pero naaa solicitaban para comprobar otros extremos, como la existencia del Registro Sanitario o de Licencia Municipal de apertura.

D-En relación a los hechos contenidos en el apartado 6º, constan las actas de la inspección que se realiza en Raelca los días 11 y 12 de junio de 1981, folios 313 y ss de la pieza separada de prueba documental, abierta en esta Sala, con la inmovilización de la mercancía y clausura temporal del local, y tanto el acusado Jon Urbano , como Arturo Elias , en este caso como testigo, han declarado sobre el contenido de las reuniones que mantuvieron después de esta inspección. Los análisis de Contar, con las inscripciones manuscritas, figuran en la pieza separada de documentación de RAELCA, S.A.

E-En relación al contenido de los apartados 7º, 8º y 9º se ha oído la declaración de los acusados Victorino Felicisimo y Ramon Victorino , sobre la forma en que desempeñaban su cargo de concejales, ambos de sanidad, teniendo que hacerlo compatible con su trabajo, y los medios con que contaban, y así mismo han prestado declaración como testigos vendedores en mercadillos, Cornelio Pablo , y ambulantes, Santiago Gabriel , Celso Victoriano , Cecilio Valeriano , de Alcorcón y Valladolid, constando además la documentación relativa a las licencias municipales y a los expedientes que se incoaron. En los folios 2465 y ss. consta el expediente seguido con motivo de la aprehensión del aceite al vendedor ambulante Camilo Gabriel , en Mozoncillo, Segovia.

La orden del Ministerio de Comercio de 24 de julio de 1974, publicada en el B.O.E. de 12 de agosto de 1974, establece que "queda confirmada la prohibición de la venta ambulante y domiciliaria de toda clase de aceites comestibles, autorizándose como única excepción los repartos a domicilio por los detallistas, siempre que se trate de aceites envasados bajo marca registrada y con el obligado precinto. Por la Dirección General de Información e Inspección Comercial será perseguida y sancionada, con arreglo a la legislación aplicable, cualquier actividad que se desarrolle en contra de lo establecido en la presente Orden". En este segundo aspecto, prohibiendo la venta a granel, vuelven a insistir los Reales Decretos, 2993/1978 de 1 de diciembre y 2705/1979 de 18 de noviembre (BOE 20-12-73, 30-11-79), reguladores de las campañas olivareras 1978/79 y 1979/80, al establecer respectivamente en los art. 21 y 24 que "la venta al publico de todos los aceites comestibles se realizara en régimen de envasado, con precinto y bajo marca registrada", la vigencia del segundo de ellos se amplió para la campaña 1980/81, por el Real Decreto 2354/1980 de 4 de noviembre (LA LEY 2164/1980), BOE. 5-11-80.

TERCERO- La mayoría de las acusaciones particulares califican los hechos como constitutivos de un delito de imprudencia temeraria profesional del art. 565 .."el que por imprudencia temeraria ejecutare un hecho que, si mediare dolo (o malicia, en la redacción entonces en vigor), constituiría delito...", puesto en relación con el art. 420 de las lesiones y 407 del homicidio, y con aplicación del párrafo segundo de la redacción actual, o del párrafo quinto de la redacción en vigor cuando ocurrieron los hechos "cuando se produjere muerte o lesiones... a consecuencia de impericia o negligencia profesional..."

En este sentido hay que señalar que, aunque la antigua jurisprudencia había llegado a admitir que era posible la participación imprudente en delito doloso y en consecuencia la condena del imprudente como autor doloso, ( S. TS. de 30-5-1890 ), ello ha sido ya ampliamente superado siendo prácticamente unánime la tesis que entiende que todo participe en delito doloso ha de realizarlo dolosamente, y si existe una conducta imprudente que facilita la realización de un hecho doloso, podrá existir participación causal en el hecho pero no en el delito doloso, así quien realiza el hecho culposo podrá ser autor del correspondiente delito de imprudencia pero nunca deberá reputarse coautor del doloso, que ha contribuido causalmente a realizar. Esta tesis es la que siguen las acusaciones al plantear sus calificaciones como delito de imprudencia, excluyendo las calificaciones dolosas por las que ya fueron condenados en su día otras personas en el Sumario 129/81.

Así pues, la existencia de una condena firme por un delito doloso de otras personas, no es obstáculo para examinar si este delito y su resultado se produce por la negligencia de otras, cuya actuación pueda ser constitutiva de un delito de imprudencia, debiendo examinarse los requisitos generales de este tipo de delitos.

Frente a la posición tradicional que concebía el dolo y la culpa como formas de culpabilidad o como la culpabilidad misma, considerando que era una cuestión valorativa pero no dogmática, la que obligaba a hacer la distinción, actualmente, partiendo de una concepción finalista y no causal de la acción, se considera como en el delito culposo existen ya particularidades notables en el tipo de injusto, y es dentro del elemento del delito de la acción donde debe examinarse la voluntariedad del sujeto, y estimarse la existencia del dolo o de la culpa.

El Código Penal, aún vigente, no define la imprudencia y se refiere a ella configurándola como un tipo abierto, de tal manera que inicialmente todas la infracciones podrían existir a titulo culposo, sin embargo la propia naturaleza de algunos delitos, definidos de modo que son necesarios determinados elementos subjetivos, impide que puedan realizarse de forma no intencional, existiendo también otros casos en que la propia ley ha previsto expresamente la comisión culposa. El nuevo Código Penal de 23 de noviembre de 1995 (LA LEY 3996/1995), que entrara próximamente en vigor, no sigue esta configuración de la imprudencia, pues expresamente establece en el art. 12 que las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigaran cuando expresamente lo disponga la ley. Dentro de las expresamente contempladas en este nuevo texto legal se encuentran las imprudencias graves y leves que causen la muerte de una persona o lesiones.

La acción típica en los delitos de imprudencia no está determinada con precisión en la ley, salvo en los supuestos especiales antes mencionados de existencia de tipos específicos, y ello es así por imperativo de la propia multiplicidad de comportamientos posibles. Para poder determinar que forma de actuar merece la calificación de imprudente hay que acudir al concepto de deber objetivo de cuidado, y valorar la divergencia entre la acción realmente realizada y la que debería haberlo sido, en virtud del deber de cuidado que, objetivamente, era necesario observar. Aunque no sin algunas discrepancias, se tiendo a considerar que para que el mismo se entienda infringido, es necesario que concurran dos elementos, la infracción de normas de cuidado y la previsibilidad del resultado.

El concepto de cuidado es un concepto objetivo y normativo, objetivo en cuanto que hay que atender con carácter general al cuidado que exige ese tipo de comportamiento, prescindiendo aquí del concreto autor, y normativo en cuanto que hay que comparar la conducta que hubiera seguido un hombre razonable y prudente en la situación del autor y la observada por este realmente. Para realizar esta comparación hay que tener en cuenta un elemento intelectual, según el cual es necesaria la consideración de todas las consecuencias de la acción, que conforme a un juicio razonable eran de previsible producción, y otro valorativo, según el cual sólo es contraria al cuidado aquella acción que queda por debajo de la medida adecuada socialmente. En este juicio deben tenerse en cuenta los conocimientos y facultades del sujeto, así como las circunstancias en las que actuó, pudiendo distinguirse entre imprudencia consciente e imprudencia inconsciente, según que el sujeto haya previsto o no el resultado.

Cuando este deber de cuidado resulte lesionado por la acción concreta realizada se habrá producido la acción típica, si, por el contrario, la acción realizada no ha infringido ese cuidado no será típica.

La existencia de la acción imprudente no es por si suficiente para que exista una sanción penal sino que es preciso además que se produzca el resultado prohibido. El principio de intervención minima del derecho penal hace que solo los comportamientos negligentes que causan un resultado lesivo sean merecedores de sanción penal. Este resultado para ser imputado al autor de la acción imprudente debe estar causalmente conectado a su acción y ser la consecuencia lógica del peligro inherente o creado por la acción misma. Los problemas de la relación de causalidad en el delito imprudente son teóricamente los mismos de los del delito doloso de resultado.

Para resolver estos problemas, la doctrina y la jurisprudencia ha ido elaborando diversas teorías:

En un principio surge la teoría de la equivalencia de las condicionas, para la cual es causa toda condición de un resultado concreto que, suprimida mentalmente, daria lugar a que ese resultado no se produjese, así para esta teoría todas las condiciones del resultado son equivalentes.

Ante la insuficiencia de ese criterio para llegar a una autentica imputación con criterios jurídicos, surge la teoría de la causalidad adecuada, conforme a la cual no toda condición del resultado concreto es causa en sentido jurídico, sino sólo aquella que generalmente es adecuada para producir el resultado, esto es aquella que es previsible objetivamente.

Actualmente también se tiende a considerar insuficiente esta teoría de la causalidad adecuada, y tanto la doctrina como la jurisprudencia actual, tratando de que la causalidad natural sea limitada con criterios jurídicos, acuden a la denominada teoría de la causa jurídicamente relevante o de la imputación objetiva, que es fruto de limitar la teoría de la causalidad adecuada completándola con criterios de previsibilidad objetiva y de diligencia debida, aunque hay que reconocer que ello no soluciona todos los problemas que la relación de causalidad plantea, sobre todo desde la óptica del delito imprudente, que traslada estos requisitos, diligencia debida y previsibilidad, al propio comportamiento típico, confundiéndose en ocasiones ambos aspectos. La orientación mas reciente, dentro de la teoría de la imputación objetiva, acude a conceptos como el de incremento del riesgo y el del fin de protección de la norma. Conforme al primero se requiere además, para imputar al autor el resultado, la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado que se realice en el resultado, esto es que apareciese claramente establecido que con su actuar indebido, se aumentaron sensiblemente las posibilidades normales de producir aquél. Conforme al segundo se exige, no solo un aumento del riesgo, sino también que el resultado se produzca dentro del ámbito de protección de la norma que se incumple, de modo que si el resultado lesivo no era el que protegía la norma, no seria imputable objetivamente al autor.

