TERCERO.- En el supuesto que nos ocupa, el testamento otorgado por D. Lucas el 6 de abril de 2018 genéricamente afirma que deshereda a su hijo, D. Leoncio, "por haber incurrido en las causas previstas en los números 1 y 2 del art. 853 del Código Civil".
Comenzando por la primera de las invocadas, el nº 1 establece como causa de desheredación, haber negado, sin motivo legítimo, los alimentos al padre o ascendiente que le deshereda.
Suele entenderse por doctrina y jurisprudencia que no es necesario que los alimentos hayan sido reclamados judicialmente, bastando que la negativa se pruebe por cualquier medio, con arreglo al artículo 850 del Código Civil (LA LEY 1/1889); que tampoco es preciso que se haya producido el hecho de quedarse el ascendiente sin alimentos porque otra persona se los haya prestado; que, en caso de haberse decretado judicialmente la obligación de prestar alimentos, aunque ésta se cumpla, si consta la anterior negativa, se habrá producido la justa causa para desheredar, y, finalmente, que no hay razón para exigir, además, mala fe o temeridad en la negativa.
La sentencia recurrida se centra más en la concurrencia de la causa del nº 2, pero en su fundamentación jurídica hace reiteradas referencias a que quienes se encargaron de cuidar a D. Lucas y a su esposa fueron sus hijos D. Lucas y Dª. Araceli, que no consta que D. Leoncio haya atendido a sus progenitores ni les haya prestado alimentos, y que en el momento en que en el mes de enero de 2018 el difunto D. Lucas y su hijo D. Leoncio mantienen la conversación que se transcribe y acompaña con el escrito de demanda, conversación en la que D. Leoncio se queja de la atención que recibe y le pregunta por la habitación en su casa que en ocasiones le ha ofrecido, el difunto no obtiene más respuesta que la interposición de una demanda de incapacitación.
Pues bien, en primer lugar, aparte de la conversación transcrita, no consta que en ningún momento el difunto D. Lucas pidiera alimentos a su hijo D. Leoncio, y tampoco consta que se encontrara necesitado, pues puede considerarse probado por distintas declaraciones testificales que percibía una pensión, aunque no se haya determinado su importe, pudiendo haber aportado los demandados un recibo de la misma o un extracto bancario, y tampoco se ha acreditado que D. Lucas y Dª. Araceli le prestasen periódicamente asistencia económica, salvo la asistencia material que sí le prestaba su hija Dª. Araceli, que vivía en el piso de arriba. En cuanto a la conversación, los demandados afirman que debía tratarse de un momento de contrariedad de su padre, y, en cualquier caso, al promover el procedimiento de incapacitación D. Leoncio se ofreció como tutor de D. Lucas, de forma que, prescindiendo del disgusto que pudiera causar a su padre, del que nos ocuparemos más adelante, no puede afirmarse que no estuviese dispuesto a atenderle. En definitiva, no se ha acreditado la concurrencia de la causa de desheredación del art. 853.1 del Código Civil (LA LEY 1/1889), haber negado alimentos al testador.
CUARTO.- Respecto de la segunda de las causas invocadas, haber "maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra" al padre o ascendiente, la jurisprudencia del Tribunal Supremo en los últimos años ha llevado a cabo una interpretación flexible del art. 853.2.ª CC (LA LEY 1/1889), y, tal y como expone la muy reciente sentencia de 24 de mayo de 2022 (LA LEY 101516/2022):
"Atendiendo a la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicada la norma, y tratando de dar respuesta a las situaciones de menosprecio y abandono a las que pueden verse expuestas las personas vulnerables de edad avanzada, la sala ha declarado que "el maltrato psicológico se configura como una injustificada actuación del heredero que determina un menoscabo o lesión de la salud mental del testador o testadora, de forma que debe considerarse comprendida en la expresión que encierra el maltrato de obra en el art. 853.2.ª CC". Así, lo ha reiterado la sentencia 267/2019, de 13 de mayo (LA LEY 53858/2019), en la que, con cita de las sentencias 258/2014, de 3 de junio (LA LEY 74491/2014), y 59/2015, de 30 de enero (LA LEY 10075/2015), para el caso que juzga, afirma:
"El motivo debe ser desestimado. En primer lugar, en contra de lo alegado por los recurrentes, hay que precisar que la sentencia recurrida, de modo expreso, sustenta su fundamentación jurídica desde el concepto del maltrato psicológico dado por esta sala en sus sentencias 258/2014, de 3 de junio (LA LEY 74491/2014) y 59/2015, de 30 de enero (LA LEY 10075/2015). En dichas sentencias, el maltrato psicológico se configura como una injustificada actuación del heredero que determina un menoscabo o lesión de la salud mental del testador o testadora, de forma que debe considerarse comprendida en la expresión que encierra el maltrato de obra en el art. 853.2 CC. (LA LEY 1/1889) En el presente caso, la sentencia recurrida considera acreditado que ambos hermanos incurrieron en una conducta de menosprecio y abandono familiar respecto de su madre, sin justificación alguna y sólo imputable a los mismos".
