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1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 27 Feb. 1990, el Procurador don José Manuel de Dorremochea Aramburu, obrando en nombre y representación de D.ª Itziar A. E., don Juan C. I. G. y don Angel A. L., interpuso recurso de amparo contra la decisión del Presidente del Congreso de los Diputados de 4 Dic. 1989, por la que se deniega a los recurrentes la adquisición de la condición plena de Diputados.

2. Los hechos más relevantes en orden a la elucidación de las cuestiones planteadas en el presente proceso son los que a continuación se consignan:

A) El 21 Nov. 1989, fecha de la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados, su Presidente procedió a tomar juramento a los asistentes a la misma, recordándoles «que, de acuerdo con los precedentes de la Cámara, el acatamiento se presta mediante la fórmula «sí, juro», o «sí, prometo», y efectuándoles la pregunta: ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?". Realizado el correspondiente llamamiento, los Diputados contestaron empleando aquella fórmula o, en dos casos, diciendo «sí, juro y prometo», declarando el Presidente que habían adquirido la condición plena de Diputados. De aquella sesión se hallaban ausentes la señora A. y el señor I. El señor A. aún no era Diputado.

B) En el «Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados» del siguiente 30 Nov. se publicó una «Resolución de la Presidencia sobre la forma en que se ha de prestar el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución previsto en los arts. 4 y 20 del Reglamento de la Cámara», la cual es de igual fecha. Esta Resolución consta de un Preámbulo o Exposición de Motivos, donde se afirma que «el acceso al ejercicio de los cargos y funciones públicas requiere en nuestro ordenamiento, de acuerdo con lo establecido por una larga tradición y por las normas vigentes, que el acto solemne de acatamiento a la Constitución se lleve a cabo con una fórmula ritual, simple, inequívoca e igual para todos». Se hace referencia a continuación a las fórmulas establecidas para el juramento o promesa de los funcionarios públicos, de los miembros de la Carrera Judicial, de los Magistrados del Tribunal Constitucional y de los Senadores. La fórmula prevista en el art. 11 del Reglamento del Senado ha sido, igualmente, en el Congreso, la exigida para este acto, «avalada por el carácter normativo del uso parlamentario repetido e indiscutido». Añade la Resolución que «dentro del proceso de racionalización normativa seguido por la Cámara, procede ahora incorporar al Reglamento, por la vía de la aprobación de una Resolución de la Presidencia, la fórmula exclusiva y solemne mantenida hasta el presente, que los señores Diputados habrán de cumplimentar para adquirir la condición plena de tales y cuyo incumplimiento conllevará los efectos previstos en el párrafo segundo del art. 20 del Reglamento». Se dispone, así, en primer lugar, que la promesa o juramento prevista en los arts. 4 y 20 del Reglamento se efectuará de la siguiente manera: «El Presidente preguntará al Diputado que haya de prestarlo: "¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?". Dicha pregunta será contestada mediante la expresión «si, juro», o «sí, prometo»". En segundo lugar, se dispone que la entrada en vigor de la Resolución tenga lugar el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales.»

C) Al comienzo de la sesión plenaria del 4 Dic., que era la de investidura del candidato a Presidente del Gobierno, el Presidente del Congreso, dirigiéndose a la señora A., le preguntó: "¿juráis o prometéis acatar la Constitución?", respondiendo dicha señora: «Por imperativo legal, sí prometo». Iguales pregunta y contestación se produjeron en los casos de los señores A. e I. A continuación, el Presidente declaró que la señora y los señores citados «al no haber utilizado la fórmula reglamentaria no han adquirido la condición plena de Diputados», rogándoles que abandonaran el hemiciclo.

D) En la reanudación de la sesión, que tuvo lugar al siguiente día a las once de la mañana, hizo el Presidente un nuevo llamamiento y constatando la ausencia de la señora A. y de los señores A. e I. manifestó: «Habiendo sido llamados D.ª Itziar A. E. y don Jon I. de G. en tres sesiones plenarias, sin que hayan prestado promesa o juramento de acatar la Constitución sus derechos y prerrogativas como Diputados quedan en suspenso hasta que se produzca la adquisición por los mismos de su plena condición de tales, conforme a lo previsto en el art. 20.2 del Reglamento de la Cámara.»

Esta decisión fue revisada y anulada el mismo día, al considerarse que la sesión de investidura debía contarse como una sola, aunque se prolongase más de una jornada, y que a los Diputados A. e I. no debía contabilizárseles el primer requerimiento, el de la sesión constitutiva, dados los dramáticos hechos de la víspera (atentado en el restaurante del Hotel Alcalá de Madrid).

E) Iniciada la sesión del 12 Dic., se efectuó un nuevo llamamiento a la señora A. y a los señores A. e I., ninguno de los cuales se encontraba presente, por lo que habría de procederse a un tercer llamamiento en la siguiente sesión plenaria. Este llamamiento tuvo lugar el 20 Dic., no hallándose tampoco en el hemiciclo los recurrentes, ante lo que el Presidente del Congreso declaró que, habiéndose celebrado tres sesiones plenarias sin que los referidos señores hubieran prestado juramento o promesa de acatamiento a la Constitución «de acuerdo con la fórmula reglamentariamente establecida», los mismos «no tendrán, según lo dispuesto en el art. 20 del Reglamento de la Cámara, derechos ni prerrogativas hasta que se produzca la adquisición plena de su condición de Diputados.»

3. La pretensión de amparo de los recurrentes descansa en la argumentación que, desenvuelta en su extenso escrito de demanda, inmediatamente se resume:

A) Comienzan los recurrentes por aludir a la cuestión del acatamiento a la Constitución en el Derecho Comparado, en nuestro Derecho histórico y en el ordenamiento español actual, para, a continuación, referirse a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre esa cuestión en relación con los parlamentarios, citándose al propósito las SSTC 101/1983 (LA LEY 8294-JF/0000) y 122/1983 (LA LEY 8383-JF/0000). Según los recurrentes, esta doctrina evidencia una concepción de lo que implica el juramento ajena a su consideración como un compromiso que entraña una necesaria conformidad entre el fuero interno y el fuero externo. Ambas Sentencias participan de un concepto laxo sobre el compromiso y contenido del juramento, «en línea con la doctrina que afirma que ese juramento no se opone a que el parlamentario ejerza una facultad de crítica, de censura, ni de propaganda o acción política dirigida al cambio y sustitución de determinados valores, siempre que lo haga por procedimientos democráticos y en el respeto del procedimiento de revisión constitucional». En definitiva, las dos Sentencias mencionadas «parecen tratar de demostrar la irrelevancia sustantiva del juramento o promesa, subrayando su carácter de mera formalidad inocua desde un punto de vista ideológico, pues no le va a impedir o imposibilitar el proyectar el programa con el que fue elegido, aunque éste incluya un posicionamiento contrario al marco constitucional vigente.»

Ha de observarse también que en la STC 101/1983 (LA LEY 8294-JF/0000) se afirma que el acatamiento «constituye un deber inherente al cargo público, una condición, en el sentido de requisito, con independencia de que se exteriorice o no en un acto formal» (fundamento jurídico 3.º). Esto supone, como apunta cierta doctrina científica, que para el tribunal el significante lingüístico carece de la menor relevancia y no forma parte de la institución jurídica acatamiento. De otra parte, en la misma Sentencia el Tribunal, a la vez que utiliza la expresión «acatar formalmente la Constitución», señala que, derivándose directamente de la Constitución el deber de su acatamiento, el Reglamento de Congreso se limita, en su art. 20.1. 3.º, a «formalizarlo», «exteriorizarlo» o «darle forma» (ibidem). Es decir, el requisito es el de acatar la Constitución y no el juramento o promesa, que es una simple «exteriorización» que puede darse o no. Hay, pues, que distinguir el plano material y el formal, ya que es cosa bien distinta el deber de acatar la norma fundamental de manifestar la asunción de tal deber.

