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PRIMERO. - Estimada demanda en impugnación de despido se articulan sendos recursos de suplicación a nombre de la empresa demandada y a nombre del demandante

En el recurso empresarial se articula un primer motivo formulado con amparo en la letra b del artículo 193 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) se insta la revisión de los hechos probados.

Se quiere en primer lugar revisar el hecho probado 12º. Dicho hecho como el mismo refleja constituye un resumen de la carta de despido cuando el tenor literal de la misma no se cuestiona por lo que no existe inconveniente en tener por reproducida la comunicación extintiva.

En segundo lugar se quiere añadir un hecho probado 12 bis del siguiente tenor:" "12º Bis.- El actor previamente ya había sido advertido formalmente y por escrito por la fabricación de piezas defectuosas. Esos avisos se produjeron en las siguientes fechas: 6 de febrero de 2020, 8 de octubre de 2020, 24 de noviembre de 2020, 27 de enero de 2021 y 12 de febrero de 2021". Sin perjuicio de su trascendencia no existe inconveniente en recoger dicho texto pues las advertencias no se niegan por la contraparte y habrá de ser a nivel jurídico cuando se analice su trascendencia, por otra parte ya el juez a quo en su fundamentación jurídica parece asumirlas al negarlas trascendencia al no haber sido sancionadas.

La tercera revisión afecta al hecho 13º se le quiere añadir un tercer párrafo del siguiente tenor:" El fallo cometido por el actor ha conllevado un coste a la empresa de 9.424,00 euros, como consecuencia de las medidas de control adicionales exigidas por el cliente (documento 15º)." Amén de que la cuantía pretendida no coincide con la que por perjuicios se alega en la carta de despido la revisión se basa en una manifestación empresarial puesta por escrito lo que no es sino testifical documentada, lo que de conformidad con los artículos 193 (LA LEY 19110/2011) y 196 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) impide a esta sala acceder a la revisión.

SEGUNDO. - Con amparo en la letra c del artículo 193 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) se denuncia infracción de los artículos 5.a) (LA LEY 16117/2015), 21 (LA LEY 16117/2015). 2, 54.1 (LA LEY 16117/2015) y 2, b) y d) del Estatuto de los Trabajadores, así como el artículo 65.4 del Convenio Colectivo General del Sector de la Industria Química. Igualmente, y como consecuencia de las anteriores infracciones, se considera infringidos los artículos 7 (LA LEY 1/1889) y 1.258 del Código Civil (LA LEY 1/1889).

En el caso que nos ocupa de las posibles imputaciones realizadas en la carta de despido en el hecho probado décimo tercero que es el que el juez dedica a los hechos acreditados es la relativa a la pieza por la que la empresa tuvo una reclamación a lo que en su caso podríamos añadir las advertencias no sancionadoras que se ha admitido se produjeron.

Cuando en un convenio colectivo existe un sistema de gradación de infracciones y sanciones que no es sino la manifestación de la voluntad de las partes negociadoras sobre el ejercicio del poder disciplinario ha de estarse al mismo no pudiendo las partes acudir a las tipificaciones genéricas del estatuto de los trabajadores (LA LEY 16117/2015) máxima cuando las tipificaciones de convenio recogen la conducta sancionada.

En el recurso se hace referencia al artículo 65.4 del convenio de la industria química que tipifica como falta muy grave el fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas, así como el hurto y el robo.

No hay constancia ni alegación de que estuviésemos ante una conducta dolosa sino que nos encontramos ante una actuación falta de diligencia o de competencia y como bien dice el juez a quo el artículo 64.5 de convenio tipifica como falta grave la negligencia o desidia que afecte a la buena marcha del servicio.

El derecho sancionador laboral exige adecuar la sanción a la conducta valorando todas las circunstancias concurrentes. Como se ha dicho en hechos probados lo único que consta efectuado es la pieza que nos ocupa de manera defectuosa y unos apercibimientos anteriores que no habiendo sido sancionados no pueden ser elementos que se tengan en cuenta para una hipotética reincidencia.

