PRIMERO. Aun aceptando los hechos probados que se consignan en la sentencia de instancia, así como las consideraciones generales que se contienen en su primer fundamento jurídico de la sentencia recurrida, relativos a los rechazables medios que con demasiada frecuencia emplean las empresas dedicadas a la gestión y cobro y deudas y a la conveniencia cuando no necesidad de acudir a la Administración de Justicia para ventilar de forma correcta y civilizada tales reclamaciones, lo que no puede ser en modo alguno compartido es la posibilidad de aplicar el régimen de la responsabilidad de directivos y órganos de una persona jurídica, antes proclamada en el art. 15 bis y actualmente en el art. 31 del vigente CP a una falta de coacciones como la que nos ocupa, mucho más cuando, como en el caso presente, el autor material de los hechos es persona perfectamente identificada y diferente del imputado y hoy recurrente, que es el representante de la persona jurídica que ha resultado condenado, el Sr. A. C., en lugar del Sr. E. V., presunto autor material de los hechos.
Tiene declarado el TS en S 10 Nov. 1993 que
el art. 15 bis CP extiende la responsabilidad penal proveniente de la comisión de un delito especial propio a los sujetos no cualificados, siempre que hayan obrado en representación de una persona jurídica que poseyera dicha cualificación. El directivo u órgano de la persona jurídica se ve obligado a responder del delito especial propio, respecto del cual la cualificación personal se halla del lado de la entidad a quien representa. Pero semejante transposición o desplazamiento de la responsabilidad penal no opera mecánicamente, sino sobre la base de que la acción del no cualificado sea adecuada, en sí misma, para infringir la norma, de cuya violación se parte para la configuración del tipo delictual especial propio. La cláusula de las actuaciones en lugar de otro, trayendo al primer plano de la responsabilidad penal al agente directivo o representante de la persona jurídica, halla su razón en la finalidad de facilitar una valoración jurídico-penal ajustada a la realidad de la propia conducta del agente. Los inconvenientes que podrían derivarse de las concepciones venidas del Derecho mercantil se salvan en el art. 15 bis, pero sin caer en fórmulas de ficción ni dejar de atender a los factores objetivos y subjetivos que integran la conducta del declarado responsable.
En el caso presente, encontrándonos ante una falta de coacciones, cuyo primer elemento definitorio como dice la sentencia recurrida es una conducta humana consistente en un comportamiento violento de contenido material contra la persona de la víctima, no parece en modo alguno aplicable el art. 31 del vigente CP cuyo antecedente es el art. 15 bis del CP de 1973, pues el condenado, directivo de la empresa «El Cobrador del Frac», no tenía en modo alguno el dominio positivo del hecho del que dimana el delito penal, careciendo por completo de la facultad de decidir sobre los aspectos fundamentales de la ejecución de la falta. Dicha falta de coacciones no puede ser cometida por el directivo de una persona jurídica, sino necesariamente por una persona física (cosa distinta es que el primero pueda ser calificado como inductor, lo que no ha ocurrido en el presente caso), el cual pese a estar perfectamente identificado en autos, no ha sido siquiera imputado.