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PRIMERO.- Se mantienen en su integridad los hechos probados de la sentencia de instancia, al haberse desestimado los motivos de revisión fáctica planteados, por las razones que se expondrán en los siguientes fundamentos de derecho.

SEGUNDO.- La demandante estuvo contratada por la empresa demandada como interina por sustitución, con funciones de conserje, en una residencia de personas dependientes, hasta que fue despedida el 20 de julio de 2021 (con carta de despido notificada el 9 de agosto) por causas disciplinarias. En la demanda rectora de los autos, además de impugnarse el despido, se reclamaba el pago de la parte proporcional de la paga extra de navidad, que la demandante consideraba debida. La sentencia de instancia declara procedente el despido, pero condena al pago de la parte proporcional de la paga extra, en proporción al tiempo transcurrido desde el inicio de su devengo, el 1 de junio de 2021, hasta la notificación del despido, el 9 de agosto de 2021, sin examinar la incidencia en ese devengo del proceso de incapacidad temporal, que es lo que le planteó la demandada, aunque en hechos probados recoge que la demandante inició una incapacidad temporal el 27 de mayo de 2021. Disconforme con esta sentencia la recurre en suplicación la parte demandada pretendiendo que sea revocada en parte y en su lugar la Sala dicte otra que desestime en su totalidad la demanda, para lo cual plantea un motivo para la revisión de los hechos probados, por el 193.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011), y otro de examen de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia, del 193.c de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011). El recurso ha sido impugnado por la parte demandante, la cual se opone al mismo, pide que se desestime, y se confirme la sentencia de instancia.

TERCERO.- Examinando en primer lugar el motivo de revisión de hechos, con carácter general debe recordarse que aunque el artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) permita a la Sala de Suplicación revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas, este motivo de recurso está sujeto a una serie de límites sustantivos, como son:

1º) La revisión de hechos no faculta al tribunal de suplicación (pues este recurso no es una segunda instancia, sino un recurso extraordinario) a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada e incorporada al proceso, sino que la misma debe operar sobre prueba documental o pericial que demuestre patentemente el error de hecho.

2º) No es posible, como regla general, admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el Juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada ( sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1967, 18 y 27 de marzo de 1968, 8 y 30 de junio de 1978, y 2 de mayo de 1985). Todo ello exceptuando los casos en los que la valoración efectuada en instancia de tales documentos o periciales se evidencie como claramente irrazonable, por extraer hechos que de ninguna manera puedan sustentarse en los documentos que se supone han sido valorados, o haberse omitido sin justificación datos que resulten claramente de los mismos y no estén contradichos por otros medios de prueba, o haberse efectuado la valoración con apartamiento de las más elementales reglas de la lógica ( sentencias del Tribunal Constitucional 225/2005, de 12 de septiembre (LA LEY 13485/2005) o 214/1999, de 29 de noviembre (LA LEY 1810/2000)).

3º) En el supuesto de documentos o pericias contradictorias y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevaler la solución fáctica realizada por el Juez o Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba ( Sentencias del Tribunal Constitucional 44/1989, de 20 de febrero (LA LEY 553/1989) y 24/1990 de 15 de febrero (LA LEY 609/1990)), con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1980, 10 de octubre de 1991, 10 de mayo, 16 de diciembre de 1993, o 10 de marzo de 1994). De igual manera, los documentos privados que hayan sido impugnados en su autenticidad por la contraparte y no hayan sido adverados no pueden fundamentar una revisión de los hechos probados, pues tales documentos se han de valorar conforme a las reglas de la sana crítica, puestos en relación con el resto de prueba y elementos de convicción, y no cabe atribuir a los mismos valoración tasada alguna ( artículos 319 (LA LEY 58/2000) y 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000), en relación con los artículos 1218 a (LA LEY 1/1889)1230 del Código Civil (LA LEY 1/1889)).

4º) Los documentos o pericias en los que se fundamente la revisión han de poner de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, y superando la valoración global de la prueba que haya podido hacer la sentencia de instancia.

5º) La revisión pretendida ha de ser trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, en principio con potenciales efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico. No obstante, se puede admitir la revisión cuando la misma refuerza argumentalmente el pronunciamiento de instancia ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2012, recurso 19/2011 (LA LEY 134550/2012), o 15 de diciembre de 2015, recurso 34/2015 (LA LEY 216840/2015), entre otras).

CUARTO.- Desde un punto de vista formal, es doctrina judicial consolidada que en la articulación del motivo de revisión fáctica del 193.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) se han de cumplir los siguientes requisitos (en parte, ahora recogidos en el artículo 196.3 de la Ley):

1º) Ha de señalarse con precisión cual sea el hecho afirmado, negado u omitido que se entienda equivocado, contrario a los acreditados o que consten con evidencia y no se hayan incorporado al relato fáctico.

2º) El recurrente ha de ofrecer un texto alternativo concreto a figurar en la narración tildada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien suprimiéndolos, bien complementándolos. En cualquier caso, y al igual que es exigible a los hechos probados de la sentencia, el texto alternativo propuesto no puede incluir conceptos o valoraciones jurídicas que sean predeterminantes del fallo.

