Resultados 'Los delitos patrimoniales y económico-financieros'
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Tribuna
El concepto de «artificio semejante» en el delito de estafa. Comentario a la STS 838/2023, de 16 de noviembre, de la Sala Segunda
Lapeña Azurmendi, Javier
29/04/2024

No hemos de obviar que, debido al diverso y complejo entorno digital en el que nos movemos y el consiguiente impacto que esto genera en las relaciones personales, económicas y financieras, constituye un terreno propicio para la comisión de este tipo de delitos.

La actual redacción del art. 248.2 del Código Penal (LA LEY 3996/1995) permite incluir en la tipicidad de la estafa aquellos casos que mediante una manipulación informática o artificio semejante se efectúa una transferencia no consentida de activos en perjuicio de un tercero admitiendo diversas modalidades (3) . En estas conductas delictivas, el desplazamiento patrimonial no vendrá determinado por el engaño a la persona física, sino por el uso de manipulaciones informáticas o artificios semejantes que están a disposición de los autores del ilícito penal.
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Dossier
Boletín Informativo sobre Adjudicación Hipotecaria, núm. 13. Especial 6ª aniversario
Grupo De Trabajo Conjunto De La Administración De Justicia Y Registradores De La Propiedad De La Comunidad Valenciana
18/04/2024

d) También destacamos que no sería conciliable con la debida tutela del interés de los consumidores (art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978) en relación con el art. 51.1 CE (LA LEY 2500/1978)) privar al órgano judicial de la función de valorar la conducta de la entidad financiera demandada, a efectos de reparto de costas, por el mero hecho de que el consumidor no hubiera intentado la vía de la reclamación previa, pues la entidad financiera que se vale de una cláusula cuya naturaleza abusiva ha sido ya declarada por la jurisprudencia es la genuina responsable de la situación litigiosa generada por su uso.

Como señala la STS 162/2008, 29 de febrero (LA LEY 92675/2008), no cabe apreciar enriquecimiento injusto cuando el beneficio patrimonial de una de las partes es consecuencia de pactos libremente asumidos, debiendo exigirse para considerar un enriquecimiento como ilícito e improcedente que el mismo carezca absolutamente de toda razón jurídica, es decir, que no concurra justa causa, entendiéndose por tal una situación que autorice el beneficio obtenido, sea porque existe una norma que lo legitima, sea porque ha mediado un negocio jurídico válido y eficaz.
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Ciberderecho
Delitos por/con inteligencia artificial: presente y futuro
Alonso Cebrián, José María|Velasco Núñez, Eloy
05/04/2024

a. La interferencia: mediante actos que deliberada e ilegítimamente los dañen, borren, deterioren, alteren o supriman (Art. 4) y el fraude (Art. 8) cuando con esas acciones se ocasione un perjuicio patrimonial a otra persona y cuenten con intención fraudulenta o delictiva de obtener ilegítimamente un beneficio económico para uno mismo o para tercero, y

Por no hablar de la tan manida suplantación de datos (informativa), a través de las conocidas como Deep fakes, contenidos sintéticos indistinguibles de los reales, que son la base sustancial de la acción sancionada en el Art. 284.1.2º CP (LA LEY 3996/1995), en el delito de alteración de precios, que sanciona a quien a través de Internet o las TICs, transmita «señales falsas o engañosas (fakes) sobre personas o empresas», ofreciendo, a sabiendas, «datos económicos total/parcial falsos» encaminados a alterar/preservar el precio de cotización de instrumentos financieros o de contratos sobre materias primas o índices de referencia, siempre que generen un beneficio grande.
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Estudios
La Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea: un modelo para innovaciones radicales, responsables y transparentes basadas en el riesgo
Fernández Rozas, José Carlos
01/04/2024
La identificación retrógrada, es decir, la identificación de personas a posteriori, también está permitida en determinadas condiciones, por ejemplo en caso de amenaza terrorista o de búsqueda selectiva de personas sospechosas de delitos graves.

