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PRIMERO.- La parte apelante formula recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Oviedo, de 10-IX-2019 (LA LEY 254225/2019), en el Procedimiento Especial para la Protección de los Derechos Fundamentales de la Persona nº 180/2019, desestimadora del recurso contencioso-administrativo que interpuso contra la actuación en vía hecho del Servicio de Salud del Principado de Asturias, ejecutada por la HOSPITAL000 de Asturias de Oviedo en relación con el ingreso forzoso de una de ellas.

Con la interposición del recurso se pretende se dicte sentencia estimatoria del mismo, revocatoria de la de instancia, con expresa condena en costas a la parte apelada Recurso con fundamento en los motivos siguientes: Infracción de los arts. 209.2 (LA LEY 58/2000), 216 (LA LEY 58/2000), 218.1 (LA LEY 58/2000), 218.2 (LA LEY 58/2000), 326.1 (LA LEY 58/2000) 348, y 376 LEC (LA LEY 58/2000), con vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a no sufrir indefensión protegidos en el art. 24 de la Constitución española (LA LEY 2500/1978) (CE), arts. 1 (LA LEY 2500/1978), 9 (LA LEY 2500/1978) y 117 CE (LA LEY 2500/1978) y Jurisprudencia del Tribunal Constitucional que los desarrolla; infracción de las normas y garantías procesales del artículo 348 LEC (LA LEY 58/2000) en relación a los tactos vaginales y el historial previo de abusos sexuales de la parturiente; e infracción de los arts. 5.a), 12, 2 y 5 CEDAW, arts. 3 (LA LEY 16/1950) y 8 del CEDH (LA LEY 16/1950) y jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos vertida en la Sentencia del caso Ternovszky v. Hungría, y arts. 14 (LA LEY 2500/1978), 15 (LA LEY 2500/1978), 16 (LA LEY 2500/1978), 18.1 CE (LA LEY 2500/1978), en el desarrollo dado en los arts. 4 (LA LEY 1580/2002), 7 (LA LEY 1580/2002), 8 (LA LEY 1580/2002) y 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (LA LEY 1580/2002), al haber sido ingresada forzosamente una de las partes apelantes para la inducción del parto privando injustamente a la familia Delfina- Benedicto Gracia del derecho a tomar decisiones informadas sobre las intervenciones médicas en el parto, en concreto, a recibir información sobre los riesgos, beneficios y alternativas existentes a la inducción del parto, a decidir y reflexionar sobre ellas y elegir la que considerasen mejor para la gestante y la futura hija.

SEGUNDO.- A las alegaciones de la parte apelante la parte apelada señala que no hay motivo alguno para cuestionar la legalidad de la Sentencia impugnada y, en consecuencia, la actuación administrativa impugnada es plenamente conforme a derecho.

El Ministerio Fiscal interesa igualmente la desestimación del recurso al ser la actuación de la Administración sanitaria proporcionada y adecuada a la situación descrita en la sentencia de latencia de parto, con un feto que precisa vigilancia continuada hasta su nacimiento, en una gestación postermino, y que el parto no progreso de forma adecuada desde la primera exploración, además de eficaz y sumamente beneficiosa para la vida del nasciturus y de la madre lo cual excluye cualquier vulneración de los derechos fundamentales.

TERCERO.- Delimitada en los fundamentos anteriores los términos de la problemática planteada en esta alzada. Su examen debe comenzar con el motivo relativo a la errónea valoración probatoria por haber omitido la sentencia apelada la Historia Clínica, la pericial y la testifical propuestas por la parte recurrente, vulnerando la regla de valoración conjunta de la actividad probatoria, todo lo cual tiene como consecuencia una absoluta indefensión y la vulneración de los derechos reconocidos en los párrafos 1 y 2 del art. 24 de la Constitución (LA LEY 2500/1978). En efecto, para la parte apelante se ha eludido la valoración del resultado de la monitorización que muestra una situación de bienestar fetal absolutamente normal y con una variabilidad perfecta en todos los controles realizados a la gestante confirmaron el bienestar fetal, así como hecho de que pasó 36 horas ingresada sin que se practicara ninguna intervención para rescatar a la bebé de ese peligro de "hipoxia fetal y muerte fetal intraútero" esgrimido para conseguir la orden judicial, por lo que no había ninguna prisa en provocar el parto y que el manejo expectante era una opción o alternativa clínica viable, la alternativa clínica a la inmediata inducción del parto es una cuestión que ha sido ignorada en la sentencia, con infracción del art. 216 LEC. (LA LEY 58/2000)

Ilegalidades en la valoración probatoria de la sentencia apelada que rechaza la parte apelada, puesto que no sólo ha valorado el informe pericial de parte, sino que lleva a cabo una crítica de la citada pericial al confrontarla con el resto de las periciales medicas aportadas por la Administración demandada. En este sentido, ante la confrontación de informes periciales contradictorios la tarea de decidir cuál de ellos, y con qué concreto alcance, debe ser utilizado para la resolución del supuesto litigioso es una cuestión de mera interpretación y valoración -conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica- de la prueba, cuya función está atribuida de forma exclusiva a los órganos judiciales, en el presente caso, al Juzgado de la instancia, que concluye que eran manifiestos los riesgos del parto de la gestante y, en consecuencia, la contraindicación del parto domiciliario.

