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PRIMERO- . La sentencia objeto del recurso de apelación decidía sobre la acción de condena dineraria (en petición de indemnización) que deducía el actor Juan Enrique, por razón de responsabilidad extracontractual por daños personales (lesiones) derivados de un accidente acontecido en el espectáculo de exhibición de coches "tuning" que tuvo lugar en la localidad de Mengíbar el 9 de noviembre de 2013, contra las aseguradoras Helvetia Compañía Suiza y Generali, contra la entidad "Asociación MPA Open Show" y Anselmo. Y, estimando de forma integra aquella demanda, condenaba a todos ellos de forma solidaria a abonar al primero la cantidad que allí se expresaba, si bien con relación a la primera de aquellas aseguradoras el límite de su responsabilidad (solidaria) era de 151.000 € (auto de aclaración de sentencia).

Contra dicho pronunciamiento interponen sendos recursos de apelación las expresadas aseguradoras; mientras que la entidad Asociación MPA Open Show formula impugnación parcial de dicha sentencia, en los escritos presentados en tal sentido en la tramitación de los primeros.

La parte demandante (aquí, apelada) se opone al recurso interpuesto, considerando ajustada a Derecho la resolución recurrida, ello por las razones que expone en el escrito de oposición presentado con ocasión de la tramitación de la presente apelación, que se dan en este fundamento por reproducidas.

SEGUNDO- . Recursos de las aseguradoras Generali España, S.A y Helvetia Compañía Suiza (I). Motivos atinentes al modo de producirse el siniestro y a la conducta de intervención del actor en el espectáculo. Impugnación de la organizadora del evento Asociación y MPA Open Show sobre dicho particular-.

En sus respectivos recursos, en particular, en los motivos "segundo" de la primera y "primero" y "segundo" de la segunda, ambas aseguradoras consideran errónea la valoración de la prueba verificada en la resolución de primer grado, en lo referente al modo de producirse el siniestro del que derivaron las lesiones objeto de indemnización y en la intervención o participación que tuvo el demandante (lesionado) en su causación. Y a la misma cuestión, y en primer lugar, aluden los primeros motivos expuestos por la entidad MPA Open Show, organizadora del evento, en su escrito de impugnación. Dada su íntima relación, serán objeto de estudio dichos motivos de forma conjunta en el presente fundamento de derecho.

Se trata, como es obvio, de una cuestión de valoración de la prueba practicada en torno a tan trascendental hecho, por lo que es necesario destacar de nuevo la doctrina emitida por esta misma Sala, ad exemplum, en nuestra sentencia de 10 de abril de 2019, en la que afirmábamos: "Centrado así el objeto del debate en esta alzada y para su resolución, habiéndose denunciado la existencia de error en la valoración de la prueba, habremos de partir con carácter general, de la premisa ya reiterada por esta Audiencia Provincial -Ss. Secc. 2ª de 27-2-06, 6-7-06, 7-5-07, 12-5-09, 29-6-10, 17-1-12 o 14-6-13, o en las más recientes de esta Secc. 1ª de 23-4 y 27-10-14, 11-5-16 o 22-3-17 entre otras muchas-, de que no es admisible al apelante tratar de imponer su lógicamente parcial e interesada valoración, frente a la más objetiva y crítica del juzgador de instancia, pues es reiterada la jurisprudencia ( SSTS de 21-9-91, 18-4-92, 15-11-97 y 26-5-04, entre otras muchas) que atribuye a éste en principio plena soberanía para la apreciación de la prueba, salvo como hemos expuesto, ésta resulte ilógica, contraria a las máximas de experiencia o a las reglas de la sana crítica, únicos supuestos en que procede su revisión y que desde luego no solo entendemos no concurren en el supuesto enjuiciado, sino que habremos de compartir las conclusiones combatidas por inferirse de forma correcta del resultado arrojado por el conjunto de los medios probatorios".

Sentado lo anterior, dentro del sistema de responsabilidad por culpa que recoge nuestro Código civil (Arts. 1902 y concordantes), es necesario para afirmar su existencia la concurrencia de tres requisitos o elementos: una acción u omisión culposa o negligente, la producción de un resultado lesivo y finalmente una relación de causalidad entre los dos primeros. La doctrina jurisprudencial se ajusta a esta responsabilidad culposa del artículo 1902 con tintes objetivadores, de forma que para el éxito de la acción de responsabilidad deben concurrir los requisitos de: una acción u omisión, que dicha acción origine unos daños (sean corporales o materiales), que la acción sea imputable al agente a título de culpa en sentido estricto (negligencia) o de dolo y, por último, que entre el actuar o el omitir del agente y el resultado dañoso producido exista un nexo causal.

En el presente caso, resultaba indiscutido en la instancia -también en esta alzada- que las lesiones del actor se causaron al caer sobre él el vehículo guiado por Anselmo, conductor de un vehículo especial -un BMW sin matrícula- con el que realizaba un supuesto espectáculo de "habilidades al volante", en un recinto habilitado al efecto (una nave en la localidad de Mengíbar), entre las que se encontraba situar el coche en marcha sobre dos ruedas laterales; y que la precipitación del vehículo sobre su persona tuvo lugar al acercarse a él circulando sobre las dos ruedas del lado izquierdo (delantera y trasera izquierda), cuando dicho turismo, por su energía cinética, la inercia que arrastraba y la fuerza de la gravedad, entre otras circunstancias dinámicas, dejó de estar en esa anómala postura y cayó sobre sus cuatro ruedas, situándose en su posición natural de circulación o marcha, pero ello justo cuando pasaba al lado del actor, de manera que este fue golpeado rotundamente en dicha precipitación. La prueba videográfica consistente en la grabación del siniestro en soporte CD que obra en actuaciones es elocuente de lo que se indica.