Finalmente, conviene recordar igualmente la afirmación de la STC 122/1983 (LA LEY 8383-JF/0000) (fundamento jurídico 4.º) en el sentido de que «las reservas internas que algunos pudieran tener al cumplimentar esa obligación son irrelevantes para el Derecho, que no puede entrar en el ámbito del pensamiento en tanto no se manifieste en conductas externas». De ahí que resulte extraño ver al juramento, que fundamentalmente atañe al fuero interno, convertido en condictio iuris.

B) Dada la naturaleza del juramento o promesa y el concepto laxo que al respecto mantiene el Tribunal Constitucional, aunque se afirme que jurar es formalizar el acatamiento, ello desde un punto de vista jurídico es irrelevante, porque jurídicamente el juramento no tiene sanción, no compromete a nada y a nada podría obligar, limitándose su operatividad a casos como los examinados en las Sentencias citadas, en los que el juramento no había llegado a realizarse. Al no existir control jurídico sobre el cumplimiento del compromiso público, lo que acontece es que el derecho penaliza posturas basadas en la coherencia ideológica frente a aquellas otras «desleales». El acatamiento a la Constitución se traduce en un comportamiento cotidiano, y si realmente se da algún tipo de sanción o garantía eficaz frente a lo que supondría desacato a la Constitución por parte de los parlamentarios, aquélla procederá normalmente de la aplicación del régimen disciplinario, de la normativa penal o del Tribunal Constitucional a través del control de constitucionalidad de las leyes. En ese abanico de actuaciones debe encontrar la Cámara su medio de defensa como órgano, y esos mecanismos funcionan exactamente igual si el parlamentario ha prestado acatamiento formal como si no. Esta falta de operatividad del juramento o promesa se deriva de la propia naturaleza del requisito, que viene a introducir en los moldes de una organización jurídica y racional un elemento procedente y propio más bien de las sociedades primitivas, cuando, sin tener que acudir a tan obsoletas y arcaicas medidas, existen otros mecanismos para racionalizar el funcionamiento de las Cámaras.

C) En las Sentencias mencionadas se refiere el Tribunal a la especial posición de «sujeción activa» de los poderes públicos respecto de la Constitución y del ordenamiento jurídico, a diferencia de los ciudadanos privados, que ocupan una posición de sujeción pasiva. Pero no todos los poderes públicos son iguales, porque, aunque todos ellos emanan del pueblo (art. 1.2 C.E. (LA LEY 2500/1978)), no todos son órganos representativos. La posición de los representantes viene derivada del hecho de la elección, dándose una fundamental diferencia entre la relación representativa y la relación funcionarial de servicios (diferenciación inexistente, en cambio, en la Resolución de la Presidencia del Congreso de 30 Nov. 1989).

Ahora bien, de acuerdo con la STC 8/1985 (LA LEY 387-TC/1985), la relación representativa es un presupuesto o condición para pertenecer al órgano parlamentario, pero puede no resultar título bastante para ser miembro de pleno derecho del mismo. Sin embargo, es evidente que «los requisitos que señalen las leyes» (art. 23.2 C.E. (LA LEY 2500/1978)) para la integración en dicho órgano han de respetar esa naturaleza representativa, electiva, del parlamentario. Así, el Reglamento de la Asamblea no puede «introducir elementos disfuncionales a la relación representativa que supongan una burla al carácter electivo y representativo del cargo de parlamentario.»

D) Tratan a continuación los recurrentes de la práctica seguida por la Junta Electoral Central con ocasión de la prestación de juramento por los Diputados al Parlamento Europeo. El art. 224.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 Jun. (LA LEY 1596/1985), del Régimen Electoral General, introducido por la Ley Orgánica 1/1987, de 2 Abr. (LA LEY 703/1987), establece la obligación de exteriorizar el acatamiento a la Constitución y lo hace en la misma forma que el art. 20.1, 3.º, del Reglamento del Congreso. Pues bien: en los actos de acatamiento celebrados el 3 Jul. 1987 y el 10 Jul. 1989 se utilizaron por algunos europarlamentarios fórmulas diferentes del «sí, juro» o «sí, prometo», y todas ellas fueron dadas por válidas por la Junta, adquiriendo aquéllos la condición plena de Diputados. Cabe resaltar especialmente la admisión por la Junta de la fórmula «por imperativo legal, sí prometo», así como la de cualquier otra fórmula que incluya de forma incondicional la de «sí, juro» o «sí, prometo.»

E) Los demandantes se ocupan luego de lo que denominan «análisis sintáctico interpretativo de la fórmula «por imperativo legal, sí, prometo». Su conclusión es que en ningún caso la previa advertencia tiene un valor condicional de la posterior promesa que se realiza.

F) Sostienen después los actores que el acto parlamentario impugnado vulnera el art. 23.2, en relación con el art. 14, de la C.E., así como el art. 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (LA LEY 22/1948) y el art. 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (LA LEY 129/1966), porque se les ha impedido el acceso igualitario a la condición plena de Diputados, al denegarse la adquisición de la misma a pesar de haber cumplimentado los requisitos formales establecidos en el Reglamento del Congreso.

El art. 23.2 de la C.E. (LA LEY 2500/1978), como las demás normas relativas a derechos fundamentales, debe ser interpretado «de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos (LA LEY 22/1948) y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España» (art. 10.2 C.E. (LA LEY 2500/1978)), entre los que se encuentra el Pacto de 1966, cuyo art. 25 determina:

«Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el art. 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

... c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.»

La cuestión es, pues, si con el ordenamiento constitucional en la mano, y con la interpretación que de sus preceptos ha de hacerse conforme a los tratados internacionales, los recurrentes tienen derecho a prestar su juramento o promesa de acatar la Constitución en los términos realizados, o, dicho de otra manera, si el impedirles la adquisición de la condición plena de Diputados por no utilizar la fórmula reglamentaria supone una «restricción indebida» a su derecho a acceder al cargo en condiciones de igualdad.

G) La Constitución no exige el requisito del acatamiento para adquirir la condición de Diputado, el cual fue introducido por el Reglamento del Congreso. De otro lado, los Diputados electos de Herri Batasuna interpusieron en su día recurso de amparo, desestimado por la STC 101/1983 (LA LEY 8294-JF/0000). Todo ello está en el origen de la fórmula que se utilizó por los recurrentes en la sesión de 4 Dic. 1989, pues lo que pretendían era, simplemente, decir que seguían pensando que tenían razón al interponer el recurso contra el precepto del Reglamento que les exige el juramento o promesa de acatar la Constitución, pero que acatan dicho precepto y su interpretación por el Tribunal Constitucional.

