Volver a página de inicio

PRIMERO. - El presente recurso tiene por objeto la Resolución de 5 de diciembre de 2014, del Director de la Agencia Española de Protección de Datos, confirmada en reposición por otra de 10 de febrero de 2015, que acuerda el archivo de la denuncia presentada por el demandante.

SEGUNDO.- El recurrente solicita que se anulen las resoluciones y que se incoe expediente sancionador contra D. Isidoro , por la presunta comisión de las infracciones de los arts. 42.2 y correlativos de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LA LEY 4633/1999) .

En defensa de su pretensión alega que es propietario de un conocido restaurante y su promoción descansa en la buena reputación personal y profesional y en sus creaciones; el procedimiento se inició por la denuncia que presentó contra D. Isidoro por la violación de los deberes de confidencialidad y protección de sus datos personales, obtenidos en la consulta, como psicólogo, a la que había acudido en 2013, ya que, a instancia de su entonces esposa, emitió un informe pericial en el procedimiento de divorcio cuyo contenido se divulgó rápidamente y que le ha causado un daño moral; añade que no prestó su consentimiento para que los datos fueran guardados ni reproducidos o utilizados para un fin distinto al destinado cuando fueron facilitados, es decir, servir de terapia familiar, y no podían haber sido divulgados sin su conocimiento y consentimiento expreso; considera infringidos los artículos 10 (LA LEY 4633/1999) y 11 LOPD (LA LEY 4633/1999) y pretende la reparación del daño material y moral sufridos, al amparo del artículo 19 de la misma Ley .

TERCERO.- La representación de la Administración demandada, por su parte, opone que el recurso es inadmisible por falta de legitimación activa del recurrente, conforme a la doctrina mantenida reiteradamente por la Sala; subsidiariamente, considera que la resolución de la Agencia de Protección de Datos es conforme a derecho ya que no hace falta el consentimiento del titular de los datos para que en un proceso judicial la contraparte pueda presentar pruebas relativas a tales datos, conforme establece el art. 11.2. LOPD (LA LEY 4633/1999) ; en este caso la prueba pericial fue admitida por un juez, por lo que la entrega del informe no precisaba el consentimiento del interesado desde el punto de vista de la protección de datos.

CUARTO.- Procede examinar en primer lugar la causa de inadmisibilidad por falta de legitimación activa planteada por el Abogado del Estado al amparo del artículo 69.b) de la Ley de esta Jurisdicción , con cita de diversas sentencias del Tribunal Supremo y de esta Sala que, en definitiva, y en relación con el procedimiento sancionador en materia de protección de datos, puede resumirse en que: «[...]quien denuncia hechos que considera constitutivos de infracción de la legislación de protección de datos carece de legitimación activa para impugnar en vía jurisdiccional lo que resuelva la Agencia. La razón es que ni la Ley Orgánica de Protección de Datos (LA LEY 4633/1999) ni su Reglamento de desarrollo reconocen al denunciante la condición de interesado en el procedimiento sancionador que se pueda incoar a resultas de su denuncia [...] »< i> (St de esta Sala y sección de 20 de octubre de 2014, nº 419/13) .

En la propia sentencia se realiza una importante matización, acorde con la doctrina del Tribunal Supremo, contenida, por ejemplo, en la sentencia de 6 de octubre de 2009, Rec. 4712/2005 (LA LEY 187356/2009) ), así como en la más reciente de 12 de mayo de 2015, recurso 277/2013 , resumida en dos precisiones: «[...]a) el denunciante puede impugnar el archivo de la denuncia por la Administración para demandar la debida averiguación de los hechos denunciados, y b) aunque el denunciante de una infracción de la legislación de protección de datos carece de legitimación activa para impugnar la resolución de la Agencia en lo que concierne al resultado sancionador mismo (imposición de una sanción, cuantía de la misma, exculpación, etc.), puede tener legitimación activa con respecto a aspectos de la resolución distintos del específicamente sancionador siempre que, por supuesto, pueda mostrar algún genuino interés digno de tutela [...]».

