1. Confirmación del Acuerdo de la Junta de Tratamiento del CP Ávila en sesión de 26 de noviembre de 2020.
1.1. Vulneración del derecho de defensa e interdicción de la arbitrariedad, art. 9.1 (LA LEY 2500/1978) y 24 CE (LA LEY 2500/1978). De la importancia de la motivación de las resoluciones judiciales y administrativas
Como señala la STC 325/1994 (LA LEY 13081/1994) "la motivación no consiste ni puede consistir en una mera declaración de conocimiento y menos aún en una manifestación de voluntad que sería una proposición apodíctica, sino que éstas -en su caso- han de ser la conclusión de una argumentación ajustada al tema o temas en litigio, para que el interesado, destinatario inmediato pero no único, y los demás, los órganos judiciales superiores y también los ciudadanos, por qué no, puedan conocer el fundamento, la ratio decidendi de las resoluciones... No sólo su extensión pone de manifiesto gráficamente la atención dedicada a la cuestión en litigio, sino que además son notables la coherencia y trabazón lógicas de su argumentación, se comparta o no, ajustada al tema controvertido".
La STS 1066/2012, también con relación a la motivación de las resoluciones, recuerda que "no es un puro acto de voluntad, una decisión intuitiva, ligada a la propia percepción de la justicia en el caso concreto; sino un proceso intelectual en el que mediante un discurso racional y por tanto compartible y exteriorizable, se llega a una decisión".
Por otro lado, la STC 8/2002 (LA LEY 2642/2002), que cita, entre otras la STC 128/1996 (LA LEY 7777/1996), en relación al uso de modelos impresos o formularios estereotipados, afirma que, aunque desaconsejable su utilización por ser potencialmente contraria al derecho a la tutela judicial efectiva, no implica necesariamente una falta o insuficiencia de la motivación -SSTC 184/1988 (LA LEY 110728-NS/0000), 125/1989 (LA LEY 2285/1989), 74/1990 (LA LEY 58454-JF/0000) y ATC 73/1996-, pues peticiones idénticas pueden recibir respuestas idénticas sin que la reiteración en la fundamentación suponga ausencia de ésta, debiendo analizarse el caso concreto para determinar la suficiencia de la respuesta ofrecida.
Lo expuesto, que es predicable y exigible de toda resolución judicial, es extensible a la Administración, sobre la cual pesa también tal carga motivadora de sus actuaciones, art. 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (LA LEY 15010/2015), del Procedimiento Administrativo Común; garantía elemental y primaria para el ejercicio del derecho defensa que tiene todo ciudadano, privado de libertad o no, frente a una eventual arbitrariedad: si no se sabe por qué se toma una decisión, difícilmente va a poder combatirla.
1.2. Absoluta ausencia de motivación de la Resolución del Director General de Ejecución Penal y Reinserción de 30 de diciembre de 2020
1.2.1. Del mantenimiento de la clasificación en segundo grado
Frente al unánime Acuerdo de la Junta de Tratamiento del CP Ávila en sesión de 26 de noviembre de 2020, el Director General de Ejecución Penal y Reinserción, ejerciendo la función de Centro Directivo, acuerda el mantenimiento en segundo grado del recurrente, interno DARÍO, modalidad art.100.2 RP, en Resolución de 30 de diciembre de 2020.
El razonamiento, no ya de la desestimación de la propuesta, antes bien de aplicación del régimen de flexibilidad, se recoge en la resolución clasificatoria en una solitaria línea, que se transcribe aquí literalmente:
"visto el conjunto de factores de adaptación e inadaptación, la pena impuesta y el momento de cumplimiento".
Con razón, tanto el interno, como el Ministerio Fiscal, ponen de manifiesto que
estamos ante una resolución que responde a un mero modelo estereotipado.
Si la motivación de cualquier actuación administrativa o judicial es la garantía fundamental de su eventual control, el telegráfico enunciado antes transcrito no se ajusta ni mínimamente a los parámetros antes expuestos, ni por ello pasa el más primario control de legalidad, por laxa que se quisiera la exigencia del tal presupuesto.
Las diecisiete palabras -incluidos artículos, conjunciones y determinantes- que son las añadidas al formulario, línea décimo primera de aquél, para ser una motivación válida, tendría que contener los datos individualizadores precisos para saber, no ya solo la justificación del porqué de la discrepancia con el parecer unánime de la Junta de Tratamiento, antes bien, además, de la aplicación del régimen de flexibilidad. Un pronunciamiento jurídicamente admisible de los Poderes Públicos tiene que tener como presupuesto, una exposición y razonamiento fáctico y jurídico explicativo de la decisión; en definitiva, lo único que se exige es algo tan sencillo de entender, aunque no siempre fácil de expresar, como un discurso argumentativo coherente.
