PRIMERO.- Las presentes actuaciones tienen su origen en el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de D. Cirilo , D. Darío y D. Diego , contra la inactividad de la Administración por los constantes incumplimientos de la legalidad vigente en materia de ruido ocasionado por el funcionamiento de la pista polideportiva sita en el Concejo de Artica.
Manifiesta la parte actora en la demanda que la exposición continuada a niveles de ruido que exceden de los límites legalmente establecidos constituye una lesión de la intimidad personal y familiar y, en el presente caso, del derecho fundamental a la integridad física, pues, las numerosas y constantes molestias por ruido provienen de la pista polideportiva situada a escasos metros de sus respectivas viviendas, siendo esta una situación que ya han puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Berrioplano, sin que hasta la fecha de la demanda se haya conseguido acabar con las mismas. En este sentido, se hace referencia a diversas instancias presentadas ante el mencionado Ayuntamiento y que acompañan a su escrito de demanda. En cuanto al fondo, se aduce que la citada pista polideportiva es utilizada para la práctica de deportes, como es lógico, incluso es utilizada en determinadas fechas como recionto para actuaciones musicales, fiestas, etc., a lo que deben añadirse otras circunstancias, como por ejemplo, el hecho de que algunos jóvenes llevan a dicho lugar aparatos de música y la escuchan en la pista. Se señala que las molestias son constantes todos los días que hay personas haciendo uso de la pista, pero que esta situación incluso de acentúa los fines de semana, siendo el momento en que más personas frecuentan el lugar, habviendo actividad prácticamente durante todo el día y no permitiendo a los recurrentes descansar en sus viviendas, mermando de plano sus derechos fundamentales. Igualmente, se argumenta en la demanda que la pista no tiene ningún tipo de aislamiento ni acondicionamiento para evitar las molestias a los vecinos colindantes con dicho espacio, ni tampoco licencia municipal para los espectáculos mencionados. En definitiva, entiende que la actitud del Ayuntamiento demandado ante tal reiteración infractora supone una vulneración de los derechos fundamentales citados. La representación legal del Ayuntamiento de Berrioplano así como la del Concejo de Artica, personado en estas actuaciones como parte codemandada, se oponen a la demanda formulada de contrario en base a las argumentaciones contenidas en sus respectivos escritos de contestación a la demanda.
SEGUNDO.- A la vista de lo actuado, y del contenido de las presentes actuaciones y del expediente administrativo, la cuestión se centra en determinar, en primer lugar, si se ha producido una inactividad de las entidades locales demandada y co- demandada, respectivamente, por incumplimiento de su obligación de controlar las inmisiones excesivas de ruidos, y ello pudiera haber sido determinante de una vulneración del derecho fundamental a la intimidad personal y familiar de los recurrentes y, además, una vulneración del derecho fundamental a la integridad física, como así se sostiene; y, en segundo lugar, una vez determinado el extremo anterior, y en el caso de entenderse que tal vulneración se ha producido, debe analizarse si tal circunstancia es determinante de la necesidad de ordenar a la Administración local la adopción de medidas correctoras para adecuar y ajustar la actividad a la legislación que le sea de aplicación a fin de ajustar el funcionamiento de la pista polideportiva a los requisitos que la legislación impone.