De esta forma, el maltrato psicológico reiterado ha quedado comprendido dentro de la causa de desheredación de maltrato de obra del art. 853.2.ª CC (LA LEY 1/1889), al entender que es un comportamiento que puede lesionar la salud mental de la víctima.
En la sentencia 401/2018, de 27 de junio (LA LEY 77111/2018), afirmamos además que una falta de relación continuada e imputable al desheredado podría ser valorada como causante de unos daños psicológicos y, en consecuencia, podría configurarse como una causa de privación de la legítima.
En el sistema legal vigente no toda falta de relación afectiva o de trato familiar puede ser enmarcada, por vía interpretativa, en las causas de desheredación establecidas de modo tasado por el legislador. Es preciso ponderar y valorar si, en atención a las circunstancias del caso, el distanciamiento y la falta de relación son imputables al legitimario y además han causado un menoscabo físico o psíquico al testador con entidad como para poder reconducirlos a la causa legal del "maltrato de obra" prevista en el art. 853.2.ª CC. (LA LEY 1/1889)
En el presente caso, a la vista de los hechos probados por la sentencia de apelación, confirmatoria de la del juzgado, resulta que la causante, tras el fallecimiento de su hijo y padre de las actoras, otorgó un testamento notarial por el que las desheredaba, según manifestó, "por haberla maltratado de obra". En el testamento la causante añadió expresamente que, para el caso de que por cualquier motivo no se hiciera efectiva la desheredación de las nietas (cabe pensar que por no quedar probada o por llegar a un acuerdo con los herederos), les legaba lo que por legítima estricta les correspondiera.
En la instancia no ha quedado acreditado el maltrato de obra invocado por la testadora ni tampoco un menoscabo psicológico derivado del comportamiento de las nietas. Sí ha quedado acreditada la falta de relación familiar y afecto que, como bien dice la Audiencia, se produce tras una historia previa de desencuentros que determinaron una situación de falta absoluta de relación de las actoras con su padre y con la familia de este. En esa historia es destacable que fuera la misma abuela quien, en 2004, tras la separación de los padres de las actoras, desahuciara judicialmente a la madre y las nietas de la vivienda situada en el camping familiar y que habían venido ocupando desde su nacimiento, lo que no ha sido negado por la recurrente.
Así las cosas, y partiendo de los hechos probados, debemos confirmar la sentencia recurrida.
El legislador sigue manteniendo como límite a la voluntad del causante la necesidad de expresar una "justa causa" de desheredación para privar de la legítima a los legitimarios. Esta sala ha admitido que los tribunales pueden interpretar con arreglo a la realidad social las causas legales de desheredación. Por ello, como afirmamos en la sentencia 401/2018, de 27 de junio (LA LEY 77111/2018), una falta de relación continuada e imputable al desheredado, ponderando las circunstancias del caso, podría ser valorada como causante de unos daños psicológicos y, en consecuencia, podría encuadrarse en una de las causas de privación de la legítima establecidas por el legislador. Sin embargo, la aplicación del sistema vigente no permite configurar por vía interpretativa una nueva causa autónoma de desheredación basada exclusivamente, sin más requisitos, en la indiferencia y en la falta de relación familiar, puesto que el legislador no la contempla. Lo contrario, en la práctica, equivaldría a dejar en manos del testador la exigibilidad de la legítima, privando de ella a los legitimarios con los que hubiera perdido la relación con independencia del origen y los motivos de esa situación y de la influencia que la misma hubiera provocado en la salud física o psicológica del causante."
