Volver a página de inicio

1. Con fecha 3 May. 1985 tiene entrada en el Registro General de este Tribunal un oficio del Presidente de la Audiencia Territorial de Pamplona por el que, a los efectos del art. 36 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LA LEY 2383/1979) (LOTC (LA LEY 2383/1979)), remite adjunto testimonio de la totalidad de las actuaciones de la Sala de lo Contencioso-- Administrativo de dicha Audiencia Territorial en el recurso núm. 240/84, interpuesto por D.ª Melania Carrasco Rodríguez contra Resolución de 8 Mar. 1984 de la Hacienda Foral de Guipúzcoa que había desestimado la reclamación núm. 43/84 formulada contra liquidación girada por el concepto de Tasa de Juego, año 1983, gravamen complementario. En dicho proceso Contencioso-Administrativo está personada como Administración demandada la Diputación Foral de Guipúzcoa.

2. Del examen de las actuaciones se desprende: que la parte recurrente formuló en la demanda diversas alegaciones acerca de la pretendida inconstitucionalidad de la Ley 5/1983, de 29 Jun. (LA LEY 1450/1983), sobre Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Financiera y Tributaria, y del Real Decreto 2570/1983, de 21 Sep. (LA LEY 2172/1983), así como acerca de la procedencia del planteamiento de la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad; que la Sala de lo Contencioso-Administrativo acordó por providencia de 16 Mar. 1985, con suspensión del plazo para dictar Sentencia, dar audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad, trámite que fue evacuado mediante los correspondientes escritos, en los que la parte recurrente y el Ministerio Fiscal mostraron su conformidad a dicho planteamiento, oponiéndose a él la parte demandada; y que, finalmente, la Sala dictó Auto el 26 Mar. 1985, acordando plantear cuestión de inconstitucionalidad de la Ley 5/1983, de 29 Jun., en su Disposición adicional sexta (LA LEY 1450/1983), núm. 3, en cuanto crea para 1983 un gravamen complementario a la Tasa de Juego sobre Máquinas de Azar, por entender que dicha Disposición pudiera infringir los arts. 134.7, 9.3 y 14, en relación con el 33.3 de la Constitución.

3. La mencionada Sala de lo Contencioso-Administrativo estima que debe accederse al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad por los siguientes motivos:

a) La Ley 5/1983 constituye el único sustento jurídico del fallo a dictar en el presente proceso, de tal modo que, si se acomoda al Texto Constitucional, el gravamen en cuestión debe ser abonado y, en caso contrario, no procederá su imposición.

b) Dicha Ley no tiene carácter orgánico, ni es una ley especial en materia de establecimiento de tributos, ni existe a favor suyo una delegación para establecerlos procedente de otra ley que posea esas características.

c) Se trata de una Ley presupuestaria, de acuerdo con su título, que, como ocurre con la mayoría de ellas, sin perder su carácter principal contiene normas sobre financiación de Entes públicos y acomodación de cuotas tributarias, entre ellas la de Tasa de Juego que se creó en otra Ley anterior; pero su finalidad fundamental es la de prorrogar los Presupuestos de 1982 por no haberse aprobado los de 1983 (art. 134.4 C.E. (LA LEY 2500/1978)).

d) Una vez aprobado el Presupuesto o, en su caso, prorrogado, cabe aprobar en la misma anualidad una ley que implique alteración, en más o en menos, de gastos e ingresos del mismo ejercicio (art. 134.5 y 6 C.E.), pero lo que no cabe, a través de una Ley de Presupuestos, es crear el tributo de que aquí se trata (art. 134.7 C.E. (LA LEY 2500/1978)).

e) Además de la posible infracción de este último precepto constitucional, «se han podido infringir en ella los arts. 9.3, sobre el principio de legalidad e irretroactividad de la norma y de la seguridad jurídica, y el 14, que consagra el principio de igualdad ante la Ley, éste en relación con el 33.3 de la propia Constitución, en cuanto tal principio haga referencia a la excesividad tributaria, que suponga privación de bienes o derechos sin indemnización, y fuera de lo previsto en las leyes.»

4. Por providencia de 8 May. 1985, la Sección Primera del Pleno de este Tribunal acuerda admitir a trámite la cuestión planteada, a la que ha correspondido el núm. 377/85, dar traslado de las actuaciones al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno y al Fiscal General del Estado, y publicar la incoación de la cuestión en el «Boletín Oficial del Estado.»

5. El Presidente del Congreso de los Diputados comunica, mediante escrito de 21 May. 1985, que dicha Cámara no hará uso de sus facultades de personación y de formulación de alegaciones,.y, con la misma fecha, el Senado, por conducto de su Presidente, se persona en el procedimiento y ofrece su colaboración a los efectos del art. 88.1 de la LOTC (LA LEY 2383/1979).

6. Por su parte, el Ministerio Fiscal presenta el 31 May. 1985 su escrito de alegaciones. En él examina, en primer lugar, si la cuestión suscitada respeta los requisitos establecidos en la LOTC (LA LEY 2383/1979) ya que, a su juicio, si bien es cierto que el Auto en que se plantea dicha cuestión fundamenta, aunque muy sucintamente, la alegada vulneración del art. 134.7 de la Constitución (LA LEY 2500/1978), no ocurre lo mismo con la presunta infracción del art. 9.3 de la misma, pues, por lo que a este último precepto concierne, se limita a una escueta alusión a los principios de legalidad, irretroactividad y seguridad jurídica, sin ofrecer argumentación alguna que permita conocer en qué funda la Sala sus dudas sobre la posible inconstitucionalidad de la Ley en cuestión. Y lo mismo sucede --señala-- con la invocación del art. 14 en relación con el 33.1, que se apoya exclusivamente en la «excesividad tributaria». Evidentemente --añade-- si el Tribunal Constitucional, de conformidad con lo previsto en el art. 35.2 de su Ley Orgánica, ha de pronunciarse sobre la cuestión planteada por el órgano judicial, éste ha de razonar en qué advierte las posibles contradicciones de la Ley con la Constitución, del mismo modo que tal fundamentación es indispensable para que, en su caso, el Ministerio Fiscal pueda pronunciarse sobre la admisibilidad de la cuestión.

Por otra parte, y a ello atribuye una mayor trascendencia, el pronunciamiento que se interesa de este Tribunal es, en su opinión, innecesario e indiferente para la resolución de la litis entablada ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En efecto --arguye--, la demanda ante la Audiencia Territorial de Pamplona solicitaba que se declarasen no conformes a Derecho y, en consecuencia, nulos, el acuerdo de la Inspección de la Hacienda Foral de Guipúzcoa sobre la liquidación de gravamen complementario de la tasa fiscal de juego y la posterior resolución del Tribunal Económico-Administrativo confirmando dicha liquidación, y para ello se basaba en una doble fundamentación: de una parte, la inconstitucionalidad de la Ley 5/1983 y del Real Decreto 2570/1983 (LA LEY 2172/1983), que trae causa de la misma, y, de otra, la infracción del art. 26.1 a) de la Ley General Tributaria por el mencionado Real Decreto y el carácter retroactivo de éste. A juicio del Ministerio Fiscal, no cabe duda de que si la citada Ley 5/1983 es contraria a la Constitución, la liquidación practicada sería nula y nada habría que resolver sobre su posible ilegalidad, pero el hecho es que es ésta la cuestión sometida a la consideración de la Sala, aunque presentada con carácter subsidiario, y para su solución no es presupuesto la constitucionalidad de la Ley ya que de lo que se trata es de la disconformidad del acto impugnado con ella. La Sala, pues, tenía que haber limitado su pronunciamiento a este punto y no haber suscitado una cuestión de inconstitucionalidad que no era imprescindible para resolver lo que, dentro de su ámbito jurisdiccional, le había sido sometido.

