SEGUNDO.- Comenzando por la cuestión previa de cosa juzgada, dice la STS núm. 690/2005, de 3 de junio (LA LEY 12607/2005) : "La eficacia de cosa juzgada consiste en aquella que producen las sentencias de fondo (en derecho penal lo son todas, habiendo quedado suprimida la absolución en la instancia) y otras resoluciones a ellas asimiladas (como los autos de sobreseimiento libre), por la cual no pueden ser atacadas en otro proceso posterior relativo al mismo objeto antes enjuiciado y ya definitivamente solventado.
(...) La única eficacia que la cosa juzgada material produce en el proceso penal es la preclusiva o negativa, consistente simplemente en que, una vez resuelta por sentencia firme, o resolución asimilada, una causa criminal, no cabe después otro procedimiento del mismo orden penal sobre el mismo hecho contra la misma persona, pues aparece reconocido como una de las garantías del acusado el derecho a no ser enjuiciado penalmente más de una vez por unos mismos hechos.
Tal derecho, que es una manifestación del principio "non bis in idem" en el ámbito del derecho procesal, ha de ser considerado como una de las formas en que se concreta el derecho a un proceso con todas las garantías reconocido en el art. 24.2 de la C.E (LA LEY 2500/1978) . y por ello debe ser reputado con rango constitucional, máxime si tenemos en cuenta lo dispuesto en el art. 10.2 de nuestra Ley Fundamental , en relación con el art. 14.7 del Pacto de Nueva York sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966, ratificado por España, que dice literalmente así: "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme, de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país".
(...) Sin embargo, siempre han de tenerse en cuenta cuáles son los elementos identificadores de la cosa juzgada material en el proceso penal, que constituyen, a la vez, los límites de su aplicación y que se deducen de lo antes expuesto.
Dentro de la jurisdicción penal tales elementos y límites son dos: identidad de hecho e identidad de persona inculpada.
El hecho viene fijado por el relato histórico por el que se acusó y condenó (o absolvió) en el proceso anterior, comparándolo con el hecho por el que se acusa o se va a acusar en el proceso siguiente.
Persona inculpada es la persona física contra la que se dirigió la acusación en la primera causa y ya quedó definitivamente absuelta o condenada, que ha de coincidir con el imputado del segundo proceso.
A los fines aquí examinados carece de significación cualquier otro dato: ni la identidad de quienes ejercitan la acción (sujeto activo), ni el título por el que se acusó o precepto penal en que se fundó la acusación."
Aplicando esta doctrina jurisprudencial al supuesto que ahora nos ocupa y después de analizar la documentación y la grabación relativa al Juicio de Faltas VIDO núm. 29/2014 del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Cervera, la conclusión se evidencia meridianamente clara, pues con independencia de las veces que en el acto del juicio correspondiente a dicho procedimiento se mencionan los mensajes que intercambiaron la denunciante y el psicólogo Amadeo , a los que accedió el aquí acusado a través de su ordenador, que estaba sincronizado con la cuenta de Apple de aquélla, lo cierto es que dicho juicio de faltas versó única y exclusivamente sobre la conducta que según la denunciante mantuvo el acusado después de la separación, relatando que no llevaba bien la situación, que era muy insistente en quedar con ella, enviándole mensajes y diciéndole repetidamente que tenían que verse, a lo que ella le decía constantemente que no, que no la dejaba tranquila y que cuando se veían le iba dando pistas de lo que ella hacía, lo que le hacía sospechar, llegándole a decir en una ocasión "si vull fer-te mal, sé com fer-ho"; tal conducta fue calificada por la acusación como una falta de vejaciones injustas, siendo muy significativo el contenido de la intervención de las partes en el trámite de conclusiones e informe en dicho juicio, en el que en absoluto se hizo referencia a que el objeto del procedimiento fuera el acceso no consentido del acusado a los mensajes privados de la denunciante sino únicamente dicha supuesta conducta vejatoria, máxime atendiendo al tipo de procedimiento, limitado a delitos leves, cuando en dicho supuesto estaríamos ante un delito menos grave que excede incluso del ámbito competencial del Juez de Instrucción, llegando incluso a manifestar el Letrado del acusado que la cuestión relativa al descubrimiento y revelación de secretos no era objeto de dicho procedimiento, por más que hubiera sido el detonante de la denuncia que originó dicho juicio de faltas.