Es evidente, en consecuencia, que el siniestro y las -graves- lesiones que sufrió el actor se debieron como causa directa e inmediata a la acción de dicho conductor, que no se condujo con la pericia que debía y de la que presumía en la verificación de dicha maniobra, ya peligrosa por sí misma, no sólo para el mismo sino para las personas -tres- que se encontraban en la pista, situadas en línea, y que habían de ser superadas y esquivadas en su trayectoria.

Alegan aquellas recurrentes e impugnante, en esencia, que el señor Juan Enrique participó voluntariamente en dicha actividad de riesgo e incluso que existía concierto o acuerdo entre aquél y el meritado conductor, de manera que debe asumir las consecuencias lesivas derivadas del siniestro. Se trata de un supuesto diferente a la culpa del lesionado, casos en que colabora con una acción u omisión negligente a la producción del daño.

En cuanto al concepto de asunción de un riesgo, ahora sin matices jurídico-dogmáticos, la doctrina científica ha destacado que es un vocablo que indica que quien se ve aquejado por una lesión, estaba expuesto a la posibilidad de padecerla, y cuya exposición fue voluntaria y consentida por él mismo. Esta situación es excepcional, es decir, que "aceptar riesgos de dañosidad, admitir un perjuicio que se sufre en el cuerpo, la salud o en los sentimientos; en los bienes, derechos o relaciones jurídicas, es, de por sí, algo insólito". Ahora bien, cuando se utiliza en Derecho Civil -en sede de responsabilidad extracontractual- de la expresión "asunción de riesgos", se apunta a la intervención directa de la víctima en un evento arriesgado desencadenado por otro sujeto. Se ha señalado que existe aceptación de riesgos cuando la víctima se expone al daño a sabiendas de que puede sobrevenir, dada la naturaleza del hecho que ejecuta o en que interviene o participa. En otras palabras, en estos supuestos la víctima se expone a sabiendas al riesgo y necesariamente no lo quiere.

En la realidad resulta muy delgada la línea que separa aquellos casos en que una persona asume un riesgo y que sólo conozca esos riesgos, y esta dimensión la posee un componente intrínseco neutral, a diferencia de la segunda, donde su connotación consensual parece aludir a un necesario acuerdo entre victimario y víctima.

En efecto, según la Real Academia Española de la lengua, "asumir" en su segunda acepción significa "hacerse cargo, responsabilizarse de algo, aceptarlo"; esta palabra envuelve necesariamente dos estadios: en primer lugar, para asumir una situación debemos necesariamente conocer, al menos a grandes rasgos, los ribetes y alcances de aquella situación. De manera que mal podríamos hablar de asumir un riesgo cuando no se conoce el riesgo mismo. En suma, la asunción de riesgos presupone necesariamente una información acerca de la actividad que va a desarrollarse; el primer estadio sería el conocer mismo. En suma, la asunción de riesgos presupone necesariamente una información acerca de la actividad que va a desarrollarse; el primer estadio sería conocer. Luego la noción de asunción se completa con la aceptación de este riesgo conocido. Esta aceptación por supuesto que debe existir, y ser libre y consciente, excluyendo todo tipo de aceptación que esté emponzoñada con algún vicio de la voluntad. Damos por sentado, a la vez, que no es preciso que la aceptación sea expresa, es decir, en términos directos y explícitos, sino que también puede ser tácita, o sea, una serie de conductas del sujeto que nos permite deducir indudablemente que su voluntad es aceptar los riesgos. Y el segundo estadio sería aceptar, stricto sensu. A propósito de lo anterior, también la doctrina estudiosa de la cuestión ha resaltado que la asunción de riesgos, esa noción conjunta de conocer y aceptar, debe estar referida necesariamente al accidente y no al daño, en otras palabras, lo que la víctima conoce y acepta es exponerse a un accidente: éste es el riesgo que el sujeto asume y no, necesariamente, el tipo de daño; pues una valoración desde la perspectiva del daño puede generar el efecto perverso de incentivar conductas inapropiadas, pero cuya incidencia dañosa sea escasa. Argumentando in extremis, si el conocimiento y la aceptación de un riesgo recae en un daño específico, la figura que se comenta se desplaza a la aceptación de daños. Esta distinción, aceptación de daños y aceptación de riesgos, se ha ejemplificado a propósito del caso del duelo: cada duelista acepta el daño que puede sobrevenirle, pero no quiere ser lesionado, más bien quiere lesionar a su contrincante.