En definitiva --concluye--, el Auto que suscita la presente cuestión debe ser rechazado por carecer de la obligada motivación y, sobre todo, por no depender la decisión del proceso de la constitucionalidad de la Ley 5/1983.

7. No obstante las consideraciones anteriores y para el caso de que este Tribunal estimare que debe entrar en el fondo de la cuestión planteada, el Ministerio Fiscal analiza las infracciones constitucionales aducidas por la Sala de lo Contencioso-- Administrativo.

a) El primer artículo invocado en el Auto de dicha Sala es el 134.7 de la Constitución, según el cual la Ley de Presupuestos no puede crear tributos; solo puede modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.

Para el Ministerio Fiscal, la Ley 5/1983 es una «ley puente» hasta la aprobación de los presupuestos de 1983, lo que permite atribuirle sin mayores reparos la naturaleza de Ley presupuestaria. Pero, aun partiendo de tal naturaleza --señala--, la Disposición impugnada no vulnera el mencionado precepto constitucional por cuanto, como en el mismo Auto se reconoce expresamente, el gravamen complementario no supone más que «una acomodación» de la cuota correspondiente a la Tasa de Juego, tributo que fue creado en otra ley anterior.

La parte actora, a la que considera necesario recurrir para completar la escasez argumental del Auto en cuestión, sostiene que el gravamen complementario es una nueva tasa, como expresamente se afirma en el apartado 3 de la Disposición adicional sexta, pero, en opinión del Ministerio Fiscal, si se analiza detenidamente tal gravamen ha de concluirse que no se trata de un impuesto creado ex novo, sino, más bien, de un expediente técnico encaminado a cubrir la diferencia existente entre la cuota devengada en 1983, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley impugnada, y las nuevas tarifas que habrían de aplicarse a partir de esa fecha. Y, como ha declarado el Tribunal Constitucional (STC 27/1981 (LA LEY 216/1981), fundamento jurídico 2.º) --añade--, el precepto constitucional aducido permite las modificaciones tributarias siempre que exista una norma adecuada que así lo prevea y, en todo caso, no es óbice para que la ley presupuestaria adapte el tributo a la realidad, que es lo que, en definitiva, hace el gravamen complementario.

b) Por lo que se refiere a la presunta vulneración del art. 9. 3 de la Norma fundamental, el Ministerio Fiscal pone de relieve que el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se limita a citar el mencionado precepto, sin que tal invocación vaya acompañada de motivación alguna, por lo que también aquí es preciso acudir a las alegaciones de la parte actora.

De acuerdo con ellas, la vulneración del principio de legalidad se habría producido al no respetarse la reserva de Ley que en materia impositiva prescriben los arts. 31.3 (LA LEY 2500/1978) y 133.1 de la Constitución (LA LEY 2500/1978). Pero a ello --señala-- hay que objetar, por una parte, que la Tasa de Juego es un tributo creado por el Real Decreto-ley de 1977, verdadera disposición tributaria sustantiva, que al ser preconstitucional no está sujeta a las prescripciones formales establecidas en la Constitución para la producción de normas, y, por otra, debe recordarse, como argumento subsidiario, la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el alcance, extensión y límites de la reserva de Ley y del instituto del Decreto-ley (STC 6/1983 (LA LEY 126-TC/1983)). Por lo que a la retroactividad respecta, el Ministerio Fiscal se remite a la doctrina contenida en las Sentencias de este Tribunal 27/1981, 8/1982 y 6/1983, que se refieren a disposiciones tributarias y que por consiguiente son de aplicación, a su juicio, a la norma aquí cuestionada. Y, en cuanto a la seguridad jurídica, manifiesta que no acierta a percibir qué inseguridad puede producir la Disposición impugnada, dado que la tasa es por años naturales y el Real Decreto-ley 9/1980, de 26 Sep. (LA LEY 1865/1980), que por vez primera modificó las cuotas, dispuso que «en la Ley de Presupuestos se podrán modificar los tipos tributarios.»

c) Finalmente, el Auto examinado sostiene que ha podido infringirse el art. 14 en relación con el 33.3, ambos de la Constitución, por cuanto la «excesividad tributaria» puede suponer privación de bienes o derechos sin indemnización y fuera de lo previsto en las leyes. Sin embargo, el Auto no ofrece la más mínima explicación de cómo esa «excesividad tributaria» supone una confiscación o privación de bienes, y tampoco se advierte cómo puede producirse.

A juicio del Ministerio Fiscal, la invocación del art. 14 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) en relación con el 33.1 de la misma pudiera tener alguna consistencia lógica, pero recuerda que no es ésta la primera vez que tal cuestión se plantea ante el Tribunal Constitucional y que, en todos los casos, éste inadmitió el recurso de amparo, declarando que el hecho de que un impuesto se repute excesivo no afecta a la igualdad.

Por todo lo anterior, interesa de este Tribunal que rechace la cuestión de inconstitucionalidad planteada por ser notoriamente infundada en su planteamiento o, en su defecto, que la desestime por no ser la Disposición adicional sexta, 3, de la Ley 5/1983 contraria a los preceptos constitucionales invocados

8. Tras los correspondientes trámites y por Auto de 16 Jul. 1985, el Pleno del Tribunal acuerda, para su tramitación en un solo proceso y su resolución por una única Sentencia, acumular a la presente las siguientes cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Pamplona en relación con la misma Disposición adicional de la Ley 5/1983: 378/85 (en recurso contencioso-administrativo 244/84), 379/85 (en recurso contencioso-administrativo 268/84), 380/85 (en recurso contencioso-administrativo 238/84), 381/85 (en recurso contencioso-administrativo 232/84), 389/85 (en recurso contencioso-administrativo 226/84), 390/85 (en recurso contencioso-administrativo 256/84), 395/85 (en recurso contencioso-administrativo 224/84), 396/85 (en recurso contencioso-administrativo 228/84), 397/85 (en recurso contencioso-administrativo 230/84), 398/85 (en recurso contencioso-administrativo 234/84), 399/85 (en recurso contencioso-administrativo 270/84), 400/85 (en recurso contencioso-administrativo 312/84), 430/85 (en recurso contencioso-administrativo 288/84), 431/85 (en recurso contencioso-administrativo 342/84), 444/85 (en recurso contencioso-administrativo 229/84), 445/85 (en recurso contencioso-administrativo 235/84), 446/85 (en recurso contencioso-administrativo 274/84) y 447/85 (en recurso contencioso-administrativo 231/84). En dicho Auto se tienen asimismo por formuladas las alegaciones del Ministerio Fiscal en la cuestión 377/85 y se concede a éste, así como al Letrado del Estado, nuevo plazo para alegaciones. El Ministerio Fiscal, que había estimado procedente se tuviera por reproducido en las cuestiones acumuladas su dictamen relativo a la 377/85, se abstiene de formular nuevas alegaciones.

