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PRIMERO. Este Tribunal resulta competente para resolver en virtud de lo establecido en el artículo 41.3 del TRLCSP (LA LEY 21158/2011), en el Decreto 332/2011, de 2 de noviembre (LA LEY 20869/2011), por el que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía y en la Orden de 14 de diciembre de 2011, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se acuerda el inicio del funcionamiento del citado Tribunal.

SEGUNDO. Ostenta legitimación la recurrente para la interposición del recurso, en su condición de licitadora en el procedimiento de adjudicación de acuerdo con el artículo 42 del TRLCSP (LA LEY 21158/2011).

TERCERO. Visto lo anterior, procede determinar si el recurso ha sido interpuesto contra alguno de los actos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del TRLCSP (LA LEY 21158/2011), son susceptibles de recurso en esta vía.

El recurso se interpone contra los pliegos que rigen la licitación de un contrato de servicios que pretende ser concertado por una Administración Pública y se encuentra incluido en el ámbito de aplicación del artículo 40.1 del TRLCSP (LA LEY 21158/2011), siendo aquellos susceptibles de recurso especial conforme a lo establecido en el artículo 40.2 a) del TRLCSP (LA LEY 21158/2011).

CUARTO. En cuanto al plazo de interposición del recurso, el artículo 44.2 a) del TRLCSP (LA LEY 21158/2011) establece que "el procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquél en que se remita la notificación del acto impugnado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.4.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior:

a) Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que los mismos hayan sido recibidos o puestos a disposición de los licitadores o candidatos para su conocimiento conforme se dispone en el artículo 158 de esta Ley".

Por su parte, el artículo 19.2 del Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, aprobado por Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre (LA LEY 14646/2015), establece que:

«2. Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya publicado en forma legal la convocatoria de la licitación, de conformidad con lo indicado en el apartado 1 de este artículo, si en ella se ha hecho constar la publicación de los pliegos en la Plataforma de Contratación del Sector Público o el lugar y forma para acceder directamente a su contenido(...)»

Respecto al cómputo del plazo de impugnación, hemos de indicar que la publicidad obligatoria de la licitación quedó completada el 4 de julio de 2017, fecha en que el anuncio de licitación se publicó en el Boletín Oficial del Estado, habiéndolo sido antes en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el perfil de contratante del órgano de contratación. En consecuencia, el recurso presentado el 11 de julio en el Registro de este Tribunal se ha interpuesto dentro del citado plazo legal.

QUINTO. Analizados los requisitos de admisión del recurso, procede examinar los motivos en que el mismo se sustenta.

La APTJA, solicita que se deje sin efecto la convocatoria de la licitación y se ordene al órgano de contratación la modificación de los pliegos, en concreto del pliego de prescripciones técnicas (PPT), a fin de que se incorpore a este último la Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública, de 30 de septiembre de 2002, por la que se determinan la cuantía y forma de pago de la retribución a técnicos privados por la realización de pruebas periciales en procedimientos de justicia gratuita.

En el recurso, se esgrime que la regla general en las licitaciones tramitadas para la adjudicación de este servicio siempre ha sido la inclusión en el objeto del contrato de dos áreas de actuación: las periciales solicitadas a instancia de los Órganos Judiciales y del Ministerio Fiscal y las periciales de asistencia jurídica gratuita reguladas por la Orden de 30 de septiembre de 2002 antes citada.

No obstante, señala la recurrente que, últimamente, en el clausulado de los PPT se observa una tendencia a suprimir la referencia a la citada Orden al regular las periciales de justicia gratuita, como sucedió en una licitación convocada en Córdoba y sucede ahora con la aquí recurrida. A juicio de la APTJA, ello supone prescindir de las tarifas y sistema de pago recogidos en la citada norma, sustituyéndolas por las que fija el órgano de contratación en el procedimiento de licitación, lo que vulnera el principio de jerarquía de normas pues una Delegación territorial no puede contravenir en un pliego una Orden de la entonces denominada Consejería de Justicia y Administración Pública.

A continuación, la recurrente efectúa un recorrido por las distintas licitaciones convocadas en las diferentes provincias de Andalucía, poniendo especial énfasis en la licitación promovida por la Delegación del Gobierno en Córdoba al ser la única donde la recurrente aprecia una clara manifestación de voluntad del órgano de contratación para desvincularse del cumplimiento de la Orden de 30 de septiembre de 2002. En tal sentido, insiste en que las periciales de justicia gratuita podían haberse excluido del objeto del contrato en la licitación de Córdoba, como así hizo la Delegación de Huelva, pero una vez incorporadas al contrato, el órgano de contratación no puede sustraerse de la aplicación de la Orden.