La aceptación de los daños y la aceptación (asunción) de los riesgos, por tanto, son figuras completamente distintas. Según numerosos autores, la asunción de riesgos se diferencia del consentimiento del perjudicado en que no hay voluntad de aceptar un daño actual, sino la voluntad de aceptar la exposición a un daño eventual. Sentado esto, no desconocemos las vinculaciones casuísticas que pueden tener estas figuras, pues hay ocasiones donde una actividad en que se participa tiene tales características que la aceptación del riesgo equivale a la aceptación del daño, habiendo señalado algún autor como ejemplo aquel sujeto que se sube a un automóvil de carreras, que va a participar en una competencia de alta peligrosidad, no puede menos que representarse las consecuencias a las que se expone. Se trata de cuestiones de hecho cuya responsabilidad -en cuanto a su calificación- corresponde al Juez. En efecto, cuando estamos en presencia de la aceptación de daños, hay una certeza de que el daño se va a producir y aun así se actúa voluntariamente, es decir, se consiente en el daño; mientras que en la aceptación de riesgos todo recae en la probabilidad de sufrir un daño, pero de ninguna manera se consiente en el daño, es más, se acepta voluntariamente la actividad, pero con la esperanza o quimera de no sufrirlo. De ahí que no puedan asimilarse las figuras de asunción de riesgos y de aceptación de daños, por mucho que en algunas situaciones su delimitación no se vea tan claramente.

En el caso planteado, no nos hallamos ante una actividad deportiva en sentido propio que conlleve un riesgo por la propia acción física que en ella se desarrolla, habiendo declarado nuestro Tribunal Supremo (sentencias de 9 de marzo de 2006 y 15 de febrero de 2007, con cita en la de 22 de octubre de 1992), que no es posible objetivar la responsabilidad en todos los supuestos en que se haya causado un daño en el marco de una actividad deportiva, al considerar que el riesgo particular que la práctica de cada uno de los deportes conlleva para la integridad física no es equiparable al que sirve de fundamento a la doctrina jurisprudencial, que ha dado lugar a la aparición de esta especial responsabilidad extracontractual, que presume la existencia del elemento culpabilístico. Y que se asume el riesgo desde el momento en que todo deportista sabe inicialmente que la práctica de cualquier deporte entraña la posibilidad de sufrir daños, tanto por la acción propia como por la de los que con él comparten el juego, y como tal lo acepta, siempre que la conducta de los demás respete los límites establecidos.

En nuestro caso, y según resulta del visionado de la grabación del suceso, el actor se hallaba entre el público asistente; y, llamado o requerido por el conductor- lo que también puede apreciarse en las imágenes grabadas-; entró a la pista donde éste venía realizando sus arriesgadas maniobras con el vehículo, tales como acelerones, frenazos, y circular haciendo "ochos" entre las dos personas que ya se encontraban en la pista, colaboradores del conductor, situándose en una fila o línea que hasta entonces formaban sólo esas otras dos personas, pasando entonces a ser tres los integrantes de la fila, a través de las cuales había de pasar el vehículo, ahora sobre dos ruedas.

Coincidiendo con la resolución de instancia sobre este particular, la prueba practicada en las actuaciones no evidencia un previo acuerdo entre conductor y demandante sobre su participación y, por ello, en la asunción del riesgo en el desarrollo de la actuación. Y menos aún de los daños personales que se le causaron. Así, en su escrito de contestación, el conductor demandado indicaba que la participación del señor Juan Enrique en la "actuación" fue voluntaria; y responsabilizaba del accidente al propio actor, acusándole de haberse "movido", hecho éste incierto a la vista del contenido de la ya comentada grabación del evento y del suceso. Pero no aludía en absoluto a una concertación entre ambos en la realización de la actividad, anterior a la misma que, como decimos, está huérfana de prueba suficiente y además, hubiera requerido normalmente la satisfacción de una contraprestación o precio por esa colaboración; o que uno y otro estuvieran unidos por vínculos tan estrechos de amistad que decidieran al demandado de forma voluntaria su participación y la asunción de los riesgos inherentes a la misma y de los daños que pudiera sufrir, circunstancias no acreditadas en estas actuaciones. Al contrario, se estima que el señor Juan Enrique confiaba en la pericia y destreza del profesional al volante, en aras a no sufrir daño alguno, confianza en la que se vio defraudado.

Insistiendo en lo anterior, colaboradores o cooperadores directos del conductor eran desde luego las dos personas que desde el inicio de la actividad se hallaban colocadas en la pista. Por el contrario, la irrupción y colocación del actor en tal lugar fue posterior en el tiempo y motivada, además, por el requerimiento o llamada que le dirigió aquel "profesional". Y no guarda relación directa con dicha colaboración, espontánea pero requerida por el conductor, el hecho de que el señor Juan Enrique pudiera haber entrado al recinto sin abonar el precio de la entrada.

En consecuencia, por estos argumentos y los demás que recoge la resolución de instancia (segundo y tercero de sus fundamentos de derecho) en orden a la valoración de la prueba sobre esta cuestión, esta Sala ha de compartir su conclusión y rechazar el error denunciado sobre este particular por las partes recurrentes e impugnante de la sentencia.

TERCERO- . Recursos de las aseguradoras Generali España, S.A y Helvetia Compañía Suiza (II). Sobre la responsabilidad de la empresa organizadora MPA OPEN SHOW. Impugnación de esta demandada-apelante-.