En primer lugar, señala la demanda que los recurrentes no han obtenido ningún tipo de respuesta por la Administración en relación con los hechos descritos, al igual que tampoco se ha realizado ninguna actuación tendente a solucionar los problemas y molestias que padecen los actores. Efectivamente, obran al expediente administrativo una serie de instancias presentadas por los actores ante el M.I. Ayuntamiento de Berrioplano en las que denunciaban las constantes molestias causadas en sus viviendas, los niveles sonoros provenientes del uso de la pista polideportiva sita en Artica, manifestando que dichos niveles sonoros sobrepasaban en muchos decibelios los legalmente previstos; al igual que las molestias ocasionadas por los usuarios de la pista los cuales saltaban las vallas de sus viviendas para recoger balones o pelotas. Igualmente en fecha 14-02-2008 los vecinos presentaron Instancia ante el Ayuntamiento solicitando que se les tuviera por personados en el expediente, dándoseles traslado de todos los documentos obrantes en el mismo, y solicitando respuesta municipal ante las mediciones que en su momento había realizado la Policía Foral de Navarra. A fecha de presentarse la demanda -señalan los actores-no habían obtenido respuesta alguna por parte de dicho Ayuntamiento en la que manifestase su opinión al respecto sin que tampoco se hubiera realizado ninguna actuación tendente a solucionar el problema. Por su parte, el Ayuntamiento de Berrioplano, en su contestación a la demanda, niega esta falta de contestación a los actores, haciendo referencia a los documentos 5, 6 y 10 del expediente administrativo; a saber; Informe redactado por el Arquitecto Municipal relativo a los impactos acústicos que afectan a varias viviendas (doc. 5); correos electrónicos intercambiados entre el Concejo de Artica y el Ayuntamiento (doc. 6) y notificación al Concejo de Artica de la denuncia con número de entrada 4541 de fecha 10-10-2008 (doc. 10); de todo lo cual no puede colegirse que la Administración haya proporcionado en modo alguno respuesta a los pedimentos de los recurrentes. Más: de una lectura del doc. 5 se desprende que dicho Informe, si bien admite que pretende servir de reflexión y dar pautas para buscar en la medida de lo posible soluciones a los problemas planteados en relación con dicha pista, viene a reconocer la exitencia de los mismos, proponiendo una serie de medidas correctoras, de las cuales no se tiene constancia de que se hayan realizado. De lo actuado se desprende que los daños y perjuicios que alegan los recurrentes derivan de una inactividad de la Administración, que si bien es conocedora de la situación, no adopta medidas reales y efectivas en la praxis para ajustar el uso y funcionamiento de la citada pista polideportiva a la normativa vigente, poniendo en marcha las medidas correctoras opotunas y eficaces para paliar la situación denunciada.
La prueba practicada es reveladora de todo ello, y pone de manifiesto que la Administración no ha actuado con todos los medios disponibles a su alcance para aminorar los ruidos provocados por la pista. No consta el inicio de expediente sancionador alguno, ni ha verificado los niveles sonoros, ni se ha pruducido clausura alguna de la pista por los incumplimientos. Sentado lo anterior, debe señalarse que no existe duda alguna de que una emisión excesiva de ruidos o vibraciones, además de afectar de forma sensible al medio ambiente, puede constituir una vulneración del principio de intimidad personal y de inviolabilidad del domicilio. Ya en sentencia de 17 de febrero de 1984 , (LA LEY 8565-JF/0000) el Tribunal Constitucional señalaba que el domicilio inviolable es el espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y donde ejerce su libertad más íntima, y que objeto específico de protección en este derecho fundamental es tanto el espacio físico en sí mismo como también lo que en el hay de emanación de la persona que lo habita. Una exposición prolongada a determinados niveles de ruido, que puedan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, ha de merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, en el ámbito domiciliario, en la medida en que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de actos u omisiones de entes públicos a los que sea imputable la lesión producida. En el aspecto medio ambiental, el Tribunal Supremo ha señalado que gozar de un medio ambiente adecuado es un derecho constitucional por cuyo respeto han de velar los poderes públicos (Art. 45 de la Constitución Española 1978). El Tribunal Constitucional, en Sentencia nº 16/2.004, de 23 de Febrero , señala que partiendo de la doctrina expuesta en la Sentencia del Tribunal Constitucional 119/2.001, de 24 de Mayo , debemos señalar que los derechos a la intimidad física y moral, a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio han adquirido también una dimensión positiva en relación con el libre desarrollo de la personalidad, orientada a la plena efectividad de estos derechos fundamentales. Habida cuenta de que nuestro texto constitucional no constata derechos meramente teóricos o ilusorios, sino reales y efectivos, se hace imprescindible asegurar su protección no sólo frente a las ingerencias tradicionales, sino también frente a los riesgos que puedan surgir en una sociedad tecnológicamente avanzada. A esta nueva realidad ha sido sensible la reciente Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre, del Ruido , que en su Exposición de Motivos reconoce que "el ruido en su vertiente ambiental no ha sido tradicionalmente objeto de atención preferente en la normativa protectora del medio ambiente. Tratamos del ruido en un sentido amplio, y este es el alcance de la Ley". Luego se explica que "en la legislación española, el mandato constitucional de proteger la salud (art. 43 de la Constitución) y el medio ambiente (art. 45 de la Constitución), engloban en su alcance la protección contra la contaminación acústica. Además, la protección constitucional frente a esta