En todo caso, lo importante para la adquisición plena de la condición de Diputado es que se preste la promesa o juramento repetidos y no las concretas palabras con que ello se exterioriza. Estaríamos ante una tarea de verificación formal y reglada de ese acatamiento por parte del Presidente del Congreso. El Presidente ha de constatar si se produce el acatamiento, y no desde el ejercicio de potestades discrecionales, que suponen la inclusión en el proceso de aplicación de la norma de estimaciones subjetivas, haciendo que el criterio de decisión deje de ser jurídico para convertirse en político, sino desde el ejercicio de una potestad reglada en la que ha de prevalecer el criterio de la norma, que es que se produzca el acatamiento y que se haga de modo incondicional, y no que se plasme en dos concretas palabras. Así, el Presidente de la Cámara ha de verificar si se ha producido el acatamiento, pero sin un exacerbamiento del respeto a las formas que suponga impedir el ejercicio de un derecho fundamental como el del art. 23.2 C.E. (LA LEY 2500/1978) Y ello además desde la concepción laxa que el Tribunal Constitucional ha determinado para la exteriorización del acatamiento.

Actuando con la rigidez formalista empleada con los recurrentes, debía haberse rechazado la fórmula «sí, juro y prometo», utilizada por los Diputados Vicente G. L. y Juan O. C., pues tampoco se atuvieron estrictamente al mandato reglamentario. ¿Y qué decir de la fórmula («juro o prometo») empleada por don Enrique M. al tomar posesión del cargo de Ministro de Justicia? Por su parte, el Diputado Ignacio María O. A., al día siguiente de responder «sí, prometo» afirmaba que «como Diputado de EA yo también acepto la Constitución por imperativo legal, aunque no lo diga.»

H) El tema central a analizar consiste en si el inciso «por imperativo legal» que anteponen los recurrentes tiene un valor condicional sobre el acatamiento, dejando en suspenso éste hasta que se cumpla el requisito o la condición enunciados. Y ello no solo es insostenible desde la perspectiva sintáctica ya examinada, sino que supone entrar en el ámbito de las reservas mentales, las cuales son irrelevantes para el Derecho en tanto en cuanto no se manifiesten en conductas externas (STC 122/1983 (LA LEY 8383-JF/0000), fundamento jurídico 4.º). Nos hallaríamos ante una auténtica persecución del pensamiento, así como ante la introducción de criterios de oportunidad política en una cuestión que ha de resolverse en el más estricto ámbito de lo jurídico.

Por ello, y aunque es doctrina del Tribunal Constitucional que, cuando la queja por discriminación se refiere a los supuestos comprendidos en el art. 23.2 C.E. (LA LEY 2500/1978), no resulta necesario invocar el art. 14 de la misma, también es cierto que tal invocación se hace precisa si la desigualdad se debe a alguno de los motivos concretos de discriminación expresamente vetados en dicho art. 14; y en este caso parece evidenciarse una discriminación por razón de opinión, motivada por los planteamientos políticos que defienden los representantes de Herri Batasuna.

Además ha sido el Tribunal Constitucional quien, con sus SSTC 101/1983 (LA LEY 8294-JF/0000) y 120/1983 (LA LEY 234-TC/1984), ha dicho que el acatamiento ha de hacerse por imperativo legal. Lo obvio y evidente no puede producir efectos que desnaturalicen la relación representativa. Solamente una interpretación subjetiva y antijurídica de los posibles contenidos de las tres palabras antepuestas al «sí, prometo» puede llevar al rechazo de la fórmula.

Lo acontecido en los actos de acatamiento ante la Junta Electoral Central por los parlamentarios europeos y la validez que ha dado la Junta a la fórmula «por imperativo legal, sí prometo» indica que los recurrentes cumplieron con el requisito del art. 20.1.3.º del Reglamento del Congreso, debiendo el Presidente de la Cámara haber declarado adquirida la plena condición de Diputados por parte de aquéllos. El Presidente debió asimismo, de conformidad con reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, atender al principio de interpretación más favorable a la efectividad de los derechos fundamentales, y no establecer una «restricción indebida» del de los recurrentes a acceder en condiciones de igualdad a la condición plena de Diputados, restricción que conlleva una evidente desproporción al vincular el pronunciamiento de la expresión «por imperativo legal» a la pérdida de derechos constitucionales como los recogidos en el art. 71 de la C.E. (LA LEY 2500/1978), a la que hay que añadir la lesión de los derechos de los representados, al quedar afectada la situación jurídica de éstos por la íntima relación que guarda el derecho de acceso a los cargos con el principio representativo consignado en el apartado primero del art. 23 C.E. (LA LEY 2500/1978)

No existiendo, pues, condición, reserva ni limitación en la fórmula utilizada, es evidente que los Diputados electos de Herri Batasuna han formalizado y presentado su acatamiento a la Constitución, por lo que ha de darse por cumplido el requisito del art. 20.1.3.º del Reglamento del Congreso y, en consecuencia, declararse nulo el acto impugnado, al discriminar injustificadamente a los recurrentes e infringir de esa manera el art. 23.2 en relación con el art. 14 de la C.E. (LA LEY 2500/1978), según la interpretación dada por la doctrina constitucional y la que dimana de las normas internacionales que regulan tales derechos.

I) El acto recurrido vulnera el art. 23.2, en relación con el 14, de la C.E., así como el art. 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (LA LEY 22/1948) y el art. 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (LA LEY 129/1966), al aplicar a los recurrentes, y para acceder a la condición plena de Diputados, una norma reglamentaria relativa a la fórmula de acatamiento a la Constitución que no se aplicó, para igual trámite, a los restantes Diputados electos.

En efecto, los Diputados de Herri Batasuna no asistieron, en razón de los hechos acaecidos el día anterior, a la sesión constitutiva de la Cámara el 21 Nov. 1989. Esta circunstancia fue aprovechada por el Presidente para dictar, el 30 Nov., una Resolución ad hoc sobre el acatamiento que debían formular los recurrentes. Así, los demás Diputados prestaron su acatamiento en aquella sesión «en base, y sujetos solamente, a la redacción genérica del texto reglamentario de la Cámara», en tanto que, en la segunda sesión plenaria, a los Diputados de HB «se les impone una fórmula concreta que tiene su base en una previsión reglamentaria que ha entrado en vigor en el breve intervalo de tiempo existente entre ambos Plenos de la Cámara.»

Los Diputados que asistieron a la primera sesión no estaban obligados ni a leer una fórmula ni a responder según un texto determinado, pues nada se decía al respecto en el Reglamento del Congreso, exigencia que si se establece para los recurrentes, produciendo una evidente discriminación, pues se crea una nueva condición para el acceso al status de Diputado de pleno derecho.

J) Concluyen los actores su alegato dejando «constancia expresa de que, frente al mandato del art. 23.2 C.E. (LA LEY 2500/1978) que establece una reserva legal para fijar los requisitos de acceso al cargo público, la modificación del Reglamento operada el 30 Nov. 1989 se ha producido por resolución de un órgano unipersonal, quien en base a la función supletoria que le otorga el art. 32.2 del Reglamento del Congreso, y lejos del mandato constitucional que exige la mayoría absoluta para la aprobación reglamentaria, ha realizado un acto de creación jurídico normativa de gran trascendencia, pues en definitiva ha establecido un nuevo requisito para poder ejercer derechos fundamentales... La no adquisición de la condición plena de Diputado no se debe ya solamente al no acatamiento de la Constitución, sino a la no utilización de una concreta fórmula a la hora de exteriorizarlo, y ello por decisión del Presidente del Congreso.»

4. La demanda finaliza con la súplica de que se dicte Sentencia por la que se otorgue a los recurrentes el amparo solicitado, declarando la nulidad del acto impugnado, reconociendo el derecho de los recurrentes a acceder al cargo de Diputado en condiciones de igualdad, sin restricciones indebidas y mediante la fórmula de acatamiento a la Constitución utilizada, y ordenando a la Presidencia del Congreso y demás órganos de la Cámara la adopción de las medidas necesarias para el restablecimiento de los actores en la plenitud de sus derechos, prerrogativas y funciones como Diputados, así como determinando, en su caso, los demás efectos que puedan ser oportunos como consecuencia de dicho otorgamiento de amparo.

