SEGUNDO- Esta Sala dictó el día 17 de marzo de 1995 Auto estimando su competencia para el enjuiciamiento de la causa, y el día 29 de mayo de 1995 Auto de admisión de pruebas y de señalamiento de la Vista Oral.
El día 9 de octubre de 1995 se inició la celebración de la vista oral, planteándose en el turno de cuestiones previas, por parte de los Letrados defensores de Francisco Leopoldo y Ramon Victorino , la falta de competencia objetiva de esta sala de la Audiencia Nacional. Tras un turno de intervenciones donde tanto el Ministerio Fiscal como el Abogado del Estado y las acusaciones particulares se opusieron a la estimación de la falta de competencia, el Tribunal hizo publico el siguiente acuerdo:
"En cuanto a la competencia de esta Sala Penal de la Audiencia Nacional, las alegaciones de las partes no desvirtúan lo acordado en el Auto de 17 de marzo de 1995, por lo que se mantiene la competencia de la Audiencia Nacional , por los fundamentos expuestos en esa resolución, que deben entenderse reiterados".
A continuación se abrió un turno sobre vulneración de derechos y peticiones de nulidad, en el que fueron oídas todas las partes, continuando la sesión el día 10 de octubre en el que el Tribunal hizo publico el siguiente acuerdo:
A-En relación a las cuestiones planteadas por las defensas:
"No se estima que el Auto que acuerda, con fecha 9 de febrero de 1994, la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, haya causado indefensión que deba en este acto dar lugar a nulidad o a sobreseimiento alguno, la mayor parte de los acusados ejercitaron los recursos oportunos, que fueron resueltos por autos de 23 de junio de 1994 de la Sección Tercera de esta Sala Penal, en los que se desestimaron sus pretensiones impugnatorias, debiendo entenderse reiterada su fundamentación, y en cualquier caso en el actual estado de la causa tales defectos han quedado posteriormente subsanados, con el auto que acuerda la apertura del Juicio oral, que explica las personas y los hechos por los que finalmente acuerda la apertura. También debe destacarse que las resoluciones anteriores, del año 1990, cuya nulidad habían instado, precisamente por sorpresivas, hacían que los hechos o la posición de los acusados en la causa ya fuese conocida. Ello lleva a considerar que no cabe en este momento estimar ninguna nulidad que pueda llevar a retroceder por tercera vez el procedimiento."
"Los argumentos de la defensa de Ramon Victorino , relativos a que nunca se debió de abrir juicio oral contra su representado, se mezclan con la cuestión de fondo y solo podrán ser resueltos en Sentencia."
"En cuanto a la solicitud de declaración de nulidad y oposición a que se esgriman durante el juicio, respecto a las declaraciones de los hoy acusados realizadas cuando eran considerados testigos, basta señalar que el Tribunal no valorará como prueba de cargo en su perjuicio y en lo que a ellos afecta estas declaraciones".
"La solicitud de nulidad de todas las pruebas practicadas sin contradicción ha sido planteada en términos tan genéricos que no puede en este momento y como cuestión previa ser objeto de pronunciamiento alguno".
"Tampoco procede hacer pronunciamiento alguno por esta vía de las cuestiones previas, respecto a las dilaciones indebidas alegadas; no puede olvidarse que si han existido, sus perjuicios los han padecido no solo los acusados sino también cientos de perjudicados, por lo que en el actual estado de la causa no debe esta alegación servir de obstáculo a la celebración del juicio".
B-En relación a las cuestiones planteadas por las acusaciones:
"Se ha alegado la violación del art. 24 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) , que implicaría que este Tribunal entendiese, que el Auto de apertura del juicio oral, establece una limitación objetiva, esto es respecto a los hechos, por estimar los letrados, proponentes de la cuestión, que su acusación se extiende a otros hechos distintos de los que en el mismo se expresan para justificar tal apertura. En este sentido hay que tener en cuenta que el Auto de apertura de juicio oral hace una exposición sucinta de los hechos, menciona las personas contra las que procede la apertura y los comportamientos que le llevan a hacer esta consideración, y expresamente descarta que ciertas conductas puedan ser constitutivas de delito, excluyendo no solo personas sino también hechos de esta valoración. Aunque es cierto que puede entenderse que ese Auto incurrió en el defecto de no incluir en la parte dispositiva el sobreseimiento respecto a estos hechos, tal sobreseimiento se desprende de su contenido, sin que ello fuese recurrido por ninguna de las acusaciones, que en todo lo que no implicaba la apertura solicitada, si era susceptible de recurso. Ello lleva a este Tribunal a mantener que el Auto de apertura delimita el contenido de este juicio, en cuanto a los hechos en que acordó implícitamente el sobreseimiento libre, por entender que no eran delictivos, si bien sin olvidar respecto a los comportamientos que no fueron objeto de sobreseimiento en la misma, que el carácter imprudente de los delitos que se tratan de enjuiciar, obligan por la naturaleza de las conductas, a contemplarlas con una cierta amplitud".
"El Auto de apertura del juicio oral establece unos criterios para hacer frente a las responsabilidades civiles, y alude a una deducción de las cantidades abonadas por el Estado, sin que ello tenga ningún efecto vinculante para esta Sala. Por último respecto a la petición de la adopción de medidas cautelares, el Tribunal acuerda que se lleve testimonio de esa petición a las piezas de responsabilidad civil correspondientes, donde podrán ser resueltas".
"También se ha alegado la indefensión originada por la denegación de pruebas, en este sentido el Tribunal considera, sin perjuicio de las que finalmente, tras oir a las partes, decida admitir, que se mantiene lo expresado en el Auto de admisión de pruebas y señalamiento, destacando como los autores del envenenamiento del aceite ya fueron en su día juzgados, en el Sumario 129/81 de la Sección Segunda, y el objeto del presente juicio se limita a determinar si comportamientos imprudentes de los funcionarios acusados fueron causa jurídicamente del delito doloso cometido por aquellos, sin que por esta vía pueda replantearse, en contra de lo que aparece en Sentencia firme, el comportamiento de aquellos condenados, ni su resultado. Cualquier actualización o modificación de la situación de los afectados tiene su cauce en la ejecución de aquella resolución, por lo que ninguna victima no incluida en la misma puede serlo ahora en ésta, del mismo modo que tampoco podría pretenderse la exclusión de las ya estimadas. Con ello se da respuesta a la cuestión planteada por la Letrada Sra. Benegas respecto a Mariana Mercedes , cuya exclusión ya fue objeto del recurso de casación, y sobre la que no cabe volver".
A continuación la totalidad de las defensas, como articulo de previo pronunciamiento, solicitaron que se declarase la prescripción de los delitos objeto de acusación, y además la defensa de Luis Alfredo solicitó la aplicación de la amnistía e indulto. El Ministerio Fiscal se opuso a la estimación de los artículos de previo pronunciamiento, y el Abogado del Estado se adhirió. Las acusaciones mostraron su oposición. Las sesiones continuaron el día 16 de octubre, haciendo público, al inicio de la sesión, el Tribunal el siguiente acuerdo:
ARTÍCULOS DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO PRESCRIPCIÓN.
A-Respecto al momento en que empieza a correr y al momento en que se interrumpe, el Tribunal tiene en cuenta que:
"El art. 114 del CP (LA LEY 3996/1995) . establece que la prescripción comienza a correr desde el día en que se hubiere cometido el delito, y se interrumpe desde que el procedimiento se dirije contra el culpable".
"En este caso, en que se imputa un delito de imprudencia con resultado de muertes y lesiones, el delito debe entenderse producido, no cuando realizaron la conducta imprudente, sino cuando ésta produjo el resultado, que se les atribuye, pues sin el resultado el delito imprudente no nace, y ese momento, como mínimo, fue en 1981, cuando las víctimas contrajeron la enfermedad, aunque sus secuelas continúen padeciéndolas en el día de hoy. Negar la relación de causalidad con ese resultado, ya es cuestión de fondo, a ventilar durante el juicio".
"El procedimiento debe considerarse que se inició, contra cinco de los hoy acusados, Andres Vicente , Florentino Urbano , Jon Urbano , Francisco Leopoldo , Victorino Felicisimo , en 1984, cuando, después de que las acusaciones en el Sumario 129/81 reiteraron la petición de su procesamiento ante la Sección 2ª, procesamiento que antes les había sido denegado por el Instructor, aquella Sección acordó en resoluciones de 12 de abril y de 4 de mayo de 1984, formar testimonio de particulares para averiguar las posibles responsabilidades penales de las autoridades y funcionarios, que se mencionan, lo que finalmente da lugar a la incoación de la presente causa por resolución de fecha 15 de abril de 1985. Esto se estima así, por parecer el criterio mas acorde con el Art. 114 del CP (LA LEY 3996/1995) , antes mencionado, aunque no se ignora que en alguna sentencia del T. S. se ha mantenido otro criterio, como entender que la incoación de una causa, aun antes de conocer la identidad de los responsables, interrumpe para todos la prescripción, con lo que hubiese bastado acudir al momento en que se inició el anterior Sumario 129/81. Incluso también se ha defendido en ocasiones una postura radicalmente contraria llegando a exigir la notificación al inculpado de la existencia del procedimiento en que está siendo investigado".
"Respecto a los otros dos acusados, Ramon Victorino y Valeriano Jacinto , cuyo procesamiento no consta que fuese solicitado por las acusaciones, ni por tanto incluidos en la relación de funcionarios cuya negligencia se debía averiguar al incoarse esta causa, puede considerarse que, el procedimiento contra ellos, no se abre hasta que en 1990, tras las peticiones de las acusaciones, el Instructor dicta el primer Auto de apertura del juicio oral, donde les incluye. Aunque este Auto fue después anulado, sí cumplió la función de informar a los acusados de que el procedimiento se dirigía contra ellos, lo que les permitió personarse en la causa como tales e instar la nulidad de ese Auto. Aunque existe una cierta contradicción al estimar estos efectos a partir de la resolución posteriormente declarada nula y que no se vuelve a dictar hasta 1994, esa contradicción no es tal, teniendo en cuenta, que la nulidad se derivó de que el concepto de inculpado, se debía de tener antes de dictar el Auto de apertura, con lo que, a los solos efectos de entender dirigido contra ellos el procedimiento y hacérselo saber, cumplió esa finalidad. Así a partir de aquella resolución de 1990 ya pudieron instar la practica de todas las diligencias, que con el carácter de imputados en la causa tenían interés en realizar".
B-En cuanto al plazo aplicable, el Tribunal tiene en cuenta que:
"El art. 113 del C.P (LA LEY 3996/1995) . establece como los delitos prescriben a los 10 años cuando la ley señalare al delito una pena que exceda de seis años, y a los cinco cuando señalare cualquier otra pena".
"El art. 565 párrafo primero del C.P . establece que el que por imprudencia temeraria ejecutare un hecho que si mediare dolo (o malicia en la redacción anterior) constituiría delito será castigado con la pena de prisión menor, y en el párrafo segundo como si se produjere muerte o lesiones la pena se impondrá en grado máximo, dejando a juicio del Tribunal su elevación en uno o dos grados cuando el mal causado fuere de extrema gravedad".
"Las acusaciones, o al menos algunas de ellas, reclaman que el Tribunal haga uso de esta facultad de elevar la pena, pidiendo la imposición de penas superiores a los seis años. Ello lleva, inicialmente, a considerar que no puede, por ahora y como cuestión previa, descartarse, que el plazo de prescripción aplicable al delito pudiera ser el de los 10 años, aunque esta sea una cuestión no pacifica en la doctrina ni en la jurisprudencia. Así mientras que la Sentencia del T.S. de 2 de marzo de 1990 , puede entenderse que apoya esta postura, es cierto que la Sentencia mas reciente de ese mismo tribunal, de 23 de marzo de 1995 , parece sentar el criterio contrario, pero debe tenerse en cuenta, respecto a esta última resolución, que por un lado esta cuestión se resolvió en Sentencia, y por otro que en el supuesto contemplado en esa resolución se dictó Sentencia sin que el Tribunal utilizase, ni tampoco lo instase la acusación, la facultad de imponer la pena superior".
"Por ello, y sin perjuicio de lo que una vez concluido el juicio pueda estimarse en Sentencia, con un mayor conocimiento del que esta vía de las cuestiones previas permite, pretendiendo con ello no hurtar a ninguna de las partes las mayores posibilidades de debatir en defensa de sus respectivas posturas, que el juicio implica, EL TRIBUNAL ACUERDA QUE: SE DESESTIMA, COMO ARTÍCULO DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO, LA PRESCRIPCIÓN ALEGADA".
AMNISTÍA E INDULTO
"La defensa del acusado Luis Alfredo plantea además, como articulo de previo pronunciamiento, la aplicación de la amnistía y el indulto, establecido en los Decretos de 25 de noviembre de 1975 o de 14 de marzo de 1977".
"La base de su alegación radica en que la conducta atribuida a este acusado data del año 1973. Una vez desechado tal extremo, al estimar que la fecha en que se produce el delito objeto de acusación es el año 1981, como se ha señalado anteriormente, por ser el momento en que la conducta imprudente produce su resultado, sin el cual el delito imprudente no existe, no cabe la aplicación de estos decretos que se refieren a conductas anteriores a su promulgación. Por lo expuesto EL TRIBUNAL ACUERDA QUE: SE DESESTIMA, COMO ARTÍCULO DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO, LA APLICACIÓN DE AMNISTÍA O INDULTO".
