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PRIMERO.- 1.- Por razones sistemáticas, la Sala va a conocer, en primer lugar, sobre el segundo motivo de casación, cuyo objetivo consiste en determinar si informe escrito de detectives privados es o no es prueba documental, que permita fundamentar la revisión fáctica en suplicación.

La sentencia recurrida, como adelantamos más arriba, accedió a la modificación del hecho probado séptimo con base al documento nº 9 de la empresa, que contiene el informe escrito de la detective privada, al que se reconoce valor de prueba documental.

El recurrente aporta como sentencia de contraste la sentencia de esta Sala de 15-10-2014, rec. 1654/2013 (LA LEY 158677/2014).

La empresa GESTINOVA se opuso a la admisión del segundo motivo de casación, porque no concurre el requisito de contradicción.- El Ministerio Fiscal informó a favor de la admisión del segundo motivo de casación.

2.- La sentencia de suplicación ha dado valor documental al informe escrito de la detective privada y ha modificado el hecho probado séptimo de la sentencia de instancia con base a dicho informe.- Las afirmaciones, contenidas en el informe, sirven a su vez a la Sala para concluir que todas las actividades listadas en los hechos probados quinto y sexto se realizaron dentro de la jornada de trabajo.

3.- En la referencial, son hechos relevantes, al efecto que nos ocupa, los siguientes:

a.- La trabajadora demandante, afiliada al sindicato CC.OO. y representante legal de los trabajadores en la empresa, acudió al curso de formación sindical de la CONC impartido la mañana del 20/01/2012, pero no a la sesión formativa fijada para la mañana del día 27/01/2012 que no llegó a celebrarse por haber sido previamente suspendida, a pesar de lo cual presentó a la empresa certificado de haber acudido a ambas, de 9 a 14 horas.

b.- La empresa la despide por dicha causa.

c.- Impugnado el despido, obtiene sentencia favorable en la instancia, en la que no se dio valor al informe de detectives.

d.- Recurrida en suplicación, se estima la demanda y se modifica el hecho probado undécimo, con base únicamente en el informe escrito del detective privado.

La sentencia de contraste niega absolutamente la adecuación de esa modificación de los hechos probados, y señala como doctrina reiterada y pacífica de la Sala que, "... los documentos que reflejan manifestaciones de terceros, entre ellos, los informes de detectives privados, no es dable configurarlos como prueba documental a los efectos de fundamentar la revisión fáctica en suplicación ( art. 193.c LRJS (LA LEY 19110/2011) ), -- ni tampoco el error de hecho en casación ordinaria ( art. 207.d LRJS (LA LEY 19110/2011) ) --, al no tratarse de un auténtico documento sino de meras manifestaciones testimoniales formuladas por escrito que por ello no pierden su verdadero carácter de prueba testifical o de una denominada prueba testifical impropia, que solo habría adquirido todo su valor procesal como tal prueba testifical de haber sido ratificada en juicio por sus firmantes, cuya valoración queda a la libre apreciación del juzgador de instancia, como se deduce, además, palmariamente de la redacción literal de los preceptos procesales reguladores; y ello, aunque la prueba testifical en algunos supuestos pueda ofrecer " un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte " encuentra fundamento para las modificaciones propuestas".

4.- Concurre, a nuestro juicio, la contradicción, exigida por el art. 219.1 LRJS (LA LEY 19110/2011), entre las sentencias comparadas, como resalta el informe del Ministerio Fiscal, puesto que en ambos litigios se trata de procedimientos de despido, promovidos por los trabajadores, a quienes se imputan determinadas conductas ilícitas, que se intentan acreditar mediante informes de detectives.- En la sentencia recurrida se modifica un hecho probado con base al informe escrito de detectives, al que se considera prueba documental eficiente para modificar el hecho probado, mientras que en la de contraste se niega absolutamente dicha posibilidad.

SEGUNDO.- 1.- El señor Laureano denuncia en el segundo motivo de casación, sin citar el apartado concreto del art. 207 LRJS (LA LEY 19110/2011) en que se basa, que la sentencia recurrida ha infringido el art. 193.b) LRJS (LA LEY 19110/2011), por cuanto el informe de detectives es una prueba testifical, que ya fue valorada por el juez de instancia, por lo que no procede que el órgano ad quien revise la misma.

