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I.- Del expediente administrativo y de los documentos adjuntos a la demanda resulta probado que a D. Ramiro se le declaró la pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir vehículos a motor por resolución de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid de fecha 1 de Julio de 2013, entre otras, por una sanción de pérdida de 6 puntos del AYUNTAMIENTO DE MADRID en expediente n° NUM000 en que se le impuso además una sanción de 500 Euros de multa.

También resulta probado que la recaudación de ésta última quedó sin efecto por no constar notificación de la denuncia, que luego devino en resolución definitiva, según resolución del Tribunal Económico-Administrativo de Madrid de fecha 11 de Diciembre de 2014 a instancia del aquí recurrente. En base a ello, y por la misma razón, la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 25 de Madrid de fecha 20 de Junio de 2016 (P .A. 124/2014) anuló la antedicha resolución de la Jefatura Provincial de Tráfico por no ser efectiva la pérdida de puntos que en dicho procedimiento sancionador se le impuso.

En vista de lo cual formula D. Ramiro reclamación de responsabilidad patrimonial, que le desestima la resolución impugnada.

II.- El motivo esencial para tal desestimación es que, en definitiva, la declaración de pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir vehículos es competencia de la Administración General del Estado y no del AYUNTAMIENTO DE MADRID .

III.- Lo cual contradice el recurrente alegando en síntesis que, si bien ello es cierto, las sanciones las imponen los órganos competentes y en este caso la que impuso el AYUNTAMIENTO DE MADRID no era efectiva por falta de notificación de la denuncia.

No obstante, las partes demandadas cuestionan también el alcance del daño.

IV.- Por tanto, las cuestiones a dilucidar en este proceso son las siguientes: si la anulación de la pérdida de la autorización administrativa para conducir vehículos acarrea responsabilidad patrimonial al AYUNTAMIENTO DE MADRID y, en caso positivo, la realidad y el alcance de los daños que se alegan por el recurrente.

V.- Para resolver dichas cuestiones hay que partir de que el art. 106.2 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978) dispone que los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

El precepto constitucional tiene su desarrollo normativo en el art. 139 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LA LEY 3279/1992), vigente al ocurrir los hechos, y en el Decreto 429/93 de 26 de marzo, que a su vez desarrolla dicho precepto.

Con arreglo a esta normativa los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Así pues, los requisitos necesarios para ese derecho en la reiteradísima interpretación jurisprudencial de dichos preceptos son los siguientes:

1 ° Una lesión patrimonial consistente en la producción de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas, quedando comprendido dentro del concepto de daño efectivo tanto el emergente como el lucro cesante.

2° La existencia de una relación de causalidad entre la actuación o falta de actuación de la Administración y sus Agentes y la lesión patrimonial irrogada al administrado, la cual no obstante puede quedar rota en los supuestos de actuación culpable de la víctima, acción culpable de un tercero, o en los supuestos de concurrencia de fuerza mayor.

3° Que no concurra causa alguna que legitime el daño o, dicho de otro modo, que debe ser antijurídico, en el sentido de que el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportarlo.

4° En todo caso, el título de imputación de responsabilidad ha de venir dado por la titularidad administrativa del servicio o actividad en cuyo ámbito se produce el daño bajo las modalidades de funcionamiento normal o anormal de la Administración así como actuaciones imputables a la organización administrativa en sí. y

5° Que la reclamación de responsabilidad a la Administración se ejercite dentro del año siguiente a la producción del daño.

Como puede verse, se trata de una responsabilidad objetiva o por el resultado en la que es indiferente que la actuación administrativa haya sido normal o anormal, bastando para declararla que como consecuencia directa de aquella, se haya producido un daño efectivo.