Estos riesgos comprenden una amplia gama de áreas, incluidas dimensiones fundamentales de la vida democrática, el Estado de Derecho, la justicia distributiva e incluso el ámbito de la propia mente humana y no solo se limitan a las implicaciones tecnológicas o económicas, sino que también se extienden a cuestiones éticas, sociales y políticas de gran envergadura.
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Doctrina
La amnistía y el Derecho europeo
Fernández-Fontecha Torres, Manuel
22/03/2024

— «cuando apliquen el Derecho de la Unión», es la cláusula habitual de estilo— Y tampoco se indica qué delitos son los relacionados con los intereses financieros citados.

Esa norma, de haberlo sido en algún momento, ya no es objeto de aplicación, donde siguen vigentes, entre otros, los artículos 572 (LA LEY 3996/1995) y 573 del Código Penal (LA LEY 3996/1995), incluida la vinculación de este delito a la finalidad de subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.
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Tribuna
Nuevo acuerdo del Consejo y Parlamento Europeo: Propuesta de Reglamento no 6220/1/24 REV-1, relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o para la financiación del terrorismo
Hernández-Elvira, María Jesús
21/03/2024

— Por otro lado, la obligación de adoptar medidas de diligencia reforzadas a las entidades de crédito y financieras para la prestación de servicios de gestión de activos a medida a particulares con un elevado patrimonio.

Con todo ello, resulta evidente que nuestro mercado europeo se enfrenta a una regulación cada vez más reforzada en lo que a la lucha en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se refiere, velando por asegurar, proteger y reforzar el sistema financiero de la Unión Europea, a la vez que aumenta el control por parte de las autoridades gubernativas sobre determinadas transacciones y operaciones económicas realizadas por los agentes del mercado interior europeo.
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Tribuna
La proposición de Ley de Amnistía española: problemática de derecho de la Unión
Ulloa Rubio, Ignacio
01/03/2024
Y 2º) si en el concepto de delitos que afectan a los intereses financieros de la UE (del art. 2. e) PLA) debe incluir también los delitos de corrupción, dentro del cual se encuadra la malversación cometida en el Procés, como «no amnistiables», a fin de cumplir con la tutela efectiva y disuasoria a los intereses financieros de la UE.

En el art. 3. 2 dice: «para la aplicación de la presente Convención, no será necesario que los delitos enunciados en ella produzcan daño o perjuicio patrimonial al Estado» (59) .
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Comentarios de jurisprudencia
Mafia y corrupción política: un episodio más del Caso Gürtel
Dolz Lago, Manuel-Jesús
12/02/2024

El acusado Francisco Correa Sánchez desde aproximadamente 1999 y hasta el 2009 lideró un entramado societario y personal con la finalidad de enriquecerse a sí mismo y a quienes formaban parte de la trama, además de procurar financiación irregular al partido popular a través de fondos ilícitos provenientes de las conductas delictivas que se describirán después, todo ello a costa del patrimonio público en los términos descritos en los hechos probados de la Sentencia n.o 20/2018 de 17 de mayo (LA LEY 47688/2018) dictada en la pieza Gürtel EPOCA I de esta misma confirmada en lo esencial por la STS 507/2020, de 14 de octubre (LA LEY 138050/2020), lo que a partir del 2001 y hasta el 2009 se produjo en el municipio de Boadilla del Monte cuando este estuvo controlado por el partido popular.