Este Tribunal también debe compartir lo razonado y concluido por la Juzgadora a quo sobre la responsabilidad en los hechos de la mencionada empresa, organizadora del evento. Tal responsabilidad debe radicarse indudablemente en la disposición contenida en el artículo 1903, párrafo 4º, del Código Civil, según el cual los dueños o directores de un establecimiento o empresa responderán respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones. La STS, Sala Primera, nº 38/2016, de 8-2-2016 (LA LEY 3346/2016), aborda en detalle la cuestión de la responsabilidad por hecho ajeno: "Con carácter general, la responsabilidad por hecho ajeno, esto es, por los actos u omisiones de las personas de quienes se debe responder, trae causa del fundamento y caracteres que disciplinan la responsabilidad civil prevista en el Art. 1902 del Código Civil (LA LEY 1/1889). Esta perspectiva sistemática comporta importantes consecuencias en orden a la configuración básica de responsabilidad derivada en atención a los supuestos previstos en el Art. 1903 del Código Civil (LA LEY 1/1889). Así, en primer término, y conforme a lo puntualizado en el último párrafo del precepto citado, la responsabilidad por hecho ajeno responde a una responsabilidad por culpa, si bien con inversión de la carga de la prueba. En segundo término, la responsabilidad por hecho ajeno permite reclamar la responsabilidad directa de la persona responsable y, en su caso, la responsabilidad solidaria de todos los autores materiales del daño o perjuicio ocasionado". Y "por otra parte, dado que la responsabilidad contemplada en el Art. 1903 del Código Civil (LA LEY 1/1889) no responde a la contemplada en una norma penal, ni de ámbito temporal y tampoco tiene carácter excepcional (pues no excepciona lo dispuesto en el Art. 1902, sino que al igual que éste, consagra una responsabilidad por culpa), se admite la aplicación extensiva por analogía respecto de los supuestos previstos en la norma, que no tienen el carácter de taxativos o de lista cerrada, como así vino considerando jurisprudencia precedente".

Resulta evidenciado con la prueba practicada que la empresa organizadora del evento incluyó entre las actividades que comprendía el mismo la exhibición de "coches de acción" a cargo de "Frank Motor Show", cuyo rótulo aparecía bien claro en el vehículo finalmente utilizado, pues -entre otras pruebas- así lo indica el programa que remitió dicha demandada al Ayuntamiento de la localidad (Mengíbar). Y en la publicidad que ofertaba de sus habilidades se especificaba que el señor Anselmo -el reseñado conductor profesional- era experto en conducir "vehículos a dos ruedas". Mediando relación contractual entre la organizadora y esa empresa y el conductor, que bien puede calificarse como arrendamiento de servicios, debe responder del daño causado por estos últimos a quienes contrató, a no ser que acredite haber empleado la diligencia de un padre de familia para prevenir el daño, como de forma expresa indica el párrafo último del artículo 1903 del CC. (LA LEY 1/1889) En comentario de este precepto legal, se ha destacado que en estos casos se establece una directa presunción de responsabilidad civil si concurre una conducta de las fijadas en los casos previstos en tal disposición legal, pero que puede ser enervada probando la existencia de la adopción de una diligencia mínima exigible para intentar controlar estas situaciones y evitar los posibles daños que estas personas pudieran ocasionar. Por ello, este precepto marca también una pauta de permisividad en orden a probar la adopción de esta diligencia, como evidencia la contenida en su último párrafo.

Se traslada, así y una vez más, la carga de la prueba al demandado para acreditar este extremo, debiendo probar el actor-reclamante-perjudicado tan solo la existencia del daño, su cuantificación y la relación que hace derivar esta responsabilidad ex art. 1903 CC (LA LEY 1/1889) y el demandado la existencia de una diligencia debida en su actuación que ha hecho imposible evitar la causación del daño al haber adoptado todo tipo de medidas posibles para que este no se produzca.

Y debe apreciarse también en el supuesto que se analiza un segundo título de atribución de responsabilidad, predicable en estos casos en que son diferentes las personas que han de responder del daño y los agentes productores del mismo (aquí, el conductor negligente, por culpa in operando). Se trata del criterio del beneficio que de una manera u otra la actuación generadora de los daños le reportaba, que aquí debe afirmarse, pues se trata de la empresa organizadora del evento y de las actividades que lo integraban, cuya determinación asumió de forma íntegra, en espera del beneficio económico que aquélla le fuera a reportar. En casos como el presente, afirman doctrina y jurisprudencia que existe una responsabilidad personal del empresario basada en un criterio objetivo de imputación.

Por último, resulta indiscutible la existencia de relación de dependencia entre MPA Open Show y el conductor que realizaba las peligrosas maniobras que integraban su espectáculo, presupuesto del artículo 1903 del CC (LA LEY 1/1889) que es entendido en sentido amplio por nuestra jurisprudencia. Así, como señala el TS, el concepto "dependencia" se entiende en su acepción de dependencia jurídica, lo que significa que lo relevante no es la sujeción del empleado a las órdenes técnicas del empresario, ni su mera subordinación económica, sino el hecho de que el dependiente forme parte de la organización general de la empresa y esté sometido a su poder de dirección. Así, la STS (Sala 1ª) de 29-10-2002 (LA LEY 28/2003) afirmar que: "el artículo 1903 CC (LA LEY 1/1889) (...) requiere como presupuesto inexcusable en el supuesto del párrafo 4º que exista una relación jerárquica o de dependencia, más o menos intensa, según las situaciones concretas, entre el ejecutor causante del daño y la empresa o entidad a quien se exige la responsabilidad".

En otras palabras, es pacífica doctrina de nuestro Alto Tribunal, declarar que no cabe limitar la operativa de la responsabilidad por hecho ajeno a los casos en que haya una relación de carácter laboral, ya que puede tener lugar en el ámbito de relaciones arrendaticias ( SSTS 3-10-1997 (LA LEY 9044/1997) y 2-11-2001 (LA LEY 1130/2002)), tanto de obras como de servicios, o de otros tipos contractuales o de relación jurídica o de hecho. En tal sentido, pueden citarse las SSTS 3-4-2006 (LA LEY 36046/2006), 26-9-2007 (LA LEY 139742/2007), 6-5-2009 (LA LEY 49546/2009), 14-5 y 1-6- 2010, entre otras.

