Segundo.- Como señala la sentencia del Tribunal Supremo Sala 1ª, sec. 1ª, de 21-3-2011, nº 164/2011, rec. 1862/2007. Pte: Roca Trías, Encarnación "se ha dicho que la cosa juzgada material es la situación jurídica en que se encuentra una determinada controversia cuando se ha dictado por el organismo jurisdiccional competente una resolución "con fuerza o autoridad de cosa juzgada material". La finalidad de la cosa juzgada es impedir que un mismo litigio se reproduzca indefinidamente y que sobre una misma cuestión que afecta a unas mismas partes recaigan sentencias contradictorias o bien se reiteren sin razón sentencias en el mismo sentido. La sentencia de 19 abril 2006 EDJ2006/71156 señala que" la anterior conclusión resulta acorde con nuestra jurisprudencia, según la cual la cosa juzgada material crea una situación de plena estabilidad que no sólo permite actuar en consonancia con lo resuelto, sino que trasciende con eficacia al futuro, impidiendo reproducir la misma cuestión y volver sobre lo que inconmoviblemente estatuyeron los organismos jurisdiccionales, de tal manera que no sea posible hacer efectivo en procedimientos diversos los mismos derechos anteriormente declarados, es decir, que con un nuevo litigio se sustraiga a los medios propios de cumplimiento y ejecución del proceso en que se declaró un derecho, su modo de hacerlo efectivo, vedando con ello al juez del nuevo proceso toda actividad jurisdiccional sobre el asunto, incluso para dictar una declaración idéntica sobre él, porque en el supuesto de que el fallo sea contrario a la cosa juzgada, no se limita a que contenga disposiciones opuestas a ella, sino que basta que no las respete y sea contraria a su esencia al hacer declaraciones contrarias a ella de haber dejado la cuestión completamente resuelta, con posibilidad únicamente de actividad jurisdiccional posterior de aspectos que afecten a su efectividad( SSTS de 17 diciembre 1977 EDJ1977/364 y 29 septiembre 2005 EDJ2005/157489 )". Lo anterior debe completarse con la doctrina de esta Sala que ha venido considerando de forma reiterada que la cosa juzgada se extiende también: a) a la subsanación de aquellos errores ocurridos en el pleito anterior, ya que como afirma la sentencia de 10 junio 2002 EDJ2002/22237 , "D) No desaparece la consecuencia negativa de la cosa juzgada cuando, mediante el segundo pleito, se han querido suplir o subsanar los errores alegatorios o de prueba acaecidos en el primero, porque no es correcto procesalmente plantear de nuevo la misma pretensión cuando antes se omitieron pedimentos, o no pudieron demostrarse o el juzgador no los atendió( SSTS 30-7-96 EDJ1996/6222 , 3-5-00 EDJ2000/9280 y 27-10-00 EDJ2000/35384 )", y, b) además, según esta misma sentencia, alcanza a cuestiones que se han deducido de manera implícita en la demanda: "La cosa juzgada se extiende incluso a cuestiones no juzgadas, en cuanto no deducidas expresamente en el proceso, pero que resultan cubiertas igualmente por la cosa juzgada impidiendo su reproducción en ulterior proceso, cual sucede con peticiones complementarias de otra principal u otras cuestiones deducibles y no deducidas, como una indemnización de daños no solicitada, siempre que entre ellas y el objeto principal del pleito exista un profundo enlace, pues el mantenimiento en el tiempo de la incertidumbre litigiosa, después de una demanda donde objetiva y causalmente el actor pudo hacer valer todos los pedimentos que tenía contra el demandado, quiebra las garantías jurídicas del amenazado( SSTS 28-2-91 EDJ1991/2199 y 30-7- 96 EDJ1996/6222 ), postulados en gran medida incorporados explícitamente ahora al art. 400 de la nueva LEC (LA LEY 58/2000) EDL2000/77463 .".
Cuarto.- Por lo demás hemos de insistir que tampoco cabe hablar en el caso de autos de incumplimiento de ninguna obligación de comunicación, porque la compañía de seguros era la misma que el banco, y sabía todo lo que sabía el banco y desde que el banco lo sabía.
En el caso de autos, el finado Don Jaime firmó contrato de préstamo hipotecario con la entidad financiera BANCO DE CASTILLA S.A, el día 14 de junio de 2006. Asimismo, como contrato vinculado a la hipoteca, en la misma sucursal bancaria, ante el mismo comercial que ofreció la hipoteca, el fallecido Don Jaime contrató con ALLIANZ POPULAR VIDA seguro de vida para cubrir la cantidad total del préstamo hipotecario.
Además del anterior préstamo hipotecario, el finado Don Jaime, tenía otro préstamo siendo este segundo un préstamo al consumo al que también le fue vinculado seguro de vida otorgado por EUROVIDA SA compañía de Seguros y reaseguros. El citado seguro de vida fue también comercializado por el empleado de Banco Popular, SA , hoy Banco Santander.
Es claro, pues, que se trata de negocios vinculados, de modo que una vez producido el siniestro (muerte o invalidez), la buena fe y el respeto a la moral (arts. 7.1 (LA LEY 1/1889), 1255 (LA LEY 1/1889) y 1258 CC (LA LEY 1/1889)) determinan que resulte jurídicamente exigible que el banco reclame a la aseguradora y no que decida seguir exigiendo el pago del capital pendiente a los prestatarios asegurados. Y en efecto, desde el día 2 de Diciembre de 2016 hasta el día 2 de Agosto de 2017, se les ha ido devengando, por parte de BANCO DE CASTILLA (ahora Banco Santander) en concepto de "Cuotas de Préstamo" una serie de cantidades que, tras los pagos y saldos realizados por el banco, suman la cantidad de 3.137,81 euros.