GESTINOVA se opuso a la admisión del segundo motivo de casación, por cuanto el mismo no cita en que apartado del art. 207 LRJS (LA LEY 19110/2011) se apoya, ni cumple adecuadamente los requisitos, exigidos por el art. 224 LRJS (LA LEY 19110/2011), puesto que no motiva de ningún modo el recurso interpuesto.

La jurisprudencia, por todas STS 31 de marzo 2016, rec. 272/2015 (LA LEY 43678/2016), ha venido avalando una proyección anti formalista de la tutela judicial y ha defendido lo siguiente:

"Una vez reconocida legalmente la procedencia de un recurso, el acceso al mismo (en los términos y con los requisitos establecidos) se incorpora al derecho de tutela judicial efectiva, integrándose en él, con la posibilidad, por tanto, de que se aprecie su desconocimiento o violación cuando se impida dicho acceso por causas no razonables o arbitrarias, o bien por una interpretación o aplicación rigorista, literal, no concorde con los fines de la norma legal que autorice el recurso. Entre otras muchísimas, pueden verse en tal sentido las SSTC 3/1983 (LA LEY 7529-JF/0000), 113/1988 (LA LEY 1082/1988), 4/1995 (LA LEY 13004/1995) y 135/1998 (LA LEY 7797/1998).

No debe rechazarse el examen de una pretensión por defectos formales o deficiencias técnicas cuando el escrito correspondiente suministra datos suficientes para conocer precisa y realmente la argumentación de la parte, pues lo relevante no es la forma o técnica del escrito de recurso, sino su contenido y si éste es suficiente para llegar al conocimiento de la pretensión ha de analizarse y no descartarse de plano; por todas, véanse las SSTC 18/1993 (LA LEY 2110-TC/1993), 37/1995 (LA LEY 13037/1995), 135/1998 (LA LEY 7797/1998) y 163/1999 (LA LEY 12071/1999).

Dicho de otro modo: los requisitos procesales que condicionan el acceso a los recursos legalmente establecidos han de ser interpretados a la luz del derecho fundamental del artículo 24.1 y "en el sentido más favorable a su efectividad, de modo que tales requisitos no se conviertan en meras trabas formales o en exigencias que supongan un obstáculo injustificado" ( SSTC 5/1988, de 21 de enero (LA LEY 108/1988), y 176/1990, de 12 de noviembre (LA LEY 1587-TC/1991))".

Aplicando los criterios expuestos al supuesto debatido, la Sala considera que el segundo motivo de casación cumple esencialmente las exigencias del art. 224 LRJS (LA LEY 19110/2011), puesto que identifica con claridad las normas que considera infringidas, concretamente el art. 193, b) LRJS (LA LEY 19110/2011), que permite únicamente modificar en suplicación los hechos probados con base a pruebas documentales o periciales, sin que quepa admitir ningún tipo de indefensión a la empresa recurrida, puesto que el recurso deja perfectamente claro que el informe de detectives es una prueba testifical, que no es útil para la modificación de los hechos declarados probados, siendo esta la razón por la que lo considera infringido.

2.- La doctrina correcta es la de la sentencia referencial, puesto que la jurisprudencia de modo reiterado y pacífico, por todas STS 24-02-1992, ha venido manteniendo qu e la naturaleza jurídica de los informes de detectives, aunque se presenten por escrito, corresponde propiamente a una prueba testifical, que carece de utilidad para la modificación de los hechos probados en suplicación.

En efecto, es doctrina de esta Sala, que en este caso hemos de asumir y reiterar, que los escritos en que se reflejan manifestaciones de terceros no pueden ser considerados, en principio, como prueba documental a los efectos de fundamentar la revisión fáctica en suplicación a que se refiere el art. 193 c) LRJS (LA LEY 19110/2011), "... ni tampoco el error de hecho en casación ordinaria ( art. 207.d LRJS (LA LEY 19110/2011)) --, al no tratarse de un auténtico documento sino de meras manifestaciones testimoniales formuladas por escrito que por ello no pierden su verdadero carácter de prueba testifical o de una denominada prueba testifical impropia, que solo habría adquirido todo su valor procesal como tal prueba testifical de haber sido ratificada en juicio por sus firmantes, cuya valoración queda a la libre apreciación del juzgador de instancia, como se deduce, además, palmariamente de la redacción literal de los preceptos procesales reguladores..." ( STS citada de 15/10/2014 (rcud. 1654/2013 (LA LEY 158677/2014)).

