PRIMERO.- La actora apelada, ejercita la acción de repetición del art. 43 LCS, apoyada en el pago de la indemnización a su asegurado como consecuencia de la colisión con un perro producida en la autovía A-43 el día 23 de agosto de 2015 causándole daños en el vehículo cuando el perro propiedad del demandado Estanislao irrumpió en la calzada.
El demandado se opuso alegando que le habían sustraído el perro en fechas anteriores por lo que no tenía control sobre el mismo, y alternativamente que el accidente se ocasionó por culpa exclusiva de la victima al efectuar un adelantamiento sin tomar las medidas necesarias de seguridad.
La Juzgadora de Instancia estima íntegramente la demanda al considerar que quedó acreditado la acción ejercitada en cuanto resultó que el conductor del vehículo no pudo realizar otra maniobra que aquella que efectuó en su momento dadas las circunstancias concretas en que se produjo la irrupción del animal en la calzada, así como que no se había acreditado que le hubiese sustraído con anterioridad el perro que constaba de su propiedad.
Frente a dicha sentencia se alza en apelación la parte demandada que no procede su condena al pago de indemnización alguna habida cuenta que previamente se produjo la sustracción del animal, y subsidiariamente que dicho conductor no adoptó todas las medidas de precaución que le eran exigibles.
Por la parte apelada solicitó la confirmación de la resolución recurrida.
SEGUNDO.- .- Se formula como motivo de apelación el error en la valoración de la prueba por cuanto el accidente litigioso se produjo por fuerza mayor en tanto que le sustrajeron previamente el perro o por culpa exclusiva del perjudicado.
Denunciado error en la valoración de la prueba debemos recordar, que debe ser respetada la valoración probatoria de los órganos judiciales en tanto no se demuestre que el juzgador incurrió en error de hecho, o que sus valoraciones resultan ilógicas, opuestas a las máximas de la experiencia o a las reglas de la sana crítica. Por tanto, debe respetarse el uso que haga el juzgador de primer grado de su facultad de libre apreciación o valoración en conciencia de las pruebas practicadas, al menos en principio, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia, como tiene declarando el Tribunal Constitucional (sentencia 17 de diciembre de 1985, 13 de junio de 1986, 13 de mayo de 1987, 2 de julio de 1990 y 3 de octubre de 1994), salvo que aparezca claramente que, en primer lugar, exista una inexactitud o manifiesto error en la apreciación de la prueba o, en segundo lugar, que el propio relato fáctico sea oscuro, impreciso o dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio, porque prescindir de todo lo anterior es sencillamente pretender modificar el criterio del juzgador por el interesado de la parte recurrente.
En la sentencia de primera instancia y en cuanto al modo de ocurrir el siniestro se señala que la responsabilidad del mismo es del demandado, partiendo de su condición de propietario del animal que irrumpió en la autovía ocasionando el accidente, responsabilidad derivada de su falta de debida custodia, todo ello en aplicación de lo dispuesto en art. 1905 del CC. (LA LEY 1/1889)
Por su parte, la apelante sostiene que no pudo evitar el accidente, dado que previamente le había sido sustraído el animal así que lo fue también por culpa exclusiva de la víctima dado que no actuó el conductor del vehículo con la debida diligencias. el accidente se produjo por fuerza mayor - al tratarse de un hecho que no pudo preverse o que previsto fue inevitable- o por culpa exclusiva la víctima -dada la alta velocidad a la que circulaba el guardia civil-.
Nuestro Tribunal Supremo en materia de la responsabilidad por la tenencia de animales prevista en el art. 1905 del Código Civil (LA LEY 1/1889), en el que se basa esencialmente la pretensión actora, recoge que el poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe, cesando esta responsabilidad sólo en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido. Según la doctrina del Tribunal Supremo al interpretar este artículo, contenida, entre otras, en Sentencia de 21 de noviembre de 1998, acreditada la propiedad del demandado respecto de los animales causantes del daño, resulta innecesario acudir a los artículos 1902 (LA LEY 1/1889) y 1903 del Código Civil (LA LEY 1/1889) para justificar la acción en su contra formulada, dado el carácter plenamente objetivo que tiene la responsabilidad nacida del artículo 1905 del citado Código, y que no resulta desvirtuada ante la falta de prueba, - sino todo lo contrario, -de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del perjudicado. Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 1996 igualmente señala que el artículo 1905 del Código Civil (LA LEY 1/1889) contempla una responsabilidad de carácter no culpabilista o por riesgo, inherente a la utilización del animal, que procede en principio por la mera causación del daño y con exoneración en los singulares casos de fuerza mayor, -lo que significa exclusión del caso fortuito- y culpa del perjudicado, en el bien entendido supuesto que según se desprende del texto legal, y así lo destaca la doctrina, la responsabilidad viene anudada a la posesión del semoviente y no por modo necesario a su propiedad, de donde se sigue que basta su explotación en el propio beneficio para que surja esa obligación de resarcir, como también lo ha declarado las STS de quince de marzo de mil novecientos ochenta y dos (LA LEY 13308-JF/0000) y de veintiocho de abril de mil novecientos ochenta y tres.