Asimismo, la Asociación recurrente menciona algunas resoluciones de este Tribunal donde viene a afirmarse que las periciales de justicia gratuita tienen un precio tasado en la reiterada Orden, con base en todo lo cual estima aquélla la necesidad de que los pliegos hagan mención expresa a dicha Orden.

En el informe al recurso, el órgano de contratación manifiesta que, en la libertad que le asiste, ha aprobado unos pliegos con algunas diferencias respecto a licitaciones anteriores en el entendimiento de que carecía de base legal y reglamentaria que justificase la diferencia de retribuciones por la emisión de informes periciales dependiendo de la consideración del peticionario. Por tanto, manifiesta que todas las periciales serán retribuidas con cargo al presupuesto de licitación, conforme al precio de licitación o a la propuesta económica del adjudicatario, si esta fuera inferior a aquel.

Cita, en defensa de su argumento, la Resolución 324/2015, de 15 de septiembre, de este Tribunal en la que, según expone, se compartía el criterio del órgano de contratación en cuanto manifestaba que las periciales de justicia gratuita son idénticas materialmente al resto que conforman el objeto del contrato, por lo que no se han contemplado como especialidad independiente, ni se ha previsto un sistema de pago diferente del resto de peritaciones.

Asimismo, señala que la Asociación nada manifiesta en su recurso acerca de que el precio de licitación para las diferentes tipologías de periciales sea antieconómico o no cubra los costes de ejecución del contrato, y concluye que en el contrato vigente para la provincia de Málaga, la recurrente -que es la adjudicataria-viene aplicando en sus facturas a las periciales de justicia gratuita las tarifas de cada especialidad que figuran en el contrato y no las establecidas en al Orden de 30 de septiembre de 2002.

Con base en estas consideraciones, el órgano de contratación considera que el recurso carece de fundamento y debe desestimarse.

Finalmente, TAXO, como entidad interesada, efectúa alegaciones al recurso señalando que el vigente recurso interpuesto por la Asociación es prácticamente idéntico al recientemente desestimado por este Tribunal en su Resolución 150/2017, de 20 de julio, en la que resuelve el recurso especial interpuesto contra los pliegos reguladores de la misma prestación en la provincia de Almería.

Manifiesta que, teniendo en cuenta que la desestimación de aquel recurso se produjo el 20 de julio de 2017, la actuación más adecuada de la APTJA debería haber sido desistir del presente recurso, pues de lo contrario no estaría actuando con la buena fe exigible.

SEXTO. Expuestas las alegaciones de las partes, procede el examen de la cuestión controvertida que se ciñe a determinar si rige la Orden de 30 de septiembre de 2002 en cuanto a las tarifas aplicables a las periciales de justicia gratuita que se incluyen en el objeto del contrato, y por tanto, si debe hacerse mención a dicha disposición en los pliegos impugnados.

Con carácter previo, hemos de indicar que el examen de este Tribunal debe centrarse en si ha de regir para las citadas periciales de justicia gratuita lo dispuesto en la Orden de 30 de septiembre de 2002 respecto a la determinación de tarifas y sistema de abono, toda vez que la falta de mención expresa de dicha Orden en los pliegos -que es lo que denuncia la recurrente-no supone, en sí misma, su inaplicación en caso de que resultara aplicable, ni puede sustentarse la invalidez de aquellos en la mera ausencia de una referencia específica a esta disposición en los pliegos.

Asimismo, hemos de señalar que este Tribunal se ha pronunciado ya sobre esta cuestión en su reciente Resolución 150/2017, de 20 de julio, donde desestimó el recurso interpuesto por la APTJA contra los pliegos rectores de la misma contratación en la provincia de Almería (Expte. NUM002). Por tanto, la fundamentación jurídica contenida en aquella resolución es de aplicación a esta controversia en los términos que se van a exponer a continuación.

El artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita (LA LEY 106/1996), bajo el título "Contenido material del derecho" dispone en su apartado 6 que "El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende las siguientes prestaciones: 6. Asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales, o, en su defecto, a cargo de funcionarios, organismos o servicios técnicos dependientes de las Administraciones públicas.