9. Por escrito que tiene entrada en este Tribunal el 29 Oct. 1985, el Letrado del Estado, tras exponer la situación procesal en que se hallan los distintos procedimientos sobre la misma cuestión, se opone a su planteamiento basándose en las alegaciones siguientes:

En primer lugar, pone de manifiesto que, por lo que se refiere a la supuesta vulneración de los arts. 9.3 (LA LEY 2500/1978), 14 (LA LEY 2500/1978) y 33.3 de la Constitución (LA LEY 2500/1978), la falta de motivación del Auto de la Audiencia Territorial de Pamplona debe conducir a una resolución denegatoria de cualquier pronunciamiento sobre los mismos. No obstante, para el caso de que no se estimare así, señala que no se advierte la relación que pueda existir entre el principio de igualdad y la norma cuestionada, la cual se aplica a todas «las máquinas o aparatos automáticos aptos para la realización de juegos de azar», distinguiendo en ellas diferentes categorías y gravándolas de acuerdo con su capacidad económica, según lo previsto en el art. 31.1 C.E. (LA LEY 2500/1978) Tampoco puede apreciarse, a su juicio, vulneración del art. 33.3 C.E. (LA LEY 2500/1978), dado que el tributo y la expropiación son categorías diferentes. Y asimismo, considera imposible saber cómo puede resultar afectado el principio de seguridad jurídica por la Disposición impugnada, ya que se trata de una norma con rango de Ley, que no vulnera el principio de capacidad contributiva y que regula con claridad, precisión y atendiendo a módulos objetivos, los diferentes elementos de la relación jurídico-tributaria que crea; y mucho menos el principio de irretroactividad de las normas, ya que nada tiene que ver con él la circunstancia de que la Disposición en cuestión afecte a quienes antes de su vigencia eran titulares de máquinas de juego. Por todo lo cual solicita que, llegado el caso, este Tribunal haga uso de la facultad que le confiere el art. 84 de su Ley Orgánica.

Entrando luego en lo que califica de «cuestión sustantiva», la presunta infracción del art. 134.7 de la Constitución (LA LEY 2500/1978), estima el Letrado del Estado que el razonamiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo al respecto carece del necesario rigor, por cuanto, al margen de la referencia a la falta de carácter orgánico de la Ley 5/1983, que en el Auto se hace y que nada tiene que ver con el asunto planteado, se identifica «Ley presupuestaria» --sin especificarse qué se entiende por ello-- con «Ley de Presupuestos». Por lo que, no pudiendo ser calificada la Ley 5/1983 de Ley de Presupuestos, al no encajar en la definición del art. 48 de la Ley General Presupuestaria ni haber prorrogado, frente a lo que afirma la Sala, los Presupuestos Generales del Estado de 1982 durante 1983 (la prórroga la establece directamente el art. 134.4 C.E. (LA LEY 2500/1978)), las previsiones del art. 134.7 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) no son aplicables a ella y, en consecuencia, no pueden haber sido vulneradas por ella. Pero, aun admitiendo a efectos dialécticos que las limitaciones del art. 134.7 C.E. (LA LEY 2500/1978) fueran aplicables a las «Leyes presupuestarias», seria necesario precisar qué se entiende por tales y justificar que entre ellas se encuentra la Ley 5/1983, una Ley de contenido complejo, referida fundamentalmente a tres aspectos básicos (financiero, tributario y de contratación), que no es sino lo que ella misma dice, una Ley de medidas urgentes, salvo que al término presupuestario se le dé un contenido tan amplio que incluya todo tipo de normas que afecten a los ingresos o gastos del Estado. Ley a la que --concluye el Letrado del Estado-- nada impide modificar normas tributarias preexistentes o crear nuevos tributos, lo que puede realizar cualquier norma con rango de ley que no siendo la de presupuestos regule elementos concretos de la relación jurídico-tributaria, según resulta de los arts. 133 (LA LEY 2500/1978) y 134 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) e implícitamente, de la STC 38/1981 (LA LEY 34-TC/1982), de 20 Jul. (fundamento jurídico 3.º) por lo que tampoco se entiende la referencia, hecha en el Auto de la Sala, a que la Ley 5/1983 no es «especial en materia de establecimiento de tributos.»

Las anteriores consideraciones llevan al Letrado del Estado a solicitar de este Tribunal la desestimación de la cuestión de inconstitucionalidad 377/85, así como de las cuestiones a ella acumuladas.

10. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Pamplona plantea asimismo, mediante Autos con idéntica fundamentación jurídica a la anteriormente expuesta, sucesivas cuestiones de inconstitucionalidad en relación con la Disposición adicional sexta (LA LEY 1450/1983), 3 de la Ley 5/1983, de 29 Jun. Admitida a trámite cada una de ellas, el Presidente del Congreso comunica que dicha Cámara no hará uso de sus facultades de personación y alegaciones; el Senado, por su parte, se persona y ofrece su colaboración por conducto de su Presidente. El Letrado del Estado solicita en sus respectivos escritos la acumulación de estas cuestiones a las anteriores, interesando en unos casos la suspensión del plazo para alegaciones y reproduciendo en otros lo alegado con respecto a la 377/85 y acumuladas. El Ministerio Fiscal solicita la suspensión de su tramitación hasta tanto sea dictada Sentencia en relación con la 377/85 y acumuladas, remitiéndose en muchos casos a su anterior informe relativo a las mencionadas cuestiones. Y el Pleno de este Tribunal, por sucesivos Autos, acuerda denegar la acumulación a las anteriores de cada una de las nuevas cuestiones y suspender la tramitación de estas últimas hasta que recaiga Sentencia en las ya acumuladas. las cuestiones de inconstitucionalidad a que se hace referencia en este antecedente décimo son las siguientes:

1) Cuestión de inconstitucionalidad 578/85, planteada en recurso contenciosoadministrativo 225/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 17 Oct. 1985.

2) Cuestión de inconstitucionalidad 579/85, planteada en recurso contencioso-administrativo 227/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 17 Oct. 1985.

3) Cuestión de inconstitucionalidad 580/85, planteada en recurso contenciosoadministrativo 233/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 17 Oct. 1985.

4) Cuestión de inconstitucionalidad 581/85, planteada en recurso contencioso-administrativo 237/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 17 Oct. 1985.

5) Cuestión de inconstitucionalidad 642/85, planteada en recurso contenciosoadministrativo 322/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 17 Oct. 1985.

6) Cuestión de inconstitucionalidad 643/85, planteada en recurso contencioso-administrativo 360/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 17 Oct. 1985.

7) Cuestión de inconstitucionalidad 644/85, planteada en recurso contencioso-administrativo 242/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 17 Oct. 1985.

8) Cuestión de inconstitucionalidad 645/85, planteada en recurso contencioso-administrativo 308/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 17 Oct. 1985.

9) Cuestión de inconstitucionalidad 646/85, planteada en recurso contencioso-administrativo 236/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 17 Oct. 1985.

10) Cuestión de inconstitucionalidad 685/85, planteada en recurso contencioso-administrativo 402/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 17 Oct. 1985.

11) Cuestión de inconstitucionalidad 704/85, planteada en recurso contencioso-administrativo 453/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 5 Dic. 1985.

12) Cuestión de inconstitucionalidad 956/85, planteada en recurso contencioso-administrativo 307/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 23 Ene. 1986.

13) Cuestión de inconstitucionalidad 1.019/85, planteada en recurso contencioso-administrativo 289/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 13 Mar. 1986.