Por medio de primer otrosí, interesan el recibimiento del procedimiento a prueba en relación con los actos de acatamiento celebrados ante la Junta Electoral Central de que se ha hecho mención en la demanda.

Asimismo, y por segundo otrosí, suplican que se acuerde la suspensión de la ejecución del acto recurrido sin afianzamiento ni condición, a fin de no impedir la efectividad de la pretensión de este proceso y de que puedan los recurrentes desarrollar la función representativa que les ha sido encomendada por el cuerpo electoral, toda vez que la ejecución ocasiona un perjuicio, con lesiones «reflejas» para los representados, que impediría luego, de ser otorgado el amparo a los recurrentes, el restablecimiento en la integridad de sus derechos, ocasionándoles un perjuicio que haría perder a aquél su finalidad.

5. Mediante providencia del pasado 12 Mar., acordó la Sección admitir a trámite la presente demanda de amparo y, por ello, requerir del Congreso de los Diputados la remisión de certificación o fotocopia adverada de las resoluciones adoptadas en relación con la prestación de juramento o promesa de acatar la Constitución por parte de los demandantes, así como que se emplazara a dicha Cámara para que en el plazo de diez días pudiera comparecer, si así fuera su deseo, en este proceso y defender sus derechos.

Con otra providencia de igual fecha se resolvió formar la oportuna pieza para la tramitación del incidente sobre suspensión de la ejecución del acto impugnado y conceder a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal el plazo común de tres días para que alegasen lo que estimaran pertinente sobre tal suspensión, conforme determina el art. 56.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LA LEY 2383/1979) (LOTC (LA LEY 2383/1979)).

6. En su reunión del 14 Mar., el Pleno del Tribunal decidió recabar para sí, a propuesta del Presidente, y según dispone el art. 10 k) de la LOTC (LA LEY 2383/1979), el reconocimiento de este recurso de amparo.

7. Por providencia del 21 Mar., la Sección acordó tener por personado y parte al Congreso de los Diputados y a don León Martínez Elipe, Letrado de las Cortes Generales y Jefe de la Asesoría Jurídica de la Secretaría General de la referida Cámara, como su representación y defensa, así como en virtud de lo dispuesto en el art. 52.1 de la LOTC (LA LEY 2383/1979), dar vista de las actuaciones remitidas por el Congreso a las partes y al Ministerio Fiscal, al objeto de que, en el plazo común de veinte días, pudieran presentar las alegaciones que estimaran procedentes.

También el 21 Mar. se dictó providencia acordando oír a la representación del Congreso para que, a tenor de lo previsto en el art. 56.2 de la LOTC (LA LEY 2383/1979) y dentro del plazo de tres días, pudiera exponer lo que entendiese conveniente acerca de la suspensión de la ejecución del acto impugnado, interesadas por los actores en el segundo otrosí de la demanda.

8. Efectuadas por las partes y el Fiscal las alegaciones que tuvieron a bien realizar en el incidente antes mencionado, el Tribunal, por Auto del siguiente 29 Mar., acordó denegar la suspensión solicitada.

9. Con fecha de 6 Abr. presentó el Ministerio Fiscal las alegaciones correspondientes al trámite procesal del art. 52.1 de la LOCT, en las que concluye que no procede otorgar el amparo impetrado por los recurrentes.

A) En efecto, en las consideraciones expuestas en la demanda se envuelven dos ideas, una referente a la exigencia misma del compromiso formal de acatar la Constitución y otra a la expresión concreta de este compromiso. Respecto a la primera, no cabe ahora plantearse cuestión alguna, habida cuenta de que la exigencia de juramento o promesa para el ejercicio del cargo de Parlamentario no es inconstitucional, pues tal asunto ya fue zanjado en la STC 101/1983 (LA LEY 8294-JF/0000). Así, la cuestión en este momento no puede estar sino en el hecho de exigir una fórmula invariable de prestar el acatamiento y rechazar cualquier otra. La dimensión constitucional del asunto hay que encontrarla en si el rechazo de la fórmula empleada por los actores, que se separó de la establecida, y la consiguiente privación, hasta que no rectifiquen, de su plena condición de Diputados, es lesiva del derecho que reconoce el art. 23.2 C.E. (LA LEY 2500/1978)

El derecho de acceso a las funciones y cargos públicos lo es en condiciones de igualdad y con los requisitos que señalen las leyes. Sobre este segundo aspecto, no cabe duda de que, primero, el Presidente tiene facultades para obrar como lo hizo, pues el art. 32.2 del Reglamentó le reconoce la facultad de interpretarlo y suplirlo: y, segundo, de que las resoluciones presidenciales así emitidas hay que incluirlas en el concepto a que se refiere el art. 27.2 d) de la LOTC (LA LEY 2383/1979), esto es, son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad, equiparables a las leyes a estos efectos (SSTC 118 y 139/1988), con lo que queda claro que el requisito dispuesto para el ejercicio pleno del cargo de Diputado ha sido introducido por una disposición legal.

B) De otra parte, la Resolución del Presidente no introduce, según sostienen los demandantes, un elemento de disfuncionalidad, ni constituye un obstáculo irracional para el pleno ejercicio de un cargo público, suponiendo «una burla del carácter electivo y representativo del cargo de Parlamentario». Como ha precisado el Auto que deniega la suspensión del acto impugnado, éste «no priva ni podría privar a los actores de su condición de Diputados electos», ya que «no impediría que éstos readquiriesen la plenitud de sus derechos y prerrogativas como miembros del Congreso de los Diputados a partir del momento en que decidiesen cumplir el requisito que rechazan». Además, la fórmula introducida por la resolución presidencial es la misma que se dispone en el art. 11.2 del Reglamento del Senado, no habiendo entrañado para los demás Diputados ningún obstáculo «disfuncional» para adquirir el pleno ejercicio de su cargo.

Tampoco se puede achacar a la decisión del Presidente un mal uso de potestades discrecionales o un exacerbamiento del respeto a las formas impeditivo del ejercicio de un derecho fundamental. Aceptada la Resolución general, que no ha sido objeto en sí misma de ninguna impugnación, el acto concreto recurrido se limitó a aplicar en su literalidad dicha resolución.

C) En relación a la desigualdad que la demanda denuncia, ha de considerarse que la situación en que se encuentran los recurrentes es consecuencia de su propia decisión, pues solo su empeño en apartarse de la fórmula taxativa que emplearon los demás Diputados electos ha provocado aquella. El problema consiste entonces en determinar si existe una razón admisible de la posición singular mantenida por los recurrentes. Estos en ningún momento explicaron ante la Cámara la causa de su voluntad de introducir el añadido «por imperativo legal» a la promesa de acatamiento.

Añadido que, con toda evidencia, no es tan inocente como pretende presentarlo el escrito de demanda, que lo reduce a una mera cuestión de lógica. Las consecuencias derivadas de la negativa a aceptar la fórmula propuesta --a las que los interesados sabían que se iban a enfrentar porque fueron advertidos en el momento por el Presidente de la Cámara-- muestran que no estamos ante un mero propósito de precisar lógicamente la promesa, sino de algo distinto. A algo de esto apunta la demanda cuando dice que lo que pretendían los recurrentes era, simplemente, decir que seguían pensando que tenían razón al impugnar el precepto reglamentario que les exige juramento o promesa de acatar la Constitución, pero que aceptaban dicho precepto y su interpretación por el Tribunal Constitucional. Es claro, sin embargo, que el momento de acatar formalmente la Constitución no es el propio para hacer reservas sobre un requisito legal cuya constitucionalidad ha sido declarada en resolución jurisdiccional, pretendiendo así resucitar algo definitivamente decidido.