No existe base alguna para considerar que existe una situación de deslealtad encuadrable en la falta muy grave cuando de lo único que hay constancia es de que una pieza se terminó mal. Esta sala no puede sino compartir la tipificación realizada por el juez a quo y el examen realizado procediendo en consecuencia desestimar el recurso.

TERCERO .- Se recurre a nombre del actor con un único motivo formulado con amparo en la letra c del artículo 193 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) en el que se denuncia infracción del artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015) y de la doctrina fijada por el Tribunal Supremo sobre el cómputo de la antigüedad a efectos indemnizatorios en los supuestos de unidad esencial del vínculo laboral derivada de la sucesión de contratos temporales sin solución de continuidad significativa, recogida en sus Sentencias de 19 de febrero de 2009 (rcud. 2748/2007 (LA LEY 7009/2009)) y 29 de marzo de 2017 (rcud. 2536/2015 (LA LEY 21905/2017)).

Debemos seguir la doctrina sentada por el TS en sentencia de 21 de diciembre de 2021 que expone lo siguiente:" 2) A efectos del cálculo de la indemnización extintiva se afirma con carácter general que "en supuestos de sucesión de contratos temporales se computa la totalidad del tiempo de prestación de servicios a efectos de la antigüedad, cuando ha existido la unidad esencial del vínculo, lo que comporta que se le haya quitado valor con carácter general a las interrupciones de menos de veinte días, pero, también, a interrupciones superiores a treinta días, cuando la misma no es significativa, dadas las circunstancias del caso, a efectos de romper la continuidad en la relación laboral existente" ( sentencia del TS de 21 de septiembre de 2017, recurso 2764/2015 (LA LEY 142159/2017) , y las citadas en ella). La clave radica en si ha habido una interrupción significativa de la relación laboral ( sentencia del TS 8 de noviembre de 2016, recurso 310/2015 (LA LEY 182438/2016) ).

En el caso de que haya habido fraude, la doctrina jurisprudencial sostiene que ello impone "un criterio más relajado -con mayor amplitud temporal- en la valoración del plazo que deba entenderse "significativo" como rupturista de la unidad contractual, habida cuenta de que la posición contraria facilitaría precisamente el éxito de la conducta defraudadora. Máxime cuando -como ya observamos en la precitada STS 08/03/07 rcud 175/04 (LA LEY 42092/2007) -en interpretación del Anexo a la Directiva 99/70/CE (LA LEY 7675/1999) y en la lucha contra la precariedad en el empleo, la doctrina comunitaria ha entendido que aquella disposición de la Unión Europea "debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que considera que únicamente deben calificarse de sucesivos los contratos o relaciones laborales de duración determinada que no estén separados entre sí por un intervalo superior a 20 días laborales "( STJCE 04/Julio/2006, asunto Adeneler)", ( sentencias del TS de 8 de noviembre de 2016, recurso 310/2015 (LA LEY 182438/2016) ; 7 de junio de 2017 (dos), recursos 113/2015 y 1400/2016 ; y 21 de septiembre de 2017, recurso 2764/2015 (LA LEY 142159/2017) ).

En el caso que nos ocupa a través de empresa de trabajo temporal el actor empezó a prestar servicios el 3 de Junio de 2015 y directamente empezó la prestación de servicios a a la empresa el 9 de Diciembre de 2015 con una interrupción de 11 días y luego de manera indefinida hasta el día de la extinción. La contratación a través de la ETT supuso trabajar 95 días con una multitud de contratos como puede observarse en el informe de vida laboral. Todo ello con breves interrupciones. Así las cosas esta sala entiende que concurre una unidad sustancial del vínculo con breves interrupciones y en consecuencia siguiendo la doctrina transcrita del TS ha de computarse el tiempo de prestación de servicios haciendo olvido de las interrupciones por lo que procede estimar este recurso.

Por lo expuesto y

EN NOMBRE DEL REY