Examinados los criterios expuestos sobre este motivo del recurso no son ciertos los presupuestos en los que se sustentan los errores señalados por la parte apelante, ni que las deducciones que obtiene el juzgador de instancia se basen en suposiciones, que por carecer de prueba pericial son arbitrarias para sustituirlas por las que propone, ya que este juicio de parte adolece del mismo defecto que denuncia de destacar determinados elementos del curso medico de embarazo obtenidos de las pruebas practicadas a su instancia siendo a su juicio la única prueba pericial de obstetricia obrante en el procedimiento, obviando que cuando esta persona acude al centro hospitalario para control había superado el periodo de gestación, y que por sus condiciones físicas era necesaria la comprobación permanente de su estado por los riesgos que representaba para la salud de la madre y del feto, y que este seguimiento no pudo hacerse entre otras razones por los propios actos de la gestante y su esposo al albur que necesitaban un tiempo para la reflexionar la decisión y cuando regresaron el referido servicio público estaba cerrado. Ante estas circunstancias la Administración sanitaria solicita la autorización judicial de ingreso forzoso de la gestante con la finalidad reseñada, y en la evolución de este estado se inicia con un parto espontaneo que cursa con las complicaciones reseñadas en la resolución recurrida, cuyo diagnóstico tuvo lugar durante este periodo expectante, y que derivan en la realización de la cesárea para preservar la vida de la madre y de la niña, operación realizada con el consentimiento de la madre, y que concluye con el nacimiento de la niña sin ninguna consecuencia perjudicial para ambas.

Este relato de los hechos confirma la conclusiones sustantivas y jurídicas de la sentencia apelada sobre el parto hospitalario para poner fin a una gestación prolongada, siendo este medio el adecuado y proporcionado para el manejo expectante de la gestación y solución de los problemas del parto, que por los factores reseñados eran riesgos previsibles y razonables. En esta situación no están acreditados que los servicios públicos de la salud optaran por la inducción del parto y con ello se privara a los padres de sus derechos de elección entre otras alternativas posibles como el parto domiciliario con la asistencia sanitaria de una comadrona contratada al efecto y que había controlado el embarazo, pues por el momento de la actuación del servicio público de salud, las condiciones de la gestante y la evolución del estado embarazo no fue factible otra solución que la intervención de acuerdo con la fuerza y evidencia de los hechos.

Sentado cuanto antecede y los hechos acreditados de acuerdo a las pruebas practicadas valoradas en conjunto conforme a las reglas de la lógica y la sana critica, no se aprecian vulneración de los principios y garantías procesales, en particular, los de igualdad y contradicción, ni de los derechos fundamentales, al no apreciar la omisión de las pruebas aportadas por una parte, ni ausencia de la valoración conjunta de la actividad probatoria, causante de la indefensión.

De otra parte tampoco se admite que el discurso del juzgador de instancia se base en la existencia de un conflicto de intereses entre la madre y el hijo con relación a sus respectivos riesgos para su vida y salud.

Por lo expuesto hay que rechazar la conclusión final de parte apelante que la gestante fue sometida a múltiples intervenciones no sólo sin su expreso consentimiento, sino con su expreso rechazo, inclusive tactos vaginales a pesar de haber ofrecido la alternativa de que se los realizara una profesional sanitaria de su confianza y a pesar de haber manifestado sus experiencias traumáticas con motivo de abusos sexuales padecidos anteriormente. A falta de acreditación de los presupuestos anteriores decae la deducción que ha sufrido un estrés y un trato vejatorio y humillante que sin duda han influido en la posterior evolución del parto, con resultado de una cirugía mayor abdominal que podría no haber sido necesaria en otras circunstancias y un síndrome de DIRECCION000.

CUARTO.- El segundo motivo del recurso se contrae a la infracción legal relacionada con la impositiva realización de tactos vaginales a la parturienta en el transcurso del parto y la negativa a que los hiciera la matrona de confianza.

Alegación sobre la omisión en la sentencia de instancia de los antecedentes de abusos sexuales que justificarían la improcedencia de los tactos vaginales practicados durante el parto conforme a la prueba pericial practicada a su instancia, medio de prueba que no tiene en cuenta el juzgador de instancia. Motivo que refuta la parte apelada con remisión a sentencia apelada, que rechaza el trato humillante y discriminatorio derivado de las exploraciones obstétricas realizadas a la madre gestante atendiendo a las circunstancias concurrentes, ya que con anterioridad, la historia clínica de la paciente ya reflejaba el haber sido objeto de tactos vaginales o exploraciones obstétricas con ocasión de la asistencia médica prestada el año anterior en el HUCA, con motivo episodio clínico de aborto que había sufrido, y sobre todo, en el acto de la vista de la prueba pericial del Jefe de Sección de Obstetricia, éste declaró que la historia clínica de la paciente objetivaba el dato de la inserción de un DIU que también precisa de un tacto vaginal para su colocación. En definitiva, no es admisible reprochar el tacto vaginal realizado que, en todo caso, resulta imprescindible, cuando la propia paciente, menos de un año antes, había sido explorada por un obstetra.

