Volver a página de inicio

PRIMERO.- Cumpliendo con la exigencia establecida en el artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, esta Sala hace constar que los hechos declarados probados, pacíficos para las partes, se deducen directamente del contenido de las demandas acumuladas, de la contestación efectuada por la parte demandada en el acto del juicio oral, así como de la prueba documental aportada por las partes.

SEGUNDO.- La cuestión planteada en el presente procedimiento es la reducción (a partir del mes de junio de 2010) de un 5% en todos los conceptos retributivos en las nóminas del personal laboral incluido en el ámbito de aplicación del VI Convenio Colectivo Único del Personal Laboral de la Generalitat de Catalunya. Esta modificación de condiciones laborales de dicho personal ha sido consecuencia de la entrada en vigor del Decret-Llei 3/2010, de 29 de mayo, de medidas urgentes de contención del gasto y en materia fiscal para la reducción del déficit público, convalidado por Resolución del Parlament de Catalunya de 9 de junio de 2010. Dicho Decret-Llei modifica a la baja la previsión de gastos de la Llei 25/2009 de pressupostos de la Generalitat de Catalunya para el año 2010. Entre otras modificaciones introduce el artículo 26 bis que establece:

1 «Retribuciones del personal laboral para los meses de junio a diciembre de 2010

«1.- Desde el de junio de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2010,lamasasalarialdelpersonal laboral, excluido el personal laboral con contrato de alta dirección, experimentará una reducción de un 5% en relación con las cuantías de cada uno de los conceptos retributivos que lo integran y que les corresponda percibir de acuerdo con el convenio colectivo que le sea de aplicación, salvo la paga extraordinaria del mes de junio de 2010 que se abonará sin aplicar la reducción prevista en este artículo. (...)».

Para la Administración autonómica demandada esta disminución de salarios a partir de la nómina de junio 2010 es perfectamente conforme a Derecho, pues es fruto de la aplicación del referido Decret-Llei, norma de rango legal que a su juicio se ajustaría a la Constitución Española y al Estatut d'Autonomía de Catalunya. En cambio, el Sindicato demandante estima que la parte demandada ha incumplido el Acuerdo de la Mesa Negociadora, de 3 de febrero de 2010, por el que se establecía para dicho personal laboral un incremento salarial del 0,3% sobre las tablas retributivas del año 2009, Acuerdo que era respetuoso con lo establecido en el artículo 26 de la Llei 25/2009, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, que fijaba el incremento salarial de las retribuciones del personal laboral en el mismo 0,3% respecto del año 2009, señalando finalmente la central sindical demandante que, aunque formalmente la actuación de la Administración autonómica encuentra amparo legal, el instrumento normativo --Decret-Llei 3/2010-- utilizado por el Govern de la Generalitat para operar la reducción salarial es inconstitucional por diversas razones, que luego expondremos y analizaremos.

TERCERO.- Tanto la Constitución Española como el Estatuí d'Autonomía catalán de 2006 reconocen potestad legislativa a la Comunidad Autónoma de Cataluña, que ejercerá por el Parlament (art. 55 Estatut), si bien, conforme al artículo 64 del texto estatutario, «1. En caso de una necesidad extraordinaria y urgente, el Gobierno puede dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de Decreto ley. No pueden ser objeto de Decreto-Ley la reforma del Estatuto, las materias objeto de leyes de desarrollo básico, la regulación esencial y el desarrollo directo de los derechos reconocidos por el Estatuto y por la Carta de los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña y el presupuesto de la Generalitat. 2. Los Decretos-Leyes quedan derogados si en el plazo improrrogable de treinta días subsiguientes a la promulgación no son validados expresamente por el Parlamento después de un debate y una votación de totalidad. 3. El Parlamento puede tramitar los Decretos-leyes como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia, dentro del plazo establecido por el apartado 2.»

