TERCERO.- Como siguientes y últimos motivos de recurso, formulados al amparo del apartado c) del artículo 193 de la LRJS (LA LEY 19110/2011), por la trabajadora recurrente se denuncia que la sentencia recurrida infringe la normativa siguiente:
1)Lo establecido en los arts. 54.2.d) (LA LEY 16117/2015), 55 (LA LEY 16117/2015) y 56 del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015) en relación con el art. 24 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) y la doctrina jurisprudencial de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que cita, en lo relativo al desarrollo de actividades lúdicas durante la situación de incapacidad temporal (IT) en cuanto no puede calificarse como conducta desleal, no habiendo quedado demostrado que el hecho de actuar durante dos noches como "cantaora" en un espectáculo flamenco perjudicara o fuera en contra de su curación de la situación de IT en que se encontraba, no resultando ambas incompatibles, alegando al respecto que no ha tratado de eludir el desempeño de su trabajo como vigilante de seguridad para llevar a cabo actividades artísticas ante el público durante la IT, no dándose las circunstancias de hecho señaladas en la sentencia de esta Sala de 22 de julio de 2010, manifestando por último que, en todo caso, procede aplicar la doctrina gradualista del despido.
2)Los arts. 55.5 del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015), 108.2 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) y 12 de Ley Orgánica de Libertad Sindical (LA LEY 2063/1985) (LOLS), en relación con el art. 14 de la Constitución (LA LEY 2500/1978), alegando al respecto, con independencia de la declarado probado en la sentencia de instancia, que la presentación de su candidatura se produjo el día 21 de noviembre de 2018 (folios 66 a 76), reaccionando la empresa con su despido disciplinario por cuanto lo sabía al menos desde el día 13 de noviembre, no siendo creíble que no conociera el informe del detective privado hasta el día 18 de noviembre, terminando por solicitar que su despido sea declarado nulo, así como que se le resarza por el daño moral sufrido con la cantidad de 6.000 euros.
Al objeto de resolver este recurso de suplicación la Sala parte del contenido de los hechos declarados probados de la sentencia recurrida, que se dan aquí por reproducidos íntegramente a todos los efectos al constar ya en los antecedentes de hecho de esta resolución, hechos que en realidad no han sido impugnados por la recurrente, salvo lo relativo al hecho noveno, por el cauce legal adecuado del apartado b) del art. 193 de la LRJS (LA LEY 19110/2011), permaneciendo incólumes, sin que en ningún momento se haya alegado por la recurrente la vulneración de derecho fundamental alguno por haber sido obtenida la prueba en que se basa su despido mediante el informe de un detective privado. Por otra parte, la Sala analiza en primer lugar su petición de nulidad de su despido y, caso de ser desestimada, los motivos de su improcedencia.
-A este respecto, el art. 12 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LA LEY 2063/1985), 11/1985, de 2 de agosto, establece que "Serán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que contengan o supongan cualquier tipo de discriminación en el empleo o en las condiciones de trabajo, sean favorables o adversas, por razón de la adhesión o no a un sindicato, a sus acuerdos o al ejercicio en general de actividades sindicales", disposición que está en consonancia con los arts. 17 (LA LEY 16117/2015) y 55.5 del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015), y a efectos procesales con el art. 181.2 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) que dispone: "En el acto del juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad", normativa que traída a este procedimiento, dada la proximidad de los hechos que le atribuyen ocurridos los días 9 y 11 de noviembre de 2018, su proclamación el día 23 de noviembre de 2018 como candidata en el segundo puesto en las listas electorales al comité de empresa por el Sindicat de Treballadors de Seguretat de Catalunya (STS-C), y su despido, que, aunque notificado el día 24, le fue remitido el día 20 de noviembre, habiéndose entregado a la empresa el informe emitido por el detective privado el día 18 de noviembre, datos y hechos todos ellos que constan aunque indebidamente en el fundamento de derecho octavo de la sentencia recurrida de los que el magistrado de instancia, a quien corresponde la valoración de la prueba practicada de acuerdo con el art. 97.2 de la LRJS (LA LEY 19110/2011), ha llegado a la conclusión razonable de que el despido no pudo ser reactivo a la presentación de la candidatura, desechando que la empresa hubiera tenido conocimiento de su presentación como candidata el anterior día 13 de noviembre. En definitiva, se trata de un despido disciplinario por motivos razonables en fecha 20 de noviembre de 2018, habiendo sido proclamada candidata electoral el siguiente día 23 de noviembre de 2018. Por lo anteriormente expuesto procede desestimar la petición de nulidad del despido, así como la indemnización de daños solicitada.
