I. LA CARGA DE TRABAJO DE LOS TRIBUNALES
El primer grupo de indicadores puede considerarse formado por el indicador primero, «Carga de trabajo de los órganos judiciales»; el segundo, «Jueces y magistrados necesarios en relación con la carga de trabajo», y el noveno, «Cobertura de la carga de trabajo por la Planta Judicial».
Estos tres indicadores estudian, desde puntos de vista distintos, la carga total de trabajo que soportan nuestros Tribunales, teniendo en cuenta tanto el número de asuntos recibidos en el año como los pendientes de resolución recibidos en años anteriores (se toma como fuente la Estadística judicial del Consejo General del Poder Judicial) y poniéndolos en relación con la capacidad máxima de resolver asuntos que tiene la actual plantilla de jueces y magistrados (conforme a la Ley de Planta Judicial y al «módulo de entrada» establecido en sucesivos Acuerdos del CGPJ).
En un resumen muy breve de estos tres indicadores cabe decir que:
- a) los asuntos que entran superan la capacidad máxima de resolver de la actual plantilla de jueces y magistrados en un 8,59%, lo que ofrece un indicador del 91,41%;
- b) este exceso hace necesario un incremento de 700 nuevos juzgadores, en distintas categorías y destinos. Se pone de manifiesto la necesidad de ampliar la Planta Judicial en un 13,11%, de donde resulta un indicador del 86,89%;
- c) como consecuencia de ello se produce un incremento de los asuntos sin resolver que a finales de 2008 alcanza el 31,93%, lo que supone un indicador del 68,07%;
Desde que el CGPJ definiera en 1998 —luego en el año 2000 y posteriormente en 2003-2004— la carga máxima de entrada de asuntos que puede soportar un juez o magistrado a lo largo de un año, este cálculo da lugar a la definición automática de una planta de jueces, pero ésta, como en el suplicio de Tántalo, nunca se alcanza, ya que el incremento de trabajo va siempre por delante de la creación de nuevos órganos judiciales.
El imparable crecimiento de la entrada de asuntos judiciales que se contempla en estos tres indicadores plantea algunos interrogantes respecto a la formación de los datos estadísticos que los sustentan. ¿Puede soportar razonablemente un sistema judicial crecimientos sostenidos de litigiosidad superiores al 6% anual? Resulta evidente que para hallar la respuesta hay que orientar la búsqueda en dos sentidos.
Por un lado se debe comprobar si la definición de «asunto entrado» representa ahora, como en el año 1998, un concepto uniforme de «carga de trabajo». Si esto fuera así, ¿no sería erróneo mantener un sistema judicial inabarcable? Por otro lado quizá deba admitirse que estamos ante la necesidad de buscar formas alternativas de resolución de conflictos hoy día sometidos a conocimiento judicial como única salida. ¿Podemos asumir, por ejemplo, que más de la mitad de la carga de trabajo de los Juzgados de primera instancia del país sean «procesos monitorios»?
Veamos brevemente ambas cuestiones.
1. La uniformidad del concepto de «carga de trabajo»
La fuente de conocimiento que el Observatorio de la Actividad de la Justicia, como cualquier otro usuario, tiene del número de asuntos sometidos a conocimiento judicial no es otra que la Estadística judicial del CGPJ, publicada y accesible a través de su página web, que se forma mediante el acervo de datos remitidos de forma separada por cada una de las secretarías de los Juzgados y Tribunales.
Respecto a la fiabilidad que ofrece como fuente esta compilación de datos debe decirse que, a efectos estadísticos, representa una muestra del 100%: todos los órganos y todos los datos. La gestión y tratamiento de estos datos supone, sin embargo, varios miles de documentos confeccionados por varios miles de secretarios judiciales, sin un apoyo uniforme de herramientas informáticas para su concreción.
No todos los datos utilizados para formar la Estadística judicial constituyen una extracción automatizada de datos de registro informatizados; algunos son datos elaborados a partir de tales registros. Y en esta elaboración entran en juego no sólo criterios de acumulación sino también criterios de interpretación jurídica de los datos que se acumulan.
En los denominados coloquialmente «territorios Ministerio», es decir, en las Comunidades Autónomas que utilizan las herramientas informáticas proporcionadas desde el Ministerio de Justicia, el sistema informático empleado no proporciona, ni por aproximación, información suficiente para confeccionar en cada órgano judicial su estadística mensual, habiendo de utilizar los secretarios judiciales apuntes a mano o búsquedas trimestrales para poder cumplimentar el boletín. Algunos datos de reciente introducción en la Estadística simplemente no están contemplados en el sistema (por ejemplo, este mismo año se ha introducido una distinción en los juicios verbales de tráfico que no está contemplada), y han de ser contados a mano trimestre a trimestre.
