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1. No importa en este momento cuál sea el tema principal del proceso y puede no llegar a importar nunca si se diera lugar a la objeción procesal que planteó lúcidamente el Fiscal, aun cuando la considerase superable y, una vez superada, se pronunciara en favor del amparo. Al efecto conviene subrayar que los hechos determinantes de los dos agravios de los cuales se queja el demandante, otras tantas omisiones, por no haber traducido los informes forenses a un idioma conocido por el acusado y no haberle dejado a éste la última palabra, se produjeron en el transcurso del juicio oral, pero fueron denunciadas en el escrito de formalización del recurso de casación, primer escrito y primera actuación después de notificada la Sentencia, cerniéndose así sobre la viabilidad de la pretensión procesal la sombra de una eventual inadmisibilidad por no haber sido invocado el derecho constitucional vulnerado tan pronto como, una vez conocida la violación, hubo lugar para ello, carga configurada como presupuesto procesal o requisito del recurso [art. 44.1 c) LOTC (LA LEY 2383/1979)].

En tal sentido es evidente, por una parte, que el juicio oral termina cuando el Presidente de la Sala lo declara concluso para Sentencia (art. 740 L.E.Crim. (LA LEY 1/1882)) y por otra y con pareja evidencia, resulta que cronológicamente después, por la misma naturaleza de las cosas, ha de leerse el acta de la sesión, cuya redacción corresponde al Secretario, en la cual pueden hacerse las rectificaciones que las partes reclamen, si el Tribunal en el acto las estima procedentes (art. 743, párrafo 2.). El contenido de este reflejo documental del juicio consiste en un relato histórico, ya que ha de recoger sucintamente «cuanto hubiere ocurrido», en expresión de la propia Ley, sin incorporar en principio elementos nuevos ni actuaciones posteriores. Desde tal perspectiva, la posibilidad de hacer «rectificaciones» ha de entenderse con referencia a los errores o imperfecciones de la narración de lo sucedido, no comprendiendo extensivamente adiciones como pueden ser las protestas no formuladas en un acto ya fenecido, cuya clausura por la presidencia hizo imposible la formulación, sin que tal situación pudiera suscitar temor alguno de riesgo para la defensa por quedar en sus manos la oportunidad de hacerlo constar precisamente como fundamento de la casación. No cabe duda de que materialmente pudo haberse intentado introducir la invocación de ambos agravios en la versión definitiva del acta y nunca sabremos si la Sala lo hubiera admitido o no, pero no se hizo así. En este momento, a la vista de las normas procesales ya analizadas anteriormente, la solución adecuada al caso no es otra sino tener por cumplido el presupuesto procesal cuya existencia estaba en tela de juicio.

2. Las deficiencias denunciadas como soporte del amparo, que se produjeron en el juicio oral, ofrecen muy distinta solidez si se repara, como luego se dirá, en que la primera en el tiempo no tiene base real. Por de pronto, y a guisa de común denominador de ambas situaciones, no estará de más traer a la memoria las líneas esenciales que diseñan el lado negativo de la tutela judicial, a lo largo y a lo ancho de la copiosa casuística convertida en doctrina de este Tribunal. Efectivamente, la indefensión, que se concibe constitucionalmente como una negación de tal garantía y para cuya prevención se configuran los demás derechos instrumentales contenidos en el art. 24 C.E. (LA LEY 2500/1978), ha de ser algo real, efectivo y actual, nunca potencial o abstracto, por colocar a su víctima en una situación concreta que le produzca un perjuicio, sin que le sea equiparable cualquier expectativa de un peligro o riesgo. Por ello hemos hablado siempre de una indefensión «material» y no formal para la cual resulta necesaria pero no suficiente la mera transgresión de los requisitos configurados como garantía, siendo inexcusable la falta de ésta, cuando se produce de hecho y como consecuencia de aquélla. No basta, pues, la existencia de un defecto procesal si no conlleva la privación o limitación, menoscabo o negación, del derecho a la defensa en un proceso público con todas las garantías «en relación con algún interés» de quien lo invoca (STC 90/1988 (LA LEY 891/1988)).

En tal aspecto es razonable que el derecho a «ser asistido gratuitamente por un intérprete» haya de ser incluido sin violencia conceptual alguna en el perímetro de este derecho fundamental, aun cuando la norma constitucional no lo invoque por su nombre. Al efecto cobran su auténtica dimensión no solo esclarecedora sino integradora los tratados y acuerdos internacionales sobre la materia, a cuya luz han de interpretarse las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades (art. 10 C.E. (LA LEY 2500/1978)). Pues bien, aquel derecho está reconocido tal cual por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos (LA LEY 16/1950) [Roma, 1950, art. 6.3 e)] y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (LA LEY 129/1966) [Nueva York, 1966, art. 14.3 f)], ambos ratificados por el Reino de España en 1977 y 1979, en orden inverso. El enunciado abstracto con el cual comienzan ambos preceptos coincidentes a la letra es completado, sin embargo, por un condicionamiento que enlaza directa e inmediatamente con la dimensión «material» de la indefensión, anteriormente perfilada. Efectivamente, la exigencia de intérprete se da cuando el acusado «no comprenda o no hable el idioma empleado en el Tribunal» o «en la audiencia». No hay alusión alguna a la nacionalidad, como dato jurídico, o al origen, como dato geográfico, sino a una circunstancia real, la posibilidad de comprender cuanto se dice en el juicio y aun la simétrica de expresar cuanto ha de ser dicho por el reo para defenderse de las acusaciones contra él vertidas. Tan es así que lo dijimos por primera vez con ocasión del supuesto inverso, los españoles que desconocieran el castellano, cuyo derecho a ser provistos de intérprete les fue reconocido (STC 74/1987 (LA LEY 794-TC/1987)).