A continuación las partes, como habían instado algunas de ellas ya por escrito, solicitaron la practica de pruebas que les habían sido rechazadas o que no habían sido propuestas anteriormente. Tras oir a todas las partes se concluyó la sesión.
El día 17 de octubre se reanudaron las sesiones, haciendo público el Tribunal el Acuerdo en que estimó la admisión de alguna de estas pruebas, rechazándose el resto.
Dándose por concluidas las cuestiones previas se inició el interrogatorio de los acusados, y la practica de las demás pruebas lo que se llevó a efecto durante las sesiones de los días 23, 24, 30 y 31 de octubre, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de noviembre, 11, 12, 18 y 19 de diciembre, 8, 29 y 30 de enero, 12, 13, 14, 19, 20 y 28 de febrero, 4,5, 11 y 12 de marzo, fecha en la que tras las calificaciones definitivas e informes se declaró el juicio concluso para Sentencia.
TERCERO- La calificación definitivas de las partes acusadoras, fue la siguiente:
1º ASOCIACIÓN DE PALENCIA, representada por el Procurador Sr. D. Ramiro Reynolds de Miguel, y defendida por el Letrado Sr. Bueno Morcillo, formuló la siguiente calificación:
Un delito de imprudencia temeraria punible del art. 565, redacción vigente en 1981, párrafo 1º y 5º del CP . al haber resultado de muertes y lesiones graves. Del expresado delito son responsables los acusados, Francisco Leopoldo , Valeriano Jacinto , Florentino Urbano , Jon Urbano y Luis Alfredo , como autores del delito del art. 14.1 del CP (LA LEY 3996/1995) . De la ejecución de los hechos no es de apreciar ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal. Procede imponer a cada uno de los acusados la pena de 6 años y 1 día de prisión mayor, para cada uno de los procesados, accesorias y costas.
Los acusados habrán de indemnizar de forma solidaria con las personas condenadas en el sumario 129/81 del Juzgado Central nº 2 y 3 de la Audiencia Nacional, Sección 2ª de lo Penal, rollo de Sala 208/81 , a los afectados por el Síndrome Tóxico, entre los que se encuentran los miembros de la Asociación de afectados por el envenenamiento de aceite o neumonía tóxica de Palencia, a las cantidades que han de fijarse conforme a las bases y cuantías establecidas en la sentencia de 20 de mayo de 1.989 , y que se desglosan de la siguiente forma:
A los herederos de cada persona fallecida en 15.000.000 ptas.
A los afectados con lesiones de duración entre uno y quince días en 150.000 ptas.
A los afectados con lesiones de duración entre 16 y 30 días, en 300.000 ptas.
A los afectados con lesiones de duración entre 31 y 90 días en 900.000 ptas.
A los afectados con lesiones de duración de más de 90 días, pero sin incapacidad, en 18.000.000 ptas.
A los afectados con incapacidad parcial permanente para dedicarse a su trabajo habitual en 25.000.000 ptas.
A los afectados con incapacidad total permanente para su trabajo habitual en 40.000.000 ptas.
A los afectados con incapacidad absoluta y permanente para cualquier tipo de trabajo en 70.000.000 ptas.
A los afectados con gran invalidez en 90.000.000 ptas.
Más en todos los casos, el interés devengado hasta el 20.5.89. Se precisará que toda variación posterior desfavorable en el estado de los afectados las indemnizaciones se acomodarán a la calificación que finalmente resulte en la ejecución de sentencia. Igualmente se precisará que las cuantías indemnizatorias se han de entender sin merma de aquellas que corresponda declarar o que hayan sido declaradas por distinta orden judicial u otros poderes u organismos del Estado.
Se condena de forma subsidiaria al Estado Español al pago de las indemnizaciones solicitadas de los acusados en el caso de insolvencia total o parcial de los mismos.
2º D. Alexander Celso Y OTROS, representados por el Procurador Sr. D. Ramiro Reynolds de Miguel, y defendidos por el Letrada Sra. D. Doris Benegas Haddad, presentó la siguiente calificación:
Se adhiere a las conclusiones definitivas formuladas por la Procuradora D» Beatriz Ruano Casanova, en escrito de fecha 31.1.96, en nombre y representación del Presidente de la Asociación Provincial de Afectados por el Sindrome Tóxico de Valladolid, del Presidente de la Asociación de afectados por el Sindrome Tóxico de Zamora (Sintox) y en nombre de Virginia Yolanda y otros.
3º Dª Yolanda Gracia Y OTROS, representados por el Procurador Sr. D. Ramiro Reynolds de Miguel, y defendidos por el Letrado Sr. D. Alfredo Garcia Arruga, presentó la siguiente calificación:
Se adhiere a las conclusiones definitivas formuladas por los Procuradores Sres. Roberto Granizo Palomeque (en representación de Clemente Millan y otros), y a la de la Procuradora Sra. Dª Mª José Millan Valero (en representación de Manuel Victorio y otros).
4º D. Hilario Bienvenido Y OTROS, representados por el Procurador Sr. D. Ramiro Reynolds de Miguel, y defendidos por el Letrado Sr. D. Antonio Garcia-Pablos de Molina, presentó la siguiente calificación:
1) Luis Alfredo , su conducta constituye un delito de imprudencia temeraria, del parrago segundo del art. 565 CP (LA LEY 3996/1995) , en relación con los arts. 346 (LA LEY 3996/1995) y 348 del CP (LA LEY 3996/1995) , castigado con la pena de prisión mayor en su grado medio por la gravedad de los hechos.
Alternativamente, su conducta constituye un delito de imprudencia temeraria, del par. 2º del art. 565 del CP (LA LEY 3996/1995) . con relación al art. 346 del CP (LA LEY 3996/1995) , castigado con la pena de prisión menor en su grado máximo.
2) Valeriano Jacinto , su conducta constituye un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte del art. 407 y lesiones art. 420 y siguientes, castigado con la pena de prisión menor en su grado medio y multa.
3), 4) y 5), Francisco Leopoldo , Florentino Urbano y Jon Urbano , el comportamiento de los acusados puede considerarse constitutivo para cada uno de ellos de un delito de imprudencia temeraria, del art. 565 del CP (LA LEY 3996/1995) . (con resultado de muerte art. 407) y de determinadas lesiones (420 y siguientes), castigado con la pena de prisión menor en su grado medio.
6) y 7) Victorino Felicisimo y Ramon Victorino , SU conducta constituye para cada uno de ellos un delito de imprudencia del art. 346, in fine, del CP , castigado con la pena de arresto mayor.
De los expresados delitos son responsables los acusados como autores de los delitos que se les imputan.
No concurren en los acusados circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
Procede imponer a todos los acusados la pena de:
A Luis Alfredo , la pena de prisión mayor en su grado medio, si se estimase la calificación alternativa, prisión menor en su grado máximo.
A Valeriano Jacinto , Francisco Leopoldo , Florentino Urbano y Jon Urbano , la pena de prisión menor en su grado medio a cada uno.
A Victorino Felicisimo , Ramon Victorino la pena de arresto mayor a cada uno.
Asimismo a todos los acusados se les impondrán las penas accesorias legales, y el pago de las costas causadas, y deberán indemnizar solidariamente a los perjudicados en:
A los herederos de cada persona fallecida en 25.000.000 ptas.
A los afectados con lesiones de duración entre 1 y 15 días en 150.000 ptas.
A los afectados con lesiones de duración entre 16 y 30 días en 300.000 ptas.
A los afectados con lesiones de duración entre 31 y 60 días, en 600.000 ptas.
A los afectados con lesiones de duración entre 61 y 90 días en 900.000 ptas.
A los afectados con lesiones de duración de más de 90 días pero sin incapacidad en 18.000.000 ptas.
A los afectados con incapacidad parcial permanente para dedicarse a su trabajo habitual en 25.000.000 ptas.
A los afectados con incapacidad total permanente para su trabajo habitual en 40.000.000 ptas.
A los afectados con incapacidad absoluta y permanente para cualquier tipo de trabajo en 70.000.000 ptas.
A los afectados con gran invalidez en 90.000.000 ptas.
De las indemnizaciones responderán solidariamente todos los acusados, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado, por las debidas a los Funcionario Públicos Luis Alfredo , Valeriano Jacinto , Francisco Leopoldo , Florentino Urbano y Jon Urbano .
5º D. Clemente Millan Y OTROS, representados por el Procurador Sr. D. Roberto Granizo Palomeque, y defendidos por el Letrado Sr. D. Mariano Muñoz Bouzo, presentó el siguiente escrito de calificación:
Los hechos punibles relatados constituyen un delito de imprudencia temeraria profesional con resultado de muertes y lesiones, previsto y penado en el art. 565 (LA LEY 3996/1995), 5º par del CP . vigente en el momento de los hechos, coincidente, a los efectos de esta calificación, con el segundo párrafo del art. 565 del CP (LA LEY 3996/1995) . vigente en la actualidad.
De los hechos relatados en el epígrafe primero, son responsables en concepto de autores, Valeriano Jacinto y Francisco Leopoldo .
De los relatados en el epígrafe segundo, lo es también en concepto de autor Luis Alfredo .
De los relatados en el epígrafe tercero, Jon Urbano en concepto de autor.
No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
Corresponde a los acusados la pena de ocho años de prisión mayor.
Conforme a lo autorizado en el art. 790.5 L.E.Crim (LA LEY 1/1882) las indemnizaciones a los perjudicados han de fijarse conforme a las bases y cuantías establecidas en la Sentencia de 20.5.89, de la Sec. 2ª de la Audiencia Nacional.
A los herederos de cada persona fallecida en 15.000.000 ptas.
A los afectados con lesiones de duración entre uno y quince días en 150.000 ptas.
A los afectados con lesiones de duración entre 16 y 30 días, en 300.000 ptas.
A los afectados con lesiones de duración entre 31 y 60 días en 600.000 ptas.
A los afectados con lesiones de duración entre 61 y 90 días en 900.000 ptas.
A los afectados con lesiones de duración de más de 90 días, pero sin incapacidad, en 18.000.000 ptas.
A los afectados con incapacidad parcial permanente para dedicarse a su trabajo habitual en 25.000.000 ptas.
A los afectados con incapacidad total permanente para su trabajo habitual en 40.000.000 ptas.
A los afectados con incapacidad absoluta y permanente para cualquier tipo de trabajo en 70.000.000 ptas.
A los afectados con gran invalidez en 90.000.000 ptas.
La responsabilidad civil ha de establecerse conforme a lo establecido en los arts. 19 (LA LEY 3996/1995) y 101 (LA LEY 3996/1995) a 106 del CP (LA LEY 3996/1995) . de manera personal y directa conjunta y solidaria en relación a todos los fallecidos y afectados por el Síndrome Tóxico que figuran en las correspondientes carpetas actualizadas a la fecha de la sentencia firme condenatoria, en cuanto a Valeriano Jacinto , Luis Alfredo y Francisco Leopoldo .
Jon Urbano , es responsable civil respecto a las personas afectadas por el consumo de aceite marca JAP entre el 10.6.81 y 4 de julio del mismo año, según estado de sus carpetas actualizadas al momento antes señalado.
Conforme al art. 22 del CP (LA LEY 3996/1995) . procede la responsabilidad civil subsidiaria del Estado.
Procede la imposición de las costas a los acusados, conforme al art. 109 del CP (LA LEY 3996/1995) , y 240.2 de la LECrim (LA LEY 1/1882) .
6º D. Andres Nemesio Y OTROS, representados por el Procurador Sr. D. Roberto Granizo Palomeque, y defendidos por el Letrado Sr. D. Alfredo Garcia Arruga, presentó el siguiente escrito de calificación:
Se adhiere a los escritos de acusación formulados por D* María José Millan Valero y el Procurador Sr. Granizo Palomeque, en la representación que tienen acreditada en Autos y firmados por los Letrados D. José Manuel Gómez Benitez y D. Mariano Muñoz Bouzo.
7º ASOCIACIÓN HISPANIA, ASOCIACIÓN LA VAQUILLA DE COLMENAR VIEJO, ASOCIACIÓN DE LEÓN, ASOCIACIÓN DE MOSTOLES, representadas por la Procurador Dª. Esther Rodriguez Pérez, y defendidas por el Letrado Sr. D. Carlos Vila Calvo, presentó la siguiente calificación, al elevar a definitivas sus conclusiones provisionales:
Consideró que los hechos eran constitutivo de un delito de imprudencia temeraria en el ejercicio de sus funciones, con resultado de muerte y lesiones, previsto y penado en el art. 565 del CP (LA LEY 3996/1995) . Del expresado delito son responsables los acusados, Francisco Leopoldo , Valeriano Jacinto , Florentino Urbano , Jon Urbano , Luis Alfredo , Victorino Felicisimo , Ramon Victorino , en concepto de autores del art. 14.1 del CP (LA LEY 3996/1995) . No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Procede imponer a cada uno de los acusados la pena de 10 años de prisión mayor, accesorias y costas.
Los acusados deberán indemnizar a los perjudicados de la siguiente forma:
A los herederos de cada persona fallecida en 15.000.000 ptas.
A los afectados con lesiones de duración en 1 y 15 días en 150.000 ptas.
A los afectados con lesiones de duración entre 16 y 30 días, en 300.000 ptas.
A los afectados con lesiones de duración entre 31 y 60 días en 600.000 ptas.
A los afectados con lesiones de duración entre 61 y 90 días, en 900.000 ptas.
A los afectados con lesiones de duración de más de 90 días pero sin incapacitación en 18.000.000 ptas.
A los afectados con incapacidad parcial permanente para dedicarse a su trabajo habitual en 25.000.000 ptas.
