FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Los hechos que se declaran probados, después de la apreciación en conciencia por este Juzgador de las pruebas practicadas en el acto de la vista conforme a los principios de oralidad, publicidad, inmediación, contradicción y demás garantías procesales y constitucionales de nuestro ordenamiento jurídico se consideran como constitutivos de un delito de homicidio causado por imprudencia grave, tipificado en el artículo 142. 1º del Código Penal (LA LEY 3996/1995).
De conformidad con dicho resultado probatorio, ha de concluirse que, en la escala jerárquica de las modalidades de imprudencia que se contienen en nuestro Código Penal, es la grave la que aquí concurre, en cuanto supone la eliminación de la más elemental atención y la no adopción de los cuidados más esenciales para impedir la realización de acontecimientos dañosos punibles, infringiéndose así los derechos fundamentales que supone la convivencia, según los patrones y reglas sociales vigentes, pues concurren todos los elementos necesarios que constituyen las infracciones culposas o imprudentes, a saber: a).- La producción de un resultado que sea la parte objetiva de un tipo doloso; b).- La infracción de una norma de cuidado, cuyo aspecto interno es del deber de advertir la presencia del peligro, y cuyo aspecto externo es el deber de comportarse conforme a las normas de cuidado previamente advertido; c).- Que se haya querido la conducta descuidada, con conocimiento del peligro o sin él, pero no el hecho resultante de tal conducta.
Como dice la S.T.S. de 21/05/2.003, "la sustancia de la culpa tiene hoy un contenido esencialmente normativo por cuanto implica la infracción de un deber de cuidado que se impone a las personas en su comportamiento o conducta social, infracción de las normas que deben ser observadas por una persona media y que alcanza dos planos fundamentales de referencia, la peligrosidad de la conducta en si misma considerada y la valoración social del riesgo creado teniendo en cuenta las normas socio-culturales. Conforme a este criterio normativo el vigente Código Penal distingue entre la culpa grave, antigua culpa temeraria, y la leve, que responde a la antes denominada simple. Desde otra perspectiva, atendido su contenido psicológico, la culpa puede ser consciente o inconsciente, según que el agente actúe con representación del peligro de su conducta, aunque confiando en que el resultado lesivo no se va a producir, o bien cuando dicha actuación no conlleva dicha representación aunque la misma debió ser tenida en cuenta por el sujeto activo de la infracción, dando por supuesto que en ninguno de ambos casos existe intención de lesionar el bien jurídico. Ambas clases de culpa no guardan ninguna interdependencia entre sí, pues la culpa consciente puede ser normativamente leve mientras que la grave psicológicamente puede responder a la categoría de inconsciente. En cualquier caso, lo verdaderamente sustancial es el grado de reproche normativo conforme a la actual redacción del Código Penal. La distinción psicológica tiene que ver con el deslinde de la frontera con el dolo eventual".
Mientras que en la infracción de la norma de cuidado se contiene el desvalor de la acción, es en la resultancia de la acción imprudente donde reside el desvalor del resultado. Desvaloración que en uno y otro caso admite gradaciones y niveles de los que depende la distinción entre el delito y la antigua falta. En efecto en el delito de imprudencia con resultado de muerte es necesario que la imprudencia sea grave, convirtiéndose en la falta del artículo 621.2 del Código Penal (LA LEY 3996/1995) (en este caso vigente en el momento de los hechos) cuando la imprudencia es leve, calificación alternativa que proclamó la defensa instando como consecuencia también la absolución del acusado por considerarse prescrita. La reducción a la categoría de falta exige, pues, una menor desvaloración de la acción, apreciable en los casos de levedad en la imprudencia, o bien una menor desvaloración del resultado, aun en imprudencias graves, lo que no es de apreciar, obviamente cuando el resultado es de muerte, como aquí ha ocurrido, de ahí que la posibilidad de reducir a falta el comportamiento del acusado exigiría valorar su negligencia como leve; lo que no cabe obviamente hacer a la vista del resultado de hechos probados, cuando el acusado ha causado la muerte de otra persona sin ánimo o intención de ello, ni aceptando que tal desenlace se produjese, producto de al menos dos golpes dados con el puño, como poco uno de ellos en la cabeza de la víctima -pues el otro lo situó en la cara, en el cuello o en el cuerpo-, en un momento determinado del forcejeo que mantuvieron, sin que pueda decirse que entonces esta última intentara agredir al acusado, sino a lo sumo mantenerse en posesión del bolso que previamente había sustraído. No de otro modo puede calificarse tal hecho, pues ni aún por las circunstancias que rodean el hecho -que la víctima estuviera implicado en un robo violento anterior y portara un bolso que el ahora acusado pretendía recuperar-, puede calificarse la conducta del acusado de forma distinta, sin perjuicio que la persona tristemente fallecida hubiera tenido que depurar la responsabilidad penal en la que pudo incurrir por el asalto a una mujer que materializó en la vía pública. Y tal convicción se apoya siempre por las manifestaciones del propio acusado, los testigos y la pericial forense, no existiendo, por tanto, base fáctica alguna en el relato de hechos para considerar el homicidio como doloso, aún eventualmente, como pretendía la parte interviniente como acusación particular en representación de Paula aludiendo a puñetazos o patadas, algunas de ellas propinadas cuando la víctima estaba en el suelo, por no poder quedar sustentada en el aludido resultado probatorio, como así se analizará.