CUARTO- . Recursos de las aseguradoras Generali España, S.A y Helvetia Compañía Suiza (III). Sobre la cobertura de las respectivas pólizas suscritas-.

Sin embargo, y principiando por la última aseguradora reseñada, la existencia de cobertura afirmada en la resolución de instancia debe ratificarse en esta alzada. Revelador resulta que se concertara dicho contrato específica y únicamente para la cobertura del evento, como evidencia su duración temporal, limitada a los días del fin de semana en que iba a tener lugar, del 8 al 11 de noviembre de 2013. El riesgo cubierto por la póliza que se analiza, y definido como "objeto del seguro", venía dado por "las consecuencias pecuniarias de la responsabilidad civil que puedan derivarse para el asegurado, de acuerdo a la normativa legal vigente, por los daños materiales y personales y perjuicios causados a terceros derivados de la organización de los actos indicados en la descripción del riesgo". De acuerdo con la definición de "tercero" que allí se contenía, resulta indudable que el actor ostentaba tal cualidad, al no ser ni tomador del seguro, o sus parientes, causante del siniestro, socio, directivo o asalariado dependiente del tomador o asegurado. A continuación, hemos de destacar que el riesgo asegurado en el contrato aparecía definido y descrito como la "concentración de vehículos a celebrar desde el 8 al 11 de noviembre de 2013 (Car-Audio)". Como es sabido, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, a efectos de determinar la existencia o no de cobertura y de distinguir entre cláusulas del imitadoras del riesgo y limitativas del derecho del asegurado, suele acudir al criterio de las expectativas razonables del asegurado, esto es, que el asegurado espera que la actividad susceptible de generar daños a terceros por y para la que contrata el seguro esté cubierta por la póliza suscrita, según la definición del riesgo y también la propia denominación del contrato. En el caso de la póliza contratada con Helvetia, se trata de un seguro de responsabilidad civil y el riesgo a cubrir era la concentración de vehículos a celebrar en las reseñadas fechas, de manera que debe concluirse que la organizadora esperaba que las actividades comprendidas en la misma, incluyendo el desarrollo de la actuación de entretenimiento del público que estaba especificada en su programa, se hallaba garantizada por la póliza que había contratado, contratación que además tiene lugar ad hoc, días antes del evento, en concreto, el 16 de octubre de 2013.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 22 de abril de 2016 (LA LEY 32867/2016), expresaba que desde un punto de vista teórico, la distinción entre cláusulas de delimitación de cobertura y cláusulas limitativas es sencilla, de manera que las primeras concretan el objeto del contrato y fijan los riesgos que, en caso de producirse, hacen surgir en el asegurado el derecho a la prestación por constituir el objeto del seguro. Mientras que las cláusulas limitativas restringen, condicionan o modifican el derecho del asegurado a la indemnización o a la prestación garantizada en el contrato, una vez que el riesgo objeto del seguro se ha producido. A continuación, sin embargo, recurre al criterio que hemos expuesto más arriba que denomina expectativas razonables del asegurado, consistente en determinar si un asegurado tipo podía esperar que ese riesgo quedara cubierto por un seguro que se denominaba de aquella forma ("de responsabilidad civil"), y en que la descripción del riesgo aparecía definida también de aquella manera, debiéndose concluir afirmativamente a tal cuestión, máxime cuando se predica la interpretación de las cláusulas contractuales de un seguro de la forma más favorable al asegurado, conforme a lo previsto en el artículo 1288 del Código Civil (LA LEY 1/1889). En definitiva, las cláusulas que restringen la cobertura o la indemnización esperada por el asegurado pueden ser válidas, pero para ello se requiere que el asegurado haya conocido las restricciones que introducen -es decir, que no le sorprendan- y que sean razonables, que no vacíen el contrato de contenido y que no frustren su fin económico y, por tanto, que no le priven de su causa ( SAP Guipúzcoa, secc 3ª, de 28-12-2018 (LA LEY 217420/2018)).

Deben descartarse, por lo dicho, las alegaciones contenidas en el recurso formulado por la aseguradora Helvetia referentes a que se ha verificado una interpretación del contrato (del riesgo asegurado) "extensiva" y "abusiva", pues tratándose de un aseguramiento concertado de forma particular para dicha concentración de coches, bastaba acudir al programa presentado por la organizadora para haberse cerciorado de qué actividades se iban a desarrollar en la misma y, así, comprobar su mayor o menor riesgo para terceras personas. En cuanto a las atinentes a que el demandante fuera un "actuante" y a la "autonomía total" del conductor respecto de la empresa organizadora tampoco pueden asumirse por esta Sala, conforme a lo que se expuso en el precedente fundamento de derecho.

Y en cuanto a las exclusiones que contemplaba, y por lo que aquí interesa, se preveía como tal la propiedad y/o uso de vehículos a motor, pero "por hecho de circulación tal y como se regula en la legislación vigente sobre circulación de vehículos a motor", lo que no acontecía en el supuesto de autos, por cuanto la actuación que generó el siniestro y las lesiones sufridas por el actor no puede entenderse comprendida en tal concepto legal ( Art. 2 RD 1507/2008, de 12 de septiembre (LA LEY 12751/2008)), ya que el vehículo estaba siendo utilizado de forma distinta a la que resulta de su uso natural ( SSTS de 4 de julio de 2002 (LA LEY 7160/2002) y de 29 de noviembre de 2007 (LA LEY 193583/2007)).