norma de contaminación también encuentra apoyo en algunos derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, entre otros, el derecho a la intimidad personal y familiar, consagrado en el art. 18.1 . El ruido, en la sociedad actual, puede llegar a representar un factor psicopatógeno y una fuente permanente de perturbación de la calidad de vida de los ciudadanos. Así lo acreditan, en particular, las directrices marcadas por la Organización Mundial de la Salud sobre el ruido ambiental. En ellas se ponen de manifiesto las consecuencias que la exposición prolongada a un nivel elevado de ruidos tiene sobre la salud de las personas, así como sobre su conducta social. Consecuentemente, conviene considerar la posible incidencia que el ruido tiene sobre la integridad real y efectiva de los derechos fundamentales, discerniendo lo que estrictamente afecta a los derechos fundamentales protegibles en amparo de aquellos otros derechos Constitucionales que tienen su cauce adecuado de protección por vías distintas. El Tribunal Constitucional ha sido en todo momento consciente del valor que por virtud del art. 10.2 de la Constitución Española ha de reconocerse a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su interpretación y tutela de los Derechos Fundamentales. Dicha doctrina se recoge especialmente en las conocidas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 9 de Diciembre de 1.994, caso López Ostra contra el Reino de España , y 19 de Febrero de 1.998, caso Guerra y otros contra Italia , algo matizada en la sentencia de 8 de Julio de 2.003, caso Hatton y otros contra Reino Unido. En dichas resoluciones se advierte que, en determinados casos de especial gravedad, ciertos daños ambientales aún cuando no pongan en peligro la salud de las personas, pueden atentar contra su derecho al respeto de su vida privada y familiar, privándola del disfrute de su domicilio, en los términos del art. 8.1 del Convenio de Roma. Continua señalando el Tribunal Constitucional en su sentencia de 23 de Febrero de 2.004 que desde la perspectiva de los derechos fundamentales implicados, debemos comenzar el análisis recordando la posible afección al derecho a la integridad física y moral. Cuando la exposición continuada a unos niveles intensos de ruido ponga en grave peligro la salud de las personas, esa situación podrá implicar una vulneración del derecho a la intimidad física y moral. Si bien es cierto que no todo supuesto de riesgo o daño para la salud implica una vulneración del art. 15 de la Constitución Española, sin embargo cuando los niveles de saturación acústica que deba soportar una persona, a consecuencia de una acción u omisión de los poderes públicos, rebasen el umbral a partir del cual se ponga en peligro grave e inmediato la salud, podrá quedar afectado el derecho garantizado en el citado art. 15 de la Constitución Española. Respecto de los derechos del art. 18 de la Constitución, debe ponerse de manifiesto que en tanto el art. 8.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona "al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia", el art. 18 de la Constitución dota de entidad propia y diferenciada a los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, art. 18.1 , y a la inviolabilidad del domicilio, art. 18.2. Respecto del primero de estos derechos fundamentales el Tribunal Constitucional ha precisado que su objeto hace referencia a un ámbito de la vida de las personas excluido tanto del conocimiento ajeno como de las intromisiones de terceros, y que la delimitación de este ámbito ha de hacerse en función de dicho desarrollo de la personalidad. Hemos de convenir en que uno de dichos ámbitos es el domiciliario por ser aquél en el que los individuos, libres de toda sujeción a los usos y convenciones sociales, ejercen su libertad más íntima. En cuanto al objeto emisor del ruido, el Decreto Foral 135/1989 incluye dentro de sus disposiciones , en general, cualquier elemento susceptible de generar niveles sonoros o de vibraciones que puedan ser causa de molestias a las personas o de riesgos para la salud y el bienestar de las mismas. Evidentemente, tan amplia fórmula incluye el caso que nos ocupa, es más, resulta difícil imaginar qué supuestos excluye. Esta norma establece las condiciones técnicas que deberán cumplir las actividades emisoras de ruidos o vibraciones; en cuyo ámbito de aplicación se integran todas las industrias, actividades, instalaciones, medios de transporte y, en general, cualquier elemento susceptible de generar niveles sonoros o de vibraciones, que puedan ser causa de molestias a las personas o de riesgos para la salud o el bienestar de las mismas. Señala en su art. 15.1 que "no se permite el funcionamiento de actividades o instalaciones, cuyo nivel sonoro exterior sobrepase los siguientes valores (en dBA): en zona residencial o docente (sin talleres ni tráfico importante) o patios de manzana cerrados: 55 (de día) y 45 (de noche). Por su parte, la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido , establece como objeto y finalidad de dicha normativa el prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, para evitar y reducir los daños que de esta puedan derivarse para la salud humana, los bienes o el medio ambiente; y en cuanto a su ámbito de aplicación, señala que están sujetos a las predicciones de dicha Ley todos los emisores acústicos, sean de titularidad pública o privada. A mayor abundamiento, considera como actividad susceptible de producir ruido cualquier instalación establecimiento o actividad, públicos o privados, de naturaleza industrial, comercial, de servicios o de almacenamiento. Como emisor acústico entiende cualquier actividad, infraestructura, equipo, maquinaria o comportamiento que genere contaminación acústica. Por ello, nos encontramos ante ruidos incluidos en la normativa específica sobre la materia, que pueden producir una vulneración del derecho fundamental a la intimidad y al domicilio, y dicha materia es competencia de las entidades locales.