El mero formulario empleado por la Administración penitenciaria en la Resolución de 30 de diciembre pasado, podría servir, por la generalidad de sus términos, para cualquier interno, bastaría cambiar el nombre de aquél; con tan parca, difusa, genérica, pobre y escueta redacción, no se explica la razón de dar más peso a uno u otro factor de los considerados relevantes en la toma de decisión -se ocultan cuáles son-, como tampoco la conexión y relevancia que se da a entidad de la pena, con relación al grado de cumplimiento -que no merece, al parecer, más explicación, aunque no sea precisamente algo evidente u obvio, no ya para el recurrente, persona lega en Derecho, como tampoco lo sería siquiera para un profesional del mundo penitenciario de dilatada experiencia-.
Estamos pues ante un palmario ejemplo de una decisión administrativa que no es sino una mera declaración de voluntad y no, como debería ser, un Resolución ajustada a los términos antes expuestos en el epígrafe precedente.
Una resolución, ya judicial, ya administrativa, no es la exteriorización del mero ejercicio de poder de la Autoridad, sino que se formula en paralelo a lo que en Filosofía se denomina un silogismo: Razonamiento que está formado por dos premisas y una conclusión que es el resultado lógico que se deduce de las dos premisas.
No es función del que firma ésta, aunque no exista impedimento legal para hacerlo, especular sobre cuáles han podido ser las concretas razones que han pesado más en la decisión del Centro Directivo, representado en este caso por el Director General de Ejecución Penal y Reinserción, elucubrar sobre la causa de dar más valor a unos factores de significación o relevancia penitenciaria concurrentes en este asunto frente a otros, de cómo opera la entidad de la pena con relación al tiempo de cumplimiento o de los instrumentos legales de excarcelación, ya condicional, ya definitiva, pues ello sería llevar al que suscribe al ámbito de la adivinación, con evidente riesgo de caer en el equívoco, además de convertirlo, a la postre, en el motivador, a sensu contrario, de una decisión administrativa ajena.
La motivación de un acto administrativo que se aparta de una propuesta razonada, en este caso de un órgano colegiado penitenciario, la Junta de Tratamiento, ha de ser debidamente justificada, pues precisamente, en este caso, la propuesta no complementa a lo resuelto.
O dicho de otra forma, aunque la resolución que aquí se analiza, un mero formulario es una práctica habitual de la SGIP, no por ello, un mal hábito, se convierte en algo admisible y legal. Lo que ocurre es que cuando ese proceder no hace sino confirmar una propuesta, en ese caso, en una interpretación generosa, puede entenderse que aquélla suple tan viciosa práctica. Pero cuando la propuesta es en un sentido y lo resuelto lo es en otro, la magnánima interpretación resulta ontológicamente imposible, de lo que resulta que es debido e imprescindible por parte de quien toma la decisión el despliegue de un esfuerzo argumentativo adicional, una auténtica obligación de aquél, no algo meramente contingente, antes bien, necesario como exigencia elemental del debido respeto a los derechos del ciudadano, aunque esté privado de libertad, pues tal condición no se pierde por ello, art. 25.2 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978) y art. 3 LOGP (LA LEY 2030/1979).
1.2.2. De la aplicación del régimen de flexibilidad,
art. 100.2 RP (LA LEY 664/1996)
Pero si ya es llamativa la ausencia de la precisa exteriorización de las razones de la discrepancia con la Propuesta de la Junta de Tratamiento, más grave aún es recurrir a la aplicación del régimen de flexibilidad, art. 100.2 RP, con ausencia de la elemental referencia a los extremos eventualmente sustentadores de él.
Si estuviéramos a 21 de julio o incluso a 3 de diciembre de pasado año, probablemente no llamaría tanto la atención la Resolución del Centro Directivo aquí analizada; pero es que desde el 22 de julio y, en todo caso, desde el 4 de diciembre de 2020, para poder hacer uso del régimen de flexibilidad, art. 100.2 RP, ha de respetarse indefectiblemente, se comparta o no, lo dispuesto, no en uno, antes bien, en diez Autos del Tribunal Supremo -recaídos todos ellos en la Causa Especial núm.: 20907/2017, popularmente conocida como Procés-.