La aplicación de la anterior doctrina al supuesto ahora enjuiciado, como resalta la STS 15-10-2014, rec. 1654/13 (LA LEY 158677/2014), comporta, como necesaria consecuencia, la supresión del hecho probado 7º de la sentencia recurrida de la adición fáctica efectuada por la Sala de suplicación, fundada exclusivamente en el informe escrito de detectives, que configuró de forma jurídicamente inadecuada como si de prueba documental se tratara.

Consiguientemente, acreditado que la sentencia recurrida modificó el hecho probado séptimo de la sentencia de instancia con apoyo al informe escrito de la detective privada, aportado como documento nº 9 de la demandada, utilizado, a la postre, como herramienta decisiva para afirmar que las actividades profesionales del demandante, listadas en los hechos probados sexto y séptimo, vulneró lo dispuesto en el art. 193.b) LRJS (LA LEY 19110/2011), así como la jurisprudencia, por lo que estimamos el segundo motivo de casación unificadora, en concordancia con el informe del Ministerio Fiscal.

TERCERO.- 1.- La parte recurrente denuncia, en su primer motivo de casación, que la sentencia recurrida, al admitir como prueba lícita el informe de detectives, considerado como prueba ilícita por la sentencia de instancia, infringió los arts. 287 LEC (LA LEY 58/2000), en relación con los arts. 90 (LA LEY 19110/2011) y 75.4 LRJS.

2.- La cuestión sobre la que versa el presente recurso de casación unificadora es la de determinar si constituye prueba ilícita, a la que no puede atribuírsele valor jurídico alguno, la actuación de un detective privado, que provocó simuladamente a un trabajador para la realización de actividades que le estaban vedadas a iniciativa de la empresa.

La sentencia del Juzgado de lo Social concluye que la actuación del trabajador no es sancionable, por cuanto fue provocada por la propia detective, quien, pese a la resistencia del demandante para mantener la entrevista durante su jornada de trabajo, insistió reiteradamente hasta que consiguió que la consulta profesional se realizara dentro la jornada de trabajo.

La sentencia recurrida mantuvo, por el contrario, que dicha prueba fue lícita, por cuanto se limitó a constatar que el demandante realizaba actividades profesionales como abogado durante su jornada de trabajo.

Contra dicha sentencia se formula por el trabajador recurso de casación para la unificación de doctrina, en la que se aporta como sentencia de contraste la STS 20 de junio de 2017, Rcud. 1654/2015 (LA LEY 91214/2017).

El Ministerio Fiscal informó favorablemente la estimación del recurso, mientras que la empresa niega la concurrencia de contradicción.

3.- Debemos resolver en primer lugar si entre la sentencia recurrida y la referencial hay contradicción, en los términos exigidos por el art. 219.1º LRJS (LA LEY 19110/2011), que, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos que sea necesario unificar.

Constituyen datos relevantes de la sentencia recurrida, que la empresa GESTINOVA contrató a una detective privada, quien contactó con el demandante, abogado a tiempo completo de la gestoría, para pedir una consulta profesional simulada, cuya finalidad era demostrar que trabajaba por cuenta propia durante su jornada de trabajo.- El trabajador ofreció reunirse el viernes por la tarde o el sábado por la mañana, fuera de las horas de trabajo, a lo que se negó la detective, quien, tras varias llamadas telefónicas, consiguió una cita profesional el lunes 30 de noviembre a las 18 horas, dentro de su jornada laboral.