El Decret-Llei 3/2010, como norma de rango legal emanada del Govern de la Generalitat, que permanece vigente en el ordenamiento jurídico tras su convalidación por el Parlament de Catalunya (STC 29/1982), sólo puede ser examinado en orden a su licitud y constitucionalidad por el Tribunal Constitucional, como claramente establece el artículo 153 CE, estando dicho examen, naturalmente, fuera de la competencia de los órganos del orden social de la jurisdicción. Descartada la posibilidad de ser declarada la inaplicabilidad de una ley en el ámbito de la jurisdicción ordinaria --como es el orden social--, sólo cabe estudiar la petición formulada en las demandas acumuladas relativa a la formulación de cuestión de inconstitucionalidad de dicho Decret-Llei. Conforme a lo previsto en el artículo 35.1 de la LOTC, para que un Juez o Tribunal pueda plantear cuestión de inconstitucionalidad debe de considerar, con anterioridad, que una norma con rango de ley aplicable al caso que está juzgando y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución.

Y tal consideración no se da en este procedimiento por lo que a renglón seguido diremos.

CUARTO.- El primer argumento de inconstitucionalidad esgrimido en la demanda es que el Decret-Llei 3/2010, de 29 de mayo, vulnera el artículo 9.3, en relación al 81.2, ambos de la CE. Vistos los términos en que el transcrito artículo 64 del Estatut de autonomía de Catalunya, aprobado por Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, regula la potestad del Govern de dictar normas con rango de ley, en este caso Decret-Llei, en los casos excepcionales y con los límites materiales previstos en dicho artículo, considera la central sindical accionante que el Estatut impide que los presupuestos de la Generalitat de Catalunya sean regulados mediante Decret-Llei, y el Decret-Llei 3/10 justo lo que hace es modificar el articulado de la Llei 25/2009 de pressupostos de la Generalitat para el año 2010, dando como resultado la alteración a la baja de las retribuciones de los empleados públicos de la administración catalana, en el caso que nos ocupa del personal laboral de la Generalitat. Añade la parte demandante que el Decret-Llei no fue tramitado como proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia en el Parlament catalán, que se limitó a convalidarlo, con la consecuencia de que ese Decret-Llei no se ha convertido en ley ordinaria, no es una ley formal del Parlament ( STC 29/182, de 31 de mayo). Señala finalmente la parte que, conforme a los artículos 27 y 28 LOTC 2/1979, cualquier norma autonómica que vulnere lo dispuesto en un Estatuto de Autonomía es inconstitucional, pues una norma que resulta contraria a lo dispuesto en un Estatuto de Autonomía supondría una modificación del propio Estatuto sin respetar lo que dispone el artículo 81.2 de la CE (mayoría absoluta para la modificación de una Ley Orgánica), y en el caso del vigente Estatuí d'Autonomía de Catalunya sus artículos 222 y 223.

Este argumento no es atendible a criterio de la Sala.

Las Comunidades Autónomas tienen, según reconoce la CE, autonomía financiera. Esta autonomía comporta, sin duda, la capacidad para elaborar y ejecutar sus propios presupuestos, a los cuales, sin embargo, la CE se refiere sólo, de manera implícita, al especificar su sometimiento al control del Tribunal de Cuentas. El régimen presupuestario de cada Comunidad se encuentra recogido en su Estatuto de Autonomía, así como en la LOFCA y en la Ley Orgánica 5/2001, complementaria de la Ley General de Estabilidad. Además, cada Comunidad ha dictado su propia legislación ordinaria, en general siguiendo las pautas del texto de la Ley General Presupuestaria. Los principios presupuestarios (legalidad, anualidad, unidad y universalidad) se presentan en los presupuestos de las Comunidades Autónomas en manera similar a los presupuestos del Estado, del mismo modo que es similar su estructura y el ciclo presupuestario.

Cuando el artículo 64 del Estatut establece que no podrá ser objeto del Decret-Llei, entre otras cosas, el presupuesto de la Generalitat, está diciendo que el presupuesto, tal y como lo define el artículo 212 del propio Estatut, esto es, el instrumento normativo que incluye todos los gastos y todos los ingresos de la Generalitat, así como los de los organismos, instituciones y empresas que dependen de la misma, no puede ser objeto de un Decret-Llei, pues incumbe al Parlament examinar el presupuesto elaborado por el Govern, enmendarlo y aprobarlo mediante Ley (art. 212 Estatut).