Por todo ello, resulta evidente que el objeto de dicho juicio de faltas no coincide con el del presente procedimiento, debiendo descartarse la concurrencia de cosa juzgada en los términos requeridos jurisprudencialmente, lo que supone la desestimación del primer motivo de impugnación.
TERCERO.- A continuación, abordaremos el análisis conjunto de los otros dos motivos de impugnación, al estar íntimidamente relacionados entre sí.
Conforme a reiterada jurisprudencia ( STS núm. 327/2014, de 24 de abril (LA LEY 51034/2014) ) relativa a la casación pero cuyos argumentos son extrapolables a la apelación, debe comprobarse en esta alzada si "el tribunal ha dispuesto de la precisa actividad probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia, lo que supone constatar que existió porque se realiza con observancia de la legalidad en su obtención y se practica en el juicio oral bajo la vigencia de los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad, y que el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos y razonables que permitan su consideración de prueba de cargo. Pero no acaba aquí la función casacional en las impugnaciones referidas a la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues la ausencia en nuestro ordenamiento de una segunda instancia revisora de la condena impuesta en la instancia obliga al tribunal de casación a realizar una función valorativa de la actividad probatoria, actividad que desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la inferencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria. Es decir, el control casacional de la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba, y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad. Además, el proceso racional, expresado en la sentencia, a través del que de la prueba practicada resulta la acreditación de un hecho y la participación en el mismo de una persona a la que se imputa la comisión de un hecho delictivo ( STS. 209/2004 de 4.3 ).
En efecto -como hemos dicho en STS. 294/2008 de 27.5 (LA LEY 61787/2008) , la valoración de la prueba una vez considerada como prueba regularmente obtenida bajo los principios que permiten su consideración como tal, esto es por su práctica en condiciones de regularidad y bajo los principios de inmediación, oralidad y contradicción efectiva, se desarrolla en dos fases: a) La percepción sensorial de la prueba y, b) Su estructura racional.
La primera está regida por la inmediación, por la presencia del Tribunal ante el que se desarrolla la actividad probatoria atento, por tanto, a lo que en el juicio se ha dicho y al contenido de la inmediación, la seguridad que transmite el compareciente e, incluso, las reacciones que provoca esa comparecencia y declaración.
La segunda aparece como un proceso interno del juzgador por el que forma su convicción a través de lo percibido, incorporando a esa percepción los criterios de la ciencia, de experiencia y de lógica que le llevan a la convicción.
Dejando aparte, por tanto, la percepción sensorial inmediata de la actividad probatoria, el segundo apartado antes enunciado puede ser objeto de control por el Tribunal encargado del conocimiento de la impugnación, pues esa valoración no requiere la percepción sensorial.
(...) Partiendo del presupuesto necesario de que han de existir medios de prueba válidas y lícitas, de contenido incriminador, no bastará para tener por desvirtuada la presunción de inocencia con constatar que el tribunal de instancia alcanzó la experiencia subjetiva de una íntima convicción firme sobre lo sucedido, sino que debe revisarse en casación si esa convicción interna se justifica objetivamente desde la perspectiva de la coherencia lógica y de la razón."
A ello debe añadirse que, como dice la STS núm. 544/2016, de 21 de junio , con cita de las SSTS 1219/2004, de 10.12 (LA LEY 252/2005) , 694/2003 y 872/2001 , "el artículo 197.1 contempla el tipo básico del delito de descubrimiento y revelación de secretos, que tutela el derecho fundamental a la intimidad personal -que es el bien jurídico protegido-, garantizado por el artículo 18.1 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978) -derecho a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen-, superando la idea tradicional del concepto de libertad negativa, materializado en el concepto de secreto que imperaba en el Código Penal derogado, artículo 497-. Los elementos objetivos del artículo 197.1 , se integran en primer término por la conducta típica, en la que se pueden distinguir dos modalidades: a) apoderamiento de papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, y b) la interceptación de telecomunicaciones o la utilización de artificios técnicos de escuchas, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o cualquier otra señal de comunicación. Ésta última cláusula general, trata de subsanar las posibles lagunas de punibilidad que se pueden derivar de los avances de la tecnología moderna. Sujeto activo del tipo básico podrá ser cualquiera, "el que, dice el texto legal; y sujeto pasivo, ha de ser el titular del bien jurídico protegido y se corresponderá con el de objeto material del delito, pues el concepto que se examina utiliza el posesivo "sus" referido a papeles, y también al otro supuesto, intercepta "sus telecomunicaciones". Respecto al "iter criminis", es una figura delictiva que se integra en la categoría de los delitos de intención, y en la modalidad de delito mutilado de dos actos, uno de apoderamiento, interceptación o utilización de artificios técnicos, unido a un elemento subjetivo adicional al dolo, consistente en el ánimo de realizar un acto posterior, descubrir el secreto, o vulnerar la intimidad de otro, sin necesidad de que éste llegue a producirse. Por ello, la conducta típica del artículo 197.1, se consuma con el apoderamiento, interceptación, etc..., sin necesidad que se produzca el efectivo descubrimiento de los secretos, o vulneración de la intimidad, siendo posibles las formas imperfectas de ejecución, tentativa acabada o inacabada. El elemento subjetivo del delito, constituido por la conducta típica que ha de ser dolosa, pues no se recoge expresamente la incriminación imprudente, exigida conforme al artículo 12 del texto legal, que ha de llevarse a cabo con la finalidad de descubrir secretos o vulnerar la intimidad, ya que la dicción literal del precepto emplea la preposición "para"."
