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PRIMERO.- Se alza en suplicación la parte actora contra el auto del Juzgado de instancia de fecha 31 de octubre de 2.018 , por el que se desestimó el recurso de reposición que la misma interpuso contra el dictado el día 8 del mismo mes, en el que la Juez a quo declaró de oficio la falta de jurisdicción del orden social para conocer de la controversia material planteada en la demanda que rige las presentes actuaciones, dirigida -como empresas- contra la Real Federación Española de Fútbol (en adelante, RFEF) y la Liga Nacional de Fútbol Profesional, cuestión que, por lo tanto, quedó imprejuzgada.

SEGUNDO.- Lo que postula el recurrente en el petitum de su demanda sin el subrayado del texto original es, literalmente, que se declare: "(...) la nulidad de la medida de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de descenso del árbitro de fútbol (...) de la categoría de '2ª División A' a '2ª División B' del fútbol profesional; o subsidiariamente declare la injustificación de la medida, por ser contraria a Derecho; con los efectos de reposición de la condición de árbitro de fútbol de la categoría de '2ª División A' y todos sus efectos inherentes; condenando solidariamente a las codemandadas Real Federación Española de Fútbol y Liga Nacional de Fútbol Profesional a estar y pasar por tal declaración y sus efectos" .

TERCERO.- A tal efecto, el recurrente instrumenta un único motivo con inadecuado encaje procesal, por cuanto se ampara en el párrafo a) del artículo 193 de la Ley 36/2.011, de 10 de octubre (LA LEY 19110/2011), Reguladora de la Jurisdicción Social , cuando debió hacerlo en el c) del mismo precepto, lo que no es óbice para su examen dada la tutela efectiva que es exigible de este Tribunal, motivo en el que denuncia la infracción del artículo 1, en relación con el 2 a), de la citada norma procesal, insistiendo, en suma, en que es el orden social de la jurisdicción el competente para enjuiciar la problemática de fondo planteada, lo que funda, básicamente, en el carácter laboral que atribuye a la relación contractual que le une a ambas entidades codemandadas.

CUARTO.- Las razones por las que la Juez de instancia, tras el preceptivo traslado a las partes y al Ministerio Fiscal para alegaciones, alcanzó la conclusión atacada pueden resumirse en estas palabras del auto de 8 de octubre de 2.018: "(...) A tenor de lo dispuesto en el artículo 5.1 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) 'si los órganos jurisdiccionales apreciaren la falta de jurisdicción o de competencia internacional, o se estimaren incompetentes para conocer de la demanda por razón de la materia, del territorio o de la función, acto seguido de su presentación dictarán auto declarándolo así y previniendo al demandante ante quién y cómo puede hacer uso de su derecho. Careciendo este órgano judicial, según lo expuesto, de competencia para conocer de la pretensión interesada en la demanda por razón de la materia, debo abstenerme de conocer de aquella advirtiendo al demandante que podrá ejercitar su pretensión, si a su derecho interesa, ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa" , a lo que, a renglón seguido, agrega: "(...) habida cuenta la naturaleza jurídica del demandado, RFEF, la cual si bien de carácter asociativo, está sometida como dependiente del Consejo Superior de Deportes y por ende al Ministerio de Educación Cultura y Deportes y a la sazón ha de considerarse organismo de derecho público, se estima que la competencia no viene atribuida a los Juzgados de lo Social, pudiendo venir atribuida a la jurisdicción contencioso administra (sic, por administrativa) " , criterios que itera el auto de 31 del mismo mes, en el que se rechazó el recurso de reposición formulado por el demandante, si bien abundando en que: "(...) sobre esta cuestión ya existen pronunciamientos anteriores de varios TSJ ( STSJ Comunidad Valenciana de 9.3.2000 , TS 30.5.1998 , TSJ Madrid 25.2.1998 , Galicia 4.2.1999 , Cataluña 25.5.2015 , entre otras), siendo cuestión a resolver con carácter previo incluso de oficio la falta de competencia jurisdiccional art. 5 LRJS (LA LEY 19110/2011) )" .

