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PRIMERO.- Don Segundo y doña Antonieta interponen recurso contencioso administrativo contra resolución de la Consellería de Educación, Universidades y Formación Profesional de la Xunta de Galicia, de fecha 20 de mayo de 2019, por la que se desestima solicitud deducida por los actores en reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración por anormal funcionamiento de sus servicios públicos, del que dicen derivar daños y perjuicios, que cuantifican en 50.000 euros, por la, a su juicio, inadecuada y discriminatoria educación inclusiva prestada a su hijo menor, Ezequiel, en el CPR DIRECCION000 de A Coruña.

SEGUNDO.- El referido menor, nacido en el año 2007, es un alumno con necesidades educativas especiales tras haber sido diagnosticado de DIRECCION001, sin déficit intelectual y con DIRECCION002, de predominio inatento y con dificultades en la comunicación.

Inició su escolarización, cuando tenía tres años, en el CEIP DIRECCION003 ( DIRECCION004), continuando en el CEIP DIRECCION005, para incorporarse, en el año 2014, al CPR DIRECCION000 de A Coruña, en el NUM000 Curso de Educación Primaria.

Según informe emitido en fecha 27 de julio de 2018, a instancias de la parte actora, por la Psicóloga doña Africa, Directora de la Fundación DIRECCION006 y experta en Educación Inclusiva y en la intervención clínica y psicoeducativa a la diversidad, "la actuación educativa del CPR DIRECCION000 respecto al alumno, desde 1º a 4º de Primaria, ha sido inadecuada a sus necesidades educativas especiales y contraria a la normativa, así como a los protocolos y buenas prácticas establecidos para alumnos con DIRECCION001. Añade que, en general, las medidas educativas ordinarias y/o extraordinarias requeridas por Ezequiel han estado ausentes. Durante varios cursos ha carecido de apoyos especializados. No se ha concretado ningún Plan de Trabajo específico para las áreas de atención prioritaria de Ezequiel de la comunicación, las habilidades sociales y la regulación comportamental. No se le ha aplicado el protocolo establecido para alumnos con DIRECCION001.

Cuando se han aplicado algunas medidas como las Adaptaciones Curriculares éstas no se han ajustado a las necesidades de Ezequiel -principalmente porque han rebajado el nivel curricular muy por debajo de su capacidad potencial-, y se han caracterizado por la arbitrariedad, la falta de rigurosidad, y por no orientarse a la meta de su inclusión, contrariando el procedimiento legal establecido que las regula.

Se ha respondido a los protocolos comportamentales -generados por la inadecuada respuesta educativa-, de forma contraria a las buenas prácticas y también con arbitrariedad. No se ha facilitado información a la familia sobre la evolución de Ezequiel -de forma contraria a lo indicado por la normativa-, para que esta pudiera contribuir y participar en su mejora, ni siquiera cuando lo ha solicitado explícitamente".

Y sobre tales valoraciones, afirmando que se han ocasionado graves perjuicios a Ezequiel y a su familia, concluye:

"En el ámbito académico el nivel de desarrollo curricular de Ezequiel se encuentra actualmente muy por debajo de su capacidad potencial respecto al currículo de referencia, de haber recibido una intervención y unos apoyos ajustados a sus necesidades educativas.

En el ámbito social, el nivel de habilidades sociales de Ezequiel está, también, muy por debajo de su potencial de desarrollo, de haber dispuesto de un Plan Educativo específico y adecuado. Además, sus relaciones interpersonales también se han visto comprometidas por el bajo nivel de participación de Ezequiel en las mismas actividades que sus compañeros, al realizar un currículo paralelo y recibir atención especializada fuera del aula sin haber agotado previamente todas las medidas posibles.

En el ámbito personal, Ezequiel ha sufrido daños en su autoestima y en su desarrollo emocional en general, puesto que han aflorado sentimientos de miedo y de indefensión aprendida, se han incrementado las frustraciones y las conductas de evitación, así como también se ha visto comprometida su capacidad de respuesta comportamental regulada, ante situaciones que pueda percibir como hostiles y/o desagradables.

