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PRIMERO.- La sentencia impugnada, dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia con fecha 9 de mayo de 2016 , condena a los recurrentes Joaquín , Rafael y Martin , como autores de un delito continuado de estafa en concurso con un delito de falsedad en documento mercantil a las penas de Cinco años de prisión y multa de Diez meses. Y como autores de un delito de Participación en Organización Criminal a la pena de Tres años de prisión. Frente a ella se alzan los presentes recursos, fundados en un total de dieciséis motivos por vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia, quebrantamiento de forma e infracción de ley.

Los hechos declarados probados consisten, en síntesis, en que a partir del mes de agosto de 2010, un conjunto de personas cuya identidad no consta, actuando desde varios países, fundamentalmente Nigeria y España, decidieron aprovecharse del prestigio internacional de MAYASA, MINAS DE ALMADÉN Y ARRAYANES SA, empresa española dedicada a la explotación y comercialización de recursos naturales, en especial mercurio, para obtener un beneficio económico injustificado, a cuyo efecto crearon el dominio www.mayasaespana.com, alojado en el Reino Unido.

Seguidamente desarrollaron una página web a la que se accedía a través de dicho dominio, imitando el estilo, diseño y contenido de la página web www.mayasa.es, perteneciente a la empresa española, eliminando los datos de contacto auténticos y sustituyéndolos por otros, de tal manera que cuando los clientes de MAYASA accedían por error a la página web alojada en el dominio www.mayasaespana.com (creyendo que en realidad estaban accediendo a la página web oficial de la empresa), se les facilitaban teléfonos de contacto y direcciones de correo electrónico que correspondían a personas que actuaban en concierto con los que habían creado la falsa página web.

Con dicha actuación, los clientes de MAYASA, creyendo estar en contacto con empleados o agentes comerciales de dicha entidad, contactaron con personas que nada tenían que ver con la empresa, quienes, actuando en colaboración con los que habían creado la falsa página web, ofrecían partidas de mercurio a precios ventajosos, exigiendo que se remitiera a las cuentas por ellos designadas cantidades en efectivo por adelantado, en concepto de señal o como confirmación de los pedidos.

Los acusados, Joaquín , nacional de Nigeria, Rafael , conocido como Casposo , nacional de Nigeria, y Martin , residentes en España, puestos de acuerdo con las personas que, desde Nigeria, crearon las páginas web en imitación de la original de MAYASA, formaban parte del grupo de personas encargadas de abrir las cuentas corrientes donde se producirían los ingresos y remitir posteriormente las cantidades obtenidas fuera del país, bien directamente mediante transferencias a empresas extranjeras, bien mediante sucesivas retiradas de dinero en efectivo, para su posterior reenvío al extranjero.

Los tres acusados, en ejecución del plan preconcebido, realizaron los siguientes hechos:

1.- En el mes de agosto de 2010, la empresa hindú GURJAR CHEMICAL, a través de la mencionada página web alojada en el dominio www.mayasaespana.com, contactó con el acusado Rafael , quien les ofreció la adquisición de una partida de mercurio por importe de 120.000 dólares, facilitando una cuenta a nombre de una persona que no ha sido localizada en este procedimiento, cuenta en la que GURJAR CHEMICAL, ingresó el 23 y el 27 de agosto de 2010 las cantidades de 7.375 dólares (5.707'93 euros) y 14.750 dólares (11.575'51 euros), respectivamente, en concepto de señal, cantidades que fueron retiradas en efectivo en los días siguientes mediante reintegros.

Seguidamente, dicho acusado remitió por correo electrónico a GURJAR CHEMICAL un documento que aparentaba ser una factura emitida por MAYASA por importe de 120.000 dólares y en la que se fijaban como condiciones de pago del cargamento el abono de la mitad del precio por adelantado a otra cuenta, pero GURJAR CHEMICAL logró ponerse en contacto con la verdadera empresa MAYASA, a la que remitió la documentación, interponiéndose por MAYASA la denuncia que ha dado lugar a esta causa.