-En cuanto a la petición de improcedencia, lo que supondría de acuerdo con el art. 54.1 del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015) que los hechos sancionados no tienen las señas de gravedad y culpabilidad exigida para justificarlo como procedente, tratándose de un caso en que la trabajadora, estando en situación de IT por causas comunes (de la prueba documental practicada se trata de un síndrome ansioso-depresivo de corta duración) desde el día 2 de noviembre de 2019, amenizó el viernes 19 de noviembre (viernes), de 20 a 22 horas, un espectáculo flamenco, cantando, vestida de faralaes, siendo acompañada por un guitarrista, dos bailaoras y el joven encargado de la caja de percusión, invitando al final del espectáculo a algunas personas del público a participar en él, despidiéndose, haciendo de locutora, presentando a sus compañeros al público, refiriéndose a sí misma como " Micaela" Repitiéndose dicha actuación el domingo 11 de noviembre de 2019, a partir de las 20,30 horas. Junto a estos hechos también ha de recalcarse (hecho probado séptimo) que la actora informó a la empresa de su afición por el "cante flamenco" y del local en el que solía cantar, hecho que fue reconocido por la empresa demandada, y que seguramente dio lugar a la práctica de su investigación por medio de un detective privado.
Pues bien aun siendo cierto, tal como alega la empresa en su escrito de impugnación al recurso, que la carga mental, atención, toma de decisiones, etc., es mayor como actuante en un espectáculo público con respecto al exigible en su profesión habitual de vigilante de seguridad (todo ello de acuerdo con la guía de valoración profesional del INSS), también es cierto que de acuerdo con la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, por todas, en su sentencia de 4 de octubre de 1985, no toda actividad desarrollada durante la situación de incapacidad temporal puede calificarse como competencia desleal sancionable con el despido, sino sola aquella que dotada de suficiente gravedad e intencionalidad y a la vista de las circunstancias concurrentes, sea susceptible de perturbar la curación del trabajador o evidencie la aptitud laboral de éste, con la consiguiente simulación en perjuicio de la empresa y del sistema público de la Seguridad Social, todo ello en base a criterios médicos, siendo adecuada una actividad ocupacional, que en el caso de la recurrente, siendo aficionada como cantaora flamenca, podría ser su participación en un espectáculo, aunque eso sí resulta inusitada su duración de dos horas y de una hora y media, debiéndose ponderar también que dichas actuaciones tuvieron lugar un viernes y un domingo por la noche momento en que la trabajadora tampoco prestaría ser servicios en la empresa sin necesidad de estar en situación de incapacidad temporal, y sin que tampoco exista prueba alguna de ninguna retribución, habiendo sido ella misma quien había comunicado a la empresa el local en que cantaba, sin que se le hubieran puesto objeciones al respecto.
En definitiva, en el presente procedimiento no existe prueba alguna de que la actora no estuviera afecta de un síndrome ansioso depresivo, ni de que hubiera ocultado a la empresa "su afición al cante flamenco y el local en el que solía cantar, siempre fuera de su horario de trabajo, sin que tampoco se haya probado que esta actuación, que era el desarrollo de una afición, fuera contraria a la curación del síndrome ansioso depresivo que padecía, circunstancias todas las cuales hacen que la Sala entienda que no se dan los requisitos de gravedad y culpabilidad exigidos a todo despido por el art. 54.1 del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015), con la consiguiente declaración de su improcedencia, con las consecuencias legales inherentes establecidas en el art. 56 del ET.
Por todo lo anteriormente expuesto procede que, previa la estimación del recurso de suplicación interpuesto por la trabajadora, se revoque la sentencia recurrida en los términos que se dirán en la parte dispositiva de esta resolución, fijando la indemnización de despido de acuerdo con la antigüedad y salario declarados probados, calculada según la herramienta informática del Consejo General del Poder Judicial.