QUINTO.- Previamente, el recurrente suscita una cuestión de índole procesal, haciendo valer que el artículo 5.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) no faculta al Juzgador para adoptar una decisión como la impugnada, que, a su entender, está reservada para supuestos que denoten una mayor claridad o, si se quiere, sean inobjetables, de modo que, sigue diciendo, la iudex a quo debió resolver lo procedente una vez celebrado el oportuno juicio. Desde luego, no es así, ya que tal precepto adjetivo, único que en el proceso laboral autoriza a rechazar a limine la demanda presentada, no hace distingo alguno sobre cuál haya de ser la causa por la que el Juez de instancia considere, nada más promoverse la misma, que concurre la falta de competencia internacional, o bien, la incompetencia de jurisdicción por razón de la materia, el lugar o la función, lo que no impide que, de no haberlo hecho entonces, pueda hacerlo tras la celebración del acto de juicio, cual prevé el artículo 5.2 de la misma norma procesal, a cuyo tenor: "Igual declaración deberán hacer en los mismos supuestos al dictar sentencia, absteniéndose de entrar en el conocimiento del fondo del asunto" , resoluciones judiciales ambas -auto, en el primer caso, y sentencia, en el otro- que son susceptibles del recurso extraordinario que proceda.

SEXTO.- Dicho esto, el recurrente continúa haciendo hincapié en la naturaleza jurídico-laboral de la relación contractual que, como árbitro profesional de fútbol, entiende que le vincula a ambas codemandadas, alegando que ninguna incidencia puede tener en ello el carácter -público o privado- atribuible a dichas entidades. Desde ya, podemos decir que tanto por la naturaleza de la relación de servicios en cuestión, como de la decisión frente a la que se alza quien hoy recurre, que fue adoptada por el Comité Técnico de Arbitros y consistió en su descenso de categoría como tal árbitro de Segunda División A a Segunda División B, el orden social de la jurisdicción no es competente para conocer de la controversia material promovida. Para empezar, reseñar lo que establece el artículo 30 de la Ley 10/1.990, de 15 de octubre (LA LEY 2706/1990), del Deporte , precepto que si bien en su apartado 1 prevé: "Las Federaciones deportivas españolas son Entidades privadas, con personalidad jurídica propia, cuyo ámbito de actuación se extiende al conjunto del territorio del Estado, en el desarrollo de las competencias que le son propias, integradas por Federaciones deportivas de ámbito autonómico, Clubes deportivos, deportistas, técnicos, jueces y árbitros, Ligas Profesionales, si las hubiese, y otros colectivos interesados que promueven, practican o contribuyen al desarrollo del deporte" , añade, empero, en el 2: "Las Federaciones deportivas españolas, además de sus propias atribuciones, ejercen, por delegación, funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores de la Administración pública " (el énfasis es nuestro), mandato que reitera el artículo 1.1 del Real Decreto 1.835/1.991, de 20 de diciembre (LA LEY 3785/1991) , sobre federaciones deportivas españolas y registro de asociaciones deportivas.

SEPTIMO.- Reitera el actor que en su caso concurren cuantas notas informan una relación laboral de índole común u ordinaria, para lo que trae a colación el carácter personal y retribuido de la prestación de servicios que desempeña como árbitro profesional de fútbol para las entidades codemandadas, al igual que la ajenidad y dependencia que, según él, cabe predicar de ella. Lo que sucede es que en casos así lo determinante no es tanto la realidad de las características configuradoras expuestas, de contornos difusos y muchas veces comunes tanto a una prestación laboral de servicios cuanto a otra de carácter administrativo, sino la normativa por la que se rige la contratación de que se trate y, a su vez, el carácter con el que actúa el empleador, de un lado, y las condiciones en que se desarrolla tan repetida prestación, de otro. Téngase en cuenta que según el artículo 31.3 de la Ley 10/1.990 (LA LEY 2706/1990) , ya calendada, atinente a las federaciones deportivas españolas: "La consideración de electores y elegibles para los citados órganos se reconoce a: Los deportistas que tengan licencia en vigor, homologada por la Federación deportiva española en el momento de las elecciones y la hayan tenido durante el año anterior, siempre que hayan participado en competiciones o actividades de la respectiva modalidad deportiva, de carácter oficial y ámbito estatal, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, salvo en aquellas modalidades donde no exista competición o actividad de dicho carácter. Los Clubes deportivos inscritos en la respectiva Federación, en las mismas circunstancias que las señaladas en el párrafo anterior. Los técnicos, jueces y árbitros , y otros colectivos interesados, asimismo en similares circunstancias a las señaladas en el precitado párrafo anterior" (las negritas también son nuestras), mientras que el 74.2, referido al ejercicio de la disciplina deportiva, dispone que ésta viene atribuida: "a) A los jueces o árbitros, durante el desarrollo de los encuentros o pruebas, con sujeción a las reglas establecidas en las disposiciones de cada modalidad deportiva. (...) c) A las Federaciones deportivas españolas, sobre: Todas las personas que forman parte de su propia estructura orgánica; los Clubes deportivos y sus deportistas, técnicos y directivos; los jueces y árbitros, y, en general, todas aquellas personas y Entidades que, estando federadas, desarrollan la actividad deportiva correspondiente en el ámbito estatal" .