Partiendo de dicha doctrina jurisprudencial, reexaminadas las actuaciones en esta alzada, este Tribunal no puede compartir la conclusión condenatoria alcanzada por la Jueza "a quo", según a continuación pasamos a exponer; el análisis del conjunto probatorio desarrollado en el acto del juicio oral pone de manifiesto que el acceso del acusado al contenido de los mensajes que su exesposa intercambió con el psicólogo Amadeo se produjo a través de su propio ordenador, es decir, no de un dispositivo personal de aquélla al que hubiera podido acceder de forma subrepticia, y ello como consecuencia de que había sido sincronizado con la cuenta ID de Apple de la misma, ya que él no disponía en el momento de la compra de otro dispositivo Apple; una vez que el acusado y su pareja sentimental se separaron en el mes de abril de 2014, aquél se llevó el citado ordenador poco después de la separación, como manifestó la propia denunciante, lo que avala la tesis de que durante un tiempo no prolongado el acusado no tuvo a su disposición el citado dispositivo informático; la declaración del testigo Cayetano , cuñado del acusado y la persona que sincronizó el ordenador con la cuenta ID Apple de la denunciante, manifestó que como consecuencia de dicha sincronización, se reciben notificaciones automáticas en todos los dispositivos vinculados con dicha cuenta sin necesidad de utilizar una contraseña, lo que por otra parte resulta lógico; tales circunstancias evidencian que las manifestaciones del acusado no resultan inverosímiles sino perfectamente asumibles, es decir, que una vez que se llevó el ordenador portátil después de la separación y después de un periodo de tiempo en el que no lo había utilizado, recibió una notificación y, creyendo que era para él, pues la ruptura conyugal era reciente, accedió a su contenido, siendo entonces cuando se percató de que se trataba de mensajes de contenido sexual entre su expareja sentimental y el psicólogo que lo estaba tratando; por otro lado, ninguna prueba acredita de forma fehaciente, ni consta en la declaración de hechos probados de la resolución recurrida, que el acusado accediera a otros mensajes que la denunciante pudiera haber intercambiado con otras personas; así las cosas, resulta evidente que nos encontraríamos ante un acceso accidental a dichos mensajes privados, de modo que no puede apreciarse en esa conducta inicial del acusado el imprescindible elemento subjetivo del delito por el que ha recaído condena, es decir, la intencionalidad de descubrir secretos o vulnerar la intimidad de su expareja sentimental.
Ahora bien, el acusado, después de tomar conocimiento del contenido de dichos mensajes, y siendo plenamente consciente de que afectaban a la intimidad de su exesposa, se apoderó de los mismos, procediendo a imprimirlos y a adjuntarlos a una queja que interpuso ante la comisión deontológica del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluna, conducta que sí encaja en el artículo 197.1 del Código Penal (LA LEY 3996/1995) por el que ha recaído condena; así, aunque el acceso inicial a los mensajes privados fue casual, su presentación adjuntándolos como medio probatorio a dicha queja desbarataría dicha accidentalidad, de lo que se desprende el pleno conocimiento de adentrarse en el ámbito privado de terceros.