Es patente que
la desviación de la norma de cuidado por parte del acusado es singularmente grave teniendo en cuenta la sustancial peligrosidad de su conducta al propinar a la víctima esos dos puñetazos, uno de ellos en la cabeza, sin que esa conducta quedara justificada por su afán de recuperar el bolso que aquella había sustraído, pues bien pudo el acusado haber acudido a otros medios menos gravosos en aras a reprimir el ilícito penal cometido que constituía el robo, cual pudo haber sido el inmediato aviso a la policía, o si se apura, el haber seguido al autor a distancia sin hacerle frente mientras que al mismo tiempo comunicara a la fuerza policial el lugar por donde transitaba. Al haber decidido recuperar el bolso en la forma que lo hizo, aún en una inicial voluntad de colaborar como ciudadano a favor de la perjudicada del tirón, pero optando para ello finalmente hacer uso de la violencia que reflejó, sin que conste que Antonio hubiera intentado agredirle, por ello fue determinante del resultado lesivo final producido por los impactos que este último recibió en su cabeza, bien por el/los puñetazo/os, bien por golpearse la cabeza con el suelo al caer con ocasión de la intensidad de ese puñetazo, afirmación que se explicará también seguidamente. De cualquiera de las maneras, la descrita
conducta del acusado supuso la creación de un peligro próximo de lesión, que se tradujo en la muerte violenta de Antonio y comportó la omisión de precauciones básicas y elementales. Es decir, la imprudencia del acusado ha sido grave, toda vez que forma parte de la experiencia de cualquier persona de su edad que propina sendos golpes en el rostro (o en las demás partes aludidas) de una persona, con la fuerza que evidentemente hubo de imprimirle, tiene una considerable probabilidad de producirle lesiones de manera directa, o en su caso, tras una caída como la sufrida por la víctima y golpearse con el suelo. Toda acción no dolosa, que conlleva el peligro de una lesión considerable, constituye, por lo menos, una imprudencia grave.
Y es que no cabe duda que, a la vista de la pericial médico forense, que fue sometida a la debida contradicción con la presencia del perito médico en el juicio, el acusado sufrió un traumatismo craneoencefálico con hemorragia cerebral, que bien pudo relacionarse con el impacto directamente recibido por un golpe o por la caída posterior, que le provocó la muerte.
En este estado de cosas, son de destacar algunas consideraciones:
Primera.- Como ya se ha anticipado, debe descartarse calificar la conducta del acusado como dolosa en cualquiera de sus manifestaciones. En el presente caso no existían elementos que permitieran considerar que el resultado de muerte producido era imputable al dolo del autor. Consecuentemente, al no darse este elemento, era descartable, al menos en esas circunstancias previas, que fuera prima facie aplicable el artículo 138 del Código Penal (LA LEY 3996/1995) esgrimido por una de las acusaciones particulares -la plasmada por la Sra. Manuela-, calificando los hechos como homicidio, incluso como asesinato si se acogiera la invocación del artículo 139.3º del referido texto legal, y así la tramitación procesal de los autos quedó encauzada en el ámbito de las diligencias previas y el procedimiento abreviado y no por sumario ordinario, sin que la parte que ahora pretende considerar los hechos constitutivos de estos delitos mencionados (homicidio y/o asesinato) pusiera reparo alguno a ello. Por lo demás, en el momento de ocurrir los hechos, el artículo 14.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) excluía de la competencia del Juez de lo Penal los hechos cuya pena pudiera exceder de cinco años, cuestión tampoco discutida y que quedó representado en el dictado del auto de apertura de juicio oral que consideró competente a dicho órgano judicial, pues lo contrario hubiera implicado atribuírsela a la Audiencia Provincial.
Por otro lado la acusación particular plasmada por la Sra. Manuela sostiene que la acción realizada por el acusado es dolosa y que, por lo tanto, el resultado de muerte estaba abarcado por el dolo. Para ello sostiene que dicho acusado, experto practicante de artes marciales, propinó a Antonio una paliza con puñetazos y patadas, una de ellas en la cabeza, a la que atribuye la causación del traumatismo craneoencefálico con hemorragia cerebral, actos agresivos que sin embargo no puede considerarse que existieran, mas allá de dos puñetazos cuya existencia si que admitió el acusado, uno de ellos en la cabeza, y otro en ese mismo lugar o en el cuello y/o hombro, como se analizará en el siguiente fundamento de derecho.
La jurisprudencia es muy clara en lo concerniente a los elementos del hecho que resultan indicadores del dolo del autor (por citar la STS 1.579/02, de 2 de octubre (LA LEY 10570/2003)). No puede identificarse el dolo con la relación de causalidad.
Nadie duda que los puñetazos del acusado produjeron causalmente la muerte, pero sucede que eso no demuestra el dolo. Tampoco existen elementos que permitan afirmar que esos puñetazos tuvieran "una alta probabilidad" de producir la muerte. Está demostrado que no es imposible, pero que, por regla, uno o dos puñetazos de las características del probado en esta causa, no genera un peligro concreto de la producción de la muerte. Por lo tanto, en la medida en que el dolo consiste en el conocimiento de este peligro concreto, es evidente que de la consciencia de dar sendos puñetazos no se puede deducir que el autor obró con dolo de matar. Por lo demás, la argumentación referida a la condición del acusado como experto en artes marciales carece de consistencia, como también se analizará en el siguiente fundamento de derecho.
- Segunda.- También debe
descartarse poder considerar la conducta del acusado como simplemente fortuita como así proclamó la defensa, por resultar evidente que el resultado de muerte no ha sido fortuito, debiendo insistirse en el hecho de que
si el acusado, en vez de decidir golpear a la víctima para recuperar el bolso hubiera decidido simplemente seguirla e intentar determinar hacia donde se dirigía en espera de la llegada de la policía, a la que previamente habría de haber dado aviso, la muerte no se hubiera producido, pues no hubiera resultado golpeada y no hubiera caído al suelo, si es que en este último caso fue el posible golpe que se dio entonces la que pudo determinar la lesión que finamente acabó con su vida.
- Tercera.- Finalmente debe
excluirse la posibilidad de apreciar una concurrencia de culpas esgrimida de la misma manera por la defensa. Es sobradamente conocida la jurisprudencia que ha considerado en parte la concurrencia de culpas en materia penal a través de la figura de la compensación de culpas en los delitos imprudentes. En este sentido las sentencias del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 1.990 y de 19 de octubre de 2.000 establecen que para calibrar la respectiva relevancia de las conductas intervinientes habrá de tenerse en cuenta que si uno de los factores o condiciones se muestra como causa decisiva y eficiente del resultado, habrá de reputarse la actuación de los demás intervinientes como accidental y fortuita. La compensación de culpas pues consiste en establecer la proporción en la que cada una de las conductas concurrentes han contribuido a la realización del resultado, teniendo en cuenta sobre todo, la entidad de las respectivas imprudencias y la peligrosidad de cada acción u omisión, de modo que, se reparta la cifra indemnizatoria total conforme a dicha proporción, lo que en definitiva supone una rebaja de tal suma en relación con la participación en los hechos que debe atribuirse al perjudicado (entre otras, las SSTS de 20 de febrero de 1.993 y de 8 de junio de 1.995).