En los «territorios no Ministerio», es decir, en las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia, existen soportes informáticos distintos de los del Ministerio y también distintos entre sí. Estos aplicativos propios dan respuesta con mayor o menor fortuna, según los casos, a la hora de satisfacer los requisitos de la Estadística judicial. Pero también en algunos de estos territorios se corrigen a mano ciertas deficiencias en la información apreciadas por las oficinas judiciales. En ciertos casos, por ejemplo, no se dan por terminados asuntos que el sistema sigue manteniendo vivos al no haberse cumplimentado, al final del trimestre, la totalidad de los pasos procesales necesarios.
No se agotan sin embargo ahí las peculiaridades de la obtención de datos para formar la Estadística judicial, sino que al ser posible la interpretación jurídica del objeto estadístico, cabe que su contenido no sea uniforme.
Cada uno de los secretarios que intervienen en la confección de un boletín estadístico puede apreciar con criterio jurídico propio la clasificación que corresponde a una determinada materia, o incluso a cada clasificación procesal contenida en el acumulativo de datos estadísticos. Esto explica que los repartos efectuados desde los decanatos jamás sean uniformes con la carga de trabajo recibida y reflejada por cada órgano judicial, ya que se interpreta el tipo procesal y a veces el número de asuntos repartidos.
Esto puede ocurrir incluso cuando el boletín contiene aclaraciones conceptuales en sus notas, ya que al tratarse de interpretaciones de la ley procesal, con frecuencia no se consideran vinculantes en las oficinas judiciales.
El propio concepto de «asunto entrado» —y no sólo su número— puede haber quedado obsoleto en el tiempo, por falta de la adecuada actualización de contenidos de los acuerdos sobre cargas de entrada judicial. Enumeraremos algunos que nos han llamado la atención:
- a) En la Primera instancia civil se computan entre los asuntos contenciosos los denominados «procesos monitorios», en los que la efectiva contradicción está ausente por completo.
- b) En Instrucción se continúa computando como «asunto entrado» el sinfín de diligencias previas sin autor conocido que en número de millones entran cada año. En el año 1998 (definición del módulo aplicable) se elevaron al órgano de enjuiciamiento el 3,12% de las diligencias previas entradas. En el año 2008, sólo el 2,4%.
- c) En estos mismos Juzgados, las faltas con sentencia han pasado de ser, frente al 42,5% de las iniciadas en 1998, el 36,7% en 2008, lo que hace igualmente inidóneo el concepto de «faltas entradas» como «asunto entrado».
- d) Respecto a la influencia que ha representado sobre las cargas de trabajo de los Juzgados de lo Penal la regulación de los juicios rápidos que resuelven los Juzgados de Instrucción en supuestos de delito, cuando hay aceptación de la propuesta del fiscal, alguna ha debido de haber, porque en el año 2002 el 60% de las sentencias de estos Juzgados se dictaban previa conformidad del acusado, y actualmente sólo representan el 39,89%. El concepto de asunto entrado en estos Juzgados ha rotado, al no entrar una parte de los asuntos que entraban antes.
- e) En relación con la cuestión de si sigue siendo válido el módulo de entrada de asuntos en los Juzgados de los Social señalado en el año 2003, en la medida en que la acumulación de asuntos ha variado su porcentaje hasta ser casi testimonial, cabe decir que en 1999 una demanda colectiva era un asunto, y que ahora puede ser uno o muchos. Bien es verdad que la acumulación es una decisión judicial, pero la carga de trabajo que representan los asuntos desacumulados no es la que se definió en 1999, cuando se acumulaba todo lo posible.
- f) Sobre la repercusión en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo del planteamiento de asuntos de extranjería en los que el demandante está fuera del país sin haber conferido su representación en forma suficiente, debe decirse que es exactamente igual la carga de trabajo de un asunto inadmitido por falta de representación procesal del demandante que de otro en el que exista dicha representación. Estos asuntos pueden suponer hasta el 50% de la carga de trabajo en alguna provincia.
- g) Las secciones civiles y mixtas de las Audiencias Provinciales mantienen su misma dedicación, a pesar de la práctica inexistencia de vistas.
- h) Las Salas de lo Contencioso-Administrativo tienen su principal fuente de crecimiento en los denominados «asuntos sin clasificar».