Por lo que se refiere al concepto de fuerza mayor, la jurisprudencia ha señalado reiteradamente, después de distinguir entre los supuestos de caso fortuito y de fuerza mayor, que solamente excluyen la responsabilidad patrimonial estos últimos y no los primeros. Según la doctrina jurisprudencial, por fuerza mayor deben entenderse aquellos acontecimientos realmente insólitos y extraños al campo normal de previsiones típicas de cada actividad o servicio, según su naturaleza; y por caso fortuito, los acontecimientos o hechos imprevisibles pero insertos en el funcionamiento interno de cada actividad o servicio, según su naturaleza. Son constitutivos de fuerza mayor los acontecimientos imprevisibles e inevitables caso de ser previstos, que excedan de los riesgos propios de la empresa, esto es de los derivados de la propia naturaleza de los servicios públicos o los acaecimientos realmente insólitos y extraños al campo normal de las previsiones típicas de cada actividad o servicio, según su propia naturaleza. Estos últimos que integran el caso fortuito no son obstáculo a la declaración de responsabilidad, pese a ser independientes del actuar del órgano administrativo e incluso de la posibilidad de evitar los efectos dañosos aún empleando la máxima diligencia.

En cuanto al nexo causal, la doctrina jurisprudencial no excluye que la expresada relación (especialmente en los supuestos de responsabilidad por funcionamiento anormal de los servicios públicos) pueda aparecer bajo formas mediatas, indirectas y concurrentes. Esta circunstancia puede dar lugar a una moderación de la responsabilidad en el caso de que intervengan otras causas, en cuyo caso habrá de tenerse en cuenta en el momento de fijarse la indemnización.

Cabe decir también para completar el panorama doctrinal que, según esa misma jurisprudencia tan reiterada, quien reclame a la Administración la indemnización de unos daños tiene la carga de acreditar su realidad y la relación de causalidad que exista entre ellos y la actuación o la omisión de aquélla (art. 217.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000)). y a la Administración la carga de acreditar la fuerza mayor o la participación de la propia víctima o del tercero (art. 217.3 de la misma Ley), pues no sería objetiva aquélla responsabilidad que exigiese demostrar que la Administración que causó el daño procedió con negligencia, ni aquella cuyo reconocimiento estuviera condicionado a probar que quien padeció el perjuicio actuó con prudencia.

v (sic).- Expuestos con carácter general los requisitos para tener derecho a indemnización por responsabilidad patrimonial, respecto a la derivada de la anulación de un acto o disposición administrativa, a que se refiere el art. 142.4 de la Ley 30/1992 (LA LEY 3279/1992), conviene traer a colación la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2004 (LA LEY 13686/2004), según la cual es reiterada y uniforme la doctrina sustentada, entre otras, en las sentencias de 28 de Junio de 1999, 6 octubre de 2001, 18 de octubre de 2002,y 18 de febrero de 2003, que la mera anulación de una resolución administrativa -tanto en vía administrativa como en sede jurisdiccional- no comporta "per se" la responsabilidad patrimonial de la Administración, pues ésta se origina, siempre y cuando concurran los requisitos establecidos en el artículo 139.2 de la mencionada Ley 30/1992 (LA LEY 3279/1992), es decir, daño efectivo, individualizado, evaluable económicamente, nexo causal entre el actuar administrativo y el resultado dañoso, y lesión antijurídica en el sentido de ausencia de deber jurídico del administrado de soportar el resultado lesivo, ya que no cabe interpretar el citado artículo 139.2 con tesis maximalistas de uno u otro sentido, como si se dijera que de la anulación de una resolución administrativa no cabe nunca derivar responsabilidad patrimonial de la Administración, ni tampoco se puede afirmar que siempre se producirá tal responsabilidad, dado el carácter objetivo de la misma.

De lo hasta aquí dicho ha de concluirse el carácter objetivo de la responsabilidad de la administración como consecuencia de la anulación de resoluciones administrativas, tanto en vía jurisdiccional como en vía administrativa, siempre y cuando concurran los requisitos para ello. Requisitos cuya concurrencia, si se quiere, ha de ser examinada con mayor rigor en los supuestos de anulación de actos o resoluciones que en los de mero funcionamiento de los servicios públicos, en cuanto que estos, en su normal actuar, participan directamente en la creación de riesgo de producción del resultado lesivo.

