PRIMERO: Como hemos dicho,
el actor interesa en su recurso la estimación íntegra de la demanda, mediante la cual, con fundamento en el
artículo 1903 del Código civil
(LA LEY 1/1889)
, reclama solidariamente a los demandados los daños producidos por la hija menor de edad de los demandados en el vehículo propiedad del ahora apelante (turismo BMW, modelo MC-MAN),
cuando la joven (en ese momento, de catorce años) conducía sola y se salió de la carretera por la que circulaba debido a su falta de pericia. Por el contrario,
la demandada, madre de la menor, considera que ninguna responsabilidad se le puede imputar; y, subsidiariamente, alega que el porcentaje de distribución de la indemnización fijada en la sentencia (un tercio del valor en venta del automóvil) debe ser atribuido en sentido inverso al expresado en la sentencia apelada: un tercio para ella y dos terceras partes para el padre de la menor.
SEGUNDO: Para resolver la presente controversia -que recae principalmente en la persona a quien se debe imputar que la hija de los demandados condujera el vehículo del actor-, debemos partir de los hechos declarados probados relatados en el fundamento de Derecho segundo de la sentencia, dado que, tras el examen de las actuaciones y el visionado de la grabación del juicio, no apreciamos ningún error en la valoración de las pruebas, sin perjuicio de las matizaciones que podamos introducir a continuación. Tales hechos dicen así: 1.- El actor [de 28 años en la fecha que se dirá] mantenía una relación [de noviazgo] con la niña desde hacía más de un año y era consciente de que su edad era de 14 años en ese momento [cuando sucedió el accidente objeto de juicio]. 2.- Ambos aprovechaban la nula comunicación de los padres divorciados para relacionarse sin que se enterara ninguno de ellos. 3.- El padre tenía a la niña a primeros de julio [de 2007] con él [en Raimat, Lérida]. Tres días antes del accidente [que ocurrió el día 10 de julio de 2007], el padre llevó de nuevo a su hija a Binéfar [lugar de domicilio de la madre]. Dadas las pésimas relaciones entre los progenitores, el padre la dejó en el portal de la abuela y, sin ver si entraba en dicho domicilio, se marchó. La menor llamó al hoy actor, y, sin conocimiento ni consentimiento de ninguno de los progenitores, se fue al domicilio del hoy actor [en Altorricón] de acuerdo con él. 4.- El actor poseía un coche deportivo, el que al fin y a la postre fue destrozado en el accidente por la niña, y se da por cierto que fue el hoy actor el que le enseñó a conducirlo. Un coche de esas características resulta imposible de conducir si previamente no se tienen unas mínimas nociones de conducción y del propio coche en sí, encendido, marchas, luces, dispositivos, etc., y éstas solo podrían haber sido explicadas y permitida la conducción de dicho coche por el actor, máxime cuando resulta un coche harto complicado de conducir dados los 350 caballos de potencia, que presuponen aceleraciones brutales. 5.- Al tercer día de convivencia entre ambos en casa del actor, mientras los padres seguían ignorantes de dónde estaba o qué hacía la niña, el actor se fue a trabajar a Graus en otro vehículo, dejó las llaves en casa y el propio coche en la puerta. La niña cogió el coche y tuvo un accidente en la carretera [A-1240, Estación de Tamarite de Litera-Alcampell, punto kilométrico 6,300, término municipal de Altorricón, sentido a esta localidad], en virtud del cual el vehículo quedó destrozado.
TERCERO: 1. Sentado todo lo anterior,
compartimos la conclusión inicial a la que llega la sentencia apelada en su fundamento de Derecho cuarto
cuando mantiene que el actor no solo ejercitaba de facto la guarda de la menor, sino que, además, lo hacía con carácter exclusivo, en tanto que los padres desconocían esta situación. Así, como señala el propio Juez de instancia, "no se puede alegar la responsabilidad de los padres en la guarda, cuando fue precisamente el actor [mayor de edad] quien impedía su correcto ejercicio".