A modo de conclusión hay que señalar que deberá negarse la imputación objetiva de un resultado cuando, pese a haber sido causado por una conducta que creó un riesgo jurídicamente desaprobado, no supone la realización de este riesgo, sino de otro factor que no podía tenerse en cuenta ex ante, esto es en ese momento, y que no pudo, por tanto, influir en la afirmación del riesgo. Así un resultado quedará fuera del ámbito de protección de la norma de prudencia vulnerada:

A-Cuando, pese al riesgo creado, no era previsible el concreto resultado causado.

B-Cuando el resultado nada tenga que ver con la imprudencia cometida.

C-Cuando el resultado se haya causado por la conducta imprudente, pero se hubiera causado igual con otra conducta no imprudente.

En la sociedad actual existen gran número de conductas que pese a su peligro son permitidas en base a su utilidad social, el trafico, la industria, la medicina.. La configuración de un Estado intervencionista hace que cada vez exista un ámbito mayor de actuación de la Administración, que determina que esta intervenga en todas estas actividades y además que, en general sea la responsable última del cumplimiento de la normativa vigente, es decir, no sólo ha de cumplir sino que también ha de hacer cumplir, y de no hacerlo cabe que incurra en responsabilidad, incluso penal, pero teniendo en cuenta que existen aspectos de la normativa administrativa aplicable que no están dirigidos a evitar riesgos, sino a la buena organización de la Administración o a obtener ingresos, la infracción de estas medidas o su no exigencia por parte de la Administración, a las que desde la perspectiva del derecho penal podemos atribuir carácter formal, no pueden dar lugar a responsabilidad penal, pues el resultado lesivo no sería el que protege la norma infringida.

El C.P., en la redacción actualmente en vigor, establece dos clases de imprudencia en relación a la intensidad del deber de cuidado infringido: la imprudencia temeraria, en la que se omite el cuidado exigible a la persona menos cuidadosa, las mas elementales normas de cuidado y atención, y la imprudencia simple en la que la norma de cuidado es de tipo medio. La L.O. de 21 de Junio de 1989 modifico la redacción del art. 565 , manteniendo la tradicional distinción entre la imprudencia temeraria y la simple, pero mientras que en la legislación anterior la imprudencia simple con infracción de reglamentos se consideraba delito, tras la reforma solo considera como constitutiva de delito la temeraria, mientras que la simple con infracción de reglamentos o sin ella, la considera como falta, en el art. 586 bis, contra las personas, y en el art. 600, contra la propiedad siempre en este último caso que haya infracción de reglamentos. El nuevo Código Penal , de próxima entrada en vigor, distingue entre: A) la imprudencia grave que causare muerte, art. 142, o determinadas lesiones, art. 152, constitutiva de delito; y B) la imprudencia grave que causare lesiones de menor gravedad (previstas en el art. 147.2) o la imprudencia leve que causare muerte o que causare lesiones constitutivas de delito, imprudencias estas que define como constitutivas de una falta.

CUARTO- Según la Doctrina del Tribunal Supremo, manifestada, entre otras, en las sentencias de la Sla 2ª de 17 de diciembre de 1.979 , 4 y 26 de febrero , 20 de marzo y 22 de abril de 1.980 , 18 de enero y 13 de marzo de 1.982 , 2 de octubre de 1.984 , 14 de mayo y 13 de diciembre de 1.985 , 27 de febrero de 1.986 , 26 de abril y 8 de mayo de 1.988 , 12 de noviembre y 7 de diciembre de 1.990 , 7 de mayo y 1 de julio de 1.991 , 26 de marzo de 1.994 y 22 de septiembre de 1.995 , en la imprudencia punible deben concurrir los siguientes elementos:

A) Un comportamiento activo u omisivo voluntario, sin intención de provocar el resultado lesivo originado -ausencia de dolo directo- ni aceptación de tal resultado, en el caso de haber sido previsto -ausencia de dolo eventual-.

B) Previsibilidad del peligro originado o del aumento del riesgo ocasionado por el comportamiento del acusado, y falta de permisión social de tal peligro o tal aumento de riesgo. Dicho elemento de previsibilidad se suele calificar en la jurisprudencia de psicológico o subjetivo e implica la posibilidad de conocer las consecuencias lesivas y dañosas del comportamiento del inculpado, y por tanto también las circunstancias concurrentes con tal conducta y los mecanismos que del comportamiento y las circunstancias pueden desencadenar los resultados lesivos; según la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 1.990 , las máximas de experiencia revelaran la asociación entre ciertas conductas y un peligro para personas o bienes.

La previsibilidad de las consecuencias dañosas deberá ponderarse además atendiendo a los conocimientos del que realizó el comportamiento ocasionador de los resultados lesivos, y por tanto, teniendo en cuenta su nivel de inteligencia, sus estudios y preparación académica y su experiencia profesional y vital.

Finalmente, la previsibilidad puede ir o no, acompañada de efectiva previsión del peligro y de los resultados que pueden derivarse del comportamiento del inculpado, dando lugar en el primer caso a la culpa con previsión y en el segundo a la culpa sin previsión. En la culpa con previsión, el resultado lesivo se representa como improbable y el agente confía en que no se producirá, por lo que su voluntad de ninguna manera acepta tal resultado, siendo reprochable en cal caso la ligereza y el exceso de confianza del que actúa. En la culpa sin previsión es reprochable la falta de atención y de cuidado para prever lo que era previsible.

C) La infracción del deber o de las normas objetivas de cuidado, que es lo que se configura como el elemento externo de la infracción punible de imprudencia, determinante de la antijuricidad de la misma.

Las normas objetivas de cuidado pueden estar establecidas en Leyes y Reglamentos, o bien ser normas no escritas, surgidas de los usos sociales seguidos en el desarrollo de ciertas actividades peligrosas, o reglas observadas en la práctica de ciertas profesiones. "Leges artis", o bien, normas de cuidado derivadas de la máxima ético-jurídica que prohíbe causar daño a tercero, "alterum non laedere", y que, como corolario, veda también realizar actos peligrosos que puedan desembocar en daño.

Algunas sentencias del Tribunal Supremo -así, la de 12 de noviembre de 1.990 - distinguen entre el aspecto externo y el interno o subjetivo del deber de cuidado, consistente éste último en la cognoacibilidad o conocimiento del mismo por el agente, y que puede confundirse con el requisito de la previsibilidad o previsión del peligro, mencionado en el apartado B).

D) Producción de unos resultados lesivos o dañosos, que de haber sido dolosamente ocasionados, integrarían delito; y

E) Adecuada relación de causalidad entre el proceder descuidado, desatador del riesgo, y el mal sobrevenido, estimándose que se da el nexo de causalidad cuando el resultado lesivo no se hubiese producido sin la concurrencia de la acción imprudente - teoría de la "condicio sino que non" o de la equivalencia de condiciones-, pero, exigiéndose además, conforme a la moderna teoría de la imputación objetiva, que el mal sobrevenido suponga la conversión o concreción del riego creado por el comportamiento imprudente, y que por tanto se produzca en el ámbito de dicho riesgo, y sea de los resultados lesivos o dañosos que la norma objetiva de cuidado trata de evitar.

Según la doctrina del Tribunal Supremo, manifestada, entre otras, en las sentencias de la Sala 2ª de 26 de febrero de 1.981 , 8 de marzo de 1.982 , 3 de noviembre y 23 de diciembre de 1.985 , 12 de mayo de 1.986 , 22 de abril de 1.987 , 24 de noviembre de 1.989 y 21 de julio de 1.995 , la imprudencia punible se calificará de temeraria, o de simple, en atención a la intensidad, gravedad e importancia de los elementos integrantes de la misma, por lo que en cada caso, para encuadrar el hecho imprudente en uno u otro tipo, deberá ponderarse el nivel de previsibilidad del peligro creado, el grado de superación de los limites permitidos de riesgo, la mayor o menor elementalidad de las normas de cuidado inobservadas, y la mayor o menor importancia de los bienes jurídicos puestos en peligro y efectivamente lesionados por la acción imprudente.

Se ha estimado temeraria la imprudencia por la jurisprudencia cuando el riesgo creado por la acción del inculpado era claramente previsible para éste, atendidos sus conocimientos y circunstancias, y cuando por el se incumplieron normas elementales de cuidado y deberes fundamentales, que hubiese observado incluso un hombre no diligente.

Será simple la imprudencia, según la doctrina del Tribunal Supremo, cuando la previsibilidad del peligro es más débil y cuando los deberes o normas de cuidado incumplidos no tienen un carácter elemental o primario, por lo que no hubiesen sido observados por un hombre imprudente, aunque si por uno diligente.

La imprudencia simple será antireglamentaria, cuando con ella concurra infracción de norma jurídica.

Finalmente, la imprudencia profesional se estima por la jurisprudencia como una modalidad de la temeraria, que concurre cuando el comportamiento del inculpado se desarrolla en el ejercicio de una profesión, y suponga la creación de riesgos no permitidos en la misma, claramente previsibles y evitables, y la infracción de reglas, básicas profesionales, "leges artis".

QUINTO- Algunas acusaciones con relación a ciertos acusados, ponen en conexión el art. 565 con los arts. 346 (LA LEY 3996/1995) y 348 del C.P (LA LEY 3996/1995) ., dentro de los delitos contra la salud pública, o califican los hechos directamente como constitutivos del delito de imprudencia del art. 346 "in fine". En este sentido hay que tener en cuenta que dentro de los delitos contra la salud publica el art. 346 se redactó por la L.O. de 25 de junio de 1983 , con el siguiente texto, añadiendo el párrafo 1º y 3º:

"El productor, distribuidor o comerciante que ofreciere en el mercado productos alimenticios, omitiendo o alterando los requisitos establecidos en las Leyes o reglamentos sobre caducidad o composición y pusiere en peligro la salud de los consumidores, será castigado con la pena de prisión menor y multa...