La Ley de Presupuestos tiene un contenido constitucionalmente determinado que se concreta en la previsión de ingresos y la autorización de gastos, debiendo esta última extenderse tanto al «quantum» como a su destino. Mediante la aprobación anual de la Ley de presupuestos las Cortes Generales y las Asambleas autonómicas autorizan el gasto máximo a realizar y el destino del mismo durante un ejercicio determinado, ejerciendo, de este modo, una función definida en la Constitución (arts. 66.2 y 134.1) y en los respectivos Estatutos de Autonomía.

Caben por supuesto normas extrapresupuestarias que incidan sobre las leyes de presupuestos. Señala la STC 3/2003 que «la Constitución y las normas que integran el bloque de la constitucionalidad establecen una reserva material de la Ley de presupuestos --la previsión de ingresos y autorizaciones de gastos para un año--, reserva que, aun cuando no excluye que otras normas con contenido presupuestario alteren la cuantía y destino del gasto público autorizados en dicha Ley, sí impide una modificación de la misma que no obedezca a circunstancias excepcionales».

Esta excepcionalidad se da en el caso sometido a nuestra consideración y el instrumento normativo de rango legal empleado para la modificación no plantea, a nuestro juicio, objeciones constitucionales. Recordar que, como indica la STC 60/1986, la reserva de ley no impide automáticamente el recurso al Decreto Ley, pues si así fuera carecerían de sentido los límites formales y materiales que respecto de los Decretos-Leyes se establecen en el artículo 86 CE. Sigue el TC señalando en tal resolución que «Que una materia esté reservada a la ley ordinaria, con carácter absoluto o relativo, no excluye eo ipso la regulación extraordinaria y provisional de la misma mediante Decreto-Ley, porque, como ya hemos dicho en nuestra Sentencia número 111/1983, de 2 de diciembre, «la mención a la Ley no es identificable en exclusividad con el de ley en sentido formal». Para comprobar si tal disposición legislativa provisional se ajusta a la norma fundamental, habrá que ver si reúne los requisitos establecidos en el art. 86 de la Constitución y si no invade ninguno de los límites en él enumerados o los que, en su caso, se deduzcan racionalmente de otros preceptos del texto constitucional, como, por ejemplo, las materias reservadas a Ley orgánica, o aquellas otras para las que la Constitución prevea expresis verbis la intervención de los órganos parlamentarios bajo forma de ley». No hay aquí, por tanto, un problema de reserva de ley, sino de vulneración o no de los requisitos y de los límites que para la emanación de Decretos-leyes por los gobiernos central y autonómicos establece la CE y el bloque de la constitucionalidad.

Cuando el artículo 134.5 CE dice que «aprobados los presupuestos ... el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario», a sensu contrario cabe interpretar que cuando no se trate de aumentar gasto o disminuir ingresos, como en el caso que nos ocupa de reducción de gasto en personal, no sería precisa una ley formal y bastaría con un Decret-Llei convalidado por el Parlament, que también tiene rango de ley, para disminuir los gastos públicos fijados por la Ley de Presupuestos. En la interpretación que mantenemos de dicho precepto constitucional, es dable admitir que tanto por vía de Decreto-Ley, vigente tras su convalidación, como por vía de ley formal ordinaria, se reduzca una partida de gasto prevista en los Presupuestos. Cabría a estos fines, por tanto, el recurso al Decreto-Ley, siempre y cuando, como es obvio, concurra el presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad, presupuesto que en nuestro caso la parte demandante no cuestiona. Por ello, como instrumento legal válido para operar la reducción del gasto salarial previsto inicialmente en la Llei de pressupostos para 2010, entendemos que no era estrictamente necesario tramitar el Decret-Llei 3/10 como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, bastando su convalidación por la cámara legislativa autonómica, sin que quepa sostener que tal instrumento normativo ha supuesto una intromisión del Govern en las competencias del legislativo catalán ex art. 64 del Estatuí, habida cuenta que el propio Parlament, tras convalidar el Decret-Llei, resolvió mayoritariamente, pese a la petición del Grup Parlamentan de Convergencia Unió, no tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia por 65 votos a favor y 70 en contra (ver Diario de Sesiones), de manera que no ha existido ni existe obligación alguna de convertirlo en una ley formal.