Volviendo a examinar la prueba practicada, que la juez a quo reproduce de forma pormenorizada en la sentencia, puede considerarse que la relación entre D. Lucas y su hijo no era fluida, aunque tampoco era inexistente, como pone de manifiesto la conversación que mantuvieron entre ambos en enero de 2018 que se aportó con el escrito de demanda; realmente no se ha probado a qué se debía esa mala relación, puesto que, por una parte, D. Lucas presentaba, según los informes médicos aportaos, rasgos obsesivos de personalidad, irritabilidad, pesimismo, siendo diagnosticado en 2018 de un trastorno bipolar no especificado, y D. Leoncio, a su vez, padecía también distintos trastornos psíquicos, entre ellos un trastorno bipolar II (depresión mayor): de la declaración de alguno de testigos, quizás pueda intuirse que D. Lucas no estaba de acuerdo con la forma de vida de su hijo por las declaraciones de algunos testigos, pero otros testigos manifestaron que la relación tampoco era mala. Lo que sí parece bastante claro es que la interposición por D. Leoncio de una demanda de incapacitación respecto de su padre, D. Lucas, pretendiendo ser nombrado su tutor y apartarlo de sus hermanos, pues pretendía que, caso de no ser recaer en él dicho nombramiento, se designase a la Comisión Tutelar de Adultos, produjo un disgusto a su padre, D. Lucas, disgusto que es lo que probablemente le induce a desheredar a su hijo, otorgando un nuevo testamento pocos días después de recibir la demanda (la demanda se admite por Decreto de 12 de marzo y el testamento desheredando a D. Leoncio está fechado el 6 de abril). Analizando la demanda, en la misma se afirmaba genéricamente que D. Lucas tenía 91 años de edad y padecía un deterioro cognitivo tipo demencia senil, así como que tomaba diariamente Arizol, al parecer un antipsicótico que se utiliza para tratar adultos que padecen una enfermedad caracterizada por síntomas tales como oír, ver y sentir cosas que no existen, desconfianza, creencias erróneas, habla incoherente y monotonía emocional y de comportamiento. Se acompaña con la demanda como documentación médica únicamente un cuadro con la medicación que tomaba D. Lucas. Si examinamos la documentación médica aportada, a buena parte de la cual nos hemos referido con anterioridad, D. Lucas presentaba una serie de padecimientos psiquiátricos, pero, como se hace constar en los informes de Salud Mental del Centro de Salud de Valdepasillas, no presentaba signos de deterioro cognitivo y su discurso solía estar bien estructurado; por otra parte ninguno de los testigos que prestaron declaración en el acto del juicio afirmó que D. Lucas se encontrase en una situación de enfermedad que le impidiera gobernarse por sí mismo. Finalmente el propio D. Leoncio optó por desistir de la demanda. Pues bien, vista la escasa documentación aportada con la demanda de incapacitación, la documentación clínica aportada y las declaraciones de los testigos, la demanda parece formulada con poco fundamento.
La cuestión que se plantea es, por tanto, si una demanda de incapacitación insuficientemente justificada puede entenderse como causa suficiente para desheredar a un hijo, y lo cierto es que el art. 757 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) vigente en el momento de suceder los hechos legitimaba a D. Leoncio para promover la incapacitación de su padre, y, aunque la documentación aportada fuera endeble, en el propio proceso de incapacitación intervendría el Médico Forense para comprobar si realmente concurría alguna enfermedad o padecimiento permanente que impidiera a D. Lucas gobernar su persona y bienes por sí mismo, sin que se aprecie una especial mala fe al interponer la demanda por parte de D. Leoncio. Es comprensible que D. Lucas se pudiera sentir ofendido o molesto por la demanda, pero no podemos entender que el ejercicio de una acción destinada a proteger su persona y patrimonio por quien está legitimado para hacerlo sea equiparable a un maltrato psicológico, sin que tampoco, más allá del lógico enfado y contrariedad, se haya probado que llegara a sufrir un daño psicológico determinado. En definitiva, la interposición de la demanda de incapacitación no puede considerarse por sí misma causa para desheredar al recurrente, tampoco en el marco de la interpretación más reciente que viene haciendo el Tribunal Supremo de la causa prevista en el art. 853.2 del Código Civil (LA LEY 1/1889).