A los afectados con incapacidad total permanente para su trabajo habitual en 40.000.000 ptas; y
A los afectados con incapacidad absoluta y permanente para cualquier tipo de trabajo en 70.000.000 ptas.
A los afectados con gran invalidez en 90.000.000 ptas. Más en todos los cados, el interés devengado hasta el 20.5.89.
Para caso de insolvencia de los acusados se decretará la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, ya que todos los acusados actuaban dentro de las competencias que sus cargos les otorgaban.
8º ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS (OCU)- ACCIÓN POPULAR- Y OTROS PARTICULARES AFECTADOS, representados por el Procurador Sr. D. Rafael Delgado Delgado, y defendidos por el Letrado D. Ignacio Uriarte y Bofarull, asumiendo también la representación de Sebastian Pio y otro, que anteriormente ejercían el Procurador Sr. Ibañez de la Cadiniere y el Letrado SR. Ruiza Fernández, presentó el siguiente escrito de calificación:
1) Los imputados Luis Alfredo y Valeriano Jacinto , han incurrido en delito de imprudencia temeraria por acción y omisión del pár. 1 y 2 del art. 565 del CP (LA LEY 3996/1995) ., en relación con los arts. 346 (LA LEY 3996/1995) , 348 (LA LEY 3996/1995) , 420 (LA LEY 3996/1995) y 421 ns 1 y 2 del CP (LA LEY 3996/1995) .
2) Los imputados Florentino Urbano , Francisco Leopoldo y Jon Urbano , han incurrido en delito de imprudencia temeraria por omisión, del pár 1 y 2 del art. 565 del CP (LA LEY 3996/1995) ., en relación con los arts. 346 (LA LEY 3996/1995) , 348 (LA LEY 3996/1995) , 420 (LA LEY 3996/1995) y 421 nº 1 y 2 del CP (LA LEY 3996/1995) . vigente.
3) Los acusados Ramon Victorino y Victorino Felicisimo han incurrido en delito de imprudencia del art. 346 par último del CP (LA LEY 3996/1995) . por imprudencia por omisión.
1) Corresponde a cada uno de los acusados Luis Alfredo , Valeriano Jacinto , la pena de prisión mayor de 6 años y 1 día.
2) Corresponde a cada uno de los acusados Florentino Urbano , Francisco Leopoldo y Jon Urbano , la pena de prisión menor de 4 años, 2 meses y 1 día.
3) Corresponde a cada uno de los acusados Ramon Victorino y Victorino Felicisimo , la pena de arresto mayor.
Los acusados abonarán solidariamente en las cantidades determinadas en la sentencia de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional de 29.05.89, confirmadas por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, salvo en cuanto a los fallecidos, cuyos familiares deben ser indemnizados con 20.000.000 ptas., en razón de la aplicación que viene haciéndose por los Tribunales en todos los casos de muertes o lesiones de las Tabals de la Ley de Seguro Privado 30/95.
Tales indemnizaciones deben ser hechas efectivas por el Estado, responsable civil subsidiario, sin perjuicio de su derecho a reintegrarse de las reducidas cantidades y bienes embargados en la pieza de responsabilidad civil a los condenados al pago por sentencia de 20.5.89 .
De tales indemnizaciones responderán solidariamente los acusados sin perjuicio de la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, por las debidas a los funcionarios públicos Luis Alfredo , Valeriano Jacinto , Francisco Leopoldo , Florentino Urbano y Jon Urbano .
9º Dª Dulce Evangelina Y OTROS, representados por el Procurador D. Rafael Delgado Delgado, y defendidos por el Letrado D. Alfredo Garcia Arruga, presentó el siguiente escrito de acusación:
Se adhiere a los escritos de acusación formulados por Dª María José Millan Valero y el Procurador Sr. Granizo Palomeque, en la representación que tienen acreditada en Autos y firmados por los Letrados D. José Manuel Gómez Benitez y D. Mariano Muñoz Bouzo.
10º ASOCIACIÓN AFECTADOS DE COSLADA, representados por la Procuradora Da Beatriz Ruano Casanova, y defendidos por el Letrado Sr. D. José Manuel Gómez Benitez, presentó el siguiente escrito de calificación:
Un delito de imprudencia temeraria profesional con resultado muertes y lesiones, previsto y penado en el art. 565 par. 5º del CP (LA LEY 3996/1995) . vigente en el momento de la comisión de los hechos, coincidente con el segundo párrafo del art. 565 del vigente CP (LA LEY 3996/1995) . Los acusados Francisco Leopoldo , Valeriano Jacinto , Florentino Urbano , Jon Urbano , Luis Alfredo , Victorino Felicisimo , son responsables en concepto de autores del art. 14.1 del CP (LA LEY 3996/1995) . Corresponde a los acusados la pena de 8 años de prisión mayor. No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.
Deberán indemnizar a:
A los herederos de cada persona fallecida en 20.000.000 pts.
A los afectados con lesiones de duración entre 1 y 15 días en 150.000 ptas.
A los afectados con lesiones de duración entre 16 y 30 días en 300.000 ptas.
A los afectados con lesiones de duración entre 31 y 60 días en 600.000 ptas.
A los afectados con lesiones de duración ente 61 y 90 días en 900.000 ptas.
A los afectados con lesiones de duración de más de 90 días pero sin incapacidad en 18.000.000 ptas.
A los afectados con incapacidad parcial permanente para dedicarse a su trabajo habitual en 25.000.000 ptas.
A los afectados con incapacidad total permanente para su trabajo habitual en 40.000.000 ptas.
A los afectados con incapacidad absoluta y permanente para cualquier tipo de trabajo en 70.000.000 ptas.
A los afectados con gran invalidez en 90.000.000 ptas.
La responsabilidad civil ha de establecerse conforme a lo establecido en los arts. 19 (LA LEY 3996/1995) , 101 (LA LEY 3996/1995) y 106 del CP (LA LEY 3996/1995) . de manera personal y directa, conjunta y solidaria, en relación a todos los fallecidos y afectados por el Síndrome Tóxico que figuran en las correspondientes carpetas, actualizadas a la fecha de la sentencia firme condenatoria, en cuanto a Valeriano Jacinto , Luis Alfredo , Francisco Leopoldo , Florentino Urbano .
Jon Urbano , es responsable civil respecto a las personas afectadas por el consumo de aceite marca JAP entre el 10.6.81 y el 4 de julio del mismo año, según estado de sus carpetas, actualizadas al momento antes señalado.
Victorino Felicisimo , es responsable civil directo de todos los fallecidos y afectados con causa en el aceite tóxico vendido por Raelca, y además, el vendido en el ámbito de competencia municipal de Alcorcón.
Conforme al art. 32 del CP (LA LEY 3996/1995) . procede la responsabilidad civil subsidiaria del Estado.
Procede la imposición de las costas a los acusados, conforme al art. 109 del CP (LA LEY 3996/1995) . y 240.2 de la LECrim (LA LEY 1/1882) .
11º ASOCIACIÓN DE VALLADOLID Y PROVINCIA, ASOCIACIÓN DE AHORA, Virginia Yolanda Y OTROS, representados por la rocuradora Dª Beatriz Ruano Casanova, y defendidos por la Letrada oris Benegas Haddad, presentó la siguiente calificación, en elación a los hechos contenidos en los apartados correspondientes de su escrito:
Los del apartado A.2 a):
De un delito de imprudencia temeraria y profesional con resultados de extrema gravedad consistentes en muertes y lesiones del art. 565 en relación a los arts. 407 (LA LEY 3996/1995) y 420.2 º (LA LEY 3996/1995), 3 º y 4º del CP . (anterior a la reforma de LO. 3/89 (LA LEY 1577/1989)).
De un delito imprudente contra la salud pública del art. 565 en relación al 346 del CP (LA LEY 3996/1995) . Los del apartado A.2 b)
De dos delitos de imprudencia temeraria y profesional con resultados de extrema gravedad consistentes en muertes y lesiones del art. 565 en relación a los arts. 407 (LA LEY 3996/1995) y 420 (LA LEY 3996/1995), 2 º, 3 º y 4º del CP . (anterior a la reforma de L.O. 3/89 (LA LEY 1577/1989)).
De dos delitos imprudentes contra la salud pública del art. 565 en relación al 346 del CP (LA LEY 3996/1995) . Los del apartado B. 2a)
De un delito de imprudencia temeraria y profesional con resultados de extrema gravedad consistentes en muertes y lesiones del art. 565 en relación a los arts. 407 (LA LEY 3996/1995) y 420.2 º (LA LEY 3996/1995), 3 º y 4º del CP . (anterior a la reforma de L.O. 3/89 (LA LEY 1577/1989)).
De un delito imprudente contra la salud pública del art. 565 en relación al 346 del CP (LA LEY 3996/1995) . Los del apartado B. 2b):
De un delito de imprudencia temeraria y profesional con resultados de extrema gravedad consistentes en muertes y lesiones del art. 565 en relación a los arts. 407 (LA LEY 3996/1995) y 420.2 º (LA LEY 3996/1995), 3 º y 4º del CP . (anterior a la reforma de L.O. 3/89 (LA LEY 1577/1989)).
De un delito imprudente contra la salud pública del art. 565 en relación al 346 del CP (LA LEY 3996/1995) . Los del apartado C.2:
De un delito de imprudencia temeraria y profesional con resultados de extrema gravedad consistentes en muertes y lesiones del art. 565 en relación a los arts. 407 (LA LEY 3996/1995) y 420.2 º (LA LEY 3996/1995), 3 º y 4º del CP . (anterior a la reforma de L.O. 3/89 (LA LEY 1577/1989)).
De un delito imprudente contra la salud pública del art. 565 en relación al 346 del CP (LA LEY 3996/1995) .
Los del apartado D.2:
De un delito de imprudencia temeraria y profesional con resultados de extrema gravedad consistentes en muertes y lesiones del art. 565 en relación a los arts. 407 (LA LEY 3996/1995) y 420.2 º (LA LEY 3996/1995), 3 º y 4º del CP . (anterior a la reforma de L.O. 3/89 (LA LEY 1577/1989)).
De un delito imprudente contra la salud pública del art. 565 en relación al 346 del CP (LA LEY 3996/1995) .
Son responsables
Apartado A.2.a)
Del delito de imprudencia temeraria y profesional con resultado de extrema gravedad consistentes en muertes y lesiones Luis Alfredo , en concepto de autor del art. 14.1º del CP (LA LEY 3996/1995) .
Del delito imprudente contra la salud pública, Luis Alfredo en concepto de autor del art. 14.1º del CP (LA LEY 3996/1995) .
Apartado A.2 b)
De cada uno de los delitos de imprudencia temeraria y profesional con resultados de extrema gravedad consistentes en muertes y lesiones, Francisco Leopoldo y Valeriano Jacinto , en concepto de autores del art. 14.1º del CP (LA LEY 3996/1995) .
De cada uno de los delitos imprudentes contra la salud pública Francisco Leopoldo y Valeriano Jacinto en concepto de autores del art. 14.1º del CP (LA LEY 3996/1995) . Apartado B. 2.a):
Del delito de imprudencia temeraria y profesional con resultado de extrema gravedad consistentes en muertes y lesiones Victorino Felicisimo , en concepto de autor del art. 14.1º del CP (LA LEY 3996/1995) .
Del delito imprudente contra la salud pública, Victorino Felicisimo , en concepto de autor del art. 14.1º del CP (LA LEY 3996/1995) .
Apartado B.2.b):
Del delito de imprudencia temeraria y profesional con resultado de extrema gravedad consistentes en muertes y lesiones Ramon Victorino , en concepto de autor del art. 14.1º del CP (LA LEY 3996/1995) .
Del delito imprudente contra la salud pública, Ramon Victorino , en concepto de autor del art. 14.1º del CP (LA LEY 3996/1995) .
Apartado C.2:
Del delito de imprudencia temeraria y profesional con resultado de extrema gravedad consistentes en muertes y lesiones Jon Urbano , en concepto de autor del art. 14.1º del CP (LA LEY 3996/1995) .
Del delito imprudente contra la salud pública, Jon Urbano , en concepto de autor del art. 14.1º del CP (LA LEY 3996/1995) .
Apartado D.2:
Del delito de imprudencia temeraria y profesional con resultado de extrema gravedad consistentes en muertes y lesiones Florentino Urbano , en concepto de autor del art. 14.1º del CP (LA LEY 3996/1995) .
Del delito imprudente contra la salud pública, Florentino Urbano , en concepto de autor del art. 14.1º del CP (LA LEY 3996/1995) :
No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
Procede imponer a los acusados las penas de:
A Luis Alfredo , 11 años y 4 meses de prisión mayor por el delito de imprudencia temeraria y profesional con resultados de extrema gravedad, y 6 meses de arresto mayor por el delito contra la salud publica, accesorias.
A Francisco Leopoldo , Valeriano Jacinto , 11 años y 4 meses de prisión mayor por el delito de imprudencia temeraria y profesional con resultados de extrema gravedad.
A Francisco Leopoldo , Valeriano Jacinto , 6 meses de arresto mayor por el delito contra la salud pública, accesorias y costas.
A Victorino Felicisimo , 11 años y 4 meses de prisión mayor por el delito de imprudencia temeraria y profesional con resultados de extrema gravedad.
A Victorino Felicisimo , 6 meses de arresto mayor por el delito contra la salud pública, accesorias y costas.
A Ramon Victorino , 11 años y 4 meses de prisión mayor por el delito de imprudencia temeraria y profesional con resultados de extrema gravedad.