OCTAVO.- En suma, es la propia regulación normativa de la figura del árbitro profesional la que revela que no estamos en presencia de un contrato de trabajo, sino que su prestación de servicios entraña una relación administrativa especial sujeta a la específica normativa por la que se rige tal relación contractual. En este punto, el Tribunal comparte, y asume, los acertados criterios que lucen en la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 25 de mayo de 2.015 (recurso nº 7.335/14 (LA LEY 103720/2015) ), la cual reitera en buena medida el parecer de la anterior de la misma Sala de suplicación de 25 de octubre de 2.002 (recurso nº 3.905/02). Pues bien, la primera de ellas, aunque relativa a un árbitro profesional de baloncesto, expone criterios que son plenamente extrapolables al supuesto enjuiciado. Como en ella se dice: "(...) no podemos prescindir de la FEB para valorar la relación del actor con la demandada si tenemos en cuenta que las Ligas profesionales (...) responden a 'figuras jurídicas individualizadas, de naturaleza asociativa privada, que se han de constituir, obligatoriamente, en el seno de las estructuras federativas' (preámbulo del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre (LA LEY 3785/1991), sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas, y art. 41 de la Ley 10/1990 (LA LEY 2706/1990), del Deporte ); mientras que, por su parte, las Federaciones vienen configuradas por tales normas, en palabras de su preámbulo, como 'asociaciones de naturaleza jurídico-privada al tiempo que les atribuye por primera vez y explícitamente el ejercicio de funciones públicas de carácter administrativo', y es 'esta última dimensión en la que se sustentan las diferentes reglas de tutela y control que la Administración del Estado puede ejercer sobre las Federaciones', refiriéndose a las normas establecidas en los arts. 30 a 40 de la Ley 10/1990 (LA LEY 2706/1990) , como reflejo de 'la vigilancia y protección de los intereses públicos en presencia'. (...) Por su lado, el RD 1835/1991 (LA LEY 3785/1991), en términos semejantes, dispone en el art. 1 , que tales federaciones son entidades asociativas privadas, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del de sus asociados; reiterando que 'además de sus atribuciones, ejercen por delegación, funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores de la Administración pública'" .

NOVENO.- En el mismo orden de cosas, señala a continuación: "(...) En tal línea, al tiempo de regular las funciones de las Federaciones deportivas españolas, el art. 33 de la Ley 10/1990 (LA LEY 2706/1990) antepone a la enumeración de todas ellas que su realización o ejecución queda 'bajo la coordinación y tutela del Consejo Superior de Deportes' (CSD) (organismo autónomo de carácter administrativo adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia, cuyo presidente tiene rango de Secretario de Estado y dicta, en nombre del Consejo, actos administrativos; arts. 7 (LA LEY 2706/1990) y 9 de la Ley 10/1990 (LA LEY 2706/1990) ). De entre las funciones enumeradas merece ser citada con relación al presente asunto, la de 'calificar y organizar, en su caso, las actividades y competiciones deportivas oficiales, de ámbito estatal'; completando el art.3 del RD 1835/1991 (LA LEY 3785/1991) que 'a estos efectos, la organización de tales competiciones se entiende referida a la regulación del marco general de las mismas, según se establezca en la normativa federativa correspondiente'. Igualmente se ha de destacar como función de las Federaciones la prevista en el apartado f) del art. 33 de la Ley 10/1990 (LA LEY 2706/1990) (y que reitera el art. 3.f) del RD 1835/1991 (LA LEY 3785/1991) ), que es la de 'ejercer la potestad disciplinaria deportiva, en los términos establecidos en la Ley del Deporte, sus específicas disposiciones de desarrollo y sus estatutos y reglamentos'. Y el número 3 del citado art. 3 del Real Decreto 1835/1991 (LA LEY 3785/1991) establece que 'los actos realizados por tales Federaciones en el ejercicio de las funciones públicas de carácter administrativo que enumera, son susceptibles de recurso ante el Consejo Superior de Deportes (CSD), agotando así la vía administrativa'. Pues bien, la normativa mencionada nos permite, en primer lugar, hacer una básica distinción para el presente caso. De un lado, el actor, en calidad de árbitro es un asociado de la Federación de su modalidad deportiva, la FEB (entidad privada, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio e independientes del de sus asociados); y esta relación que mantiene como asociado de la FEB es de Derecho privado: el actor, como un asociado más, contribuye a formar la voluntad federativa en tanto que miembro de la asamblea general; y, además, es elector y elegible con respecto a los órganos de gobierno ( arts. 31 de la L 30/1990 (LA LEY 3451/1990) y 14 y ss. del RD 1835/1991 (LA LEY 3785/1991) )" .

