PRIMERO.-
El actor D. Antonio interpone recurso contencioso administrativo contra la Resolución de la Jefatura Provincial de la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico de Cuenca por la que se acuerda sancionar al demandante con multa de 1.000 euros y pérdida de seis puntos del permiso de conducción por la comisión de una infracción en materia de circulación consistente en "circular con una Tasa de Alcohol en aire espirado superior a 0.15 miligramos por litro, que es la reglamentariamente establecida, sobrepasando los 0.30 mg/l en la primera prueba: 0.63 a las 22:55 y segunda prueba: 0.59 a las 23:09.Etilometro SESAH1Q318002306", tipificada en el artículo 20.1 del Reglamento General de Circulación (LA LEY 1951/2003) y solicita que se anule la resolución impugnada.
La parte actora fundamenta su pretensión en que la conducta del actor no es subsumible en la infracción administrativa por la que ha sido sancionado, en este caso la infracción prevista en el artículo 77.c) "conducir con las tasa de alcohol superiores a las que reglamentariamente se establezcan" del Texto Refundido de Ley sobre el Tráfico, Circulación y Seguridad Vial, reiterando los argumentos expuestos en vía administrativa y que fundamentalmente se centran en alegar que el día 18 de abril de 2019 el actor inicio la conducción del camión Renault, modelo Premium 41, matrícula .... PYG sobre las 5:13 minutos y finalizo la conducción a las 19:44 horas, tal y como consta en el tacógrafo, estacionando el camión en una explanada situada en la N-301 punto kilométrico 182, donde le estaba esperando el propietario de un vehículo Mercedes, modelo GLA para que le entregara un vehículo que transportaba y que desde que estaciono el camión en la explanada a las 19:44 horas y le realizaron las pruebas de detección de alcohol transcurrieron más de tres horas y que nada impide que durante ese tiempo y tras concluir su jornada de conducción consumiera alcohol y que en el momento de realizar las pruebas de detección de alcohol no estaba conduciendo y el vehículo estaba estacionado en una explanada, no siendo este hechos susceptible de i infracción administrativa. También alega que en el expediente administrativo no se ha desvirtuado la presunción de inocencia con prueba de cargo sino con presunciones,
Por el contrario, el Abogado del Estado solicita la desestimación del recurso y confirmación de la resolución recurrida por ser conforme a Derecho, dando por reproducidos los Fundamentos expuestos en la Resolución impugnada.
SEGUNDO.- Con carácter previo cabe recordar que el Tribunal Constitucional (entre muchas otras, en las Sentencias 73/1.985 [RTC 1985\73], 1/1.987 [RTC 1987\1], 76/1.990 [RTC 1990\76], 120/1.994 [RTC 1994\120] y 89/1.995 [RTC 1995 \89]) tiene reiteradamente establecido (e igualmente el Tribunal de Derechos Humanos, en Sentencias de 8 junio 1.976 -asunto Engel y otros-, de 21 febrero 1.984 -asunto Oztürk-, de 28 junio 1.984 -asunto Cambell y Fell-, de 22 mayo 1.990 - asunto Weber-, de 27 agosto 1.991 -asunto Demicoli-, de 24 febrero 1.994 - asunto Bendenoum-) que los principios y garantías constitucionales del orden penal y del proceso penal han de observarse, con ciertos matices, en el procedimiento administrativo sancionador y, así el derecho a la presunción de inocencia ( Sentencias del ya citado Tribunal Constitucional 13/1.982 (LA LEY 13392-JF/0000) [RTC 1.982\13], 36 [RTC 1.985\36] y 37/1.985 [RTC 1.985\37], 42/1.989 [RTC 1.989\42], 76/1.990 [ RTC 1.990 \76] y 138/1.990 [RTC 1.990\138 ]), que ha sido incorporado por el legislador a la normativa reguladora del procedimiento administrativo común (Título IX de la Ley 30/1.992, de 26 noviembre (LA LEY 3279/1992)), rige sin excepciones en el ordenamiento sancionador y ha de ser respetada en la imposición de cualesquiera sanciones, sean penales, sean administrativas pues el ejercicio del "ius puniendi", en sus diversas manifestaciones está condicionado por el artículo 24.2 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978) al juego de la prueba y a un procedimiento contradictorio en el que puedan defenderse las propias posiciones. En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia, expresamente recogido en la referida Ley 30/1.992, de 26 de noviembre (LA LEY 3279/1992), reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común -ex. artículo 137 -, comporta:
- que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada;
- que la carga de la prueba (onus probandi) corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia; y
- que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio.