3º) El recurso ha de citar pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica ni plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso. La cita global y genérica de documentos carece de valor y operatividad a efectos del recurso ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1995), estando el recurrente obligado a determinar con exactitud y precisión el documento concreto y particularizado en que se apoya su pretensión revisora, exponiendo de forma adecuada las razones por las que el documento o documentos acreditan o evidencian la existencia del error que se denuncia ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1995), así como la correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que propone ( Sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2001).

QUINTO.- Amparándose en las nóminas de la demandante de los meses de mayo, junio y julio de 2021, documentos 4, 5 y 6 del ramo de prueba de la empresa, la recurrente pretende que se modifique el hecho probado 6º para hacer constar que la situación de incapacidad temporal se prolongó y se mantuvo hasta la fecha del despido, extremo que afirma no fue controvertido y que considera relevante para resolver si se devengó o no la paga extraordinaria de Navidad de 2021. El texto propuesto es el siguiente: "La actora inició proceso de IT el 27/05/2021, por síndrome de ansiedad, (folio 11 de autos), percibiendo desde entonces las correspondientes prestaciones de IT en pago delegado (recibos de nóminas y liquidación)".

SEXTO.- De las nóminas invocadas para basar la modificación se desprende que efectivamente tras iniciar la demandante la incapacidad temporal, lo que le abonó la empresa fueron las correspondientes prestaciones, en pago delegado, como literalmente propone el texto alternativo, aunque ha de señalarse que el dato que la recurrente considera más importante, que la demandante continuaba en incapacidad temporal al momento de su despido, dato que igualmente podría inferirse directamente de las nóminas y que no parece efectivamente que fuera controvertido, no se contiene en la propuesta de adición. En consecuencia, los datos que se pretende adicionar al hecho probado no añaden nada verdaderamente significativo a lo que ya consta en el hecho probado 6º, pues si la sentencia no recoge la existencia de alta médica antes de producirse el despido, en principio se presume que la baja médica subsistía al momento de extinguirse la relación laboral; durante el periodo de incapacidad temporal lo que se devenga de ordinario no son salarios sino prestaciones; y desde el momento en que en la demanda no se estaban reclamando prestaciones de incapacidad temporal -tampoco era posible acumular tal reclamación al despido, porque esas prestaciones han de reclamarse en un procedimiento de seguridad social, demandando a la entidad gestora y colaboradora, y acreditando reclamación previa contra las mismas-, la conclusión es que la propuesta resulta inútil y no puede ser estimada.

SÉPTIMO.- En el motivo de censura jurídica la empresa recurrente denuncia infracción del artículo 42.G) del convenio colectivo marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes, en relación con el artículo 102.2 de la Ley General de la Seguridad Social (LA LEY 16531/2015). Infracción que considera producida porque, devengándose la segunda paga extraordinaria de 2021 a partir del 1 de junio de 2021, como en todo el periodo de devengo de esa paga extraordinaria la demandante estuvo en incapacidad temporal, la misma solo habría devengado prestaciones de incapacidad temporal, en las cuales se contempla la parte proporcional de las pagas extras, pero no tiene derecho al devengo de salario, incluyendo las pagas extraordinarias, de modo que la demandante no habría generado derecho alguno a percibir la parte proporcional de la paga extraordinaria reclamada en la demanda y objeto de condena en la sentencia recurrida.

OCTAVO.- Como señalan las sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 21 de abril de 2010, recurso 479/2009 (LA LEY 93579/2010) o 21 de diciembre de 2010, recurso 1057/2010 (LA LEY 244575/2010), "Las gratificaciones extraordinarias constituyen una manifestación del llamado salario diferido, se devengan dia a día, aunque su vencimiento tiene lugar en determinados meses del año, y su importe debe equipararse al salario regularmente percibido por el trabajador, salvo que por norma convencional de carácter prioritario se establezcan exclusiones, o bien, importes específicos". Y, en relación al periodo de devengo, señala la sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de enero de 2016 (con doctrina reiterada en por ejemplo la de 10 de abril de 2019, recurso 937/2017 (LA LEY 53263/2019)), que el mismo puede ser de carácter anual o semestral, y que "el convenio colectivo suele optar por una de estas posibilidades, pero ante su ausencia o silencio debe considerarse que las pagas extras se devengan en doce mensualidades, aplicándose el principio de liquidación anual de cada paga, de suerte que su devengo se produce en el período de un año. De esta forma, cuando se ingresa en la empresa, al llegar el momento del abono de la paga extraordinaria, sólo se tiene derecho a la parte proporcional del tiempo trabajado. Lo mismo sucede al finalizar la relación laboral, momento en que el trabajador tiene derecho al abono del período devengado de las correspondientes pagas extraordinarias".