Excepcionalmente y cuando por inexistencia de técnicos en la materia de que se trate, no fuere posible la asistencia pericial de peritos dependientes de los órganos jurisdiccionales o de las Administraciones Públicas, ésta se llevará a cabo, si el Juez o Tribunal lo estima pertinente, en resolución motivada, a cargo de peritos designados de acuerdo a lo que se establece en las leyes procesales, entre los técnicos privados que correspondan (...)."

En nuestra Comunidad Autónoma, el Decreto 216/1999, de 26 de octubre (LA LEY 9488/1999), aprobó el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía que, respetando el contenido de la Ley 1/1996, de 10 de enero (LA LEY 106/1996), y del Reglamento estatal de Asistencia Jurídica Gratuita, regulaba, entre otros aspectos, la organización y funcionamiento de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, el procedimiento administrativo para el reconocimiento del derecho y las obligaciones de los Colegios Profesionales.

Su artículo 53, bajo la rúbrica "Peritos privados", señalaba en su apartado 2 que

"Mediante Orden del titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública se determinará la cuantía económica y forma de pago de la retribución a técnicos privados por la realización de pruebas periciales en procedimientos de justicia gratuita, así como los criterios para su abono." Y fue en aplicación de esta previsión reglamentaria cuando se dictó la Orden de 30 de septiembre de 2002, objeto de la controversia suscitada en el recurso examinado.

No obstante, el Decreto 216/1999, de 26 de octubre (LA LEY 9488/1999), fue derogado por el Decreto 67/2008, de 26 de febrero (LA LEY 1963/2008), que aprobó un nuevo Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía. La disposición derogatoria de este último, aparte de dejar sin efecto el Decreto anterior de 26 de octubre de 1999, deroga las restantes disposiciones de igual o inferior rango en lo que se opongan o contradigan lo previsto en el nuevo Decreto.

Asimismo, el artículo 57.2 del vigente Reglamento de 2008 dispone en términos parecidos al anterior que "Mediante Orden de la Consejería competente en materia de justicia se determinará la cuantía económica y forma de pago de la retribución a profesionales técnicos privados por la realización de pruebas periciales en procesos respecto de los que se haya solicitado y obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, así como los criterios para su abono." No obstante, no consta que se haya dictado nueva Orden en aplicación de lo previsto en el precepto transcrito, debiendo, en principio, entenderse vigente la Orden de 30 de septiembre de 2002, dictada en cumplimiento del anterior Reglamento de 1999, en la medida que no contradice ni se opone a la previsto en el nuevo Reglamento de 2008.

Pues bien, no puede perderse de vista que tanto el Reglamento derogado de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía de 1999, como el vigente de 2008, tienen una regulación similar en lo que se refiere a la asistencia pericial gratuita, previendo como regla general, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 6.6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero (LA LEY 106/1996), la asistencia por profesionales técnicos dependientes de los órganos jurisdiccionales o de las Administraciones Públicas, de modo que, solo ante la inexistencia de aquellos o cuando existiendo, no se cuente con disponibilidad efectiva en el momento del requerimiento judicial o cuando la Administración sea parte interesada en el procedimiento, procederá la asistencia pericial de profesionales técnicos privados que son a los que específicamente se refieren los artículos 53.2 del Reglamento de 1999 y 57.2 del Reglamento de 2008 cuando señalan que una Orden de la Consejería competente determinará la cuantía y forma de pago de las retribuciones por las pruebas periciales que practiquen.

Para contestar a tal cuestión, hemos de partir del dato de que la designación del perito privado se hará de acuerdo a lo establecido en las leyes procesales y requiere previa resolución motivada del órgano judicial competente (artículo 6.6 de la Ley 1/1999), siendo evidente que las periciales de justicia gratuita que se practiquen en virtud del contrato de servicios regulado en los pliegos no siguen el régimen de designación judicial previsto en la mencionada ley y en la propia Orden de 30 de septiembre de 2002 cuya aplicación demanda la Asociación recurrente, disposición esta última que en su artículos 2 y 4, respectivamente, se refiere al profesional que haya sido designado conforme a las normas procesales y al nombramiento o designación judicial del perito para la realización de la prueba.

En este punto, no puede olvidarse que, como expresa la propia Orden de 30 de septiembre de 2002, el carácter prestacional de la prueba pericial gratuita se enmarca en el concepto de servicio público consecuencia de la previsión del artículo 119 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) "La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar". Así pues, tratándose de un servicio público que debe facilitar en primera instancia la Administración, es razonable y posible que, ante la falta o insuficiencia de medios propios, aquella pueda llevarlo a cabo a través de un tercero contratista.