DECIMO.- Sentado cuanto antecede, podemos establecer una primera conclusión, cual es que la decisión que el demandante impugna de clasificarle y adscribirle a partir de la temporada 2.018-2.019, una vez realizada la correspondiente evaluación por el Comité Técnico de Arbitros, a Segunda División B, en lugar de permanecer en Segunda División A donde arbitró la temporada anterior, tiene un carácter netamente administrativo que se enmarca dentro de las funciones públicas que la RFEF lleva a cabo como agente colaborador de la Administración Pública. Es decir, dadas las características de la relación contractual que vincula al actor y la federación deportiva codemandada, no se trata de una medida empresarial que tenga encaje en lo que comúnmente se entiende por condiciones de un contrato de trabajo, sino que es fruto del ejercicio de una potestad administrativa delegada.

UNDECIMO.- Aquella sentencia expresa después: "(...) desde otro punto de vista, el actor, al ser titular de la licencia federativa de árbitro ( arts. 7 y ss. del RD 1835/1991 (LA LEY 3785/1991) ), que le habilita para la práctica arbitral, tiene una relación con la Federación de carácter especial, está sujeto a una relación de supremacía o sujeción especial, ya que el actor, por delegación de la Federación, ejerce la potestad disciplinaria deportiva durante el desarrollo de los encuentros y pruebas, con sujeción a las reglas establecidas para cada modalidad ( art. 73.2.a) de la Ley 10/1990 (LA LEY 2706/1990) ), que es una de las funciones públicas que tiene atribuida la FEB ( arts. 33.1.f) de la L 10/1990 (LA LEY 2706/1990) y art. 3.1.f) del RD 1835/1991 (LA LEY 3785/1991) ). En consecuencia, el árbitro ha de someterse a las normas de superación de las pruebas requeridas al efecto, con la asignación de la categoría correspondiente, según la clasificación elaborada por el Comité Técnico de Árbitros que deberá ser aprobada por la Secretaría General de la FEB ( art. 7 del RD 1835/1991 (LA LEY 3785/1991) y arts. 55 y ss. del Reglamento General y de Competiciones de la FEB, de 27.7.2011). Por todo ello, esta es una relación que queda bajo la jurisdicción del orden contencioso-administrativo ", a lo que añade más adelante: "(...) El actor considera que esta Jurisdicción social es competente para el conocimiento de su acción porque entiende que queda comprendida, en concreto, en el apartado a) del art. 2 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) ('los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo'); es decir que viene a afirmar que la relación que ha venido manteniendo con la demandada ACB en la prestación de sus servicios en calidad de árbitro de las competiciones que la misma organiza sería de carácter laboral. Esto supone que para podamos aceptar tal alegación, será imprescindible que se aprecie el concurso de los requisitos que definen una relación como laboral en el art. 1.1 del ET : 'prestación de servicios retribuidos por cuenta ajena' (ajenidad) y que la prestación se dé 'dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario' (subordinación o dependencia)" (el énfasis es nuestro).