Entiende también la Sala que la postura del intérprete debe ser más flexible cuando la medida modificativa del presupuesto busca, como es el caso, la reducción del gasto y por ende del déficit público, en definitiva asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Mayor restricción interpretativa cabría postular respecto de las modificaciones presupuestarias que suponen incremento del gasto mediante mecanismos de aprobación de nuevos créditos o incremento de los existentes. Pero incluso en estos supuestos es habitual el recurso al Decreto-Ley, si bien ello haya suscitado las consiguientes críticas doctrinales. Porque el número de créditos extraordinarios y suplementarios aprobados mediante Decreto-Ley tras la promulgación de la Constitución es tan elevado que no podría transcribirse aquí sin ocupar excesivo espacio. Baste consultar la relación de normas con rango de ley aprobadas cada año para darse cuenta de que estamos ante una práctica consolidada. Pueden citarse algunos de los más recientes: Real Decreto-Ley 8/2009, de 12 de junio, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito, por importe total de 19.821,28 millones de euros, y se modifican determinados preceptos de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación, Real Decreto-Ley 6/2008, de 10 de octubre, por el que se crea el Fondo para la adquisición de activos financieros, Real Decreto-Ley 1/2008, de 18 de enero, por el que se determina el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para 2008 y se concede un crédito extraordinario en el Presupuesto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por importe de 200.000.000 euros con destino a la acogida e integración de inmigrantes, así como al refuerzo educativo de los mismos.

QUINTO.- Los gastos de personal en las administraciones públicas suponen una parte significativa de los gastos corrientes. Por tanto, los gastos de personal de la Generalitat constituyen una de las partidas principales de sus presupuestos. Pero no se afecta en el presente caso de forma sustancial tal partida, pues la reducción de la masa salarial sólo es del 5% y hay que valorarla en el contexto de las circunstancias extraordinarias concurrentes al tiempo de adoptarse la medida, que exigían una urgente reducción del gasto público a fin de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y, en definitiva, salvaguardar los intereses generales, legitimando esa situación de excepcionalidad la utilización por el Govern de la vía legislativa extraordinaria del Decret-Llei para materializar la medida de recorte salarial, dando respuesta a lo que el Tribunal Constitucional ha denominado como «coyunturas económicas problemáticas», para cuyo tratamiento el Decreto-Ley representa un instrumento constitucionalmente lícito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecución del fin que justifica la legislación de urgencia (SSTC 23/1993; 137/2003; 189/2005).

Debe además considerarse que el Decret-Llei 3/2010 es obligada transposición en Cataluña de determinadas medidas adoptadas pocos días antes por el Gobierno del Estado por medio del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, entre las que se incluyen determinados aspectos de carácter básico que son de aplicación general a las Comunidades Autónomas, en aras a acelerar la reducción de su propio déficit público, habiéndose dictado el Decret-Llei en ejecución de la competencia compartida con el Estado que corresponde a la Generalitat sobre la ordenación de la actividad económica en Catalunya (art. 152 Estatuí). El apartado 13s del artículo 149.1 CE atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, mientras que el artículo 156.1 CE establece la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda Pública estatal y de solidaridad entre todos los españoles, pudiendo la Generalitat, conforme al citado precepto estatutario, establecer una planificación de la actividad económica en el marco de las directrices que establezca la planificación general del Estado, correspondiendo a la Generalitat, entre otros aspectos, el desarrollo de los planes estatales y la participación en la planificación estatal. Señala el Decreto-Ley 8/2010 en su preámbulo que la reducción del 5% de la masa salarial «es de obligada aplicación a todas las administraciones, lo que supondrá un importante ahorro para las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales dado el importante peso que el empleo público tiene en las mismas». En suma, la actuación de la administración catalana se enmarca en el contexto de esa previa actuación del gobierno central, la que, en cuanto a la reducción salarial de los empleados públicos, encuentra fundamento constitucional en la competencia estatal sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (art. 149.1.13 CE), así como en el principio de coordinación con la Hacienda estatal que opera como límite de la autonomía financiera autonómica (art. 156.1 CE).