- i) De los 8.504.670 asuntos terminados en el año 2008, sólo 1.518.589 concluyeron en una sentencia firme, lo que representa el 17,85% de los asuntos terminados y conduce a la necesidad de definir mejor el concepto de «asunto entrado», para abarcar las distintas formas en las que se presentan las cargas de trabajo judicial. Con este cálculo la sentencia habría dejado de ser la forma arquetípica de resolver los asuntos judiciales, condición que pasaría a asumir el auto de archivo, la más frecuente forma de terminación de los asuntos judiciales, estadísticamente hablando.
Parecería que el concepto «asunto entrado», que en los años 1998-2000 era suficiente, ha venido a ser menos significativo, al menos a efectos de medición de cargas de trabajo y de solicitar nueva planta judicial para ajustar su contenido a lo que verdaderamente quiere representar.
De todas formas, el CGPJ da una entrada de asuntos en el año 2008 superior en un 6,31%, que en términos concretos representa 562.622 asuntos más para un crecimiento de 123 nuevas «unidades judiciales», lo que pone de manifiesto una evidente falta de coherencia entre las cifras de incremento de carga de trabajo y la respuesta en forma de creación de nuevos órganos judiciales.
A día de hoy tampoco el Ministerio ha dado a conocer, ni para este año comentado ni para el futuro, cuáles son sus criterios para el aumento o disminución de las «unidades judiciales» (planta judicial), sin que sea posible deducirlo de las sucesivas modificaciones hechas cada año, que parecen conjugar criterios muy diversos que irían desde las dotaciones presupuestarias hasta el reparto entre Comunidades Autónomas, pasando por algún otro, como la disponibilidad de locales. En todo caso sería de desear transparencia en algo tan delicado como la creación de nuevas unidades judiciales.
Una esperanza en cuanto a una más concreta definición de «asunto» como representación o equivalente a carga de trabajo se deriva de la Instrucción 1/2009, de 26 de marzo, del Pleno del CGPJ (LA LEY 8567/2009), que dicta normas para el registro de asuntos en los sistemas de gestión procesal y establece el denominado «Número de Identificación General» (NIG), que deberá mantenerse a lo largo de la tramitación de cada asunto. Este hecho y el de que se prohíba dar un número de registro a los escritos que no provoquen el inicio de un procedimiento, cambiarán, cuando el NIG esté en aplicación, los números actuales.
2. Las formas alternativas de resolución de conflictos
En cuanto al segundo aspecto mencionado, es decir, la búsqueda de soluciones extrajudiciales a los conflictos, reservando la actuación judicial para los asuntos de imposible solución alternativa, ha de decirse que, salvando la regulación de las Cortes de Arbitraje y la escasa dedicada al Arbitraje de Consumo, nada en nuestra regulación apunta a que se estén buscando soluciones alternativas, más allá de tímidos intentos. Antes bien, se ha hablado en diversos momentos de resucitar la «Justicia de barrio», nunca de la desjudicialización de las soluciones.
II. LA CONFIABILIDAD DE LAS SENTENCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA
El segundo grupo de indicadores lo constituyen el cuarto y el quinto del Índice Global del Observatorio: «Confirmación de resoluciones en apelación o suplicación» (76,22%) y «Confirmación de resoluciones en casación» (90,33%), que son indicadores de calidad. En este concepto también incluiríamos en el grupo al indicador tercero, «Sentencias dictadas por jueces miembros de la Carrera Judicial», que parece contener asimismo un indicador impropio de calidad.
Los indicadores cuarto y quinto encuentran factores de calidad en sentido puro de satisfacción del usuario en la confirmación de las sentencias apeladas en instancia y en la no casación de las sentencias de apelación. En realidad lo que se evalúa es la confiabilidad de las sentencias de primera y segunda instancia.
Es verdad que la satisfacción del usuario es difícil de ponderar en los procesos judiciales, con contradicción de intereses, en los que la satisfacción o insatisfacción de las partes suele distribuirse por fracciones, no siempre perfectas, pero sí cabe descubrir un atisbo de satisfacción en el hecho de que, una vez dictada una sentencia y adoptada una decisión, ésta se mantenga igual a lo largo de las sucesivas instancias.
En ambos indicadores el valor representado es la confirmación de la sentencia previa. Así, al decir que la confiabilidad de las sentencias es del 76,22%, estamos destacando que de todas las sentencias que se apelan sólo el 23,78% resultan modificadas por el órgano que resuelve la apelación.