A Ramon Victorino , 6 meses de arresto mayor por el delito contra la salud pública, accesorias y costas.
A Jon Urbano , 11 años y 4 meses de prisión mayor por el delito de imprudencia temeraria y profesional con resultados de extrema gravedad.
A Jon Urbano , 6 meses de arresto mayor por el delito contra la salud pública, accesorias y costas.
A Florentino Urbano , 11 años y 4 meses de prisión mayor por el delito de imprudencia temeraria y profesional con resultados de extrema gravedad.
A Florentino Urbano , 6 meses de arresto mayor por el delito contra la salud pública, accesorias y costas.
Deberán indemnizar a:
A los herederos de cada persona fallecida en 25.000.000 pts.
A los afectados sin incapacidad permanente en 18.000.000 ptas.
A los afectados con incapacidad permanente parcial para su trabajo habitual en 25.000.000 ptas.
A los afectados con incapacidad permanente total para su trabajo habitual en 40.000.000 ptas.
A los afectados con incapacidad permanente absoluta en 70.000.000 ptas.
A los afectados con gran invalidez en 90.000.000 ptas.
Los acusados indemnizarán como responsables civiles personales y directos, conjunta y solidariamente por iguales cuotas en la interna distribución, a los herederos de todas las personas fallecidas como consecuencia del Síndrome Tóxico y a todas las personas lesionadas por dicha enfermedad en las cuantías indemnizatorias antes señaladas.
En caso de insolvencia total o parcial de los acusados será condenado el Estado a abonar las indemnizaciones señaladas anteriormente a los herederos de las personas fallecidas como consecuencia del Síndrome Tóxico y a los lesionados por dicha enfermedad, al amparo del art. 22 del CP (LA LEY 3996/1995) .
12º Dª Noelia Angeles , defendida por la Procuradora Dª Sofia Guardia del Barrio, y defendida por el Letrado Sr. D. Juan I. Guerrero Llorente, presentó el siguiente escrito de calificación:
Se adhiere a los escritos de acusación formulados por Dª. María José Millan Valero y el Procurador Sr. Granizo Palomeque, en la representación que tienen acreditada en Autos y firmados por los Letrados D. José Manuel Gómez Benitez y D. Mariano Muñoz Bouzo.
13º Dª Olga Noelia Y OTROS, defendidos por la Procuradora Dª María José Millan Valero, y defendidos por los Letrados Sres. D. Alfredo García Arrga y D. José Manuel Gómez Benitez, presentó el siguiente escrito de calificación:
Se adhiere a los escritos de acusación formulados por Dª María José Millan Valero y el Procurador Sr. Granizo Palomeque, en la representación que tienen acreditada en Autos y firmados por los Letrados D. José Manuel Gómez Benitez y D. Mariano Muñoz Bouzo.
14° D. Manuel Victorio Y OTROS, defendidos por la Procuradora Dª. María José Millan Valero, y defendidos por el Letrado Sr. D. Manuel Gómez Benitez, presentó el siguiente escrito de calificación:
Un delito de imprudencia temeraria profesional con resultado muertes y lesiones, previsto y penado en el art. 565 par. 5º del CP (LA LEY 3996/1995) . vigente en el momento de la comisión de los hechos, coincidente con el segundo párrafo del art. 565 del vigente CP (LA LEY 3996/1995) . Los acusados Francisco Leopoldo , Valeriano Jacinto , Florentino Urbano , Jon Urbano , Luis Alfredo , Victorino Felicisimo , son responsables en concepto de autores del art. 14.1 del CP (LA LEY 3996/1995) . Corresponde a los acusados la pena de 8 años de prisión mayor. No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.
Deberán indemnizar a:
A los herederos de cada persona fallecida en 20.000.000 pts.
A los afectados con lesiones de duración entre 1 y 15 días en 150.000 ptas.
A los afectados con lesiones de duración entre 16 y 30 días en 300.000 ptas.
A los afectados con lesiones de duración entre 31 y 60 días en 600.000 ptas.
A los afectados con lesiones de duración ente 61 y 90 días en 900.000 ptas.
A los afectados con lesiones de duración de más de 90 días pero sin incapacidad en 18.000.000 ptas.
A los afectados con incapacidad parcial permanente para dedicarse a su trabajo habitual en 25.000.000 ptas.
A los afectados con incapacidad total permanente para su trabajo habitual en 40.000.000 ptas.
A los afectados con incapacidad absoluta y permanente para cualquier tipo de trabajo en 70.000.000 ptas.
A los afectados con gran invalidez en 90.000.000 ptas.
La responsabilidad civil ha de establecerse conforme a lo establecido en los arts. 19 (LA LEY 3996/1995) , 101 (LA LEY 3996/1995) y 106 del CP (LA LEY 3996/1995) . de manera personal y directa, conjunta y solidaria, en relación a todos los fallecidos y afectados por el Síndrome Tóxico que figuran en las correspondientes carpetas, actualizadas a la fecha de la sentencia firme condenatoria, en cuanto a Valeriano Jacinto , Luis Alfredo , Francisco Leopoldo , Florentino Urbano .
Jon Urbano , es responsable civil respecto a las personas afectadas por el consumo de aceite marca JAP entre el 10.6.81 y el 4 de julio del mismo año, según estado de sus carpetas, actualizadas al momento antes señalado.
Victorino Felicisimo , es responsable civil directo de todos los fallecidos y afectados con causa en el aceite tóxico vendido por Raelca, y además, el vendido en el ámbito de competencia municipal de Alcorcón.
Conforme al art. 32 del CP (LA LEY 3996/1995) . procede la responsabilidad civil subsidiaria del Estado.
Procede la imposición de las costas a los acusados, conforme al art. 109 del CP (LA LEY 3996/1995) . y 240.2 de la LECrim (LA LEY 1/1882) .
15º Dª Macarena Isidora Y OTROS, representados por el Procurador D. José Luis Martin Jaureguibeitia, y defendidos por la Letrada Dª Mercedes Lanza Martinez, presentó el siguiente escrito de calificación:
Se adhiere a los escritos de acusación formulados por D* María José Millan Valero y el Procurador Sr. Granizo Palomeque, en la representación que tienen acreditada en Autos y firmados por los Letrados D. José Manuel Gómez Benitez y D. Mariano Muñoz Bouzo.
16º Sebastian Pio Y OTRO, por escrito de fecha 6.11.95, se informó su integración en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)- Acción Popular, representados por el Procurador Sr. D. Rafael Delgado Delgado, y defendidos por el Letrado Sr. D. Ignacio Uriarte y De Bofarull.
17º ASOCIACIÓN DE SAN FERNANDO DE HENARES Y OTROS, representados por el Procurador Sr. D. José Luis Herranz Moreno, y defendidos por el Letrado Sr. D. Guillermo Slocker Tena, presentó la siguiente calificación:
Se adhiere a los escritos de calificación presentados por los Procuradores D. Roberto Granizo Palomeque y Dña. Mª José Millan Valero.
18º ASOCIACIÓN AFECTADOS DE GUADALAJARA, representados por el Procurador Sr. D. Isidoro Argos Linares y defendidos por el Letrado Sr. D. Jorge Velasco Peña, presentó el siguiente escrito de calificación:
De los hechos relatados en los epígrafes A), B) y C) del apartado I, coincidentes con los epígrafes primero, segundo y tercero del apartado I, del escrito de acusación provisional, son constitutivos de un delito de imprudencia temeraria y profesional con resultado muertes y lesiones, previsto y penado en el art. 565 par. 5S del CP (LA LEY 3996/1995) . vigente en el momento de la comisión de los hechos, coincidente con el segundo párrafo del art. 565 del vigente CP (LA LEY 3996/1995) .
Los hechos relatados en los epígrafes D) y E) del apartado I, constituyen asimismo un delito de imprudencia temeraria y profesional con resultado de muertes y lesiones, previsto y penado en el par. 5º del art. 565 del CP (LA LEY 3996/1995) . vigente en el momento de los hechos, coincidente a los efectos de esta calificación con el 2º par del art. 565 del CP (LA LEY 3996/1995) . actualmente vigente.
De los hechos relatados en el epígrafe A) del apart. I coincidente con el epígrafe 1º del apartado I del escrito de calificación provisional, son responsables en concepto de autores conforme al art. 14.1º del CP (LA LEY 3996/1995) . Valeriano Jacinto y Francisco Leopoldo .
De los hechos relatados en el epígrafe B) del apart. I coincidente con el epígrafe 2º del apartado I del escrito de calificación provisional, son responsables en concepto de autores conforme al art. 14.1º del CP (LA LEY 3996/1995) . Luis Alfredo .
De los hechos relatados en el epígrafe C) del apart. I coincidente con el epígrafe 3º del apartado I del escrito de conclusiones provisionales, es responsable en concepto de autor conforme al art. 14.1º del CP (LA LEY 3996/1995) . Jon Urbano .
De los hechos relatados en el epígrafe D) del apart. I, es responsable en concepto de autor conforme al art. 14.1º del CP (LA LEY 3996/1995) . Florentino Urbano .
Y de los hechos del epígrafe E) del apart. I, es responsable en concepto de autor conforme al art. 14.1º del CP (LA LEY 3996/1995) , Victorino Felicisimo .
No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
Corresponde a cada uno de los acusados Valeriano Jacinto , Francisco Leopoldo , Luis Alfredo , Jon Urbano , Florentino Urbano , y Victorino Felicisimo , la pena de 8 años de prisión mayor.
Deberán indemnizar a:
A los herederos de cada persona fallecida en 15.000.000 pts. A los afectados con lesiones de duración entre 1 y 15 días en 150.000 ptas.
A los afectados con lesiones de duración entre 16 y 30 días en 300.000 ptas.
A los afectados con lesiones de duración entre 31 y 60 días en 600.000 ptas.
A los afectados con lesiones de duración ente 61 y 90 días en 900.000 ptas.
A los afectados con lesiones de duración de más de 90 días pero sin incapacidad en 18.000.000 ptas.
A los afectados con incapacidad parcial permanente para dedicarse a su trabajo habitual en 25.000.000 ptas.
A los afectados con incapacidad total permanente para su trabajo habitual en 40.000.000 ptas.
A los afectados con incapacidad absoluta y permanente para cualquier tipo de trabajo en 70.000.000 ptas.
A los afectados con gran invalidez en 90.000.000 ptas.
La responsabilidad civil ha de establecerse conforme a lo establecido en los arts. 19 (LA LEY 3996/1995) , 101 (LA LEY 3996/1995) a 106 del CP (LA LEY 3996/1995) . todos los acusados indemnizarán como responsables civiles personales directos, conjunta y solidariamente, a los herederos de todas las personas fallecidas como consecuencia del Síndrome Tóxico y a todos los afectados o lesionados por dicha enfermedad en las cuantías indemnizatorias antes señaladas.
De conformidad con el art. 22 del CP (LA LEY 3996/1995) . procede condenar como responsable civil subsidiario al Estado que, en caso de insolvencia total o parcial de los acusados, deberá abonar las indemnizaciones señaladas anteriormente.
Procede la imposición de las costas procesales a los acusados de conformidad con lo establecido por el art. 109 CP (LA LEY 3996/1995) . y art. 240.2º de la L.E.Crim (LA LEY 1/1882) .
QUINTO- Ha sido Ponente de la sentencia el Iltmo. Sr. Magistrado D. José Antonio Marañón Chavarri, toda vez que la anterior Iltma. Magistrada Ponente Dª Manuela Fernández Prado, ha mostrado su disconformidad con el acuerdo mayoritario relativo a la condena del acusado Luis Alfredo , formalizando voto particular, habiéndose recogido en la sentencia mayoritaria los hechos probados y fundamentos de derecho redactados por dicha Magistrada, a excepción de los que se refirieron al acusado Luis Alfredo y del Fundamento Cuarto.
DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS EN EL JUICIO ORAL, HAN QUEDADO ACREDITADOS LOS SIGUIENTES HECHOS, QUE SE DECLARAN PROBADOS:
1º.-
En la Sentencia, dictada con fecha 20 de mayo de 1989, por la Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional , y en la Sentencia de fecha 23 de abril de 1992 (LA LEY 55863-JF/0000), de la Sala Segunda del Tribunal Supremo , dictada en el Recurso de Casación interpuesto contra la anterior, en el Sumario nº 129/81, procedente de los Juzgados Centrales de Instrucción nº 2-3, que se siguió contra los autores de la intoxicación que dio lugar al denominado Síndrome Tóxico, se recoge, dentro de los hechos probados, lo siguiente:
"En los primeros días de mayo de 1981 y a raíz de ciertos casos localizados en Torrejón de Ardoz y otros lugares de Madrid, fue descubierto un brote epidémico, del que después se conoció su extensión a Castilla-León, Castilla-La Mancha, Orense y Cantabria y su inicio en el primer cuatrimestre del año".
"Al ser halladas lesiones correspondientes a una neumonía intersticial y encontradas estructuras morfológicas compatibles con un mycoplasma, lo que suponía la transmisión de la enfermedad por vía respiratoria, el Ministerio de Sanidad lo hizo saber a los ciudadanos españoles, hacia el 21 de mayo".
"Y ya por entonces se comentaba en algunos medios de comunicación social, incluso por la agencia TASS, que la enfermedad podía deberse a un accidente relacionado con armas bacteriológicas y producido en la base USA de Torrejón de Ardoz".
"Sin embargo, también se manejaba desde los primeros días la hipótesis de intoxicación alimenticia; por lo que no pocas de las investigaciones más tempranas versaron sobre esa suposición, que no olvidaba las hortalizas".
