Carlos B. Fernández
Responsable de contenidos del Diario La Ley Ciberderecho
El Tribunal Constitucional ha dictado su sentencia, 58/2018, de 4 de junio (recurso de amparo núm. 2096-2016) (LA LEY 69693/2018), por la que declara que la difusión actual de una noticia que relata hechos pasados, sin ninguna incidencia en el presente y relativa a personas sin relevancia pública, puede provocar un daño desproporcionado a los derechos al honor, intimidad y protección de datos personales de las personas citadas en la misma, frente al escaso interés actual que la noticia suscita. Por ello, la prohibición de indexar los datos personales de dichos afectados, como su nombre y apellidos, para su uso por el motor de búsqueda interno de una hemeroteca digital, debe ser considerada una medida limitativa de la libertad de información idónea, necesaria y proporcionada al fin de evitar una difusión de la noticia lesiva de los derechos invocados
Con ello, el TC estima el recurso de amparo interpuesto frente a la sentencia de 15 de octubre de 2015 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (recurso de casación 2772-2013 (LA LEY 139641/2015)), por dos personas que consideraron vulnerados sus derechos al honor, a la intimidad y a la protección de datos por el uso de las tecnologías de internet, al aparecer sus nombres y apellidos en los buscadores de hemerotecas digitales. Consideraban vulnerado su derecho al olvido, recogido el artículo 17 del Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, como derecho a la supresión de los datos personales.
El uso de nombres propios como criterio de búsqueda en las hemerotecas digitales
En su delimitación del alcance del recurso el TC destaca que este no se refiere a “un nuevo conflicto con los motores de búsqueda de los que han ocupado al Tribunal Supremo“, “sino ante un conflicto circunscrito al uso de nombres propios como criterio de búsqueda y localización de noticias en el entorno de una hemeroteca digitalizada.
En este contexto, los derechos que colisionan son, de un lado, el derecho a la supresión de datos de una base informatizada (art. 18.4 CE), en relación mediata e instrumental con la garantía del derecho al honor y la intimidad de las personas a las que conciernen los datos (art. 18.1 CE) y las libertades informativas ex art. 20.1 d) CE”.
Derecho a la información y derecho a la protección de los datos personales
Es muy significativa la apreciación que realiza el TC en el FD 7.º de su sentencia en el que destaca que si bien “la libertad de información puede llegar a ser considerada prevalente sobre los derechos de la personalidad garantizados por el art. 18.1 CE”, esta prevalencia con cabe establecerla “con carácter absoluto sino caso por caso, en tanto la información se estime veraz y relevante para la formación de la opinión pública, sobre asuntos de interés general, y mientras su contenido se desenvuelva en el marco del interés general del asunto al que se refiere”.
Y del mismo modo, continúa el Tribunal, “y por la conexión que existe entre los apartados 1 y 4 del art. 18 CE, se puede decir que también el derecho a la autodeterminación de datos personales, el derecho a la supresión de esos datos de una base informatizada gestionada por un medio de comunicación, el derecho al olvido respecto de las hemerotecas en suma, puede ceder frente a la libertad de información en determinados supuestos”.
Y la identificación de tales supuestos “debe partir del recurso al canon habitual que emplea nuestra jurisprudencia para dirimir la colisión entre el derecho a la información y los derechos de la personalidad”, canon al que, señala, deben ser añadidas “dos variables determinantes”: “el valor del paso del tiempo a la hora de calibrar el impacto de la difusión de una noticia sobre el derecho a la intimidad del titular de dicho derecho, y la importancia de la digitalización de los documentos informativos, para facilitar la democratización del acceso a la información de todos los usuarios de internet”.
En cuanto a la primera, el TC señala que “La relevancia pública de la información viene determinada tanto por la materia u objeto de la misma, como por razón de la condición pública o privada de la persona a que atañe”.
Y en este sentido, continúa, mientras que “las autoridades y funcionarios públicos, así como los personajes públicos o dedicados a actividades que conllevan notoriedad pública ‘aceptan voluntariamente el riesgo de que sus derechos subjetivos de personalidad resulten afectados por críticas, opiniones o revelaciones adversas y, por tanto, el derecho de información alcanza, en relación con ellos, su máximo nivel de eficacia legitimadora, en cuanto que su vida y conducta moral participan del interés general con una mayor intensidad que la de aquellas personas privadas que, sin vocación de proyección pública, se ven circunstancialmente involucradas en asuntos de trascendencia pública, a las cuales hay que, por consiguiente, reconocer un ámbito superior de privacidad, que impide conceder trascendencia general a hechos o conductas que la tendrían de ser referidos a personajes públicos’ (por todas, STC 172/1990, de 12 de noviembre, FJ 2)”, “tratándose de personas privadas, incluso cuando la noticia por la materia a que se refiere concierne al interés público, no queda protegido por la libertad de información todo su contenido, sino que cabe reputar desproporcionada la transmisión de aquellos hechos que, dentro de la noticia, afectan al honor o a la intimidad de la persona concernida y que se revelen como “manifiestamente innecesarios e irrelevantes para el interés público de la información”.
Matización a la doctrina anterior del TC: relevancia de la actualidad de la noticia
Y es precisamente en este aspecto en el que el Tribunal considera que “resulta imprescindible introducir algunos matices a nuestra doctrina previa”: si bien la relevancia pública de una información viene determinada “tanto por la materia de la misma como por la condición de la persona a que se refiere”, ese carácter noticiable “también puede tener que ver con la ‘actualidad’ de la noticia, es decir con su conexión, más o menos inmediata, con el tiempo presente”.
En este sentido, precisa que si bien “la materia u objeto de una noticia puede ser relevante en sentido abstracto”, “si se refiere a un hecho sucedido hace años, sin ninguna conexión con un hecho actual, puede haber perdido parte de su interés público o de su interés informativo para adquirir, o no, un interés histórico, estadístico o científico”.