Hay otra comparación, no incluida en el indicador, que es la proporción de todas las sentencias de instancia que resuelven y son modificadas en apelación, pero teniendo en cuenta todos los asuntos resueltos en los Juzgados, y representa el 1,59%. No efectuaremos el mismo cálculo para el recurso de casación por su carácter extraordinario.
Creemos firmemente que el nivel de confianza en las resoluciones dictadas en instancia es bueno o muy bueno. Por otro lado, la objetividad de los indicadores es en este caso bien destacada.
El tercer indicador, «Sentencias dictadas por jueces miembros de la Carrera Judicial», está basado en la objetivación, como criterio indirecto de calidad, de la profesionalidad de la Carrera Judicial. No conocemos estudio alguno sobre la calidad de las sentencias dictadas por juzgadores no miembros de la Carrera, calidad que, por otra parte, el Observatorio no discute.
Son de sobra conocidos los exquisitos procesos de selección y formación establecidos para jueces y magistrados miembros de la Carrera Judicial, pero hay un 13,11% de posibilidades de que el asunto judicial formulado por un ciudadano, muchas veces el único que va a formular en su vida, sea resuelto por un licenciado en Derecho —único requisito exigido por la Ley—, del que se ignora qué formación específica o complementaria ha recibido.
Además estos juzgadores, lejos de lo que se supondría, tienen presencia en todas las instancias, lo que quiere decir que forman parte de los órganos colegiados en los que se resuelven los recursos formulados contra las resoluciones de jueces miembros de la Carrera Judicial.
De todas formas, uniendo a este comentario el reciente e inconcreto anuncio efectuado por el Ministro de Justicia en materia de planta judicial, que mencionaba un número de plazas de «adscripción territorial», es decir, de jueces y magistrados no asignados a un órgano judicial sino a un territorio, cualquier cifra de las que se ha manejado resultaría bastante más pequeña que la de 730 que resulta de dividir las sentencias dictadas por juzgadores que no son miembros de la Carrera por la media de las dictadas por los que sí son miembros de la Carrera.
El Observatorio aporta en este indicador una información complementaria referida a las formas de resolución de los asuntos ingresados: de los 8.504.670 asuntos terminados en el año 2008 sólo 1.518.589 concluyeron en una sentencia firme, y de éstas el 13,11% se dictaron por juzgadores no miembros de la Carrera Judicial.
Ciertamente cabe preguntarse si no estará latente, además de una carencia de planta judicial, un problema organizativo, ya que en los últimos cuatro años el Ministerio de Justicia ha arbitrado varias medidas —fallidas— para abordar el problema de la amplia presencia jurisdiccional de juzgadores no miembros de la Carrera Judicial. En el mundo del trabajo no funcionarial, cuando alguien hace el trabajo de otro percibe las retribuciones correspondientes, no una parte reducida de ellas, que fue la decisión que adoptó el Ministerio de Justicia.
III. LA CELERIDAD DE LA RESPUESTA JUDICIAL
Una tercera agrupación de indicadores del Índice del Observatorio puede establecerse con aquellos que miden la satisfacción del usuario en términos de celeridad de la respuesta judicial. Citaríamos aquí la conocida frase de que «la justicia tardía no es justicia».
Se dedican a este aspecto dos indicadores, el sexto, «Razonable duración de los procesos», con un 56,42% (es decir, el 43,58% de los asuntos sometidos a los distintos juzgados y Tribunales son resueltos en un plazo mayor del óptimo esperado), y el décimo: «Comparación interanual de la duración de los procesos», con un 30,13% (es decir, el 69,87% de los órganos judiciales incrementó la duración de sus procesos a lo largo del año 2008 respecto al año anterior).
Al elegir el indicador sexto, el Observatorio abandona por completo el concepto, cada vez más desprestigiado, de la duración de los procesos calculada por acumulación según los plazos procesales. La Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 no fue utilizada para suprimir los viejos esquemas que se empeñan en afirmar «al día siguiente» o «al tercer día», que parecen propios de una situación idílica en la que un Juzgado está, antes de que el particular presente su demanda, esperando a que entre un documento para gestionarlo. Esto no sería posible sino en una utópica situación de planta judicial muy alejada de la existente y de medios informáticos y ofimáticos muy diferentes de los disponibles.
Por otro lado no intenta el indicador medir todos los procesos, sino sólo uno por tipo de órgano judicial, el más frecuente y por ello más representativo.