2.- Con idéntico procedimiento, los acusados contactaron con la empresa BRANCH MANSOUR ALGHAFFELI , con sede en Jiddah (Arabia Saudí) entidad que, como señal por un cargamento de mercurio por importe total de 235.000 dólares, y por el que los acusados le habían remitido un documento confeccionado por ellos mismos con la apariencia de ser una factura proforma emitida por MAYASA, ingresó el 3 de diciembre de 2010 la suma de 23.514 euros en una cuenta a nombre del acusado Joaquín , cantidad que fue retirada por éste mediante reintegros en efectivo en los días siguientes.

3.- De igual forma los acusados contactaron con la empresa de Singapur LOGISTICAL TECHLINE MARKETING, entidad que, creyendo que estaba remitiendo a la empresa MAYASA una señal por un cargamento de mercurio valorado en 475.000 euros, y por el que los acusados le habían enviado un documento con la apariencia de ser una factura proforma emitida por la empresa MAYASA, ingresó el 1 de marzo de 2011 en una cuenta de la que era titular el acusado Martin , la cantidad de 99.799'75 euros, de la que el acusado dispuso inmediatamente.

4.- Finalmente y por el mismo procedimiento, el acusado Martin , contactó con la empresa de nacionalidad turca SAHINLER KIMYA BILGISAYAR VE TEKSTIL KOZMETIK, que, creyendo que estaba remitiendo a MAYASA un primer pago como señal por un cargamento de mercurio valorado en 27.500 euros, en relación con el cual los acusados le habían remitido un documento que aparentaba ser una factura proforma emitida por MAYASA, ingresó el 12 de abril de 2011 en una cuenta a nombre de una persona que no ha sido localizada, la cantidad de 14.000 euros, importe que fue inmediatamente retirado mediante reintegros y transferencias.

Con la entrada en vigor del Reglamento CE 1102/2.008 del Parlamento Europeo y del Consejo de fecha 22 de Octubre de 2.008, que determino la prohibición de la explotación de mercurio metálico y su almacenamiento seguro, la entidad Minas de Almadén y Arrayanes tuvo que cesar en su actividad tradicional, cesando también las actividades objeto de esta causa.

RECURSO DE Rafael .

SEGUNDO.- El primer motivo del presente recurso, por supuesta vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia, denuncia insuficiencia de la prueba de cargo. Alega el recurrente que no consta acreditado que creara la página Web ficticia, ni tampoco el dominio utilizado para engañar a los clientes de MAYASA, ni que abriese las cuentas de correo que figuraban en dicha página.

Conforme a una reiterada doctrina de esta Sala la invocación del derecho fundamental a la presunción de inocencia permite a este Tribunal constatar si la sentencia de instancia se fundamenta en: a) una prueba de cargo suficiente, referida a todos los elementos esenciales del delito; b) una prueba constitucionalmente obtenida, es decir que no sea lesiva de otros derechos fundamentales, requisito que nos permite analizar aquellas impugnaciones que cuestionan la validez de las pruebas obtenidas directa o indirectamente mediante vulneraciones constitucionales y la cuestión de la conexión de antijuridicidad entre ellas, c) una prueba legalmente practicada, lo que implica analizar si se ha respetado el derecho al proceso con todas las garantías en la práctica de la prueba y d) una prueba racionalmente valorada, lo que implica que de la prueba practicada debe inferirse racionalmente la comisión del hecho y la participación del acusado, sin que pueda calificarse de ilógico, irrazonable o insuficiente el iter discursivo que conduce desde la prueba al hecho probado.

Estos parámetros, analizados en profundidad, permiten una revisión integral de la sentencia de instancia, garantizando al condenado el ejercicio de su derecho internacionalmente reconocido a la revisión de la sentencia condenatoria por un Tribunal Superior ( art 14 5º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (LA LEY 129/1966) ).

En reiterados pronunciamientos esta Sala viene manteniendo que el juicio sobre la prueba producida en el juicio oral es revisable en casación en lo que concierne a su estructura racional, es decir, en lo que respecta a la observación por parte del Tribunal de las reglas de la lógica, los principios de la experiencia y los conocimientos científicos.

