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PRIMERO.- En el presente recurso se impugna la sentencia el 18 de febrero de 2018, que desestimó el recurso que doña Martina, don Doroteo, don Eleuterio, doña Mariola, don Evaristo y don Ezequias interpusieron contra la resolución de 21 de septiembre de 2018, del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que no acogió el recurso interpuesto contra el acuerdo de la Juez Única de Disciplina Deportiva de la Real Federación Española de Tenis de Mesa (RFETM), de 31 de julio de 2018, que impuso a los interesados la sanción de suspensión temporal de un año de competición oficial, prevista en el artículo 63 del Reglamento de Disciplina Deportiva de dicha Real Federación, aprobado por la Comisión Directiva del Consejo Superior del Deporte el 3 de marzo 2011 (BOE 100 de 27 de abril de 2011), por infracción del citado artículo 63 en sus apartados a) c) y e).

Los hechos que dieron lugar a la infracción sancionada parten de la convocatoria el 28 de abril al 1 de mayo de 2018, como organizadores del XXVII Campeonato de Veteranos de Tenis de Mesa por parte de la Asociación Española de Jugadores Veteranos de Tenis de Mesa (en adelante AEVTM); en esas mismas fechas se celebraba el XXVII Campeonato de España de Veteranos, convocado con anterioridad por la RFETM.

Los apelantes muestran su disconformidad con la sanción impuesta y achacan a la sentencia incongruencia omisiva al no pronunciarse sobre los problemas de tipificación que expuso en el escrito de demanda. Se hizo constar, sin contradicción alguna, que antes de la celebración del campeonato atendieron a todos los requerimientos que les hizo la federación para evitar cualquier confusión con una competición nacional y oficial. Estos extremos no se tuvieron en cuenta por la sentencia en el análisis de un acuerdo sancionador, lleno de contradicciones e irregularidades que no pueden reputarse irrelevantes. Se ha vulnerado el principio de tipicidad puesto que no se necesita que exista norma que exija obtener una autorización por parte del CSD para la organización de un torneo de veteranos que no tiene carácter oficial. También considera infringido el principio de culpabilidad.

SEGUNDO.- La sentencia impugnada rechazó la caducidad que también se denunció en primera instancia. Consideró que los recurrentes no son objeto de expediente por razón del ejercicio de su derecho a asociarse, o por razón de actividades asociativas como miembros de la AEVTM, sino que lo son en su condición de miembros federados de la RFETM. Transcribe el artículo 2 Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre (LA LEY 668/1993), sobre Disciplina Deportiva (BOE de 19 de febrero), que explica la competencia para el ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva, que corresponderá, entre otras, a las Federaciones deportivas españolas sobre todas las personas que estén federadas.

Razonó que sí concurría la infracción grave del artículo 63 a), b) y c) del Reglamento de Disciplina Deportiva de la RFETM, puesto que consta la voluntad de organizar una competición paralela en clara concurrencia con la oficial, para la que la AEJVTM exigió, como requisito de participación en su campeonato, la tenencia de licencia federativa, y para su celebración utilizó la referencia o nomenclatura XXVII, la misma normativa que la RFETM y la misma denominación de los trofeos y medallas que el campeonato oficial (Copa Joaquín Aznar, Copa Sonia Etxazarreta, etc.).

Concluyó que si bien no se consideró probado en la resolución que la asociación utilizara el término «campeonato de España», los susodichos hechos acreditados sí permiten inferir una actuación de los sancionados que supuso la utilización de elementos o atribuciones que son propias de la institucionalidad oficial de la RFETM y que impidió o pudo impedir que pudiera darse una nítida desvinculación entre el campeonato organizado y celebrado por la AEJVTM y el campeonato de España que organizó y celebró la RFETM.

La conducta, al llevarse a cabo por personas que se hallaban en posesión de licencia federativa de la RFETM, permite su inclusión en el tipo de la infracción grave recogida en su Reglamento de Disciplina Deportiva en el artículo 63 c) del citado Reglamento, «El ejercicio de actividades públicas o privadas declaradas incompatibles con la actividad o función deportiva desempeñada», conducta que se mantuvo a pesar de las órdenes o instrucciones que les fueron transmitidas por el Presidente de la RFETM, mediante el escrito dirigido a la Presidenta de la AEJVTM.

TERCERO.- Lo s apelantes consideran que la sentencia incurre en incongruencia omisiva puesto que cuando hace referencia a la licitud del torneo organizado, no hace consideración alguna. Si el torneo era lícito, extremo que no fue cuestionado, difícilmente les puede ser imputada infracción alguna. No existe previsión normativa alguna que impida a unos deportistas federados organizar un torneo que no tenga ni el carácter oficial ni federativo. Todo ello enlaza con la inexistencia de tipificada en la conducta sancionada y la vulneración de principio de tipicidad.