14) Cuestión de inconstitucionalidad 1.033/85, planteada en recurso contencioso-administrativo 238/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 16 Ene. 1986.

15) Cuestión de inconstitucionalidad 1.061/85, planteada en recurso contencioso-administrativo 436/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 6 Feb. 1986.

16) Cuestión de inconstitucionalidad 1.139/85, planteada en recurso contencioso-administrativo 452/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 13 Feb. 1986.

17) Cuestión de inconstitucionalidad 1.159/85, planteada en recurso contencioso-administrativo 245/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 20 Feb. 1986.

18) Cuestión de inconstitucionalidad 1203/85, planteada en recurso contencioso-administrativo 377/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 13 Mar. 1986.

19) Cuestión de inconstitucionalidad 1204/85, planteada en recurso contencioso-administrativo 299/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 13 Mar. 1986.

20) Cuestión de inconstitucionalidad 1205/85, planteada en recurso contencioso-administrativo 151/85, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 6 Feb. 1986.

21) Cuestión de inconstitucionalidad 93/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 241/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 17 Abr. 1986.

22) Cuestión de inconstitucionalidad 94/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 243/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 17 Abr. 1986.

23) Cuestión de inconstitucionalidad 95/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 315/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 17 Abr. 1986.

24) Cuestión de inconstitucionalidad 146/84, planteada en recurso contencioso-administrativo 429/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 24 Abr. 1986.

25) Cuestión de inconstitucionalidad 311/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 454/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 20 May. 1986.

26) Cuestión de inconstitucionalidad 459/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 24/85, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 12 Jun. 1986.

27) Cuestión de inconstitucionalidad 460/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 456/85, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 12 Jun. 1986.

28) Cuestión de inconstitucionalidad 475/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 143/85, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 19 Jun. 1986.

29) Cuestión de inconstitucionalidad 550/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 120/85, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 10 Jul. 1986.

30) Cuestión de inconstitucionalidad 664/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 269/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 18 Sep. 1986.

31) Cuestión de inconstitucionalidad 698/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 221/85, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 18 Sep. 1986.

32) Cuestión de inconstitucionalidad 753/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 624/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 25 Sep. 1986.

33) Cuestión de inconstitucionalidad 754/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 138/85, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 25 Sep. 1986.

34) Cuestión de inconstitucionalidad 864/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 222/85, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 23 Oct. 1986.

35) Cuestión de inconstitucionalidad 865/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 818/85, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 23 Oct. 1986.

36) Cuestión de inconstitucionalidad 929/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 144/85, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 23 Oct. 1986.

37) Cuestión de inconstitucionalidad 1082/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 649/85, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 20 Nov. 1986.

38) Cuestión de inconstitucionalidad 1094/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 132/85, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 27 Nov. 1986.

39) Cuestión de inconstitucionalidad 1115/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 131/85, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 27 Nov. 1986.

40) Cuestión de inconstitucionalidad 1116/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 137/85, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 4 Dic. 1986.

41) Cuestión de inconstitucionalidad 1117/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 639/85, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 4 Dic. 1986.

42) Cuestión de inconstitucionalidad 1118/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 457/85, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 4 Dic. 1986.

43) Cuestión de inconstitucionalidad 1119/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 645/85, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 4 Dic. 1986.

44) Cuestión de inconstitucionalidad 1190/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 271/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 15 Ene. 1987.

45) Cuestión de inconstitucionalidad 1249/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 267/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 22 Ene. 1987.

46) Cuestión de inconstitucionalidad 188/87, planteada en recurso contencioso-administrativo 644/85, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 27 Mar. 1987.

47) Cuestión de inconstitucionalidad 465/87, planteada en recurso contencioso-administrativo 819/85, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 28 May. 1987.

11. Mediante Auto de 25 Nov. 1985, la Sala de lo Contencioso-- Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia plantea en el recurso contencioso-administrativo 2.130/1984 cuestión de inconstitucionalidad, registrada con el número 1088/1985, también relativa a la Disposición adicional sexta, 3, de la Ley 5/1983, y al Real Decreto 2570/1983, de 21 Sep. (LA LEY 2172/1983)

En su fundamentación jurídica la Sala centra básicamente la presunta inconstitucionalidad de dicha norma en su carácter retroactivo. A su juicio, de conformidad con el art. 2.3 del Código Civil (LA LEY 1/1889) y el art. 20 de la Ley General Tributaria, así como con el 9.3 de la Constitución, la aplicación retroactiva de las leyes tributarias constituye un ataque a los fundamentos básicos del orden jurídico, como se reconoce en el art. 53 de la Constitución italiana y en la trascendental Sentencia de 19 Dic. 1961 del Tribunal Constitucional alemán. Y en igual sentido --añade-- el Tribunal Supremo español, en numerosas Sentencias y en relación con el art. 5 de la Ley de Administración y Contabilidad de 1 Jul. 1911, rechaza la interpretación analógica o extensiva de las leyes tributarias y únicamente admite la retroactividad cuando expresamente se establezca en la ley. Finalmente señala, aunque sin aducir argumentación alguna, que la norma cuestionada puede oponerse a «preceptos constitucionales, en orden a la jerarquía de las normas, según se desprende de los arts. 9.3, 31 y 109 en relación con los arts. 134.7 y 133.1, todos ellos de la Constitución, y el art. 3 del Reglamento General de Recaudación». Reglamento General de Recaudación.»

La misma fundamentación jurídica, sin la referencia al art. 109 de la Constitución (LA LEY 2500/1978), sirve de base a dicha Sala para plantear las siguientes cuestiones de inconstitucionalidad: la 145/1986 (en recurso contencioso-administrativo 30/1985), y las 424/1986 (en recurso contencioso-administrativo 838/1985), 455/1986 (en recurso contenciosoadministrativo 284/1985) y 644/1986 (en recurso contencioso-administrativo 880/1985). En los Autos de planteamiento de estas tres últimas cuestiones se alude además a la «dudosa concordancia» de la norma cuestionada con los arts. 14 (LA LEY 2500/1978), 17 (LA LEY 2500/1978), 33 (LA LEY 2500/1978) y 38 de la Constitución (LA LEY 2500/1978).

En tales cuestiones de inconstitucionalidad, el Presidente del Congreso de los Diputados comunica que dicha Cámara no hará uso de sus facultades de personación y alegaciones; el Senado, en cambio, se persona y ofrece su colaboración por conductos de su Presidente.

Por su parte, el Letrado del Estado pone de relieve que lo que solo incidentalmente se menciona en el Auto de la Audiencia Territorial de Pamplona, esto es, la pretendida retroactividad de la disposición cuestionada que se estima contraria a la Constitución, se convierte en el argumento fundamental en el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia. Por ello, después de dar por reproducido el contenido de sus escritos anteriores, centra sus alegaciones en este punto. Frente a la postura de la Sala, que considera incuestionable la eficacia retroactiva de la norma, el Letrado del Estado sostiene que el discutido gravamen complementario no tiene alcance retroactivo. La retroactividad de una norma --alega-- no implica sino su aplicación a situaciones jurídicas consolidadas en el pasado, o bien a situaciones, relaciones o efectos, aunque nacidos, no consumados o agotados, y, en rigor, la norma cuestionada no afecta a ninguna relación o situación jurídica preexistente. La Disposición adicional sexta, 3, se limita a regular los diferentes elementos de una nueva relación jurídico-tributaria creada por ella misma y que, por lo tanto, nace después de su entrada en vigor. El nuevo gravamen que, a diferencia de la tasa a la que complementa, tiene naturaleza impositiva, es independiente de ella, ya que, según la Ley General Tributaria, las deudas de esta naturaleza son autónomas (art. 62. 1) y así resulta, además, de la no coincidencia de los elementos constitutivos de ambos tributos. Lo que ocurre es que la identificación del sujeto pasivo por referencia a un hecho anterior a la entrada en vigor de la ley origina cierta confusión. Pero el legislador no conecta el nacimiento del tributo a situaciones pasadas, que constituyen tan sólo un elemento de referencia necesario --no suficiente-- para identificar a los sujetos pasivos.