"En realidad se trataba de una enfermedad nueva, por cuanto combinaba síntomas, signos y hallazgos patológicos de manera extremadamente original".
"Realizados trabajos epidemiológicos e interrelacionados con otros clínicos, anatomapatológicos, toxicológicos y químicos, empezó a mantenerse a principios de junio, que la enfermedad estaba asociada a la ingestión de aceites sin marca, y se mudó la denominación de Neumonía Atípica por la de Síndrome Tóxico. Logro alcanzado pese a lo insólito de la emergencia y a la ocultación del desvió industria-consumo de boca por los conscientes protagonistas de la maniobra".
"El 10 de junio, el Director General de la Salud anunció al público la posible conexión entre los aceites de venta ambulante desprovistos de etiqueta y la enfermedad, pero, antes, algunos médicos habían puesto en alerta a la población sobre la posibilidad de tal enlace".
"La marca histopatológica del Síndrome Tóxico es la lesión de los vasos sanguíneos en cualquiera de sus vertientes, arterias, venas y capilares; y, aunque recibe el nombre de vasculitis, no se parece a las descritas científicamente con anterioridad. Tiene la enfermedad fases aguda, subaguda y crónica, en una peculiar historia natural, que se inicia bruscamente con enema pulmonar no cardiogénico y aumento anormal de los eosinófilos. Estos signos van siendo sustituidos por una esclerodermatosis, afecciones del sistema nervioso central y destrucción del periférico, lo que da lugar a la atrofia del músculo esquelético, con pérdida de masa y fuerza; y lesión de los vasos arteriales pulmonares, con aumento de presión en el sistema y la correspondiente alteración secundaria cardiológica. A ellos se van sumando otros signos; algunos, transformación o aumento de los iniciales. Y existe desde el principio pérdida de peso, que se transforma en la desnutrición y depauperación total. No hay órgano que no resulte afectado, salvo el riñón, y el nexo común a todas las fases es la vasculitis..."
En aquella Sentencia se estimó probada la relación de causalidad natural entre la distribución de aceite de colza inicialmente señalado con anilina al 2 por 100 y el síndrome tóxico, y finalmente se condenó a los autores de la manipulación del aceite de colza desnaturalizado con anilina, para usos industriales, y de su desvió al consumo humano, como autores, entre otros delitos, de un delito contra la salud pública, estimando probado que habían resultado afectadas las personas que se nominaron en el anexo IV, haciendo una salvedad con los casos que figuraban sin cerrar, pendientes de calificación. Se estableció la distinción entre personas asintomáticas, en el momento de su reconocimiento, que fueron identificadas como A0, A1, A3 y A9, según los síntomas hubiesen durado hasta 15, hasta 30, hasta 90 o más de 90 días, y personas con síntomas, que fueron clasificadas como SI, cuando no sufrieron incapacidad; IP, cuando sufrieron incapacidad parcial para su habitual ocupación; IT, cuando sufrieron incapacidad total para su ocupación; IA, cuando sufrieron incapacidad absoluta para toda su ocupación laboral, y; GI, cuando sufrieron gran invalidez. En todas ellas los síntomas se extendieron más de 90 días. Con las letras PP, se indicaron los casos en que el enfermo padecía cierta patología previa o intercurrente. En el anexo V, se relacionaron con las siglas NA, las personas que no habían padecido el Síndrome Tóxico y, con las CD y DI, las personas que no constaban en el proceso, sí habían sufrido o no la enfermedad. En el anexo VI fueron nominadas las personas que fallecieron a consecuencia del Síndrome Tóxico.
En el anexo VII se establecieron los apartados NE, DU y DI; en los casos NE no había existido relación causal entre el fallecimiento y el Síndrome Tóxico; en los DU o DI, ese enlace no constaba en el proceso. Se especificó en otra columna sí estuvieron afectadas AF; si constaba que no estuvieron, NA; o si no aparecían si sufrieron o no la enfermedad, CD o DI, respecto a los AF no había sido posible una más precisa calificación. Por ultimo en el anexo VIII, se indicaron, los fallecidos pendientes de calificación; CD y DU, se referían a existencia de duda; DI, a insuficiencia documental. Todos los anexos del III al VIII fueron cerrados el 13.5.89.
Por la vía del recurso de casación se revisaron algunas calificaciones y, además de la corrección de algunos errores, se acordó la inclusión de 9 personas mas. No fueron modificados los pronunciamientos sobre responsabilidades civiles contenidos en el ap. 18 del Fallo de la sentencia de la Audiencia Nacional, según el cual:
"Como responsable personal civil y directo, Cayetano Onesimo abonará las siguientes indemnizaciones: a) A los herederos de cada persona fallecida en 15.000.000 de ptas; b) A los afectados con lesiones de duración entre 1 y 15 días, 150.000 ptas; c) A los afectados con lesiones de duración entre 16 y 30 días, 300.000 ptas; d) A los afectados con lesiones de duración entre 31 y 60 días, 600.000 ptas; e) A los afectados con lesiones de duración de más de 90 días, pero sin incapacidad, 18.000.000 de ptas; g) A los incapacitados con incapacidad parcial permanente para dedicarse a su trabajo habitual, en 25.000.000 ptas; h) A los afectados con incapacidad total permanente para su trabajo habitual, 40.000.000 de ptas; i) A los afectados con incapacidad absoluta y permanente para cualquier tipo de trabajo, 70.000.000 de ptas; j) A los afectados con gran invalidez, en 90.000.000 de ptas: Y caso de insolvencia, la empresa "Refinerías de aceite de pescado S.A.", "RAPSA", responderá subsidiariamente".
" Gonzalo Teodulfo , subsidiariamente' respecto a Cayetano Onesimo , responderá de las cantidades que éste debe satisfacer, y, para el supuesto de insolvencia de PICH, subsidiariamente responderá "Jorpi, S.A.".
" Arturo Elias , conjunta y solidariamente con Cayetano Onesimo , por iguales cuotas en la interna distribución, abonará las sumas económicas mencionadas a las personas expresamente referidas en los folios 279 y 280 de los hechos probados. Y, para el supuesto de insolvencia, por Arturo Elias responderá subsidiariamente la empresa "RAELCA, S.A.".
En la ejecución de esa resolución se continúa llevando a cabo la actualización de la evolución de las carpetas correspondientes a los afectados sin cerrar.
2º.-
Dentro de los hechos probados de esa resolución, también se recoge como:
"En 1980 y desde hacia varios años, las autoridades administrativas españolas venían autorizando importaciones de aceite de colza, pero para proteger la producción nacional de aceites y grasas comestibles, se exigía que el de colza importado no fuera destinado a la alimentación humana, sino a otras actividades industriales, que resultaban ser, casi exclusivamente las siderúrgicas".
"Con el fin de garantizar el no desvío al destino humano se ordenó administrativamente qué la mercancía cuando ingresara en territorio español tuviera desnaturalizados sus caracteres organolépticos, para lo que fueron autorizados, en 1970, el aceite de ricino, y en 1974 el aceite náftico, el Azul de Ceres y la anilina, ésta al 2 por ciento".
"Resultaba, sin embargo, que la anilina, líquido oleoso que, de ser incoloro recién destilado, pasa con la oxidación a tener tonalidad rojiza progresivamente más oscura, no siempre modificaba, agregada el 2 por ciento, aspecto, color, sabor y olor del aceite de colza de manera perceptible sin instrumental y técnicas "ad hoc". Recursos éstos de que, por lo general, no se servían los aceiteros hasta pasado mayo de 1.981".
"Pese a ello, el carácter venenoso de la anilina, de conocimiento general entre los empresarios y técnicos introducidos en la rama de los aceites, se trasmitía al de colza y a los que con él se integraban; y, llegados al consumo de boca, se originaba, en las condiciones habituales de la dieta española, un peligro común y efectivo para la salud de la población".
"Pero es más, a partir de la anilina en el aceite de colza desnaturalizado y en los que lo contenían, se formaban, bien espontáneamente durante el almacenamiento y el transporte, bien a consecuencia de las manipulaciones y tratamientos a que eran sometidos, anilidas de los ácidos grasos, marcadoras de la presencia del agente productor del Síndrome Tóxico; de tal manera que, sin el añadido de la anilina al aceite de colza, no hubiera surgido el agente tóxico, aún desconocido, de la enfermedad. Si bien el nuevo síndrome no corresponde a los de intoxicación por anilina en sí, como tampoco a los de las debidas a órgano-fosforados o al Paraquat".
"Antes del 10 de junio de 1.981 no era administrativamente obligatorio el determinar la presencia en aceites comestibles, de anilinas o de anilidas en los ácidos grasos; siendo por entonces aquella modalidad de las anilidas poco conocida en los ambientes científicos. Y tampoco había establecido método oficial para hacer aquella determinación. Pero, caso de que se hubiera tratado de hallar, y aún de cuantificar en los aceites aquellas sustancias, había centros españoles con recursos suficientes para llevarlo a cabo".
"Pasado el 10 de junio, fueron elaborados sucesivamente dos métodos oficiales. El primero calorimétrico, que detectaba aminas aromáticas no sulfonadas. El segundo, cromatográfico, que permitía cuantificar anilina y anilidas de los ácidos grasos".
"Tanto la anilina como esas anilidas son absolutamente extrañas a la naturaleza de los aceite".
3º.-
El modo en que se llega a autorizar la anilina, como desnaturalizante para el aceite de colza, que en realidad no fue en 1974, como se recoge en la Sentencia, antes mencionada, sino en 1973, fue el siguiente:
El 30 de marzo de 1973 tuvo entrada en la DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS, una instancia de fecha 21 de marzo de 1973 del administrador de la empresa LABORATORIOS INDUSTRIALES DEL CAUCHO, L.I.C.S.A., en la que exponía que esa empresa importaba aceite de colza bruto, desnaturalizado con 10% de ricino, y que destinaba a su fabricación de facticios, sucedáneos del caucho; el aumento de precio y las dificultades de localización del ricino; y concluía solicitando que se autorizase la adicción a ese aceite de colza bruto de uno y otro de los dos materiales siguientes:
10 por % de aceite mineral nafténico, o bien
2 por % de aceite de anilina.
Indicando expresamente como estimaba que cualquiera de los dos productos, caso de ser añadidos al aceite de colza bruto, lo inhabilitarían para su refinación y para su aplicación a la alimentación animal.
Esta instancia a través de la Subdirección General de Coordinación y Asuntos Internacionales, fue remitida para informe, al LABORATORIO CENTRAL DE ADUANAS, órgano dependiente de esa Subdirección. Este Laboratorio estaba dirigido desde el año 1964, y continuó estándolo hasta 1984, por el acusado Luis Alfredo , mayor de edad, sin antecedentes penales, químico de profesión, y además licenciado en farmacia, quién como director del mismo informó, según se hizo constar en la respuesta que remitió el Subdirector General de Coordinación y Asuntos Internacionales, con fecha 14 de abril de 1973, que:
"El Laboratorio Central no ve inconveniente en acceder a la solicitud del interesado, ya que el aceite de colza puede desnaturalizarse indistintamente con aceite mineral nafténico o bien aceite de anilina, en sustitución del aceite de ricino, que era el producto hasta ahora utilizado. Los desnaturalizantes ahora propuestos pueden identificarse fácilmente, y, por otra parte, hacen el aceite de colza inapropiado para la alimentación".
Luis Alfredo no dispuso que se realizasen en el Laboratorio comprobaciones previas experimentales para averiguar las reacciones químicas y resultados tóxicos derivados de la combinación del aceite de colza con aceite de anilina.
Así la empresa LICSA obtuvo autorización para importar el aceite de colza desnaturalizado con anilina en el año 1973, para su propio consumo en esa industria, en la fabricación de caucho, y que nunca fue desviado al consumo humano, ni entonces ni después, no teniendo ninguna relación con los aceiteros enjuiciados en el Sumario 129/81.
El 22 de junio de 1973, Cayetano Onesimo , como gerente de la sociedad REFINERÍA DE ACEITES DE PESCADO, R.A.P.S.A., presentó una instancia en la DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS, con fecha 16 de Junio de 1973, semejante a la que unos meses antes había hecho LICSA, en la que exponía que su empresa importaba aceite de colza desnaturalizado con ricino, y que destinaba para grasas y aceites especiales para moldeo del acero, para trefilas y otras operaciones industriales, y que por el aumento desmesurado de precio del ricino, solicitaba que se autorizase que la desnaturalización pudiese realizarse, además de con la base del aceite de ricino con:
10 por % de aceite mineral nafténico, o parafínico, o
2 por % de aceite de anilina.
Pudiendo escoger el importador, una de las tres formas, indicando que con cualquiera de ellas, quedan garantizados los fines de la administración, y que las importaciones se hacían especialmente por la aduana de Irún y eventualmente por la de Pasajes.
Sin que conste que esta instancia fuese sometida a informe del Laboratorio, pero obrando ya el anterior respecto a LICSA, la Sección de Arancel de la Dirección General de Aduanas, con fecha 28 de junio de 1973, envió a RAPSA la siguiente comunicación:
" En contestación a su instancia de fecha 16 de los corrientes (16.06.73), en relación con la desnaturalización del aceite de colza, me complazco comunicar a Vds. que, de acuerdo con los informes emitidos por el Laboratorio Central, esta Dirección General no encuentra inconveniente en admitir como desnaturalizantes el aceite mineral nafténico al 10 por ciento o el aceite de anilina al 2 por ciento. En el caso de que las importaciones se realicen por un pequeño número de Aduanas, se servirán comunicar a este Centro cuales son, con objeto de trasladar a las mismas la autorización contenida en este escrito."