DUODECIMO.- Luego, expone en lo que aquí interesa: "(...) El punto discutido está en si puede o no apreciarse la existencia de una subordinación de índole laboral por parte del actor con respecto a la dirección de la ACB, así como un sometimiento de aquel a su organización, de tal modo que pueda afirmarse que esta Liga, actuaba como empresaria o empleadora; lo que pasamos a analizar en los siguientes fundamentos jurídicos. (...) En cuanto a las funciones que cumple el árbitro en las competiciones deportivas, este aplica en cada encuentro las reglas establecidas en las disposiciones de cada modalidad deportiva ( art. 74.2.a) de la Ley 10/1990 (LA LEY 2706/1990) y art. 6.2.a) del RD 1591/1992, de 23 de diciembre (LA LEY 668/1993) , que desarrolla reglamentariamente la disciplina deportiva establecida con carácter general en el Título XI de la Ley 10/1990 (LA LEY 2706/1990), del Deporte), ejerciendo así la potestad disciplinaria. Se trata de una potestad que le viene delegada de la Federación (FEB), en tanto que esta asociación tiene concedidas 'por delegación funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores de la Administración pública' ( art. 30 L 10/1990 (LA LEY 2706/1990)); y entre ellas está la función de ejercer la potestad disciplinaria en los términos establecidos en la Ley, sus específicas normas de desarrollo, sus Estatutos y reglamentos ( arts. 33.1.f) ley 10/1990 (LA LEY 2706/1990) y art. 3.1.f del RD 1835/1991 (LA LEY 3785/1991) ). Es decir que el árbitro en cada partido es un agente o representante de la Federación, con una serie de potestades derivadas de la Ley del Deporte y de su desarrollo reglamentario. O dicho de otro modo, el control sobre la organización y desarrollo de las competiciones que corresponde a la Federación sobre los sujetos implicados en la actividad deportiva se realiza en gran medida a través de los árbitros (y de los jueces); el árbitro es un agente de la Federación que actúa como máxima autoridad deportiva en el partido. Y en esta labor, la ACB no puede interferir ni para definir las tareas o supuestos en que han de ser ejercitadas ni en la delimitación de las acciones concretas con que el árbitro ha de actuar, ni perfilar su intensidad y/o sus maneras con que expresarlas. En el núcleo de la actividad arbitral, en la definición del trabajo del actor, la ACB no puede intervenir; por lo que esta carece de la función de dirección y control sobre la actividad o servicios contratados que prevén los arts. 5 y 20 del ET para el empleador" , concluyendo así: "(...) por lo que respecta a las facultades de clasificación, promoción y formación profesional que establecen los arts. 22 y 23 del ET para los empresarios, tampoco le corresponden a la ACB sino que pertenecen a las Federaciones y, más en concreto, al Comité Técnico de Árbitros de la FEB, constituido en el seno de la FEB y cuyo presidente es designado por el presidente de la FEB (el art. 22.1 del RD 1835/1991 (LA LEY 3785/1991) ). En efecto, según el número 2 del mismo precepto, corresponde a dicho Comité, entre otras funciones: establecer los niveles de formación arbitral, clasificar técnicamente a los árbitros proponiendo su adscripción a las categorías correspondientes, proponer los candidatos a Juez o Árbitro internacionales, y aprobar las normas administrativas regulando el arbitraje. En lo relativo al papel que corresponde a las Ligas profesionales, conforme al art. 23 del RD 1835/1991 (LA LEY 3785/1991) , estas están integradas exclusivamente por los clubes deportivos que participan en las 'competiciones oficiales de carácter profesional y de ámbito estatal' y dichas características o, mejor, calificaciones de la competición (oficial, profesional y de ámbito estatal) las otorga el Consejo Superior de Deportes (art. 8 L 10/1990 (LA LEY 2706/1990)). (...) Es decir que de todo lo anterior se concluye que a los efectos de la gestión del arbitraje (función pública delegada por la Federación): a) los árbitros están integrados en la FEB y de ella provienen sus facultades; b) la competencia para llevar a cabo la gestión del arbitraje está atribuida por la Ley a la FEB; y c) solo mediante los convenios de coordinación que pacte la ACB con la FEB, aquella participa, colabora o actúa en la competición profesional, necesitando siempre el beneplácito de la FEB. Las Ligas profesionales (como lo es la ACB), en cuanto a la organización de sus propias competiciones solo pueden hacerlo en coordinación con la respectiva Federación deportiva española y de acuerdo con los criterios que, en garantía exclusiva de los compromisos nacionales e internacionales, pueda establecer el Consejo Superior de Deportes; por lo que la ACB, repetimos, no puede actuar autónomamente. De ahí que, cuando en el art. 41.1 de la Ley del Deporte se especifican las competencias de las Ligas, no está la relativa a la gestión u organización del arbitraje, que, por tanto, solo la tiene por delegación de la Federación deportiva correspondiente (...)" .

DECIMOTERCERO.- En conclusión: en atención a la normativa que específicamente disciplina la figura del árbitro profesional, es claro que del nexo contractual que une a quien hoy recurre y la RFEF y, como también se sostiene, con la Liga Nacional de Fútbol Profesional, no es posible predicar las notas que caracterizan la relación propia de un trabajador por cuenta ajena, habida cuenta el carácter público de la función que el mismo desempeña como agente designado por la RFEF, ni la evaluación efectuada por el Comité Técnico de Arbitros para la temporada 2.018-2019, a resultas de la cual fue adscrito a Segunda División B, es susceptible de conceptuarse como una modificación sustancial de las condiciones de un contrato de trabajo que es inexistente, por lo que el motivo se desestima y, con él, el recurso, y sin que haya lugar, por último, a la imposición de costas dada la condición con que el recurrente dice litigar.