Aun admitiendo, a efectos puramente dialécticos, el carácter retroactivo de la Disposición en cuestión, no cabe, a juicio del Letrado del Estado, derivar de ello su inconstitucionalidad, pues no puede admitirse sin más tal como se pretende, que la aplicación retroactiva de las leyes constituya un ataque «a los fundamentos mismos del orden jurídico». Y ello porque, según ha señalado el Tribunal Constitucional, el límite de la retroactividad in peius de las leyes no es general, sino que aparece referido a las leyes ex post facto sancionadoras o restrictivas de derechos individuales, entre las cuales indudablemente no cabe incluir a las fiscales, como lo demuestra el hecho de que se suprimiera, en el texto definitivo de la Constitución, la referencia que, en tal sentido, contenía el anteproyecto.

Por otra parte, tampoco se podría, en opinión del Letrado del Estado, cuestionar la constitucionalidad de la nueva figura desde la perspectiva del principio de la capacidad económica o contributiva del obligado en relación con el principio de irretroactividad de las normas, ya que en tal caso habría que demostrar que, en el lapso que media entre la contemplación normativa de la capacidad económica y la incidencia efectiva del tributo sobre su titular, esa capacidad había desaparecido.

Finalmente --añade-- la Disposición adicional sexta, 3, no vulnera el principio de igualdad y el de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, pues dicha norma no hace sino restablecer para las máquinas de juego la adecuada proporcionalidad económica entre el tributo que las grava y la capacidad contributiva de sus titulares, que quedó rota desde el momento en que la aprobación tardía de la Ley de Presupuestos para el ejercicio de 1983 no pudo realizarse en los plazos previstos, por lo que no puede decirse que sea arbitraria ni discriminatoria.

El Letrado del Estado concluye solicitando la desestimación de las mencionadas cuestiones de inconstitucionalidad e interesando, por otrosí, bien, en unos casos, la acumulación de las nuevas cuestiones a las inicialmente acumuladas por Auto de este Tribunal de 16 Jul. 1985 en razón de la identidad de objeto y fundamentación de las mismas, bien la suspensión de su tramitación, en otros.

En cuanto al Ministerio Fiscal, solicita en su escrito de alegaciones la inadmisión de la cuestión 1.088/1985, por no especificarse y justificarse en ella en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma cuestionada, así como por falta de concreción de los preceptos constitucionales que se supone infringidos; e interesa, en otro caso, la suspensión del trámite hasta tanto sea resuelta la cuestión 377/1985, petición que reitera en las cuestiones 145/1986, 424/1986, 455/1986 y 644/1986.

Las referidas cuestiones de inconstitucionalidad son suspendidas en su tramitación por Autos del Pleno de este Tribunal de 13 Feb., 24 Abr., 5 Jun., 12 Jun. y 12 Sep., todos ellos de 1986, respectivamente.

12. También la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Cáceres plantea varias cuestiones de inconstitucionalidad en relación con la Disposición adicional sexta (LA LEY 1450/1983), 3, de la Ley 5/1983, de 29 Jun. En los respectivos Autos de planteamiento, idénticos en su fundamentación jurídica, razona que la norma cuestionada «se erige, no solo en obligado punto de referencia en el contraste de legalidad del acto administrativo cuya anulación se insta en el proceso, sino en efectivo condicionante de la solución que haya de darse al mismo.»

Como precepto constitucional eventualmente lesionado, concreta la Sala el art. 9.3 de la Constitución (LA LEY 2500/1978), sintetizando la línea argumental en los siguiente puntos:

a) La disposición en cuestión puede suponer la retroactividad in peius de una ley fiscal. El denominado gravamen parece ser una tasa o complemento de la que grava los juegos de suerte, envite o azar, y por ello el hecho imponible de la misma habrá de ser la actividad administrativa autorizatoria [art. 26 a), de la L.G.T.] realizada con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, ya que se aplica a tasas devengadas correspondientes a 1983 y, por lo tanto, respecto a licencias otorgadas previamente a la fecha de 30 Jun. de dicho año. Así entendida, la aplicación supone un incremento del tributo en la misma cuantía que la que se fija ex novo para las futuras autorizaciones.

b) Tal retroactividad puede vulnerar el art. 9.3 de la Constitución (LA LEY 2500/1978). A este respecto recuerda la Sala que los constituyentes suprimieron del texto la prohibición de la retroactividad de las normas fiscales, y que la irretroactividad tributaria ha estado históricamente vinculada al principio de legalidad y a la temporalidad de las leyes presupuestarias. Por otra parte --añade-- la STC 6/1983 (LA LEY 126-TC/1983) ha abordado el tema de la retroactividad de las leyes fiscales, distinguiendo entre la de grado máximo, medio y mínimo y pronunciándose tan sólo sobre esta última, y no puede olvidarse que en este caso puede tratarse de una retroactividad media o máxima dado que la norma tributaria parece incidir sobre una relación jurídico-tributaria ya consumada y extinguida por el pago, de conformidad con lo establecido en la Sección Segunda del Capítulo Quinto del Título II de la Ley General Tributaria.

c) Aunque como principio no está proscrita la retroactividad de las leyes fiscales, tal retroactividad puede resultar inconstitucional cuando su eficacia conculque el principio de seguridad jurídica, proclamado también en el art. 9.3 de la Constitución (LA LEY 2500/1978), o tenga carácter arbitrario o no «razonable», según expresión utilizada por la jurisprudencia norteamericana. En este mismo sentido, la doctrina alemana trabajosamente elaborada en torno a la Ley fundamental matiza las consecuencias constitucionales de la Ley fiscal retroactiva sobre la base de las exigencias del Estado de Derecho y concretamente del aludido principio de seguridad jurídica y la protección de la buena fe de los ciudadanos y la doctrina italiana lo hace basándose en el principio de capacidad contributiva reconocido en el art. 53 de su Constitución y que la nuestra reconoce en el art. 31.

En relación con las cuestiones mencionadas en este antecedente, el Presidente del Congreso comunica que no hará uso de sus facultades de personación y alegaciones; el Senado se persona, ofreciendo su colaboración, por conducto de su Presidente.

