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Primero: D. Gustavo R. S. promovió juicio declarativo de menor cuantía contra D.ª María Concepción C. S., sobre reclamación de cantidad, concretamente, 15.000.000 ptas., más el interés bancario diferencial del 3% durante 15 años (1969-1984), que asciende a 9.000.000 ptas., es decir, 24.000.000 ptas., correspondientes a los alimentos abonados por el actor a la demandada a favor de D. Jorge Ignacio R. C. que resultó no ser hijo suyo, más otra cantidad de veinticinco millones de pesetas, por el daño moral recibido, dada la actitud y comportamiento doloso de la demandada al ocultar la verdadera paternidad de aquél, es decir, un total de 49.000.000 ptas. El JPI Madrid núm. 73, por S 1 Sep. 1993, desestimando la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario y sin entrar a considerar la de prescripción, desestimó la demanda y absolvió a D.ª María Concepción C. S. de las pretensiones deducidas contra ella, respecto de la primera de las pretensiones relativa a la devolución de cantidades actualizadas de alimentos e intereses, y apreciando, en cuanto a la segunda, la falta de litisconsorcio pasivo necesario, quedando la segunda pretensión de indemnización de daños y perjuicios morales imprejuzgada, que fue revocada por la dictada, en 21 Nov. 1994, por la Secc. 21 de la AP Madrid, en el sentido de desestimar la demanda interpuesta por D. Gustavo R. S. contra D.ª María Concepción C. S., absolviendo a la demandada de las peticiones formuladas contra la misma, y en esta segunda sentencia se estimaron como hechos más esenciales para la resolución de la litis los siguientes que se reseñaban: a) Las partes, D. Gustavo R. S. y D.ª María Concepción C. S. contrajeron matrimonio el 26 Jul. 1956, teniendo varios hijos, e inscribiéndose como uno de ellos Jorge Ignacio R. C., nacido el 11 Abr. 1966. b) El matrimonio entra en una grave crisis que determina su separación legal y su declaración de nulidad, apareciendo que por acta notarial de 21 Mar. 1968 los cónyuges convienen ya llevar vidas independientes. El 25 Feb. 1969 acuerdan su separación y que los tres hijos mayores vivieran con el padre y los cuatro menores con la madre. El JPI Madrid núm. 29 acuerda por A 1 Dic. 1971 la separación provisional de los cónyuges; conceder la guarda y custodia de los cuatro hijos menores a la madre, así como la de los tres hijos mayores al padre, y un auxilio económico a cargo del esposo de 20.000. ptas. mensuales para la esposa e hijos. Por S 30 Mar. 1974 el Tribunal Eclesiástico concede la separación a la esposa por sevicias y adulterio por parte del esposo, desestimando la petición reconvencional de separación de éste por sevicias y adulterio por parte de la esposa; resolución confirmada por sentencia del Tribunal de la Rota de 28 Jun. 1975. El 28 Nov. 1975 el JPI Madrid núm. 10 dicta sentencia en juicio de alimentos provisionales, por la cual condena al ahora demandante a pagar a la demandada la cantidad de 55.000 ptas. mensuales en concepto de alimentos provisionales para los cinco hijos que convivían con la última, cantidad a abonar desde el 28 Oct. 1975. Por S 17 Nov. 1977 el Tribunal Eclesiástico de Rabat declara nulo el matrimonio, resolución ratificada por S 11 Ene. 1978 del Tribunal de Angers, Diócesis de Lucon; sentencia que fue ejecutada en vía civil por el JPI Madrid núm. 19, que decretó la nulidad del matrimonio a efectos civiles. c) El 17 Ene. 1990 comparecen en el laboratorio de biología forense de la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid a efectos de practicar una prueba de investigación de paternidad, las dos partes de este proceso, D. Jorge Ignacio R. C. y D. Jesús I. M., a quienes se extrae sangre; siendo el resultado de la prueba practicada que se excluye a D. Gustavo R. S. como padre de D. Jorge Ignacio R. C. y se tiene por prácticamente demostrada la paternidad respecto al mismo de D. Jesús I. M. d) El 31 Oct. 1990 D. Jorge Ignacio R. C. presenta demanda contra D. Gustavo R. S. impugnando la paternid ad de éste, el cual contestó poniéndose a la demanda y sólo después de la comparecencia se allanó a las pretensiones de la misma, dictándose sentencia por el JPI Madrid núm. 9 de 23 Jul. 1992, estimatoria de la demanda y declarativa de no existir filiación entre las partes.