Desde esta perspectiva, todo se reduce a una porfía de los recurrentes --en la línea seguida desde un comienzo por su partido-- en no prestar un compromiso claro y directo de acatamiento; porfía que no puede traerse a este Tribunal bajo la aséptica capa de un planteamiento jurídico con invocación del art. 23.2 C.E. (LA LEY 2500/1978) Así, la cuestión no hay que verla, en puridad, como privación de un cargo público, sino como la rebeldía a aceptar una Resolución reglamentaria que establece un requisito para el ejercicio pleno de dicho cargo, o, más exactamente, que determina la forma solemne de cumplir ese requisito implícito en la propia Constitución y expreso en el Reglamento de la Cámara. Si tal resolución general no ha sido impugnada y tiene el rango preceptivo suficiente, su incumplimiento no puede situarse en el ámbito del art. 23.2 como infracción del derecho que reconoce.

D) Las anteriores conclusiones hacen innecesario entrar a analizar con detenimiento los ejemplos de desigualdad que ofrecen los actores. Si la actuación del Presidente fue ajustada a la legalidad establecida, poco importa que en otras ocasiones se haya podido actuar de distinta manera, en especial si se trata de actuaciones ante órgano distinto. Se dice que un parlamentario europeo electo, del mismo partido que los recurrentes, prestó acatamiento a la Constitución con la misma o parecida fórmula, pero el hecho de que no se hubiera previsto una fórmula precisa, y sobre todo el que no se prestase ante el Congreso, hace inservible el ejemplo.

Como tampoco puede obtenerse ninguna consecuencia válida del hecho de que los demás Diputados, en anterior sesión plenaria, prestasen su acatamiento sin que existiese la resolución presidencial estableciendo la fórmula exacta, que fue de fecha posterior a aquella sesión. No se dice que ninguno de estos Diputados prestase el compromiso de acatamiento en los mismos términos que pretendieron los recurrentes. La desigualdad se daría si se hubiera aceptado el empleo por aquéllos de la fórmula rechazada a éstos. La única desigualdad que aquí se puede apreciar es la perseguida por los demandantes de diferenciarse de los demás en su forma de acatar la Ley fundamental. Y para hacer valer esto --concluye el Fiscal-- no es admisible invocar el derecho de acceso a un cargo público en condiciones de igualdad.

10. La representación del Congreso de los Diputados formuló sus alegaciones mediante escrito presentado el 14 Abr., al que adjunta diversos documentos y en el que expone la argumentación que seguidamente se resume:

A) Plantea primero el representante indicado una cuestión de orden procesal relativa a la firmeza del acto recurrido.

Según el art. 20.2 del Reglamento del Congreso, en materia de juramento se requiere la celebración de tres sesiones plenarias, transcurridas las cuales sin acatar la Constitución utilizando la fórmula establecida es cuando el acto parlamentario adquiere firmeza, y por tal circunstancia es en dicho momento, si no se adquiere la plena condición de Diputado, cuando se «suspenden» todos los derechos y prerrogativas de los Miembros de la Cámara que no hayan jurado o prometido la Constitución. Pues bien, el acto de 4 Dic. 1989 no tiene firmeza, ya que en tal ocasión el Presidente se limitó a manifestar que en ese momento los ahora demandantes no habían adquirido la plena condición de Diputados, sin hacer referencia alguna a la suspensión de sus derechos, ya que aún se estaba pendiente de celebrar otras dos sesiones consecutivas, a efectos de que los actores acatasen la Constitución bajo la fórmula reglamentaria.

Tampoco el acto del 12 Dic. 1989 tiene firmeza porque todavía era preciso celebrar una tercera sesión. Es el Acuerdo de 20 Dic. posterior el auténticamente firme, adoptado, como dice el art. 42 de la LOTC (LA LEY 2383/1979), conforme a las normas internas de la Cámara, es decir, el Reglamento del Congreso, y precisamente por tal firmeza es por lo que no solamente no adquieren la plena condición de Diputados, cuya advertencia se realizó el 4 Dic., sino que manifiesta las consecuencias de la inobservancia del juramento o promesa, como es la de «suspender de sus prerrogativas y derechos» a los actores.

Así, el presente recurso de amparo --interpuesto contra el Acuerdo de 4 Dic. 1989, pero no contra el de 20 Dic.- está impugnando un «acto de mero trámite» que no es susceptible de protección jurisdiccional por esta vía, a lo que hay que añadir la incongruencia de que en la demanda se solicite que se reintegre a los recurrentes en la plenitud de sus derechos, prerrogativas y funciones, de los que no fueron suspendidos el 4 Dic. 1989, sino el 20 del mismo mes y año.

Al no haber sido objeto de impugnación el acto del 20 Dic., que era el acto firme, no solamente está consentido, sino que, además, concurre la causa de inadmisibilidad del art. 50.1 a) de la LOTC (LA LEY 2383/1979), en cuanto que la demanda incumple de manera manifiesta e insubsanable los requisitos del art. 42, al interponerse el recurso contra acto parlamentario no firme. Si se aceptase que este Acuerdo de mero trámite del 4 Dic. es susceptible de impugnación separada, habría que constatar que el mismo no causó a los demandantes perjuicio alguno, salvedad hecha del abandono de la concreta sesión, que, en todo caso, y de pretenderse su impugnación, situaría el debate jurídico no en el terreno de la adquisición de la condición de Diputado, sino en el de las reglas que rigen el desarrollo de cualquier debate parlamentario. En suma, los reclamantes siguieron, tras el 4 Dic., en idéntica situación jurídica que la que tenían antes de iniciarse dicha sesión, por lo que procede declarar la inadmisión del recurso.

B) Tras lo anterior, aborda la representación del Congreso el fondo del asunto, comenzando por aducir el fraude de ley en que, a su criterio, incurren los demandantes al formular su recurso, tanto por la trascendencia ultra causam de una eventual estimación del amparo pretendido --que afectaría no solo al acto recurrido, sino también al Reglamento de la Cámara y a la Resolución de la Presidencia de 30 Nov. 1989--, cuanto porque, bajo la cobertura de los arts. 14 (LA LEY 2500/1978) y 23.2 de la C.E. (LA LEY 2500/1978), lo que en realidad se persigue es la protección de derechos no fundamentales (las prerrogativas parlamentarias y los derechos correspondientes a las asignaciones económicas). Desde esta segunda perspectiva, el recurso no puede ser estimado, por no referirse a derechos y libertades de los comprendidos en los arts. 14 (LA LEY 2500/1978) a 29 de la C.E. (LA LEY 2500/1978)

C) Expone luego el representante del Congreso, con abundancia de datos, el tema del juramento en el Derecho comparado y en nuestro Derecho histórico, para pasar a analizar seguidamente el del juramento en el Derecho español vigente.

El acatamiento a la Constitución presupone una aceptación del «marco normativo» que pretende establecer un régimen democrático y la protección de los derechos y libertades fundamentales. Aceptación que no puede someterse a condicionamientos subjetivos particulares. Las motivaciones de los Diputados, al prestar juramento o promesa, sobre determinados contenidos de la Constitución no pueden servir de argumento para condicionar el acatamiento a la misma, en cuanto que han de actuar conforme a ella y al ordenamiento jurídico. Para la viabilidad de tales motivaciones se ofrece no solo la posibilidad de utilizar todos los instrumentos parlamentarios de la Cámara, sino el cauce de la reforma constitucional, total o parcial.