Lo expuesto hasta ahora nos permite concluir que no es objetable desde la perspectiva constitucional la intervención que sobre la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya para el año 2010 llevó a cabo el ejecutivo catalán por medio del Decret-Llei 3/2010, que entendemos respetó los límites materiales establecidos en el artículo 64 del Estatut de Autonomía.

SEXTO.- El segundo argumento barajado por el Sindicato demandante es que el tan citado Decret-Llei vulnera el artículo 28 CE, que garantiza la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva. Se alega por la central sindical demandante que se ha visto privada de tal negociación en virtud de ese instrumento legal, que ha dejado sin efecto el Acuerdo de la Mesa Negociadora de 3 de febrero de 2010, por el que se estableció el incremento salarial para el año 2010, en relación con los artículos 28 y 12.b) del vigente Convenio Colectivo Único del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, que es fruto de una negociación entre la Administración catalana y los sindicatos presentes en la Mesa Negociadora, privándose con esta acción legislativa del Govern de eficacia a la capacidad de negociación de los sindicatos legalmente legitimados para negociar las tablas retributivas de todo el personal incluido en el ámbito de aplicación del Convenio, invalidándose al mismo tiempo las tablas ya acordadas y negociadas con las centrales sindicales legitimadas.

Este argumento tampoco nos parece atendible. No es ocioso recordar que el principio de jerarquía normativa, reconocido en el art. 9.3 CE, impide que los acuerdos retributivos alcanzados mediante pacto o convenio prevalezcan sobre las concretas determinaciones contenidas en normas con rango de ley, y así la STC 210/1990, de 20 de diciembre, con cita de las SSTC 58/1985, de 30 de abril, 177/1988, de 10 de octubre, y 171/1989, de 19 de octubre, ya señaló que el convenio colectivo ha de adecuarse a lo previsto en las leyes, de tal modo que es el convenio el que debe respetar y someterse a la Ley y a las normas de mayor rango jerárquico y no al contrario. El Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, en sentencia de 9 de diciembre de 1995, señalaba que el artículo 37.1 CE (derecho a la negociación colectiva y fuerza vinculante de los convenios) no se vulnera por la entrada en vigor de una ley que repercuta sobre los convenios colectivos que estén entonces vigentes. Aunque la negociación colectiva descanse y se fundamente en la Constitución (artículo 37.1), de esta misma se deriva la mayor jerarquía de la ley sobre el convenio, como se desprende de su artículo 7, que sujeta a los destinatarios del mismo, sindicatos de trabajadores y organizaciones empresariales, a lo dispuesto en la ley. La integración de los convenios colectivos en el sistema formal de fuentes del Derecho, resultado del principio de unidad del ordenamiento jurídico, supone el respeto por la norma pactada del derecho necesario establecido por la Ley, que, en razón a la superior posición que ocupa en la jerarquía normativa, puede desplegar una virtualidad limitadora de la negociación colectiva y puede, igualmente, de forma excepcional reservarse para sí determinadas materias que quedan excluidas, por tanto, de la contratación. La negociación colectiva no puede entenderse excluyente e inmodificable, pues ello supondría frenar la evolución y el progreso del Derecho del Trabajo y convertir lo negocial en derecho necesario absoluto y en tantos derechos necesarios como convenios hubiera. No puede aceptarse un debilitamiento de la imperatividad de la ley en favor de lo dispositivo, a menos que la propia ley así lo autorice, flexibilizando sus mandatos.

El sistema de fuentes jurídico-laborales establecido en nuestro ordenamiento no impide al legislador adoptar medidas restrictivas de condiciones de trabajo previstas en convenio colectivo, pues el ordenamiento jurídico constitucional reconoce el derecho a la negociación colectiva como un derecho de configuración legal, en el que el convenio tiene fuerza vinculante dentro del respeto a las leyes (art. 85 ET), o, «en el campo de juego que la ley le señala».