La sentencia recurrida admite la modificación del hecho probado séptimo, con base al informe pericial escrito, aportado como documento nº 9 de la empresa y asume la redacción reflejada más arriba.- En su fundamento de derecho noveno descarta que se trate de prueba ilícita y concluye que, "... el hecho de haber contratado la empresa a una detective para averiguar un "extremo" del que tenía indicios o sospechas, constituya aquella falta provocada, sino, en cualquier caso, la "constatación de la falta sospechada" y un modo de evidenciarla".

4.- En la sentencia de contraste, las trabajadoras, abogadas en ejercicio, a quienes se extinguen sus contratos por la jubilación del empresario, también abogado en ejercicio, cuya jubilación fue reconocida por la Mutualidad General de Previsión Social de la Abogacía, lo que motivó el cierre del despacho.- Las trabajadoras le demandan por despido porque consideran que la jubilación no es real, para lo cual contratan los servicios de un detective, quien pide una cita con el empleador para simular una consulta profesional relacionada con una testamentaría, que se produce después de la fecha oficial de su jubilación.

El Juzgado de lo Social nº 23 de Madrid desestimó la demanda.- La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia, en la que estimó el recurso de suplicación de las demandantes y condenó solidariamente al abogado demandado, así como a una sociedad, constituida tras su jubilación, que se consideró continuadora de su actividad profesional.

La sentencia de esta Sala de 20 de junio de 2017, rec. 1654/2015 (LA LEY 91214/2017), casó la sentencia del TSJ de Madrid y declaró la procedencia de las extinciones por jubilación del empleador, porque dicha resolución vulneró "...tanto el art. 287 LEC (LA LEY 58/2000) como el art. 90.2 LRJS (LA LEY 19110/2011), en los que se disponen la proscripción de la prueba ilícita; a la par que -también como el recurrente argumenta-, la Sala de Suplicación ha desconocido la obligada igualdad de partes en el proceso, al producirse una "desigualdad que ha procurado antijurídicamente en su provecho quien ha recabado instrumentos probatorios con desprecio de los derechos fundamentales del otro", concluyendo que "...es propio de nuestra función destacar la obligada observancia de la buena fe procesal (art. 75.4 LJS (LA LEY 19110/2011): "Todos deberán ajustarse en sus actuaciones en el proceso a las reglas de la buena fe") y su flagrante ausencia en el presente caso, a la hora de practicar y aportar a juicio la prueba de detectives de que tratamos".

5.- La Sala considera, al igual que el Ministerio Fiscal, que concurren los requisitos de contradicción, exigidos por el art. 219.1 LRJS (LA LEY 19110/2011), puesto que en ambos casos se dirimen demandas de despido, en las que ha sido factor decisivo para la resolución del litigio, la promoción de entrevistas profesionales simuladas por detectives privados, para acreditar los extremos reclamados por sus mandantes, que resultaron decisivas para las decisiones judiciales.- En ambos litigios fue objeto de debate la calificación jurídica de dicha prueba, entendiéndose por la recurrida que no era una prueba ilícita y que tenía plena eficacia probatoria, mientras que la sentencia referencial concluye, por el contrario, que se trata de una prueba obtenida ilícitamente, similar a lo que en vía penal se califica de "delito simulado" y subraya que, "...en un Estado Social y Democrático de Derecho "se elevan a principios constitucionales los de respeto a la dignidad de la persona y a su absolutamente libre y espontánea determinación, proscribiendo toda acción coactiva sobre la voluntad ajena así como la utilización de procedimientos ilícitos o éticamente reprobables..." (por todas, STS -II- 06/04/16 rec. 10714/15 (LA LEY 25465/2016)). Se trataría, en definitiva, del principio -recogido actualmente en el art. 11 LOPJ (LA LEY 1694/1985) y en art. 90 LPL (LA LEY 1444/1995) - relativo a que el órgano judicial no puede fundar su decisión en pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando derechos fundamentales o libertades públicas (sobre ello, SSTC 98/2000, de 10/Abril (LA LEY 78877/2000); 186/2000, de 10/Julio (LA LEY 9715/2000); 29/2013, de 11/Febrero (LA LEY 11227/2013); y 39/2016 (LA LEY 11275/2016), de 3/Marzo. Y SSTS 05/12/03 -rec. 52/03 (LA LEY 486/2004) -; 07/07/16 -rcud 3233/14 (LA LEY 119522/2016) -; y SG 31/01/17 -rcud 3331/15 (LA LEY 5508/2017) -). Criterio que incorpora la doctrina anglosajona del "fruto del árbol emponzoñado", en cuya virtud al juez se le veda valorar no sólo las pruebas obtenidas con violación de un derecho fundamental, sino también las que deriven de aquéllas".