Quizás por esta razón el legislador efectúa una específica mención a los supuestos de anulación de actos o resoluciones administrativas, tratando así de establecer una diferencia entre los supuestos de daño derivado del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y aquellos otros en los que el daño evaluable e individualizado derive de la anulación de un acto administrativo, sin alterar por ello un ápice el carácter objetivo de dicha responsabilidad en uno y otro supuesto, siempre que exista nexo causal entre el actuar de la administración y el resultado dañoso producido, y no concurra en el particular el deber jurídico de soportar el daño, ya que en caso de concurrir desaparecería el carácter antijurídico de la lesión.

En consecuencia, y según la citada jurisprudencia, el matiz diferencial, de existir, hemos de encontrarlo, a la hora de efectuar el análisis valorativo, en la concurrencia del tercero de los requisitos: la antijuridicidad de la lesión; o, lo que es lo mismo, la ausencia de deber jurídico del ciudadano de soportar el daño producido.

Lo cual nos permite abandonar el debate sobre la conducta de la Administración para centrarlo en la antijuridicidad de la lesión, atendiendo a las peculiaridades del caso concreto y sin introducir, por tanto, el requisito de culpa o negligencia en la actuación jurídica de la Administración. Tesis que se sigue manteniendo en la S.T.S. de 31 de Enero de 2008 (LA LEY 1166/2008) y otras muchas posteriores. Y que se completa con la S. T. S. de 25 de Abril de 2017 (LA LEY 30408/2017) ), en la cual se declara que cuando la declaración de responsabilidad patrimonial trae causa de la anulación de actos administrativos, no basta la anulación del acto para tener derecho a la indemnización, sino que hay que tener en cuenta la naturaleza de la actividad administrativa impugnada y así dice la sentencia que:

1) "no procede esa exigencia de responsabilidad patrimonial o, lo que es lo mismo, existe el deber jurídico del ciudadano afectado de soportar el daño ocasionado, cuando la norma que habilita la actuación de la Administración la somete a consideración de potestades discrecionales, conforme a las cuales cabe optar por varias soluciones, porque todas ellas son admisibles en Derecho, al ser jurídicamente indiferentes, supuestos en los cuales cuando, por circunstancias diversas, pueda verse anulada la decisión adoptada al amparo de dichas potestades, se considera que los ciudadanos afectados están obligados a soportar el daño ocasionado"; que

2) "Panorama bien diferente es el que se genera en los supuestos en que la norma habilitante de la actuación administrativa establezca criterios reglados para su aplicación, rechazando cualquier margen de apreciación para la Administración, en el que el criterio de imposición de soportar el riesgo es más débil, precisamente porque ese carácter reglado de la norma comporta un mayor grado de incorrección en la decisión adoptada. No obstante, también cuando actúa la Administración sometida a esas normas que confieren potestades regladas, se han discriminado aquellos supuestos en que ese rigor de la norma se impone acudiendo a conceptos jurídicos indeterminados, es decir, cuando la norma no agota todos los elementos de la potestad conferida, sino que requiere una valoración de las circunstancias concurrentes para determinar la abstracción que la descripción de la norma impone con tales indeterminaciones a concretar en cada supuesto concreto, atendiendo a las circunstancias de cada caso. Por último, aun en los supuestos en los que se aplican norma de carácter absolutamente regladas, es admisible supuestos -y se deja constancia ejemplijicativa de ello en la sentencia antes mencionada- en la que la posterior anulación de la actividad administrativa excluye la responsabilidad patrimonial porque la decisión adoptada aparezca como fundada. Porque lo relevante para la valoración de la tipología a que se ha hecho referencia han de ser examinados conforme a las características de razonabilidad de la decisión y a la motivación de esa razonabilidad, apareciendo la decisión adoptada como una de las alternativas admisible en derecho, sin perjuicio de que por las circunstancias de cada supuesto, la decisión última en vía administrativa o jurisdiccional sea contraria a lo decidido". y finalmente que