En la misma pena incurrirá quien, con cualquier mezcla nociva a la salud, alterase las bebidas o comestibles destinados al consumo público, vendiese géneros corrompidos o fabricare o vendiere objetos en cuya composición se hubieren incorporado sustancias o productos de forma tal que resulte su uso nocivo para la salud.

Si dichos casos actas y omisiones se realizaren por negligencia la pena será de arresto mayor y multa..."

Este articulo, por tanto, configura en los párrafos primero y segundo sendos delitos dolosos, de peligro, en los que el bien jurídico protegido es la salud pública, cuya puesta en peligro se exige. En el primero el sujeto ha de ser productor, distribuidor o comerciante, y la conducta consistir en ofrecer en el mercado productos alimenticios omitiendo o alterando los requisitos establecidos en las leyes o reglamentos sobre caducidad o composición, siendo necesario que en todo caso se ponga en peligro la salud de los consumidores. En el segundo la conducta consiste en alterar las bebidas o comestible destinadas al consumo público, con cualquier mezcla nociva a la salud, o en vender géneros corrompidos o fabricar o vender objetos en cuya composición se hubieren incorporado sustancias o productos de forma tal que resulte su uso nocivo para la salud. No se contempla la necesidad de que el sujeto activo tenga determinada cualidad, a diferencia del caso anterior, pero de la conducta que se describe se desprende la necesidad de que se trate de manipuladores de alimentos, vendedores o fabricantes.

En el párrafo tercero se contempla especialmente la forma culposa de este delito de peligro, siendo los sujetos y las conductas las mismas, pero realizadas de forma no intencional, no dolosa.

En el art. 348 se establece un delito contra la salud pública de resultado, "siempre que por consecuencia de cualquiera de los hechos comprendidos en los artículos anteriores resultare muerte..." Así cuando el peligro para la salud pública, descrito en los anteriores preceptos, se materialice en un resultado de muerte habrá que acudir al delito del art. 348, cuya estimación conjunta con el delito de peligro del art. 346 no es posible en cuanto que supone su absorción, salvo en aquellos casos en que puedan distinguirse diferentes conductas, materializando unas la puesta en peligro de la salud y otras su lesión.

Los funcionarios públicos enjuiciados no tienen el carácter de comerciante, productor, distribuidor, manipulador, fabricante o vendedor, que esos tipos exigen. La conducta que se les imputa no es la que estos preceptos contemplan, ni tampoco se les atribuye que actuaron puestos de acuerdo o como inductores o cooperadores de los industriales o comerciantes del aceite tóxico. Por ello la aplicación de los tipos específicos de los arts. 346 y 348 no cabe en este caso. Además debe tenerse en cuenta y en relación al párrafo 1º y 3º del art. 346 del C.P (LA LEY 3996/1995) . que su actual redacción es posterior a estos hechos, y en gran parte debida precisamente a los mismos, no siendo posible su aplicación retroactiva, pese a lo manifestado por alguna de las acusaciones, pues no resultaría mas beneficiosa para el reo, el pretender por la vía de acudir a un delito de peligro, salvar la imposibilidad de atribuir el resultado final al riesgo creado por un acusado. En ese caso la conducta deberá reputarse impune, sin poder acudir a una aplicación retroactiva de la ley penal, por imperativo del principio de legalidad y de irretroactividad de las leyes penales desfavorables, de rango constitucional.

Partiendo de lo antes expuesto, que no cabe acudir al delito de peligro negligente del art. 346, ni al de resultado del art. 348 del C.P (LA LEY 3996/1995) ., debe examinarse si los hechos declarados probados pueden ser constitutivos, respecto a todos o a alguno de los acusados, de un delito de imprudencia del art. 565, con resultado de muerte , art. 407, o de lesiones , art. 420 todos del C.P (LA LEY 3996/1995) ., o en su caso de una falta de la misma naturaleza.

SEXTO- Cuando un resultado lesivo para un bien jurídico viene determinado causalmente por la intervención de varias conductas imprudentes, como aquí se atribuye por las acusaciones, debe plantearse la cuestión de si nos encontramos ante diferentes hechos delictivos, imputables cada uno de ellos a uno de los autores, o si se trata de un supuesto de coautoría, en el que existe un solo hecho delictivo, con varios coautores. Así en materia de coparticipación en los delitos culposos se distingue entre las denominadas culpas plurales coeficientes, y la propia coautoria, en el primer caso hay coincidencia de comportamientos imprudentes, procedentes de diversos sujetos que confluyen en la producción del resultado, sin que exista entre ellos acuerdo en la infracción de la norma objetiva de cuidado. La coautoría se produciría en los supuestos en que varios sujetos mantuvieron un acuerdo de voluntades en relación a la infracción, olvido o menosprecio de la norma de cuidado, realizando conductas conjuntamente y ocasionándose como consecuencia de todas ellas el resultado dañoso.

En esta caso, pese a que algunas de las acusaciones mantienen la existencia de un único delito de imprudencia con varios coautores, ello no puede admitirse, y el examen de las conductas de los acusados debe realizarse partiendo de que no se trata de una coautoria, pues ningún acuerdo ni relación existió entre ellos, sus comportamientos fueron dispares y distintos los deberes de cuidado cuya infracción se les atribuye, por lo que nos encontramos examinando las denominadas culpas plurales coeficientes.

Sentado lo anterior se hace preciso entrar a examinar una por una las conductas de los acusados a fin de determinar, si con su comportamiento infringieron los deberes objetivos de cuidado, es decir si quebrantaron las normas de cuidado exigibles, en la realización de una acción, cuyo resultado dañoso era previsible, y si este resultado les es jurídicamente atribuible, imputable objetivamente, en función del incremento del riesgo que su acción provocó, dentro del ámbito de protección de la norma que infringieron.

SÉPTIMO- Respecto al acusado Francisco Leopoldo :

Incluso antes de iniciarse el desvió al consumo humano, ya existió un considerable aumento de las importaciones del aceite de colza, y no solo por parte de la empresa RAPSA sino también por parte de otras, que no paso desapercibido para el acusado Francisco Leopoldo , desde su cargo de Director General de Comercio Interior y Comisario General de Abastecimientos, que actuó con la máxima prudencia ordenando que por los servicios competentes del Gobierno Vasco, se inspeccionase tanto esta empresa como CHEMSA, todo esto a mediados de 1980. Aunque alguna de las acusaciones tacha esta inspección de RAPSA insuficiente, lo cierto es que si bien no respecto a la partida mencionada de 68.000 k., que se dice que no había sido aún recibida, pero si respecto a las anteriores el inspector que la realizó llevó a cabo una comprobación de clientes, sin detectar que ninguna empresa fuese de aceites comestibles, lo que era posible, pues aún no había comenzado el desvío.

Ni hasta ese momento ni con posterioridad se percibe en Francisco Leopoldo infracción alguna de los deberes de cuidado propios del ejercicio de sus funciones, su preocupación por el desvío del aceite continuó poniéndola de manifiesto al hacer constar la necesidad de comprobar la desnaturalización y conocer las necesidades de la industria, e hizo llegar siempre todas las denuncias, que desde las asociaciones de envasadores de aceite le remitían, a los organismos competentes. Ese acusado, aunque conociese por las licencias, que el desnaturalizante que se hacía constar era la anilina, no tenia conocimientos técnicos, ni preparación, ni podía tenerla por la cualificación que le correspondía, para sospechar que ese desnaturalizante no fuese apto para impedir el desvío, o que fuese un riesgo en si mismo por su toxicidad. No cabe basar su negligencia, como pretenden alguna de las acusaciones, en que si se hubiese reiterado la necesidad de practicar otra inspección, a finales de 1980, se hubiese podido detectar la llegada de las cisternas que se dirigieron al consumo humano, pues ese hecho, de estimarse que no excedía de los deberes de cuidado que le eran exigibles, no pudo preverlo.

Al no estimarse infracción alguna de los deberes de cuidado ningún resultado cabe examinar si le puede resultar atribuible.

OCTAVO- Respecto al acusado Valeriano Jacinto :

En relación a este acusado debe examinarse si infringió algún deber objetivo de cuidado al autorizar con su firma las solicitudes de importación de RAPSA, o si debió darse cuenta del desvío al consumo humano del aceite de colza y en consecuencia evitarlo. Dado el carácter liberalizado de la mercancía que no podía verse alterado por la presentación de uno u otro impreso, hay que aceptar que las menciones de consumo anual y adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones, que no es que no apareciesen en los apartados 40 y 41, sino que no son correctas, no eran indispensables para la aceptación de la importación. Las manifestaciones de este acusado relativas a los motivos por los que no consideraba exigible que estos apartados se rellenasen tienen su apoyo en el régimen al que la mercancía estaba sometida y no existe disposición interna que imponga otra cosa, por lo que su conducta, en cuando a estos extremos, no puede reputarse que infringiese deber alguno objetivo de cuidado, aunque si sea una manifestación, y no la única que a lo largo de la causa se constata, de la falta de coordinación con la que funcionaba la Administración.