No obstante lo expresado en el anterior fundamento de derecho y con independencia del grado de calificación de la imprudencia alcanzado, partiendo de los hechos declarados, no sería descabellado concluir que la imputación de responsabilidad que se le atribuye en la producción del accidente al acusado deba ser absoluto, pues
no consta que la víctima desarrollara conducta alguna que pudiera haber sido causalmente determinante en la producción de los golpes que recibió ni en su caída, fuera de la naturaleza que fuera, si se quiere, que hubiera actuado para con el acusado violentamente, pues curiosamente aquel no sufrió lesión alguna con la que poder concluir con la necesaria conducta violenta del acusado (aspecto que se tratará posteriormente al examinar la posible concurrencia de legítima defensa), y mucho menos que el consumo de sustancia estupefacientes o alcohol hubiera tenido influencia alguna, pues el Médico Forense se pronunció de manera clara al poner de manifiesto que era complicado relacionar el fatal resultado con un previo consumo del alcohol o drogas por parte de la victima, pues dependería del tipo de tóxico o alcohol consumido, de su historial y sus previas patologías, pero que por lo general no tendría porque producirse. Por ello no podría atribuírsele al fallecido proporción alguna en la contribución en el resultado.
SEGUNDO.- De la anterior infracción penal es responsable en concepto de autor el referido acusado, por la participación material, directa y voluntaria que tuvo en su ejecución, de conformidad con lo establecido en los artículos 27 (LA LEY 3996/1995) y 28 del Código Penal (LA LEY 3996/1995), pues la presunción de inocencia que le ampara ha quedado desvirtuada por las pruebas practicadas en el plenario.
En un primer término debe ponerse de relieve que es cuestión que no ha resultado controvertida, de conformidad con lo que se ha hecho constar en el relato fáctico de la presente, que el día y hora que se refieren, el acusado se encontraba en compañía de dos personas, Rafaela y Carlos, cuando caminaban por una calle de Fuengirola y acudieron en auxilio de una tercera persona, Manuela, que estaba siendo golpeada por Antonio, el aquí fallecido, e Inmaculada para sustraerle el bolso que portaba, quedando Rafaela y Carlos en compañía de Manuela mientras que el acusado salió corriendo tras Antonio para recuperar el bolso sustraído. Así se desprende de lo manifestado por el acusado y las testigos, siendo pues irrelevante las iniciales y exhautivas gestiones policiales encaminadas a localizar al posible autor de la agresión al Sr. Antonio, que desembocaron de forma exitosa en el reconocimiento fotográfico e identificación como tal del ahora acusado, que como así se ha dicho ha reconocido su implicación en los hechos en el sentido de reconocer que fue el quién tuvo el incidente con la victima.
La cuestión esencial a resolver en el presente juicio en aras a poder concluir o no con la reprochabilidad penal del acusado es lo sucedido a partir de entonces, cuando saliendo el acusado tras Antonio consiguió darle alcance y se materializó entre los mismo el mentado forcejeo.
Así el propio acusado, en términos mas o menos parecidos a los expuestos en sede judicial instructora (f 273 y 274), manifestó en el juicio a preguntas del Ministerio Fiscal que cuando le dio alcance no tuvo intención de agredirle, que llevaba el bolso en la mano izquierda colgado hacia atrás, que se lo cogió y pensó que lo soltaría, que volvió a tirar y no pudo recuperarlo, intentando entonces esa persona pegar dos o tres golpes que esquivó, al menos dos de ellos, teniendo seguidamente una acción refleja dándole uno o dos puñetazos, uno en la cara, cuello o cuerpo y un segundo en la cara y cogiendo seguidamente el bolso se dio la vuelta pues se preocupó por la víctima para devolvérselo. Que como quién iba con el fallecido se quedó con él, pensó que se quedaría acompañado y por eso se quedó con la víctima del robo que a su vez le manifestó que no la dejara sola.
Preguntado por la acusación particular destacó que su trabajo en la discoteca formalmente es como camarero, pero que concretamente es controlar el acceso como relaciones públicas por el conocimiento de idiomas, pero no como portero, que practica deportes y que el acusado era mas corpulento que el. Que no volvió al lugar donde quedó aquella persona por temor a que se levantara y volviera a intentar agredirle. Que no eludió su responsabilidad en una primera ocasión ante la policía, pues cuando fueron a hablar con el no le dijeron nada del fallecimiento sino del robo, del que el dijo que no sabía nada. Que no golpeó a esa persona mas que en dos ocasiones, sin negar finalmente que pudieran ser en la cabeza.
A instancia de su Letrado concretó que se enteró del fallecimiento de la persona cuando se publico en el periódico encontrándose entonces en Londres, que regresó y se reunió con sus amigas y acudieron a la policía.
Analizando las testificales vertidas en el plenario se ha conocido lo siguiente:
- El Policía Local nº 3.273, que ratificó el informe comparecencia obrante al folio 20 de las actuaciones, que significó haber examinado, resaltó que el acudió primero, que encontró a una persona tumbada en el suelo sin pulso, que le comisionó otra persona que se hallaba a unos 400 metros que le dijo que había una persona tirada en el suelo y una chica que le decía que no llamara a la policía, que lo llevaran a un médico. Que esa chica les contó dos o tres historias diferentes de lo sucedido, que la persona se había caído, que otro le pegó. Que intentaron reanimarlo hasta la llegada de la ambulancia. Que seguidamente llegó su compañero que también realizó maniobras de reanimación. Que la persona era normal, no presentando signos de lesiones o sangre, no sabía que había pasado y que en las aludidas tareas de reanimación pudo producirse alguna contusión en la persona, pues fueron 4 o 5 compañeros quienes lo intentaron, pudiendo fracturarse alguna costilla pues allí "sonaba algo".
