PRIMERO.- En la demanda rectora de este procedimiento D. Carlos Alberto reclama ser indemnizado por la Compañía de Seguros CASER en la cantidad de 8.226,53€, en la que cifra los daños y perjuicios sufridos a consecuencia del incumplimiento por esta última de las obligaciones que había asumida en virtud de la póliza de responsabilidad civil que ésta tenía suscrito con el Colegio de Abogados de Oviedo, al que como abogado ejerciente pertenece el demandante. En síntesis, expone
el Sr. Carlos Alberto que resultó condenado en un juicio sobre responsabilidad civil, lo que puso en conocimiento de la aseguradora para que ésta procediese al abono de la suma establecida en la sentencia. Sin embargo, CASER equivocó el número del proceso y realizó incorrectamente la consignación de esa cantidad, de tal suerte que la demandante en aquel primer proceso interesó su ejecución, lo que ocasionó al Sr. Carlos Alberto los consiguientes gastos de los que ahora pretende resarcirse.
La sentencia de primer grado acogió íntegramente esa pretensión tras razonar que era clara la negligente actuación de CASER, causante de los daños cuya indemnización se reclama, "excediendo, en todo caso, del ámbito de las presentes actuaciones dilucidar si tales conceptos o cuantías reclamadas son indebidas o excesivas". La aseguradora interpuso recurso en el que incide en las dos cuestiones que había planteado al contestar a la demanda: inexistencia de relación de causalidad entre el error cometido por ella y la interposición de la ejecución, y el alcance del daño causado.
SEGUNDO.- Comparte esta Sala la solución a la que llegó el juzgador de instancia respecto de la primera de las cuestiones enunciadas. La propia apelante reconoce su error, al ingresar la cantidad a la que había de hacer frente indicando como número de procedimiento el 45/12 en lugar del 445/12.
Ese error fue exclusivamente suyo pues tanto el Sr. Carlos Alberto como la gestora que actuaba para CASER, Adartia Global, le habían indicado el número correcto del proceso (f.68 y siguientes y 160 y siguientes) al tiempo que insistían en que el ingreso se hiciera antes de 20 días para evitar la ejecución. Lo que mantiene CASER en el recurso es que el letrado designado por el Sr. Carlos Alberto en aquel proceso no examinó el justificante de la consignación ni comunicó al Juzgado que la misma se había producido, rompiendo con esa actuación el nexo causal.
Lo que pretende, en realidad, es responsabilizar a un tercero de su propia negligencia.
El Sr. Carlos Alberto y el letrado que lo defendía observaron su obligación de comunicar el contenido de la sentencia a la aseguradora, y ésta asumió su obligación de efectuar el abono que debía hacer de acuerdo con la póliza, directamente en la cuenta del Juzgado. A partir de entonces, confiados en el proceder de la aseguradora, no realizaron más actuaciones. Es cierto que podían haber comprobado si el ingreso se había realizado en debida forma y revisar los justificantes que les había enviado CASER, pero la omisión de ese plus de diligencia que exige la apelante en modo alguno atenúa la negligencia de ésta al confundir el proceso, ni rompe la relación de causalidad entre tal conducta y el daño producido, pues la causa única relevante, la determinante de que se abriese a continuación la fase de ejecución de la sentencia, fue el indicado error de la aseguradora. A lo más cabría apreciar una culpa levísima en aquella falta de comprobación, propiciada por la confianza en el buen hacer de la aseguradora, que quedaría absorbida por la anterior, notoriamente más grave de CASER.
Sorprende, en fin, este rigor en la exigencia respecto a la actuación del asegurado cuando consta en autos (f.163) que más de tres meses antes de iniciarse la ejecución (Auto de 14 de julio de 2014), el juzgado ya había procedido a devolver a CASER la suma que había ingresado (1 de abril del mismo año), con lo que debió ser plenamente consciente del error sufrido, sin que pueda servir de excusa el que tramiten gran número de expedientes, como declaró su representante en el acto del juicio, lo que dice bien poco del orden y control con que los llevan, incidiendo en esa misma negligencia a la que se viene haciendo alusión.