Pero también es reiterada la doctrina de que, salvo supuestos en que se constate irracionalidad o arbitrariedad, este cauce casacional no está destinado a suplantar la valoración por parte del Tribunal sentenciador de las pruebas apreciadas de manera directa, como las declaraciones testificales o las manifestaciones de los imputados o coimputados, así como los dictámenes periciales, ni realizar un nuevo análisis crítico del conjunto de la prueba practicada para sustituir la valoración del Tribunal sentenciador por la del recurrente o por la de esta Sala, siempre que el Tribunal de Instancia haya dispuesto de prueba de cargo suficiente y válida, y la haya valorado razonablemente.

Es decir, que a esta Sala no le corresponde formar su personal convicción a partir del examen de unas pruebas que no presenció, para a partir de ella confirmar la valoración del Tribunal de instancia en la medida en que ambas sean coincidentes. Lo que ha de examinar es, en primer lugar, si la valoración del Tribunal sentenciador se ha producido a partir de unas pruebas de cargo constitucionalmente obtenidas y legalmente practicadas, y, en segundo lugar, si dicha valoración es homologable por su propia lógica y razonabilidad.

TERCERO.- E n el caso actual, la Sala sentenciadora dispuso de una prueba de cargo suficiente, constitucionalmente obtenida, legalmente practicada y razonablemente valorada, como puede apreciarse en la sentencia de instancia, por lo que el motivo debe ser desestimado.

En efecto, respecto del conjunto de la acción defraudadora, en la prueba practicada en el acto del Juicio Oral consta documental y testificalmente acreditado el registro del dominio fraudulento de la página www.mayasaespana.com, efectuado imitando el estilo, diseño y contenido de la página web www.mayasa.es perteneciente a la empresa española MAYASA, dedicada a la explotación y comercialización de los recursos naturales, en especial el mercurio, existentes en la comarca de Almadén (Ciudad Real), cuyos clientes se encuentran, mayoritariamente, fuera de la Unión Europea y que acceden para realizar sus compras a través de la página web de la empresa, contactando vía telefónica o por correo electrónico.

La existencia de la página web fraudulenta y de las cuentas bancarias beneficiarias de transferencias ilícitas, teléfonos y cuentas de correos aportadas incluidas en ella está documentalmente acreditada. El registro de dominio de esta página se efectuó a nombre de una persona con residencia en Nigeria, y la página fue creada usando una dirección de IP residenciada en la Republica de Benín, localizándose conexiones a dichas cuentas desde Canadá a Mónaco, como consta debidamente acreditado en las actuaciones, lo que pone manifiestamente de relieve que nos encontramos ante una estafa planificada a escala internacional por una sofisticada organización criminal, en la que necesariamente se integraban los acusados recurrentes dada su participación en la fase de obtención y recuperación del dinero defraudado.

Consta que el recurrente Rafael ofreció partidas de mercurio a precios ventajosos, exigiendo que se remitieran a las cuentas por él designadas cantidades en efectivo por adelantado, en concepto de señal o como confirmación de los pedidos. En concreto consta que el recurrente contactó con la empresa hindú GURJAR CHEMICAL, a través de la página web alojada en el dominio www.mayasaespana.com, y les ofreció la adquisición de una partida de mercurio por importe de 120.000 dólares, facilitando una cuenta en la que GURJAR CHEMICAL, ingresó el 23 y el 27 de agosto de 2010 las cantidades de 7.375 dólares (5.707'93 euros) y 14.750 dólares (11.575'51 euros), respectivamente, en concepto de señal, cantidades que fueron retiradas en efectivo en los días siguientes mediante reintegros. Y consta que seguidamente, no satisfecho con el dinero ya recibido, remitió por correo electrónico a GURJAR CHEMICAL un documento que aparentaba ser una factura emitida por MAYASA por importe de 120.000 dólares y en la que se fijaban como condiciones de pago del cargamento el abono de la mitad del precio por adelantado a otra cuenta, sin llegar a consumar esta segunda parte de la estafa porque GURJAR CHEMICAL se puso en contacto con la verdadera empresa MAYASA.

Todo ello consta acreditado a través de las investigaciones realizadas por la Brigada de Investigación Tecnológica, que obran en las actuaciones, y que fueron debidamente ratificadas en el acto del Juicio Oral por el testimonio de la Inspectora Jefa de Policía Nacional que las dirigió, y que describió en el juicio la trama urdida por los acusados y la actuación del recurrente.