Frente a las consideraciones realizadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Cáceres, el Letrado del Estado insiste en que el gravamen complementario no es una tasa, pues no concurre en él ninguna de las circunstancias requeridas en el art. 26.1.a), de la L.G.T. A su juicio, el hecho de que se articule como complementario de la tasa exigida en su día a quienes obtuvieron una autorización administrativa no conduce a sostener que ambas posean la misma naturaleza, como entiende la Sala. En rigor, tan sólo existe una posible coincidencia entre los sujetos pasivos de uno y otro tributo que, por otra parte, son perfectamente autónomos como todas las deudas tributarias (art. 62.1 L.G.T.) el gravamen en cuestión tiene una clara naturaleza impositiva ya que, sin contraprestación alguna para ellos, se exige a los sujetos pasivos sobre la base de su capacidad económica, puesta de manifiesto por la tenencia en funcionamiento de cada máquina de juego.

Por lo demás, el Letrado del Estado reproduce la argumentación contenida en escritos anteriores, reiterando que la relación jurídico-tributaria ya consumada por el pago de la tasa autorizatoria no resulta afectada por la nueva norma, cuyos elementos constitutivos no son coincidentes, por lo que no puede atribuirse a la Disposición adicional sexta, 3, carácter retroactivo. Aun admitiendo a efectos dialécticos tal carácter retroactivo --añade--, de ello no se derivaría sin más su inadecuación constitucional, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la retroactividad de las leyes (STC 6/1983 (LA LEY 126-TC/1983), de 4 Feb., fundamento jurídico 3.º), el tenor literal del art. 9.3 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) y el criterio mantenido por la doctrina científica. Finalmente --salvo en las alegaciones formuladas en la cuestión 1.177/1985-- sostiene, frente a lo alegado en vía contenciosa por los interesados en torno a los arts. 14, 17, 33.1 y 30 de la Norma fundamental, que la ley cuestionada no atenta contra la igualdad tributaria sino que la restablece y hace efectiva, que no resultan afectados ni la garantía institucional ni el contenido esencial del derecho de propiedad privada o de la libertad de empresa, y que el art. 17 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) nada tiene que ver con la problemática planteada.

Por todo lo expuesto, el Letrado del Estado interesa de este Tribunal la desestimación de las cuestiones de inconstitucionalidad suscitadas por la Audiencia Territorial de Cáceres; y asimismo, por otrosí, solicita, bien la acumulación de las nuevas cuestiones a las inicialmente acumuladas por Auto de 16 Jul. 1985, o bien la suspensión de su tramitación en algunos casos.

Por su parte, el Ministerio Fiscal en su informe formulado en la cuestión 1.178/1985 --que da por reproducido en otras cuestiones de las planteadas por la misma Sala de la Audiencia Territorial de Cáceres-- se remite a lo expuesto, en cuanto al fondo, en la cuestión 377/1985, e interesa en todo caso la suspensión de la tramitación de las nuevas cuestiones, siguiendo así el criterio adoptado en relación con cuestiones anteriores.

El Pleno del Tribunal acuerda denegar la acumulación y suspender la tramitación de las sucesivas cuestiones formuladas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Cáceres hasta tanto recaiga Sentencia en las ya acumuladas. Las nuevas cuestiones a que se hace referencia en este antecedente duodécimo son las siguientes:

1) Cuestión de inconstitucionalidad 1.177/1985, planteada en recurso contencioso-administrativo 136/191985, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 13 Mar. 1986.

2) Cuestión de inconstitucionalidad 1.178/1985, planteada en recurso contencioso-administrativo 170/1985, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 20 Mar. 1986.

3) Cuestión de inconstitucionalidad 1.182/1985, planteada en recurso contencioso-administrativo 137/1985, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 13 Mar. 1986.

4) Cuestión de inconstitucionalidad 75/1986, planteada en recurso contencioso-administrativo 41/1985, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 17 Abr. 1986.

5) Cuestión de inconstitucionalidad 76/1986, planteada en recurso contencioso-administrativo 42/1985, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 24 Abr. 1986.

6) Cuestión de inconstitucionalidad 77/1986, planteada en recurso contencioso-administrativo 46/1985, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 17 Abr. 1986.

7) Cuestión de inconstitucionalidad 78/1986, planteada en recurso contencioso-administrativo 48/1985, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 24 Abr. 1986.

8) Cuestión de inconstitucionalidad 79/1986, planteada en recurso contencioso-administrativo 48/1985, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 24 Abr. 1986.

9) Cuestión de inconstitucionalidad 80/1986, planteada en recurso contencioso-administrativo 49/1985, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 17 Abr. 1986.

10) Cuestión de inconstitucionalidad 81/1986, planteada en recurso contencioso-administrativo 155/1985, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 10 Abr. 1986.

11) Cuestión de inconstitucionalidad 246/1986, planteada en recurso contencioso-administrativo 162/1985, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 24 Abr. 1986.

12) Cuestión de inconstitucionalidad 248/1986, planteada en recurso contencioso-administrativo 50/1985, cuya tramitación fue suspendida por Auto del pleno de 24 Abr. 1986.

13) Cuestión de inconstitucionalidad 432/1986, planteada en recurso contencioso-administrativo 81/1985, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 12 Jun. 1986.

14) Cuestión de inconstitucionalidad 433/1986, planteada en recurso contencioso-administrativo 97/1985, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 12 Jun. 1986.

15) Cuestión de inconstitucionalidad 434/1986, planteada en recurso contencioso-administrativo 171/1985, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 12 Jun. 1986.

13. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife plantea, en relación igualmente con la Disposición adicional sexta (LA LEY 1450/1983), 3, de la Ley 5/1983, de 29 Jun., las cuestiones de inconstitucionalidad siguientes: 568/1986 (en recurso contencioso-administrativo 148/1985); 572/1986 (en recurso contencioso-administrativo 149/1985); 718/1986 (en recurso contencioso-administrativo 145/1985), y 1.303/1986 (en recurso contencioso-administrativo 181/1985). En los respectivos Autos de planteamiento, idénticos en cuanto a su fundamentación jurídica, la Sala se limita a afirmar que «la inconstitucionalidad podría venir determinada por infringir dicho gravamen lo dispuesto en el art. 9.3 de la Constitución (LA LEY 2500/1978), al establecer un gravamen con carácter retroactivo, y en el art. 137.7 --probablemente quiera hacer referencia al 134.7 C.E. al crearse un tributo por una Ley cuyo objeto es suplir a la Ley de Presupuestos del año 1983, hasta su entrada en vigor» y que «la aplicación del indicado precepto es decisiva para la resolución de este recursos pues en él se impugna la validez de tal gravamen.»

El Congreso de los Diputados no hace uso en tales cuestiones de sus facultades de personación y alegaciones; en cuanto al Senado, se persona y ofrece su colaboración por conducto de su Presidente.

El Letrado del Estado, en sus respectivos escritos de alegaciones, reproduce el contenido de escritos anteriores en relación con los dos preceptos constitucionales invocados por la Sala. Por una parte, insiste en que no puede atribuirse alcance retroactivo al gravamen complementario creado y que, aun en el caso de que se admitiese tal retroactividad, de ello no se derivaría sin más la inadecuación constitucional de la norma cuestionada, y, por otra, reitera que la prohibición del art. 134.7 C.E. (LA LEY 2500/1978) no afecta a la norma cuestionada, ya que la Ley 5/1983 no es una Ley de Presupuestos. Asimismo, por otrosí, solicita la suspensión de la tramitación de las mencionadas cuestiones.

El Ministerio Fiscal interesa también la suspensión de las nuevas cuestiones, a semejanza de lo acordado precedentemente por este Tribunal, y da por reproducidas sus alegaciones en la cuestión 377/1985 y acumuladas.