CUARTO. - Antes de entrar al examen de los motivos invocados por los apelantes, debemos fijar ciertos extremos que fueron recogidos por la sentencia impugnada y que no han sido cuestionados por ninguno de los litigantes.

1.- La AEJVTM organizó una competición deportiva entre el 31 de abril y el 1 de mayo de 2018, con la denominación inicial de «XXVII Campeonato de Veteranos de Tenis de Mesa por parte de la Asociación Española de Jugadores Veteranos de Tenis de Mesa», coincidente con la competición oficial de ámbito nacional organizada por la Federación la RFETM.

2.- Los sancionados son deportistas federados todos integrantes de la AEJVTM.

3.- Tras el conocimiento de la celebración de esta competición a instancias de la RFETM le fueron practicados a la AEJVTM distintos requerimientos para que:

a) No retirara de la denominación del evento la referencia a campeonato de España.

b) Que no incluyera en el tríptico los números romanos «XXVII».

c) El seguro federativo no cubriría los riesgos que pudieran producirse durante la celebración de este evento.

4.- La razón de estos requerimientos se explicaba para evitar cualquier género de confusión con el campeonato nacional oficial a celebrar por la RFETM.

5.- Todos los requerimientos fueron atendidos.

QUINTO.- Los hechos que hemos fijado, y de los que debemos partir para valorar correctamente el ejercicio de la potestad sancionadora, determinan el que lleguemos a una consideración diferente a la reflejada por la sentencia impugnada, y que confirmó la sanción impuesta por la Juez Única de Disciplina Deportiva de la RFETM.

De conformidad con lo establecido en el artículo 46.1.a) de la Ley 10/1990 (LA LEY 2706/1990), las competiciones deportivas por su naturaleza se dividen en «oficiales o no oficiales, de carácter profesional o no profesional», y solo tendrán este carácter, añade el apartado 2 , las que «así se califiquen por la correspondiente Federación deportiva española», y corresponde, a tenor de lo dicho por el artículo 33, a las Federaciones deportivas españolas, bajo la coordinación y tutela del Consejo Superior de Deportes, entre otras, la función de «a) Calificar y organizar, en su caso, las actividades y competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal». No se discute, en el supuesto enjuiciado, que el evento deportivo organizado por los sancionados no tenía carácter oficial.

Difícilmente se puede apreciar una infracción, de tan genérica previsión, como la contemplada en el artículo 63 c) del Reglamento, «El ejercicio de actividades públicas o privadas declaradas incompatibles con la actividad o función deportiva desempeñada», cuando a la luz de como se sucedieron los acontecimientos, formalmente no consta que la organización del torneo fuera declarada incompatible con la actividad deportiva oficial llevada a cabo por la Federación, ni expresamente prohibida.

En primer lugar, los integrantes de la AEJVTM atendieron todos y cada uno de los requerimientos que les fueron dirigidos por el la Juez Única de Disciplina Deportiva. En segundo lugar, no estamos ante la organización de un evento deportivo de carácter oficial. En tercer lugar, la Federación puede impedir la organización de un evento deportivo, a título particular y de carácter no oficial, de más o menos difusión, por cuanto supondría una injustificada y odiosa restricción de libertades para las que las Federaciones no están habilitadas. En cuarto lugar, el solo hecho de estar federado no supone, más allá del ámbito competencial de la Federación, la sujeción del individuo al órgano Federativo.

A pesar de que como afirma la sentencia, «[t]odos estos cambios se produjeron una vez finalizada el plazo para la inscripción en el XXVII Campeonato Veteranos AEJVTM y tras la apertura del expediente informativo aperturado por la Jueza Única de Disciplina Deportiva de la RFEIM, para esclarecimiento de los hechos tras la denuncia formulada por la RFETM [...]», lo que corrobora esta afirmación es que los requerimientos se atendieron cuando fueron recibidos, hasta ese momento no se tiene constancia de rechazo o de la advertencia federativa sobre este evento deportivo, que para más señas se había celebrado anualmente sin visos de ilegalidad.

Este último dato también lo reputamos relevante a la hora de valorar la culpabilidad de los infractores, puesto que inicialmente no cabe hacerles reproches, en la medida que actuaron como lo vino haciendo la asociación a la que pertenecían durante los veintiséis años anteriores.

SEXTO.- Los anteriores razonamientos nos llevan a la íntegra estimación del recurso de apelación, a la anulación de la sentencia con estimación del recurso contencioso-administrativo que se dedujo contra la resolución de 21 de septiembre de 2018, del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que no acogió el recurso interpuesto contra el acuerdo de la Juez Única de Disciplina Deportiva de la Real Federación Española de Tenis de Mesa (RFETM), de 31 de julio de 2018, que impuso a los interesados la sanción de suspensión temporal de un año de competición oficial.

SÉPTIMO.- En cuanto a las costas, no hacemos especial pronunciamiento de las causadas en la presente instancia; las de la primera deberán satisfacerse por la Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 139.1 de la LJCA (LA LEY 2689/1998).