Efectivamente, la carga de probar los hechos constitutivos de cada infracción corresponde ineludiblemente a la Administración Pública actuante, sin que sea exigible al inculpado una "probatio diabolica" de los hechos negativos. Por otra parte, la valoración conjunta de la prueba practicada es una potestad exclusiva del juzgador, que éste ejerce libremente con la sola carga de razonar el resultado de dicha operación ( Sentencia del Tribunal Constitucional 76/1.990 (LA LEY 58461-JF/0000)). En definitiva, la existencia de un acervo probatorio suficiente, cuyas piezas particulares han de ser obtenidas sin el deterioro de los derechos fundamentales del inculpado y su libre valoración por el Juez son las ideas básicas para salvaguardar esta presunción constitucional y están explícitas o latentes en la copiosa doctrina del Alto Tribunal al respecto (por todas la Sentencia del reiteradamente citado Tribunal Constitucional 89/1.992 (LA LEY 1934-TC/1992) [RTC 1.992\89]). Es pues, una verdad interina que puede quedar destruida con la aportación de actividad probatoria contraria que resulte mínima, suficiente e idónea para formar la convicción del juzgador, la estimación en conciencia de las pruebas, "que no ha de entenderse ni hacerse equivalente a cerrado e inabordable criterio personal e íntimo del juzgador, sino una apreciación lógica de la prueba no exenta de pautas o directrices de rango objetivo, fiel a los principios del conocimiento y de la conciencia, a las máximas de experiencia y a las reglas de la sana crítica" ( Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de abril de 1.989).
Se trataría así de dar aplicación de los principios penales en relación con el Derecho Administrativo sancionador, que, como ya se ha expuesto en párrafos precedentes de la presente Sentencia, el Tribunal Constitucional, recogiendo, la tesis sostenida con anterioridad por el Tribunal Supremo (pueden verse las Sentencias de 25 de marzo y de 2 de noviembre, ambas, de 1.972), así consideró posible ya desde su Sentencia 18/1.981 [RTC 1981\18 ], según la cual «...los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos matices, al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado, tal y como refleja la propia Constitución (RCL 1978\2836) (artículo 25 , principio de legalidad) y una muy reiterada jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo (Sentencias de 29 septiembre [RJ 1980\3464], 4 [RJ 1980\4261] y 10 de noviembre [RJ 1980\4408 ] 1980, Sala 4ª, entre las más recientes), hasta el punto de que un mismo bien jurídico puede ser protegido por técnicas administrativas o penales, si bien en el primer caso con el límite que establece el propio artículo 25.3 , al señalar que la Administración Civil no podrá imponer penas que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad». De este modo, la presunción de inocencia ampara a quienes, como el recurrente, se encuentran sometidos al ejercicio de la potestad administrativa sancionadora, según declaró también el Tribunal Constitucional, para quien «...la disposición que declara - dentro de las garantías contenidas en el artículo 24.2 CE (LA LEY 2500/1978) (RCL 1978\2836)- que todos tienen derecho a la presunción de inocencia, contiene una regla del juicio con relevancia en lo que atañe a la prueba, y, además, una regla de tratamiento del imputado -en el proceso penal- o del sometido a procedimiento sancionador, en aquellos a los que son extensibles principios que rigen en lo punitivo, regla que proscribe que pueda ser tenido por culpable en tanto su culpabilidad no haya sido legalmente declarada» -ex Sentencia 66/1.984 [RTC 1984\66], F. 2º -.
Además, en relación con este derecho constitucional ha de tenerse en cuenta que, como ha resaltado, así mismo nuestro Tribunal Constitucional (Sentencia 169/1.998 (LA LEY 8151/1998) [RTC 1998\169]), a pesar del especial valor que la Ley les otorga, las denuncias formuladas por los agentes de la autoridad no pueden gozar de «...una absoluta preferencia probatoria que haga innecesaria la formación de la convicción judicial acerca de la verdad de los hechos empleando las reglas de la lógica y de la experiencia. En vía judicial las actas (..) incorporadas al expediente sancionador no gozan de mayor relevancia que los demás medios de prueba admitidos en Derecho y, por ello, ni han, de prevalecer necesariamente frente a otras pruebas que conduzcan a conclusiones distintas, ni pueden impedir que el Juez del Contencioso forme su convicción sobre la base de una valoración o apreciación razonada de las pruebas practicadas ( SSTC 76/1990 (LA LEY 58461-JF/0000) [RTC 1990\76] y 14/1997 [RTC 1997\14 ])».