Asimismo, la Sala sentenciadora dispuso como prueba de cargo del Informe Pericial obrante en las actuaciones, que también fue ratificado en el acto del Juicio Oral.

En consecuencia, la intervención del acusado recurrente en la trama defraudadora consta documentalmente acreditada, puesto que forma parte del grupo de personas encargadas de engañar a los compradores efectuando falsas ofertas para posteriormente remitir las cantidades fraudulentamente obtenidas fuera del país, mediante transferencias a empresas extranjeras o mediante sucesivos reintegros en efectivo, para su posterior reenvío al extranjero.

El hecho de que no conste acreditado que creara la página Web ficticia, ni tampoco el dominio utilizado para engañar a los clientes de MAYASA, ni que abriese las cuentas de correo que figuraban en dicha página, no excluye su responsabilidad porque lo que si consta probado es que participó de modo directo en el engaño, se encargó de sacar el dinero de la primera cuenta y remitió por correo electrónico a GURJAR CHEMICAL un documento que aparentaba ser una factura emitida por MAYASA por importe de 120.000 dólares, en la que se fijaban como condiciones de pago del cargamento el abono de la mitad del precio por adelantado en otra cuenta.

El motivo, en consecuencia, debe ser desestimado.

CUARTO.- El segundo motivo de recurso, por error de hecho en la valoración probatoria al amparo del art 849 2º de la Lecrim (LA LEY 1/1882) , se apoya en dos documentos, un contrato de préstamo del recurrente a otro de los acusados y un oficio de la UDEF en el que consta que la cuenta donde se recibió el dinero estaba a nombre de otra persona.

El motivo no puede prosperar. La doctrina de esta Sala (Sentencias de 23 de marzo de 2012, núm. 209/2012 y 28 de febrero de 2013, núm. 128/2013 , entre otras muchas) considera que para que quepa estimar que ha habido infracción de ley por haber concurrido error en la apreciación de la prueba en los términos prevenidos en el art.849.2º de la Ley Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) , es necesario que concurran los requisitos siguientes: 1º) Que haya en los autos una verdadera prueba documental y no de otra clase (testifical, pericial, confesión), es decir que sea un documento propiamente dicho el que acredite el dato de hecho contrario a aquello que ha fijado como probado la Audiencia, y no una prueba de otra clase, por más que esté documentada en la causa; 2º) Que este documento acredite la equivocación del Juzgador, esto es, que en los hechos probados de la Sentencia recurrida aparezca como tal un elemento fáctico en contradicción con aquello que el documento, por su propia condición y contenido, es capaz de acreditar; 3º) Que, a su vez, ese dato que el documento acredite no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba, porque la Ley no concede preferencia a ninguna prueba determinada sobre otra igual o diferente, sino que cuando existen varias sobre el mismo punto, el Tribunal, que conoció de la causa en la instancia, habiendo presidido la práctica de todas ellas, y habiendo escuchado las alegaciones de las partes, tiene facultades para, sopesando unas y otras, apreciar su resultado con la libertad de criterio que le reconoce el art. 741 de la Lecrim (LA LEY 1/1882) .; 4º) Por último, es necesario que el dato de hecho contradictorio así acreditado sea importante, en cuanto que tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos que carezcan de tal virtualidad, el motivo no puede prosperar, porque, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los argumentos, de hecho o de derecho, que no tienen aptitud para modificarlo.

En el caso actual no concurren los referidos requisitos. En efecto los documentos aportados ya han sido valorados por el Tribunal sentenciador, y por su propia condición y contenido no son hábiles para acreditar que esa valoración sea errónea. El supuesto contrato de préstamo no es verosímil y el hecho de que la cuenta se encuentre a nombre de otra persona no excluye que fuese el recurrente quien contrató con la empresa perjudicada y le indicó dicha cuenta para efectuar los ingresos. La Sala sentenciadora dispuso de otras pruebas para acreditar los hechos, por lo que el motivo carece de fundamento.