El basamento jurídico establecido en la Constitución para consolidar un régimen democrático requiere un acatamiento constitucional incondicionado. Solamente si aquél no se acepta con una adhesión voluntaria y leal es cuando se procede a jurar o prometer, como si se tratase de una imposición legal.

Pues bien, el acatamiento a la Constitución que con carácter general se exige a todos los ciudadanos y poderes públicos en el art. 9.1 de la misma tiene sus manifestaciones concretas en el resto del articulado del Texto fundamental, en leyes orgánicas o en normas parlamentarias. Con relación a los parlamentarios, el juramento o promesa se exige no solo en los Reglamentos de las Cámaras, sino también en el art. 108.6 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LA LEY 1596/1985), precepto que se encontraba vigente cuando los recurrentes se presentaron a las elecciones, por lo que tenían perfecto conocimiento previo del cumplimiento de tal obligación.

De otra parte, la generalidad del acatamiento a la Constitución no tiene el mismo alcance para los ciudadanos indiferenciados, que se encuentran, respecto de los poderes públicos, en una situación de «sumisión general», que para los que ostentan cargos oficiales, que se hallan en una situación de «sujeción especial», según distinción establecida en la STC 101/1983 (LA LEY 8294-JF/0000). Conforme a este principio, los miembros del Parlamento se obligan, al acatar la Constitución, a desarrollar una actuación positiva que requiere un «plus» respecto del deber general negativo de abstención que pesa sobre los ciudadanos. Actuación positiva que, aunque no suponga una adhesión ideológica ni una conformidad al total contenido de la Constitución, impide que el juramento o promesa se haga «por imperativo legal». El juramento o promesa, bajo este condicionamiento, supone un «acatamiento impuesto», cuando el espíritu que informa el art. 9 de la C.E. (LA LEY 2500/1978) es el de una «adhesión leal» como presupuesto para una actuación positiva de los miembros del Parlamento en el ejercicio de sus funciones. El juramento condicionado puede, incluso, significar una actuación no querida o contraria al texto constitucional, sobrepasando negativamente el deber general de abstención de cualquier actividad que pudiera vulnerar la Ley Fundamental requerido a todos los ciudadanos.

D) Continúa su alegato la representación del Congreso con el examen del acatamiento constitucional en el ámbito autonómico, estudiando más adelante la doctrina de este Tribunal expuesta en la SSTC 101/1983 (LA LEY 8294-JF/0000) y 122/1983 (LA LEY 8383-JF/0000), doctrina de la que en absoluto se deduce, como pretenden los actores, que el Tribunal Constitucional participe de un concepto laxo en relación al compromiso y contenido del juramento, ni mucho menos que la fórmula para expresar el compromiso político de adhesión constitucional sea una mera fórmula inocua desde un punto de vista ideológico, puesto que las manifestaciones de la libertad ideológica que consagra el art. 16 de la C.E. (LA LEY 2500/1978) se han de armonizar con el cumplimiento del requisito establecido para acceder al cargo público.

E) La fórmula establecida por el Reglamento del Congreso, por la Resolución de la Presidencia y por el Reglamento del Senado es constitucionalmente irreprochable. En efecto, ambas Cámaras están perfectamente legitimadas para unificar una fórmula ritual, lo han hecho por el cauce normativo adecuado y con una mesura que se traduce en el establecimiento de una fórmula de máxima simplicidad, y han previsto la consecuencia jurídica del incumplimiento de la regla, que no es la privación de la condición de electo, sino la suspensión del ejercicio de sus derechos hasta tanto se cumplimente el requisito en la forma reglamentaria debida.

El elegido ostenta la condición de «Diputado electo» y la correspondiente acta, pero no por tal motivo se convierte en miembro activo de la Cámara. La representación no la ostentan, ni individual ni conjuntamente, los Diputados, sino las Cortes Generales. Lógicamente, son éstas las que a través de sus normas --ya se trate del Reglamento o de Resoluciones presidenciales-- pueden determinar con fuerza de Ley los requisitos o fórmulas para adquirir la plena condición de Diputado. Desde esta perspectiva, el jurar o prometer conforme a una determinada fórmula se convierte en una condictio iuris para poder disfrutar del estatuto jurídico parlamentario y ejercer las correspondientes funciones. El Reglamento del Congreso y la Resolución de 30 Nov. 1989, en ejecución del art. 9 de la C.E. (LA LEY 2500/1978), no pretenden nada más que se manifieste voluntariamente una adhesión constitucional, mediante la utilización de la fórmula más sencilla de las existentes en el Derecho comparado. Esta fórmula, por cierto, ha sido la misma antes y después de tal Resolución, que no persigue otra finalidad que la de plasmar, en forma escrita, una costumbre vinculante existente en la Cámara. No es exacto, por tanto, que el establecimiento de la fórmula citada se haya producido tras la celebración de la sesión constitutiva de la IV Legislatura, ni que con anterioridad no existieran requisitos de forma a que debieran sujetarse los Diputados, ni normativa parlamentaria aplicable.

Tampoco es exacto que el juramento sea innocuo porque no va respaldado por sanción, que es la de suspensión del ejercicio de derechos. Asimismo, deben rechazarse las alusiones a formalismo o desproporción dirigidas a la existencia de tal sanción. El Presidente de la Cámara se limitó exclusivamente a declarar las consecuencias establecidas en el art. 20.2 del Reglamento, en el ejercicio de una función aplicativa de mera ejecución de la disposición parlamentaria. Además, no hay desproporción porque a los recurrentes no se les priva de sus derechos, ni se anula el acta electoral, sino que solamente se les suspende en el ejercicio de sus funciones parlamentarias y, en lógica consecuencia, también en la percepción de sus respectivas asignaciones económicas, porque no han cumplido la formalidad para adquirir la plena condición de Diputados. La suspensión alcanza también a sus prerrogativas de inviolabilidad e inmunidad, lo cual es completamente correcto, en cuanto que las mismas no constituyen un derecho subjetivo particular de los recurrentes, sino un status especial por razón de la función pública que desarrollan en la Cámara. Resulta evidente que quien no desempeña la actividad parlamentaria no ha de gozar de las aludidas prerrogativas.

En resumen, la norma que impone la fórmula del juramento existe y es plenamente legítima, dicha fórmula es proporcionada y no arbitraria y la consecuencia que el ordenamiento otorga a su desconocimiento es plenamente constitucional. Así se ha acreditado con las consideraciones anteriores y así basta para desmentir supuestas vulneraciones del derecho a acceder con igualdad a los cargos públicos.

F) Ahora bien, alegan los recurrentes que lo significativo es que se acate la Constitución y no las concretas palabras que se utilicen. El argumento en favor de la libertad de fórmula se redondea en la demanda con una apelación a la interpretación más favorable de la Presidencia para el derecho fundamental, lo que no viene al caso por el carácter reglado del acto presidencial, en relación con un derecho (art. 23 C.E. (LA LEY 2500/1978)) cuyo contenido viene legítimamente determinado por la norma. También se alude por los actores a determinados precedentes que, según ellos, resultan reveladores de una flexibilidad a la que apelan a lo largo de la demanda. En ésta aparecen como tales precedentes determinados casos en que se ha jurado o prometido la Constitución con supuestas aclaraciones y condicionamientos que desbordaban la fórmula reglamentaria.