TERCERO.-
En el presente caso, de acuerdo con el expediente administrativo, a las 23:01 horas del día 18 de abril de 2019 se formuló denuncia contra el recurrente por "circular con una Tasa de Alcohol en aire espirado superior a 0.15 miligramos por litro, que es la reglamentariamente establecida, sobrepasando los 0.30 mg/l en la primera prueba: 0.63 a las 22:55 y segunda prueba: 0.59 a las 23:09.Etilometro SESAH1Q318002306", tipificada en el artículo 20.1 del Reglamento General de Circulación (LA LEY 1951/2003).
En cuanto a la normativa aplicable, el artículo 14.1 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (LA LEY 16529/2015) dispone que:
"1. No puede circular por las vías objeto de esta ley el conductor de cualquier vehículo con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se determine.
Tampoco puede hacerlo el conductor de cualquier vehículo con presencia de drogas en el organismo, de las que se excluyen aquellas sustancias que se utilicen bajo prescripción facultativa y con una finalidad terapéutica, siempre que se esté en condiciones de utilizar el vehículo conforme a la obligación de diligencia, precaución y no distracción establecida en el artículo 10".
Por su parte, el artículo 77.c) del mismo texto legal dispone que:
"Son infracciones muy graves, cuando no sean constitutivas de delito, las conductas tipificadas en esta ley referidas a: c) Conducir con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se establezcan, o con presencia en el organismo de drogas."
Y ante tal infracción el artículo 80.2.a) de la misma Ley dispone que:
a) Las infracciones previstas en el artículo 77. c) y d) serán sancionadas con multa de 1.000 euros. En el supuesto de conducción con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se establezcan, esta sanción únicamente se impondrá al conductor que ya hubiera sido sancionado en el año inmediatamente anterior por exceder la tasa de alcohol permitida, así como al que circule con una tasa que supere el doble de la permitida.
Añadiendo el Anexo II, en su punto 2, que la sanción lleva aparejada la pérdida de 6 puntos.
En el presente caso,
la parte actora no niega el resultado arrojado por la prueba de detección de alcohol pero alega que en el momento de realizarse la prueba de detección de alcohol no estaba conduciendo el camión y que desde que dejo de conducir a las 19:44 horas y hasta que se le realizo la prueba de detección de alcohol transcurrieron más de tres horas y niega que condujera bajo los efectos del alcohol y que nada impide a que después de la conducción pueda consumir alcohol, no siendo dicho hechos subsumible de infracción administrativa. También alega falta de prueba de cargo para considerar acreditados los hechos.
En relación con estas alegaciones
es preciso tener en cuenta la prueba practicada en el expediente administrativo, en particular las manifestaciones efectuadas por el Agente de la Guardia Civil TIP NUM000, de fecha 27 de junio de 2019 (folio 20 del expediente administrativo), a quien se solicitó que aclarase si el vehículo estaba circundando o estaba aparcado fuera de la vía y el motivo de realizarle al recurrente las pruebas de detección de alcohol, quien manifiesto "que al inicio del servicio, a las 22 horas, fue requerido para relevar a la patrulla de la tarde y atender un incidente que había ocurrido a las 20:45 horas, estando el camión en una explanada parado en el lugar reseñado.
Que tras entrevistarse con un testigo, el cual había quedado con el denunciado para que le fuera entregado un vehículo que transportaba, se procede a hablar con éste manifestando voluntariamente que él había llevado hasta ese punto el camión y que no había ingerido ninguna bebida desde la última vez que paro en el trayecto.
Que
tras estas manifestaciones y dados los signos evidentes que presentaba, se procedió a la realización de las pruebas de alcoholemia, a lo que no se negó en ningún momento, arrepintiéndose de lo que había hecho" también se indica en el informe que "se adjunta manifestación tomada por el testigo donde explica y ratifica lo sucedido".