QUINTO.- El tercer motivo de recurso, por infracción de ley al amparo del art 849 1º de la Lecrim (LA LEY 1/1882) , alega aplicación indebida de los arts. 248 (LA LEY 3996/1995) , 249 250 1 5 º y 74 CP (LA LEY 3996/1995) , en relación con el delito de estafa, de los arts. 390 1 2 º, 392 y 74 1º CP (LA LEY 3996/1995) , en relación con el delito continuado de falsedad en documento mercantil, y del art 570 bis, en relación con el delito de participación en organización criminal. Parte la parte recurrente del aserto de que el acusado no participó en la maniobra engañosa porque no consta que creara la página web ni que facilitara para el cobro de la mercancía una cuenta de su titularidad. Alega, en segundo lugar, que no consta que participara en la organización que diseñó la operación defraudadora.

El motivo debe ser desestimado, en primer lugar, por no respetar los hechos declarados probados, dado que la parte recurrente efectúa afirmaciones y esgrime alegaciones en manifiesta contradicción con los mismos.

Si partimos del relato fáctico, es fácil apreciar la concurrencia de los elementos típicos integradores de los tres delitos objeto de condena, estafa, falsedad y organización criminal.

Por lo que se refiere al delito continuado de Estafa, de los arts. 248 (LA LEY 3996/1995) , 249 (LA LEY 3996/1995) , 250. 1. 5 º y 74.2 del Código Penal (LA LEY 3996/1995) , y aun prescindiendo de la modalidad específica de estafa informática del apartado 2º a) del art 248 que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, se aprecia en la actuación de los acusados, como señala la sentencia impugnada, la concurrencia de los elementos configuradores del referido delito de estafa: 1º) El engaño precedente y concurrente. 2º) La suficiencia del engaño. 3º) La producción de un error esencial en los sujetos pasivos. 4º) Un acto de disposición patrimonial con el consiguiente y correlativo perjuicio para el disponente, consecuencia del error y en definitiva del engaño desencadenante del mismo. 5º) El ánimo de lucro, como elemento subjetivo del injusto. 6º) La relación de causalidad entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado.

El delito de Participación en Organización Criminal, previsto en el art. 570-bis del Código Penal (LA LEY 3996/1995) , en la redacción dada por L.O. 5/2010 (LA LEY 13038/2010), que entró en vigor durante la realización de los hechos y abarca una parte temporal de los mismos, concurre también claramente, pues este delito sanciona a "quienes promovieren, constituyeren, organizaren, o dirigieren una organización criminal", y a quienes "participaren activamente en la organización, formaren parte de ella o cooperaren económicamente o de cualquier otro modo con la misma", lo que indudablemente concurre el supuesto actual.

Procede, en consecuencia, la íntegra desestimación del recurso interpuesto.

RECURSO DE Joaquín .

SEXTO.- El primer motivo del presente recurso, al amparo del art 852 de la Lecrim (LA LEY 1/1882) , alega vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia.

El motivo debe ser desestimado por las mismas razones ya expuestas al resolver el recurso anterior, dado que las pruebas concurrentes, minuciosamente analizadas en la sentencia impugnada, a la que nos remitimos, son suficientemente acreditativas de la realización por el recurrente de los hechos declarados probados en la sentencia.

En concreto consta que el recurrente formaba parte de la organización teniendo como función la apertura de cuentas a su nombre para obtener en ellas los beneficios de la estafa, y remitirlos a la organización criminal. Utilizando la página web ficticia a la que nos hemos referido, contactó con la empresa BRANCH MANSOUR ALGHAFFELI , con sede en Jiddah (Arabia Saudí) entidad que, como señal por un cargamento de mercurio por importe total de 235.000 dólares, y por el que el recurrente y los demás los acusados le habían remitido un documento confeccionado por ellos mismos con la apariencia de ser una factura proforma emitida por MAYASA, ingresó el 3 de diciembre de 2010 la suma de 23.514 euros en una cuenta a nombre del propio recurrente Joaquín , cantidad que fue retirada por éste mediante reintegros en efectivo en los días siguientes.

Estos hechos aparecen acreditados documentalmente, y se deducen de las declaraciones e informes periciales practicadas durante el acto del juicio, confirmando las investigaciones realizadas por la Brigada de Investigación Tecnológica, que obran en las actuaciones, y que fueron debidamente ratificadas en el acto del Juicio Oral.

El motivo, en consecuencia, debe ser desestimado.