Y en cuanto a las circunstancias exoneradoras, de reparar los daños causados por este: 1) que los daños procedan de fuerza mayor, inevitable e imprevisible, 2) que los daños sean consecuencia de la culpa exclusiva de quien los sufrió, no siendo aquí suficiente la concurrencia de culpas.
La falta de prueba suficiente sobre cualquiera de estas circunstancias perjudica al demandado, art 217.3 de la LEC (LA LEY 58/2000), y
en el caso de autos no hay elementos de prueba suficiente para considerar la existencia de sustracción , pero incluso aunque se admitiera no bastaría que se produzca un robo -fuera del caso de robo a mano armada- sino que en los casos de robo con fuerza en las cosas no cabe hacer una asimilación total en todos los supuestos, de modo que habrá que acudir al caso concreto para poder calibrar la naturaleza imprevisible e inevitable del evento, comparando las medidas de seguridad adoptadas en relación con las que se hubieren podido adoptar y la propia violencia ejercida sobre las cosas, pues no debe olvidarse que el artículo 1.905 del código civil (LA LEY 1/1889) al establecer una responsabilidad objetiva conduce a interpretar de manera restrictiva las causas de exoneración que el propio precepto señala.
En el caso sometido a consideración de la Sala no ha quedado ni tan siquiera acreditado la realidad de la sustracción, refiriéndose únicamente a que con anterioridad le había sustraído otros animales, es obvio que gravitaba sobre el mismo la carga de probar tales extremos, lo que no se ha hecho limitándose a efectuar una mera alegación de parte carente del más mínimo soporte probatorio.
Desestimada tal pretensión, hemos de partir que
el art. 1905 del C. Civil (LA LEY 1/1889) habla del " poseedor de un animal o el que se sirve de él ", de lo que se infiere la alusión a todo aquel que tiene un señorío de hecho o un interés en la utilización o posesión del animal causante del daño. El criterio más común en doctrina y jurisprudencia es la responsabilidad de quien tiene bajo su control el actuar del animal sea dueño o mero detentador.
La jurisprudencia ha destacado el carácter objetivo de esta responsabilidad, basada en el riesgo consustancial a la tenencia o a la utilización en propio provecho de los animales, la cual exige tan sólo una casualidad material, estableciendo la presunción de culpabilidad del poseedor del animal o de quien se sirve del mismo por su mera tenencia o utilización, con la única exoneración de los casos de fuerza mayor o de culpa del perjudicado ( STS 20 de diciembre de 2007 (LA LEY 216829/2007), y las que se citan en ella).
Pues bien, analizado el material probatorio, entiende la Sala que la valoración que del mismo realiza la juzgadora de la primera instancia es certera, lógica y ajustada al mismo.
Las pruebas apuntan claramente a que la causa del accidente fue la irrupción en la vía del animal propiedad del demandado y es más que clara su responsabilidad, en aplicación de lo dispuesto en art. 1905 del Cc. (LA LEY 1/1889) Por otro lado, es evidente que la responsabilidad del propietario se contempla en el precepto aun en el supuesto de que el animal se le escape o extravíe, que es lo que cabalmente ocurrió aquí.
No hay fuerza mayor porque no estamos en presencia de un acontecimiento extraño al normal desenvolvimiento de la actuación de dueño o poseedor respecto de su animal. El demandado tuvo que cerciorarse de que el perro quedaba debidamente custodiado, sin posibilidad de que se escapara o extraviara.
Por otro lado,
no hay la más mínima base probatoria para entender que el accidente se produjo porque el conductor circulaba a una velocidad superior a la permitida, o en su caso que no hubiese adoptado las medidas de precaución necesaria. Hemos de partir que el perro estaba suelto y como tal podría causar un daño, que irrumpió en la calzada de forma sorpresiva, que el accidente tuvo lugar en una autovía, lo que permite al conductor del vehículo adelantar habida cuenta de la existencia de dos carriles en la misma dirección y desde luego tan pronto como se percata de la existencia del perro efectúa una maniobra evasiva si bien por las circunstancias concretas del adelantamiento y características de la vía le fue imposible actuar de forma diferente a como lo hizo. No es habitual ni normal que un animal esté suelto y sin control en una autovía correspondía al demandado controlar a dicho animal a fin de evitar situaciones como las que nos ocupa, sin que sea admisible como se pretende imputar responsabilidad al conductor, pues de mediar una velocidad excesiva desde luego no podría haber controlado el vehículo amén de que los daños hubiesen sido de mayor entidad especialmente para las cuatro personas que ocupaban el vehículo.
Por lo que el recurso ha de ser desestimado y en consecuencia confirmar la resolución recurrida por sus propios fundamentos.