- El Policía Nacional nº NUM002 puso de manifiesto como cuando llegó Inmaculada no quería saber nada de la policía, decía que habían peleado, que una persona de un kiosko les dijo que había visto a dos personas peleándose y un bolso, que seguidamente llegó una señora con magulladuras en un taxi y les explicó lo sucedido con el previo robo del que fue víctima, que apreció el acusado y recuperó su bolso y que el fallecido era una persona corpulenta.
- Javier, que trabaja como barrendero, explicó que cuando llegó todo había pasado, que una muchacha gritaba y lloraba pidiendo socorro y le dijo que no tenía móvil y que llamase a la policía, lo que así hizo, no recordando si le dijo también que lo hiciera con la ambulancia.
- Victor, propietario de un establecimiento de prensa cercano a donde todo ocurrió, manifestó encontrarse a unos 100 o 150 metros, que vio como un chico corría con un bolso y otro le da alcance, que forcejearon, sin poder apreciar nada mas pues había bastante distancia, quedando uno en el suelo, sin saber si el otro le dio patadas en el suelo, como ya había relatado a la fuerza policial actuante (f 40).
- Rafaela, compañera de trabajo entonces del acusado y que transitaba con el mismo, refirió de forma similar a como ya lo había hecho durante la instrucción (f 266 a 268) que el hombre salió corriendo con el bolso, el acusado detrás y la chica que acompañaba al hombre detrás, quedándose ella y su amiga con la víctima del robo; que no pudo ver si el acusado alcanzó a esa persona, pero si que volvió con el bolso, se lo devolvieron a la señora y la acompañaron a su lugar de trabajo, decidiendo después coger un taxi de vuelta a casa; que volvieron a pasar en el taxi por el lugar de los hechos y vieron a una persona tirada en el suelo con policía que lo reanimaban, que el acusado no dijo ni les contó nada y no pararon, no siendo ella consciente de lo sucedido, que fue una pelea normal sin saber el resultado, no siendo hasta 10 o 15 días después cuando vio el periódico y conoció que la persona falleció y por ello avisaron a la policía. Que ella fue a comisaría sin hablar con el acusado antes. Añadió también que el acusado hablaba idiomas y que en la discoteca trabajaba mas llevando a gente al reservado que como seguridad. Ante la policía significó el 18/02/15, entre otras consideraciones que cuando se marchaban acompañando a la víctima vio a la persona tirada en el suelo aunque creyendo que se estaba moviendo, así como también que fue ella quién personalmente se personó en dependencias policiales tras enterarse del fallecimiento (f 151 a 154). Pese a que posteriormente significó a la policía tener miedo por posible represalias ante el hecho de haber acudido a comisaría (f 157 y 158), después lo desmintió.
- Carlos, acompañante también del acusado junto a la anterior testigo, vino a corroborar lo manifestado por esta, señalando que el acusado recuperó el bolso pero que no sabe como pues no se lo dijo, que solamente vio a Santiago correr tras el hombre que llevaba el bolso y que el hombre se giró como para darle con el. Que al ver que quedó con una mujer, sin que entonces lo viera caído en el suelo, se fueron, cogieron u taxi y entonces si que vieron a esa persona tumbada con la policía, sin que el acusado les dijera entonces nada. Sobre la tarea del acusado en la discoteca dice que filtraba la gente que podía o no podía entrar. Que se enteró del fallecimiento de la persona por el periódico, estando el acusado en Londres. La testigo ya refirió a la policía el 20/02/15 (f 184 a 186) o a la Jueza Instructora el 22/02/15 (f 263 y 264) su versión, sin grandes diferencias a lo que antes se ha expresado.
- La testigo Manuela dejó claro que no vio como se recuperó el bolso que no vio la persecución. Así lo había anticipado en sus declaraciones en el Juzgado de Instrucción (f 65 y 411).
- Finalmente la testigo Inmaculada, que acompañaba a la persona fallecida relató, tras destacar que ella estaba bajo los efectos de las drogas y que no lo recordaba bien todo, que Antonio salió corriendo, que el chico se acercó y le quitó el bolso y le dio patadas y puñetazos, que lo vio pues ella estaba a poco metros, que Antonio no se defendió pues no estaba bien, que intentaba retener el bolso pero que a la segunda o tercera patada, la de la cabeza, cayó al suelo, que el acusado le golpeó como si supiera artes marciales, sabiendo muy bien donde pegaba. Que llamó a un muchacho de la basura, que lo intentó reanimar pero ya estaba muerto. Que se lo decía a ellos pero se marcharon, quedándose ella sola sin que nadie les ayudara, que "lo mató como un animal", que aún comprendiendo que había cometido un delito eso no se hacía. Finalmente, preguntada sobre los golpes que observó, reiteró haber visto las patadas en la cabeza, aunque también una patada en el pecho que le hace hacer al suelo y una patada en la cabeza, que también dio golpes con el puño pero lo que mas recuerda es la patada, no recordando que dijera que vio como le daba un puñetazo en la espalda.
En una primera declaración policial el día 09/02/15 dicha testigo manifestó que el acusado propinó a Antonio una fuerte patada en el pecho, que como consecuencia de dicho golpe cayó al suelo y continuó propinándole diversas patadas en la cabeza y en el pecho, así como puñetazos, teniendo que tener conocimiento de artes marciales por el modo en el que propinaba los golpes, y que le propinó a ella una patada en la espalda al intentar proteger al anterior, sufriendo además una lesión en un dedo de la mano (f 17).
Declarando como detenida en sede judicial el 10/02/15 con asistencia letrada habló de golpes en la cabeza y que creía que sabía artes marciales (f 45). Y haciéndolo como testigo en esta causa en fase de instrucción el 22/02/15 refirió que el acusado cogió por detrás a Antonio y le dio un puñetazo en la espalda y después una patada en la cabeza, que lo tiró al suelo y ahí comenzó a darle patadas, una diez (f 260 a 262).