SÉPTIMO.- Los siguientes cuatro motivos, por infracción de ley al amparo del art 849 1º de la Lecrim (LA LEY 1/1882) , alegan supuesta vulneración por aplicación indebida de los preceptos del Código Penal que sancionan respectivamente el delito de estafa, la estafa agravada por la cuantía, el delito de falsedad y el de organización criminal.

Los motivos deben ser desestimados por las mismas razones ya expuestas al desestimar el recurso del anterior recurrente.

RECURSO DE Martin .

OCTAVO.- El primer motivo alega vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, por estimar el recurrente que se debió admitir su versión exculpatoria dado que fue engañado por el coacusado Rafael .

El derecho a la tutela judicial efectiva, como recuerda la reciente STC 50/2014, de 7 de abril de 2014 (LA LEY 48581/2014) (BOE núm. 111, de 7 de mayo de 2014), comprende el derecho de los justiciables a obtener de los órganos judiciales una respuesta congruente, motivada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas en el proceso.

Ello significa, en primer lugar, que la resolución judicial ha de estar motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión ( SSTC 58/1997, de 18 de marzo (LA LEY 4697/1997) y 25/2000, de 31 de enero (LA LEY 4148/2000) ).

En segundo lugar, que la motivación esté fundada en Derecho ( SSTC 276/2006, de 25 de septiembre (LA LEY 112435/2006) y 64/2010, de 18 de octubre (LA LEY 187986/2010) ) o, lo que es lo mismo, que sea consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no fruto de un error patente o de la arbitrariedad (por todas, STC 146/2005, de 6 de junio (LA LEY 1680/2005) ).

Lo anterior conlleva la garantía de que el fundamento de la decisión sea la aplicación no arbitraria de las normas que se consideren adecuadas al caso. Tanto si la aplicación de la legalidad es fruto de un error patente, como si fuere arbitraria, manifiestamente irrazonada o irrazonable no podría considerarse fundada en Derecho, dado que la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia ( SSTC 147/1999, de 4 de agosto (LA LEY 11790/1999) ; 25/2000, de 31 de enero (LA LEY 4148/2000) ; 221/2001, de 31 de octubre (LA LEY 8782/2001) y 308/2006, de 23 de octubre (LA LEY 154862/2006) , por todas).

En definitiva, el art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978) impone a los órganos judiciales no sólo la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones deducidas, sino que, además, esta ha de tener contenido jurídico y no resultar arbitraria ( SSTC 8/2005, de 17 de enero (LA LEY 259/2005) ; 13/2012, de 30 de enero (LA LEY 8342/2012) , y 27/2013, de 11 de febrero (LA LEY 11225/2013) , entre otras muchas).

NOVENO.- En el caso actual el motivo carece de fundamento. En la sentencia se razona minuciosamente que el recurrente reconoció en el acto del Juicio Oral las relaciones con el acusado Rafael , reconoció que recibió la documentación para llevar mercancía fuera de España, reconoció que había abierto una cuenta a petición de Rafael , reconoció que "recibió muchas transferencias, entre un millón de euros al año", "que tenía que cobrar un 5%", "que las operaciones eran de más de un millón de Euros", etc.

La Sala argumenta, razonada y razonablemente, que la vinculación de los acusados y su participación conjunta en la trama defraudadora efectuada, documentalmente acreditada por la extensa y exhaustiva investigación policial efectuada al efecto aportada a las actuaciones, impide estimar las alegaciones exculpatorias efectuadas por los acusados, así como las efectuadas por el Letrado del acusado del actual recurrente Martin en el escrito de conclusiones definitivas aportado en el acto del Juicio Oral, las cuales se desvirtúan por las propias declaraciones del acusado, junto con las efectuadas por los otros dos coacusados, siendo válidos los cargos derivados de declaraciones de coimputados que no provengan de finalidad auto exculpatoria o de animadversión.

Añade la Sala que la extensa prueba documental aportada a las actuaciones plenamente objetivada es determinante del actuar delictivo, conjunto y organizado, de los tres acusados, una vez valorada por este Tribunal, y acreditado que el recurrente Martin es el único titular de la Cta. NUM...., obrante al folio 673 T. III de las actuaciones, sin que conste dato objetivo que permita estimar la versión exculpatoria efectuada de que las transferencias a los otros acusados correspondan a una deuda anterior, que no consta.