En la sentencia citada, de 12 de mayo de 2015 , que cita otra anterior de 9 de junio de 2014, (recurso 5215/2011), el Alto Tribunal distingue: «[...]entre resoluciones de la AEPD que acuerdan el archivo "a limine" de la denuncia, sin llevar a cabo ninguna actividad tendente a la comprobación de los hechos denunciados, de aquellas otras en las que la AEPD había realizado actuaciones dirigidas a la averiguación de los hechos objeto de denuncia, de suerte que la decisión de archivo del expediente fue adoptada por la AEPD tras esa actividad investigadora y de comprobación de los hechos y como consecuencia de la misma[...]» , y concluye que: «[ (]En tal situación, es de aplicación la doctrina jurisprudencial de esta Sala, recogida en las sentencias de 17 de marzo de 2010 (recurso 322/2009 (LA LEY 21178/2010) ), 10 de noviembre de 2010 (recurso 66/2010 (LA LEY 214081/2010) ), 10 de octubre de 2012 (recurso 367/2011 (LA LEY 154930/2012) ), 14 de noviembre de 2012 (recurso 192/2012 (LA LEY 195576/2012) ), 8 y 9 de mayo de 2013 ( recursos 266/2012 y 412/2012 ), y otras muchas, recaídas en relación con expedientes sancionadores del Consejo General del Poder Judicial, que también ha sido aplicada en el ámbito que nos ocupa del ejercicio de las potestades sancionadoras de la AEPD, en sentencia de 24 de enero de 2013 (recurso 51/2010 (LA LEY 5921/2013) ), que "reconoce legitimación al denunciante para demandar el desarrollo de la actividad investigadora que resulte conveniente para la debida averiguación de los hechos que hayan sido denunciados, pero no para que esa actividad necesariamente finalice en una resolución sancionadora: y esto último porque la imposición de una sanción a la persona denunciada, al no producir efecto positivo alguno en la esfera jurídica del denunciante, ni eliminar carga o gravamen de clase alguna en dicha esfera, no encarna el interés real que resulta necesario para que pueda ser apreciada la legitimación que, como inexcusable presupuesto del proceso contencioso administrativo, exige el artículo 19 de la Ley Jurisdiccional [...]»

QUINTO.- La aplicación de la doctrina anterior al caso ahora analizado determinaría la desestimación del recurso pues, como claramente se deduce de la demanda y se expresa en el suplico de la misma, el recurrente solicita directamente la incoación del procedimiento sancionador por la presunta comisión de las infracciones a la legislación de protección de datos que menciona, y no se aprecia qué efecto positivo produciría en la esfera jurídica del demandante la tramitación del expediente sancionador.

Por si no bastara lo anterior, la Resolución impugnada es correcta, en cuanto considera que al hecho denunciado, desde el punto de vista de la protección de datos, le sería de aplicación lo dispuesto en el artículo 11.2 LOPD (LA LEY 4633/1999) , que exime de la necesidad de consentimiento del titular de los datos personales, su comunicación a los Jueces o Tribunales, en el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas pues, como se reconoce en la demanda, el informe del psicólogo que contiene datos personales del denunciante fue emitido a instancia de su esposa en el proceso judicial de divorcio 6/2013, tramitado en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Santoña, y no consta su oposición a la admisión de dicha prueba o el rechazo del Juzgado, ni que la divulgación de los datos se realizara por el denunciante fuera de ese concreto contexto procesal.

Como ha declarado esta Sala en diversas ocasiones, la previsión legal del artículo 11.2 LOPD (LA LEY 4633/1999) constituye uno de los límites del derecho de protección de datos, que presupone la prevalencia del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva sobre aquel otro derecho constitucional, con el que entra, en este caso, en conflicto, en la ponderación que de tales derechos fundamentales hace el propio legislador, y habilita el legítimo destino dado al informe pericial presentado como prueba en un proceso judicial, ( sentencias de esta Sala de 6 de mayo de 2014 (R. 163/2012 ) y de 28 de enero de 2016 (R. 48/2014 ).

A esta conclusión no se opone que, desde otros puntos de vista, como el la deontología profesional, la conducta del psicólogo fuera sancionada por el Colegio profesional correspondiente pues, como ha quedado expuesto, y se reconoce en la propia resolución, la competencia de la Agencia se concreta en el análisis de los hechos desde el punto de vista de la protección de datos, cuya legislación, en casos como el presente, excluye de la necesidad del consentimiento del titular los casos de comunicación a los juzgados y tribunales en el ejercicio de su función jurisdiccional, en aplicación del citado artículo 11.2 d) LOPD (LA LEY 4633/1999) , como correctamente aprecia la resolución impugnada que, por ello, procede confirmar.

SEXTO.- En virtud de lo anterior y en aplicación del artículo 69 b) en relación con el 19.1. de la Ley de la Jurisdicción , procede desestimar el recurso y, en aplicación del art. 139.1. de la propia Ley, imponer las costas a la parte demandante, cuyas pretensiones han sido totalmente desestimadas.