Confrontados los criterios expuestos, procede la desestimación de este motivo de impugnación de la sentencia apelada con aceptación de sus acertados razonamientos, pues si desconocer las graves consecuencias a suerte de traumas que suelen producir el antecedente de violencia sexual sufrido por la gestante y que se suele manifestar en actuaciones como la enjuiciada, estas consideraciones del informe pericial aportado por la parte ahora apelante, cede ante el hecho que ha sido sometida a exámenes vaginales en centros públicos sanitarios con motivos de actos médicos semejantes sin objeción alguna por su parte, y que en el presente caso se le dio la posibilidad de que fuera realizado por personal femenino del centro, descartando que lo pudiera realizar personal ajeno al mismo por las razones de régimen interno que señala la sentencia apelada y que no han sido desvirtuadas.

QUINTO.- Resta por enjuiciar el motivo referido a la infracción de los arts. 5.a), 12, 2 y 5 CEDAW, arts. 3 (LA LEY 16/1950) y 8 del CEDH (LA LEY 16/1950) y jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos vertida en la Sentencia del caso Ternovszky v. Hungría, y arts. 14 (LA LEY 2500/1978), 15 (LA LEY 2500/1978), 16 (LA LEY 2500/1978), 18.1 CE (LA LEY 2500/1978) y de la Ley 41/2002 (LA LEY 1580/2002) que los desarrolla, en concreto de su artículo 9, y de cuando en el proceso no se ha alegado ni probado sobre la existencia de una ningún riesgo para la salud pública, tampoco existía un riesgo inmediato grave para la parturienta, sin que se haya acreditado ningún conflicto de intereses entre la madre y el hijo, ni la integridad de este puede justificar el sacrificio de la integridad física y moral de la madre.

Para la parte apelada olvidan los apelantes la jurisprudencia del Tribunal Supremo dictada en relación con la Ley de Autonomía del Paciente. En concreto, la Sentencia de 20 de noviembre de 2012 (rec. 5637/2011 (LA LEY 176180/2012)), que con relación al Derecho a la información asistencial dice: "También, es cierto que las futuras madres pueden mostrar ciertas preferencias en cómo se va a desarrollar el acto del alumbramiento pero no lo es menos que el mismo está sujeto a las previsiones de garantizar la salud tanto para la madre como para el hijo en los mejores y mayores porcentajes posibles. Por ello, ese acto de información y consentimiento previo ha de situarse respecto a las posibles complicaciones que pueden manifestarse en esos momentos y que han de determinar por parte de los profesionales médicos asistentes la posibilidad de adopción de las decisiones médicas adecuadas y acordes a los síntomas e indicios que se van produciendo", un año antes, había sido explorada por un obstetra unos meses antes en el propio HUCA. En segundo lugar no es cierta la vulneración por la Sentencia "a quo" del Convenio Europeo de Derechos Humanos (LA LEY 16/1950) y la jurisprudencia del TEDH, sino que realiza un análisis de la doctrina establecida en la Sentencia de la Gran Sala del TEDH de fecha 15 de noviembre de 2016, Asuntos Dubská y Krejzová, que señala que los partos domiciliarios únicamente son aceptables en caso de embarazos de bajo riesgo ("low risk" dice la Sentencia del TEDH), mientras que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 14 de diciembre de 2010 (LA LEY 319004/2010) y de 26 de mayo de 2010, invocadas de contrario no versan sobre pretensiones idénticas a la planteada por los apelantes en su demanda. La primera versa sobre la disposición húngara que impone sanciones a los profesionales de la salud que asistan a un parto en el hogar. Y la segunda, no se refiere a la realización de tactos vaginales, sino que el Estado polaco violó los derechos humanos de una mujer a la que se le negó, en repetidas ocasiones, un examen genético prenatal, después de que un médico había descubierto irregularidades fetales durante una ecografía, que hubiera permitido una decisión informada por parte de la mujer sobre si interrumpir o no su embarazo A mayor abundamiento, resulta sorprendente que de adverso se insista en la vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos (LA LEY 16/1950) cuando el propio "Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias" -que se aporta como documento anejo al recurso de apelación- analiza la jurisprudencia del Tribunal Europeo sobre los partos domiciliarios en sus apartados 64 y 65, que llevó al Juzgado de instancia a determinar que, en el presente caso, "nos encontramos ante un parto que en modo alguno era de bajo riesgo, antes al contrario, los informes acreditan que se trata de un embarazo de Categoría II (NCHID), según explicó además en el acto de la vista, por lo que ante esta situación la Administración sanitaria, como así hizo, optó por adoptar las medidas oportunas para preservar la vida y la salud del feto".

Motivo de apelación que deben ser desestimados al no admitir en los fundamentos anteriores las alegaciones sobre la actuación médica.

SEXTO.- Concurren las circunstancias especiales previstas en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LA LEY 2689/1998), para no aplicar en este caso la regla de vencimiento objetivo respecto de la imposición de las costas devengadas en esta alzada.