Así pues, admitimos la concurrencia de contradicción entre la sentencia recurrida y la de contraste, identificada por el recurrente en su primer motivo de suplicación.

CUARTO.- 1.- El recurrente articula su primer motivo de casación, sin cita del art. 207 LRJS (LA LEY 19110/2011), porque la sentencia recurrida ha infringido lo dispuesto en el art. 287 LEC (LA LEY 58/2000) en relación con lo dispuesto en el art. 90 LRJS (LA LEY 19110/2011), en los que se dispone la proscripción de la prueba ilícita, denunciando, además, que la Sala de Suplicación ha desconocido la obligada igualdad de las partes en el proceso, al producirse "una desigualdad que ha procurado antijurídicamente en su provecho quien ha recabado instrumentos probatorios con desprecio de los derechos fundamentales del otro", razón por la cual añade que la sentencia recurrida no ha cumplido con la obligada observancia de la buena fe procesal que señala el art. 75.1 de la LRJS (LA LEY 19110/2011), al admitir la práctica de una prueba de detectives obtenida ilícitamente.

GESTINOVA se opuso a la admisión del primer motivo de casación, por cuanto el mismo no cita en que apartado del art. 207 LRJS (LA LEY 19110/2011) se apoya, ni cumple adecuadamente los requisitos, exigidos por el art. 224 LRJS (LA LEY 19110/2011), puesto que no motiva de ningún modo el recurso interpuesto.

La Sala, con base a la doctrina citada en el anterior motivo de casación, considera que el primer motivo de casación cumple esencialmente las exigencias del art. 224 LRJS (LA LEY 19110/2011), puesto que identifica con claridad las normas que considera infringidas ( art. 287 LEC (LA LEY 58/2000), en relación con los arts. 90 (LA LEY 19110/2011) y 75.4 LRJS (LA LEY 19110/2011)), sin que la falta de cita del apartado correspondiente del art. 207 LRJS (LA LEY 19110/2011) haya causado indefensión a la empresa recurrida, ya que la recurrente denuncia reiteradamente que la sentencia recurrida ha infringido las normas citadas al admitir una prueba obtenida ilícitamente y darle pleno valor probatorio, que es, a la postre, el núcleo del debate existente, sobre el que se han producido resoluciones claramente contradictorias.- Consiguientemente, no hay razones suficientes para inadmitir el primer motivo de casación.

2.- La Sala considera que la doctrina correcta es la establecida por la sentencia de contraste, porque la admisión de pruebas obtenidas ilícitamente con el consiguiente despliegue de plenos efectos probatorios, vulnera lo dispuesto en el art. 90 LRJS (LA LEY 19110/2011) en relación con el art. 287 LEC (LA LEY 58/2000), que proscriben la admisión de la prueba ilícita, así como la buena fe procesal exigida por el art. 75.4 LRJS (LA LEY 19110/2011) .