En el ámbito familiar se han producido daños morales a los padres por el desgaste que supone cinco cursos viendo cómo su hijo Ezequiel no recibía la atención y los apoyos que requería; cómo en más de una ocasión salía de la escuela castigado y habiendo recibido contenciones físicas entre otras malas prácticas -algunas de las cuales generaron lesiones físicas-, cómo se les negaba la información que solicitaban sobre la evolución del mismo, sobre sus adaptaciones, sobre los materiales didácticos y actividades que realizaba en clase, sobre los deberes, etc.; y, finalmente por no autorizarse el cambio de centro en el segundo trimestre del curso actual sin haber ni siquiera valorado los motivos por los que lo solicitaron.

Por último, decir que, todos los daños ocasionados a Ezequiel en los diferentes desarrollos académico, social y personal, han comprometido seriamente su derecho a la educación inclusiva, al dificultar y/o impedir su presencia, su participación y su éxito escolar junto a sus iguales de referencia".

En el acto de la vista, celebrada a través de videoconferencia con Cataluña, donde tiene su sede la Fundación que la Psicóloga Sra. Africa dirige, la citada perito ratificó su informe y señaló que donde el menor presenta más dificultades es en la comunicación y lenguaje, en las relaciones sociales, la atención y la reacción frente a los cambios. Añadió que en los años en el CPR DIRECCION000 no se cumplieron los protocolos. No recibió mucha ayuda y ello rebajó su nivel intelectual muy por debajo de lo esperado. Afirma que los perjuicios afectan a todos los ámbitos, personal, educativo, social y familiar, siendo tales perjuicios irreversibles o de muy difícil superación.

A preguntas del Letrado de la Xunta de Galicia, manifestó que el informe se lo solicitaron los padres del menor, pero no recuerda la fecha. Sí le consta que los padres estaban descontentos. Que tanto ella como la Fundación que dirige participan en actuaciones judiciales cuando se les requiere para ello. Que nada sabe respecto de una tarjeta de agradecimiento que, en su día, fue remitida al CPR DIRECCION000.

Dice que analizó el expediente académico del alumno y algunos de sus trabajos, si bien no recuerda en qué fecha tuvo acceso al expediente escolar. No contactó con el profesorado del centro educativo pues le bastaba con la documentación escolar. Afirma que los protocolos son generales. Sostiene que los informes que aluden a una mejoría del niño se contradicen con los resultados de su evolución. Que dichos resultados hubiesen sido otros de haberse adoptado las medidas adecuadas. Por último, señaló que el menor acudió, en compañía de sus padres, a su consulta en Barcelona.

TERCERO.- Esta Sala no puede sino aplaudir la extraordinaria labor que, desde la Fundación DIRECCION006, viene desarrollando la Sra. Africa en la procura de la excelencia en la intervención psicoeducativa de alumnos con diversidad funcional, especialmente, los que presentan DIRECCION001, con el objetivo de una educación inclusiva a nivel normativo y práctico realizando, a tal fin, tareas de asesoramiento a familias, profesionales y centros educativos.

Pero dicho esto, el informe y el testimonio de la Psicóloga, en el acto de la vista, no tienen recorrido. Resulta increíble que con tan escaso bagaje de conocimiento acerca de la real situación del menor informado, pueda emitirse tan amplio y exhaustivo dictamen para no concluir más que con parámetros genéricos de actuación, propios de protocolos, sin especificar, en momento alguno, las medidas concretas e individualizadas aplicables al expresado alumno que hubieran hecho posible el éxito escolar a que alude en el citado informe. Solo le faltó cuantificar la indemnización que podría corresponderle a la parte demandante en el presente recurso.