Ello no significa que el legislador cuente con un margen ilimitado para alterar lo dispuesto en un convenio colectivo. Lo acordado en los convenios colectivos puede ser modificado por el legislador siempre y cuando la modificación no tenga tal entidad que afecte al contenido esencial del derecho a la negociación colectiva (art. 53.1 CE). Pero no hay afectación de esta magnitud en las circunstancias del presente caso, en que la reducción de salarios operada por vía de legislación de urgencia no ataca el derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE) -- en que se integra el derecho a la negociación colectiva cuando se ejerce dicho derecho por los sindicatos--, pues en la contraposición que se plantea, de cara a la regulación de las condiciones de trabajo, entre la imposición unilateral, mediante la utilización del Decret-Llei, y la autonomía colectiva, canalizada a través de la negociación del convenio colectivo y el Acuerdo de la Mesa Negociadora, ha de prevalecer la primera cuando se da, como en el caso analizado, una situación de excepcionalidad.

La clasificación de empleados públicos que contiene el artículo 8 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) contiene una referencia al personal laboral, que aparece igualmente incluido en el ámbito de aplicación de dicha Ley «en lo que proceda» (artículo 2.1 EBEP). De este modo, el EBEP tiene como uno de sus objetivos la determinación de las normas aplicables al personal laboral de las Administraciones Públicas (artículo 1.2 EBEP). En lo referido específicamente a la negociación colectiva de los empleados públicos con contrato de trabajo, el EBEP hace una remisión genérica a la legislación laboral (artículo 32 EBEP), de forma que a regulación de la negociación colectiva del personal laboral de las Administraciones Públicas está ubicada en el Título III del Estatuto de los Trabajadores (ET). En relación con los derechos retributivos, una de las materias reguladas por el EBEP, los convenios colectivos deben tener presente dos limitaciones específicas en relación con su contenido: los límites a los incrementos salariales y la materia de seguridad social complementaria. El artículo 27 EBEP establece que las retribuciones del personal laboral se determinarán de acuerdo con la legislación laboral, el convenio colectivo aplicable y el contrato de trabajo, respetando en todo caso lo estipulado en el artículo 21 del mismo Texto legal. Según este último precepto, el incremento de la masa salarial del personal laboral deberá reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente Ley de Presupuestos. Este tope afecta y vincula a las partes negociadoras de los convenios, que no podrán pactar una masa salarial por encima de los máximos establecidos. De superar dichos máximos, incurrirían en ilegalidad, tal como refiere el citado artículo 21 EBEP cuando refiere que «no podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal». Por su parte, el artículo 134.2 CE y la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, señalan que las leyes Generales de Presupuestos del Estado de cada año incluirán la totalidad de gastos del sector público estatal, entre los que se incluyen las retribuciones del personal laboral. De esta forma, en cuanto a la determinación de los salarios en los convenios colectivos, la negociación deberá consistir únicamente en la distribución y aplicación individual de aquellas partidas en las que ello sea posible, sin poder intentar conseguir un incremento global, dado que éste viene fijado obligatoria e inamoviblemente en la Ley General de Presupuestos.

La llamada que hace la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya para 2010, tras su modificación por el Decret-Llei 3/2010, en su artículo 26 bis.4, a la negociación colectiva para la distribución definitiva de la reducción salarial, distribución susceptible de alteración por tanto mediante la negociación colectiva, con la salvedad de que en ningún caso pueda derivarse de semejante posibilidad un incremento de la masa salarial, no hace sino corroborar el papel secundario que asume la negociación colectiva frente a la Ley (Llei de Pressupostos) respecto de la fijación de las retribuciones del personal laboral de la Administración catalana.