Las cuestiones de inconstitucionalidad 568/1986, 572/1986, 718/1986 y 1.303/1986 son suspendidas en su tramitación por Autos del Pleno de 10 Jun., 10 Jul. y 18 Sep. 1986, y 22 Ene. 1987, respectivamente.

14. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Sevilla plantea, en el recurso contencioso-administrativo 493/1985, la cuestión de inconstitucionalidad 993/1986, en relación igualmente con la Disposición adicional sexta (LA LEY 1450/1983), 3, de la Ley 5/1983, de 29 Jun., por estimar que dicho precepto legal, que crea el gravamen complementario y del que depende la decisión del litigio, puede «infringir los arts. 9.3 (LA LEY 2500/1978), 14 (LA LEY 2500/1978) y 134.7 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978), en relación con el artículo 33.3 de la misma.»

Arguye la Sala que al aplicarse la elevación de la cuantía de la tasa no solo a las máquinas que pudieran ser autorizadas con posterioridad a la fecha de vigencia de la Ley, sino también a las máquinas autorizadas y en funcionamiento, ya que sujeta a gravamen aquellas cuya tasa correspondiente al año 1983 ya se había devengado, puede resultar lesionado el principio de igualdad, dado que situaciones diferenciadas y distintas son sometidas a idéntico trato fiscal, gravándose lo mismo a quienes para devengar el gravamen han de realizar el hecho imponible consistente en la obtención del permiso correspondiente que a quienes no realicen hecho imponible alguno. En definitiva, se trata --dice-- de un mecanismo que supone en realidad la aprobación de un impuesto retroactivo, con lo que también puede resultar conculcado el principio de seguridad jurídica y el de interdicción de la retroactividad de disposiciones restrictivas de derechos individuales. Por otra parte --señala-- la Ley 5/1983, de 29 Jun. (LA LEY 1450/1983), posee naturaleza presupuestaria y así se deduce de su estructura, que responde al modelo habitual de las Leyes de Presupuestos, al incluir modificaciones de los tributos vigentes y Disposiciones transitorias que confirman los mandatos de la Ley de presupuestos para 1983; por lo tanto, la Disposición adicional sexta, 3, puede resultar afectada por la prohibición establecida en el art. 134.7 de la Constitución (LA LEY 2500/1978). Finalmente, el impago del gravamen complementario puede llevar consigo el precinto y embargo de la máquina, en aplicación de la normativa específica (art. 3 del Decreto-ley 8/1982), lo que puede entrañar la vulneración del 33.3 de la Constitución.

En la mencionada cuestión se persona el Senado, que ofrece su colaboración por conducto de su Presidente; por su parte, el Presidente del Congreso comunica que dicha Cámara no hará uso de sus facultades de personación y alegaciones. En cuanto al Ministerio Fiscal, interesa la suspensión de la tramitación hasta que recaiga Sentencia en las cuestiones acumuladas.

El Letrado del Estado formula escrito de alegaciones en el que, remitiéndose de nuevo a anteriores escritos, niega una vez más que la norma en cuestión tenga eficacia retroactiva y que, de admitirse a efectos dialécticos la retroactividad de la misma, de ello se derive su inadecuación constitucional sobre la base del art. 9.3 de la Constitución (LA LEY 2500/1978).

Por lo que se refiere a la lesión del art. 14 C.E. (LA LEY 2500/1978), apuntada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sostiene que no es cierto que el gravamen complementario se exija a quienes no realicen hecho imponible alguno; el hecho imponible aparece suficientemente identificado o identificable y es, por supuesto, distinto al de la tasa general preexistente. En todo caso --señala-- la incidencia en el principio de igualdad ha de buscarse a través del art. 31.1 de la Constitución (LA LEY 2500/1978), es decir, en relación con la capacidad económica de los sujetos pasivos, y desde esta perspectiva ha de constatarse, de una parte, que el gravamen complementario cuestionado se aplica a todas las máquinas o aparatos automáticos aptos para la realización de juegos de azar, al margen por lo tanto de todo factor discriminatorio, y, de otra, que la toma en consideración de distintas categorías de máquinas, a efectos de la fijación de la cuota, responde precisamente a la distinta capacidad económica puesta de manifiesto por la posesión del aparato correspondiente, generador de riqueza.

Respecto al art. 134.7 C.E. (LA LEY 2500/1978), sostiene que la Ley 5/1983 no es una Ley de Presupuestos y que, por consiguiente, carece de fundamentación su pretendida inconstitucionalidad, reproduciendo los argumentos contenidos en escritos anteriores.

Finalmente, estima insuficientemente razonada la supuesta infracción del art. 33.3 C.E. (LA LEY 2500/1978) ya que, si bien el impago del gravamen conduce al embargo, ello tiene lugar en aplicación de una norma que así lo prevé, como la propia Sala reconoce.

En consecuencia, el Letrado del Estado solicita la desestimación de la cuestión de inconstitucionalidad y asimismo, por otrosí, la suspensión de su tramitación hasta que recaiga Sentencia sobre las anteriormente acumuladas.

Por Auto de 30 Oct. 1986, el Pleno de este Tribunal acuerda la suspensión de la tramitación, interesada por el Ministerio Fiscal y por el Letrado del Estado.

15. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Burgos plantea las cuestiones de inconstitucionalidad 1.110/1985 (en el recurso contencioso-administrativo 243/1985) y 1.236/1986 (en el recurso contencioso-administrativo 176/1985), por entender, en respectivos Autos con idéntica fundamentación jurídica, que la decisión del proceso depende de la Disposición adicional sexta, 3, de la Ley 5/1983, y que ésta «pudiera suponer infracción de los arts. 1.1, 9.3, 14, 17.1, 31.1 y 3, y 134.7 de la Constitución, en cuanto afecta al principio del Estado de Derecho y a los subprincipios de legalidad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad al crear la apariencia de un tributo, que contradice el deber de claridad y la justicia del sistema tributario --entendido como los principios básicos normativos del sistema tributario-- y en cuanto impone una prestación patrimonial de carácter público sin tener en cuenta el contenido material de la Ley respecto a cómo y de qué manera han de dictarse las normas tributarias, esto es, su delimitación material. Todo ello, sobre el tema decisivo de la eficacia retroactiva que concede la Disposición adicional citada a hechos imponibles ya realizados, implicando una retroactividad in peius.

La misma Sala de lo Contencioso-Administrativo plantea también la cuestión de inconstitucionalidad 116/1987, en el recurso contencioso-administrativo 453/1985, sobre la misma Disposición adicional sexta, 3, de la Ley 5/1983, mediante Auto de planteamiento fundamentado más sucintamente. En él solo se hace referencia a que la norma cuestionada «pudiera suponer una infracción de los arts. 9.3 (LA LEY 2500/1978), 31.3 (LA LEY 2500/1978), 133.1 (LA LEY 2500/1978) y 134.7 de la Constitución (LA LEY 2500/1978), en cuanto que la misma viene a dar eficacia retroactiva a hechos imponibles ya realizados, implicando con ello una retroactividad in peius que puede afectar a la seguridad jurídica», así como a que la decisión del proceso dependa de la norma controvertida.

