Volver a página de inicio

PRIMERO.- Ejercita la actora en su demanda tanto la acción prevista en el art. . 1.902 del Código Civil , por las daños causados en la fachada de su vivienda, puertas y ventanas de la misma, cuanto la establecida en el art. 1.903 del referido cuerpo legal (al ser el los autores menores de edad y por lo tanto encontrase bajo la patria potestad de sus padres). La sentencia de instancia llegó a la conclusión de que la conducta de los menores, que fue la que ocasionó el daño, fue dolosa, considerándose que existía la debida relación de causalidad entre la acción de los menores y los daños por las que se reclama, razón por la que estimó parcialmente la reclamación.

El recurso interpuesto, que se compone de numerosos apartados en los que, bajo distinta rúbrica, se vienen a articular idénticos motivos impugnatorios, gira en torno a los siguientes alegatos: prescripción de la acción por haber trascurrido un año desde que pudo ejercitarse la acción. En segundo lugar vulneración del principio de presunción de inocencia, por entender que no se puede dar lugar a la condena de sus patrocinados por presunciones, vulneración del principio de la carga de la prueba, en tanto que entiende que no ha quedado acreditado su participación, como la falta de legitimación pasiva.

Al recurso interpuesto se adhirió la representación procesal de Raimunda , Doña Santiaga alegando infracción de lo dispuesto en el art. 1902 (LA LEY 1/1889) y 1903 del C. Civil (LA LEY 1/1889) . Y no al haberse acreditado la realidad de los daños causados el día 14 de febrero de 2014.

Por la parte apelada presentó escrito solicitando la confirmación de la resolución recurrida.

SEGUNDO.- . - Por razones de sistemática entraremos en primer lugar a conocer del motivo alegado de prescripción de la acción para ejercitarla por responsabilidad de los padres respecto de los daños causados por sus hijos.

En cuanto a este particular el recurrente se limita a exponer que no se ha aportado la fecha de presentación de la solicitud de justicia gratuita, como fundamento para desestimar la prescripción por parte del Juzgador de Instancia.

Pues bien en cuanto a este particular entendemos que no era necesaria la presentación de dicha solicitud, puesto que el Juzgador, estima que no concurren la prescripción, en tanto que la demanda fue presentada en tiempo y forma, de modo que se ha de entender dicho argumento como a mayor abundamiento, en el sentido de que art. 16 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita , dispone que " Cuando la presentación de la solicitud del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita se realice antes de iniciar el proceso y la acción pueda resultar perjudicada por el transcurso de los plazos de prescripción o caducidad, éstas quedarán interrumpidas o suspendidas, respectivamente, hasta la designación provisional de abogado y, de ser preceptivo, procurador del turno de oficio que ejerciten la acción en nombre del solicitante; y si no fuera posible realizar esos nombramientos, hasta que recaiga resolución definitiva en vía administrativa, reconociendo o denegando el derecho, y en este caso atendiendo a los cómputos tampoco estaría prescrito.

Insistimos la acción no está prescrita, como indicó el juzgador de Instancia, se presentó la demanda el 25 de marzo de 2015 de forma telemática, como así resulta de la documental aportada, y como quiera que la notificación del archivo de las diligencias seguidas en la Fiscalía de Menores, le fue notificado a los demandantes el 27 de marzo de 2014, es obvio que la acción no estaba prescrita. Extremo no combatido por el recurrente y obviamente si el Juzgador estimó que la demanda fue presentada en fecha 25 de marzo de forma telemática, se ha de entender que es a esta a la que debemos estar a los efectos de determinar la extinción o no de la acción. En tal sentido no se discute el archivo de las diligencias seguidas en Fiscalia de Menores, y que su notificación lo fue el 27 de marzo de 2014, constando como documento fehaciente de su presentación obrante al folio 260 y recoge Acuse de lexnet, por tanto se había presentado en plazo la demanda y con ello procede a entrar a conocer de los demás motivos.

TERCERO.- Estima el recurrente que el juzgador de instancia estimó la demanda sustentado sobre unas presunciones y no por el contrario sobre pruebas válidamente constituidas.

El derecho fundamental a la presunción de inocencia opera fuera del ámbito de la Jurisdicción Penal, en relación a la conducta de las personas, de cuya apreciación surja un resultado sancionador, y en supuestos excepcionales, tras la ponderación de las singularidades y circunstancias concurrentes en cada caso (Ss. del Tribunal Constitucional 24/1984 52/1989 y 27-9-1994 ), por lo que el alcance de dicho principio constitucional ha de referirse a aquellos casos en los que se pronuncia sentencia condenatoria sin pruebas o totalmente equivocadas, así como si se trata de pruebas ilegítimas o que atenten a la libertad del proceso y resulta suficientemente adverada la ausencia de responsabilidad en quien resultó civilmente condenado ( Sentencias de 6-6-1991 , 22-2-19991 y 25-6-1996 ), lo que aquí no ocurre, de modo que se ha de estar en su caso a lo dispuesto en el art. 217 de L. e. Civil (LA LEY 58/2000) en cuanto al particular de la carga de la prueba y ha quedado determinado la actuación de los menores en orden a exigir la responsabilidad civil derivada del art. 1903 a los padres de los mismos.