- El Médico Forense que compareció al juicio sometiendo a contradicción el informe de autopsia (f 371 a 383) y, tras conocer el resultado del informe sobre histopatología emitido por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses tras el estudio de las muestras del fallecido (f 309 y 401 y 402), su posterior ampliación (f 486), destacó haber realizado la autopsia del cadáver junto a una compañera, ratificando las causas del fallecimiento que consignó en la pericia, pudiendo haberse producido las lesiones por un traumatismo derivado de un golpe directo o por el impacto de una caída, que las contusiones torácicas eran compatibles con maniobras de reanimación por la zona donde aparecieron, y pese a que también podían deberse a un puñetazo, por el contexto y antecedentes médicos eran compatibles con dicha reanimación. También destacó la existencia de lesiones secundarias al traumatismo tales como herida incisa en ceja, equimosis en el pómulo, también propias de un golpe directo o derivadas del impacto de una caída. Si que puso de relieve que para romper un maxilar, una pieza dental o el frenillo el traumatismo ha de ser de cierta intensidad. Destacó ser difícil que el fallecimiento pudiera relacionarse con el consumo de alcohol o drogas por ser estas circunstancias determinantes en la producción de la hemorragia, pues dependería del tipo de tóxico, de su historial y patologías, si bien afirmó que de manera general no tenía porque producirse.
Se hace preciso en este momento comentar la decisión adoptada durante el plenario de no suspender dicho acto la incomparecencia justificada de la perito forense. Es cierto que la dualidad de peritos en el dictamen emitido como prueba obedece a la mayor garantía de acierto y objetividad que representa la coincidencia de pareceres frente a la opinión única, nunca a razones esenciales que obliguen a llenar una forma "ad solemnitatem", y buena muestra de ello es que la propia ley atribuye validez a los dictámenes emitidos por un sólo perito cuando debieron ser dos y que el propio precepto que se entiende infringido prevé (cuando no es posible la llegada de otro perito sin grave inconveniente). Pero también lo es que en el Procedimiento Abreviado se conforma la ley con el dictamen de un solo perito, si el Tribunal no estima preciso que sean dos (artículos 788.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882)). Así se entendió en este caso, cuando además el forense compareciente dejó bien claro que realizó la autopsia conjuntamente con la forense que no pudo comparecer y así suscribieron de esa forma los informes correspondientes, siendo suficiente con su presencia para poder someter tales periciales, que por cierto no consta debida y formalmente impugnadas en el momento procesal oportuno, a la debida contradicción.
También el análisis de la prueba documental, además de los mencionados informes forenses periciales ha arrojado datos del interés, tales como los que se desprende:
- Que la víctima había consumido cocaína y opiáceos (f 302, f 371 y siguientes, 468 y 469)
- Que la víctima, contaba con dos hijas en el momento de su fallecimiento, una mayor de edad, Clara , y otra menor de edad, Luisa (f 342), y se había divorciado de su esposa, (f 343)..
- Que el acusado ha consignado en la cuenta de este Juzgado en fecha 18/07/18 la cantidad de 6.000 euros.
Pues bien, los hechos a que se ha hecho referencia constituyen, como ya se había anticipado, sustentándose para ello en el resultado de las pruebas desarrolladas en el plenario, un delito de homicidio imprudente de los artículo 142.1º CP (LA LEY 3996/1995) por la ejecución por parte del acusado de una acción sin la diligencia debida, cual fue propinar dos puñetazos al fallecido que hubieron de ser suficientemente intensos como para producirle las lesiones que experimentó (además del traumatismo craneoencafálico, la rotura maxilar, del frenillo y de una pieza dental) y que el forense reseñó como producidos por "una energía viva" sobre la zona sin poder concretar el mecanismo exacto, que se debieron a los impactos de esos golpes o al que se derivó de la caída al suelo y la posibilidad de que la cabeza golpeara con el firme. Pese a que la testigo Sra. Manuela aludió a patadas, este extremo concreto no puede ser aceptado, al presentar sus distintas manifestaciones ciertas contradicciones y ambigüedades en cuanto a la descripción de la conducta agresora que atribuía al acusado, quizá motivado por el hecho de su estado de consumo de alcohol y drogas que reconoció y que pudo afectar a la realidad de lo que percibió, y por ende, a su credibilidad al respecto. Además, la posibilidad de que se hubieran propinado las patadas que se dice, que podría haber tenido un reflejo en las lesiones sufridas por el fallecido en sus costillas, se ha visto restada por el hecho de que tales fracturas costales pudieran relacionarse con las maniobras de reanimación que se le efectuaron. Por ello se considera que al quedar encuadrado los golpes o puñetazos que el acusado reconoció haber propinado a la víctima en el mecanismo agresor que el perito judicial relacionó con la causación de las lesiones, sin que ningún otro testigo presenciara el desarrollo de esa agresión, pues a lo sumo aludieron a un forcejeo o al hecho de ver al agredido ya en el suelo, en esa admitida agresión ha de situarse la conducta censurable del acusado, reiterándose las consideraciones que ya se hicieron acerca de la previsibilidad objetiva y subjetiva de que con ello se pudiera haber producido la muerte del agredido, lo que denota un desprecio a las mas elementales precauciones y era previsible que se produjera el fatal desenlace; y finalmente la producción de un resultado de muerte en conexión causal con la acción imprudentemente realizada, siendo en este sentido incontestable las conclusiones de la susodicha pericial.
TERCERO.- En la comisión del delito no han concurrido circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
Como expresa la STS 240/17, de 5 de abril (LA LEY 23676/2017) en las circunstancias modificativas de la responsabilidad, cuya carga probatoria compete a la parte que las alega deben estar tan acreditadas como el hecho delictivo mismo (destacar también las SSTS 138/02 de 8 de febrero (LA LEY 31649/2002), 1.527/03 de 17 de noviembre (LA LEY 11910/2004) y 1.348/04 de 29 de noviembre). En definitiva para las eximentes o atenuantes no rige en la presunción de inocencia ni el principio "in dubio pro reo". La deficiencia de datos para valorar si hubo o no la eximente o atenuante pretendida no determina su apreciación. Los hechos constitutivos de una eximente o atenuante han de quedar tan acreditados como el hecho principal ( SSTS 701/08 de 29/10 (LA LEY 169685/2008) o 708/14 de 06/11 (LA LEY 161474/2014)). Por ello, en los campos de concurrencia de una circunstancia atenuante no juega la presunción de inocencia que se proyecta sobre los hechos constitutivos de la infracción y no sobre los que excluyen o atenúan la responsabilidad. Cuando no se trata de dar por probado, sino de considerar "no probado" algún hecho el nivel exigible de motivación se relaja. Las dudas llevan a no dar por probada la aseveración. En definitiva para dar por no probada una eximente o una atenuante basta con no tener razones para considerarla acreditada (SSTS 675/14, de 9 de octubre (LA LEY 155963/2014) y 838/14, de 12 de diciembre (LA LEY 175709/2014)).