En consecuencia, podrá el recurrente discrepar de la motivación del Tribunal en este aspecto fáctico, pero lo que es absolutamente inconsistente es negar su existencia. El motivo, por tanto, debe ser desestimado.

DÉCIMO.- El segundo motivo de recurso alega supuesta vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia. Insiste el recurrente en que no sabía nada de los hechos y en que la cuenta estaba a su nombre y recibió en ella grandes cantidades de dinero, pero desconocía la trama subyacente.

El motivo carece de fundamento, y debe ser desestimado por las razones ya expuestas en el motivo correlativo del primer recurrente. Consta que los acusados contactaron con la empresa de Singapur LOGISTICAL TECHLINE MARKETING, entidad que, creyendo que estaba remitiendo a la empresa MAYASA una señal por un cargamento de mercurio valorado en 475.000 euros, y por el que los acusados le habían enviado un documento con la apariencia de ser una factura proforma emitida por la empresa MAYASA, ingresó el 1 de marzo de 2011 en una cuenta de la que era titular el acusado Martin , la cantidad de 99.799'75 euros, de la que el acusado dispuso inmediatamente.

Consta asimismo, que el acusado Martin , contactó con la empresa de nacionalidad turca SAHINLER KIMYA BILGISAYAR VE TEKSTIL KOZMETIK, que, creyendo que estaba remitiendo a MAYASA un primer pago como señal por un cargamento de mercurio valorado en 27.500 euros, en relación con el cual los acusados le habían remitido un documento que aparentaba ser una factura proforma emitida por MAYASA, ingresó el 12 de abril de 2011 en una cuenta a nombre de una persona que no ha sido localizada, la cantidad de 14.000 euros, importe que fue inmediatamente retirado mediante reintegros y transferencias.

Resulta manifiestamente inverosímil que un empresario supuestamente experimentado como el recurrente permita que se utilicen sus cuentas para realizar ingresos de hasta un millón de euros, y luego los distribuya a otras personas, sin que conste factura alguna de deudas con estas personas y tampoco explicación alguna que justifique su participación en dudosas operaciones con empresas internacionales vinculadas a la adquisición de un producto como el mercurio, con el que el recurrente carecía de relación alguna.

El motivo, en consecuencia, debe ser desestimado.

UNDÉCIMO.- El tercero, cuarto y quinto motivo, por infracción de ley al amparo del art 849 1º de la Lecrim (LA LEY 1/1882) , alega indebida aplicación de los preceptos penales relativos al delito de falsedad, al de estafa y al de organización criminal. Todos ellos deben ser desestimados, en primer lugar, porque no respetan los hechos declarados probados, y en segundo lugar por las razones ya expuestas al analizar el motivo correlativo del primer recurrente.

RECURSO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR.

DÉCIMOSEGUNDO.- Los tres motivos del recurso de la acusación particular, respectivamente por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, infracción de ley y error de hecho en la valoración de la prueba, interesan que se incremente la indemnización concedida por el Tribunal de Instancia por importe de 216. 436 euros.

El Tribunal sentenciador justifica la indemnización concedida razonando con sensatez que " acreditada la procedencia de cuantificar el importe de los daños y perjuicios irrogados a la entidad MAYASA por la actuación delictiva de los acusados, cuya determinación ha de ser razonable y prudente, en relación con los perjuicios materiales y morales causados, y sin que, en ningún caso, pueda ser motivo de un posible enriquecimiento injusto de la entidad perjudicada, la determinación de dicho importe indemnizatorio se efectúa por este Tribunal partiendo del importe total de las cuantías defraudadas por la actuación conjunta y preconcebida de los acusados respecto de las entidades GURJAR CHEMICAL, BRANCH MANSOUR ALGHAFFELI, LOGISTICAL TECHLINE MARKETING y SAHINLER KIMYA BILGISAYAR VE TEKSTIL KOZMETIK, que ascienden a la suma de 154.597,19 euros, incrementado en el 40%, resultando la cantidad total de 216.436 euros, que se estima adecuada y proporcionada para el resarcimiento de los daños y perjuicios causados a MAYASA, de cuyo importe también deberán responder los acusados conjunta y solidariamente. Dichas cantidades indemnizatorias devengaran los intereses del art. 576 de la LEC (LA LEY 58/2000) ".