Nos hallamos, en suma, ante un informe de complacencia para la parte que lo solicitó y complaciente, también, para los fines generales que persigue la Fundación en su constante y ardua lucha por alcanzar el magnífico objetivo de una educación inclusiva.

Pero el informe no es más que una declaración de principios programáticos y un afán de hacer prevalecer sus criterios o métodos pedagógicos. Si lo configuramos como un silogismo, podemos apreciar que el informe sienta una premisa mayor (los principios o normas genéricamente aplicables), una premisa menor (el supuesto concreto del alumno Ezequiel), pero se olvida de cerrar el silogismo al no establecer la conclusión o consecuencia lógica que vendría dada por la aplicación de aquel principio o norma al caso concreto objeto de enjuiciamiento.

CUARTO.- Pero aquí nos movemos en otro ámbito; el de si debe prosperar o no la reclamación de responsabilidad patrimonial que se promueve. Y ello no puede asentarse en términos o conceptos de generalidad sino analizando el supuesto concreto que nos ocupa, de forma individualizada.

Con estos antecedentes y planteada la litis en estos términos, se hace preciso concretar dos cuestiones. En primer lugar, si pudo existir responsabilidad patrimonial de la parte demandada, lo que nos lleva a examinar la concurrencia de los requisitos establecidos para que se produzca ese nacimiento. En segundo lugar, y para el caso de afirmar la existencia de dicha responsabilidad, si en el supuesto de autos se puede, en su caso, reconocer cantidad alguna en favor de la demandante por ese concepto. El artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LA LEY 15011/2015), proclama el derecho de los particulares a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión sufrida en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar, siempre que la lesión fuera consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, lo que ya venía previsto con anterioridad en similares términos por la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (LA LEY 43/1954), el artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado (LA LEY 28/1957), Texto Refundido de 26 de julio de 1957, en el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LA LEY 3279/1992), y está recogido igualmente en el artículo 106.2 de la Constitución (LA LEY 2500/1978). En la interpretación de estas normas, el Tribunal Supremo -entre otras, Sentencias de 5 de diciembre de 1988, 12 de febrero, 21 y 22 de marzo y 9 de mayo de 1991, 2 de febrero y 27 de noviembre de 1993-, ha estimado que para exigir responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de los servicios públicos es necesario que concurran los siguientes requisitos o presupuestos: 1.- Hecho imputable a la Administración. 2.- Lesión o perjuicio antijurídico efectivo, económicamente evaluable e individualizado en relación a una persona o grupo de personas. 3.- Relación de causalidad entre hecho y perjuicio, y 4.- Que no concurra fuerza mayor u otra causa de exclusión de la responsabilidad. O como señala el mismo Alto Tribunal en sus Sentencias de 14 de julio y 15 de diciembre de 1986, 29 de mayo, 17 de febrero y 14 de septiembre de 1989, para que nazca dicha responsabilidad era necesaria "una actividad administrativa (por acción u omisión -material o jurídica-), un resultado dañoso no justificado y una relación de causa a efecto entre aquélla y ésta, incumbiendo su prueba a quien reclama; a la vez que es imputable a la Administración la carga referente a la existencia de la fuerza mayor cuando se alegue como causa de exoneración".

Debemos, verificar, por tanto, si en el supuesto de autos concurren esos requisitos.

QUINTO.- De lo obrante en las actuaciones nada se desprende que permita compartir las razones que sirven de fundamento a la pretensión de los actores. Al margen de que la Psicóloga Sra. Africa extiende las deficiencias educativas que denuncia respecto del menor a cinco años de escolarización, cuando en el CPR DIRECCION000 solo lleva tres años, por lo que se estaría generalizando la denuncia a todos los centros educativos por los que pasó, lo que viene a evidenciar su absoluta y permanente disconformidad con toda educación especial que no se ajuste a sus criterios propios, a nadie escapa que su dictamen se sustenta únicamente en sus propias convicciones y en lo que le relataron los padres del alumno quizás influidos por la opinión de la Psicóloga.