Por todo ello, hemos de afirmar la existencia de cobertura de dicha póliza respecto del siniestro acontecido, cobertura que tiene como límite la cantidad de 151.000 euros, según expresaba aquella y se declaró en el auto de 31 de julio de 2018, que completaba la sentencia recurrida.

Con relación a la póliza suscrita con la compañía Generali, el riesgo se describe de manera más genérica que la anterior, refiriéndose a "la organización de ferias de muestras o exposiciones".

Para decidir sobre tal cuestión, habremos de partir -como recordábamos en sentencia de 26-4-2016 y en la de 28-6-2017- de que la doctrina legal es unánime en la interpretación pro asegurado de las cláusulas insertas en un contrato de seguro, siendo exponente de esta doctrina la STS de 27 de julio de 2006 (LA LEY 92286/2006) al afirmar que "las dudas interpretativas que pudieran surgir en torno al objeto del seguro deben resolverse con arreglo a la regla contenida con carácter general en el artículo 1288 CC (LA LEY 1/1889), antes citado. Así lo venía manteniendo una línea jurisprudencial consolidada - SSTS de 27-11-91, 4-7-97 (LA LEY 8664/1997) o 23-6-99 (LA LEY 9247/1999), entre otras muchas-, señalando muchas veces la necesidad de una interpretación "en el sentido más favorable para el asegurado" - SSTS de 31-3-73 y 3-2-89, entre otras- o, como decía la STS de 13 de junio de 1998 (LA LEY 6221/1998), la interpretación "ha de marcarse en la dirección de evitar abusos, provengan de donde provengan, y, en todo caso, evitar que las cláusulas o condiciones no muy concretadas puedan perjudicar al asegurado, interpretándose como cláusulas o condiciones limitativas de sus derechos". En el mismo sentido, la Sentencia de 20 de noviembre de 2003, señala que, como dice la sentencia de 7 de diciembre de 1998, "es doctrina reiterada de esta Sala, tanto la emitida antes de la vigencia de la Ley de Contrato de Seguro (LA LEY 1957/1980) como la posterior, que las dudas interpretativas sobre los contratos de seguro habrán de resolverse en favor del asegurado dada la naturaleza del contrato de adhesión que los mismos ostentan que hace que las cláusulas oscuras del contrato hayan de recaer sobre quien las redactó - Art. 1288 del Código Civil (LA LEY 1/1889)-, interpretación jurisprudencial que deriva del art. 3 de la Ley de Contrato de Seguro (LA LEY 1957/1980) ".

A la luz de dicha doctrina, pues, y partiendo del carácter de cláusula delimitativa de las discutidas, ya que definen en el objeto del contrato, más concretamente el ámbito espacial o interés asegurado, que es lo realmente discutido, habremos de coincidir con la resolución de instancia, cuya interpretación del contrato no se advierte cómo errónea o contraria a las normas de la lógica. En efecto, no resulta tan distinta la póliza que ahora nos ocupa de la antes analizada, pues se trata de un seguro de "responsabilidad civil general", definiéndose como alcance de la cobertura la obligación de indemnizar "a terceras personas que hayan sufrido daños personales y/o materiales, así como perjuicios consecutivos que puedan derivarse de estos, causados involuntariamente (...) a consecuencia de la actividad del asegurado, consistente en la organización del evento social, cultural o de ocio descrito las condiciones particulares de la póliza en la solicitud de seguro", añadiéndose que se incluía de forma específica "la responsabilidad derivada de las pruebas y actos preparatorios o posteriores a la realización de la actividad objeto del seguro, como por ejemplo las operaciones de montaje y desmontaje de stands y otras instalaciones". Y aquella remisión a la "actividad del asegurado" resulta esencial, pues en la relación de las mismas que se presentó a dicha aseguradora figuraba precisamente la realización de espectáculos. A ello se añade la versión de los hechos que, en cuanto a la concertación de la póliza con esa entidad, ofreció en la vista celebrada el mediador del seguro, agente exclusivo de seguros (según aparecía en aquélla) Porfirio, manifestando a las preguntas de las distintas partes que el contrato se celebró por una duración superior a la del evento en sí al resultar más económico; y que por el asegurado se entregó el dossier de la actividad sin que se manifestara problema alguno por la compañía.

Y no resulta contrario a un criterio lógico de interpretación del contrato ni tampoco al tenor de este (primer criterio de interpretación, cfr. Art. 1281 del CC (LA LEY 1/1889)) atender a las exclusiones específicas de la cobertura, en las que se señalaba como tal las "demostraciones en movimiento de vehículos a motor" que debieran o pudieran ser asegurados por el seguro (obligatorio) de automóviles. De donde debe resultar, sensu contrario, que sí deben reputarse amparadas en la cobertura suscrita aquellas demostraciones de vehículos no susceptibles de aseguramiento en el contrato de seguro obligatorio de responsabilidad civil de vehículos, como acontece en el caso objeto de autos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.2 del Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor (Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre (LA LEY 12751/2008)).

Finalmente, se deben dar por reproducidas aquí las mismas razones antes aludidas con relación a la póliza de Helvetia sobre la consideración del actor como tercero perjudicado o, en otros términos, sobre la naturaleza de su intervención en la actuación del conductor profesional.