Por ello y “no obstante su importancia indudable”, ese tipo de intereses añade el TC “no guarda una relación directa con la formación de una opinión pública informada, libre y plural, sino con el desarrollo general de la cultura que, obviamente, actúa como sustrato de la construcción de las opiniones”.
Por esa razón, añade en estos casos “podría ponerse en duda la prevalencia del derecho a la información [art. 20.1 d) CE] sobre el derecho a la intimidad de una persona (art. 18.1 CE) que, pasado un lapso de tiempo, opta por solicitar que estos datos e información, que pudieron tener relevancia pública en su día, sean olvidados. Por supuesto, cuando la noticia en cuestión ha sido digitalizada y se contiene en una hemeroteca, la afectación del derecho a la intimidad viene acompañada del menoscabo del derecho a la autodeterminación informativa (art. 18.4 CE)”.
Efectos de la universalización del acceso a las hemerotecas digitales
En cuanto a la relevancia de este aspecto, el TC explica que “la universalización de acceso a las hemerotecas, facilitado por su digitalización, es decir por su transformación en bases de datos de noticias, tiene un efecto expansivo sobre la capacidad de los medios de comunicación para garantizar la formación de una opinión pública libre”.
Entre estos efectos destaca la posibilidad de que los medios traigan “al presente hechos o declaraciones del pasado que puedan tener un impacto en el momento presente”, efecto expansivo que, subraya, “supone un incremento del impacto sobre los derechos fundamentales de las personas que protagonizan las noticias incluidas en hemerotecas”.
Al respecto, el TC recuerda la doctrina del TJUE en el sentido de que “los derechos de la persona citada en la noticia de prensa indexada, protegidos con arreglo a los arts. 7 y 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pueden entrar en conflicto con el derecho de los internautas a acceder a la información disponible en la red o, en el caso que nos ocupa, con el derecho de los medios de comunicación a facilitar dicha información”.
Conflicto cuya resolución puede depender “en supuestos específicos, de la naturaleza de la información de que se trate y del carácter sensible para la vida privada de la persona afectada y del interés del público en disponer de esta información, que puede variar, en particular, en función del papel que esta persona desempeñe en la vida pública”.
Y precisamente ”esta necesidad de equilibrio entre las libertades informativas y el derecho a la autodeterminación informativa, es la que hay que tener en cuenta el efecto del paso del tiempo sobre la función que desempeñan los medios de comunicación, y sobre la doble dimensión –estrictamente informativa o fundamentalmente investigadora- de esa función”.
Procedencia de prohibir la indexación de datos personales en este caso
Según el TC “la aplicación de la doctrina expuesta a la presente demanda de amparo debe conducir a la estimación parcial del recurso, teniendo en cuenta las circunstancias particulares, y absolutamente circunscritas a este caso concreto”:
a) Las personas recurrentes en amparo pretenden ejercitar el derecho al olvido respecto de una noticia que relata hechos veraces (su detención, en los años 80, en el marco de una investigación policial por tráfico de drogas, por el que finalmente fueron condenadas como autoras del delito menos grave, entonces existente, de contrabando.
b) Sin embargo, el TC cuestiona la relevancia pública de la información difundida, “considerada desde la perspectiva de que es una noticia antigua, traída al momento presente por medio de la puesta a disposición en la hemeroteca digital de la misma”, pues, si bien es cierto “que la materia de la noticia fue, y sigue siendo en buena media, de gran interés público”, “no lo es menos que las personas recurrentes en amparo ni eran entonces, ni son ahora personajes públicos. Y tampoco resulta indiferente que se revelen sobre ellas datos que inciden muy directamente sobre su honor y su intimidad”.
Es decir, el TC considera que “la noticia relata hechos pasados sin ninguna incidencia en el presente”, por lo que su retransmisión “transcurridos más de treinta años desde que los hechos ocurrieron, carece a día de hoy de toda relevancia para la formación de la opinión pública libre, más allá de la derivada de la publicación en la hemeroteca digital”.
En consecuencia, “el transcurso de tan amplio margen de tiempo ha provocado que el inicial interés que el asunto suscitó haya desaparecido por completo”, por lo que “a la inversa, el daño que la difusión actual de la noticia produce en los derechos al honor, intimidad y protección de datos personales de las personas recurrentes reviste particular gravedad, por el fuerte descrédito que en su vida personal y profesional origina la naturaleza de los datos difundidos (participación en un delito, drogadicción)”.
“Este daño, añade el Tribunal, se estima desproporcionado frente al escaso interés actual que la noticia suscita, y que se limita a su condición de archivo periodístico”.
Por ello, concluye “, en concreto los nombres y los apellidos de las personas recurrentes, para su uso por el motor de búsqueda interno de El País debe ser considerada una medida limitativa de la libertad de información idónea, necesaria y proporcionada al fin de evitar una difusión de la noticia lesiva de los derechos invocados”.
El fallo concluye afirmando que debe tenerse en cuenta que los motores de búsqueda internos de los sitios web cumplen la función de permitir el hallazgo y la divulgación de la noticia y que esa función queda garantizada aunque se suprima la posibilidad de efectuar la búsqueda acudiendo al nombre y apellidos de las personas en cuestión, que no tienen relevancia pública alguna. Por tanto, “siempre será posible si existe una finalidad investigadora en la búsqueda de información alejada del mero interés periodístico en la persona investigada, localizar la noticia mediante una búsqueda temática, temporal, geográfica o de cualquier otro tipo”. Por lo tanto, no son necesarios los datos personales de los solicitantes del amparo, que nada agregan al interés de la noticia, bastando las iniciales del nombre y los apellidos.