En cuanto a la detección del aumento en las importaciones y su preocupación por el desvío, hay que destacar que su departamento fue receptor de las inquietudes manifestadas por Francisco Leopoldo , lo que parece que motivó que en el mes de diciembre de 1980, se llamase a Cayetano Onesimo , quien acompañado de Onesimo Sergio , tuvo una entrevista con Valeriano Jacinto . Aunque este acusado haya sido engañado en las explicaciones dadas por el gerente de RAPSA, no parece que en ese momento tuviese motivos para sospechar del pretendido desvío al consumo humano, pues aunque no resultaron ser ciertas las explicaciones que le dieron sobre la ampliación de la clientela o el abaratamiento de costes o la dificultad, por limitarse las capturas, de obtener aceite de cachalote y su sustitución por el de colza en la industria, debe aceptarse que entonces pudieron parecer verosímiles y que así lo hubiese podido estimar cualquier otra persona. Como factor o elemento de sospecha no pudo tener en cuenta que se hiciesen importaciones de aceite de colza refinado, pues no aparece que estas partidas hayan sido de RAPSA, quien por el contrario importaba el aceite bruto desnaturalizado, y debe tenerse presente que es en ese momento finales de 1980, cuando se produce el desvío de las primeras partidas, con lo que el aumento hasta entonces observado no se debía aún a estas maquinaciones criminales.

En los meses posteriores hasta el descubrimiento del origen del síndrome toxico, este acusado sigue aceptando con su firma que se despache la importación del aceite de colza, pero con sus conocimientos, al constatar que la mercancía estaba desnaturalizada, lo que la inhabilitaba para el consumo humano, y que expresamente se hacía constar el destino industrial, no tenía motivos suficientes para sospechar que se estaba desviando al consumo, ni mucho menos que ello podía producir una intoxicación masiva.

Por todo ello no cabe estimar que este acusado haya incurrido en responsabilidad penal.

NOVENO- Respecto al acusado Florentino Urbano :

Las inspecciones del personal del Servicio de Defensa contra Fraudes, ensayos y análisis agrícolas, integrado en la Dirección General de Industrias Agrarias y Mercados de origen, del Ministerio de Agricultura, se dirigían a detectar fraudes en las mezclas de aceite, por lo que básicamente se limitaban a tomar muestras de las mercancías, para analizarlas, sin comprobar otros extremos de las industrias, que no afectaban directamente al Ministerio de Agricultura, como la existencia de registro sanitario o de licencia municipal de apertura. Esta forma de actuar no venía determinada por instrucción alguna del acusado Florentino Urbano , quien cuando se inspeccionó RAELCA, el día 17 de septiembre de 1980, aún no era Jefe del Servicio, aunque si era Jefe de Sección de ese mismo Servicio, sino que parece ser que era la forma general de actuar dentro de este Ministerio, ante la falta de disposición alguna interna que estableciese otra cosa. Ese comportamiento no puede calificarse como una infracción clara del deber de cuidado ya que sus inspectores no tenían la obligación de realizar otras comprobaciones, pero hay que destacar que trasluce una falta de coordinación dentro de los servicios de la Administración, pues aunque la misión de esa inspección evidentemente no sea comprobar un registro sanitario, parece razonable considerar que si se detecta su falta en el curso de la misma, hubiesen debido comunicarlo al organismo competente.

Pese a ello también hay que destacar que a este acusado en el expediente que se le remite no se le indicaba que RAELCA careciese de registro sanitario o de licencia de apertura, y él dio el tratamiento correspondiente al expediente. Aunque así se hubiese hecho constar, la falta de estos requisitos no hubiese podido ser indicativa de que la empresa pudiese, en el futuro, verse involucrada en la desviación al consumo humano de un aceite tóxico industrial. Debe recordarse en este sentido que la sanción, que se impone a RAELCA en ese expediente, nada tiene que ver aún con el aceite de colza, sino que se debió a que se había manipulado un aceite de orujo, para corregir la acidez, con un sistema no autorizado, con aceites esterificados.

Al margen de que no sea imputable al acusado, afirmar que si por esos motivos, ajenos al desvío del aceite colza, la empresa RAELCA hubiese sido clausurada, no se hubiese podido producir el síndrome tóxico, no significa que este resultado sea atribuible jurídicamente a esa conducta, pues la falta de relación entre las infracciones observadas y el posterior desvío, pone de manifiesto como ese resultado queda fuera del ámbito de protección de la norma infringida, y no podrían nunca serle atribuible.

En cuanto a la otra empresa, OLEICOLA TOLEDANA, cuando se efectúa la inspección el 27 de mayo de 1981, no se detectó ninguna causa para inmovilizar la mercancía, fue preciso esperar al resultado de los análisis para detectar la existencia de una pequeña proporción de anilina, con lo que cuando se trata de inmovilizar esa mercancía ya había sido expedida. Pretenden algunas acusaciones basar su imprudencia en no acordar tal inmovilización, al menos cuando el 10 de junio de 1981, se hace pública la vinculación de la enfermedad con el consumo de aceite, pero no parece que este acusado tuviese motivo alguno para sospechar, antes de recibir el 16 de julio el resultado de los análisis, que ese aceite, que era de girasol, no de colza, podía ser tóxico.

Por todo ello no cabe estimar que este acusado haya incurrido en responsabilidad penal alguna.

DÉCIMO.- Respecto al acusado Jon Urbano :

Tanto si este acusado hizo en los análisis de Comar, que Arturo Elias le presentó los días 13 y 16 de junio de 1981, las anotaciones que se le imputan, como si no las hizo, este hecho carece de relación de causalidad natural, no ya jurídica, con el síndrome tóxico, porque se produce después de la aparición de la enfermedad y del descubrimiento de su origen, y el que esos documentos tengan o no esa anotación manuscrita, sin firma, ni sello alguno, ningún carácter oficial les otorga sobre la aptitud para el consumo del aceite. No tuvieron otro uso que unirlos al expediente en la Subdirección de Salud e Higiene de los alimentos, sin contribuir para nada a facilitar la difusión del aceite de RAPSA, cuya industria estaba ya precintada y la mercancía intervenida, ni tampoco consta que en modo alguno hayan dificultado las investigaciones. Aunque este hecho no se hubiese producido, el resultado de la masiva intoxicación hubiese sido el mismo.

No puede atribuirse a este acusado responsabilidad alguna por no haber sido mas rápida la respuesta de la Administración al descubrir y hacer publica la causa de la enfermedad o la publicación de las marcas tóxicas, porque estos extremos fueron desechados expresamente en el Auto de apertura del juicio oral de 27 de agosto de 1994, al denegar tal apertura respecto a Gabino Guillermo , Secretario de Estado para la Sanidad, y Urbano Ovidio , Director General de la Salud Pública, superiores jerárquicos de este acusado y a los que correspondió este cometido. Además hay que señalar que tal retraso no existe indicio alguno de que haya podido existir, se emplearon todos los recursos de los que se disponía para averiguar, pese a lo insólito de la emergencia, el origen de la intoxicación, y se hicieron públicos todos los resultados que se fueron obteniendo.

Por todo lo expuesto tampoco en este acusado puede estimarse la existencia de responsabilidad penal alguna.

DECIMOPRIMERO.- Respecto al acusado Victorino Felicisimo :

En relación a este acusado debe examinarse si pudo incurrir en responsabilidad penal por la radicación en ese municipio de la empresa RAELCA, cuya licencia de apertura no había sido concedida, pese a haber sido solicitada en 1979, desde la que se vendía el aceite en garrafas sin marca ni precinto sobre todo a vendedores ambulantes, que luego lo distribuían por diversas poblaciones. También si pudo incurrir en responsabilidad por consentir o tolerar la venta de este aceite tanto en mercadillos, como de forma ambulante por las calles.

En este sentido hay que tener en cuenta que Victorino Felicisimo , desempeñaba el cargo de Concejal Delegado de Sanidad, desde las primeras elecciones locales de mayo de 1979, con dedicación a tiempo parcial, compatible con su trabajo como administrativo de una entidad bancaria de Madrid, por lo que ninguna competencia tenía respecto a la tramitación de las licencias de apertura, ni por tanto nada tenia que saber en relación a que la empresa RAELCA, tenia solicitada desde 1979 tal licencia, y que su expediente en 1981, aún no había sido resuelto. No existe base ni indicio alguno para poder afirmar que él conocía la existencia de esa empresa ni de su actividad, por mucho que aparezca abonando tasas municipales por otros conceptos, que no corresponden a su Concejalía. Por otro lado y aunque no corresponde a este Concejal de Sanidad la tramitación de las licencias de apertura o la sanción por su carencia, no existe relación de causalidad entre este extremo y la intoxicación producida, pues este requisito administrativo no tiene como misión el control de la mercancía que se vende, y el resultado hubiese podido ser el mismo aunque hubiese dispuesto de tal licencia.

La inspección de los mercadillos, que hubiese podido constatar la venta de aceite sin etiqueta ni marca, que se encontraba prohibida, no entraba dentro de sus competencias, como tampoco la concesión de las licencias a los vendedores de los puestos, aunque hubiese formado parte ue la comisión de abastos. El detectar esta venta o la que se efectuaba de forma ambulante por las calle, también prohibida, correspondería a los servicios de la policía municipal, que ciertamente en ese momento, en el que los primeros Ayuntamientos democráticos iniciaban su andadura, no podrían alcanzar la atención de ese servicio, pero esa situación de carencia de medios, generalizada, en modo alguno puede atribuirse al hoy acusado, ni derivar de ella su responsabilidad penal. Ni ese concejal, ni ningún otro de ese municipio aparece impartiendo instrucciones de tolerancia en relación a estas ventas, y no hay constancia de que ninguna denuncia que se haya hecho llegar a algún servicio municipal.

Por todo ello hay que concluir por estimar que su conducta no puede ser constitutiva de infracción penal alguna.

DECIMOSEGUNDO.- Respecto al acusado Ramon Victorino :

En relación a este acusado, también Concejal de Sanidad, y que debía compatibilizar ese cargo, a tiempo parcial, con su profesión de médico, debe examinarse si pudo incurrir en responsabilidad por consentir o tolerar la venta ambulante por las calles de la localidad de Valladolid de aceite, sin marca ni precinto, y la existencia del local o almacén de la calle Avutarda, de Celso Victoriano , desde el que se distribuía el aceite procedente de RAELCA, en garrafas de 5 litros sin marca, ni precinto.