Nada obra en autos ni en el expediente administrativo que revele las graves anomalías educativas que refiere en su informe. Y es que el dictamen describe al CPR DIRECCION000 más que como un colegio como un centro correccional.

El alumno recibió una adecuada atención educativa, conforme a lo establecido en los artículos 8 (LA LEY 24439/2011) y 9 del Decreto 229/2011, de 7 de diciembre (LA LEY 24439/2011), por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado de los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Galicia en los que se imparten las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LA LEY 4260/2006). Así lo confirma la Inspección educativa.

El departamento de orientación y la dirección del PRC DIRECCION000 constatan que el menor recibió apoyo fuera del aula todos los días de la semana, así como los adicionales que pudo precisar, disponiendo de apoyo individualizado dentro del aula, hasta el punto de que se obtuvo una mejoría en el alumno. Y así lo apreciaron los propios demandantes cuando manifestaron su agradecimiento y reconocimiento por el esfuerzo y la labor de la tutora del menor a través de una afectuosa tarjeta remitida a la profesora de Ezequiel. Solo influencias extrañas o un interés crematístico pueden justificar tan tardío cambio de opinión.

Esta Sala lamenta que el alumno no haya alcanzado un mayor desarrollo educativo y colmar, así, sus propias expectativas y las de sus progenitores. No pudo ser; de hecho, al finalizar el ciclo, el Alumno presentó un déficit de un 97% de los ítems, con una madurez psicolingüística de 4 años y 5 meses cuando contaba 7 años y 3 meses de edad.

Pero de ello no cabe responsabilizar a la Administración educativa demandada, salvo que pretendamos erigirla en seguradora universal de cuanto fracaso académico se produzca.

Afirmar que el menor ha sufrido contenciones físicas en el centro de las que, en ocasiones, han derivado lesiones no es más que una manifestación de parte, carente del más mínimo sustento probatorio y que mal se compadece con el agradecimiento expuesto por los padres a la tutora del alumno y con el hecho de que nunca presentaran una queja o denuncia por ello. Y los propios progenitores han revelado casos de autolesión de su hijo, llegando a morderse sus brazos.

En cuanto a la información a los padres acerca de la evolución escolar de su hijo menor, no se ajusta a la verdad que brillara por su ausencia. Consta que, trimestralmente, recibían informes al respecto y que, periódicamente, se reunían con los profesores. También les fue suministrada la documentación solicitada e incluso se acordó con ellos que el alumno repitiese el 2º curso de primaria.

El alumno no fue objeto de discriminación alguna. Existen fotos que revelan la participación del menor, con sus compañeros, en excursiones y otras actividades escolares.

Pero no podemos olvidar, por más doloroso que resulte, que las personas diagnosticadas de DIRECCION001, presentan una disfunción neurológica crónica que se manifiesta en sintomatología como la que presenta el alumno y el éxito de la metodología a aplicar para paliar tales deficiencias no está garantizado por más que se adopten todas las medidas en tal sentido. De ahí que no baste atender al resultado final del ciclo desde un punto de vista académico, para colegir de él, en un proceso inverso de valoración, la falta de adecuación de la docencia suministrada o la discriminación del alumno por parte del centro educativo.

Por las razones expuestas, en coincidencia con lo dictaminado por el Consello Consultivo de Galicia, no pudiendo establecerse la necesaria relación de causalidad entre la actuación de la Administración demandada y el daño o perjuicio que se dice derivar de aquella, procede desestimar el recurso planteado.

SEXTO.- Al desestimarse el recurso deben imponerse a la parte recurrente las costas procesales, de conformidad a las previsiones del artículo 139.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa (LA LEY 2689/1998); en aplicación de lo dispuesto en el indicado precepto legal se limita la suma reclamar en concepto de gastos de defensa y representación de la Administración demandada a la cantidad de 750 euros; e igual suma, en concepto de honorarios de Letrado de la defensa, por la Compañía de Seguros codemandada.