Ha aludido la defensa en un primer término la concurrencia en la conducta del acusado de
legítima defensa al defender que el mismo actuó inicialmente con el ánimo de defenderse, basándose exclusivamente en el relato de hechos expuesto por el acusado, cuando señaló que al dar alcance a la víctima, que describió como una persona mas corpulenta que él, y no poder arrebatarle el bolso le intentó agredir con dos o tres golpes que esquivó, tenido seguidamente una reacción refleja propinándole dos puñetazos.
Siguiendo la doctrina jurisprudencial (citar las SSTS 1.262/2.006, de 28 de diciembre (LA LEY 175854/2006), 544/2.007, de 21 junio (LA LEY 52029/2007), 153/2.013, de 6 marzo (LA LEY 24661/2013) o 454/2.014, de 10 de junio (LA LEY 74595/2014) o) la legítima defensa como causa excluyente de la antijuricidad o causa de justificación, está fundada en la necesidad de autoprotección, regida como tal por el principio del interés preponderante, sin que sea óbice al carácter objetivo propio a toda causa de justificación la existencia de un "ánimus defendendi" que, como ya dijo la STS 02/10/81, no es incompatible con el propósito de matar o lesionar al injusto agresor ("animus necandi o laedendi"), desde el momento que el primero se contenta con la intelección o conciencia de que se está obrando en legítima defensa, en tanto que el segundo lleva además ínsito el ánimo o voluntad de matar o lesionar necesario para alcanzar el propuesto fin defensivo.
El agente debe obrar en "estado" o "situación defensiva", vale decir en "estado de necesidad defensiva", necesidad que es cualidad esencial e imprescindible, de suerte que si del lado de la agresión ilegítima ésta debe existir en todo caso, para que se postule la eximente completa o imperfecta, del lado de la reacción defensiva ésta debe ser también y siempre necesaria para que pueda afirmarse la eximente en cualquiera de sus grados.
Por ello, tal como destaca la STS 1.760/2.000, de 16 de noviembre (LA LEY 1270/2001), esta eximente se asienta en dos soportes principales que son, según la doctrina y la jurisprudencia, una agresión ilegítima y la necesidad de defenderse por parte de quien sufre aquella.
Por agresión debe entenderse toda creación de un riesgo inminentemente para los bienes jurídicos legítimamente defendibles, creación de riesgo que la doctrina de esta Sala viene asociando por regla general a la existencia de un acto físico o de fuerza o acometimiento material ofensivo. Sin embargo, tal tesis no es del todo completa cuando se ha reconocido también que el acometimiento es sinónimo de agresión, y ésta debe entenderse no sólo cuando se ha realizado un acto de fuerza, sino también cuando se percibe una actitud de inminente ataque o de la que resulte evidente el propósito agresivo inmediato, como pueden ser las actitudes amenazadoras si las circunstancias del hecho que las acompañan son tales que permitan temer un peligro real de acometimiento, de forma que la agresión no se identifica siempre y necesariamente con un acto físico sino también puede prevenir del peligro, riesgo o amenaza, a condición de que todo ello sea inminente.
Por tanto constituye agresión ilegítima toda actitud de la que pueda racionalmente deducirse que pueda crear un riesgo inminente para los bienes jurídicos defendibles y que haga precisa una reacción adecuada que mantenga la integridad de dichos bienes, sin que por tanto, constituyan dicho elemento las expresiones insultantes o injuriosas por graves que fuesen, ni las actitudes meramente amenazadoras sino existen circunstancias que hagan adquirir al amenazado la convicción de un peligro real o inminente (STS de 12/07/94), exigiéndose "un peligro real y objetivo y con potencia de dañar" (STS 06/10/93), de modo que no la constituye "el simple pedir explicaciones o implicar verbalmente a otra persona (STS 23/03/90), ni el "hecho de llevar las manos en los bolsillos, profiriendo insultos" (STS de 26/05/89).
El problema puede suscitarse -decía la STS 172/2.008, de 30 de abril (LA LEY 334400/2008)), en relación al requisito de "defensa", que requiere el ánimo de defensa, que se excluye por el "pretexto de defensa" y se complementa con la necessitas defensiones; y proporcionalidad racional del medio empleado que supone, a su vez, "necesidad", o sea que no pueda recurrirse a otro medio no lesivo, y proporcionalidad, en sentido racional y no matemático, atendiendo, como dice la STS de 1 de abril de 2.004"de manera flexible a criterios derivados de máximas de experiencia en un análisis concreto de las circunstancias de cada uno.
Se impone en todo caso la fundamental distinción entre la falta de necesidad de la defensa y la falta de proporcionalidad de los medios empleados para impedir o repeler la agresión. Si no hay necesidad de defensa se produce un exceso extensivo o impropio, bien porque la reacción se anticipa o bien porque se prorroga indebidamente y la legítima defensa no puede apreciarse en ninguno de estos casos, ni como completa ni incompleta (SSTS de 27/01/2001, de 03/06/2.003 y de 21/06/2.007). Por el contrario, si lo que falta es la proporcionalidad de los medios, el posible exceso, llamado intensivo o propio, obliga a ponderar como juicio de valor, no solo las circunstancias objetivas sino también las subjetivas (SSTS de 06/05/98 y de 16/11/03), teniendo en cuenta tanto las posibilidades reales de una defensa adecuada a la entidad del ataque y las responsabilidades reales de una defensa adecuada a la entidad del ataque y la gravedad del bien jurídico en peligro, y a la propia naturaleza humana.