Siendo los responsables de ello en primer momento el acusado Luis De Miguel Pérez quien constituyó la estructura del entramado societario y financiero y a partir del año 2005 fue sustituido por Ramón Blanco Balín, figurando como apoderados de algunas empresas ubicadas en Nevis los acusados, Pablo Crespo y José Luis Izquierdo López.
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Estudios
Una nueva vuelta de tuerca en materia de transmisión de empresas: el mantenimiento de los derechos de los trabajadores en el traspaso de notarías en aplicación de la Directiva 2001/23/CE
López Insua, Belén del Mar|Monereo Pérez, José Luis
01/02/2024
En todo caso, lo que caracteriza a la empresa y a sus diversas partes autónomas (a título de centro de trabajo o de unidad productiva autónoma exart.44 ET (LA LEY 16117/2015)) no son tanto los elementos materiales o patrimoniales (los cuales no son elementos constitutivos necesarios que hayan de concurrir y estar presentes siempre en toda realidad jurídico-económica de empresa) como la existencia de una actividad organizada soporte de una organización laboral, de manera que cabe la existencia de una empresa que carezca de elementos materiales significativos (tanto desde el punto de vista económico como desde el prisma estrictamente jurídico) y tenga solamente organización de los recursos humanos y de las actividades o servicios desplegados objeto de la empresa.

1º. El art. 44.3, párrafo 2º, ET (LA LEY 16117/2015), parecería establecer un supuesto específico de responsabilidad: «El cedente y el cesionario también responderán solidariamente de las obligaciones nacidas con posterioridad a la transmisión, cuando la cesión fuese declarada delito».
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Doctrina
El delito de fraude de prestaciones
Escobar Jiménez, Rafael
30/01/2024

Así, señaló la STS 42/2015 (LA LEY 42793/2015): «Tratándose, como se trata en este caso, de una defraudación articulada a través de pagos mensuales, que se mantuvieron durante años, no existe motivo alguno para sustraer este supuesto, de inequívoco carácter patrimonial, del régimen general que la jurisprudencia de esta Sala ha marcado, a partir del Acuerdo del Pleno jurisdiccional de 30 de octubre de 2007, para la determinación penológica cuando de delitos patrimoniales se trata.

La eventual responsabilidad civil subsidiaria que pueda ser declarada en este delito queda referida, para determinada clase de prestaciones, al ámbito de actuaciones de las entidades financieras (32) . La base normativa se encuentra, por un lado, en el art. 16.2 del Reglamento General de la Gestión Financiera de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 696/2018, de 29 de junio (LA LEY 10769/2018), que establece, «con carácter general, los pagos de obligaciones, incluidos los de las pensiones y otras prestaciones económicas de la Seguridad Social, se realizarán por medio de transferencias con cargo a los saldos disponibles en las cuentas de la Tesorería General de la Seguridad Social en cada entidad financiera colaboradora y con abono en la entidad y cuenta elegida por el perceptor», y, sobre todo, en el art. 17.5 de la Orden de 22 de febrero de 1996 (LA LEY 894/1996) para la aplicación y desarrollo del Reglamento General de la Gestión Financiera de la Seguridad Social, aprobado por el RD 1391/1995, de 4 de agosto (LA LEY 2944/1995), que dispone, «las entidades financieras pagadoras comunicarán a la correspondiente entidad gestora, al menos una vez al año, la pervivencia de los titulares de aquellas pensiones y demás prestaciones periódicas que vengan satisfaciendo mediante abonos en cuenta.
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Justicianext
Diálogos para el futuro judicial LXXIII. Asistencia jurídica gratuita: presente y perspectivas
Marcos Francisco, Diana|Martínez de Santos, Alberto|Mayllo Martínez, Juan Manuel|Perea González, Álvaro|Torregrosa Sala, Esperanza|Vacas Chalfoun, Álvaro
02/01/2024

Considero que es necesario abordar una integral para adecuarla a la realidad social y económica que por supuesto no es la misma que cuando esta entró en vigor.La complejidad actual de la economía, el cambio en las relaciones familiares, los nuevos delitos digitales entre otras cuestiones suponen que cualquier ciudadano pueda verse envuelto en cuestiones que acaben en los tribunales y le sea necesario esta asistencia jurídica.
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Ciberderecho
Blockchain, Smart contracts y su posible desarrollo en el mundo jurídico
Sales Jiménez, Roger
15/12/2023

Es por ello, que según ROMERO UGARTE, J. L., «…la experimentación con esta tecnología y sus potenciales aplicaciones no han cesado, tanto por parte de entidades financieras, empresas tecnológicas y desarrolladores como por parte de bancos centrales y otras autoridades, ..