Aunque se considerara que el local de la calle Avutarda era un almacén abierto al público, y no como afirmó Celso Victoriano un local utilizado para guardar su furgoneta y la mercancía, que no solo era aceite, la falta da licencia de apertura, no puede considerarse imputable al concejal de Sanidad, que ninguna competencia tenía en esta materia. Tampoco, como en el caso de la licencia de apertura de RAELCA, puede apreciarse que exista relación de causalidad entre este extremo y la intoxicación producida, pues este requisito administrativo no tiene como misión el control de la mercancía que se vende, y el resultado hubiese podido ser el mismo aunque hubiese dispuesto de tal licencia.

La venta del aceite que se producía en Valladolid no era en mercadillos, sino de forma ambulante por las calles y a domicilio, y no existe indicio alguno de que desde ese Ayuntamiento se hayan podido dar instrucciones a los miembros de la policía municipal, para tolerar o consentir estas ventas. La falta de medios para detectar esta venta prohibida, a la que parece deberse la falta de denuncias por la venta del aceite ambulante, no es atribuible al Concejal de Sanidad, no existiendo ningún indicio de que éste conociese ese extremo, o le hubiesen hecho llegar denuncia alguna.

En otros municipios, como en Mozoncillo o Palencia, es cierto que se pudo detectar venta ambulante de aceite, por la Guardia Civil en el primeros de los municipios (se trata de zona rural), y por la policía municipal, en el segundo de ellos, lo que dio lugar a la tramitación de la correspondiente denuncia que se remitió a la Jefatura Provincial de Comercio Interior correspondiente, donde se dio trámite al expediente sancionador, lo que al margen de que no haya resultado eficaz para reprimir estas ventas, era el tramite legal, y de ello no se puede hacer derivar ni responsabilidad penal, para los Concejales de Sanidad de los municipios donde no se tramitaron estas denuncias, ni para los miembros del Ministerio de Comercio, en este caso representado por el acusado Francisco Leopoldo .

Por todo lo expuesto tampoco la conducta de este acusado puede estimarse constitutiva de delito.

DECIMOTERCERO.- Estima la Sala que la actuación de Luis Alfredo descrita en el apartado 3º del relato de hechos probados integra imprudencia punible, por darse en la misma los elementos que, según la jurisprudencia y conforme a lo expuesto en el "Fundamento de Derecho" Cuarto caracterizan la imprudencia punible, puesto que concurrió: A) Un comportamiento activo y omisivo voluntario por parte del acusado, no dirigido a causar los resultados letales y lesivos que del mismo se derivaron; B) Tal comportamiento creó un peligro no justificado de daño a la salud pública, y consiguientemente de muertes y lesiones, previsible por el acusado; C) Tal creación de peligro supuso la infracción de deberes de cuidado; D) Hubo unos resultados dañosos a la salud, concretados en las muertes y lesiones ocasionadas por el síndrome tóxico; y E) Hubo una adecuada relación de causalidad entre la conducta de Luis Alfredo y las consecuencias lesivas.

Estima la Sala que concurren tales requisitos por las razones que a continuación se exponen.

A) Hubo efectivamente un comportamiento voluntario de Luis Alfredo , consistente en: a) La emisión, como director del Laboratorio Central de Aduanas, del informe estimando que no había inconveniente en el uso de aceite de anilina al 2% como desnaturalizante del aceite de colza, del que se dio traslado a la Dirección General de Aduanas el 14 de abril de 1.973; b) La falta de comprobación previa experimental de las consecuencias químicas y tóxicas de tal mezcla; y c) La falta de advertencia a la Dirección General de Aduanas durante todo el periodo de tiempo en que se estuvo autorizando la importación de aceite de colza mezclado con anilina -desde 1973 a 1981- de la peligrosidad para la salud pública de tal aceite en el caso de que se produjera desvío al consumo humano.

Según los términos de la comunicación de la Subirección General de Coordinación y Asuntos Internacionales de 14 de abril de 1.973, Luis Alfredo en su informe sopesó o tuvo en cuenta las condiciones de la anilina como desnaturalizante, consistentes en que era fácilmente identificable (refiriéndose a que se distinguía organolépticamente del aceite de colza) y que su mezcla con el aceite de colza hacia a éste inapropiado para el consumo. De tal informe se deduce la idoneidad general del aceite de anilina al 2% como desnaturalizante, sin que en el mismo se expresara que se había tenido en cuenta para decidir la procedencia del desnaturalizante, la improbabilidad del desvío al consumo de boca del aceite importado por LICSA, dado que esta empresa utilizaba tal producto para la confección de sus manufacturas, y lo consumía en la fabricación. Aunque Luis Alfredo hubiese tenido en cuenta tal dato -asi lo manifestó en sus declaraciones- no hizo referencia al mismo en su informe, que suponía una afirmación sobre la idoneidad en general de la anilina como desnaturalizante del aceite de colza, para cualquier empresa que quisiera importar tal producto con fines industriales.

Por otra parte, si Luis Alfredo estimaba peligrosa la utilización de la anilina como desnaturalizante por una empresa, como RAPSA, que comercializaba el aceite de colza, debió de haberlo comunicado a la Dirección General de Aduanas después de saber que se había extendido a RAPSA la autorización concedida inicialmente para LICSA, y Luis Alfredo no hizo ninguna advertencia, ni comunicó que era inconveniente el uso de la anilina para RAPSA, pese a que supo de tal utilización y a que concretamente el Laboratorio que él dirigía analizó muestras de aceite de colza importado por RAPSA en 1.979, 1980 y 1981.

B) El comportamiento del acusado, al informar favorablemente sobre el uso de la anilina y al no advertir de su peligrosidad ni en el informe de 14 de abril de 1.973, ni posteriormente, creó un peligro no justificado, ni admisible de daños para la salud pública, previsible por el acusado, al haber dado luz verde a la circulación de un producto tóxico, que si inicialmente sólo estaba autorizado para usos industriales, podía ser desviado al consumo alimenticio.

a) En primer lugar, tal informe determino la autorización por la Dirección General de Aduanas de la anilina como desnaturalizante del aceite de colza, tanto para la empresa LICSA, como posteriormente para RAPSA, según respecto a esta última empresa, se infiere de la comunicación de la Sección de Aranceles de la Dirección General de Aduanas de 28 de junio de 1.973, en la que se expresaba que, de acuerdo con los informes emitidos por el Laboratorio Central, no se encontraba inconveniente en admitir como desnaturalizante la anilina al 2%.

Aunque no existiesen normas que confiriesen al informe del Laboratorio Central carácter preceptivo o vinculante, es de lógica admitir que cuando se recababan informes del Laboratorio y éste los emitía, no eran desatendidos por la Dirección General de Aduanas, que se ajustaba a ellos, por referirse a temas específicos de química, respecto de los que eran especialistas los empleados del Laboratorio y su Director.

b) El informe de Luis Alfredo , al determinar de forma prácticamente automática la autorización de la anilina como desnaturalizante del aceite de colza importado para usos industriales, creo un peligro que consistió en la puerta abierta que dejó a la puesta en circulación de un producto tóxico, que aunque autorizado solo para usos industriales, podía ser desviado al consumo humano.

Aunque ni los gerentes de LICSA, ni los de RAPSA, cuando pidieron la autorización del desnaturalizante, tuvieran la intención de vender el aceite de colza importado a empresas dedicadas al envasado y venta de aceite para la alimentación humana, desde la concesión de la licencia para el uso de la anilina se creó la posibilidad de que, si no LICSA - que utilizaba el aceite de colza como materia prima para la elaboración de facticios - si RAPSA - que comercializaba el aceite de colza que importaba, vendiéndolo a empresas siderúrgicas o metalúrgicas- u otras empresas importadoras, desviasen el producto importado, vendiéndolo a empresas aceiteras del ramo de la alimentación.

La posibilidad del desvío del aceite importado para fines industriales al mercado de la alimentación estaba contemplada por la Administración, cuando no se limitaba a prohibir tal desvío, por estimar que la prohibición podía ser desobedecida si el cambio de destino y la venta del aceite importado para usos industriales, a comerciantes y envasadores de aceites comestibles, podía suponer un importante beneficio económico para los importadores. Por ello, para impedir el desvío, la Administración imponía que se mezclase el aceite importado con un desnaturalizante que le hiciese inapropiado para el consumo humano, al alterar sus caracteres organolépticos. Pues bien, aún mezclando el aceite con un desnaturalizante, la posibilidad de la variación de destino seguía existiendo si el montante del lucro que pudiera proporcionar el desvío superaba el del coste de separar o eliminar el desnaturalizante.

Para Luis Alfredo era perfectamente previsible el desvío del aceite de colza mezclado con anilina al consumo humano, previas las operaciones usuales de refino industrial, dirigidas a eliminar el desnaturalizante -que no eran eficaces para conseguirlo, según el informe del Subdirector del Laboratorio Central de Aduanas de 26 de septiembre de 1.995 (pag. 4), aportado como prueba por la defensa de Luis Alfredo .

Luis Alfredo , como Director del Laboratorio Central de Aduanas, al ejercer funciones técnicas del más alto nivel en un organismo de la Administración vinculado con el comercio, las importaciones y los desnaturalizantes, tenía que conocer perfectamente la posibilidad de que un aceite introducido en España para fines industriales se desviase a usos alimenticios. En sus declaraciones insistió en que se había autorizado la anilina como desnaturalizante para la empresa LIOSA, en atención a que dicha empresa utilizaba el aceite de colza como materia prima, que era consumida en las manufacturaciones de la importadora, por lo que dicha empresa no comercializaba tal aceite. Con tales manifestaciones demostraba Luis Alfredo que era conocedor de la posibilidad de que el aceite de colza fuera desviado por empresas importadores que compraban el aceite, para a su vez comercializarlo. Sin embargo, según se manifestó en el apartado A) del presente "Fundamento"; el informe del Laboratorio Central de Aduanas, mencionado en la comunicación de 14 de abril de 1.973, hacía constar la idoneidad y la falta de inconvenientes de la anilina como desnaturalizante del aceite de colza, para cualquier empresa industrial.

c) El posible consumo de boca del aceite de colza desnaturalizado con anilina suponía un peligro grave para la salud pública.

