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PRIMERO.- El demandante, don Pascual , interpuso demanda sobre intromisión ilegítima en el derecho fundamental al honor contra don Virgilio , alegando que el demandado, con ocasión de su actuación como abogado en defensa de don Federico , emprendió, junto con éste, una campaña de descrédito personal contra el demandante basada en el insulto y el desprestigio, habiendo incluido en los escritos presentados ante los distintos Juzgados expresiones vejatorias e injuriosas respecto del mismo que atentan contra su derecho fundamental al honor.

El demandado se opuso a las pretensiones de la demanda mientras que el Ministerio Fiscal manifestó quedar al resultado de la prueba.

El Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Loja dictó sentencia de fecha 31 de diciembre de 2012 por la cual desestimó la demanda con imposición de costas al demandante. Recurrida dicha sentencia en apelación, la Audiencia Provincial de Granada (Sección Cuarta) dictó nueva sentencia de fecha 18 de octubre de 2013 por la que confirmó la de primera instancia, con imposición de costas a la parte recurrente.

El demandante don Pascual recurre ante esta Sala habiendo sido admitido únicamente el motivo primero de su recurso de casación.

SEGUNDO.- Se afirma en la demanda, con la consiguiente aportación documental, que el demandado, en su condición de abogado de don Federico , desplegó una campaña basada en el descrédito personal y el desprecio e insulto hacia el actor en relación con la intervención del mismo en asuntos contencioso-administrativos y en diligencias previas por presunto delito de desobediencia grave en que se encontraban implicados el demandado y su cliente. Así, en los escritos dirigidos a los órganos judiciales "insulta, veja, humilla y lanza insidia infame contra el mismo de manera feroz y desmedida".

En concreto, refiere el demandante que el demandado en escrito de fecha 16 de diciembre de 2009 (doc.nº 1 de la demanda) dirigido al Juzgado, afirma que el actor "...además de persona de confianza de la Alcaldía, además de cerebro gris de toda esta urdimbre..."; de igual modo, en escrito presentado ante el Juzgado Contencioso Administrativo en fecha 10 de marzo de 2010 (doc. nº 2), llega a acusar al demandante de haber influido en la aprobación de un plan parcial, teniendo expresa incompatibilidad, afirmando que "...el letrado de la parte recurrida jurista Pascual ha prestado sus servicios profesionales"; asimismo en el escrito de fecha 14 de enero de 2010 (doc. nº 3) suscrito por el demandado se realizan alusiones personales hacia el actor, "...donde además su abogado defensor jurista Pascual es funcionario eventual...», "...son estos desempeños y especiales circunstancias las que permiten colegir la actuación inmediata y directa o al menos entre bambalinas del combinado jurídico/autoridades (ora sobre el citado escrito de Alcaldía de fecha 20 de noviembre de 2009, ora de su Alcalde accidental de oficio de fecha 23 de diciembre de 2009, así como de los propios escritos procesales de la defensa la complicidad que se denuncia)".

Más adelante se refiere el demandante al escrito de contestación a la demanda -autorizado por el demandado en su condición de letrado- en procedimiento ordinario 522/2010, en el cual realiza entre otras las siguientes afirmaciones "el personaje de Geppeto (en referencia al actor) es el de un hábil artesano, que al carecer de descendencia realiza un muñeco de madera al que llama Pinocho (a la sazón Alcalde de lllora), dicho muñeco al toque de halo de magia de un hada lo convierte en un niño de verdad con el atolondramiento propio y con una peculiar característica: cuando miente le crece la nariz". Asimismo señala " ...respecto del primero antiguo simpatizante del Partido Popular desagradecido de las ayudas que le prestó mi principal para desarrollar su trayectoria profesional (le cedió gratuitamente un local para desarrollar la abogacía) desagradecido como pocos, viene emponzoñando la fácil aptitud, ciertamente volátil del actual Alcalde...", "...cosa distinta es utilizar dentro de otras producciones artísticas, algunas con un sentido tal vez sugerente como podría ser la carátula de El Padrino, como silueta enmarcada en un fondo negro, penden los hilos del manejo, no en si como manipulable, sino con la fuerza que (ellos si) ostenta la mafia".