3) "Sobre la razonabilidad de la resolución administrativa que, posteriormente anulada excluye la antijuridicidad del daño pueden verse también, la STS de 8 de abril de 2014 (LA LEY 43169/2014) rec. 3632 / 2011 y la de 2 de diciembre de 2009 (rec 3650/2005 (LA LEY 247733/2009)) y en esa misma línea, se declara en la sentencia de 16 de septiembre de 2009 (recurso de casación 9329/2004 (LA LEY 192114/2009)), que "la apreciación de que la resolución anulada a que se imputa el daño por responsabilidad patrimonial es razonable y razonada, excluye la obligación de resarcimiento y genera la obligación del perjudicado de soportarlo, conclusión que se funda en que siendo razonada la decisión, aun cuando fuese posteriormente anulada, no puede concluirse la irrazonabilidad de la mera anulación cuando, como concluye la Sala de instancia en el presente caso, la decisión administrativa comporta una interpretación de los preceptos normativos que no pueden generar la responsabilidad reclamada".

VI.- Examinando el caso presente a la vista de dichas pautas jurisprudenciales, resulta que la pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir vehículos a motor, nos coloca ante una decisión reglada, que viene determinada por la acumulación de sanciones de pérdida de puntos, según el art. 63.6 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de Marzo (LA LEY 752/1990), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (LA LEY 16529/2015), que estaba vigente cuando se produjeron los hechos. Decía dicho precepto que: "La Administración declarará la pérdida de vigencia de la autorización para conducir cuando su titular haya perdido la totalidad de los puntos asignados, como consecuencia de la aplicación del baremo recogido en el anexo JI. Una vez constatada la pérdida total de los puntos que tuviera asignados, la Administración, en el plazo de quince días, notificará al interesado, en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LA LEY 3279/1992), el acuerdo por el que se declara la pérdida de vigencia de su permiso o licencia de conducción".

A su vez esta pérdida de puntos es también reglada puesto que se establece taxativamente, sin posibilidad de graduación, en el Anexo de la Ley de Tráfico para determinado tipo de infracciones graves o muy graves, de forma que apreciada la misma se establece la pérdida de puntos legalmente establecida. Sin margen de apreciación o graduación posible: apreciada la infracción, acarrea la pérdida de puntos legal y taxativamente establecida; anulada la resolución sancionadora, no ha lugar a la pérdida de puntos. Ineficaz la resolución sancionadora por falta de notificación, cual es el caso, no ha lugar a la pérdida de puntos, por la sencilla razón de que dicha resolución es ineficaz, como tuvo ocasión de decir el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid al ejecutarse la sanción económica impuesta con la pérdida de puntos.

Lo que obligaba al AYUNTAMIENTO DE MADRID a notificar también a la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid que dejara sin efecto la pérdida de puntos, ya que aquél era el competente para sancionar la infracción cometida en sus vías públicas urbanas y, si su propio órgano económico-administrativo municipal dejó sin efecto la vía de apremio para recaudar la sanción económica por falta de notificación de la resolución sancionadora, venía obligado igualmente a notificar a la Jefatura Provincial de Tráfico la ineficacia de la pérdida de puntos impuesta con dicha sanción económica. La negativa constatada en el expediente administrativo a dicha comunicación no resulta en modo alguno razonable, dado que, si como dijo su propio órgano económico-administrativo, la sanción económica no se podía recaudar por falta de notificación de la resolución sancionadora y tuvo que abstenerse de recaudarla, tampoco debería surtir efectos la pérdida de puntos y quedaba obligado el Ayuntamiento demandado a ponerlo en conocimiento de la Jefatura Provincial de Tráfico. Es de todo punto irracional el incumplimiento de ese deber que venía impuesto por el principio de buena fe y confianza legítima del art. 3.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LA LEY 3279/1992), vigente al producirse los hechos.