Lo que no compartimos es que, a pesar de semejante declaración de principios, la sentencia funde la corresponsabilidad de los demandados (una tercera parte) en el genérico deber de educación, a pesar de que el
artículo 1903 del Código civil
(LA LEY 1/1889)
, en su párrafo segundo, establece la responsabilidad de los padres por daños causados por los hijos cuando se encuentran "bajo su guarda", es decir, bajo su vigilancia y control, a fin de ejercer la obligada diligencia "in custodiando" o "in vigilando". Por tanto, deben caer fuera de su ámbito situaciones, aun provisionales, en las que un tercero se hace cargo de las facultades de custodia, cuidado y atención de un menor propias de la autoridad familiar, como puede ocurrir, por ejemplo, cuando el menor causa daños en el Centro docente al que asiste.
En el presente caso, el demandante no dio aviso a ninguno de los padres de la joven ni a la abuela tras recibir su llamada de teléfono, sino que convivió con ella durante tres días en su propio domicilio, en Altorricón,
hasta que acaeció el accidente de tráfico, por fortuna, sin consecuencias físicas graves para la menor.
2.
En suma, fue el aquí apelante el que con su conducta permitió que la hija de los demandados tuviera la disponibilidad de las llaves del turismo y del propio coche, no los demandados, los que nada sabían ni podían saber sobre esta situación; y, además, fue el actor quien había enseñado a la niña a conducir el mismo vehículo por el polígono industrial de la población.
Sobre la base de todo ello, la acción ejecutada por la niña no es reprochable a los padres, sino que, por el contrario, es imputable objetivamente al actor, porque solo de él dependía prevenir el peligro de que la menor condujera un potente coche deportivo. A tales efectos, lo trascendental es que el demandante sabía que su entonces novia era menor de edad (él declara que creía que tenía 17 años), aparte de que ningún error de hecho apreciamos cuando la sentencia de primer grado mantiene que él conocía que tenía 14 años en la fecha de autos (13 años cuando comenzaron la relación). A mayor abundamiento, si bien el Juez de instancia no declara probado (ni tampoco no probado), por considerarlo intrascendente, el motivo expresado por la hija de los demandados en su exploración (folio 252) con ocasión del cual condujo el vehículo (que Carlos Antonio la llamó desde Graus y le dijo que le llevara con el coche una documentación del trabajo que se había olvidado, y que al final, tras recorrer varios kilómetros, se dio la vuelta, hasta que ocurrió el accidente), lo cierto es que a la Sala le parece creíble la declaración de la menor, con lo que la imprudencia del actor queda aún más patente si cabe.
4.
Por todo lo expuesto, no podemos estimar la demanda a fin de incrementar la condena de los demandados, ni siquiera respecto a la valoración de los daños, puesto que, como acabamos de decir, no les es reprochable responsabilidad alguna en los hechos que nos ocupan. Todo ello conlleva: a) la desestimación del recurso del actor; b) la estimación del recurso de la demandada y la consiguiente desestimación de la demanda respecto de ella; y c) la confirmación de la sentencia con relación al demandado, porque se conformó con la cuota de responsabilidad decidida en primera instancia y la sentencia no declara la responsabilidad solidaria de ambos demandados.
CUARTO: Conforme al artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debemos imponer al actor las costas de primera instancia causadas por la demanda dirigida contra la demandada ahora absuelta, mientras que nada tenemos que decir sobre el resto de las costas de primera instancia, dado que el demandado se ha conformado con lo decidido en la sentencia apelada. De acuerdo con el mismo precepto, en relación con el artículo 398.1, procede condenar al demandante al pago de las costas de esta alzada causadas por su recurso, pues ha sido desestimado; y, con arreglo al artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000), no debemos hacer especial declaración sobre las costas de esta segunda instancia producidas por el recurso estimado.