Diez decisiones del Tribunal Supremo conforman, indiscutiblemente, sin ningún género de duda, se esté de acuerdo o no, Jurisprudencia. Como establece desde el 16 de agosto 1889, fecha en que entró en vigor el Real Decreto de 24 de julio de 1889 (LA LEY 1/1889) por el cual de publica el Código Civil, el art. 1.6,
la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
Recoge literalmente el Tribunal Supremo en las resoluciones mencionadas, con relación a las características que debe reunir la propuesta de aplicación del régimen de flexibilidad, art. 100.2 RP (LA LEY 664/1996), que "
la propuesta correspondiente y su aprobación por el Juez de Vigilancia Penitenciaria, deben reflejar una necesidad que ha de estar vinculada directamente con el proceso de reinserción del penado. Es este proceso de reinserción el que exige un programa específico de tratamiento, que no podría llevarse a cabo sin aplicar la flexibilización que prevé el art. 100.2 del RP. El programa de tratamiento ha de identificar, precisamente para su debido control judicial,
la necesidad de la medida, la imposibilidad de su ejecución en el interior del centro penitenciario, su relevancia frente a otras alternativas y, en definitiva, su provisionalidad o permanencia en el tiempo".
La Resolución de 30 de diciembre de 2020, no es que omita algún extremo de los antes transcritos, es que no recoge ninguno, desconoce abiertamente lo que debería ser su recta guía en la aplicación de la Legislación penitenciaria en esta materia: la interpretación que de ella se hace por el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, el Tribunal Supremo, art. 123.1 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978).
En conclusión, el que suscribe ignora, porque no se le han expuesto, como era de obligado cumplimiento, las razones de la desestimación por el Centro Directivo de la propuesta unánime de la Junta de Tratamiento del CP Ávila, en definitiva, qué poderosos motivos son el fundamento de la Resolución para apartarse de ella y acordar el mantenimiento del interno en segundo grado, con aplicación del régimen de flexibilidad, art. 100.2 RP (LA LEY 664/1996).
2. Estimación del Recurso
2.1. Procedencia de la progresión al tercer grado del recurrente
Si en mi Auto de 3 de septiembre de 2020, que se da por reproducido, entendí, tras un discurso argumentativo, fáctico y jurídico,
motivación
pues, que había causa para progresar al recurrente al tercer grado, cuanto más cuatro meses después, periodo en el cual no cabe sino apreciar una consolidación de los factores positivos presupuesto de una eventual progresión al tercer grado, pase a un régimen de semilibertad, tal y como han apreciado quienes tienen un contacto directo con el recurrente, la Junta de Tratamiento que unánimemente formula la Propuesta.
2.2. Del derecho a la igualdad,
art. 14 CE (LA LEY 2500/1978) y su vulneración
Pero es que, además, de nuevo, es significativo que
otros condenados en la misma causa que el recurrente gozan desde hace meses del régimen de vida que aquí se reclama, uno de ellos con un grado de cumplimiento en régimen ordinario, clara y sensiblemente inferior al del Sr. Darío. Tal penado además gozó previamente de un régimen de flexibilidad.
Si creemos realmente que la igualdad, art. 14 CE (LA LEY 2500/1978), es un valor fundamental de toda actuación de la Autoridad pública, ya administrativa, ya judicial, pilar elemental y esencia de la Justicia, sería cuando menos deseable, es más, imprescindible y necesario, que se expresara la causa o razón de discrepancia ante un evidente desigual trato.
La aplicación de las Leyes debe ser igual para todos a falta de una justificación fundada y razonable; en definitiva, tratar igual a los iguales, a quienes estén en similares circunstancias.
Salvo que se haya entendido por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias -SGIP- que por parte de la Administración catalana, que tiene transferida la competencia, a través de la Direcció General de Serveis Penitenciaris -DGSP-, se ha actuado fuera de la legalidad, y por ello la Administración primera mencionada hubiera hecho aplicación de la doctrina recogida, entre otras, la STC 27/2001 (LA LEY 3124/2001) -la equiparación en la igualdad ha de ser dentro de la legalidad y sólo entre actuaciones idénticas que sean conformes al ordenamiento jurídico, pero nunca fuera de la legalidad, no existiendo un derecho a que se dispense un trato igualitario en la ilegalidad-, su ámbito de discrecionalidad en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas no ampara la vulneración de un derecho fundamental, el derecho a la igualdad.
La Resolución del 30 de diciembre, nuevamente, guarda silencio en este punto.