El notable empeoramiento de este indicador durante 2008 puede explicarse en parte por las huelgas rotatorias de funcionarios, el incremento de la entrada de asuntos y otras razones, entre las que mencionaremos la interinidad, circunstancias que han agravado una situación ya tradicional de retraso en la resolución de asuntos.
El décimo indicador es la comparación interanual de la duración de los procesos, y pone de manifiesto que el 69,87% de los órganos judiciales tardan más tiempo que el año anterior en resolver sus asuntos.
Este indicador, a diferencia del sexto, que compara la idoneidad de la duración del proceso tipo más frecuente, solamente mide si un juzgado tiene un peor tiempo de respuesta respecto al año anterior, comparado sólo consigo mismo. Ambos indicadores, sin embargo, expresan una manifestación de calidad si entendemos que la razonable rapidez del proceso es uno de los factores más apreciados por los usuarios entrevistados en cuanto a la actividad de cualquier Administración pública.
Por otro lado, estos indicadores analizan factores que son coherentes con otros más arriba señalados: el número de asuntos crece, la planta de jueces no crece al mismo ritmo y, finalmente, se deterioran los factores complementarios de la calidad, entre ellos los plazos para resolver.
IV. EL RENDIMIENTO PROFESIONAL DE JUECES Y MAGISTRADOS
No encontramos agrupación para el séptimo indicador utilizado, el «Cumplimiento de los módulos judiciales de dedicación», referido al rendimiento esperado de cada juez y magistrado conforme al que han ido fijando diversos Acuerdos del Pleno de CGPJ de los años 1999, 2000, 2003, 2004 y 2005. Estos Acuerdos figuraron como anexo al Reglamento 2/2003 del propio Consejo, aprobado por Acuerdo de 3 de diciembre de 2003 (LA LEY 1908/2003), que fue declarado nulo por dos sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 3 de marzo de 2006 (LA LEY 395/2006 y 21029/2006), si bien un Acuerdo posterior del Pleno consideró que dicha nulidad no afectaba a los anexos, para los que en ningún momento se había solicitado la misma.
En todo caso, a falta de posterior regulación, sirven claramente de indicativo del rendimiento esperado para los titulares de cada uno de los tipos de órgano judicial.
Resulta evidente que el Observatorio no tiene acceso a la información necesaria para poder calcular el rendimiento de cada juez o magistrado, por lo que la medición compara los resultados de cada órgano, Juzgado o Tribunal, con el asignado a la categoría profesional, juez o magistrado, órgano unipersonal/órgano colegiado, de su titular.
El indicador para 2008 es un 72,45%. A la inversa, el 27,55% de los jueces y magistrados no alcanza el resultado esperado, según los módulos de dedicación.
Lo más significativo es el resultado final, es decir, el número de órganos judiciales que no superan la dedicación estándar señalada, que es de un 27,55%. Aquí están comprendidos tanto los órganos cuya entrada de asuntos no llega al estándar —y en los que por ello es imposible llegar a tal dedicación— como aquellos otros en los que, habiendo carga de trabajo suficiente, sus titulares no alcanzan el rendimiento establecido.
No hay coherencia entre el número de órganos judiciales que tiene una entrada de asuntos al límite (86,89%) —que deja sólo un 13% de los órganos fuera— y el referido 27,55% de órganos en los que el rendimiento no alcanza los objetivos señalados por el CGPJ. Recordemos que no hablamos de personas sino de órganos.
El indicador es peor que el del año anterior en más de dos puntos.
V. LA OTRA CARA DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL: HACER EJECUTAR LO JUZGADO
Tampoco encontramos agrupación posible para el octavo indicador, «Ejecución de las resoluciones judiciales», que se fija en la realidad de que al usuario de la Justicia no le basta con que se dicte la sentencia que reconoce su derecho, sino que espera que aquélla se lleve a cabo (se ejecute), para obtener así la completa satisfacción del derecho declarado.
Esto no sólo afecta a las relaciones entre personas privadas sino igualmente al derecho público, en el que destacan las sentencias penales no ejecutadas, según ha sido notorio a lo largo del año por incidentes difíciles de olvidar.
Parece de nuevo que la contabilidad de asuntos sin ejecutar que aparece en la Estadística judicial podría ser reajustada. El propio Pleno del CGPJ, en la norma 4.ª de su Instrucción 1/2009, de 26 de marzo, ya mencionada, dicta las reglas para el registro e identificación de estos asuntos, y habrá que esperar a ver el resultado que se produzca.