También se alega (doc. nº 8) intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante con ocasión de la celebración de acto de conciliación el 6 de octubre de 2011, en cuanto afirmó el demandado en dicho acto -en referencia a la actuación profesional del demandante- "que le parece una conciliación ramplona, cargada de pleonasmos, donde se manifiesta un arte procesal manifiestamente mejorable, básicamente una conciliación de pitiminí..."...respuestas a raíz de una denuncia del conciliante donde se manifestaba es ramplonería y además una preocupante y una penosa inestabilidad emocional... comprometiéndose este conciliado a sufragar la formación profesional y si es necesario emocional del conciliante ".

Por todo lo anterior, se interesó por el demandante el dictado de una sentencia íntegramente estimatoria de la demanda por la que: 1) Se declare que el demandado ha llevado a cabo una intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante al proferir las expresiones y manifestaciones referidas al mismo contenidos en los escritos de la presente demanda y acto de conciliación de fecha 6 de octubre de 2011; 2) Se adopten cuantas medidas sean necesarias y precisas para que el demandado cese de inmediato y ponga fin a la perturbación o intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante, restableciendo al perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, y en particular, previniendo y requiriendo al demandado para que cese en el futuro en tales intromisiones; 3) Se declare que las anteriores actuaciones han causado un daño moral al demandante, condenando al demandado al abono a don Pascual , en la cantidad de 60.000 euros; 4) Se condene al demandado al pago de las costas.

TERCERO.- El demandante, en el único motivo del recurso de casación formulado contra la sentencia dictada por la Audiencia que, como la de primera instancia, desestima la demanda, denuncia la infracción de los artículos 18.1 (LA LEY 2500/1978) y 20.1 a ) y d) de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978), así como el 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982 , de 5 de mayo (LA LEY 1139/1982), pues considera la parte recurrente que se ha vulnerado su derecho al honor y no se ha realizado por la Audiencia la adecuada ponderación de los derechos en conflicto, no aplicando adecuadamente la doctrina jurisprudencial tanto del Tribunal Constitucional como de este Tribunal Supremo.

Se plantea una vez más ante este tribunal la determinación de los posibles límites del derecho de defensa en relación con el respeto al honor de aquellos que están relacionados con el proceso, sean o no parte en el mismo.

La sentencia de esta Sala núm. 144/2011, de 3 marzo (Rec. 500/2009 (LA LEY 4427/2011) ) sienta la siguiente doctrina, que resulta de aplicación al caso, «la libertad de expresión del Abogado en el ejercicio de defensa de su patrocinado debe valorarse en el marco en el que se ejerce y atendiendo a su funcionalidad para el logro de las finalidades que justifican su régimen....». A lo que añade que «la libre expresión de un abogado en el ejercicio de la defensa de su patrocinado ha de ser amparada cuando en el marco de la misma se efectúan afirmaciones y juicios instrumentalmente ordenados a la argumentación necesaria para impetrar la debida tutela en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, ....».

Por su parte la sentencia núm. 1056/2008, de 5 noviembre (Recurso 1972/2005 (LA LEY 175907/2008) ), que cita en igual sentido la de 12 julio 2004 , reitera que « el contenido de la libertad de expresión de los letrados en el proceso es específicamente resistente e inmune a restricciones en su ejercicio fuera de la prohibición de utilizar términos insultantes, vejatorios o descalificaciones gratuitas, ajenas a la materia sobre la que se proyecta la defensa....»

CUARTO.- La sentencia de la Audiencia -hoy recurrida- se remite, en cuanto al contenido de las expresiones denunciadas, al fundamento de derecho primero de la sentencia de primera instancia.