El carácter toxico de la anilina era conocido en 1973 y muchos años antes, y el bien no cabía prever en dicha fecha que su mezcla con el aceite de colza -originadora de oleianilidas-pudiera producir un agente tóxico de tan enérgicos y perjudiciales efectos para la salud humana como el que produjo, determinante de una enfermedad nueva con un cuadro de síntomas hasta entonces no conocido y con una evolución impredecible, y aunque todavía en la fecha actual se desconocen los mecanismos por los que la mezcla del aceite de colza con anilina, pese a los procesos de refino o quizás influida por ellos, determina el agente causante del síndrome tóxico, SI PODRÍA PREVERSE EN 1973 Y EN LOS AÑOS POSTERIORES HASTA 1981, y más por una persona con la capacitación científica y especialmente química como la que tenía Luis Alfredo , que la adición de un veneno, como era el aceite de anilina, al aceite de colza, creaba un riesgo de toxicidad para el producto resultante, riesgo que podía no desaparecer, pese a las operaciones de refino y eliminación, y que podía originar muertes y lesiones.

La Audiencia Nacional en la anterior sentencia dictada contra los industriales y comerciantes que pusieron en el circuito alimenticio el aceite de colza, estimaba en el "Fundamento de Derecho" 3.1., en relación a la intervención del importador Cayetano Onesimo , que era previsible para él que un producto con veneno enajenado a almacenistas o envasodres de aceites comestibles, llegado al consumo de boca, produjera lesiones y aún muertes.

La sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 1.992 , que resolvió los recursos de casación contra la anterior sentencia de la Audiencia Nacional, en su "Fundamento" tercero, estimaba que Cayetano Onesimo tenia que haber previsto los resultados de muertes y lesiones, si sabía de la sustancia venenosa contenida en el aceite y de la posibilidad de que éste aceite fuera introducido en el mercado de consumo alimenticio. La misma sentencia estimó previsible para Arturo Elias el riesgo que originaba al introducir en el circuito alimentario un aceite destinado a usos industriales y tratado con un desnaturalizante venenoso, y el peligro que tal introducción implicaba para la vida y la salud de las personas, pese a haber sometido el aceite a un proceso de depuración para eliminar las anilinas, antendiendo la Sala 2ª del Tribunal Supremo que las consecuencias letales y nocivas que derivaron no sólo eran previsibles para Arturo Elias sino que fueron previstas por dicho procesado. (Fundamentos Jurídicos 6º y 18º). La misma sentencia estimó en su "Fundamento" cuadragésimo séptimo, que los acusados Amadeo Pio y David Norberto conocían el peligro que para los consumidores suponía un aceite proveniente de una empresa dedicada a aceites industriales, que introdujeron en el mercado alimenticio sin una comprobación seria exhaustiva de su carácter inocuo.

c) El comportamiento de Luis Alfredo , al facilitar la creación de un peligro en abril de 1.973, cuando emitió su informe, al no advertir del peligro que suponía la circulación del aceite de colza envenenado entre el año 1.973 y 1.981, y al no haber dispuesto pruebas experimentales previas al informe sobre la anilina, para averiguar los procesos de transformación química que podía desencadenar tal tóxico en el aceite de colza, supuso la infracción de deberes de cuidado. No vulneró Luis Alfredo normas jurídicas, por no existir ninguna reguladora de las sustancias que podían autorizarse como desnaturalizantes; tampoco violó normas específicas profesionales o socioculturales de cuidado, puesto que tales normas sólo surgen en el ámbito de actividades desarrolladas por una generalizad o pluralidad de personas, pero no en relación con una actividad como la de informar sobre desnaturalizantes que sólo se realizaba en España por el Laboratorio Central de Aduanas que dirigía Luis Alfredo .

Ahora bien, la acción de Luis Alfredo informando favorablemente sobre la anilina como desnaturalizante en 1973, y su conducta omisiva desde 1973 a 1981, al no haber advertido en este tiempo a la Dirección General de Aduanas del peligro que podía comportar el uso del desnaturalizante, supuso la violación del deber dimanante del principio general ético-jurídico que prohíbe dañar a otros, "alterum non laedere", y que también prohíbe contribuir a un peligro de daño a terceros, y que en relación al campo de la alimentación, veda poner en circulación alimentos corrompidos o envenenados o coadyuvar a que tal tipo de comestibles o bebidas toxicas puedan llegar a los consumidores.

La emisión de un informe favorable a la utilización de un veneno como desnaturalizante de una sustancia alimenticia implicó una violación del deber de cuidado a la salud pública que a todo ciudadano, y más a los funcionarios de la Administración que intervienen en relación con el trafico de alimentos, incumbe. No quedó justificada tal violación por el hecho de que hubiese la viciosa práctica en la Administración Española y también en las de otros países de nuestro entorno, de autorizar sustancias venenosas como desnaturalizantes de alimentos. En tales casos, si existía la posibilidad de que el alimento desnaturalizado se desviase al consumo humano, se creo un peligro injustificado e innecesario, y se infringió también el deber de cuidado a la salud pública, que debe prevalecer claramente sobre todo interés comercial, aunque tales vulneraciones de las normas de cuidado no se tradujesen en resultados lesivos, ni por tanto en imprudencia punible.

D) Hubo unos resultados mortales (más de trescientos treinta fallecidos) y lesivos (más de quince mil afectados) ocasionados por el consumo del aceite de colza desnaturalizado con anilina, importado por RAPSA y sometido posteriormente a distintos procedimientos refinadores no eficaces para eliminar la toxicidad; y

E) Es apreciable un nexo de causalidad entre el comportamiento activo y omisivo de Luis Alfredo en relación a la autorización de la anilina como desnaturalizante, y las consecuencias letales y lesivas mencionadas en el precedente apartado, tanto aplicando la clásica teoría de la equivalencia de condiciones o de la "condicio sine que non", en cuanto que efectivamente, sin el informe favorable de Luis Alfredo no se hubiese producido el síndrome tóxico, como aplicando la moderna doctrina de la imputación objetiva, en cuanto que los resultados lesivos supusieron la concreción del riesgo creado por el acusado con su comportamiento y se hallaban dentro del ámbito de protección de las normas de cuidado por él desatendidas.

No desaparece el nexo causal entre la conducta de Luis Alfredo y los resultados, por la intervención decisiva y dolosa posterior de terceros -los empresarios del ramo del aceite condenados-; habiendo admitido la jurisprudencia la compatibilidad e responsabilidades penales dolosas y culposas respecto a unas mismas consecuencias letales o lesivas, y la relación causal entre tales consecuencias y el acto imprudente, cuando el comportamiento descuidado tiene un influjo impulsor o facilitador de las acciones dolosas de terceros originadoras de forma directa o inmediata de los resultados lesivos. Así, se admitió la imprudencia determinante de acciones delictivas dolosas o influyente o facilitadora de las mismas en el llamado caso "Vinader" ( Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 1.983 y del Tribunal Constitucional de 23 de noviembre siguiente) y en el caso del "Nembutal", en la que se estimó penalmente imprudente la acción del farmacéutico que facilitó tal sustancia venenosa sin receta a un hombre y una mujer, en la creencia de que iban a utilizarla para dar muerte a un perro, pero que luego los compradores usaron para quitarse la vida o intentar quitársela ( Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 1977 ).

DECIMOCUARTO.- La imprudencia punible apreciada en Luis Alfredo debe calificarse de simple, sin infracción de Reglamentos, y con resultado de muerte y lesiones graves y menos graves, englobable en el art. 586 nº 3º del CP (LA LEY 3996/1995) ., en relación con los arts. 407 , 420 y 422 del mismo Cuerpo Legal , según la redacción de 14 de septiembre de 1.973 vigente en la fecha de los hechos, no siendo aplicable a estos las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 8/33 y por la Ley Orgánica 3/89 (LA LEY 1577/1989), por agravar la sanción establecida para la falta de imprudencia.

La Sala llega a la conclusión de tipificar la imprudencia de Luis Alfredo como simple, con apoyo en la doctrina jurisprudencial citada en el "Fundamento de Derecho" Cuarto, por no darse en el comportamiento del acusado las notas caracterizadoras de la imprudencia temeraria, ni consiguientemente de la profesional, sino las propias de la simple, a pesar de la importancia de los bienes jurídicos puestos en peligro por el comportamiento del acusado, ya que las normas de cuidado incumplidas por él -carentes de rango jurídico- no pueden estimarse básicas o elementales, el peligro originado era remoto, no próximo, y por tanto, tampoco puede calificarse la previsibilidad del mismo de evidente o palmario, ya que la concreción del riesgo en daño dependía de un factor, como era el desvío del aceite desnaturalizado al consumo humano, que a su vez dependía del libre albedrio de los importadores del aceite para fines industriales, y de que el afán de lucro de éstos superase a sus escrúpulos, y de que resultase rentable la operación de desvío del aceite de colza al mercado alimenticio.

DECIMOQUINTO.- La Sala estima que por el hecho de que se condene a Luis Alfredo por una falta de imprudencia simple, no debe aplicársele a su responsabilidad penal el plazo de prescripción de dos meses, ya que es Doctrina del Tribunal Supremo, manifestada en sentencia de 12 de diciembre de 1.979 , 20 de abril de 1.990 , 20 de noviembre de 1.991 y 3 de marzo y 27 de septiembre de 1.995 , que, prevaleciendo en una causa criminal la conceptuación como delito del hecho que se enjuicia, aunque después se configure por la Acusación de falta o se condene por falta, sólo habrán de ser tenidos en cuenta los plazos de prescripción por delito.