Así que, si bien es cierto que el acto anulado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 25 de Madrid fue la resolución de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid, lo fue precisamente por una actuación irracional del AYUNTAMIENTO DE MADRID como fue el incumplimiento del deber de poner en conocimiento de aquélla la ineficacia de la sanción de pérdida de puntos una vez que su órgano económico-administrativo dejó sin efecto la recaudación de la sanción económica por la infracción de tráfico por falta de notificación de la resolución sancionadora. La Jefatura Provincial de Tráfico se limita a tomar nota de las sanciones que se imponen con pérdida de puntos y, cuando por acumulación se agota el crédito, inicia expediente de pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir. No es quien impone las sanciones, cuando los hechos de tráfico se producen en las vías urbanas, sino que acuerda la pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir cuando se produce una acumulación de sanciones de pérdida de puntos por infracciones que haya tenido que imponer o por las impuestas por otras Administraciones con competencias sancionadoras en materia de tráfico, como son los Ayuntamientos, y en este caso el AYUNTAMIENTO DE MADRID, a tenor del art. 7.a) del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de Marzo (LA LEY 752/1990), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (LA LEY 16529/2015), que estaba vigente cuando se produjeron los hechos. Razón por la cual estaba el AYUNTAMIENTO DE MADRID en la obligación, a través de sus agentes o funcionarios, de comunicar a la Jefatura Provincial de Tráfico la ineficacia de la pérdida de puntos a tenor de lo dispuesto en el art. 67.3 de la misma Ley.

De modo que la pérdida de la autorización administrativa que anuló el citado Juzgado de lo Contencioso-Administrativo tiene su causa única en el anormal funcionamiento del AYUNTAMIENTO DE MADRID ante la omisión de todo punto irracional, por injustificada, del deber u obligación de notificar a la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid la ineficacia de la pérdida de puntos en el citado expediente n° 96910093, cuya sanción económica tampoco se pudo recaudar por decisión del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid al no constar en definitiva la notificación de la denuncia que luego devino en resolución definitiva del expediente sancionador.

Con lo que claramente incurrió el Ayuntamiento demandado en responsabilidad patrimonial frente al demandante.

VII.- Lo que nos coloca en el problema del alcance de los daños que dicha omisión produjo al demandante.

Para ello hay que partir de la base de que la carga de probar los daños producidos por responsabilidad patrimonial incumbe a quien reclama (art. 217.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000)).

A tal efecto hay que decir que, si bien el demandante parece que es titular de una autoescuela, no parece que el tiempo que estuvo privado del permiso de conducir le haya supuesto un daño económico en su negocio, dado que no acredita en modo alguno que hubiera tenido que contratar un trabajador a su servicio que lo sustituyera en sus clases prácticas, aportando el correspondiente contrato de trabajo y cotizaciones correspondientes a la Tesorería General de la Seguridad Social. Como titular de la empresa debe tener a su servicio a otras personas para impartir dichas clases, dado que no acredita que por causa de la pérdida de la autorización administrativa, luego anulada, hubiere tenido que suplir su trabajo con trabajador que lo sustituyera, porque ni identifica al trabajador ni documentación contractual y de Seguridad Social que lo acredite. Como tampoco acredita que hubiere tenido que echar mano de otros servicios de transporte para trasladarle a su trabajo o a otros lugares por razones profesionales o de ocio debidamente acreditado durante ese tiempo. De modo que no ha lugar a la cantidad de 3.871,80 Euros que reclama para garantizar su movilidad durante la pérdida de su autorización.

Ni tampoco cabe reconocerle el gasto de 398,46 Euros de curso de " sensibilización y reeducación" a que se refiere la factura emitida el 5 de Junio de 2014 por la Federación Nacional de Autoescuelas, dado que, según su propio texto, "esta factura no será considerada pagada sin el justificante que acredite su pago, forma de pago ingreso en cuenta bancaria", y el demandante no aporta ningún documento bancario que acredite su pago. Aparte de que si ese curso se hubiere realizado realmente tendría que haberse certificado por dicha Federación; y ninguna certificación aporta el demandante que acredite que hubiere tenido que pasar por dicho curso. Puede tratarse de un simple presupuesto que luego no se aprovechó por el demandante, dado que ni consta certificación de la realización del curso ni documento alguno que acredite su pago. Quizá porque la resolución que acordó la pérdida de dicha autorización fue suspendida judicialmente cuando se impugnó. Desde luego no consta ni pagado el curso, ni certificado de dicha Federación de que realmente llegara a realizarse por el demandante.

