PRIMERO.- El empresario demandado interpone recurso de suplicación contra la sentencia que estima la demanda del trabajador declarando improcedente el despido contra el que reclama y en un primer motivo, al amparo del apartado b) del artículo 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) , se dedica a revisar los hechos que se declaran probados en la sentencia recurrida, pretendiendo completar el cuarto de ellos, aunque, como señala el recurrido en la impugnación, el recurrente, por un mero error que no impide el estudio del motivo, se refiera al segundo.
Pretende el recurrente añadir en el hecho probado segundo de la sentencia que la resolución de 8/8/14 fue "notificada al trabajador el 19 de agosto de 2014", que la comunicación que figura en el documento 8 de la prueba de la actora se remite con fecha "22/8/2014" y "que es recibida por el empresario el 25/8/2014", que el trabajador comenzó a disfrutar las vacaciones el "20/8/2014 sin esperar la contestación de la empresa" y que entre "...actora..." y "Tales documentos..." se añada "expresamente que seguía de baja laboral, al no haber recibido comunicación del alta".
No puede accederse a ello porque el recurrente se apoya en los documentos número 8 y 9 de la prueba del demandante cuando tales documentos se dan por reproducidos en la sentencia, por lo que ninguna adición sobre su contenido o lo que de ellos se deduzca cabe en el relato fáctico de la sentencia pues, como nos dice la del Tribunal Supremo de 5 de junio de 2013, rec. 2/2012 (LA LEY 93853/2013) , si existe en tales hechos constancia suficiente de las especificaciones que se pretenden adicionar, aunque sea por remisión, tal circunstancia permite a la Sala contar con ellas sin necesidad de introducirlas en la narración histórica de la sentencia. Además de tales documentos se desprende el contenido de las comunicaciones que se produjeron entre trabajador y empresario, pero no todo lo demás que el recurrente pretende añadir y menos que el trabajador "seguía de baja laboral", lo cual, si acaso, es una cuestión jurídica y no de hecho.
SEGUNDO.- En el otro motivo del recurso, al amparo del apartado c) del mismo precepto procesal que el anterior, se denuncia la infracción de los arts. 38 , 54.2.d ) y 55 del Estatuto de los Trabajadores y 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , alegando el recurrente que la empresa no conocía el alta del trabajador y que se éste no obtuvo respuesta ante su solicitud de vacaciones, por lo que debió acudir a los tribunales y no disfrutarlas por su cuenta, citando la sentencia de otro Tribunal Superior, aunque sin especificar respecto a cual o cuales de los hechos que en la sentencia se consideran probados se infringen las normas que sobre la carga de la prueba se establecen en el art. 217 LEC (LA LEY 58/2000) el cual, por cierto, contiene seis números sin que nos diga tampoco el recurrente a cual se refiere, lo que determina que tal alegación no pueda prosperar, dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación (por todas, SSTC 218/2003, de 15 de diciembre (LA LEY 10956/2004), FJ 4 ; 83/2004, de 10 de mayo (LA LEY 12364/2004), FJ 4 ; y 53/2005, de 14 de marzo (LA LEY 984/2005) ).
Respecto a las alegaciones sobre el despido, es cierto que, por regla general, el trabajador no puede disponer por sí mismo cuando puede disfrutar las vacaciones que le correspondan y si lo hace en contra de la prohibición expresa del empresario, ello puede ser causa de despido. Así lo entendió el Tribunal Supremo en Sentencia de 1 de octubre de 1987 , en la que se razona que el artículo 38.2 del Estatuto de los Trabajadores "establece que el período de disfrute de las vacaciones se fijará de común acuerdo entre el empresario y el trabajador, añadiendo en el apartado c) que si existiere desacuerdo, la jurisdicción laboral fijará el período que corresponda, lo que origina la consecuencia de que la conducta del trabajador de decidir unilateralmente el período de su disfrute, ausentándose de su trabajo sin previo acuerdo con la empresa, es subsumible en el incumplimiento contractual grave y culpable previsto en el invocado art. 54.2, a) como ha declarado esta Sala, entre otras en sentencias de 20 de octubre de 1980 y 13 de mayo de 1981 " y en la posterior de 15 de febrero de 1990, que señala: "Sentadas las anteriores premisas, parece claro que la determinación unilateral de vacaciones por la trabajadora carece de justificación a la vista del artículo 38.2 del Estatuto de los Trabajadores , que establece que el período de vacaciones se fijará de común acuerdo entre el empresario y el trabajador, o en su defecto, por acuerdo colectivo de planificación de las vacaciones". Igualmente lo han entendido de la misma forma los Tribunales Superiores de Justicia, pudiendo ponerse como ejemplos las sentencias del de Navarra de 17de septiembre de 1992 , del de la Comunidad Valenciana de 3 de octubre de 1992 , del de Andalucía, con sede en Granada, de 9 de marzo de 1992 , del de Baleares de 28 de diciembre de 1993 , del de Madrid de 10 de febrero de 1994 o del de Galicia de 13 de junio de 1996 .