Se colige, pues, que las peritaciones de asistencia gratuita incluidas en el objeto del contrato no encajan en el supuesto regulado en la Orden de 30 de septiembre de 2002, por lo que no tienen que aplicarse a las mismas, las tarifas y sistema de abono previstos en dicha disposición, sino el regulado con carácter general en los pliegos que rigen la contratación.

Además, en licitaciones anteriores de contratos para el servicio de peritaciones judiciales se ha aplicado la Orden de 30 de septiembre de 2002 para la fijación de las cuantías de las periciales en procedimientos de justicia gratuita, pero no, por ejemplo, para el procedimiento de selección del perito. Es decir, en pliegos de procedimientos anteriores solo se han venido recogiendo algunas previsiones de aquella Orden, lo que es una muestra más de que la misma no resulta de aplicación obligatoria a las periciales contempladas en los pliegos, pues, de lo contrario, todo su contenido sin excepción sería de aplicación.

Asimismo, si observamos las cuantías de las tarifas fijadas en la cláusula sexta del PPT, se advierte que la mayoría de ellas son superiores a las previstas en la reiterada Orden (121 euros por prueba pericial). Al respecto, aquella cláusula fija las siguientes tarifas máximas por especialidades:

Y por último, hemos de concluir que, aparte del recurso interpuesto por la APTJA sobre la misma cuestión que fue desestimado en la Resolución 150/2017 con los argumentos anteriormente expuestos, fue en la Resolución de este Tribunal 324/2015, de 15 de septiembre, donde se acogió el criterio que posteriormente hemos examinado con mayor profusión en aquella Resolución 150/2017 y en la presente.

Así, en el supuesto examinado por la Resolución 324/2015, la Asociación impugnaba los pliegos de la licitación del contrato para asistencia pericial a los órganos judiciales de la provincia de Córdoba, convocado por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en dicha provincia y, como uno de los motivos del recurso, esgrimía que en los referidos pliegos no se hacía mención expresa a que en las peritaciones de justicia gratuita son de aplicación las tarifas fijadas en la Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 30 de septiembre de 2002.

A la vista de este alegato, en la Resolución 324/2015, de 15 de septiembre, estimamos que «Como bien ha indicado el órgano de contratación "En cuanto al objeto del contrato (...) se trata de emitir los informes periciales que soliciten los órganos judiciales de la provincia y que deba soportar la Administración competente en materia de medios materiales al servicio de la justicia (Junta de Andalucía), ya sea por tratarse de pericias solicitadas a instancia del propio Juez o Ministerio Fiscal, ya sea porque la parte solicitante de la pericia sea beneficiaria del derecho de justicia gratuita, siendo indiferente que sea por un motivo u otro en cuanto a la complejidad o el tiempo necesario para su evacuación."

Por tanto, podemos concluir con el órgano de contratación que las especialidades, su estimación en cuanto al número de peritaciones a realizar, la forma de pago y la justificación de las peritaciones realizadas como consecuencia del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita son las establecidas en los pliegos que rigen la presente licitación».

Así pues, con base en todas las consideraciones realizadas, hemos de desestimar el recurso interpuesto por la APTJA.

Por último, TAXO, como entidad interesada, esgrime en sus alegaciones al recurso que, teniendo en cuenta que la Resolución 150/2017, de 20 de julio, desestimó un recurso prácticamente idéntico al que ahora ha dado origen a este procedimiento, la actuación más adecuada de la APTJA debería haber sido desistir del presente recurso, pues de lo contrario no estaría actuando con la buena fe exigible.

Ciertamente, ya hemos señalado que el recurso actual se sustenta en los mismos argumentos y razonamientos que el recurso que dio origen a la Resolución 150/2017. No obstante, cuando se presentó el recurso aquí examinado (11 de julio de 2017), aún no se había dictado ni notificado a las partes la Resolución 150/2017, por lo que la APTJA no conocía entonces el criterio seguido por este Tribunal en la citada resolución, sin que, por otro lado, una vez efectuada tal notificación a la Asociación, esta viniera obligada a desistirse del nuevo recurso si no estaba conforme con aquella resolución y su contenido que aún no había quedado firme.

Por lo expuesto, vistos los preceptos legales de aplicación, este Tribunal,