Ni por la misma razón cabe reconocerle los 19,80 Euros del pago de una tasa a la Jefatura Provincial de Tráfico para la realización del curso, porque no consta en el justificante ningún sello de dicho órgano administrativo que acredite el ingreso efectivo de la misma, ni ningún otro tipo de autentificación bancaria de que por dicho medio se abonara la misma. Aparte de que no hay ningún dato en el justificante de que se refiera al demandante.

Ni cabe reconocerle tampoco el gasto de 50 Euros por reconocimiento médico "para recuperación de puntos" emitido en Toledo el 14 de Junio de 2014 por D. Santiago dado que ni siquiera aparece suscrito por dicha persona. Lleva al final un sello de un "Centro Médico de Reconocimiento", pero ninguna rúbrica de persona que lo haya emitido, ni otra inscripción de que haya llegado a pagarse, ni documentación bancaria de que por ese medio se hiciera.

Sólo cabe reconocerle únicamente las cantidades de

- 368 Euros de tasa judicial del recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Dirección General de Tráfico, que confirmó la de la Jefatura Provincial de Tráfico acordando la pérdida de la vigencia de la autorización administrativa para conducir vehículos, que luego anuló el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 25 de Madrid, porque dicho recurso fue interpuesto originariamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, que luego declaró la competencia de dicho Juzgado, porque el pago de la misma aparece ingresado 13 de Enero de 2014 en la "Caixa"; así como el de

- 300 Euros de provisión de fondos a la Procuradora DD porque para comparecer válidamente ante la Sala es preceptiva la representación causídica, según el art. 23 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LA LEY 2689/1998), y que luego se continuó ante dicho Juzgado donde ya no era preceptiva.

Dichas cantidades son indemnizables porque, aunque hubo condena en costas a la Administración General del Estado por la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, lo fue hasta un límite de 400 Euros, que a buen seguro sólo pudo abarcar los honorarios del Abogado, dejando fuera aquéllas otras cantidades referidas, no ya sólo por exceder ese límite, sino porque los derechos de la procuradora, aunque no son debidos ante órganos unipersonales del orden contencioso-administrativo según el citado precepto, ya se desembolsaron antes para poder comparecer válidamente ante la Sala, donde sí es preceptiva dicha intervención profesional, continuando luego la representación ante el Juzgado.

En suma, no hay más gastos que indemnizar que los referidos gastos judiciales por exceder de la condena en costas de dicho Juzgado, sin que quepa indemnizar los demás, pues no parece que el tiempo de suspensión haya producido perjuicio alguno al demandante en el ejercicio de su profesión o actividad docente, ni para su desenvolvimiento personal, ni que haya hecho realmente desembolso alguno en cursos y tasas para recuperar el carnet de conducir, ni por reconocimientos médicos, dado que los documentos privados que al efecto aporta, no aparecen suscritos por nadie, ni en ellos aparece recibo alguno de la cantidad que recogen, ni aparecen acompañados de documentación bancaria alguna que acredite que se hayan pagado. Ni han sido adverados en juicio. Hay ciertamente una rúbrica por 75 Euros pagados en el justificante de la tasa de la Jefatura de Tráfico, pero debe tratarse de una inscripción que nada tiene que ver con el importe de la tasa de 19,80 Euros. No hay forma de saber a qué se refiere ese pago de 75 Euros ni el demandante lo ha explicado en la demanda ni en el acto de la vista, ni ha traído como testigo al firmante del documento para que lo aclare.

VIII.- Con lo que procede concluir diciendo que la resolución impugnada no se ajusta a Derecho y que procede estimar parcialmente el presente recurso, como indica el art. 70.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LA LEY 2689/1998) (en adelante LJCA (LA LEY 2689/1998)), con las demás consecuencias previstas en el art. 71.1 de la misma Ley, de tener que anularse totalmente y condenar al AYUNTAMIENTO DE MADRID a pagar al demandante la cantidad de 668 Euros, más el interés legal desde la fecha de la reclamación administrativa (23 de Febrero de 2017).

IX.- Al estimarse parcialmente el recurso, no procede hacer imposición de costas a ninguna de las partes, pues el art. 139.1 LJCA (LA LEY 2689/1998) dispone que en tales supuestos cada parte pague las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

En atención a lo expuesto y en nombre de S.M. EL REY