Esto no significaría la automatización de todo el sistema, sino más bien la simplificación del mismo obteniendo las consecuencias jurídicas y económicas de una relación jurídica entre las partes de forma inmediata y por consenso de las partes sin tener que acudir a la vía jurisdiccional o extra judicial para la resolución de un determinado conflicto (2) . Sin embargo, esta tecnología también plantea interrogantes sobre su regulación, interpretación y la ejecución de estos contratos en el marco legal actual que intentaremos analizar a fin de plasmar posibles soluciones.
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Tribuna
La emancipación cuantitativa de las estafas informáticas tras la reforma operada por LO 14/22 de 22 de diciembre
Ortega Calderón, Juan Luis
04/12/2023

Como es sabido, desde el Código Penal de 1995 (LA LEY 3996/1995), sin necesidad de remontarnos más atrás en el análisis de antecedentes legislativos, la cuantía ha sido un elemento esencial para la distinción entre las antiguas faltas y los delitos menos graves, y hoy entre los delitos leves y menos graves, cuando se trataba de delitos contra el patrimonio.

Facilidad para llamar al proceso a los responsables civiles subsidiarios, como instrumento de protección de las víctimas, en los términos definidos entre otras en la STS 49/20 de 12 de febrero (LA LEY 2426/2020), en relación con el artículo 44 del RDLey 19/18 de 23 de noviembre (LA LEY 18608/2018) de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, o, en caso de que hayan asumido dicha responsabilidad al margen del proceso penal, que sean llamados como perjudicados.
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El control empresarial sobre los trabajadores mediante la monitorización del email corporativo y la instalación de cámaras de videovigilancia y de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS)
Guindo Morales, Sara|Monereo Pérez, José Luis
01/12/2023
Así pues, es evidente que la instalación de cámaras posee una finalidad protectora del propio patrimonio empresarial y de disuadir de conductas que puedan perjudicar esa finalidad, lo que viene a ser lícito cuando, además, queda demostrado que existen pérdidas económicas sufridas por hurtos que, en un supermercado como es este caso, viene a convertir a todas las personas que se encuentran en el propio recinto (trabajadores y clientes) en sujetos sospechosos.En plena vinculación con la doctrina constitucional (a la que también ya nos hemos referido), todo parece indicar que las notas de proporcionalidad se cumplen, pues parece no existir otra medida más idónea para averiguar quién está cometiendo actos que ocasionan pérdidas patrimoniales, o, al menos, evitar que las mismas sigan produciéndose.
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Tribuna
Matrimonio, consentimiento aparente y obtención de autorización de residencia o de la nacionalidad española
Ortega Giménez, Alfonso
03/10/2023

Esto puede incluir mentiras sobre la identidad, estado civil, antecedentes penales, salud, patrimonio u otros aspectos que resulten determinantes para tomar la decisión de casarse, como intereses ocultos para la obtención del permiso de residencia o nacionalidad española (caso concreto objeto de estudio).

Esto puede incluir pruebas como testimonios de testigos presenciales, pruebas documentales (como registros financieros o comprobantes de alquiler conjunto) o cualquier otra evidencia que respalde la alegación de que el matrimonio no fue real.
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Tribuna
Análisis legislativo de la «Ley Startups»: un impulso regulatorio al ecosistema de empresas emergentes en España
Yatskiv, David
21/09/2023

b) hayan sido condenadas mediante sentencia firme por un delito de administración desleal, insolvencia punible, delitos societarios, delitos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos de prevaricación cohecho, tráfico de influencias,...