Y en cuanto a la concurrencia del tipo objetivo del delito, la ya citada STS núm. 544/2016, de 21 de junio , ratificó la condena del acusado que cogió el móvil de su ex esposa para conseguir más información y conocimiento de la relación íntima que ésta había entablado con un tercero y tras accionarlo, al no tener activada ninguna contraseña ó numero PIN, comenzó a leer en voz alta los mensajes conservados de dicho terminal, estimando que dicha conducta es encuadrable en el tipo penal del artículo 197.1 del Código Penal (LA LEY 3996/1995) , a pesar de que no se empleó ningún tipo de fuerza para acceder a los datos de carácter personal, como ocurre en este caso.
Ahora bien, la Sala estima que concurre en el acusado un error de prohibición invencible y que además su conducta estaría justificada por el ejercicio de un derecho, conforme al artículo 20.7º del Código Penal (LA LEY 3996/1995) .
Dice la STS de 16 de mayor de 2013 que el dolo es un elemento intelectivo, supone la representación o conocimiento del hecho que comprende el conocimiento de la significación antijurídica de la acción y el conocimiento del resultado de la acción. En consecuencia, el conocimiento equivocado o juicio falso, concepto positivo, que designamos como error y la falta de conocimiento, concepto negativo, que denominamos ignorancia y que a aquél conduce, incidirán sobre la culpabilidad, habiéndose en la doctrina mayoritaria distinguido tradicionalmente entre error de hecho (error facti) que podría coincidir con el error, y error de Derecho (error iuris) que correspondería a la ignorancia ( SSTS. 753/2007 de 2.10 (LA LEY 154075/2007) , 1238/2009 de 11.12 (LA LEY 247565/2009) ).
Se distingue por tanto entre error de tipo y error de prohibición. Áquel se halla imbricado con la tipicidad, aunque hay que reconocer que un tanto cernida por el tamiz del elemento cognoscitivo del dolo, mientras que el error de prohibición afecta a la culpabilidad ( SSTS 258/2006 de 8.3 (LA LEY 21520/2006) y 1145/2996 de 23.11), que expresamente señala que: "la clásica distinción entre error de hecho y de derecho y más actualmente de tipo y de prohibición, aunque no aparecen recogidas en esta denominación en el art. 14 CP (LA LEY 3996/1995) se corresponde con el error que afecta a la tipicidad y a la culpabilidad".
Por ello, en el art. 14, se describe, en los dos primeros números, el error del tipo que supone el conocimiento equivocado o juicio falso sobre alguno o todos los elementos descritos por el tipo delictivo, (núm. 1), y a su vez, vencible o invencible, o sobre circunstancias del tipo, que lo cualifiquen o agraven (núm. 2); por tanto el error sobre cualquier elemento del tipo, es decir, el desconocimiento de la concurrencia de un elemento fundamentador de la prohibición legal de esa conducta, excluye en todo caso el dolo, ya que ésta requiere conocimiento de todos los elementos del tipo de injusto, es decir el dolo se excluye por un error que impide al autor conocer el peligro concreto de realización del resultado típico o de los hechos constitutivos de la infracción ( STS. 1254/2005 de 18.10 (LA LEY 10134/2006) ), y en el num. 3, el error de prohibición, que la jurisprudencia ( SSTS. 336/2009 de 2.4 (LA LEY 34876/2009) y 266/2012 de 3.4 (LA LEY 42911/2012) ), ha señalado que éste se constituye, como reverso de la conciencia de la antijuricidad, como un elemento constitutivo de la culpabilidad y exige que el autor de la infracción penal concreta ignore que su conducta es contraria a derecho, o, expresado de otro modo, que actúe en la creencia de estar obrando lícitamente. No cabe extenderlo a los supuestos en los que el autor cree que la sanción penal era de menor gravedad, y tampoco a los supuestos de desconocimiento de la norma concreta infringida y únicamente se excluye, o atenúa, la responsabilidad cuando se cree obra conforme a derecho. Además, el error de prohibición no puede confundirse con la situación de duda, puesta ésta no es compatible con la esencia del error que es la creencia errónea, de manera que no habrá situación de error de prohibición cuando existe duda sobre la licitud del hecho y decide actuar de forma delictiva, existiendo en estos supuestos culpabilidad de la misma manera que el dolo eventual supone la acción dolosa respecto a al tipicidad subjetivo ( STS 1141/97 de 14-11 ).