Las normas que contiene dicha Instrucción permiten deducir prácticas variadas en la contabilización de estas ejecuciones, y así dice que «no se dará distinto número de identificación general a las ejecuciones»; «se incoará una única ejecutoria con independencia del número de condenados»; «en ningún caso se incoará ejecutoria en los supuestos de sentencias absolutorias».
Parece que la Instrucción ha elaborado un catálogo de malas prácticas posibles, con vistas a su corrección. En todo caso, el directo y uniforme registro de estas actuaciones judiciales puede cambiar las cifras que en este momento arroja el indicador que se menciona.
Alguna tentativa de especialización en «ejecutorias» para determinados Juzgados se ha ido produciendo a lo largo del tiempo en las jurisdicciones social, primero, y penal después.
En la jurisdicción social se crearon órganos de ejecución en los Juzgados de la ciudad de Barcelona que se extendieron luego a la ciudad de Valencia, sin que después haya habido ninguna nueva creación. No sabemos si esta falta de extensión indicaría el fracaso de estos juzgados, pero las buenas prácticas tienden a extenderse.
Se crearon asimismo los Juzgados de ejecutorias penales en Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y en las tres provincias del País Vasco. Tampoco parece que su extensión haya sido un éxito, y en la actualidad y tras las manifestaciones públicas de alguno de sus titulares parece abierto el debate sobre su continuidad, al menos con su actual formato.
En general la situación de la ejecución de sentencias y resoluciones firmes en el conjunto de los órganos judiciales es manifiestamente mejorable, y habrá que ver si las medidas que ha de desarrollar la nueva oficina judicial resultan eficaces en este aspecto.
Cabría decir, para finalizar, que mientras se aplicaron los módulos de rendimiento se cumplió la norma fatal de que, cuando algo se mide, lo que no se mide se abandona. En el rendimiento de los jueces y magistrados no se contemplaba de forma diferenciada la ejecución de resoluciones.
VI. CONCLUSIÓN FINAL
Para concluir debe anunciarse que el Índice Global de la Actividad Judicial obtenido para el año 2008 por el Observatorio de la Fundación Wolters Kluwer es del 68,40%. Este resultado supone un empeoramiento del 4,61% frente al resultado del año 2007, como consecuencia de la variación negativa en los indicadores referidos a «Cargas de trabajo» (-4,02%), «Duración de los procesos» (-3,85%), «Cumplimiento del módulo de dedicación» (-2,11%) y «Comparación interanual de la duración de los procesos» (-8,23%).
El Observatorio también enumera una serie de hechos significativos que pueden haber influido en estas variaciones:
- a) Crecimiento del número de asuntos sometidos a conocimiento judicial durante el ejercicio 2008. El incremento respecto a 2007 ha sido del 8,68% en cómputo general para todas las jurisdicciones.
- b) El reparto entre las distintas jurisdicciones y tipos de órganos judiciales no se ha producido de forma uniforme, puesto que el incremento afecta de manera significativa sólo a tres jurisdicciones, que concentran prácticamente la totalidad del mismo con muy distintas repercusiones sobre la carga soportada: instrucción penal, con 226.612 asuntos más (diligencias previas significativamente); la jurisdicción civil, con 122.659 asuntos más que el año anterior (procesos monitorios significativamente); la jurisdicción social, con 88.132 asuntos más, y la contencioso-administrativa, con 42.945 asuntos más (predominantemente extranjería y «asuntos sin clasificar»).
- c) Paralelamente a este incremento de cargas, el número de órganos judiciales creció durante 2008 en 115 «unidades judiciales», mientras que la plantilla orgánica de jueces y magistrados se incrementó en este mismo período en 124 miembros.
- d) A lo largo del año 2008 el número total de asuntos resueltos por el conjunto de órganos judiciales creció respecto a 2007 en un 4,78%, lo que no ha sido suficiente para absorber el exceso de asuntos ingresados.
- e) El número de asuntos en trámite y sin resolver al final del año creció un 16% respecto a los que se encontraban en la misma situación el año anterior.
- f) Durante el año 2008 se han sucedido conflictos planteados por el personal de apoyo de Juzgados y Tribunales traspasado a diversas Comunidades Autónomas, que solicitaba su equiparación salarial con los funcionarios de la Comunidad receptora.
- g) Otros motivos de conflicto, con independencia de su calificación jurídica, se suscitaron asimismo a lo largo de 2008 tanto entre el colectivo de jueces y magistrados como entre los secretarios judiciales, con las consiguientes interrupciones de su normal actividad.