Al valorar la trascendencia jurídica de tales expresiones, en cuanto pudieran atentar al derecho fundamental al honor del demandante, dice que «hemos de coincidir que la expresiones proferidas resultan peyorativas, ásperas, inadecuadas, incluso altaneras y son impropias de la normal relación de los profesionales del derecho que cada día se acercan a los tribunales a impetrar justicia, donde han de imperar los principios de respeto y del bien entendido compañerismo entre estos. Sin embargo, entendemos que, pese a la vehemencia de las manifestaciones, no constituyen insultos ni ofensas a la persona del demandante y se encuentran amparadas por la libertad de expresión especialmente protegida dentro del derecho de defensa. Además, encuentran justificación funcional con lo que era objeto de los distintos procesos en que se vertieron, para obtener la convicción del tribunal a favor de los intereses de su cliente....». Añade a ello que «en cuanto a las desafortunadas manifestaciones vertidas en el acto de conciliación celebrado entre las partes el día 6-10-2011, haciendo referencia a la formación profesional e inestabilidad emocional del conciliante, ya ha obtenido respuesta sancionadora suficiente por el Ilustre Colegio de Abogados por vulneración de las normas deontológicas, ámbito este a que ha de ser limitada, dada la diversidad de bienes jurídicos protegidos, sin que pueda considerarse, por las razones que venimos exponiendo, una intromisión ilícita en el derecho al honor».

Tales conclusiones no pueden ser compartidas ya que, en primer lugar, las expresiones intencionalmente injuriosas dirigidas al demandante -concretamente en el desarrollo del citado acto de conciliación- nada tienen que ver con el recto ejercicio del legítimo derecho de defensa ni en absoluto pueden ser consideradas como conducentes a la satisfacción del mismo, sino más bien como inadecuadas e innecesarias siendo constitutivas de un desahogo inadmisible en el seno de cualquier proceso, por lo que no encuentran justificación funcional alguna como, por el contrario, entiende la Audiencia. Por otro lado, en nada afecta a la prosperabilidad de la acción ejercitada el hecho de que las expresiones proferidas en relación con el demandante con ocasión del acto de conciliación hayan sido objeto de sanción colegial por vulneración de normas deontológicas, pues ello -que demuestra que las mismas no pueden encuadrarse en el derecho de defensa- supone consecuencias meramente administrativas que son independientes de la acción civil para la defensa del derecho al honor con el consiguiente resarcimiento indemnizatorio por el daño moral causado, como la propia Audiencia reconoce al hablar de "diversidad de bienes jurídicos protegidos".

QUINTO.- Estimado el recurso de casación, procede acoger la demanda interpuesta declarando la intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante y fijar la indemnización procedente teniendo en cuenta los criterios legales establecidos en el artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982 (LA LEY 1139/1982) . Para ello resulta relevante, por un lado, la reiteración en la conducta que culmina con las expresiones utilizadas por el demandado en el desarrollo del acto de conciliación de 6 de octubre de 2011 y, por otro, la falta de difusión de tales expresiones dado que se produjeron en sede judicial, pues la difusión no constituye requisito necesario para apreciar la intromisión, pero sí ha de ser tenida en cuenta a la hora de valorar la intensidad del daño causado.

De ahí que se estime notoriamente excesiva la cantidad reclamada de 60.000 euros y más apropiada, teniendo en cuenta dichos parámetros, la de 6.000 euros, debiendo acordarse las demás medidas solicitadas en cuanto están amparadas en lo dispuesto por el artículo 9.2 de la referida LO 1/1982 (LA LEY 1139/1982) .

SEXTO.- En cuanto a costas, procede condenar al demandado al pago de las causadas en primera instancia de conformidad con lo establecido en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) , dado que se estima totalmente la acción principal declarativa de la intromisión ilegítima en el derecho fundamental, siendo secundaria a estos efectos la fijación de la indemnización por daño moral.

No procede hacer especial declaración sobre costas causadas en el recurso de apelación -que debió ser estimado- y sobre las producidas por el presente recurso ( artículos 394 (LA LEY 58/2000) y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) ), siendo procedente la devolución del depósito constituido ( Disposición Adicional 15ª, apartado 8, de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985) , introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre (LA LEY 19390/2009), complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial).