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PRIMERO.- Se mantienen en su integridad los hechos probados de la sentencia de instancia, al haberse desestimado los motivos de revisión fáctica planteados, por las razones que se expondrán en los siguientes fundamentos de derecho.

SEGUNDO.- El trabajador demandante estaba contratado por "Torneo Parque Control, Sociedad Limitada" mediante contrato de obra, para prestar servicios como auxiliar controlador en una promoción de viviendas desocupadas. En la demanda rectora de los autos afirma que se enteró el 25 de julio de 2020, por medio de un mensaje SMS de la Tesorería General de la Seguridad Social, que había sido dado de baja por la demandada, y que no había recibido comunicación alguna de su empleadora, pero la empresa demandada, en juicio, alegó que el 9 de julio se le había notificado al demandante por correo electrónico, medio habitual de comunicación entre las partes y por el que se le entregaban las nóminas, la comunicación de fin de contrato en esa misma fecha de 9 de julio, por lo que, habiéndose presentado la papeleta de conciliación el 20 de agosto, la demanda estaría caducada. La sentencia de instancia declara expresamente probado que efectivamente el 9 de julio se le envió al correo electrónico del actor la comunicación de extinción del contrato y que ese correo electrónico era la forma habitual de comunicarse las partes del contrato, estimando a la vista de ello, y ante la falta de acreditación de haberse comunicado el 25 de julio por la Tesorería General de la Seguridad Social y mensajería SMS la baja del demandante que constaba tramitada el 9 de julio, que el demandante estaba enterado de la extinción de su contrato de trabajo desde el 9 de julio de 2020, y derivado de ello que la acción de despido estaría caducada, al haberse presentado la conciliación el 20 de agostos, transcurridos con creces más de 20 días hábiles. Disconforme con esta sentencia la recurre en suplicación la parte actora pretendiendo que sea revocada y en su lugar la Sala dicte otra que estime en su totalidad la demanda, para lo cual plantea un primer motivo, para la revisión de los hechos probados, por el 193.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011), y un segundo motivo, para el examen de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia, del 193.c de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011). El recurso ha sido impugnado por la parte demandada, la cual se opone al mismo, pide que se desestime, y se confirme la sentencia de instancia.

TERCERO.- Examinando en primer lugar el motivo de revisión de hechos, con carácter general debe recordarse que aunque el artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) permita a la Sala de Suplicación revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas, este motivo de recurso está sujeto a una serie de límites sustantivos, como son:

1º) La revisión de hechos no faculta al tribunal de suplicación (pues este recurso no es una segunda instancia, sino un recurso extraordinario) a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada e incorporada al proceso, sino que la misma debe operar sobre prueba documental o pericial que demuestre patentemente el error de hecho.

2º) No es posible, como regla general, admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el Juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada ( sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1967, 18 y 27 de marzo de 1968, 8 y 30 de junio de 1978, y 2 de mayo de 1985). Todo ello exceptuando los casos en los que la valoración efectuada en instancia de tales documentos o periciales se evidencie como claramente irrazonable, por extraer hechos que de ninguna manera puedan sustentarse en los documentos que se supone han sido valorados, o haberse omitido sin justificación datos que resulten claramente de los mismos y no estén contradichos por otros medios de prueba, o haberse efectuado la valoración con apartamiento de las más elementales reglas de la lógica ( sentencias del Tribunal Constitucional 225/2005, de 12 de septiembre (LA LEY 13485/2005) o 214/1999, de 29 de noviembre (LA LEY 1810/2000)).

3º) En el supuesto de documentos o pericias contradictorias y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevaler la solución fáctica realizada por el Juez o Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba ( Sentencias del Tribunal Constitucional 44/1989, de 20 de febrero (LA LEY 553/1989) y 24/1990 de 15 de febrero (LA LEY 609/1990)), con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1980, 10 de octubre de 1991, 10 de mayo, 16 de diciembre de 1993, o 10 de marzo de 1994). De igual manera, los documentos privados que hayan sido impugnados en su autenticidad por la contraparte y no hayan sido adverados no pueden fundamentar una revisión de los hechos probados, pues tales documentos se han de valorar conforme a las reglas de la sana crítica, puestos en relación con el resto de prueba y elementos de convicción, y no cabe atribuir a los mismos valoración tasada alguna ( artículos 319 (LA LEY 58/2000) y 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000), en relación con los artículos 1218 a (LA LEY 1/1889)1230 del Código Civil (LA LEY 1/1889)).

4º) Los documentos o pericias en los que se fundamente la revisión han de poner de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, y superando la valoración global de la prueba que haya podido hacer la sentencia de instancia.

5º) La revisión pretendida ha de ser trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, en principio con potenciales efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico. No obstante, se puede admitir la revisión cuando la misma refuerza argumentalmente el pronunciamiento de instancia ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2012, recurso 19/2011 (LA LEY 134550/2012), o 15 de diciembre de 2015, recurso 34/2015 (LA LEY 216840/2015), entre otras).

CUARTO.- Desde un punto de vista formal, es doctrina judicial consolidada que en la articulación del motivo de revisión fáctica del 193.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) se han de cumplir los siguientes requisitos (en parte, ahora recogidos en el artículo 196.3 de la Ley):

1º) Ha de señalarse con precisión cual sea el hecho afirmado, negado u omitido que se entienda equivocado, contrario a los acreditados o que consten con evidencia y no se hayan incorporado al relato fáctico.

2º) El recurrente ha de ofrecer un texto alternativo concreto a figurar en la narración tildada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien suprimiéndolos, bien complementándolos. En cualquier caso, y al igual que es exigible a los hechos probados de la sentencia, el texto alternativo propuesto no puede incluir conceptos o valoraciones jurídicas que sean predeterminantes del fallo.

3º) El recurso ha de citar pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica ni plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso. La cita global y genérica de documentos carece de valor y operatividad a efectos del recurso ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1995), estando el recurrente obligado a determinar con exactitud y precisión el documento concreto y particularizado en que se apoya su pretensión revisora, exponiendo de forma adecuada las razones por las que el documento o documentos acreditan o evidencian la existencia del error que se denuncia ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1995), así como la correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que propone ( Sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2001).

QUINTO.- En el motivo de revisión de hechos probados, el trabajador recurrente pretende suprimir los ordinales 3º y 4º del relato de hechos probados (que afirma que la empresa usaba el correo electrónico para comunicarse con sus trabajadores, y que por ese medio se le envió la comunicación de fin de contrato) alegando que los extremos recogidos en esos hechos probados no han quedado acreditados, acusando a la sentencia de instancia de haber llevado a cabo una valoración errónea de los medios de prueba, como la impresión del correo electrónico o la testifical, alegando cosas como que el testigo no podía saber si el medio de comunicación que la empresa empleaba con él lo empleaba con el demandante, o que la impresión del correo electrónico no acredita su recepción por parte del actor.

SEXTO.- Lo que está haciendo el recurrente no es denunciar la existencia de un error patente de valoración de la prueba que se evidencie de manera clara e incontestable con el mero examen de un determinado documento, sino que pretende que se lleve a cabo una nueva valoración global de la prueba, y que la llevada a cabo por la juzgadora, que se presume imparcial, se sustituya por otra más favorable a los intereses del recurrente. Pero este tipo de valoraciones globales de la prueba son inadmisibles en suplicación, recurso que no abre una segunda instancia, y en particular, la Sala no puede modificar el texto del relato de hechos probados llevando a cabo un nuevo examen de la prueba testifical, porque este tipo de prueba es inhábil a efectos del artículo 193.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011), y la valoración de lo manifestado por los testigos en juicio es potestad soberana de la juzgadora de instancia, solo muy excepcionalmente revisable, y ello por el cauce de la nulidad de actuaciones artículo 193.a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) pero nunca por el 193.b), si la valoración de la testifical hecha en instancia hubiera quebrantado las más elementales reglas de valoración de la prueba conforme a la sana crítica, por haberse partido de premisas imposibles, claramente inexistentes (como una testifical que nunca se hubiera practicado en juicio), o haber seguido razonamientos contrarios a la lógica más elemental. Nada de lo cual se evidencia en el presente caso, porque un testigo sí puede saber cómo se comunica la empresa habitualmente con otros trabajadores (porque incluso si ese conocimiento no fuera directo, por ejemplo por ser el testigo el que se encargaba de gestionar las comunicaciones, un testigo de referencia seguiría siendo igualmente admisible), y en todo caso, la práctica habitual referida por el testigo tenía apoyo en otros medios de convicción (como que la empresa conociera la dirección de correo electrónico del demandante, que el actor no niega que sea la correcta; o que el actor tuviera en su poder, y aportara con su demanda, copias de las nóminas, que según la empresa se le notificaba igualmente por correo electrónico).

SÉPTIMO.- Lo mismo puede decirse de la nueva valoración que pretende el trabajador de la impresión del correo electrónico (porque lo que se ha aportado es una mera impresión, no el documento digital mismo) que la empresa aportó en su ramo de prueba y que obra a los folios 47 y 48 de autos, porque incluso admitiendo que efectivamente, al no constar que ese correo electrónico exigiera acuse de recibo o cuente con otro medio que acredite la efectiva recepción por el destinatario, el documento en cuestión podría no ser suficiente por sí solo para acreditar la notificación del fin del contrato el día 9 de julio de 2020, esa notificación efectiva puede deducirse del cotejo del documento con otros elementos de convicción, como ha hecho la juzgadora. Tales elementos de convicción son que el actor no niegue que la dirección de correo reflejada en el destinatario era suya; que la baja del actor fuera tramitada por la Tesorería General de la Seguridad Social el mismo día 9 de julio y en cambio el demandante no haya aportado el mensaje de texto supuestamente recibido el 25 de julio (como señaló en juicio la demandada, lo usual es que esas comunicaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social se reciban al día siguiente de la fecha de efectos o de tramitación de la baja, porque están automatizadas, de modo que una comunicación mucho más tardía no puede presumirse y debería haber sido objeto de prueba suficiente); o que el actor, con la documental aportada con su demanda, evidencie que se le notificaron las nóminas, sin alegar que su entrega se hiciera por otro medio que no fuera el correo electrónico, estando además entre esas nóminas la de julio de 2020, en la que solo se reconoce el salario de sus nueve primeros días, reclamando el actor en la demanda el pago de los nueve primeros días de julio sin llegar a afirmar que estuvo trabajando de forma efectiva entre el 10 y el 25 de julio. Las conclusiones de la juzgadora reflejadas en los dos hechos probados cuya supresión se pretende cuentan con apoyo suficiente en los medios de prueba y elementos de convicción obrantes en las actuaciones, y son conclusiones que no quebrantan las reglas de la sana crítica, lo que impide estimar el motivo.

OCTAVO.- En censura jurídica, el demandante denuncia vulneración del artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015), porque considera que es la empresa la que tendría que acreditar cumplidamente, y más allá de toda duda razonable, que se notificó al actor el 9 de julio de 2020 la finalización de su contrato de trabajo temporal en esa misma fecha, y, no constando esa notificación efectiva, que el demandante alega que tiene que ser fehaciente, el día inicial para cómputo del plazo de caducidad no puede ser la del supuesto envío del correo electrónico, sino "la fecha que consta como baja en el informe de vida laboral aportado con la demanda, que coincide con lo manifestado por esta parte en el escrito de demanda en cuanto a que mi mandante se enteró del despido por el mensaje SMS de la Seguridad Social". Procediendo seguidamente el recurrente a volver a censurar la forma en la que la juzgadora de instancia ha valorado la prueba para acabar concluyendo que el actor estaba notificado de la extinción de su contrato desde el día 9 de julio, o alegando que la empresa no ha acreditado el agotamiento de otros medios adecuados para notificar al actor la finalización de su contrato.

NOVENO.- La cita de precepto que se denuncia como infringido no resulta especialmente afortunada, porque si bien el último párrafo del invocado artículo 49.1.c del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015) dispone que si el contrato de trabajo de duración determinada es superior a un año (como ocurría en este caso), "la parte del contrato que formule la denuncia está obligada a notificar a la otra la terminación del mismo con una antelación mínima de quince días", este precepto no regula ningún cauce formal concreto por medio del cual haya de verificarse esa denuncia del contrato temporal. Y todo lo que plantea el recurrente en relación a la fecha inicial del cómputo del plazo de caducidad no derivaría de ese artículo 49.1.c, sino del 59.3 del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015), que regula la caducidad de la acción de despido, precepto que no se invoca en el recurso.

DÉCIMO.- En cualquier caso, el motivo se ampara fatalmente en una supresión de hechos probados que no podía admitirse, o en una nueva valoración de la prueba igualmente inadmisible. El plazo para plantear la acción de despido es de 20 días hábiles, no computándose sábados, domingos y festivos, conforme señalan los artículos 59.3 del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015) y 103.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011), que además califican expresamente el plazo como de caducidad. El plazo comienza a contarse a partir de la fecha de efectos del despido ("de aquel en que se hubiera producido", como señala el artículo 59.3 del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015)), salvo que la comunicación del mismo al trabajador se haya producido posteriormente a esa fecha de efectos, en cuyo caso es esa segunda fecha la que ha de tomarse como inicial del cómputo, como señala la jurisprudencia, que no obstante también concreta que en los casos de cese efectivo e indubitado en el trabajo se toma la fecha de tal cese y no la de la eventual notificación posterior ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2012, recurso 3124/2011 (LA LEY 154051/2012)). La presentación de papeleta de conciliación suspende el plazo de caducidad, pero el cómputo de la caducidad se reanudará (es decir, por los días que faltaban de plazo, no por un nuevo plazo de 20 días; sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 2006, recurso 27/2005 (LA LEY 115003/2006)) al día siguiente de intentada la conciliación o mediación o transcurridos quince días hábiles, excluyendo del cómputo los sábados, desde su presentación sin que se haya celebrado ( artículo 65.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011)). Se excluye, no obstante, del cómputo el propio día de presentación de la papeleta de conciliación ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2003, recurso 2121/2002 (LA LEY 40897/2003)), y el mismo día de celebración del intento de conciliación ante el órgano administrativo - artículo 65.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) "se reanudará al día siguiente de intentada la conciliación o mediación"-. También se ha de tener en cuenta que, a efectos de la presentación de la demanda, se considera en plazo la presentada en el registro judicial correspondiente antes de las 15 horas del día hábil siguiente a aquél en que expiró el plazo ( artículos 135.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000), 45.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011), y sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2005, recurso 1565/2004 (LA LEY 1324/2005)), posibilidad que se ha extendido incluso a la presentación de la papeleta de conciliación ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2013, recurso 2301/2012 (LA LEY 94185/2013) y de 26 de mayo de 2015, recurso 1784/2014 (LA LEY 90414/2015)).

UNDÉCIMO.- En aplicación de las reglas de la carga de la prueba, previstas en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000), correspondería a la empresa interesada en hacer valer la caducidad, como medio para quedar absuelta de las pretensiones actoras (artículo 217.3), la carga de probar el "dies a quo" o fecha inicial del cómputo del plazo de 20 días hábiles, es decir, probar la fecha de efectos del despido, o cuando se notificó el mismo al trabajador, o cuando se produjo el cese efectivo del demandante en el trabajo. Pero acreditado ese día inicial de cómputo, si entre ese día inicial y la fecha de presentación de la demanda (que es antecedente procesal y no necesidad prueba) se evidencia que han transcurrido más de veinte días hábiles, corresponde a la parte actora alegar y acreditar cualesquiera hechos que supongan suspensión del plazo de caducidad: cuando presentó conciliación previa, cuando se celebró el intento de conciliación, si solicitó justicia gratuita, etc.

DUODÉCIMO.- En la demanda el actor afirmaba que la primera noticia que tuvo de su despido fue el 25 de julio de 2020, al recibir un mensaje de texto de la Tesorería General de la Seguridad Social informándole que había sido dado de baja. En la demanda ni siquiera se concretaba cual era la fecha de efectos de la baja que se le había comunicado por la Tesorería, aunque en la reclamación de cantidad acumulada solamente se pedían salarios hasta el 9 de julio de 2020. La empresa, sin embargo, alegó que el actor estaba notificado de la extinción de su contrato desde el 9 de julio de 2020, y desplegó una serie de medios probatorios a partir de los cuales la juzgadora de instancia ha concluido que el demandante estaba enterado de la finalización de su contrato desde el 9 de julio de 2020, conclusión que además apoya en la falta de acreditación de la recepción el 25 de julio del mensaje de texto de la Tesorería General de la Seguridad Social. En todo caso, consta probado que el 9 de julio de 2020 se envió por la empresa un mensaje de correo electrónico en el que, como documento adjunto, se acompañaba la comunicación de fin de contrato; que ese correo electrónico era el medio habitual de comunicación entre las partes; y que el 9 de julio fue cuando se tramitó la baja del actor en la Tesorería General de la Seguridad Social. No constando en cambio ni que el actor siguiera prestando servicios hasta el 25 de julio (esa continuidad en la prestación de servicios podría indicar desconocimiento efectivo de la extinción del contrato), ni que no fuera hasta el 25 de julio cuando el demandante recibió notificación de la Tesorería General de la Seguridad Social informándole de su baja, cuando este tipo de notificaciones suelen hacerse al siguiente día hábil de la fecha de baja. Ante todo lo cual, la juzgadora ha podido concluir que el demandante sí que sabía desde el 9 de julio de 2020 que su contrato se había extinguido, conclusión que es razonable a la vista de las pruebas y demás elementos de convicción, porque la acreditación de tal conocimiento por parte del trabajador puede hacerse por la empresa a través de cualquier medio de prueba admitido en Derecho, y legalmente no se establece forma específica alguna de acreditar la recepción, no pudiendo limitarse tal acreditación, como pretende el recurrente, a recibos firmados por el actor o medios de prueba que cuenten con análoga fehaciencia entendida como "prueba plena", sino que puede acudirse a otros medios de prueba como testificales e incluso prueba indiciaria. Lo que exige la jurisprudencia es claridad y certeza sobre los hechos constitutivos de la caducidad, que los mismos se hayan considerado acreditados y no sean dudosos, pero no impone que la certeza del órgano de instancia se alcance solo a través de determinados medios probatorios.

DECIMOTERCERO.- Habiéndose considerado probado que la extinción del contrato se produjo el 9 de julio de 2020, y que el demandante a esa fecha era conocedor de tal extinción, la acción de despido estaría, como se ha concluido en instancia, caducada, pues el primer acto con efecto de suspensión del plazo de caducidad que consta probado es la presentación de la papeleta de conciliación el 20 de agosto de 2020, al trigésimo día hábil siguiente de haber finalizado el contrato, habiéndose cumplido con creces a esa fecha el plazo marcado en el artículo 59.3 del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015). El recurso, por todo lo expuesto, ha de ser desestimado.

DECIMOCUARTO.- Gozando la parte vencida de beneficio de justicia gratuita por disposición legal al ser trabajador o beneficiario de seguridad social ( artículo 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita (LA LEY 106/1996)), de conformidad con el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011), no procede la imposición de costas.