Por ello el exceso intensivo o propio no impide la apreciación de una eximente incompleta (STS. 10/10/96), e incluso puede ser cubierto -como razona la STS de 1.708/03, de 18 de diciembre (LA LEY 699/2004)), por la concurrencia de una situación de error invencible de prohibición, por la creencia de que se adoptan los medios necesarios adecuados a la defensa que se considera imprescindible para salvar la propia vida en una situación límite.
En el presente caso lo cierto es que, como se desprende del relato fáctico de la presente resolución, no fue el acusado la víctima del delito de robo con violencia, sino que, tras percatarse de lo que estaba sucediendo con una tercera persona, arrebatándole Antonio y una mujer el bolso, salió detrás de este para recuperarlo, y tras darle alcance y negarse a devolvérselo, existiendo en este contexto un forcejeo, el acusado le golpeó tal y como se reseña. No puede decirse que el acusado, mas allá del mérito que habría que concedérsele por actuar en defensa de los intereses de una ciudadana que estaba siendo víctima de un robo, ya en el contexto de una secuencia distinta, que fue cuando dio alcance al fallecido y le exigió la devolución del bolso y ante la negativa de éste a hacerlo, no actuó "inicialmente con ánimo de defenderse ante una agresión ilegítima", pues Antonio únicamente escapaba con el bolso tras su reprochable acción de la que fue víctima esa tercera persona, siendo el acusado quién, sin esperar buscar una situación alternativa cual podría ser avisar a la policía o limitarse a seguir al mencionado, decidió correr tras el, y cuando le alcanzó golpearle tal y como lo hizo. Tampoco consta, mas allá de lo relatado por el acusado, que cuando se produjo esa interceptación Antonio intentara golpearle, como así se constata del hecho de que dicho acusado no sufriera a raíz de lo sucedido ninguna lesión que haya sido objetivada. Y si los alegados golpes no se hicieron efectivo porque el acusado los esquivara, volvería a brillar por su ausencia el requisito de la previa agresión ilegítima cuando seguidamente decide darle dos puñetazos, por que quiera tildarse de "actuación refleja". La actuación de Antonio en el reconocido forcejeo que señaló la acusación se situaría de forma razonable en su voluntad de seguir conservando el bolso en cuyo poder emprendió su huida, mas que en agredir al acusado. Pese a ello tal acusado decidió en su afán de recuperar el bolso golpear al Sr. Antonio, acción que no puede afirmarse que se desarrollara en legítima defensa al faltar pues el primer requisito de la misma -agresión ilegítima-. Aún en el caso de que ese forcejeo pudiera quedar encuadrado en una mínima riña, la jurisprudencia -vid STS 932/2.007, de 21 de noviembre (LA LEY 193630/2007), de forma constante viene declarando que en la situación de riña mutuamente aceptada no cabe apreciar para los contendientes las circunstancias de legítima defensa, al no caber en nuestro derecho la pretendida "legítima defensa recíproca" y ello en razón a constituirse aquellas en recíprocos agresores, en mutuos atacantes, no detectándose un "animus" exclusivamente defensivo, sino un predominante y compartido propósito agresivo de cada cual hacia su antagonista, invalidándose la idea de agresión injusta ante el aceptado reto o desafío entre los contrincantes, que de las palabras pasan a los hechos, generándose consecuencias lesivas, no como actuación exclusivamente paralizante o neutralizadora del acometimiento injusto o inesperado del adversario, sino como incidentes desprovistos de la estructura causal y racional que justifica la reacción de fuerza del acometido sin motivo, entendiéndose por riña o reyerta una situación conflictiva surgida entre unas personas que, enzarzándose en cualquier discusión verbal, al subir de grado la misma, desembocan, tras las palabras insolentes, afrentosas u ofensivas en las peligrosas vías de hecho, aceptándose expresa o tácitamente la procedencia o reto conducente al doble y recíproco ataque de obra. En estos casos se ha excluido la posibilidad de apreciar la legitima defensa (SSTS de 29/01/01 y de 16/02/01), siendo indiferente la prioridad en la agresión (SSTS 31/10/88 y de 14/09/91), si bien se ha precisado que ello no exonera a los Jueces a averiguar "la génesis de la agresión y determinar, si es posible, quien o quienes la iniciaron, de tal manera que con ello se evite que pueda aparecer como uno de los componentes de la riña, quien no fue otra cosa que un agredido que se limitó a repeler la agresión". Finalmente, que el fallecido fuera o no una persona corpulenta, que si parece que lo era, no permitiría llegar a una conclusión distinta a la alcanzada.
Tampoco puede ser apreciada como circunstancia atenuante la invocada de reparación parcial del daño causado prevista en el artículo 21.5º del Código Penal (LA LEY 3996/1995). El elemento sustancial de esta atenuante consiste en la reparación del daño causado por el delito o la disminución de sus efectos, en un sentido amplio de reparación que va más allá de la significación que se otorga a esta expresión en el artículo 110 del Código Penal (LA LEY 3996/1995), pues el artículo 110 se refiere exclusivamente a la responsabilidad civil, diferenciable de la responsabilidad penal a la que afecta la atenuante. Cualquier forma de reparación del daño o de disminución de sus efectos, sea por la vía de la restitución o de la indemnización de perjuicios, puede integrar las previsiones de la atenuante (STS 293/18, de 18 de junio (LA LEY 72595/2018)). Como se ha expresado por la jurisprudencia (STS 285/2.003, de 28 de febrero (LA LEY 1392/2003)) lo que pretende esta circunstancia es incentivar el apoyo y la ayudas a las víctimas, lograr que el propio responsable del hecho delictivo contribuya a la reparación o disminución del daño de toda índole que la acción delictiva ha ocasionado, desde la perspectiva de una política criminal orientada por la victimología, en la que la atención a la víctima adquiere un papel preponderante en la respuesta penal. Para ello resulta conveniente primar a quien se comporta de una manera que satisface el interés general, pues la protección de los intereses de las víctimas no se considera ya como una cuestión estrictamente privada, de responsabilidad civil, sino como un interés de toda la comunidad.