Por lo demás, cabe señalar que, respecto de los acuerdos y pactos con los funcionarios públicos, el EBEP prevé que en situaciones excepcionales y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, el órgano de gobierno puede suspender o modificar el cumplimiento del acuerdo alcanzado en materia retributiva, en la medida necesaria para salvaguardar el interés público, informando a las organizaciones sindicales de esta decisión (art. 38-10). De la misma manera, tratándose de personal laboral de las administraciones públicas, cabe entender que por Ley (art. 53.1 CE), no identificable en exclusividad como Ley en sentido formal, también por tanto por Decreto-Ley oportunamente convalidado, concurriendo obviamente una situación de extraordinaria y urgente necesidad, resulta posible suspender o modificar a la baja un acuerdo retributivo alcanzado por pacto o convenio con trabajadores del sector público. Modificada de esta manera la norma presupuestaria, se impone a lo pactado en la Mesa Negociadora del convenio colectivo, en base al principio de jerarquía normativa del artículo 9.3 CE, sin menoscabo del derecho a la negociación colectiva y a la libertad sindical, al no afectarse el contenido esencial de dichos derechos. En efecto, el Decret-Llei, a salvo del decremento de las retribuciones, no incide en las restantes condiciones de trabajo del personal laboral afectado por el conflicto colectivo, que quedan incólumes y son materia propia de la negociación colectiva. Además, como se ha dicho, las Leyes de Presupuestos establecen límites en materia de retribución de los empleados públicos, limitando con ello el papel de la negociación colectiva en materia retributiva en el ámbito de la Administración Pública, sin que se haya considerado que el establecimiento de dichos límites suponga una vulneración de la autonomía colectiva y de la libertad sindical. En este sentido, numerosos pronunciamientos de este Tribunal Superior de Justicia y de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ( STS 16-2-1999), en relación con la congelación salarial de los trabajadores del sector público establecida para el año 1997 por la ley presupuestaria estatal y, de conformidad con ella, la ley autonómica catalana, en divergencia con el contenido de los convenios colectivos vigentes suscritos con anterioridad, declararon que no vulnera el derecho a la negociación colectiva que integra el contenido esencial de la libertad sindical, porque los convenios no pueden impedir la aplicación del principio de jerarquía normativa, cediendo el convenio colectivo ante las normas de derecho necesario que imponen una política de control de rentas en interés general, aunque quede sacrificado el particular de los trabajadores del sector público (STSJ CAT 6-5-1997). Por último, como ya dijimos «ut supra», la reducción de la masa salarial sólo es de un 5% y se justifica sobradamente por las circunstancias extraordinarias concurrentes al tiempo de adoptarse la medida, que exigían una urgente reducción del gasto público para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

SÉPTIMO.- Finalmente, la parte actora alega vulneración del principio de prohibición de que la Administración vaya contra sus propios actos, al firmar el Acuerdo de la Mesa Negociadora en febrero de 2010 y sólo tres meses más tarde dictar una norma --Decret-Llei 3/2010-- que modifica e impide el cumplimiento de lo pactado, lo que contraría lo dispuesto en el artículo 9.3 CE, en relación con el artículo 81.2 al superar el límite material establecido en el artículo 64.1 del Estatuí, lo que, en definitiva, supone para la demandante una modificación sustancial de condiciones de trabajo en la que no se han cumplido los requisitos del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, vulnerando los derechos adquiridos del personal laboral afectado por las tablas salariales pactadas en el Mesa Negociadora del Convenio a percibir las retribuciones acordadas y señaladas en aquellas tablas.

Estos argumentos tampoco pueden merecer favorable acogida. Reiteramos lo ya dicho sobre la --a nuestro juicio-- regularidad constitucional del Decret-Llei 3/2010, como respecto a la subordinación de lo pactado en la mesa del Convenio a una norma de rango superior, en este caso la Llei 25/2009 de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya (que modificó dicho Decret-Llei). Por otra parte, el invocado principio de seguridad jurídica (artículo 9.3 CE) no puede erigirse en un valor absoluto entendiéndose como un derecho de los ciudadanos al mantenimiento de un determinado régimen sin posibilidad alguna de dar respuesta normativa a un cambio socioeconómico, lo que supondría la congelación e incapacidad de adaptación a la realidad del ordenamiento vigente. Como toda Administración Pública, la autonómica tiene como finalidad esencial la del servicio público y como consecuencia de ello la necesidad de controlar adecuadamente el manejo de los fondos públicos, por lo que es legítimo que, en defensa del interés general, en una situación de profunda crisis económica, que aboca en definitiva a la necesidad de control y reducción urgente del gasto público, acometa por cauce legal adecuado una reducción de la masa salarial del colectivo de empleados públicos de la Generalitat.

