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PRIMERO.- La actora, doña María Inés , ejercita acción contra la Mutua General de Seguros dirigida a que ésta le indemnice en los daños sufridos como consecuencia de un accidente de tráfico, ocurrido cuando el conductor del vehículo por aquélla asegurado sufrió un desvanecimiento súbito a consecuencia de un infarto de miocardio, perdiendo el control del automóvil, que fue a estrellarse contra un camión que venía en sentido contrario. La demandada invocó como primer motivo de oposición la concurrencia de fuerza mayor, que es rechazado por la resolución de instancia tras analizar exhaustivamente los conceptos y las diferencias entre aquél y el caso fortuito, inclinándose por éste, proclamando, en consecuencia, la responsabilidad de aquélla, que sólo quedaría exonerada si la causa del evento fuese debida a fuerza mayor.

Frente a lo anterior, la condenada alega ante esta alzada que el infarto sufrido por su asegurado constituía un hecho imprevisible, pues no tenía antecedentes de riesgo cardiovascular, y, por tanto, inevitable, por lo que ninguna culpa le es imputable a aquél, requisito imprescindible para el nacimiento de su responsabilidad, incluso por aplicación del artículo 1 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, de 8 de noviembre de 1.995, que no acoge la teoría puramente objetiva del riesgo, sino una responsabilidad atenuada, citando diversa jurisprudencia.

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 1 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, el conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción del mismo, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación. En el caso de daños a las personas, sólo quedará exonerado de esta responsabilidad "cuando pruebe que los daños fueron debidos únicamente a la conducta o la negligencia del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo; no se considerarán casos de fuerza mayor los defectos del vehículo ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o mecanismos." Consecuentemente, incluso en los supuestos de caso fortuito, el conductor viene obligado a responder.

El problema estriba en determinar en qué consiste el caso fortuito y en distinguirlo de la fuerza mayor, cuestión que ha sido ampliamente analizada en la sentencia de instancia y sobre la que concurre copiosa jurisprudencia.

Al respecto debe destacarse la sentencia de 5 de junio de 1.999 de la Audiencia Provincial de Castellón (EDJ 1999/46569) que hace un exhaustivo y brillante estudio, que también es citada en la sentencia apelada. Este Tribunal también coincide con la primera en que "todo cuanto emane y sea consecuencia de la conducción mecanizada, todo lo que tenga su arranque casual en hechos a ella inherentes, todo lo que sea consustancial al peligro que la circulación motorizada entraña y al riesgo que su dinámica proyecta, por ser de anticipada previsión y tácita aceptación por el usuario del vehículo y porque la Ley se apoya, para configurar la responsabilidad cuasi-objetiva o atenuada, en la calificación como artefacto peligroso del vehículo de motor, razón por la cual se le impone la asunción de los riesgos creados, tiene que reputarse ajeno al concepto de fuerza mayor, cuyo ámbito, en esta específica área, queda reducido a los sucesos absolutamente extraños a la circulación y a los elementos en ella normalmente concurrentes (vehículos-conductores-peatones) y no incluidos en los peligros naturales o típicos ínsitos en aquélla, definida por su carácter inexorable y de fatalidad."

De acuerdo con lo expuesto, ninguna duda cabe que el suceso acaecido se encuadra más en la figura del casi fortuito que en el de la fuerza mayor, en el específico sentido que le impregna esta materia, pues el accidente se desencadenó por el infarto que sufrió el conductor, con pérdida súbita de conciencia, lo que de ningún modo constituye una causa ajena o extraña al ámbito de la actividad (conducir) que desarrollaba aquél, antes al contrario se incardina en la esfera propia e inherente a dicha actividad.

TERCERO.- Desestimado el primer motivo de impugnación, discrepa la aseguradora de la cuantía fijada como indemnización por las secuelas, en el extremo relativo al desgarro parcial del tendón supraespinoso. A su entender la Magistrada de instancia, que se apoya por completo en el informe pericial emitido por el perito judicial Sr. Juan María , no ha tenido en cuenta las dudas que éste expresa sobre este particular, quien explicó lo curioso que resultaba que no conste que la paciente se quejase del hombro izquierdo en los informes de urgencias de los días 21 (el mismo día del siniestro) y 24 de diciembre de 2.001, ni tampoco aparece en el informe emitido por el Dr. Jaime el 1 de abril de 2.003, cuando se trata de una lesión que se produce de forma traumática, súbita y aguda, lo que debió ser objeto de consulta, estimando igualmente curioso que durante todas sus asistencias no se le practique ninguna prueba tendente a diagnosticar su problema, hasta transcurridos 285 días del accidente. Por ello, entiende la recurrente, al igual que Don. Jaime Varela (que informó a su instancia), que esa secuela no ha quedado acreditada.