Pues bien, como punto de partida del razonamiento, a la luz de tales normas pero a la medida de este caso concreto, es un dato conocido y jamás redargüido, que el hoy demandante y a la sazón acusado, nacido en Marruecos y ciudadano de este país, habla y escribe a la perfección para su nivel cultural la lengua española, que en definitiva domina, como demuestran los varios escritos que de su puño y letra dirigió al Juez Instructor cuando se encontraba preso en el centro penitenciario de Algeciras. No obstante, en su primera declaración ante dicho Magistrado fue asistido por un intérprete mientras que en el juicio oral todos los acusados dispusieron de tal ayuda y colaboración, incluso él, como resulta del acta. Por otra parte, en la Comandancia de la Guardia Civil de Tarifa, ante el Grupo de Investigación Fiscal Antidroga, una vez detenido, no solicitó la intervención de intérprete ni alegó el desconocimiento del idioma en el cual se le hablaba, dándose por enterado de cuantas advertencias le fueron hechas en relación con sus derechos. En suma, la mera condición de extranjero no conlleva la necesidad de interpretación si el acusado comprende y maneja con fluidez y soltura más que suficientes nuestro idioma.

3. Tal conclusión enlaza por ese lado con el otro de los defectos que se achacan al juicio oral, éste con más consistencia que el anterior pero a la postre con igual trascendencia, vale decir ninguna. El derecho a la defensa comprende, en este aspecto, no solo la asistencia de Letrado libremente elegido o nombrado de oficio, en otro caso, sino también a defenderse personalmente [arts. 6.3 c) y 14.3 d) del Convenio y del Pacto anteriormente reseñados] en la medida en que lo regulen las leyes procesales de cada país configuradoras del Derecho. Es el caso que la nuestra en el proceso penal (art. 739 L.E. Crim.) ofrece al acusado el «derecho a la última palabra» (Sentencia del T.S. de 16 Jul. 1984), por sí mismo, no como una mera formalidad, sino --en palabras del Fiscal que la Sala asume-- «por razones íntimamente conectadas con el derecho a la defensa que tiene todo acusado al que se brinda la oportunidad final para confesar los hechos, ratificar o rectificar sus propias declaraciones o las de sus coimputados o testigos, o incluso discrepar de su defensa o completarla de alguna manera». La raíz profunda de todo ello no es sino el principio de que nadie pueda ser condenado sin ser oído, audiencia personal que, aun cuando mínima, ha de separarse como garantía de la asistencia letrada, dándole todo el valor que por sí misma le corresponde. La viva voz del acusado es un elemento personalísimo y esencial para su defensa en juicio.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo, consciente de la importancia del trámite como garantía y con mayor motivo «cuando se trata de procesados extranjeros», cuya capacidad de comprensión disminuida hace que la posibilidad de dirigirse directa y personalmente a quienes le juzgan «puede contribuir más eficazmente a su defensa», da sin embargo por formulada en este caso «la pregunta ritual por el Presidente», y rechaza ese motivo del recurso de casación, no obstante el silencio del acta respecto de tal circunstancia, sin protesta de cualesquiera de los varios defensores ni del Fiscal por la omisión, en la hipótesis de que se hubiera producido. «La falta de reflejo escrito de la pregunta de rigor y de la contestación de los acusados --se dice en la Sentencia impugnada-- se debió a pura omisión material» y no a su inexistencia. Pues bien, la convicción sobre este hecho determinante del derecho fundamental invocado, a la cual se llega valorando en conjunto los distintos elementos probatorios disponibles, forma parte de la potestad de juzgar que corresponde privativamente, en este caso, al Tribunal Supremo (arts. 117 (LA LEY 2500/1978) y 123 C.E. (LA LEY 2500/1978)). La argumentación utilizada, se comparta o no, y la conclusión obtenida son razonables, sin componente alguno de arbitrariedad. Después de lo dicho no se justificaría la interferencia del Tribunal Constitucional, cuya doctrina al respecto es nítida, en la decisión de la Sala Segunda, que, a la luz del derecho a la tutela judicial efectiva sin tacha de indefensión, ha dado por respetada la oportunidad de que los procesados pudieran manifestar en el estrado judicial cuanto consideraran conducente a su defensa como final del juicio oral, cuya plenitud en consecuencia tampoco por este motivo ha sido puesta en peligro ni perturbada o desconocida.