TERCERO.-
En cuanto a la existencia de inmisiones de ruido en límites superiores a los permitidos y previstos en la normativa vigente, se trata de una circunstancia plenamente acreditada a la vista de la prueba practicada en el presente procedimiento. Constan reclamaciones y quejas con mediciones realizadas con resultado positivo, sin que quepa poner en tela de juicio los datos consignados en el informe elaborado a instancia de los recurrentes. El informe de medición acústica aportado por la parte actora, realizado por una empresa de ingeniería, debe señalarse que las mediciones que contiene, arrojan como resultado una serie de niveles sonoros que se encuentran muy por encima de los parámetros legalmente establecidos, esto es, revela que la instalación de la pista polideportiva de Artica incumple durante su funcionamiento los niveles sonoros -exteriores e interiores- exigidos por el mencionado Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio , a este tipo de actividades, incumpliendo concretamente el contenido de sus artículos 15.1 y 16, al igual que el reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo. Al respecto, carece de sentido las alegaciones que de contrario se formulan, tendentes a argumentar la normalidad de las cifras arrojadas como resultado, al afirmar que se trata de una medición efectuada el día de la inauguración de la pista, pues los actos de inauguración son reveladores en cierta medida de la actividad que entra de lleno en el uso de la pista (partidos de baloncesto con o sin público, etc.). Esto es, no tiene objeto realizar mediciones en el mejor de los casos, -por ejemplo, cuando no se desarrolla en el lugar ninguna actividad lúdica, festiva o de ocio-, puesto que lo que los recurrentes están poniendo de manifiesto es la constancia de los ruidos y molestias que dicha pista les produce, sin que la posible eventualidad de estos ruidos y molestias, o la atemperación de los mismos en un momento determinado pueda llevarnos a concluir que la situación tiene visos de normalidad, tal y como pretende justificar la Administración.
De sobra es conocido qué es una pista polideportiva, a qué uso o usos está destinada y qué tipo de actividades se desarrollan en la misma. Por ello es necesario que los poderes públicos, en estricto cumplimiento de la legalidad vigente, establezcan los correspondientes mecanismos efectivos de protección o aminoración de posibles ruidos para evitar un menoscabo en los derechos de las personas. Todos los informes técnicos emitidos y obrantes en autos tienen un denominador común coincidente en la necesidad de implementar medidas correctoras para afrontar las molestias que padecen los vecinos y que se derivan de la pista polideportiva. A título de ejemplo, se pueden citar: la necesidad de cesar la totalidad de actividades que se realizan en la pista polideportiva en horario nocturno, la imposibilidad de programación de actividades musicales tanto en horario nocturno como en diurno, la necesidad de mejorar las condiciones de la pista, una reducción de la amplificación en la medida de lo posible a través de una disminución del tiempo de reververación, la realización de un cerramiento de al menos parte de los laterales de la pista y de la parte trasera a fin de lograr un apantallamiento efectivo entre la pista y las viviendas, llevar a cabo una modificación del pavimento utilizando materiales absorbentes, la realización de un Estudio Acústico, implantar una regulación del horario de iluminación, entre otras medidas de posible realización.
En definitiva, y a los efectos pretendidos, cabe apreciar la existencia de inactividad de la Administración, a la cual se le condena para que lleve a cabo todas las actuaciones necesarias a fin de que la actividad desarrollada en el pista polideportiva de Artica no produzca inmisiones de ruido superiores a las permitidas en la normativa vigente en la vivienda de los recurrentes, debiendo para ello adoptar todas las medidas precisas que le permite la legislación, sin que este Juzgado estime pertinente la clausura temporal o definitiva de la misma en los términos interesados por la parte actora en su escrito de demanda.