Más, aparte de que no puede invocarse el precedente desde la ilegalidad, en relación con las particularidades del acatamiento constitucional admitido por la Junta Electoral Central ha de observarse lo siguiente: Primero, que los actos de la Junta no vinculan ni orientan los del Congreso de los Diputados; segundo, que, a diferencia de lo que ocurre en el Congreso y en el Senado, no hay fórmula tasada para el juramento de los europarlamentarios ante dicha Junta, de modo que no puede extrañar, ni, todavía menos, elevarse a categoría, el hecho de que se haya dado validez a expresiones que no han consistido en el puro y simple «sí prometo». Más aun, cuando la propia Junta ha declarado reiteradamente que es un mero aplicador de la norma, que no dispone de facultades normativas y, sobre todo, de una competencia general de autonormación como la que otorga a las Cortes Generales el art. 72 de la C.E. (LA LEY 2500/1978)

G) Los demandantes acuden al análisis sintáctico tratando de demostrar que la expresión «por imperativo legal» tiene un carácter subordinado de la manifestación principal de adhesión a la Constitución contenida en la expresión «sí prometo». Sin embargo, nuestra fórmula reglamentaria de juramento se configura con una pregunta y una respuesta. Quien toma el juramento es quien dice lo que se va a jurar; quien lo presta se limita a decir «sí juro» o «sí prometo», de forma que el sentido de la respuesta se encuentra en la pregunta. Los recurrentes dicen que han utilizado la fórmula del juramento, que consiste en pronunciar las palabras «sí, prometo», pero no es así. La fórmula del juramento está integrada por la respuesta a una pregunta cuyo presupuesto es el acatamiento puro y simple de la Constitución. Si se responde introduciendo la expresión «por imperativo legal», se desconecta la respuesta de los presupuestos de la pregunta.

Toda pregunta se formula, en efecto, para aclarar una duda. Cuando se pregunta a los Diputados si acatan la Constitución, tal pregunta solo tiene sentido para despejar cualquier duda sobre reservas mentales en el acatamiento de la misma. La respuesta, pues, tiene que ser clara e inequívoca, lisa y llana. Si, por el contrario, se introducen elementos ambivalentes, cualquiera que éstos sean, no se responde a la pregunta, es decir, no se despeja la duda que constituye el presupuesto de toda pregunta y, por consiguiente, no se formula el juramento.

Podrá debatirse si es o no conveniente la exigencia del juramento, pero una vez que se ha optado por exigirlo y una vez que el Tribunal Constitucional ha ratificado que tal exigencia no contradice la Constitución, es obvio que el juramento debe cumplir su objetivo:Aclarar pública y solemnemente que se acata sin reservas la Constitución. Esto es, eliminar la duda sobre tal acatamiento.

Los recurrentes entienden que la exigencia sin condicionamientos, bajo una concreta fórmula, de jurar o prometer el acatamiento de la Constitución supone entrar en el ámbito de las «reservas mentales», lo que significaría una auténtica persecución del pensamiento. Argumentación verdaderamente insólita e inexacta, porque el cumplimiento de una formalidad de adhesión voluntaria a la Constitución no prejuzga, como ha declarado el Tribunal Constitucional, que haya de exigirse una ideología determinada o una conformidad a su total contenido. La exigencia de una fórmula para acatar la Constitución, como requisito meramente jurídico, deja a salvo todo lo relativo al «fuero interno» de los que juran o prometen, aunque, lógicamente, trata de salir al paso de la «simulación». Esto supone la adhesión voluntaria al marco constitucional demacrático, lo que requiere una identidad entre las palabras manifestadas y las acciones desarrolladas en la sociedad por quienes han prometido su acatamiento. Así se pone de manifiesto en la STC 122/1983 (LA LEY 8383-JF/0000), donde se señala que «la fidelidad a la Constitución puede entenderse como el compromiso de aceptar las reglas del juego político y el orden jurídico, en tanto existe, y a no intentar su transformación por medios ilegales», y donde se dice que las reservas internas que algunos pudieran tener al cumplimentar esa obligación son irrelevantes para el Derecho, que no puede entrar en el ámbito del pensamiento, en tanto no se manifieste cun conductas externas.

El propio análisas lingüístico en que los recurrentes quieren apoyarse requiere que, además de una correlación entre pregunta y respuesta, haya una correlación entre las palabras y acciones. Y es aquí donde no puede por menos que aludirse al contexto en el que se produce el juramento irregular que ahora pretende sanarse en trámite de recurso de amparo. Contexto que permite responder a la sencilla pregunta en la que reside toda la explicación de la divergencia entre palabras y acciones que se produce notoriamente en este supuesto: ¿cuál es la razón que impide a los recurrentes contestar la simple fórmula ritual en los términos reglamentarios y que les lleva a renunciar al ejercicio de sus funciones parlamentarias con tal de no acatar dicha fórmula?

La razón no es otra que la explicitada por los recurrentes en la rueda de prensa celebrada tras abandonar el hemiciclo el 4 Dic. 1989: «el rechazo a la Constitución, porque niega el derecho inalienable e imprescriptible a la autodeterminación de los pueblos...»; por tal circunstancia «no aceptan la medida adoptada por el Presidente de la Cámara», requiriéndoles para que digan lisa y llanamente «sí juro» o «sí prometo», motivo por el cual utilizan la expresión «por imperativo legal»; «porque tienen un mandato muy específico de las bases de Herri Batasuna para adquirir la condición de Diputados» mediante la fórmula que emplearon en la sesión de dicho día.

De ello se deduce la inadecuación entre las palabras empleadas --al expresar «sí prometo»- y su constatación en la realidad social; precisamente para dejar a salvo esta discordancia es por lo que sustancializan la expresión «por imperativo legal.»

H) Los demandantes, en fin, sostienen que se ha producido una vulneración del principio de igualdad. Ahora bien, el acto impugnado no efectúa discriminación alguna por razones de opinión. Además, no puede apelarse al principio de igualdad por quienes son precisamente los causante de la eventual desigualdad. De otra parte, no se ha colocado a los recurrentes en situación discriminatoria en relación con los restantes Diputados por razón de la fecha en la que se dicta la Resolución de 30 Nov.

Desde la perspectiva del art. 14 C.E. (LA LEY 2500/1978), no hay ninguna discriminación para los actores, sino que, antes bien, son ellos los que pretenden discriminar a los demás miembros de la Cámara, mediante la exigencia de «especialidades» en la forma de adherirse a la Constitución. Tampoco se ha infringido el art. 23 de la C.E. (LA LEY 2500/1978), pues el requisito legal para acceder a la condición de Diputado es el establecido en las normas parlamentarias y ya se ha acreditado que no cabe estimar que por el acto impugnado haya habido violación de las condiciones legales para acceder al cargo público adquiriendo plenamente aquella condición. Por otro lado, no puede impetrarse el principio de igualdad desde la ilegalidad. Aquí quienes están dentro de la legalidad son todos los parlamentarios que han jurado o prometido acatar la Constitución, en tanto que la situación de ilegalidad se encuentra en los actores, que han rechazado la adhesión a la Constitución en la forma establecida y quieren ampararse en ciertos precedentes de improcedente invocación.

La Resolución de 30 Nov. 1989 lo que ha querido precisamente es evitar posibles pretensiones de tratamiento desigual, apoyándose tanto en el Reglamento del Senado como en la práctica, transformada en costumbre en el Congreso, a fin de someter a un trato igual a todos los Diputados en lo que respecta al acatamiento constitucional. Por ello, no cabe sostener que de un acto de mera ejecución y aplicativo como el de 4 Dic. 1989 pueda resultar violación del art. 14 C.E. (LA LEY 2500/1978) (porque de haber discriminación es para el resto de los Diputados) o del art. 23.2 C.E. (LA LEY 2500/1978), al establecer la Resolución citada un criterio de igualdad para acceder a la condición de Diputado.