Pero los Tribunales Superiores de Justicia también han considerado improcedente el despido del trabajador que disfruta de sus vacaciones sin consentimiento expreso del empresario, pero conociéndolo éste y sin su oposición. Por ejemplo, puede leerse en la Sentencia del de Madrid de 2 de abril de 2001 : "siguiendo la doctrina contenida en las sentencias del TSJ Andalucía 21-6-1996 (LA LEY 13387/1996), y TSJ Castilla la Mancha 16-2-1998 -que esta Sala de Madrid comparte- en resolución de litigios similares al presente de despidos de trabajadores que sin consentimiento empresarial expreso disfrutaron el período vacacional y a renglón seguido fueron cesados por inasistencia al trabajo habiendo mediado previa comunicación por parte del trabajador, y que fueron declarados improcedentes al entender que la fijación de la fecha del disfrute de vacaciones no requiere consentimiento expreso de ambas partes ya que sólo exige su aceptación pudiendo darse la aquiescencia en forma no sólo expresa sino también tácita como ocurre cuando una de las partes contratantes hace una propuesta al respecto que es recibida por la otra con antelación a la fecha indicada para el comienzo del período vacacional interesado sin que ésta le haya hecho llegar su oposición a la misma al inicio de éste y sin que consten otros datos de los que pueda deducirse que ese silencio tenga un significado distinto al que inicialmente cabe extraer con arreglo a los dictados de la buena fe" y esta Sala, en sentencia de 20 de abril de 1999 , consideró improcedente el despido de un trabajador que faltó al trabajo dos semanas por disfrute de las vacaciones sin autorización expresa de la empresa porque "a pesar de que el actor comunicó su intención de disfrutar esos días al encargado, no consta que ni aquél ni ninguna otra persona en nombre de la empresa mostrara su disconformidad con tal disfrute, por lo que el trabajador actuó en la creencia de que podía hacerlo", habiéndose pronunciado en forma similar el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en sentencia de 30 de septiembre de 1993 y el de Cantabria en la de 21 de mayo de 2002 .
Aquí, firme el relato fáctico de la sentencia recurrida, estamos ante un supuesto en el que el trabajador comunica al empresario que, terminado un período de incapacidad temporal, se pone a su disposición para "reanudar la relación laboral" y, además de pedirle instrucciones sobre el trabajo, le indica también que "considero que me encuentro dentro del mes de libranza correspondiente al año 2013 y que no disfruté", ante lo que el empresario le responde, en cuanto al trabajo, que todo sigue igual que antes de la baja, pero que no ha recibido del INSS ni de él ningún documento sobre su situación, sin que haga mención alguna a las vacaciones, que es a lo que, evidentemente, se refería el trabajador al mencionar el "mes de libranza", con lo que puede entenderse que no oponía traba alguna a lo que aquél solicitaba ya que sobre lo único que ponía objeciones era sobre la situación respecto a la baja y que, tácitamente, como se dice en las sentencias aludidas, aceptaba el disfrute de las vacaciones pues, poniéndose el trabajador a su disposición en cuanto a la reanudación del trabajo, si no aceptaba ese disfrute, bien pudo hacérselo saber, indicándole que debía incorporarse inmediatamente, sin que ante ello pueda objetar que no conocía el alta para el trabajo pues, aunque no coste probada esa otra carta a la que se refiere el inicio de la que se menciona en el hecho probado tercero, en ésta se vuelve a poner la situación en conocimiento de la empresa y ésta, como también le indica el trabajador, bien podía pedir a quien asegurara el riesgo del que derivó la baja, que le informara al respecto.
Basta añadir que esa sentencia que se cita en el motivo no determina lo contrario a lo expuesto porque, además de que las circunstancias en ellas contempladas eran distintas, la doctrina de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, aunque pueda tener valor en otros sentidos, no constituye la jurisprudencia en que se pueda basar un recurso de suplicación pues sólo lo es, como fuente complementaria del ordenamiento jurídico, según el artículo 1.6 del Código Civil (LA LEY 1/1889) , la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la Ley, la costumbre y los principios generales del derecho; así como, según el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985) , la interpretación que de los preceptos constitucionales resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional y así lo han entendido los propios Tribunales Superiores de Justicia, como el de Murcia en sentencia de 22 de marzo de 1.996 , el de Aragón, en la de 25 de septiembre de 1.996 , el de La Rioja en la de 26 de junio de 1.997 , el de Cataluña en la de 13 de febrero de 1.998 , el de Asturias en la de 8 de octubre de 1.999 o el del País Vasco en la de 27 de febrero de 1.996 , o esta Sala en la de 5 de mayo de 2003 , así como el Tribunal Supremo en la suya de 11 de octubre de 2001 .
En definitiva, el trabajador no incurrió aquí en ningún incumplimiento grave y culpable de sus obligaciones contractuales de las que, a tenor del art. 54 ET (LA LEY 1270/1995) , permiten a la empresa el despido, por lo que el aquí efectuado por la demandada ha de considerarse improcedente, a tenor del nº 4 del art. 55 y, como así se entendió en la sentencia recurrida, procede confirmarla y desestimar el recurso contra ella interpuesto.