Segundo: El recurso de casación formalizado por D. Gustavo R. S. se fundamenta en dos motivos amparados en el ordinal 4.º art. 1692 LEC, denunciándose en el primero la infracción del art. 1902 CC por no haber sido aplicado, y su argumentación responde, en síntesis, a cuanto se expone a continuación: En ninguna de las dos sentencias recaídas en primera y segunda instancia se ha entrado a valorar el daño económico sufrido por el recurrente, quien ha probado la entrega de cantidades de dinero, en concepto de alimentos, para Jorge Ignacio, dando lugar a una disminución del patrimonio del Sr. Gustavo R. S. en beneficio del propio de la Sra. María Concepción C. S., pues de no haber sido considerado hijo matrimonial, hubiese sido la segunda la que hubiese tenido que detraer de su patrimonio las cantidades necesarias para alimentar a dicho hijo. El precepto también ha sido vulnerado respecto a los daños morales, no sólo en cuanto a su valoración, sino que ni tan siquiera la Audiencia se ha pronunciado sobre su existencia. Aunque el matrimonio fue declarado nulo esa apariencia de matrimonio acarreó importantes consecuencias para el Sr. Gustavo R. S., al que se le atribuyó la paternidad de Jorge Ignacio por el hecho de haber nacido dentro del matrimonio, y en consecuencia cargó con todas las obligaciones que le correspondían como consecuencia de esa apariencia de paternidad, obligaciones entre las que se encontraban las de prestar alimentos a dicho hijo. Después de haber mantenido económicamente a su hijo y de haberse creado el vínculo afectivo con él, se ve sometido a otro procedimiento: el de impugnación de paternidad, donde se reconocen las relaciones extramatrimoniales de la Sra. María Concepción C. S., y su resultado: el nacimiento de Jorge Ignacio, con lo que se ha ocasionado al Sr. Gustavo R. S. unos daños morales innegables al haber sido humillado y lesionado en su honor y dignidad. La apreciación que realiza la Sala sobre el comportamiento doloso de D.ª María Concepción C. S. no considerándolo acreditado al no estimar que con anterioridad a las pruebas de paternidad llevadas a cabo por la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid en el año 1990 aquélla tuviera conocimiento de que el padre de Jorge Ignacio no era el demandante, contradice los hechos alegados por la contraparte en el hecho quinto de su contestación a la demanda y la negación de la indemnización de los daños económicos y morales causados, supondría, en definitiva, la vulneración de la norma más genérica alterum non laedere consagrada en el art. 1902.

Tercero: No cabe duda alguna de que los hechos reseñados en el primer fundamento de Derecho de la sentencia recurrida y que figuran relacionados, asimismo, en el primero de la presente resolución, fueron estimados por el Tribunal a quo como hechos acreditados y, en cuanto tales, hay que considerarles inalterables en casación, de cuya lectura se desprende que fue a comienzos del año 1990 cuando la Sra. María Concepción C. S. tuvo conocimiento de que la paternidad de su hijo Jorge Ignacio correspondía, realmente, a D. Jesús I. M. sin que la anterior conclusión fáctica se encuentre en contradicción con la narración del hecho quinto del escrito de contestación a la demanda, al estarse refiriendo dicha narración, más bien, a posibilidades y sospechas y no a un conocimiento pleno y de total certidumbre.

Cuarto: La precedente conclusión fáctica permite, a su vez, otra no menos concluyente, cual es la imposibilidad de calificar de dolosa la actuación y conducta de la Sra. María Concepción C. S. en torno a ocultar al Sr. Gustavo R. S. la identidad del padre del menor nacido dentro del matrimonio y, esto así, resulta que no cabe acceder a las dos reclamaciones efectuadas en la demanda, debiendo tenerse por reproducida la argumentación de la sentencia, en especial, la expuesta en su fundamento de Derecho octavo, en punto a la desestimación de la efectuada por alimentos, y por otro lado, semejantes pretensiones se basan en atribuir a la Sra. María Concepción C. S. un comportamiento doloso, imputación que se infiere, sin lugar a dudas, de los hechos y fundamentos que integran aquélla, con lo cual no cabe sostener que el Tribunal a quo hubiera dejado de hacer aplicación del art. 1902 CC, consideraciones las que anteceden que conducen, sin necesidad de mayores reflexiones, a entender claudicado el primer motivo del recurso.

Quinto: En el segundo motivo, único que resta por examinar, se aduce la infracción de la jurisprudencia aplicable en torno al art. 1902 CC, referida a las reparaciones de los daños patrimonial y moral, citándose al respecto la doctrina derivada de las SS 2 Feb. 1980, 25 Jun. 1984, 11 Jun. y 6 Jul. 1990 y 7 May. y 21 Jul. 1993

Sexto: Ciertamente, los supuestos que comportan la aplicación del art. 1902 del texto legal sustantivo, vienen a originar, como consecuencia de esa aplicación, una reparación por el daño causado, que puede hacerse extensiva al doble ámbito patrimonial y moral, pero ello no resulta aplicable al caso de autos, en el que, como ha quedado razonado, no era posible hacer aplicación del meritado precepto, debido a no haberse apreciado una conducta dolosa en el comportamiento atribuido a la Sra. María Carmen C. S., y de aquí, que el perecimiento del primer motivo del recurso lleve implícito el correspondiente al segundo analizado. Y la improcedencia de los dos motivos del recurso de casación interpuesto por el Sr. Gustavo R. S., lleva consigo, en virtud de lo dispuesto en el rituario art. 1715.3, la declaración de no haber lugar al mismo, con imposición de las costas a la parte recurrente.