En relación a esta empresa, REFINERIA ACEITES PESCADO, S.A., RAPSA, en los hechos probados de la Sentencia dictada en el Sumario 129/81 se recoge que:
"En 1980-81, la empresa REFINERÍA ACEITES PESCADO, S.A., RAPSA, tenía su sede y una oficina en la calle Prim, de San Sebastián, y dos almacenes con factoría en Pasajes de San Pedro..."
"Sus socios eran los hermanos Dimas Genaro , Gonzalo Nemesio , Cayetano Onesimo y Luisa Sonsoles , su madre y un tío, siendo su autentico gestor Cayetano Onesimo ..."
"RAPSA llevaba años importando de Francia, por Irún, cisternas de aceite de colza desnaturalizado, con anilina..."
"Hacía constar en las solicitudes de licencia de importación como destino la industria siderometalúgica, y realmente, hasta bien entrado 1980, revendía la mercancía generalmente en bidones de no más de 200 Kg a empresas de aquel sector o para maquinarias de otros ramos. Pero a partir de los tratos de Cayetano Onesimo con Gonzalo Teodulfo , Hector Cayetano y Arturo Elias sobre el aceite de colza, aumentaron, pese a la grave crisis industrial, las cantidades de ese aceite cuya licencia de importación RAPSA interesaba; pasando las autorizadas de 345.000 kg en 1979, a 691.000 en 1980, 294.000 en sólo el primer trimestre de 1981 y 138.000 en el mes de abril de ese último año..."
Así a partir de los tratos entre éstos y desde finales de 1980 se produjeron los desvíos al consumo humano y las manipulaciones del aceite de colza, que causaron el Síndrome Tóxico, como refleja la Sentencia del Sumario 129/81, en el que todos ellos fueron condenados. R.A.P.S.A fue la única importadora del aceite de colza desnaturalizado con anilina, que se estimó probado que fue desviado al consumo humano, ocasionando la enfermedad.
Entre los años 1979 y 1981 la Dirección General de Aduanas remitió al Laboratorio Central, que seguía siendo dirigido por Luis Alfredo , para su análisis, muestras de aceite de colza, tomadas al paso de la mercancía por Aduana, con el fin de comprobar que se trataba de la mercancía que se detallaba, concretamente, con anterioridad al descubrimiento del origen del Síndrome Tóxico, (posteriormente constan dos mas), se hicieron análisis de las siguientes muestras:
Numero de registro 7661/79, importador R.A.P.S.A., dictamen analítico: Aceite de colza desnaturalizado con aceite de anilina para usos industriales. Fecha 26-9-79.
Numero de registro 6927/80, importador R.A.P.S.A., dictamen analítico: Aceite de colza desnaturalizado con aceite de anilina para usos industriales. Fecha 15-10-80.
Numero de registro 6928/80, importador R.A.P.S.A., dictamen analítico: Aceite de colza desnaturalizado con aceite de anilina para usos industriales. Fecha 15-10-80.
Numero de registro 14657/80, importador R.A.P.S.A., dictamen analítico: Aceite de colza desnaturalizado con aceite de anilina para usos industriales. Fecha 16-3-81.
Numero de registro 1524/81, importador Química Metalúrgica, S.A., dictamen analítico: Aceite de colza desnaturalizado con colorante sintético de color azul. Fecha 2-9-81.
Numero de registro 3996/81, importador R.A.P.S.A., dictamen analítico: Aceite de colza desnaturalizado con aceite de anilina para usos industriales. Fecha 19-6-81.
En el mes de junio de 1981 el doctor Marino Ovidio , del Hospital del Niño Jesús, tras haber acudido infructuosamente a otros organismos, pidió a Luis Alfredo , que el Laboratorio Central de Aduanas le hiciera unos análisis, en busca del agente productor de la entonces denominada neumonía tóxica, cuyo origen digestivo se empezaba a sospechar y ya ponía de manifiesto el doctor Federico Nemesio en sus informes desde mediados del mes de mayo, si bien desconociendo la relación con el aceite. Luis Alfredo se mostró dispuesto a colaborar y recabó autorización de la Dirección General de Aduanas. El día 4 de junio, al sospechar Don Marino Ovidio , la relación de la enfermedad con el consumo de aceite en garrafas de 5 litros sin etiqueta, por haber constatado la existencia, en una familia de afectados, de un lactante enfermo, que solo tomaba, como los adultos, una cucharada de ese aceite, el Laboratorio Central analizó una muestra del mismo, detectando la presencia de componentes extraños, anilidas grasas, lo que fue inmediatamente comunicado Don Marino Ovidio , que en la tarde del día 9 de junio hizo llegar estos datos al entonces Director General de la Salud, Urbano Ovidio .
Tras el descubrimiento de la relación entre el Síndrome Tóxico y el aceite de colza desnaturalizado con anilina, ninguna empresa volvió a solicitar la utilización de ese desnaturalizante.
Ni el 14 de abril de 1.973, ni en el periodo comprendido entre esta fecha y el 9 de junio de 1.981, Luis Alfredo no advirtió al Director General de Aduanas de la peligrosidad para la salud que suponía la anilina mezclada con el aceite de colza, en caso de desviarse el aceite para el consumo de boca.
4º
Las importaciones de aceite de colza desnaturalizado, para usos industriales, se encontraban en régimen de comercio liberalizado. Ello suponía que no se sometía a la exigencia de licencia previa, pero si era necesaria la declaración de importación, que se presentaba, por el interesado, en el entonces Ministerio de Comercio y Turismo, o en las Delegaciones Regionales de Comercio, para su aceptación por la Administración, a través de la Dirección General de Política Arancelaria e Importación. Estas declaraciones de importación se pasaban a informe a la Dirección General de Competencia y Consumo, a través de la Sección de Productos Vegetales. Además antes de ser despachadas en aduana, también era necesaria un conforme del SOIVRE, en el que se comprobaba que el producto era el que aparecía en la documentación.
El acusado Francisco Leopoldo , mayor de edad, sin antecedentes penales, en el mes de febrero de 1980 fue nombrado Director General de Comercio Interior y Comisario General de Abastecimientos, ocupándose poco después también del despacho y firma de la Dirección General de Consumo y Disciplina de Mercado, entonces vacante, hasta el nombramiento de nuevo titular en el mes de junio, si bien en el mes de octubre de ese año, 1980, ambas Direcciones Generales se fusionaron, continuando Francisco Leopoldo como titular de la nueva Dirección General de Competencia y Consumo y Comisario General de Abastecimientos y Transportes.
En 1980, antes de empezar a producirse el desvío al consumo humano del aceite de colza desnaturalizado, desde la Dirección General de Comercio Interior, empezó a existir una cierta preocupación por el aumento de esas importaciones, lo que dio lugar a que Francisco Leopoldo , ordenase, a través de la Subdirección General de Comercio Interior y de la Subdirección General de Consumo y Disciplina de Mercado, cursar las oportunas instrucciones a los servicios de Comercio dependientes del Consejo General Vasco, competentes al ser materia transferida a la Comunidad Autónoma Vasca, para que se comprobase la correcta utilización, de acuerdo con el destino que se señala en las licencias de importación siguientes:
RAPSA, Prim 59 3º-San Sebastián. 68.000 Kg de aceite de colza crudo desnaturalizado.
QUÍMICA METALUGICA, S.A. CHEMSA, Carretera de Vergara Vitoria. 23.000 Kg de aceite de colza refinado desnaturalizado.
Lo que fue solicitado en escrito de fecha 13 de marzo de 1980 dirigido al Ilmo Sr. Consejero de Comercio del Gobierno de Euskadi.
El 18 de abril de 1980 el Inspector de los servicios de Gobierno Vasco, Tomas Domingo , se personó en las oficinas de RAPSA de la calle Prim, y si bien no pudo comprobar el destino de esa partida de 68.000 kg., porque Cayetano Onesimo dijo no haberla recibido aún, si solicitó la exhibición de facturas referentes a ventas anteriores, cotejando desde esa fecha hasta 1978, comprobando que, al menos respecto a las que él conocía, según las mismas, los clientes eran empresas siderúrgicas en su casi totalidad y un pequeño porcentaje industrias del caucho. El resultado de esta inspección con copia del acta fue remitida a la Dirección General de Consumo y Disciplina de Mercado, a través de la Subdirección General correspondiente.
La Dirección General de Competencia y Consumo, a través de la Sección de Productos Vegetales, Aceites, Vinos y transformados, dirigió una comunicación al Director General de Política Arancelaria e Importación, de fecha 14 de mayo de 1980, en la que, tras hacer constar que habida cuenta del uso industrial a que se destina el aceite, esa Sección no tenía nada que objetar, en principio a la solicitud de licencia de importación de RAPSA, de 68.000 kilos de aceite de colza desnaturalizado, se señalaba que, aún cuando de la investigación preliminar desarrollada no se deducían indicios de desviación del expresado uso industrial de la mercancía hasta entonces importada, convendría que se insistiera cerca de los servicios competentes, para la comprobación de la desnaturalización.
Posteriormente, en escritos de fecha 6 de noviembre de 1980, 2 de febrero de 1981, 3 de marzo de 1981 y 11 de marzo de 1981, esa Dirección General siguió insistiendo, al informar las solicitudes de importación, a la Dirección General de Política Arancelaria e Importación, en la conveniencia de conocer con exactitud las necesidades de la industria antes de proceder a su autorización habida cuenta de los aumentos de las solicitudes de licencias de importación de aceite de colza desnaturalizado. Concretamente los de 6 de noviembre de 1980 y 11 de marzo de 1981 se refieren a solicitudes de licencia de importación de la empresa R.A.P.S.A., n° NUM021 , de 23.000 K. y nº NUM022 de 40.000 kg.
El director General de Política Arancelaria e Importación en esa época era Hilario Santos , ya fallecido. Las facultades de firma y resolución de las declaraciones de importación del aceite de colza desnaturalizado, dentro de esta Dirección General de Política Arancelaria e Importación, por delegación, correspondían a Valeriano Jacinto , mayor de edad, sin antecedentes penales, que entonces ocupaba el cargo de Jefe de la Sección de Importación de los Productos Agrícolas y Transformados, que jerárquicamente dependía del Jefe del Servicio de Importación, y éste a su vez del Subdirector General.
Valeriano Jacinto , con su firma, autorizaba que se despachasen las declaraciones de importación, sin lo cual no era posible que se permitiese el tránsito por la aduana de la mercancía. Estas declaraciones se presentaban en los mismos impresos, de color gris, que se empleaban en las solicitudes de licencia de importación para mercancías sometidas a regímenes distintos del liberalizado, concretamente el relativo a "solicitud de licencia de importación para comercio no liberado ni globalizado", con la finalidad de evitar, que se diese un tratamiento mecanizado a la instancia, que hiciese posible que, por error, se aceptasen aceites sin desnaturalizar, sometidos al comercio de estado. Aunque con anterioridad a 1980, se venía pidiendo al importador que rellenase las casillas 40, consumo anual de la mercancía por el solicitante, y 41, adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones, Valeriano Jacinto , desde su toma de posesión en 1980, entendiendo que el régimen liberalizado hacía innecesarias esas menciones, no consideraba tal exigencia, ni por tanto que fuese oportuna cualquier comprobación en este sentido, limitándose, para autorizar que se despachase la declaración, a constatar, que se expresaba, que se trataba de aceite de colza desnaturalizado, para usos industriales.
R.A.P.S.A. presentó las siguientes solicitudes de importación:
Solicitud de licencia nº NUM023 . Fecha 4 de diciembre de 1979. 23.000 Kg de aceite vegetal de colza crudo, desnaturalizado con 2 % de aceite de anilina para usos industriales. Observaciones: C. Interior favorable of. 29401, 26-XII-79. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 Toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): Agosto 23.000 kg, septiembre 23.000 k. octubre 69.000 k. ya se han consumido.
Solicitud de licencia nº NUM024 . Fecha 18 de diciembre de 1.979. /2.000 kg de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2 % de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: C. Interior fav. oficio. 294, 14.01.80. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): octubre 69.000 kg. diciembre 46.000 kg. ya se han consumido.
Solicitud de licencia n° NUM025 . No consta fecha. 58.000 kg. de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2 % de aceite anilina para usos industriales. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 toneladas". Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): octubre 69.000 kg. diciembre 46.000 kg. ya se han consumido.
Solicitud de licencia nº NUM026 . Fecha 18 de diciembre de 1.979. /2.000 kg de aceite vegetal de colza vegetal refinado desnaturalizado con 2 % de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: C. Interior fav. oficio 293, 14.01.80. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): octubre 69.000 kg. diciembre 46.000 kg.
Solicitud de licencia sin número. Fecha 29 de enero de 1980. 13.000 kg de aceite vegetal de colza vegetal refinado desnaturalizado con 2% de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: Apuntar en ficha. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): octubre 69.000 kg diciembre 46.000 kg.
Solicitud de licencia nº NUM027 . No consta fecha. 68.000 kg de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2% de aceite anilina para usos industriales. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): diciembre 46.000 kg enero 46.000 kg.
Solicitud de licencia nº NUM028 . Fecha 12 de marzo de 1980. 46.000 kg de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2% de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: Vº Bº C. interior. Devuelto informe, of. 5938, 25.3.80. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): diciembre 46.000 kg. enero 46.000 kg. Febrero 69.000 kg. ya se han consumido.