El motivo tampoco puede prosperar porque la apelante hace una lectura sesgada de la pericial Don. Juan María . Es cierto que expresa tales dudas, pero no lo es menos que, a pesar de ello, acepta que dicha secuela es habitual en esta clase de accidentes y acepta la relación de causalidad. Además, los intentos dolores que sufría la lesionada tras el accidente, especialmente en la zona contigua al citado hombro, hacían difícil distinguir su concreto origen, máxime cuando fue tratada con analgésicos, lo que pudo enmascarar el desgarro del tendón durante mucho tiempo.

CUARTO.- Finalmente, se solicita en el recurso que no se aplique el interés moratorio del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro al amparo del apartado octavo del mismo precepto, por cuanto la confusión existente entre caso fortuito y fuerza mayor genera una duda razonable sobre la obligación de la aseguradora de indemnizar, citando jurisprudencia que, a su entender, lo avala.

El apartado 8º del artículo 20 alude a que no procede la indemnización por mora cuando la falta de satisfacción de la prestación por parte del asegurador no le sea imputable o cuando esté fundada en una causa justificada. La cuestión pasa, pues, por clarificar qué se entiende por "causa justificada" o "no imputable". Como apunta la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2.003, la Ley de Contrato de Seguro impone al asegurador un deber de diligencia en la práctica de las investigaciones y peritaciones necesarias para la determinación de su deuda y el cumplimiento de sus obligaciones, que ha de llevarse a efecto dentro del plazo de tres meses marcados por el apartado cuarto de dicho artículo, sancionándole, si no lo observa, con un régimen moratorio ciertamente gravoso. Desde esta perspectiva ha de interpretarse el cuestionado precepto, que entraría en juego para aminorar las consecuencias de ello cuando concurra alguna causa que haya impedido a la aseguradora atender dentro de ese periodo sus obligaciones contractuales. Por lo tanto, lo que ha de valorarse en cada caso es la desidia o presteza de la aseguradora en afrontar y cumplir con su deber de resarcimiento al perjudicado.

De acuerdo con ello, la controversia sobre la cuantía de la indemnización y la inicial iliquidez de ésta no constituye, en principio, causa exoneradora, pues, como razonaba la sentencia del mismo alto Tribunal de 10 de enero de 1.989, no basta con que la aseguradora discrepe del cálculo y valoración cuando la propia ley le pone a su alcance medios suficientes para valorar el daño, amén de que convertiría el precepto en "ilusorio, totalmente inútil e inaplicable judicialmente, puesto que iniciado un proceso penal o interpuesta una demanda civil, nunca antes de la sentencia firme podría calificarse de líquida y exigible la indemnización" (sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba de 16 de septiembre de 2.002). Otra cosa es que a la aseguradora, tras emplear todos los mecanismos disponibles y la debida diligencia, no pudiese cuantificar finalmente el perjuicio, supuesto en que habría que aplicar la exención. No obstante, en el ámbito de la conducción a vehículos a motor, las posibilidades de aplicación del artículo 20.8 son muy excepcionales, pues el apartado segundo de la Disposición Adicional de la Ley 30/95, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados, en la redacción dada por la Disposición Final Decimotercera de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, regula minuciosamente las opciones de la aseguradora en caso de que los perjuicios no puedan concretarse en ese plazo inicial de tres meses.

Por otro lado, cuando las dificultades no surgen respecto de la cuantificación de la deuda sino sobre la existencia misma de la responsabilidad, la solución ha de ser similar, valorando otra vez, caso por caso, la diligencia que la aseguradora ha desplegado para aclararla, y las dificultades concurrentes en cada momento para su determinación.

De acuerdo con los expuestos parámetros, resulta meridiano que la aseguradora no empleó toda la diligencia debida, pues pudo y debió cuantificar en su momento la deuda. Y en cuanto a las dudas sobre su responsabilidad, derivadas de la calificación del hecho como caso fortuito o fuerza mayor, están únicamente en la mente de la recurrente en tanto responde a una lectura interesada del artículo 1 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor y a la jurisprudencia que lo desarrolla, siendo esta última unánime y contundente en considerar que el conductor no queda exonerado de responsabilidad por los daños personales ocasionados cuando pierde el control de su vehículo a causa de un infarto súbito y sorpresivo, a pesar de lo cual aquélla no atendió en forma alguna a la perjudicada por el hecho.

Por ello, y porque en definitiva la aseguradora no dispensó a la víctima el trato presto y deferente que emana de la Ley de Contrato de Seguro, es por lo que debe ser confirmada también en este punto la sentencia impugnada.

QUINTO.- Al desestimarse el recurso las costas se imponen a la recurrente (artículo 798.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).