También consta en el expediente administrativo, la Diligencia de Manifestación que levanto la Guardia Civil a las 23: 00 horas del día 18 de abril de 2019 de D. Eutimio, quien manifestó a la Guardia Civil que "desde las 13:00 horas del día 18 de abril de 2019 estuvo en contacto con el conductor del camión, con el fin de que le hiciera entrega de un vehículo de los que transportaba.
Que el lugar elegido por el camionero para hacer la entrega ha sido la explanada del restaurante "La esperanza" en el kilómetro 182 de la N-301.
Que en un principio la hora de llegada y entrega ha sido las 17:30 horas, presentándose a las 20:45 horas" (..)
"Que cuando ha llegado, ha observado que el conductor presentaba un estado etílico de consideración, viendo como no podía bajar del camino, cayéndose incluso desde la cabeza tractora" "que al intentar descargar el vehículo para ser entregado, el conductor lo ha dejado encastrado en la plataforma, no pudiendo realizar la entrega del mismo".
De lo anterior se desprende que tal y como afirma el actor en su demanda en el momento de practicar la prueba de detección de alcohol, el camión que conducía estaba parado en la explanada sita en la N-301 punto kilométrico 182 bien desde las 20:45 horas, como manifiesta el testigo o desde las 19:44 horas que consta en el tacógrafo y mantiene el actor y que en el momento de realizar las pruebas de detección de alcohol no conducía el vehículos, si bien este hecho no excluye que haya prueba de cargo para considerar acreditado que el actor ha incurrido en la infracción prevista en el artículo 77.c) "Conducir con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se establezcan" y así se desprende de las propias manifestaciones del recurrente ante el Agente de la Guardia Civil, TIP NUM000, ya que reconoció que había conducido el camión hasta el punto kilométrico donde se encontraba y que "no había ingerido ninguna bebida desde la última vez que paro en el trayecto", de modo que habiendo reconocido el actor ante el Agente de la Guardia Civil que acudió al lugar a las 22:00 horas, que no había ingerido ninguna bebida desde la última vez que paro el trayecto, por lo que la ingesta de alcohol necesariamente se tuvo que producir antes de parar el camión en la explanada y no durante el tiempo en que estuvo parado como mantiene el recurrente, ya que el propio actor lo reconoció ante la Guardia Civil.
También se corrobora el consumo de bebidas alcohólicas antes de que el actor parara el camión que conducía con las manifestaciones efectuadas por D. Eutimio, quien estaba presente en la explanada de la N-301 punto kilométrico 182, cuando llego el actor conduciendo el camión y que según manifestó ante los Agentes de la Guardia Civil, "observo que el conductor presentaba un estado etílico de consideración, viendo como no podía bajar del camión, cayéndose incluso desde la cabeza tractora" y que al intentar descargar el vehículo para ser entregado, el conductor lo ha dejado encastrado en la plataforma, no pudiendo realizar la entrega del mismo", hechos que evidenciaban que el actor condujo el camión hasta la explanada donde tenía que entregar el vehículo habiendo consumido bebidas alcohólicas, siendo el consumo de alcohol elevado ya que si el actor ha reconocido que no había consumido alcohol desde la última vez que paro en el trayecto, esto que no había consumido alcohol desde que llego a la explanada y teniendo en cuenta que según el actor llego con el camión a las 19:44 horas y cuando llego el Agente de la Guardia Civil TIP NUM000 a las 22:00 horas el actor todavía presentaba signos evidentes de alcohol, que fue lo que motivo la realización de las prueba de detección de alcohol, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21. b) del Reglamento General de Circulación (LA LEY 1951/2003)
que establece: "Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán someter a dichas pruebas: (...)b) A quienes conduzcan cualquier vehículo con síntomas evidentes, manifestaciones que denoten o hechos que permitan razonablemente presumir que lo hacen bajo la influencia de bebidas alcohólicas.",
pruebas que se realizaron la primera a las 22:55 horas dando un resultado e 0.63 miligramos/l y la segunda prueba realizada a las 23:09 horas dando un resultado de 0.59 miligramos/litro, superando los 0.15 miligramos por litro establecido reglamentariamente, por lo que los hechos son subsumibles en la infracción prevista en el artículo 77.c) Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (LA LEY 16529/2015), habiendo prueba de carago para enervar la presunción de inocencia.
Por todo lo expuesto procede el citado de una Sentencia desestimatoria de acuerdo con lo establecido en el Artículo 70.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LA LEY 2689/1998), al considerar ajustada a derecho la actividad administrativa impugnada.