Ha de destacarse, finalmente, que tal Resolución, aprobada tras la celebración de la sesión constitutiva y con carácter previo a la presencia en la Cámara de los Diputados de Herri Batasuna, no tenía ni por contenido ni por fin discriminar a éstos con una fórmula diferencial de juramento exclusiva para los mismos. La Resolución no pudo dictarse antes de aquella sesión sencillamente porque ninguno de los órganos que intervienen en su aprobación había podido constituirse (Presidente, Mesa y Junta de Portavoces). La fórmula establecida en la Resolución no pretende discriminar a nadie, porque es la misma que, con fundamento en la costumbre parlamentaria, se ha exigido a todos los Diputados. Es, por tanto, la que se utilizó en la sesión constitutiva y la que, en idénticos términos, se ha utilizado por el Diputado que acudió a la sesión de 4 Dic. al tiempo que los recurrentes (señor M.) y por todos los que han jurado con posterioridad a dicha fecha. Por último, la razón de que se dictase tal resolución consiste en que se había puesto en duda la eficacia jurídica de este precedente a través de diversas manifestaciones públicas; o sea, cuando estaba en cuestión el elemento de la opinio iuris imprescindible para la existencia de la costumbre jurídicamente vinculante, se dicta la Resolución de la Presidencia.

Concluye su muy extenso alegato la representación del Congreso con la súplica de que se dicte Sentencia por la que: 1.º) se declare la inadmisibilidad del recurso por impugnar un acto no firme; 2.º) de no aceptarse la concurrencia de tal excepción procesal, se declare no haber lugar a otorgar el amparo impetrado por los recurrentes, por falta de violación alguna de derechos fundamentales protegidos constitucionalmente.

Por medio de otrosí, la representación indicada «no estima que sea preciso el recibimiento del recurso a prueba, tanto por innecesario, ya que no se niegan los antecedentes de la Junta Electoral Central a que se refiere la demanda, cuanto por improcedente, al no tratarse de supuestos que puedan considerarse como precedentes parlamentarios del Congreso de los Diputados; salvo que se negase la veracidad de los documentos aportados en cuyo supuesto podría recibirse el pleito a prueba al solo efecto de su autentificación». Suplica, en consecuencia, que se declare no haber lugar a recibir el recurso a prueba, salvo que por lo expuesto fuese preciso confirmar los documentos aportados.

11. Los solicitantes de amparo presentaron su escrito de alegaciones el 18 Abr., en el que argumentan lo siguiente:

A) Entre los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, el de participar en los asuntos públicos, como elector (art. 23.1) o como elegido (art. 23.2), aparece, en virtud del carácter democrático del Estado, como un elemento básico de todo el sistema constitucional (STC 26/1990 (LA LEY 1417-TC/1990)). Cabe recordar asimismo que, según reiterada doctrina de este Tribunal, el art. 23.2 C.E. (LA LEY 2500/1978) garantiza el derecho de sufragio pasivo, de acuerdo «con los requisitos que señalen las leyes» y que «la interpretación de esos requisitos, que, en cuanto afecte al ejercicio de derechos fundamentales, posee dimensión constitucional, debe realizarse también según reiterada doctrina de este Tribunal, en la forma más favorable al ejercicio de los derechos» (STC 168/1989 (LA LEY 2946/1989)).

Tal y como indica la STC 26/1990 (LA LEY 1417-TC/1990), «el respeto a la efectividad de los derechos fundamentales impone una interpretación y aplicación de las normas lo más favorable posible a tal efectividad». En el presente caso, impedir la adquisición de la condición plena de Diputado de los recurrentes por añadir la proposición «por imperativo legal» a la respuesta «sí prometo» supone adoptar una decisión que afecta negativamente a los derechos reconocidos en el art. 23.2 C.E. (LA LEY 2500/1978) y que carece de justificación a la luz de la normativa vigente, en la que lo fundamental es prestar.el acatamiento, y no la concreta fórMula que se utiliza; al menos, cuando esa fórmula no supone limitación, condición o reserva.

B) El acto impugnado entraña, sin duda, la negación del ejercicio y efectividad del derecho que a los recurrentes reconoce el art. 23.2 C.E. (LA LEY 2500/1978), así como también, y de manera refleja, el de los votantes, cuya voluntad queda suprimida e invalidada; voluntad cuyo mantenimiento debe constituir criterio preferente a la hora de interpretar y aplicar las normas electorales, según la repetida STC 26/1990 (LA LEY 1417-TC/1990). Esta misma Sentencia señala que «no cabe hacer depender la eficacia de los votos válidamente emitidos de irregularidades o inexactitudes menores», lo que en este caso se traduce en que no puede hacerse depender la adquisición de la condición plena de Diputado de un aspecto formal, como es el añadido de las tres palabras que realizaron los recurrentes, y más cuando tras ellas se formaliza el acatamiento de manera incondicional.

C) Otro de los criterios hermenéuticos aplicados por este Tribunal es el de la necesaria proporcionalidad entre un acto y sus consecuencias cuando éstas afectan a derechos fundamentales. Aquí, no afectando a la prestación del acatamiento a la Constitución las tres palabras referidas, la decisión del Presidente del Congreso implica una desproporción manifiesta, al no haber ponderado adecuadamente los derechos fundamentales en juego y privar a los recurrentes de los derechos y prerrogativas que como Diputados les corresponden.

D) También en relación con la invocada vulneración del art. 23.2 de la C.E. (LA LEY 2500/1978), ha de señalarse que acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes «incluye la prohibición de cualquier impedimento a dicho acceso que no haya sido legalmente previsto de modo expreso. Ello significa... que una interpretación errónea de la legalidad que determine la imposibilidad de acceder al cargo de Diputado o Senador, implicaría sin duda la lesión de aquel derecho fundamental» (STC 25/1990 (LA LEY 636/1990), fundamento jurídico 6.º).

La inexistencia de previsión legal sobre el acatamiento a la Constitución de los Diputados electos hasta la Resolución de la Presidencia de 30 Nov. 1989 y el principio de respeto a la efectividad de los derechos fundamentales imponían una interpretación de las normas favorable a que en la sesión constitutiva fuera válida la fórmula luego empleada por los recurrentes.

El principio de igualdad del art. 14, expresamente recogido en el art. 23.2, exige que no se impongan nuevos requisitos a los recurrentes por el hecho de realizar el acto ritual unos días después, máxime cuando la no ejecución del mismo en aquella sesión se debió al asesinato de un compañero electo y a la lógica imposibilidad de llevarlo a cabo que ello comportaba.

Tras dar por reproducidos los argumentos contenidos en el escrito de demanda, concluyen los recurrentes suplicando que se tenga por evacuado el trámite de vista y alegaciones conferido y que, una vez recibido el recurso a prueba y después de los trámites procedentes, se dicte por el Tribunal Sentencia otorgando el amparo solicitado. Por medio de otrosí, reiteran los actores la petición de recibimiento a prueba formulada en la demanda.

12. Mediante Auto de 16 May. 1990, resolvió la Sección denegar la solicitud de recibimiento a prueba interesada por los actores.

13. Por providencia de 19 Jun. 1990, se acordó señalar el día 21 del mismo mes para deliberación y votación de esta Sentencia.