Solicitud de licencia nº NUM029 . Fecha 24 de abril de 1980. 68.000 kg. de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2% de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: Comercio interior. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): enero 46.000 kg. febrero 69.000 kg. marzo 23.000 kgs. ya se han consumido.
Solicitud de licencia nº NUM030 . Fecha 8 de julio de 1980. 46.000 kg. de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2 % de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: C. interior. Devuelto inf of. 13975, 21.7.80 Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): abril 24.000 kg. mayo 46.000 kg. junio 46.000 kgs.
Solicitud de licencia nº NUM031 . Fecha 1 de julio de 1980. 46.000 kg. de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2 % de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: C. interior. Favorable, of. 13747, 14.7.80. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): abril 24.000 kg. mayo 46.000 kg. junio 46.000 kgs. ya se han consumido.
Solicitud de licencia sin número. Fecha 29 de octubre de 1980. 23.000 kg. de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2 % de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: Comercio interior. Devuelto inf of. 21682, 12.11.80. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40) aproximadamente 400 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41) julio 81.000 kg. septiembre 23.000 kgs.
Solicitud de licencia sin número. Fecha 1 de diciembre de 1980. 207.000 kg. de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2% de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: 5.12.80. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): En blanco.
Solicitud de licencia sin número. Fecha 2 de noviembre de 1980. 46.000 kg. de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2% de aceite anilina para usos industriales. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): septiembre 23.000 kg. octubre 46.000 kgs.
Solicitud de licencia sin número. Fecha 26 de noviembre de 1980. 23.000 kg. de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2% de aceite anilina para usos industriales. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): octubre 46.000 kgs. septiembre 23.000 kg.
Solicitud de licencia sin número. Fecha 26 de noviembre de 1980. 46.000 kg. de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2 % de aceite anilina para usos industriales. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 440 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): octubre 46.000 kgs. septiembre 23.000 kg.
Solicitud de licencia sin número. Fecha 10 de diciembre de 1980 23.000 kg. de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2 % de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: 16.12.80. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): septiembre 23.000 kg. octubre 46.000 kgs. noviembre 46.000 kg. ya se han consumido.
Solicitud de licencia nº NUM034 . Fecha 7 de enero de 1981. 23.000 kg de aceite vegetal refinado desnaturalizado con 2 % de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: 8.1.81. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): octubre 46.000 kgs. noviembre 46.000 kg. diciembre 69.000 kg.
Solicitud de licencia sin número. Fecha 16 de enero de 1981. 110 Toneladas, 110.000 kgs., de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2 % de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: 22.1.81. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40) aproximadamente 400 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41) octubre 46.000 kgs noviembre 46.000 kg diciembre 69.000 kg.
Solicitud de licencia nº NUM032 . Fecha 2 de marzo de 1981. 46.000 kgs. de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2 % de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: 14.3.81 C. interior. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): diciembre 69.000 kgs. enero 115.000 kg. febrero 69.000 kg. ya se han consumido.
Solicitud de licencia sin número. Fecha 12 de marzo de 1981. 69.000 kgs. de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2 % de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: 13.3.81. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): diciembre 69.000 kgs. enero 130.000 kg. febrero 46.000 kg.
Solicitud de licencia sin número. Fecha 12 de marzo de 1981. 23.000 kgs. de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2 % de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: 13.3.81. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): diciembre 69.000 kgs. enero 130.000 kg. febrero 46.000 kg."
Solicitud de licencia sin número. Fecha 3 de abril de 1981. 46.000 kgs. de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2 % de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: en blanco. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): diciembre 69.000 kgs enero 115.000 kg febrero 69.000 kg.
Solicitud de licencia sin número. Fecha 10 de abril de 1981. 92.000 kgs. de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2 % de aceite anilina para usos industriales. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 800 toneladas. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): enero 115.000 kg. febrero 69.000 kg. marzo 130.000 kg.
La firma de Valeriano Jacinto aparece autorizando las quince últimas solicitudes mencionadas. Ninguna de ellas fue rechazada, expidiéndose las correspondientes licencias en los impresos también relativos a las licencias de importaciones para comercio no liberalizado ni globalizado, licencias que también fueron firmadas por Valeriano Jacinto .
Con la información que se desprendía de esas declaraciones, funcionarios administrativos de esa Dirección General, elaboraban unas fichas de las importaciones, a fin de informar al Director General de la situación de esa actividad.
Alrededor del mes de diciembre de 1980, y como consecuencia de las inquietudes que, desde la Dirección General de Comercio Interior, le hacían llegar, Valeriano Jacinto , recibió en su despacho a Cayetano Onesimo , acompañado de Onesimo Sergio , delegado comercial de R.A.P.S.A. en Madrid, quiénes le pusieron de manifiesto los planes de expansión de R.A.P.S.A. y la ampliación de su clientela, así como su intención de sustituir el suministro de bidones por el de cisternas para abaratar costes. De esta entrevista Valeriano Jacinto dio cuenta verbalmente a sus superiores, sin sospechar que se pretendía ocultar un desvío al consumo humano de ese aceite de colza.
En esos años, 1979, 1980 y 1981, el consumo anual de aceites y grasas no minerales, que se importaban para usos industriales, era de alrededor de 150.000 Toneladas.
5º
Florentino Urbano , mayor de edad, sin antecedentes penales, fue nombrado, el 21 de octubre de 1980, Jefe del Servicio de Defensa contra Fraudes, Ensayos y Análisis Agrícolas, este servicio se encontraba dentro de la Dirección General de Industrias Agrarias y Mercados de origen, del Ministerio de Agricultura. Anteriormente era Jefe de Sección en el Servicio de Inspección de Productos y Medios Agrarios, encuadrado en el mismo Servicio de Defensa contra Fraudes.
El Decreto regulador de la campaña olivarera del año 80/81 encomendó intensificar las inspecciones para detectar fraudes en las mezclas de aceites de oliva y semillas. Para ello y aunque la empresa RAELCA de Alcorcen, Madrid, no estaba incluida dentro de las que debían registrarse en el Ministerio de Agricultura, sino en el de Industria, por tratarse de una empresa envasadora autónoma, esto es que solo realizaba el envasado para comercializarlo, sin ser empresa extractora, fue inspeccionada, por Begoña Salvadora , de la delegación de Madrid del Servicio de Defensa contra Fraudes, el día 17 de septiembre de 1980, siguiendo ordenes de sus superiores. En el Acta levantada se hizo constar como los depósitos de almacenaje, en ese momento, estaban vacíos, y se tomaron muestras, por triplicado, de envases de 5 litros de las marcas MONRI y RAEL. Estas muestras fueron remitidas al Laboratorio Agrario del Ministerio de Agricultura, para su análisis, lo que se efectuó el día 12 de febrero de 1981, detectando que se había manipulado un aceite de orujo, para corregir la acidez, con un sistema no autorizado, con aceites esterificados. A la vista del resultado, se remitió el expediente, el 30 de marzo de 1981, a los Servicios Centrales de Defensa contra Fraudes, donde Florentino Urbano dictó, el día 22 de abril de 1981, una providencia acordando la incoación de expediente sancionador y nombrando instructor. Concluida la instrucción del expediente, el Excmo. Sr. Ministro de Agricultura impuso a esa empresa una sanción por importe de 1.320.000 pts. En el curso de la inspección y durante la instrucción del expediente no se realizaron mas comprobaciones que las relativas a las materias competencia del Ministerio de Agricultura, sin realizar comprobación alguna relativa a registros sanitarios o de industria, de los que esa empresa carecía.
El 27 de mayo de 1981, inspectores de la Delegación de Toledo inspeccionaron la empresa OLEICOLA TOLEDANA, y las muestras, que se referían a aceite de girasol, que se tomaron fueron remitidas al Laboratorio del Ministerio de Agricultura, donde el día 16 de Julio, cuando ya se había descubierto el origen del síndrome tóxico, detectaron la presencia de una pequeña proporción de anilina, un 8 por millón. Comunicado el resultado al Servicio Central de Defensa contra el Fraude, al día siguiente se acordó la inmovilización de la mercancía, y la remisión del expediente al Ministerio de Sanidad, por afectar a la salud pública, inmovilización que no pudo llevarse a cabo pues el aceite ya había sido distribuido.
En relación a RAELCA S.A., la primera de estas dos empresas, en la Sentencia del sumario 129/81, se recoge lo siguiente:
"En marzo de 1980 se constituyó la empresa, RAELCA S.A., teniendo como accionistas a Arturo Elias , Arturo Victorio y Eduardo Ambrosio . Arturo Elias figuraba como administrador y, con astucia comercial muy superior al de los otros dos, dirigía y gestionaba todas las facetas de la empresa..., que tenia una nave en el polígono Urtisa de Alcorcón, y se dedicaba a almacenamiento y envasado de aceites comestibles, incluyendo la fabricación de garrafas de plástico..."
"RAELCA S.A. compraba aceites vegetales y, entre ellos, de oliva; pero también animales..., mandaba analizar los aceites que compraba y a refinar los brutos, hacia mixturas, envasaba los productos en garrafas que fabricaba, generalmente de 5 1., aunque algunas eran de 25, y los vendía para el consumo de boca, la mayoría de las veces a revendedores ambulantes. También compraba, almacenaba y despachaba aceitunas."
"Disponía de etiquetas con las marcas y denominaciones "RAEL, ACEITE DE GIRASOL REFINADO", "RAEL ACEITE DE SEMILLAS REFINADO", "MONRI ACEITE DE ORUJO DE OLIVA REFINADO", "SELMI, ACEITE DE SEMILLAS", "RAOLI, ACEITE DE OLIVA REFINADO", "RAMOLI, ACEITE PURO DE OLIVA, ACEITE DE OLIVA VIRGEN Y ACEITE DE OLIVA REFINADO" y "RAEPSOL, ACEITE DE GIRASOL ENVASADO", en los que también se expresaba la acidez máxima y el estar envasados por RAEL."
"La compañía tenía licencia fiscal, y el 24 de agosto de 1.979 había presentado solicitud de licencia municipal de apertura en el Ayuntamiento de Alcorcon, para "almacén de productos alimenticios y envasados, jabones y derivados, detergentes y lejías, ventas al por mayor y menor", originándose expediente cuya tramitación fue suspendida el 15 de septiembre de 1.982 y que, por petición de Arturo Elias , se había reducido al almacenamiento de productos alimenticios y envasados. No había solicitado el registro sanitario de Industrias y Establecimientos Alimentarios, ni la anotación de sus productos..."
..."Y a consecuencia de ello (de los contactos que se produjeron entre Arturo Elias y Cayetano Onesimo , a finales de 1980) el 11 de febrero de 1.981, salió de Pasajes de San Pedro una cisterna..., con 22.000 kgs. peso registrado en origen, de aceite de colza refinado y desnaturalizado con el 2 por ciento de anilina, que Rapsa, al precio de 88,50 ptas/kg y expresando en el albarán "aceite de colza refinado", enviaba a Raelca, S.A., en cuyo almacén fue descargada la mercancía con un peso registrado en destine de 21.794 kgs. Mas los Arturo Elias percibieron mal olor en el producto y, por ello, Arturo Elias decidió devolverlo al remitente; que se hizo en el mismo vehículo el 14 siguiente, menos unos 550 kgs. que o se derramaron en Raelca, S.A., o esta los utilizó en la comercialización para el consumo de boca..."
"Pese al inicial fracaso de la relación directa Rapsa-Raelca, S.A., Cayetano Onesimo y Onesimo Sergio se reunieron en marzo de 1.981, con Arturo Elias . Allí, Cayetano Onesimo y Arturo Elias , reiniciaron tratos, a fin de que la empresa donostiarra suministrara a la de Alcorcón aceite de colza, ahora bruto, del que Cayetano Onesimo dijo era el mismo que él vendía y que Desiderio Victoriano enviaba a Raelca, S.A., estipulando un precio de 75 pts kg."
"Pues bien, en al menos de nueve envíos, remitidos durante los meses de enero y febrero de 1.981, RAELCA S.A., recibió de Desiderio Victoriano , alrededor de 195,415 kgs de lo que se documentaba como "aceite refinado de semillas". En alguna o algunas de las cuales Desiderio Victoriano había introducido, tras someterlo a tratamientos encaminados a la refinación y a la eliminación de anilina, aceite de colza desnaturalizado del que figuraba remitido por RAPSA a Hector Cayetano ".
"Y, entre marzo y mayo de 1.981, RAELCA SA. recibió directamente de RAPSA no menos de 110.258 kgs de aceite bruto de colza desnaturalizado con el 2 por ciento de anilina, que RAELCA anvió, para el refinado a for-fait, a la factoría sevillana de Industrial Trianera de Hidrogenación, S.L, ITH, que recibió 59,406 kgs de Raelca SA., y a la madrileña de Danesa Bau, SA, donde llegaron 50.852 kgs".
"Más detalladamente, se han identificado, respecto a esos meses, cinco partidas de RAPSA a RAELCA..."
"En RAELCA SA. y siempre bajo la dirección de Arturo Elias , el aceite de colza desnaturalizado y refinado era unido a otros aceites vegetales o animales..."
"La mixtura resultante, añadido a veces clorofila o betacaroteno, para asemejar la apariencia externa con la de aceites de más alto precio, era envasada por RAELCA SA, en recipientes cilindricos de plástico, generalmente con capacidad de 5 litros y, en ocasiones de 25 litros; en éste último caso RAELCA SA. calificaba la venta como a granel. Pero siempre los envases eran cerrados herméticamente mediante tapones-precinto de modo que no se podía tener acceso normal al contenido sin romper parte del tapón".