NOVENO.- El VII Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal, que la sentencia de instancia considera aplicable por conformidad de las partes, regula en su artículo 42.G) las gratificaciones extraordinarias, en el siguiente sentido "Se abonarán dos pagas extraordinarias, con devengo semestral, equivalentes a una mensualidad de salario base, más antigüedad, la primera con devengo del 1 de diciembre al 31 de mayo y abono el día 15 de junio y la segunda con devengo de 1 de junio al 30 de noviembre y abono el día 15 de diciembre. En ningún caso dichas gratificaciones se abonarán prorrateadas mensualmente, salvo en los contratos menores de seis meses o cuando exista acuerdo con la representación unitaria o sindical".

DÉCIMO.- En consecuencia, y como señala la recurrente, el devengo de la segunda paga extraordinaria de 2021, cuya parte proporcional es la que precisamente se reclamaba en la demanda bajo el nombre de "paga de Navidad" (aunque la recurrida pretenda ahora alegar lo contrario, con alegaciones confusas o que pretenden inducir a confusión, alegando que no consta pagada la paga extraordinaria devengada hasta el 27 de mayo de 2021, que sería la paga extraordinaria de verano; la cual, si no consta en hechos probados pagada, es porque la demandante nunca planteó en su demanda que no se le hubiera pagado, no habiendo sido objeto de debate), comenzó el 1 de junio de 2021. Fecha a la cual la demandante estaba en incapacidad temporal, habiendo permanecido en tal situación, según se infiere de los hechos probados y alegaciones de las partes, hasta el momento de su despido. La cuestión es, por tanto, la incidencia que ha de tener dicha situación de incapacidad temporal en el devengo de las pagas extraordinarias, cuestión cuya resolución ha sido completamente obviada en la sentencia recurrida.

UNDÉCIMO.- Como resulta del artículo 45.1.c) del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015), la situación de incapacidad temporal es causa de suspensión del contrato de trabajo, situación de suspensión que exonera de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo ( artículo 45.2 del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015)), devengándose en cambio por la persona trabajadora, durante la situación de incapacidad temporal, las prestaciones económicas de seguridad social legal y reglamentariamente previstas para esa situación ( artículo 171 de la Ley General de la Seguridad Social (LA LEY 16531/2015)), prestación económica para cuyo cálculo se parte de una base reguladora en la cual está incluida la parte proporciona de las pagas extraordinarias.

DUODÉCIMO.- Siendo las pagas extraordinarias, como señala la jurisprudencia, un salario diferido, que se devenga día a día, si el contrato de trabajo está suspendido, y durante esa suspensión el empleador no está obligado a pagar el salario, la conclusión es que durante los periodos de incapacidad temporal no se devengan las pagas extraordinarias, de modo que del importe que finalmente proceda pagar en su caso, a la fecha de abono prevista legal o convencionalmente, habrá de minorarse con la parte proporcional del tiempo en que la persona trabajadora ha permanecido en incapacidad temporal. Y la excepción a esta regla general, como señala la sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2009, recurso 1657/2008 (LA LEY 4810/2009), es que por pacto individual o colectivo se establezca otra cosa, por ejemplo computando el periodo de incapacidad temporal como tiempo de trabajo efectivo a efectos de devengo de las pagas extraordinarias (el caso resuelto en esa sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2009), ordenando el pago completo de las pagas extraordinarias pese a las situaciones de incapacidad temporal, o bien estableciendo algún complemento de prestaciones de incapacidad temporal que obliguen a complementar la totalidad del salario habitual.

DECIMOTERCERO.- En el presente caso, el convenio colectivo no establece excepción alguna aplicable al presente caso que permita concluir que durante la situación de incapacidad temporal la demandante siguió devengando la segunda paga extraordinaria de 2021. Lo único que contempla el convenio, en su artículo 47, es un complemento de prestaciones de incapacidad temporal de hasta el 100% del salario, pero solamente durante los veintiún primeros días de baja, y solamente si la incapacidad temporal deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional, contingencia profesional que no consta que fuera la determinante de la incapacidad temporal iniciada por la demandante el 27 de mayo de 2021.

DECIMOCUARTO.- En consecuencia, habiendo permanecido la demandante con su contrato de trabajo suspendido desde el 27 de mayo de 2021 hasta su despido, y siendo la paga extraordinaria de navidad de devengo semestral, según el convenio colectivo, con inicio de devengo el 1 de junio, la conclusión es que la demandante no ha podido devengar cantidad alguna por esa paga extraordinaria, no estando en consecuencia la empresa obligada a liquidar y abonar la parte proporcional de la misma cuando procedió al despido de la demandante. No habiéndolo entendido así la sentencia recurrida, procede estimar el recurso, revocar parcialmente el pronunciamiento de instancia y, en lugar del mismo, desestimar totalmente la acción acumulada de reclamación de cantidad, lo que supone la total desestimación de la demanda, al no haberse recurrido el pronunciamiento de instancia declarando procedente el despido.

DECIMOQUINTO.- De acuerdo con lo previsto en los artículos 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011), en relación con el 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000), al estimarse el recurso no habría parte vencida y en consecuencia no procede hacer especial imposición de costas.