En tales cuestiones se persona el Senado, ofreciendo su colaboración a través de su Presidente, mientras que el Presidente del Congreso comunica que dicha Cámara no hará uso de sus facultades de personación ni de formulación de alegaciones. El Ministerio Fiscal interesa la suspensión de las respectivas tramitaciones hasta que recaiga Sentencia sobre las inicialmente acumuladas. Y el Letrado del Estado se remite a lo alegado en escritos anteriores sobre el mismo tema, solicitando de este Tribunal que declare la «plena constitucionalidad» de la norma cuestionada.

Por Autos de 22 Ene., 15 Ene. y 12 Mar. 1987, respectivamente, el Pleno acuerda la suspensión de la tramitación de las referidas cuestiones.

16. La Sala Cuarta de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid plantea en el recurso 1.404/1986, promovido al amparo de la Ley 62/1978 (LA LEY 2486/1978), de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, cuestión de inconstitucionalidad 310/1987, por estimar que la Disposición adicional sexta, 3, de la Ley 5/1983 puede infringir los arts. 14 y 17, en conexión con los arts. 11, 9.3, 31.1 y 3, 33.1 y 3, y 38 de la Constitución.

En el Auto de planteamiento argumenta la Sala que la Disposición adicional sexta, 3, no constituye una figura tributaria autónoma con consistencia propia, sino que encubre la atribución de retroactividad plena o de grado máximo al aumento de las cuotas de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar en máquinas automáticas, constituyendo una auténtica «ley por sorpresa» que ha impedido a los ciudadanos adecuar su comportamiento al cambio legislativo. La Ley 5/1983 --señala-- dota de eficacia retroactiva a una disposición restrictiva de derechos individuales, entre los que se hallan: a) el derecho a un sistema tributario basado en la igualdad (art. 31.1 C.E. (LA LEY 2500/1978)) y que respete el principio de legalidad (art. 31.3 C.E. (LA LEY 2500/1978)); b) el derecho de propiedad (art. 33.1 C.E. (LA LEY 2500/1978)), y c) el derecho de libertad de empresa, afectado por una ley por sorpresa que olvida la regulación de un régimen transitorio que evite la lesión de derechos individuales. Asimismo estima la Sala que la norma cuestionada desconoce los Principios de seguridad jurídica, legalidad e interdicción de la arbitrariedad. Y finalmente sostiene que entraña también la violación de los principios de igualdad (art. 14 C.E. (LA LEY 2500/1978)) y de seguridad (art. 17 C.E. (LA LEY 2500/1978)), entendido este último como un derecho mínimo y absoluto a la seguridad jurídica, y no exclusivamente como garantía frente a las interferencias arbitrarias en la libertad personal.

El Ministerio Fiscal solicita de este Tribunal que suspenda la tramitación de la cuestión hasta que sea sentenciada la primera de las pendientes. El Presidente del Congreso comunica que, aunque dicha Cámara no se personará en el procedimiento ni formulará alegaciones, pone a disposición de este Tribunal las actuaciones de la misma que pudiera precisar. En cuanto al Senado, se persona y ofrece su colaboración por medio de su Presidente.

El Letrado del Estado comienza su escrito de alegaciones poniendo de relieve que la cuestión se plantea dentro del procedimiento especial y sumario establecido por la Ley 62/1978 (LA LEY 2486/1978), y que dentro de este procedimiento la Sala ha de limitarse a comprobar si un determinado acto del poder público afecta o no a los derechos fundamentales de la persona. Y, dado que la cuestión de inconstitucionalidad no es un cauce abstracto para el control de la constitucionalidad de las leyes sino un mecanismo de control concreto de la misma, habrá de considerarse inadmisible la cuestión en todo aquello que no se refiera o afecte a los derechos fundamentales, ya que los demás aspectos de ella, al quedar excluidos de la cognitio de la Sala, mal pueden condicionar la validez de la decisión que ésta haya de adoptar. En consecuencia, sostiene que la duda judicial ha de reconducir a los límites impuestos por el procedimiento especial y sumario en que se plantea, es decir, a la posible vulneración de los arts. 14 (LA LEY 2500/1978) y 17 de la Constitución (LA LEY 2500/1978), si bien, teniendo en cuenta el carácter tributario del precepto, habrá de examinarse también el art. 31 de la Norma fundamental en relación con el principio de igualdad.

En cuanto al art. 17 C.E. (LA LEY 2500/1978), sostiene que el gravamen complementario controvertido es ajeno a dicho artículo, pues, frente a lo que afirma la Sala, la seguridad en él garantizada nada tiene que ver con la seguridad jurídica. Y por lo que respecta al principio de igualdad (art. 14 C.E. (LA LEY 2500/1978)), cuya vulneración --señala-- no aparece mínimamente fundamentada, pone de manifiesto, siguiendo la línea argumental de anteriores escritos, que, sobre la base de la capacidad económica del contribuyente, la igualdad en el ámbito tributario puede resultar modulada por el principio de progresividad en aras de la justicia global del sistema, y que no cabe afirmar que los contribuyentes afectados por el gravamen complementario resulten discriminados, ya que se aplica a todas las máquinas o aparatos automáticos aptos para la realización de juegos de azar y la distinción entre diversas categorías a efectos de la cuota se basa precisamente en la capacidad económica que su posesión revela.

Dicha cuestión 310/1987 es suspendida en su tramitación por Auto del Pleno de este Tribunal, de 7 May. 1987.

17. En cada una de las cuestiones indicadas en los antecedentes anteriores, cuya tramitación había sido suspendida, se acuerda, por resolución del Pleno de 4 Jun. último, levantar dicha suspensión y oír al Ministerio Fiscal y al Letrado del Estado para que formulen alegaciones en aquellas cuestiones en las que no lo hubieran efectuado al evacuar en su día el traslado conferido y para que manifiesten lo que estimen conveniente sobre la pertinencia de acumularlas a las ya acumuladas por Auto de 16 Jul. 1985.

18. El Ministerio Fiscal y el Letrado del Estado manifiestan que no se oponen a la acumulación de cada una de las cuestiones a la registrada con el núm. 377/1985 y demás ya acumuladas, y, en cuanto a la audiencia conferida para que formulen las alegaciones no efectuadas en su día, el Ministerio Fiscal reproduce las formuladas en la cuestión núm. 377/1985, y el Letrado del Estado se remite a las contenidas en sus escritos de alegaciones anteriores.

19. Por Auto de 30 Jun. último, el Pleno acuerda, de conformidad con lo establecido en el art. 83 de la LOTC (LA LEY 2383/1979), aplicable en el presente supuesto por tratarse de una pluralidad de cuestiones suscitadas sobre la posible inconstitucionalidad del mismo precepto legal, acumular a la cuestión registrada con el núm. 377/1985 y demás ya acumuladas por Auto de 16 Jul. 1985, las cuestiones de inconstitucionalidad cuyos números de registro son los siguientes: 578, 579, 580, 581, 642, 643, 644, 645, 646, 685, 704, 956, 1019, 1033, 1061, 1088, 1139, 1159, 1177, 1182, 1203, 1204 y 1205 de 1985; 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 93 94 95 145 146 246 248 311 424 432 433, 434, 455, 459, 460, 475, 550, 568, 572, 644, 664, 698, 718, 753, 754, 864, 865, 929, 993, 1082, 1094, 1110, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1190, 1236, 1249 y 1303 de 1986, y 116, 188, 310 y 465 de 1987.

20. Por providencia de 2 Jul. 1987, el Pleno señala el día 7 para la deliberación y votación de la presente Sentencia.