El Juzgador de instancia ha acudido al criterio humano de las presunciones judiciales a través de las pruebas practicadas en el acto del juicio que corroboran de un lado la participación de los menores que al unisono y que todos participaban de la "gamberrada" de arrojar piedras a la puerta de la vivienda del demandante, como insultarlo y dando patadas a los mismos. Ciertamente que como se indica no se puede individualizar la conducta de cada uno de ellos, pero si que todos actuaron de mutuo acuerdo y consentía en su actuación, de modo que intervinieron activamente, como por otro los daños causados en el patrimonio de los demandantes resultan evidentes.

No pude este tribunal aceptar el error en la apreciación de la prueba y error de derecho que especifica la parte apelante en relación con la dinámica del siniestro en lo que atañe a la actuación de los menores, que tiene decisiva importancia en la causación del siniestro y que no permite ser individualizada en relación con la que llevó a cabo el resto de menores ( sentencias, el Tribunal Supremo, entre otras muchas 17 mayo 1993 , 14 diciembre 1996 , 20 octubre 1997 y 8 noviembre 1999 ), de ahí que el Juzgador de Instancia entienda que se da una responsabilidad, que ha de ser calificada de responsabilidad solidaria impropia que, a diferencia de la propia ( sentencias, entre otras, de 24 mayo 2004 y 18 mayo 2005 ) no tiene su origen en la ley o en el pacto expreso o implícito, si bien responde a un fundamento de salvaguarda del interés social en cuanto constituye un medio de protección de los perjudicados, sin embargo, siguen diciendo las sentencias precintadas, exige para su aplicación, no sólo la concurrencia de una pluralidad de agentes, sino además, la indiscernibilidad en sus respectivas responsabilidades, como ciertamente ocurre en nuestro caso en que los aportes causales de los menores, que se encontraban en las inmediaciones del domicilio del demandante, decidieron por su voluntad arrojar piedras, golpear las puertas, y proferir insultos a los mismos.

En consecuencia no es posible atender lo que se demanda en los recursos e impugnación del recurso, a la individualización de la conducta de cada uno de los menores es que la realidad evidente es que la acción en que incurrieron parte de su integración en un grupo.

CUARTO.- En tal sentido el Juzgador de forma pormenorizada valora todas y cada una de las pruebas practicadas y delimita quienes de los menores participaron en los hechos.

Llega a tal conclusión, en tanto que por parte de los dos testigos que depusieron en el acto del juicio de forma clara y tajante determinaron que un grupo de jóvenes procedieron a tirar piedras y a dar golpes en la puerta y fachada del demandante. Que aquel momento llegó el nieto del demandante y localizó al grupo que había intervenido, pero además este manifestó que vio que arrojaban piedras. A su vez el testigo vecino del demandante en el mismo sentido expuso que era algo habitual y normal que los menores estuviesen en la zona, además de que causaran daños en la puerta y ventana del Sr. Anselmo . Si a ello unimos que aquellos menores que fueron "retenidos" por estas dos personas fueron identificado a continuación por los agentes de la policía local, como se deduce de la documenta aportada a las actuaciones, no impugnada de contrario, y relativa al expediente seguido en la Fiscalía de Menores, es obvio su intervención activa en el resultado dañoso.

Por tanto sobre la base documental y testifical practicada estima el Juzgador que son estos menores los que intervinieron activamente en el resultado dañoso, e insistimos sin que se pueda individualizar conductas, pero no por ello menos reprochable.

De ahí y por las razones expuestas aquellos que no fueron identificado inicialmente y cuya relación o conexión no se ha podido determinar es obvio que no procede pronunciamiento alguno al respecto.

QUINTO.- Por tanto acreditada la intervención de los menores, se ha de estar a lo establecido en el art. 1.903 CC (LA LEY 1/1889) hace responsables a los padres, de forma casi objetiva, de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda. Esta responsabilidad tradicionalmente se ha fundado en el incumplimiento del deber de vigilancia que incumbe a los progenitores, presumiéndose la culpa de los mismos e invirtiéndose la carga de la prueba, de manera que habrán de ser los padres los obligados a probar su diligencia para quedar exonerados de culpa. Esta declaración de responsabilidad procede, por tanto, cesando cuando los padres prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre carácter general, ( art. 1903, último párrafo, del Código Civil de familia para prevenir el daño. Se produce, como se ha dicho, la inversión de la carga probatoria, de tal manera que tras, la presunción de culpa, tienen que ser los padres los que acrediten que adoptaron todas las medidas de prudencia exigibles a fin de evitar que su hijo cometiera el hecho ilícito, habida cuenta que no puede pretenderse que cuando los padres han puesto de su parte todo lo posible para evitar que su hijo se comporte de forma irregular tengan que responder civilmente de todas las conductas de este y en cualquier circunstancia. El art. 1.903 CC (LA LEY 1/1889) pretende, en definitiva, proteger a los terceros perjudicados frente a las actuaciones ilícitas de menores, con lo que la responsabilidad de los padres se constituye en la regla en tanto que la absolución de los mismos es excepcional y solo procedente en aquellos supuestos en que conste cumplida prueba de su total diligencia, como señala la STS de 12 de mayo de 1.99. Ninguna actividad probatoria han practicado los demandados en orden a determinar que actuaron con la debida diligencia, lo que deriva en la exigencia de la responsabilidad civil deriva del actuar doloso de sus hijos.

SEXTO.- De acuerdo con lo expuesto y lo razonado en la sentencia de instancia, procede confirmar la misma, imponiendo a la parte apelante las costas procesales de esta alzada ( Art. 398 L.e.c (LA LEY 58/2000) .).