Por otro lado, la parte demandante traslada la «teoría de los actos propios» a un ámbito ajeno a aquél en que se desenvuelve. Los acuerdos alcanzados por la Administración catalana con la parte social en la Mesa Negociadora del convenio colectivo no son expresivos de una declaración de voluntad que vincule a la empleadora de manera definitiva, que como vimos goza de facultad para suspender o modificar lo pactado de concurrir razones excepcionales de interés general que así lo aconsejen, en legítimo ejercicio de la competencia que corresponde a la Generalitat de Catalunya para la planificación y ordenación de la actividad económica en Catalunya (art. 152 Estatut), en el marco de las directrices que establece la planificación económica del Estado.

Finalmente, en cuanto a la alegada vulneración de los derechos adquiridos del personal laboral de la Generalitat a percibir las retribuciones acordadas en el Acuerdo de la Mesa Negociadora del convenio colectivo, diremos en primer término que el derecho adquirido es aquél de carácter subjetivo que por virtud de un determinado sistema legal ha entrado a formar parte del patrimonio de una persona de modo definitivo y que deberá ser respetado en todo caso. El artículo 9 CE garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Así quedan salvaguardados los derechos adquiridos, pues cuando en un sistema legal establecido tenga lugar un cambio o reforma legal que varíe la situación vigente, la nueva ley no podrá atacar los derechos anteriormente reconocidos. En segundo lugar, en cuanto a si el derecho de tracto sucesivo a percibir de futuro los salarios acordados por la Mesa Negociadora entra, o no, dentro del concepto de derecho adquirido, la Sala debe responder negativamente atendiendo ex art. 5.1 LOPJ a la doctrina emanada del Tribunal Constitucional en orden al tratamiento de los derechos adquiridos, que ha señalado (S. 108/1986, de 29 de julio) que la invocación del principio de irretroactividad no puede presentarse como una defensa de una inadmisible petrificación del ordenamiento jurídico; y que la prohibición de la retroactividad sólo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto, y no a los pendientes, futuros, condicionados y expectativas. Hasta el punto de calificarse de «huidiza» la teoría de los derechos adquiridos en sentencia 27/1981, de 20 de julio, del Pleno del Tribunal, que no puede enfrentarse a las normas legales »(...) porque la Constitución no emplea la expresión «derechos adquiridos», y es de suponer que los constituyentes la soslayaron, no por modo casual, sino porque la defensa a ultranza de los derechos adquiridos no casa con la filosofía de la Constitución, no responde a exigencias acordes con el Estado de Derecho que proclama el art. de la Constitución; fundamentalmente, porque esa teoría de los derechos adquiridos, que obliga a la Administración y a los Tribunales cuando examinan la legalidad de los actos de la Administración, no concierne al legislativo, ni al Tribunal Constitucional cuando procede a la función de defensa del ordenamiento, como intérprete de la Constitución».

En definitiva, no existen derechos adquiridos más que sobre las retribuciones efectivamente percibidas o devengadas, sin que haya recaído sobre ellas ninguna retroactividad vedada por la Constitución, pues la nueva regulación legal analizada sólo contempla la mengua de las retribuciones salariales que a partir de su vigencia mensualmente se devenguen. El problema de irretroactividad debe referirse exclusivamente a los salarios ya cobrados, puesto que en los devengados a partir de junio de 2010 no puede hablarse de derechos adquiridos, sino sólo de expectativas fuera del ámbito de la protección constitucional de la retroactividad. Lo que prohibe el art. 9.3 CE es la retroactividad entendida como incidencia de la nueva ley en los efectos jurídicos ya producidos en situaciones anteriores, pero no la incidencia de la nueva ley en los derechos en cuanto a su proyección hacia el futuro (STC 97/1990). No hay, pues, privación de derechos, sólo alteración de su régimen en el ámbito de la potestad del legislador constitucionalmente permisible. En la medida que la eficacia del Decret-Llei se proyecta sólo hacia situaciones futuras, y no afecta por ello a derechos ya consolidados, no produce efectos retroactivos constitucionales prohibidos y es, por ello, a criterio de la Sala, constitucionalmente legítimo.

Por cuantas razones se dejan expuestas procede la desestimación de la demanda, con absolución de la parte demandada.