"Envasada, salvo en algún supuesto excepcional, RAELCA SA, vendia la mercancía para destino alimenticio de boca, ya directamente a los consumidores, ya a industriales o comerciantes establecidos en inmuebles, ya a revendedores dedicados a la ambulancia por mercadillos, calles o casas. Dedicación en no pocos casos derivada de haber perdido el puesto de trabajo adecuado a sus verdaderos oficios, o de la penuria retributiva de otras actividades que simultaneaban..."
En relación a la otra empresa que se ha mencionado anteriormente, como inspeccionada por la Delegación de Toledo del Servicio contra Fraudes, OLEICOLA TOLEDANA, en la Sentencia del sumario 129/81 se recoge que:
" Alfredo Alonso ... fue consejero delegado de Oleicola Toledana, S.A. "Oleitosa" escriturada el 20 de agosto de 1.980 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de febrero de 1.981, había sustituido a Oleicola Muro y Cía. S.L. en la titularidad de una empresa familiar radicada en Cebolla y dedicada, desde hacia cuarenta años, a la extracción de aceite de oliva y de orujo de aceituna, refinería, envasado y venta de aceites comestibles y fabricación y venta de jabones..."
"La inscripción de Oleitosa en el Registro de Industrias y Establecimientos alimentarios fue solicitada el 10 de noviembre de 1.981 y concedida el siguiente diciembre. La licencia fiscal de actividades industriales fue presentada en agosto de 1.981, por un lado para fabricación y envasado de aceite de oliva y, por otro, para venta al por mayor de aceites y grasas comestibles de todas clases, desde el 20 de febrero de 1.981".
"Usaba las marcas Flor del Tajo, para oliva hasta 0,5 grados de acidez, Flor de Toldo, oliva hasta 1 grado en botella dura, Ben, para oliva hasta 1 grado en botella blanda, Benisol, para girasol, Ben Car, para semillas, Sojil para soja, La Picota, para orujo y, Mube, para aceite de manteca de cerdo, en recipientes de 1, 2, 5 y 25 litros, que, en alguna ocasión compró a Raelca..."
"El 27 de mayo de 1.981, el Servicio de Defensa contra Fraudes del Ministerio de Agricultura, tomó en la factoría de Cebolla y en presencia de Alfredo Alonso muestras de los aceites envasados por OLEITOSA. El de marca Benisol resultó tener anilina. Entre el 16 y el 23 de julio de 1.981, Alfredo Alonso conoció aquella presencia de anilina, pero desde la inspección del 27 de mayo y a lo largo de junio continuó vendiendo el producto Benisol e incluso facilitaba a revendedores un escrito, encabezado por OLEITOSA, en que se hacia constar que esa sociedad se responsabilizaba "de la calidad de los aceites envasados con sus marcas comerciales..."
"En 1.983 y en el aceite Ben Car fue encontrado aceite de colza, grasa animal y 3 ppm de oleilanilidas".
"Y, entre los revendedores ambulantes que adquirieron aceites a OLEITOSA, se hallaron Enrique Arcadio , que sólo se suministraba de OLEITOSA; Fabio Gervasio , Ruben Bernabe , Cornelio Pablo , Cesar Francisco y Melchor Argimiro , vendiendo Fabio Gervasio a su vez a Inocencio Lucio , que comercializaba aceite en su lechería Granja Abulense", del centro de Madrid. Mas, bien porque los consumidores adquirían aceites sin marca de distintos revendedores, bien porque éstos simultaneaban las compras en diversas empresas, no puede afirmarse que persona determinada haya resultado afectada o fallecida a consecuencia de los productos comercializados por Oleitosa"...
A raíz de síndrome tóxico a fin de coordinar las, hasta entonces, dispersas competencias entre los distintos Ministerios, se creó a finales de 1981 la Subdirección General de Defensa contra Fraudes, de la Dirección General de Política alimentaria, dentro del recién creado Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.
6º
Jon Urbano , mayor de edad, sin antecedentes penales, desempeñaba, desde primeros de 1979, el cargo de Subdirector General de Higiene de los Alimentos, dependiendo de la Dirección General de la Salud, del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social. Al asociarse la enfermedad del Síndrome Tóxico con el aceite, el Director General de la Salud, Urbano Ovidio , en la tarde del día 9 de junio de 1981, nada mas conocer el resultado de la investigación Don Marino Ovidio , antes mencionado, que confirmaba la línea también mantenida por el Doctor Federico Nemesio , Director de la Salud de Madrid, comunicó telefónicamente este extremo a Jon Urbano , encomendándole que actuase frente a la empresa RAELCA., por aparecer mencionada como suministradora de aceite tóxico, de venta a granel o en garrafas de 5 litros. Jon Urbano se puso en contacto con el Servicio de Fraudes y Disciplina de Mercado del Ministerio de Economía y Comercio, y ordenó al Servicio de Alimentos de Origen Vegetal, Bebidas y Productos Alimentarios, dependiente de su Subdirección, que se inspeccionase esa empresa, teniendo que recurrir a las páginas amarillas de una guía de teléfonos, para localizar su domicilio, pues no aparecía en ninguno de los registros oficiales. Esta inspección fue realizada el día 11 de junio de 1981, por el Inspector de Farmacia de ese Servicio, Constantino Victoriano , asistido de los también inspectores Alberto Dionisio y Leovigildo Pablo . Al ser preguntado Arturo Elias sobre la existencia de registro sanitario, reconoció que carecía de él, que no lo había solicitado, y que no tenía la licencia de apertura del ayuntamiento de Alcorcen, pese a que la había solicitado en 1979. En el curso de la inspección se recogieron muestras de los aceites que se encontraron, y se concluyó inmovilizando la mercancía y clausurando temporalmente la empresa, haciéndole saber a Arturo Elias que no podía entrar ni salir ninguna mercancía. Como éste no presentó documentación sobre proveedores y suministradores, los inspectores le indicaron que, el día 13 de junio, debía presentar esta documentación en la Subdirección.
Los días 13 y 16 de junio Arturo Elias y su hermano Arturo Victorio se presentaron en las oficinas de esa Subdirección, y fueron recibidos por Jon Urbano y por el inspector Constantino Victoriano . En el curso de estas entrevistas mencionaron la identidad de alguna de las personas a las que suministraban aceite, e indicaron que ellos lo adquirían de la empresa R.A.P.S.A. de San Sebastián, además solicitaron que se levantase la inmovilización y precinto de sus instalaciones, a lo que Jon Urbano se negó, y le enseñaron unos análisis de los Laboratorios Comar, en los que se hacían determinaciones toxicológicas, pero sin determinaciones de anilina. Estos informes se unieron al expediente, constando en algunos de ellos referencias manuscritas de "para consumo humano", "apto para el consumo".
A finales del mes de junio se creó una Comisión Interministerial, en la que se integraron los servicios de epidemiología, para realizar coordinadamente las investigaciones y seguimientos del Síndrome Tóxico. A la vista de los resultados de los análisis, que se iban obteniendo sobre aceites con marcas se elaboraba la relación de marcas que contenían el aceite tóxico, lo que se comunicaba puntualmente a la Subdirección General de Higiene, que lo hacía llegar a los medios de comunicación.
7º
En 1980 se encontraba prohibida la venta a granel de aceite y sin etiquetas, así como también la venta ambulante y domiciliaria de los aceites comestibles y era obligatorio el empleo de envases con precinto y marca registrada. La venta en espacios abiertos, mercadillos dependía de las disposiciones de cada ayuntamiento.
En el Ayuntamiento de Alcorcen, Victorino Felicisimo , mayor de edad, sin antecedentes penales, desempeñaba el cargo de Concejal Delegado de Sanidad, desde las primeras elecciones locales de mayo de 1979, con dedicación a tiempo parcial, compatible con su trabajo como administrativo de una entidad bancaria de la capital, además formó parte temporalmente de la comisión de información sobre abastos. Durante el tiempo que ejerció su cargo, hasta marzo de 1982, en que dimitió, su única preocupación fue reivindicar el aumento de las dotaciones sanitarias del municipio, por haber quedado desfasados los servicios sanitarios existentes. El alcalde era el fallecido Roberto Silvio , y existía un concejal delegado de Mercados y Abastos, Pablo Baldomero , también fallecido. Estas concejalías no disponían de personal administrativo.
En esa localidad, Alcorcen, se instalaba los martes un mercadillo ambulante, que el resto de los días de la semana recorría las localidades de Alcalá de Henares (lunes); Torrejón de Ardoz (miércoles); Madrid, barrio de Carabanchel (jueves); Coslada y San Fernando de Henares (viernes); Madrid, barrio de Orcasitas y Getafe (sábado); y Madrid, barrio de Santa María (domingo).
En este mercadillo existía un puesto de venta de aceites y aceitunas, regentado por Cornelio Pablo , con licencia fiscal y municipal de Alcorcón, en el que además de otros aceites se vendía aceite en garrafas sin etiqueta, procedente de R.A.E.L.C.A. Además en gran parte de los puestos del mercadillo se vendía junto con otros productos aceite en garrafas de 5 litros sin etiqueta.
También existían personas que vendían de forma ambulante, por la calle estas garrafas de aceite, como Santiago Gabriel , que hacía el reparto de garrafas compatible con su trabajo, como cobrador de autobuses.
Ninguna venta ambulante, ni en mercadillo consta que fuese detectada por personal del Ayuntamiento, de aceite en garrafas, sin etiqueta, no incoándose ningún expediente sancionador.
Tampoco consta que realizase ninguna visita o inspección a la empresa RAELCA, cuya la licencia municipal de apertura solicitada como se ha mencionado en 1979, no fue resuelta hasta 1982, cuando pasados estos hechos fue denegada. Esta empresa si abonaba las tasas correspondientes a impuesto de radicación y otras tasas municipales.
8º
En el Ayuntamiento de Valladolid, Ramon Victorino , mayor de edad, sin antecedentes penales, desempeñaba el cargo de Concejal Delegado de Sanidad e Higiene y Asistencia Social, desde las primeras elecciones locales de mayo de 1979, con dedicación a tiempo parcial, compatible con su trabajo como médico, además formaba parte de la comisión de información sobre abastos. El cargo de concejal delegado de Mercados y Matadero lo desempeñaba Baldomero Urbano , ya fallecido, y el de Alcalde Amadeo Pio .
En esa localidad existía un local, utilizado como almacén de aceite, en la calle Avutarda nº 14, del Barrio de Los Pajarillos, del que era arrendatario Celso Victoriano , que se surtía, además de con otros aceites de girasol o semillas, con aceite de colza desnaturalizado en R.A.E.L.C.A., procedente de R.A.P.S.A., almacén que carecía de licencia de apertura, y desde donde era distribuido a vendedores ambulantes, que en furgonetas lo vendían por la ciudad y hasta por otras provincias. Celso Victoriano , ayudado ocasionalmente por otras personas, recorría con una furgoneta, cargada de garrafas, anunciándose con un altavoz, las calles de Valladolid, especialmente, por ese barrio, como los pueblos de esa provincia y de León o Palencia. Disponía de licencia fiscal. En las ciudades de Palencia y de León, aunque las visitó, fue detectado por miembros e la policía municipal, quienes le hicieron saber la prohibición de venta en esas localidades, cesando en su actividad. Concretamente en Palencia el día 5 de marzo de 1981, mientras Celso Victoriano se había ausentado para cobrar unas deudas, miembros de la policía municipal sorprendieron a Cecilio Valeriano , que ese día le estaba ayudando, vendiendo en la calle garrafas de 5 litros sin etiqueta de aceite que anunciaba como de oliva, y avisaron a funcionarios de la Dirección General de Información e Inspección comercial del Ministerio de Comercio y Turismo, quienes levantaron un acta incautando la mercancía. Incoado el oportuno expediente se procedió al análisis del aceite, que resulto ser aceite de semillas, soja en casi su totalidad.
En los pueblos de esas provincias eran numerosos los vendedores ambulantes de aceite en garrafas sin etiquetas.
Ninguna venta ambulante, ni en mercadillo fue detectada por personal del Ayuntamiento, de aceite a granel, ni en garrafas, no incoándose ningún expediente sancionador, tampoco consta que conociese la existencia y funcionamiento del almacén de Celso Victoriano .
No hay constancia de que en esa época el Ayuntamiento concediese licencia alguna para venta ambulante, que no se permitía de productos alimenticios. El Reglamento regulador de la venta en la vía pública fue aprobado en la sesión del Pleno del día 17 de octubre de 1980, publicándose en el Boletín oficial de la provincia el día 31 de agosto de 1981, pues el Gobierno Civil no lo aprobó hasta que no se adoptó un acuerdo sobre determinación del perímetro urbano.
9º
En la localidad de Mozoncillo, Segovia, miembros de la Guardia Civil detectaron el 17 se septiembre de 1980, que el vendedor ambulante Camilo Gabriel , se encontraba con la furgoneta X-....-XC , de su propiedad, vendiendo en la plaza Mayor, aceite en garrafas de 5 litros sin marca, ni etiqueta, mercancía que le fue incautada y que procedía de R.A.E.L.C.A., incoándose el correspondiente expediente NUM033 , en la Jefatura Provincial de Comercio Interior de Segovia, en el que analizado el aceite resultó ser aceite de semillas, sin que apareciese tóxico alguno, pero si defecto en el peso, atribuible a la empresa envasadora. El expediente fue resuelto en 1982 acordándose, además de la sanción del vendedor ambulante remitir copias para la incoacción de expediente a R.A.E.L.C.A.