La prueba es ilícita, por cuanto la promoción de una consulta simulada, instrumentada por una detective privada contratada por la empresa, para probar que el demandante ejercía la abogacía por cuenta propia en horas de trabajo, forzada una y otra vez por la detective, quien rechazó ver al demandante fuera de sus horas de trabajo, supuso una clara acción coactiva sobre la voluntad del trabajador, así como la utilización de procedimientos ilícitos o éticamente reprobables, que vulneró el derecho a la dignidad del trabajador, asegurada por el art. 10 CE (LA LEY 2500/1978), así como a su libre y espontánea determinación, como resalta la sentencia de contraste.- Dicha prueba no debió admitirse por la sentencia recurrida, ni tampoco permitir que desplegara plenos efectos probatorios, por cuanto el órgano judicial no puede, a tenor con el art. 11 LOPJ (LA LEY 1694/1985) en relación con el art. 90 LRJS (LA LEY 19110/2011), fundar su decisión en pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando derechos fundamentales y libertades públicas, existiendo múltiples pronunciamientos, entre otros SSTC 98/2000, de 10/Abril (LA LEY 78877/2000); 186/2000, de 10/Julio (LA LEY 9715/2000); 29/2013, de 11/Febrero (LA LEY 11227/2013); y 39/2016 (LA LEY 11275/2016), de 3/Marzo. Y SSTS 05/12/03 -rec. 52/03 (LA LEY 486/2004) -; 07/07/16 -rcud 3233/14 (LA LEY 119522/2016) -; y SG 31/01/17 -rcud 3331/15 (LA LEY 5508/2017) -), que han incorporado la doctrina anglosajona del "fruto del árbol emponzoñado", en cuya virtud al juez se le veda valorar no sólo las pruebas obtenidas con violación de un derecho fundamental, sino también las que deriven de aquéllas".

Consiguientemente, sin que quepa la modificación de hechos probados, puesto que se trata de una opción ajena al recurso de unificación de doctrina, conforme dispone el art. 224.2 LRJS (LA LEY 19110/2011), no hay impedimento para combatir por el cauce adecuado, denuncia de infracción sustantiva, la indebida valoración de un determinado dato de hecho si su producción, como sucede aquí, se hubiera obtenido ilícitamente, de manera que, la constancia del dato en la sentencia no puede determinar, ni directa ni indirectamente, la decisión a adoptar, como resaltó la STS 20 de junio 2017, rec. 1654/2015 (LA LEY 91214/2017).- Estimamos, por tanto, el primer motivo de casación unificadora.

QUINTO.- La estimación de los motivos de casación, interpuestos por el señor Laureano, comporta que casemos y anulemos la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el art. 228.2 LRJS (LA LEY 19110/2011), lo cual implica que se tenga por no puesto el hecho probado séptimo, en la versión modificada por la sentencia recurrida, ya que el informe de detectives no es prueba útil para la modificación de los hechos probados, ni debió admitirse por su manifiesta ilicitud.

La Sala, sin embargo, no puede resolver el debate planteado en suplicación, por cuanto se ha acreditado que la sentencia recurrida modificó el hecho probado quinto de la sentencia de instancia e introdujo un nuevo hecho probado con base a pruebas documentales específicas, que no nos corresponde valorar en casación unificadora.- En efecto, en el recurso de casación para la unificación de doctrina esta Sala ha señalado con reiteración que la finalidad institucional de este recurso determina que no sea posible en este excepcional remedio revisar los hechos probados de la sentencia recurrida ni abordar cuestiones relativas a la valoración de la prueba ( sentencias de 14 de marzo de 2001 (R. 2623/2000 (LA LEY 4977/2001)), 7 de mayo de 2001 (R. 3962/1999 (LA LEY 1604/2002)), 29 de junio de 2001 (R. 1886/2000 (LA LEY 8071/2001)), 2 de octubre de 2001 (R. 2592/2000 (LA LEY 3328/2002)), 6 de marzo de 2002 (R. 2940/2001 (LA LEY 10421/2003)), 17 de abril de 2002 (R. 2890/2001 (LA LEY 74650/2002)), 30 de septiembre de 2002 (R. 3828/2001 (LA LEY 151/2003)), 18 de febrero de 2003 (R. 597/2002 (LA LEY 13045/2003)), 27 de enero de 2005 (R. 939/2004 (LA LEY 21707/2005)), 28 de febrero de 2005 (R. 1591/2004 (LA LEY 1676/2005)).

Consiguientemente, acreditado que la sentencia recurrida modificó el hecho probado quinto de la sentencia de instancia e introdujo un nuevo hecho probado con base a documentos específicos y distintos al informe de detectives, procede devolver las actuaciones a la Sala de procedencia, para que, con libertad de criterio, valore los hechos acreditados, sin tomar en consideración el informe de detectives por las razones ya expuestas.

SEXTO.- No ha lugar a la imposición de costas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 235 LRJS (LA LEY 19110/2011)..