Hemos establecido en numerosas resoluciones que no es misión de la casación corregir la cuantía indemnizatoria señalada por los Tribunales de Instancia, sino revisar, en su caso, las bases establecidas para la fijación de las cantidades totales señaladas en cada supuesto.

Esta Sala ha señalado reiteradamente (STS 33/2010, de 3 de febrero (LA LEY 1556/2010) , 772/2012, de 22 de octubre (LA LEY 154516/2012) , 128/2013, de 26 de febrero (LA LEY 14177/2013) y 799/2013, de 5 de noviembre (LA LEY 170317/2013) , entre otras muchas) que la cuantificación específica de la indemnización señalada por el Tribunal sentenciador no es, por lo general, revisable en casación pues al no establecer el Código Penal criterios legales para señalar su cuantía, no cabe apreciar en su determinación infracción de ley sustantiva.

Del análisis de nuestra doctrina jurisprudencial se puede deducir que solo en supuestos específicos puede efectuarse en casación la revisión de la cuantía indemnizatoria, supuestos entre los que cabe señalar: 1º) cuando se rebase o exceda lo solicitado por las partes acusadoras; 2º) cuando se fijen defectuosamente las bases correspondientes; 3º) cuando quede patente una evidente discordancia entre las bases y la cantidad señalada como indemnización; 4º) cuando se establezcan indemnizaciones que se aparten de modo muy relevante de las señaladas ordinariamente por los Tribunales en supuestos análogos; 5º) en supuestos de error notorio, arbitrariedad o irrazonable desproporción de la cuantía fijada; 6º) en los supuestos de aplicación necesaria del Baremo, cuando se aprecia una defectuosa interpretación del mismo; y 7º) en los supuestos dolosos, o imprudentes ajenos a la circulación, en los que el Baremo solo es orientativo, cuando el Tribunal señale expresamente que establece las indemnizaciones conforme al baremo, y sin embargo lo aplique defectuosamente ( STS 16 de mayo de 2012, Sala Quinta , en relación con este último supuesto).

13º.- En el caso actual no concurre ninguno de dichos supuestos. En el primero de los motivos del recurso, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, se cuestiona el razonamiento del Tribunal para señalar la indemnización, pretendiendo que se incluya en ella no solo las cantidades objeto del desplazamiento patrimonial, percibidas por los condenados, sino la totalidad de las cantidades objeto de los pedidos que no pudieron concretarse por la acción de dichos condenados. La pretensión carece de fundamento, pues la Sala sentenciadora ya ha incluido en la indemnización un plus sobre la cantidad realmente estafada, para compensar los daños morales sufridos por la empresa perjudicada, sobre todo en su prestigio comercial. Pero no puede incluirse en los daños y perjuicios el importe total de los pedidos no satisfechos, en primer lugar, porque esta cantidad constituiría supuestamente el pago de una contraprestación en mercurio que la empresa recurrente no ha llegado a entregar en ningún momento. Y, en segundo lugar, porque no consta que dichos pedidos no pudiesen ser recuperados una vez descubierta la maquinación fraudulenta, ni tampoco que las negociaciones de compra hubiesen llegado en todo caso a buen fin, de no haber intervenido los condenados, alcanzándose efectivamente un acuerdo entre compradores y vendedores, pues el engaño de los condenados consistía precisamente en ofrecer un precio muy bajo, no coincidente con el real.

El segundo motivo, por infracción de ley, reitera la misma pretensión, desde otra perspectiva, igualmente sin fundamento. Y el tercer motivo, por error en la valoración de la prueba, interesa que se incremente la indemnización con el importe de un pedido de la empresa Halopolymer no incluido en el relato fáctico, y que por tanto no ha sido objeto de condena. Y ello sobre la base de unos documentos que no son literosuficientes para modificar los hechos probados. La responsabilidad civil derivada del delito solo puede incluir los hechos por los que los acusados han sido condenados, por lo que este tercer motivo carece también de fundamento.

Procede, por todo ello, la íntegra desestimación de la totalidad de los recursos interpuestos, con imposición de las costas a los recurrentes, por ser preceptivas.