En el sumario 129 de 1981, seguido por las responsabilidades dolosas por las muertes y lesiones originadas por el síndrome tóxico, las acusaciones particulares han interesado desde el año 1983 -escrito de la OCU. de 24 de noviembre- el encausamiento de Luis Alfredo , como autor de delito de imprudencia. La Sala, por auto de 12 de abril de 1.994, acordó que se formara proceso independiente para depurar posibles responsabilidades delictivas de las Autoridades y funcionarios cuyo procesamiento se había pedido por las acusaciones particulares, entre los que se encontraba Luis Alfredo . En las Diligencias Previas abiertas para depurar tales responsabilidades penales, las Acusaciones Particulares han acusado a Luis Alfredo de autoría de un delito de imprudencia temeraria y profesional, con resultado de muertes y lesiones, y han pedido para el penas de prisión mayor. El Juzgado acordó la apertura del juicio oral contra Luis Alfredo por estimarlo presuntamente responsable delito de imprudencia.

Se dan, por tanto, las condiciones que, según la jurisprudencia citada precedentemente, obligan a aplicar el plazo de prescripción propio de los delitos, y no el de las faltas, aunque se haya condenado por falta.

Partiendo de la expresada conclusión, debe estimarse no prescrita la responsabilidad penal de Luis Alfredo , por las razones expuestas en el acuerdo adoptado por la Sala en la sesión del juicio de 15 de octubre de 1.995, mencionado en el "Antecedente de hecho segundo", y que se reiteran en el presente "Fundamento de Derecho".

DECIMOSEXTO.- De la falta de imprudencia debe estimarse responsable como autor a Luis Alfredo , al amparo del nº 1º del art. 14 del CP (LA LEY 3996/1995) .

DECIMOSEPTIMO.- Al amparo de lo dispuesto en el art. 19 del C.P (LA LEY 3996/1995) ., Luis Alfredo deberá responder de los daños y perjuicios derivados de su falta.

Al concurrir la responsabilidad civil de Luis Alfredo con la de los participes dolosos en los mismos resultados lesivos, fijada en la sentencia de 20 de mayo de 1.989 , dictada en la causa 129 de 1.981, procederá en la presente sentencia determinar la cuota de responsabilidad civil de Luis Alfredo , que, en atención a su nivel de culpabilidad menos intenso a título de imprudencia y no de dolo- y a la menor relevancia del aporte causal de su conducta respecto a los resultados lesivos, deberá de ser de una mitad respecto de las cifras señaladas en la sentencia de 29 de enero de 1981 .

Además, por razón de ese distinto e inferior grado de culpabilidad, la responsabilidad civil de Luis Alfredo deberá ser subsidiaria respecto a la de los participes dolosos Cayetano Onesimo , Arturo Elias y Gonzalo Teodulfo , y de las empresas de estos "Refinerías de aceite de pescado S.A.", "RAPSA", "RAELCA" y "JORPI, S.A.".

No es aplicable a Luis Alfredo la norma sobre solidaridad en las responsabilidades civiles entre los distintos participes del delito, establecida en el art. 107 del CP (LA LEY 3996/1995) ., al ser dicho acusado autor de una infracción penal distinta de las imputadas a los condenados en la sentencia de 20 de mayo de 1.989 , por lo que Luis Alfredo solo deberá responder de su cuota -mitad de las indemnizaciones fijadas en la sentencia de 20 de mayo de 1.989 -, y no solidariamente de otra mitad.

Sólo procederá abonar indemnizaciones a los afectados que estén representados por alguna de las acusaciones particulares y aquéllas se basarán en los datos actualizados que obren en las carpetas de afectados.

DECIMOCTAVO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 22 del C.P (LA LEY 3996/1995) ., y jurisprudencia interpretativa del mismo, el Estado deberá responder civilmente de forma subsidiaria, de las indemnizaciones impuestas a Luis Alfredo , mencionadas en el precedente "Fundamento de Derecho", dado que dicho acusado en la comisión de la falta de imprudencia de la que dimana su obligación de resarcimiento, obró como empleado del Estado y en el desempeño de las obligaciones propias de su cargo de Director del Laboratorio Central de Aduanas.

Al amparo de lo dispuesto en el art. 117 del Código Penal (LA LEY 3996/1995) , deberán restarse de las indemnizaciones que en su caso hayan de pagarse por el Estado, las cantidades que con anterioridad haya anticipado a los perjudicados, con fines de auxilio y subvención.

Por lo expuesto

FALLAMOS

Que debemos absolver y absolvemos a los acusados Francisco Leopoldo , Valeriano Jacinto , Florentino Urbano , Jon Urbano , Victorino Felicisimo y Ramon Victorino de los delitos de imprudencia con resultado de muerte y lesiones, y contra la salud pública, de los que fueron acusados y de toda responsabilidad penal, con declaración de oficio de seis séptimas partes de las costas.

Que, absolviéndole de los delitos de que fue acusado, debemos condenar y condenamos a Luis Alfredo , como autor de una falta de imprudencia simple sin infracción de Reglamentos con resultado de mal a las personas, a la pena de veinte mil pesetas de multa, al pago de una séptima parte de las costas, a y que indemnice a los herederos de los fallecidos por el síndrome tóxico y a los afectados por el mismo, que se hallen representados por las acusaciones, a una cuota indemnizatoria del cincuenta por ciento de las sumas fijadas en la sentencia dictada por la Sección 2ª de lo Penal de la Audiencia Nacional el 20 de mayo de 1.989 , en la causa 129 de 1981, y en el auto aclaratorio de 2 de noviembre de 1989, por lo que concretamente abonará las siguientes indemnizaciones:

a) a los herederos de cada persona fallecida 7.500.000 ptas.

b) a los afectados con lesiones de duración entre 1 y 15 días, 75.000 ptas.

c) a los afectados con lesiones de duración entre 16 y 30 días, 150.000 ptas.

d) a los afectados con lesiones de duración entre 31 y 60 días, 300.000 ptas.

e) a los afectados con lesiones de duración entre 61 y 90 días, en 450.000 ptas.

f) a los afectados con lesiones de más de 90 días y sin incapacidad, 9.000.000 ptas.

g) a los afectados con incapacidad parcial permanente para su trabajo habitual, 12.500.000 ptas.

h) a los afectados con incapacidad total permanente para su trabajo habitual, 20.000.000 ptas.

i) a los afectados con incapacidad absoluta y permanente para todo tipo de trabajo, 35.000.000 ptas; y

j) a los afectados con gran invalidez, 45.000.000 ptas.

Los estados de sanidad de los afectados se basarán en los datos actualizados que obran en las correspondientes carpetas.

La responsabilidad civil de Luis Alfredo será subsidiaria respecto a la de los condenados en la sentencia de 20 de mayo de 1989 . Luis Alfredo no responderá solidariamente del cincuenta por ciento suplementario de indemnización impuesto a los condenados en virtud de dicha sentencia.

Y debemos condenar y condenamos al Estado a que abone la indemnización impuesta a Luis Alfredo , en defecto de pago por éste, debiendo deducirse en su caso las cantidades que con anterioridad haya anticipado la Administración a los perjudicados, con fines de resarcimiento, auxilio o subvención.-

Contra esta sentencia podrá interponerse Recurso de Casación en el plazo de CINCO DÍAS a contar desde la última notificación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo acordamos, mandamos y firmamos.

E\

VOTO PARTICULAR

de SENTENCIA, que formula la Magistrada Sra. Manuela Fernández Prado, en relación a la Sentencia, dictada por la Sección 1ª de la Sala de lo Penal de esta Audiencia Nacional, en el presente Procedimiento Abreviado:

PRIMERO-El Magistrado discrepante acepta y se remite al encabezamiento, los antecedentes, hechos probados y fundamentos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º y 12º, compartiendo la valoración de las conductas de los acusados Francisco Leopoldo , Valeriano Jacinto , Florentino Urbano , Jon Urbano , Ramon Victorino y Victorino Felicisimo , como no constitutiva de infracción penal. Discrepa de los fundamentos 13º y siguientes, relativos a Luis Alfredo , pues no comparte el criterio de que su conducta pueda ser constitutiva de la falta que se expresa, entendiendo que no puede estimarse la existencia de responsabilidad penal alguna.

SEGUNDO-El mencionado fundamento 13º, estima que debería de haber sido redactado con el siguiente contenido:

Valoración de la conducta de Luis Alfredo :

El carácter tóxico de la anilina era conocido en 1973, lo que no se conocía ara que su derivación en anilidas, ya fuese por efecto espontáneo en el almacenamiento y transporte, o por manipulaciones a altas temperaturas, pudiera convertirse en un agente tóxico de la importancia y transcendencia que resultó, en caso de desvió al consumo humano. Ello viene puesto de manifiesto porque se trató de una enfermedad nueva, de la que las anilidas mas que agente productor, fueron un simple marcador, como resultó acreditado en el anterior juicio, y como se sigue manteniendo en la actualidad.