En consecuencia, también esta conclusión de la resolución de instancia, sobre la inclusión del siniestro en la cobertura que proporcionó la póliza suscrita por la organización del evento con la compañía Generali, habrá de mantenerse en esta alzada, con desestimación de la postura sostenida por dicha apelante sobre este punto.

QUINTO- . Recursos de la aseguradora Generali España, S.A (IV). Sobre la interpretación del artículo 32 de la Ley de Contrato de Seguro (LA LEY 1957/1980) en los casos de varios seguros-.

Dicha entidad aseguradora combate la decisión de la resolución de instancia referente al reparto proporcional entre las aseguradoras condenadas al abono de la indemnización, considerando que no fue intención del actor contratar un seguro múltiple y que no se cumplieron los requisitos que para ello exige el artículo 32 de la LCS, así como que el daño no lo sufrió el asegurado, sino un tercero. Sostiene, por contra, que la responsabilidad de ambas es solidaria frente al perjudicado, pero respetando el límite cuantitativo de cada póliza y que no procede dicho reparto proporcional.

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo (así, STS de 8 de abril de 2010 (LA LEY 16957/2010)), la Ley de Contrato de Seguro (LA LEY 1957/1980) regula en su artículo 32 el llamado "seguro múltiple" o "cumulativo", o también la "concurrencia de seguros" que supone la contratación por el mismo tomador de distintos seguros con diferentes aseguradoras para cubrir el mismo riesgo durante idéntico período de tiempo. Conforme a dicho precepto legal, en tal caso "el tomador del seguro o el asegurado deberán, salvo pacto en contrario, comunicar a cada asegurador los demás seguros que estipule. Si por dolo se omitiera esta comunicación, y en caso de sobreseguro se produjera el siniestro, los aseguradores no están obligados a pagar la indemnización. Una vez producido el siniestro, el tomador del seguro o el asegurado deberá comunicarlo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16, a cada asegurador, con indicación del nombre de los demás. Los aseguradores contribuirán al abono de la indemnización en proporción a la propia suma asegurada, sin que pueda superarse la cuantía del daño. Dentro de este límite el asegurado puede pedir a cada asegurador la indemnización debida, según el respectivo contrato. El asegurador que ha pagado una cantidad superior a la que proporcionalmente le corresponda podrá repetir contra el resto de los aseguradores".

Tal disposición responde a la necesidad de evitar situaciones de sobreseguro, que se producirían si el tomador del seguro recibiera una indemnización superior al perjuicio realmente sufrido, lo que daría lugar a una situación anómala que transmutaría la naturaleza del siniestro, el cual dejaría de ser un daño para el asegurado para convertirse en un bene?cio para el mismo. Y lo que se pretende con el precepto es salvaguardar el principio indemnizatorio formulado en el art. 26 de la ley" ( SAP de Barcelona, n.º 324/2011 de 7 de junio de 2011).

Caso diferente es el coaseguro, contemplado en su artículo 33 el llamado "coaseguro", figura que se caracteriza porque son los propios aseguradores los que, por razones de carácter técnico y comercial, se unen para cubrir determinados riesgos, con el consentimiento del propio tomador del seguro. La existencia del coaseguro comporta, por un lado, un acuerdo preliminar de "coaseguro" entre los coaseguradores, y por otro lado, un convenio entre los diferentes aseguradores y el tomador del seguro que fije el reparto de cuotas determinadas para la cobertura del riesgo de que se trata.

Descartada la existencia del coaseguro, se trata de determinar si estamos o no ante un supuesto de seguro múltiple o cumulativo. Según la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 28 de junio de 2017, con cita de la STS de 31 de julio de 1998 (LA LEY 8904/1998), el seguro múltiple o cumulativo implica una pluralidad de contratos se seguros que ha celebrado el mismo tomador con varias aseguradoras, que cubren las consecuencias que un mismo riesgo puede producir sobre el mismo interés y durante idéntico periodo de tiempo y que operan conjuntamente. La existencia de tal figura exige la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) Pluralidad de contratos de seguro celebrados por un mismo tomador con varias aseguradoras; 2) Que los diversos contratos tengan los mismos efectos en el sentido de cubrir las mismas consecuencias que un mismo riesgo pueda producir sobre el mismo interés, y ello durante idéntico periodo de tiempo; 3) Que ha de tratarse de seguros que han de operar conjuntamente; y 4) por último, que la pluralidad de contratos se deba a la iniciativa del tomador del seguro, sin previo acuerdo con las distintas aseguradoras, que es lo que diferencia al seguro múltiple del coaseguro.

La sentencia de instancia proclama el carácter solidario de la responsabilidad de ambas aseguradoras frente al perjudicado, si bien el quantum de estas debe fijarse -lo que no hace- "en proporción a la suma asegurada". No se ataca, como se ha visto al inicio del presente fundamento, el apuntado carácter solidario de la indemnización, por cuanto el perjudicado puede exigir a cualquiera de ellas la total indemnización de su perjuicio (siempre dentro de los límites de lo contratado), sin perjuicio de la acción de repetición que ostentará la aseguradora que, diligentemente, se haga cargo del siniestro ( STS 18-12-1986; en contra, por considerar falta de cobertura legal dicha solidaridad en el citado precepto, SAP de Barcelona, sección 1ª de 29 de septiembre de 2015 (LA LEY 205869/2015)). Concurriendo todos los presupuestos para estimar la existencia de concurrencia de seguros, debe aplicarse la consecuencia legal prevista en dicho precepto, esto es, el abono de la indemnización en proporción a la suma asegurada, limitación sólo aplicable -como se ha dicho- en las relaciones entre las compañías aseguradoras.