TERCERO.- Distinta suerte ha de seguir el siguiente motivo del recurso. Los daños de los que responde el contratante incumplidor son, como indica el art. 1107 CC (LA LEY 1/1889) y recuerda el apelante, los que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento. La determinación de cuales fueron los daños originados por la negligencia de la aseguradora y cual fuera su alcance no es, como se dice en la sentencia apelada, algo ajeno a este proceso, sino, al contrario, inherente a la acción que aquí se ejercita, debiendo recordarse, además, que conforme a una pacífica línea jurisprudencial, es a quien reclama a quien incumbe acreditar tanto la existencia del daño como su alcance y cuantía, de acuerdo con el sistema de carga de la prueba que establece el art. 217 LEC (LA LEY 58/2000) . Examinando las distintas
partidas reclamadas cabe sentar las siguientes conclusiones:
A)
Tasación de costas por importe de 587,16€ (f.91).-
Es clara su improcedencia. No tienen relación con la ejecución que se originó a consecuencia del ingreso erróneo. Se refieren a la condena al pago de las costas que fue impuesta al Sr. Carlos Alberto por la reconvención que había formulado en el pleito principal reclamando sus honorarios, lo que tampoco estaba amparado por el seguro concertado con CASER, que tenía por objeto la responsabilidad civil profesional derivada del ejercicio de su actividad como letrado, y no el riesgo de impagos.
B)
Intereses.- CASER venía obligada a su abono conforme a la póliza, como ella misma reconoce. Igualmente, dado su incumplimiento, ha de hacer frente a que estos continuarán devengándose hasta que, tras iniciarse la ejecución, quedó aclarado el error sufrido y se hizo pago a la ejecutante.
Ahora bien, al efectuarse la liquidación de intereses (f.177), la demandante en aquel proceso los computó a partir del día 17 de abril de 2009, lo que era claramente erróneo pues las sentencias de primera y segunda instancia habían condenado a su pago "desde la fecha de la conciliación", y esta se había celebrado el 9 de febrero de 2012 (hecho décimo de la demanda que inició ese primero proceso, f. 127, y f.140). Sin embargo, al no oponerse el Sr. Carlos Alberto a la misma, fue aprobada por Decreto de 27 de enero de 2015 en sus propios términos (f.82), de acuerdo con lo establecido en el art. 714 LEC (LA LEY 58/2000) . Existe, en este caso sí, una conducta del asegurado, o del letrado que le defendía, que provoca la ruptura del nexo causal entre la negligencia de CASER y una porción de esos intereses, que no correspondía abonar en virtud de la ejecutoria y que solo por la pasividad del asegurado hubo de satisfacer. No puede repercutir en su aseguradora esa negligencia, sin perjuicio de otras acciones que le pudieran asistir. Deben pues excluirse de esta partida (2.052,51€), las sumas correspondientes a los años 2009 (237,29€), 2010 (334,40€), 2011 (334,40€) y 40 días de 2012, que equivalen, al 4% sobre 8.360,10€, a otros 36,65€, es decir, un total de 942,74€, con lo que la cantidad a satisfacer por este concepto es la de 1.109,77€.
C)
Tasación de costas de la ejecución por importe de 2.793,43€, según Decreto de 27 de enero de 2015 (f.84 y siguientes). Tampoco en este caso impugnó el asegurado la minuta de honorarios presentada de contrario, que los cifraba en 1.713,62€, más IVA. Lo que sostiene CASER es que estos honorarios eran excesivos pues conforme a las normas colegiales no podrían superar el 50% "de los que corresponden en primera instancia al asunto declarativo en que se dictó la resolución judicial que se ejecuta" (norma 74). Efectivamente esto es así, así como que los honorarios que corresponderían al asunto declarativo habrían ascendido, conforme a esas normas, a 2.338,61€, de tal modo que su 50% sería 1.169,30€. Nuevamente se está ante una actitud pasiva e injustificada del asegurado o de su letrado, que provocó el incremento del daño, que por esta razón no puede repercutir a la aseguradora. De este modo la suma que ha de computarse en esta partida es la de 1.414,85€ (honorarios e IVA) más otros 719,95€ de derechos de procurador, en total 2.134,80€. Y
D)
Honorarios y derechos del letrado y de la Procuradora del asegurado, generados en esa ejecución (folios 89 y 90) por el mismo importe que los anteriores. No se comprende la minuta de su Letrado cuando en esa ejecución no existió oposición y su actuación se limitó a presentar un escrito poniendo de manifiesto que ya se había realizado el ingreso, aunque como se vio, de modo erróneo. No consta que hubiera realizado ninguna otra actuación ni resulta de recibo que pretenda aplicar unas normas previstas para la ejecución en la que no existe oposición, y en la que por tanto el ejecutado no tiene una actuación procesal que genere esos honorarios. Dado que sí intervino en esa fase habrá de reconocerse el mínimo de 180€ más IVA (37,80€), a los que habrán de añadirse los derechos de la Procuradora que, al limitarse igualmente a los generados por la presentación del escrito, habrán de cifrarse en los 260€ más IVA (54,60€), que establece el art. 1.3 del Decreto de Aranceles para aquellas actuaciones que no tengan fijado expresamente un concepto especial de percepción de derechos. Por las mismas razones antes dichas sólo podrá repercutir a la aseguradora otros 532,40€ por esta partida.