Expresa la STS 94/2.017, de 16 de febrero (LA LEY 4631/2017), que puede tomarse como factor orientativo para consignar la indemnización reparadora, lo solicitado por el Ministerio Fiscal. Y que en casos de una consignación que cubre una tercera parte de la reparación declarada en Sentencia, aun es posible su estimación (SSTS 256/15, de 7 de mayo (LA LEY 55087/2015) y 635/16, de 14 de julio (LA LEY 85466/2016), 256), pero no cuando es insignificante (STS 828/16, de 3 de noviembre (LA LEY 156105/2016)).
La reparación debe ser suficientemente significativa y relevante, pues no procede conceder efecto atenuatorio a acciones ficticias, que únicamente pretenden buscar la aminoración de la respuesta punitiva sin contribuir de modo eficiente y significativo a la efectiva reparación del daño ocasionado (SSTS 1.990/2.001, de 24 octubre (LA LEY 189382/2001), 1474/1.999, de 18 de octubre, 100/2.000 de 4 de febrero (LA LEY 3998/2000) y 1.311/2.000 de 21 de julio (LA LEY 10834/2000)).
En el caso presente el acusado se limitó a consignar 6.000 euros en fecha 18/07/18, una semana antes de la fecha en la que se convocó el acto de juicio oral, no pudiendo reconocerse efectos atenuatorios a esa conducta. Pese a ser realizada en un momento anterior al plenario, y por ende temporánea, no por ello dejaría de poder tildarse como tardía, pero no por ello excluible. Pero el rechazo de su estimación ha de centrarse en la consideración de que, resultando inequívoco que lo que requiere el legislador para minorar la pena es el dato objetivo de que el penado haya procedido a reparar el daño o disminuir los efectos del delito, habiendo solicitado las acusaciones de forma coincidente que el total a indemnizar a los herederos del fallecido se determine en 180.000 euros, esa cantidad consignada no puede sino considerarse absolutamente exigua respecto de los datos disponibles plasmados en las aludidas peticiones provisionales de tales acusaciones
CUARTO.- En cuanto a la penalidad, acreditada la comisión de los hechos y la participación que en ellos tuvo el acusado, ha de atenderse al grado de ejecución, a la imprudencia que ya se analizó, a la ausencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal y a otros elementos concurrentes, entre los que deben destacarse, por un lado, las acciones agresoras que se han considerado como acreditadas, cuales fueron los dos puñetazos en la cabeza y la conducta posterior que materializó abandonando el lugar tras producirse esa agresión y despreocuparse del estado del agredido sin dar cuenta a la autoridad policial o sanitaria que compareció en el lugar de lo sucedido, que en un primero momento manifestó a los agentes policiales que asumieron la investigación su desconocimiento acerca de los hechos tras haber transcurridos varios días no siendo posible su relación con los hechos sino por lo manifestado por una de sus acompañantes, y por otro, que el acusado carece de antecedentes penales o policiales.
Dicho lo que precede, tomando como referencia el artículo 142.1º del Código Penal (LA LEY 3996/1995), que sitúa el marco penológico a aplicar en pena de prisión de 1 a 4 años, y también que para los delitos imprudentes según el artículo 66.2º del referido texto legal no existen unas reglas individualizadoras que determinen el alcance de la concurrencia o no de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, pues se limita a establecer que "en los delitos imprudentes, los jueces o tribunales aplicarán las penas a su prudente arbitrio, sin sujetarse a las reglas prescritas en el apartado anterior", a la vista de los factores realmente contemplados en ésta resolución, cuales son la gravedad del resultado y la gravedad de la negligencia que conduce a él, se estima procedente imponer al acusado la pena de 2 años de prisión, con las accesorias correspondientes.
QUINTO.- Por lo que respecta a la responsabilidad civil derivada del hecho delictivo -artículos 109 (LA LEY 3996/1995) y 116 del Código Penal (LA LEY 3996/1995), lo cierto es que el acusado debería asumir el resarcimiento de los daños y perjuicios producidos como consecuencia de lo sucedido.
Así pues, no cabe duda que en el presente caso, de la infracción imprudente cometida con resultado de muerte de Antonio, entonces con 42 años de edad, con dos hijas menores de edad, Clara y Luisa , acreditada su condición de perjudicadas, han de ser debidamente indemnizadas en las cantidades solicitadas de manera coincidente por la acusaciones, esto es la de 180.000 euros, que no podría ser superada por aplicación de los principios dispositivos y de rogación de parte que vincularía a este Juzgador.
A dicho importe deberá descontarse la cantidad consignada por el acusado, que una vez firme la presente deberá ser inmediatamente entregada a las aludidas perjudicadas.
SÉPTIMO.- Las costas deben ser impuestas a los criminalmente responsables de todo delito y falta, según lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal (LA LEY 3996/1995), si que quepa incluir las devengadas por las acusaciones particulares, pues en el caso de Clara y Luisa, que se personaron como tal acusación días antes de haberse dictado el auto de acomodación a procedimiento abreviado dando final a la fase instructora plasmaron seguidamente una actuación inútil o superflua, representada en la presentación de un escrito de conclusiones provisionales en el que se adhería al presentado por el Ministerio Público, similar en su contenido con la única salvedad de la mayor pena a imponer que solicitaba.
Aludiendo a la acusación formulada por Paula, que defendió hasta el final del juicio que los hechos constituían un delito dolo de homicidio del artículo 138 del Código Penal (LA LEY 3996/1995) y que concurría una circunstancia agravante ensañamiento invocando el artículo 139.3º del referido texto legal - motivo por el cual habría de haber invocado que se trataba de un delito de asesinato-, pretensiones que, en cualquier caso y por lo que ya se expuso en fundamentos de derecho anteriores de esta sentencia, podría considerarse gravemente perturbadora por ser absolutamente heterogéneas a la invocada por las restantes acusaciones y con las aceptadas en esta sentencia, y como no manifiestamente inviables, ello justificaría la no imposición de las costas que pudo haber generado.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,