También la Jurisprudencia, después de destacar la dificultad de determinar la existencia de error, por pertenecer al arcano íntimo de la conciencia de cada individuo, viene a establecer que no basta su mera alegación, sino que deberá probarse, tanto en su existencia como en su carácter invencible ( SSTS de 20.2.98 , 22.3.2001 , 27.2.2003 ).
En este concreto supuesto, el acusado adjuntó los mensajes privados que su exesposa había intercambiado con el psicólogo Amadeo a la queja que interpuso contra éste ante la comisión deontológica del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña, pues se trataba del psicólogo con el que él estaba haciendo terapia, y lo hizo además con el convencimiento de que dicho psicólogo sabía que él era el esposo de la persona con la que estaba intercambiando los mensajes de contenido sexual (lo que a su juicio suponía un grave quebranto de sus deberes y obligaciones profesionales), pues así se desprende incluso del contenido de los mensajes que intercambió con la denunciante, en el que se hacía referencia a Juan Enrique como su marido y a que residían en Tárrega, e incluso ésta le llegó a decir el día en que se produjo la ruptura conyugal "et vol veure", en clara referencia a que el acusado le pediría una visita para terapia, como después se confirmó con los mensajes que el acusado envió el mismo día al psicólogo solicitando una visita para esa misma semana, todo lo que deriva de la prueba documental obrante en las actuaciones.
Además, cuando el acusado adjuntó los mensajes privados de contenido sexual entre su exesposa y su psicólogo a la queja que interpuso contra éste en el Colegio Oficial de Psicólogos, lo hizo después de asesorarse jurídicamente, tal como resulta de la declaración del testigo Cayetano , quien como familiar del acusado le aconsejó que consultara con su tío, abogado de profesión, del que proporcionó su nombre y apellido, así como de la declaración de la psicóloga Estibaliz , quien manifestó en el acto del juicio oral que visitó al acusado por recomendación de una Letrada, a la que también identificó, que había asesorado a aquél sobre el mismo extremo.
Así las cosas, en este contexto fáctico que deriva de la prueba desplegada en el acto del juicio oral, ninguna duda concurre de que el acusado, asesorado jurídicamente, actuó en la creencia de que tenía derecho a interponer la queja contra el psicólogo por incumplimiento de sus deberes profesionales y de que ello le facultaba para adjuntar los mensajes privados a dicha queja, pues no tenía otra forma de acreditar lo sucedido, es decir, que en todo momento creyó que su conducta no era ilícita, siendo el error de prohibición invencible desde el momento en que antes de revelar los secretos que descubrió accidentalmente se asesoró jurídicamente, lo que supone la exclusión de la responsabilidad criminal, conforme al artículo 14.3 del Código Penal (LA LEY 3996/1995) ; en este sentido se pronuncia la STS núm. 778/2013, de 22 de octubre (LA LEY 187625/2013) .
Pero es que, además todo ello conecta a su vez con la causa de justificación prevista en el artículo 20.7º del Código Penal (LA LEY 3996/1995) , es decir, de actuar en ejercicio legítimo de un derecho, en este caso, derecho a interponer una queja en la comisión deontológica del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluna contra un psicólogo con el que el acusado estaba haciendo terapia por una crisis de pareja y que a la vez estaba intercambiando mensajes de contenido sexual con su esposa.
Por otro lado, tal como expone el ATS núm. 754/2018, de 24 de mayo (LA LEY 77108/2018) , "la ley prevé la eximente de cumplimiento de un deber y ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, que constituye, según lo señalado desde hace tiempo por la doctrina penal, una cláusula de cierre del total sistema jurídico que impide que la aplicación de preceptos normativos que establecen deberes, derechos o funciones sociales pueda verse confrontada con la incidencia en figuras típicas penales ( STS nº 1262/2006 ).
En este sentido, la STS núm. 778/2013, de 22 de octubre (LA LEY 187625/2013) , expone en relación a dicha eximente que "la conducta de poner en conocimiento de la autoridad competente para la depuración de lo que entiende son hechos delictivos no es revelar secretos, sino cumplir con la obligación impuesta en el art. 259 y ss de la Ley de enjuiciamiento criminal (LA LEY 1/1882) , el deber de denunciar impuesto legalmente y con especial intensidad al médico ( art. 262 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LA LEY 1/1882) ).
Por todo ello, procede estimar parcialmente el recurso de apelación, absolviendo al acusado del delito de descubrimiento y revelación de secretos por el que fue condenado en primera instancia, con todos los pronunciamientos favorables.