Nos encontramos ante un supuesto, habitual en la práctica bancaria, en el que la concesión del préstamo se condiciona a que por el prestatario se concierte un seguro, sea de vida o de no vida, o de ambos, con la garantía de protección de pagos, con las coberturas de fallecimiento, incapacidad permanente o temporal, hospitalización, desempleo, etc., y con la finalidad última de reforzar la garantía de devolución.
Contrato de seguro de cuya gestión, además, se ha encargado la propia entidad de crédito, de modo que dicho contrato de seguro fue tramitado y concertado a través del mismo empleado de la entidad de crédito que tramitó el préstamo bancario concedido por dicha entidad, la cual, a la sazón es la propietaria de la entidad aseguradora.
De esta suerte, al interés en asegurar el reembolso, se añade el beneficio derivado de incrementar el volumen de negocios entre la entidad prestamista y la entidad aseguradora, mediante la concertación de seguros y el pago de primas por los prestatarios. Habitualmente, como también es el caso que nos ocupa, prestamista y aseguradora pertenecen al mismo grupo, aunque en ocasiones, para evitar posibles conflictos de interés, eludir controles formales, crear sinergias o, simplemente, disminuir riesgos, la conexión se extiende más allá de las empresas del mismo grupo y el seguro se deriva, mediante acuerdos de reciprocidad y de distribución, hacia empresas aseguradoras controladas por terceros operadores bancarios-.
De manera que en las mismas condiciones generales del préstamo (en la decimocuarta) se incluye la adhesión a las Pólizas de seguro colectivo de las que es tomadora y beneficiaria la entidad prestamista (folio 35 y vuelto).
En definitiva, nos encontramos ante dos contratos de seguros vinculados a los contratos de préstamo principal, formando parte del mismo, en los que la iniciativa de la concertación del seguro no parte del prestatario sino de la propia entidad bancaria y los seguros se conciertan con una aseguradora negocialmente vinculada a ella. No solo se condiciona/sugiere la concertación del seguro para lograr la concesión del préstamo (al figurar en el mismo documento), sino que se impone también su concertación con una aseguradora ligada al Banco. A su vez, la prima se deduce de la cantidad objeto del contrato de préstamo, pues la prima única se abona con cargo al préstamo concedido.
Por consiguiente, ambos contratos (préstamo y seguro) contenidos en una misma póliza, deben tener vidas paralelas, a tal efecto traemos a colación la STS del 19 de febrero de 2004 Recurso: 1089/1998 (LA LEY 805/2004) "a) El contrato de seguro de vida que en este pleito se discute, no nace sólo, es decir, no es independiente, sino que está supeditado, o compone, como cláusula de garantía, formando parte de un contrato principal, el de préstamo hipotecario, en el que el allí asegurado, aquí prestatario, queda obligado a garantizar su posible premoriencia, con el fin de que el contrato principal se cubra o mantenga con las prestaciones del seguro de vida, a efectos de que el indicado prestatario- asegurado, y a través del seguro, abone, para tal caso, las primas anuales, o el pago del capital prestado. Por ello, tiene razón la parte recurrente cuando machaconamente insiste en que los dos contratos llevan vidas paralelas, y que es una exigencia del préstamo que la prestación correspondiente al favorecido por él, se complemente con su aseguramiento".
Por lo tanto, la doble funcionalidad del seguro de protección de pagos, por una parte como garantía para el beneficiario, y por otra, como seguro de vida para el asegurado, y la vinculación entre ambos, nos ha de llevar a integrar el mismo (a los efectos del artículo 10.2 Ley 7/1998 con relación al artículo 1258 CC (LA LEY 1/1889) ), de modo que el riesgo por fallecimiento (ya sea por enfermedad o por accidente) se debe de extender a la duración del préstamo, y por el importe del capital pendiente a la fecha de producirse el riesgo. Y del mismo modo, el cumplimiento de ese riesgo desde que es conocido debe desplegar sus efectos en ambos contratos.
Y es precisamente esa indisoluble vinculación entre uno y otro contrato la que impide que podamos justificar- en razón al desconocimiento por el asegurador de la muerte del asegurado- el cobro por el banco de las cuotas del préstamo a los herederos del prestamista fallecido, puesto que si el banco se dirige a tales herederos es porque conoce el fallecimiento del prestamista, y si como entidad bancaria conoce el fallecimiento del prestamista, entonces también como compañía aseguradora conocía dicho fallecimiento, puesto que son una y la misma ambas entidades, pertenecientes al mismo grupo.
De hecho, como ya hemos dicho, el contrato de seguro fue concertado por el mismo empleado bancario que concertó y tramitó todo el préstamo. Ambos contratos se vincularon y, como también hemos dicho, debían seguir vidas paralelas. De tal suerte que lo que se conocía para un contrato se conocía y se sabía también para el otro. Sin necesidad de exigir de una manera artificiosa y sin ninguna finalidad práctica ni de justicia material que los herederos del fallecido comuniquen a la compañía de seguros, es decir, a la entidad bancaria, el fallecimiento del asegurado, pues si le constaba a la entidad el fallecimiento de esa persona en su calidad de prestamista, también le constaba a la misma entidad el fallecimiento de dicha persona en su calidad de asegurado.
En conclusión, el recurso de apelación ha de ser desestimado.