Así en la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (LA LEY 15490/2013), para facilitar la entrada y permanencia en España de determinados colectivos por razones de interés económico, el legislador recoge una serie de facilidades de entrada y permanencia en España que la Ley de Startups (LA LEY 26453/2022) modifica de la siguiente forma:
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Doctrina
Análisis del Real Decreto-Ley 5/2023 de 28 de junio, materias afectadas y consecuencias en los órdenes jurisdiccionales
Magro Servet, Vicente
13/09/2023

Tras la entrada en vigor de esta ley, y a partir del 30 de junio del 2023 (lo es a partir del 31 de diciembre de 2023) los procedimientos de desahucio y los lanzamientos indicados en los artículos 1 (LA LEY 4471/2020) y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo (LA LEY 4471/2020), por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, que se encuentren suspendidos por aplicación de dichos preceptos, cuando la parte actora sea una gran tenedora de vivienda en los términos previstos por el artículo 3.k) de esta ley, sólo se reanudarán a petición expresa de la misma si la parte actora acredita que se ha sometido al procedimiento de conciliación o intermediación que a tal efecto establezcan las Administraciones Públicas, en base al análisis de las circunstancias de ambas partes y de las posibles ayudas y subvenciones existentes conforme a la legislación y normativa autonómica en materia de vivienda.

2.- Por un lado, se exige que la disposición del vehículo que, en todo caso, debe vincularse a la autorización, deba estar en propiedad, arrendamiento financiero o arrendamiento a largo plazo en el sentido que dispone la normativa de tráfico al respecto, es decir, arrendamientos con una duración superior a tres meses, de conformidad con el artículo 1 de la Orden INT/3215/2010, de 3 de diciembre (LA LEY 24832/2010), por la que se regula la comunicación del conductor habitual y del arrendamiento a largo plazo al Registro de Vehículos.
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Tribuna
El régimen de inversiones extranjeras: su definitiva consolidación mediante el desarrollo reglamentario
Barredo, Miguel|Canseco, Octavio
06/09/2023

b) Una Memoria explicativa sucinta sobre la situación económico-financiera y patrimonial de la sociedad objeto de inversión.

— si existe un riesgo grave de que el inversor extranjero ejerza actividades delictivas o ilegales, que afecten a la seguridad pública, orden público o salud pública en España (38), puntualizando ahora el RD 571/2023 (LA LEY 20118/2023) que, para determinar esta circunstancia, «se tendrán en cuenta, preferentemente [no exclusivamente], las sanciones administrativas o judiciales firmes [en cualquier jurisdicción] impuestas al inversor en los últimos tres años, en particular, en ámbitos como el blanqueo de capitales, el medioambiental, el tributario, o la protección de la información sensible».
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Tribuna
Antecedentes históricos y legislativos de los derechos de autor, con especial referencia al derecho español
De Blas Javaloyas, José Ramón
10/07/2023

Si se ha infringido el derecho, cabe interponer una demanda ante un tribunal civil para obtener una compensación financiera y que continúe produciéndose la infracción.

Autores y editores se necesitaban recíprocamente: la edición se convierte en un negocio susceptible de generar beneficios económicos, por lo que los editores se procuran los mejores autores y comienzan a pagarles por ello, de modo que nacieron así ciertos derechos patrimoniales o pecuniarios a favor de los autores, que negociaban los derechos sobre sus obras y se veían protegidos indirectamente por el sistema de privilegios concedidos a sus editores (47) .
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Tribuna
Fraude de subvenciones y empresas vinculadas
De Urbano Castrillo, Eduardo
06/07/2023

Así en la STS 551/2022, de 2 de junio (LA LEY 112541/2022), se dice: «las dos empresas se encontraban totalmente vinculadas, cuyos socios y administradores eran las mismas personas, el matrimonio condenado; por ello que sea razonable hablar de una confusión patrimonial entre ellas, o unidad económica, que formalmente se diversifica a efectos defraudatorios, y.