En cuanto al alegato de la recurrente Generali referente a que es un tercero y no la propia empresa asegurada el acreedor de la indemnización, así acontece, si bien la cuestión se ha solventado por nuestra jurisprudencia, declarando la SAP de Barcelona, sección 16ª, de 4 de julio de 2014 (LA LEY 124199/2014) para un caso similar que: "Ciertamente la regulación del seguro múltiple contenida en el artículo 32 LCS presenta alguna particularidad cuando el acreedor de la indemnización de un determinado siniestro no es el asegurado doble, sino un tercer perjudicado por un hecho lesivo imputable a un mismo asegurado en varias pólizas de responsabilidad civil; en tal caso no opera la restricción cuantitativa de la reclamación del asegurado prevista en el tercer párrafo del artículo 32 LCS, ya que la posición del tercero perjudicado es inmune a esa concurrencia de seguros, lo que significa que puede dirigirse contra cualquiera de los aseguradores para reclamar la reparación íntegra del perjuicio sufrido, aunque sin incurrir en duplicidad alguna".

En consecuencia, la solución adoptada por la resolución de instancia es acorde a dicho precepto y a su interpretación por la jurisprudencia, debiendo por ello mantenerse.

SEXTO.- Recurso de la aseguradora Generali España, S.A (y V). Sobre la aplicabilidad del Art. 20 de la LCS -.

Cuestionada finalmente por esta parte recurrente la imposición que lleva a cabo la resolución de instancia de los intereses contemplados en el artículo 20 de la LCS, tal pronunciamiento debe mantenerse. En primer término, postulada la aplicación de dicho precepto legal en la indicada materia (intereses moratorios) por la demanda origen del procedimiento -así expresamente se interesaba en su suplico-, no se cuestionó en el escrito de contestación que aquella parte presentó, siendo así de aplicación el principio general que prohíbe la introducción en esta alzada de cuestiones no suscitadas o planteadas en primera instancia, habiéndose definido como pretensiones nuevas tanto la que resulta totalmente independiente de la planteada ante el Tribunal "a quo" como la que supone cualquier modo de alteración o complementación de la misma, de acuerdo con el principio general del derecho "pendente apellatione, nihil innovetur", y el principio procesal de prohibición de la "mutatio libelli", que consagra el art. 456.1 LEC (LA LEY 58/2000), de modo que la segunda instancia se puede extender únicamente a lo que ha sido objeto de la primera instancia ( STS de 30 de noviembre de 2000), no admitiendo la introducción de cuestiones nuevas ( STS de 27 de septiembre de 2000).

Además de lo anterior, y apuntando la que hubiera sido la decisión de esta Sala de haberse planteado aquella cuestión en el momento procesal oportuno, no existe causa justificada que exonere de su abono. Como es notorio, se trata de unos intereses de demora aplicables "ope legis", esto es, de oficio por el Juez o Tribunal, sin necesidad de que el asegurado, tomador, tercer perjudicado o beneficiario lo solicite entre sus pretensiones, siendo su carácter netamente punitivo o sancionador y su finalidad claramente preventiva, en la medida en que sirve de acicate y estímulo para el cumplimiento de la obligación principal que pesa sobre el asegurador, cual es la del oportuno pago de la correspondiente indemnización capaz de proporcionar la restitución íntegra del derecho o interés legítimo del perjudicado ( STS, Sala 1ª, de 14-03-2018 (LA LEY 12467/2018)); el propósito del precepto es sancionar la falta de pago de la indemnización o de ofrecimiento de una indemnización adecuada ( STS, Sala 1ª, de 702-2018 (LA LEY 2271/2018)); o bien "impedir que se utilice el proceso como instrumento para dificultar o retrasar el cumplimiento de la obligación de pago al perjudicado" ( STS, Sala 1ª, 19-12-2017 (LA LEY 181065/2017)).

En cuanto a los motivos de excepción a la aplicación del art. 20 de la LCS, contemplados en su apartado 8 ("No habrá lugar a la indemnización por mora del asegurador cuando la falta de satisfacción de la indemnización o de pago del importe mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le fuere imputable"), la jurisprudencia mantiene una interpretación restrictiva, descartando como excepción a su condena la mera existencia de un proceso, cuando el hecho controvertido del proceso judicial sea la culpa, bien por negarla completamente o discrepar sobre el grado de responsabilidad que es atribuible en casos de concurrencia de conductas culposas; o la discrepancia del proceso se centre en la cuantía de la indemnización reclamada o la iliquidez inicial de la indemnización aunque sea cuantificada en la resolución judicial. En el presente caso, no ha existido pago por ninguna aseguradora ni tampoco consignación total o parcial que hubiera podido servir a los efectos pretendidos.

Es por ello que los motivos expuestos en los recursos objeto de esta resolución debe desestimarse y confirmarse la sentencia de instancia.

SÉPTIMO- . Dado el rechazo del recurso, procederá la imposición a cada uno de los adelantes de las partes de las costas de esta alzada ( artículo 398 de la LEC (LA LEY 58/2000)).

Por aplicación de la Disposición Adicional Decimoquinta, de la LOPJ (LA LEY 1694/1985), ante la desestimación de los recursos de apelación planteados, procede dar destino legal a los depósitos constituidos por los apelantes para recurrir.