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PRIMERO. La sentencia de instancia, estimando las pretensiones deducidas en la demanda, declaró la nulidad radical de la conducta del empresario al vulnerar el derecho a la intimidad de la actora, condenando solidariamente a los dos codemandados a abonarle una indemnización de 500.000 pesetas (3.005,06 euros).

Frente a esta resolución ambas partes, demandante y codemandados, formulan recurso de suplicación, articulando la primera, en pretensión de que se establezca una indemnización de 10.000.000 pesetas (60.101,21 euros), una doble censura, fáctica y jurídica, interesando en la primera la revisión de los hechos probados, en concreto la modificación de los ordinales 2° y 5°, para que, en el primero, se incluyan en él los veinte actos contrarios al derecho fundamental a la intimidad cometidos por el codemandado Luis Andrés, y en el segundo se haga constar la sanción impuesta por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social a la empresa de 1.000.000 de pesetas. En la censura jurídica se denuncia la infracción de los artículos 18.1 de la Constitución Española; 9.3 de la Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia Imagen; artículos 1.101, 1.106 y 1.902 del Código civil y de los artículos 180.1 y 181 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Por su parte los dos codemandados, con la finalidad de que se les absuelva de la condena económica indemnizatoria, articulan un único motivo de recurso en el que denuncian, con el adecuado amparo formal, infracción de los artículos 1.101, 1.106 y 1.902 del Código civil y 180 y 181 de la Ley de Procedimiento Laboral, así como de la doctrina jurisprudencial contenida en las sentencias del Tribunal Supremo de 22 de julio de 1.996, 20 de enero de 1.997, 2 de febrero de 1.998, 28 de febrero de 2.000 y 23 de marzo de 2.000.

SEGUNDO. La sentencia de instancia relata en los ordinales 2° y 5°, completa y suficientemente, tanto la conducta del codemandado publicando indebidamente datos relativos al estado de salud de la demandante que invaden ilícitamente su ámbito privado, como la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social extendiendo la correspondiente Acta de Infracción. La individualización de cada uno de aquellos veinte actos contrarios al derecho fundamental cometido por el empresario codemandado y su constatación en el 2° de los ordinales del relato fáctico de instancia, que pretende la trabajadora recurrente en el primero de los motivos de recurso, no es necesaria para un completo y correcto conocimiento de los hechos litigiosos. Igualmente, es irrelevante e intranscendente consignar en el ordinal 5° el importe de la sanción que impuso la Inspección de Trabajo a la empresa, decayendo, en consecuencia, la censura fáctica que se articula por la demandante.

TERCERO. La censura jurídica que formulan ambas partes se centra, únicamente, en la cuantía de la indemnización señalada en la sentencia de instancia, pretendiendo la trabajadora su incremento en el importe anteriormente mencionado y los codemandados su supresión. Se acepta, en consecuencia, por los codemandados la existencia de una vulneración del derecho fundamental a la intimidad personal que consagra el artículo 18.1 de la Constitución Española.

En la determinación de ese importe debe, igualmente, confirmarse el criterio mantenido en la instancia, con rechazos de ambos recursos, ya que la apreciación y cuantificación de la indemnización procedente por el daño moral causado presupone un notable margen de arbitrio judicial, que de sentido a la ausencia de un criterio legal y a la heterogeneidad de las circunstancias concurrentes en cada caso, sin que por parte de la trabajadora recurrente, y conforme exige la reciente doctrina jurisprudencial, se haya proporcionado una base fáctica que permita la fijación del daño material para una reparación económica en la cuantía fijada. Por el contrario, en la sentencia de instancia y atendiendo al daño moral ocasionado, "...a las circunstancias concurrentes, a la no constancia de la causación de perjuicios materiales, a la salida concertada de la accionante del ámbito laboral de la demandada, evitando la continuidad de una deteriorada convivencia en un difícil entorno personal y laboral, y al propio transcurso de un periodo relevante de tiempo...", fija el importe de la indemnización en 500.000 pesetas, cantidad sensiblemente inferior a la interesada por la recurrente que, en consecuencia, es la procedente en el supuesto concreto, lo que necesariamente determina la confirmación de la sentencia de instancia con rechazo de ambos recursos.