Por lo que hace al delito de fraude de subvenciones (art.308 CP (LA LEY 3996/1995)), cuyo bien jurídico es la protección de las políticas económicas prioritarias, el concepto clave es el de «subvención», cuya importancia entronca con los fines de la Unión Europea (art.3 del Tratado de Maastrich, de 1992) y que se define en nuestra Ley de subvenciones,L 38/03, de 17 de diciembre, como cualquier disposición dineraria realizada por cualesquiera de las Administraciones territoriales sin contraprestación directa de los beneficiarios, sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo o finalidad y que sirva a una actividad de utilidad pública, interés social o de promoción de una finalidad pública (ex art.2 Ley 38/03 (LA LEY 1730/2003)).
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Tribuna
La «mayor objetividad» del informe elaborado por los peritos de la Agencia Tributaria en el proceso penal: el necesario cambio de paradigma, a la luz de las últimas resoluciones judiciales
García Sánchez, Álvaro
29/06/2023

Las razones fundamentales que sustentan la afirmación anterior, como señala también Neira (2020), son: la insuficiencia por parte de los operadores jurídicos de conocimientos específicos en materia económica, financiera, contable o tributaria;...

Aunque la Sentencia lo que analiza es un informe en materia de valoraciones de inmuebles a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, y, por ende, hace numerosas críticas y consideraciones a los informes de la Administración, la doctrina es plenamente válida y aplicable, a los informes elaborados por los peritos de la Agencia Tributaria en los procedimientos penales, y ello, por dos cuestiones:
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Tribuna
Perspectivas penales y criminológicas del maltrato del adulto mayor en entornos residenciales
Marco Francia, María Pilar
23/06/2023

Por su parte, Acierno et al. (2020) establecieron la importancia, a la hora de que el anciano maltratado denuncie maltrato económico o emocional en quien era el autor del delito.Alrededor de un 5,2% de los adultos mayores experimentan abuso financiero y un 4,6% emocional, gran parte de esos delitos no son denunciados.
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Tribuna
Fiscalía europea y Agencia Estatal de Administración Tributaria
Velázquez Vioque, Sergio
07/06/2023

2. El artículo 4 de la referida Ley Orgánica señala que Los Fiscales europeos delegados son competentes en el conjunto del territorio nacional para investigar y ejercer la acción penal ante el órgano de enjuiciamiento competente en primera instancia y vía de recurso contra los autores y demás partícipes de los delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión Europea de conformidad con los artículos 4 (LA LEY 17258/2017), 22 (LA LEY 17258/2017), 23 (LA LEY 17258/2017) y 25 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017 (LA LEY 17258/2017), con independencia de la concreta calificación jurídica que se otorgue a los mismos.

12. Además, el Capítulo V del Título III de la Ley regula la adopción por el Fiscal europeo de las Medidas Cautelares Reales que, de conformidad con el artículo 52, «tienen por finalidad el aseguramiento de las responsabilidades de carácter patrimonial y de las responsabilidades civiles».
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Doctrina
El nuevo delito de «enriquecimiento ¿ilícito?» del artículo 438 bis del Código Penal
Villegas García, María Ángeles
03/05/2023

El desarrollo de tipos penales y otros instrumentos jurídicos destinados a impedir que los delincuentes disfruten de las ganancias obtenidas en su actividad delictiva y, en su caso, logren su incorporación al tráfico económico legal de bienes, ha sido una constante del legislador.

a) Incrementos patrimoniales injustificados u operaciones financieras anómalas.
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Tribuna
Condena en vía penal a la disolución de una persona jurídica y su incidencia en la responsabilidad frente a los trabajadores del denominado «grupo patológico de empresas»
Gil Meana, María Luisa
17/04/2023

La pena de disolución contemplada en el artículo 33.7 b) del Código Penal (LA LEY 3996/1995) tiene como finalidad evitar la reiteración delictiva y garantizar que se abra la fase de liquidación del patrimonio.

No se trata de un concurso de acreedores en el que pudiera haber sobrante económico tras la liquidación, que se repartiría entre los socios por sus cuotas y que podrían responder con esas cantidades de deudas posteriores de la empresa, sino de una sentencia penal que, al ejecutarse, es decir al proceder a la liquidación, si existiera un sobrante económico, no iría los socios al ser cantidades provenientes de un delito.
  • Materia (514)
  • Sección (296)
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  • Año (375)
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