Pese a ello el que la anilina no siempre modificara, agregada el 2 por ciento, aspecto, color, sabor y olor del aceite de colza de manera perceptible sin instrumental y técnicas "ad hoc", unida a su toxicidad, pudo haber sido tenido en cuenta para desechar su uso como desnaturalizante. Luis Alfredo informó favorablemente el uso de un mal desnaturalizante para la empresa LICSA, y nada desmiente su afirmación de que tuvo en cuenta la dificultad de desvio al consumo no industrial, que se derivaba del hecho de tratarse de una empresa que lo consumía en su propia industria de fabricación de sucedáneos del caucho, como se hacía constar en la petición. No puede estimarse que los propios términos de su informe permitían la generalización de la autorización a otras industrias distintas de la peticionaria, porque los términos exactos de ese informe no se conocen, al no haber sido localizado el original, no constando mas que la referencia que contiene la respuesta que remitió el Subdirector General de Coordinación y Asuntos Internacionales. Tampoco cabe estimar que, esa generalización de los informes emitidos en relación a una empresa determinada, fuese la costumbre en ese campo, por lo excepcional de la materia.

Ni los representantes de LICSA, ni los de RAPSA en 1973, pretendían, cuando solicitaron la autorización del desnaturalizante, emplearlo precisamente para facilitar su desvió al consumo humano. Los motivos que alegan en sus instancias para solicitar la sustitución del desnaturalizante, fueron ciertos y no podían hacer sospechar de unas intenciones, que aún no tenían, y que, en el caso de RAPSA, no surgen hasta años después, hasta finales de 1980. La posibilidad de que el aceite de colza para usos industriales después de desnaturalizarlo con un tóxico, que lo inhabilitaba para el consumo de boca, se desviase a consumo humano, no pareció al acusado previsible, cuando informó favorablemente la petición de la empresa LICSA, y la realidad es que esa empresa nunca intervino en el desvío del aceite. La petición de RAPSA, que no hay constancia que este acusado llegase a conocer y en cuya autorización no intervino, tampoco parece que hubiese podido permitir prever ese desvío, pues se trataba de una empresa, que aunque comercializase a terceras industrias el aceite, llevaba años establecida en este ramo, sin haber incurrido en irregularidad alguna. Este desvío al menos no era probable, pues la realidad de los hechos muestra que no se produjo hasta casi nueve años después. También hay que destacar que no se ocasionó de una forma accidental, sino que fue precisa la intervención de una compleja manipulación criminal de otras personas.

Valorando todos estos datos y aunque se considere que infringió sus deberes de cuidado, pues informó favorablemente un mal desnaturalizante, no puede afirmarse que pudo prever que su informe también podía aplicarse a otra empresa, distinta de la peticionaria, no consumidora de su propio aceite, y que existía la posibilidad de que el aceite ya desnaturalizado se desviara al consumo humano, sirviéndose de empresas y mercados clandestinos, y que ocasionara una masiva intoxicación. Esta previsibilidad tampoco cabe derivarla de su conocimiento a través de los análisis de muestras de las mercancías que pasaban por la aduana, pues se remitían al Laboratorio a los solos efectos de identificar el desnaturalizante y aunque en ellos apareciese el nombre de la empresa importadora, nada indicaban sobre su actividad, y no pudieron permitir al Director del Laboratorio saber que su informe de años antes se aplicaba a empresas no consumidoras, ni mucho menos sospechar de un desvió. Así en relación a estos análisis no puede estimarse que haya infringido ningún deber de cuidado, por haber omitido alertar a la Administración de Aduanas sobre el peligro de un desvío, que no podía percibir.

Por otro lado, aunque si existe causalidad natural entre su conducta y el resultado, en cuando que si se elimina éste el resultado no se produciría, no cabe atribuírselo jurídicamente, objetivamente, pues aunque se estimara que incurrió en esa infracción de cuidado, por ser la anilina un mal desnaturalizante, no es ese riesgo el que se materializó con la intoxicación masiva del denominado Síndrome Tóxico, sino el que crearon otras personas, los autores del desvío y por el que ya fueron en su día condenados. La anilina del aceite de colza desnaturalizado hubiese podido ser eliminada antes de someter el aceite a un proceso de refino, si bien este proceso hubiese exigido un lavado con ácido clorhídrico, u otro proceso similar, en cuyo caso todo indica que la intoxicación no se hubiese producido, y son los criminales autores de su desvió los que deciden no eliminarla, sometiendo el aceite industrial a un refino, que no eliminaba sino transformaba las anilinas en anilidas. De hecho existieron importantes partidas de aceite de colza desnaturalizado con anilina, que desde Cataluña, se desviaron al consumo humano, que no ocasionaron el Síndrome Tóxico, por el proceso de manipulación, que ciertamente no resultó antieconomico, al que fue sometido el aceite. Solo el desviado desde RAELCA, que fue objeto de una manipulación distinta de la realizada por los industriales catalanes, originó esta enfermedad. Lo que evidencia por un lado la imprevisibilidad de ese resultado en el funcionario que se limitó a realizar aquel informe sobre la anilina, y por otro la concreción de la creación del riesgo en los autores de esta manipulación.

A ello hay que añadir que las normas de cuidado infringidas por este acusado son de carácter estrictamente aduanero, lo único que tratan de proteger son los intereses económicos del Estado, evitando la fiscalización en otra partida, y protegiendo la producción nacional de aceite, por lo que ese resultado que es lesivo para la salud pública, no es atribuible a su conducta, al quedar fuera del ámbito de protección de una norma que atiende exclusivamente a intereses aduaneros. El riesgo que se deriva de permitir el uso de un mal desnaturalizante, y que es atribuible a este acusado afecta a los intereses arancelarios del Estado, pero no a la salud pública, porque se trata de un producto de uso exclusivamente industrial. El riesgo para la salud publica lo crearon, hay que insistir, los autores del desvió, quiénes efectivamente, como aparece en los razonamientos de la Sentencia que enjuició su comportamiento, si pudieron prever que el producto industrial desnaturalizado con un tóxico, que ellos estaban manipulando e incorporando fraudulentamente al consumo humano, podía ocasionar, como ocurrió, un daño para la salud, pero no creó ese riesgo la persona que mas de 7 años antes, y respecto a una empresa ajena a ese desvío, informo que no había inconveniente en utilizar la anilina como desnaturalizante de un aceite industrial.

Así no cabe considerar que este acusado hubiese cometido imprudencia alguna, ni con categoría de delito, ni de falta.

TERCERO-De lo anteriormente expuesto se desprende que, para el Magistrado discrepante, los hechos declarados probados no son constitutivos de delito ni de falta, y que procede la absolución de todos los acusados.

A mayor abundamiento también debe señalarse que de haber existido la falta, escaria prescrita, pues cuando el procedimiento se dirige contra este acusado, incluso teniendo en cuenta el momento en que en el proceso original se pidió su procesamiento, ya habían transcurrido en exceso los dos meses, desde que en 1981, se produjo el Síndrome Tóxico y se adquirió la enfermedad, por mas que sus secuelas continúen hasta la fecha. Este criterio no es contrario a la doctrina reiterada del T.S. que aplica el plazo de prescripción de los delitos a hechos perseguibles como tales, y relegados después a la consideración de faltas, impuesto por los principios de seguridad jurídica y de confianza, pues lo que aquí se contempla se refiere al plazo inicial hasta que puede entenderse incoada la causa en relación a este acusado o denunciada su actuación, sin perjuicio de que después de incoada y de seguir los trámites de un proceso por delitos, a efectos de paralización de la tramitación, ciertamente por los principios de seguridad jurídica y de confianza, los plazos aplicables sean los correspondientes al delito, que indiciariamente se estima.

La sentencia de 20 de noviembre de 1991 del T.S . tampoco puede considerarse contraria a este criterio pues expresamente señala, para no estimar prescrita un hecho castigado finalmente como falta, denunciado después de los dos meses, que ello es así por tratarse de un hecho, que revestía originariamente el carácter de delito y que solo en virtud del juego de la concurrencia de culpas, valorado en Sentencia, fue degradado a falta.

CUARTO-De ser absolutoria la presente resolución las costas hubiesen debido declararse de oficio, pues no se observa en las acusaciones particulares temeridad ni mala fe alguna, que pudiese hacer procedente la imposición de las costas a estas. No puede dejar de valorarse a estos efectos que el Síndrome Tóxico produjo cientos de afectados, cuyo legitimo derecho a una indemnización, aunque se haya visto reconocido en la Sentencia dictada contra los autores del delito doloso en su día condenado, se esta viendo frustrado, por la insolvencia de los condenados.

QUINTO-En cuanto a la responsabilidad civil, de haberse dictado sentencia absolutoria, la pretensión de que el Estado subsidiariamente se haga cargo del abono de las indemnizaciones en todo o en parte, no hubiese podido ser resuelta en esta vía, por mucho que si se ha constatado que los servicios de la Administración funcionaban de forma descoordinada e ineficaz. Cada uno de los diversos departamentos ministeriales se ocupaba de su estricta parcela, con total olvido de las irregularidades que podían afectar a los demás y que fácilmente hubiesen podido percibir, los distintos servicios fueron ineficaces para detectar y reprimir las ventas prohibidas.

En atención a lo expuesto, para la Magistrada discrepante, la parte dispositiva de la resolución, hubiese debido ser:

Que debemos absolver y absolvemos a los acusados Luis Alfredo , Francisco Leopoldo , Valeriano Jacinto , Florentino Urbano , Jon Urbano , Victorino Felicisimo y Ramon Victorino de los delitos de imprudencia con resultado de muerte y lesiones, y contra la salud pública, de los que fueron acusados, con declaración de oficio de las costas.

En Madrid, a veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis.

Queremos saber tu opiniónNombreE-mail (no será publicado)ComentarioWolters Kluwer no se hace responsable de las opiniones vertidas en los comentarios. Los comentarios en esta página están moderados, no aparecerán inmediatamente en la página al ser enviados. Evita, por favor, las descalificaciones personales, los comentarios maleducados, los ataques directos o ridiculizaciones personales, o los calificativos insultantes de cualquier tipo, sean dirigidos al autor de la página o a cualquier otro comentarista.
Introduce el código que aparece en la imagencaptcha
Enviar

Últimos tweets

NÚMEROS DISPONIBLES

Scroll