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PRIMERO.- El objeto de la apelación se concreta en los pronunciamientos relativos a los alimentos de las tres hijas del matrimonio. En el recurso de apelación la parte demandada reitera básicamente las peticiones formuladas en reconvención de pensión de alimentos de 883 euros mensuales para cada una de las dos hijas menores y que la pensión fijada a favor de la hija mayor sea entregada a la madre y no directamente a la hija y que el importe sea de 483 euros al mes, manteniendo la obligación de pago directo por parte del padre de los gastos acordados. Como motivos del recurso alega falta de prueba con vulneración del art. 24 CE (LA LEY 2500/1978) al no haberse admitido el requerimiento al demandante de la Declaración de Renta de 2014, error en la valoración de la prueba, vulneración del art. 233- 4,1 CCC al acordar el pago de la pensión de alimentos directamente a la hija mayor y desacuerdo en la imposición de las costas a la parte demandada ahora apelante.

Como antecedentes necesarios para resolver lo que constituye el objeto de la apelación se señalan los siguientes: la sentencia de divorcio de 27-11-2006 que aprobó el convenio regulador suscrito atribuye a la madre la guarda de las tres hijas y fija a cargo del padre una pensión de alimentos de 500 euros al mes por cada una de ellas además del pago de la mutua médica de las tres hijas más los gastos de escolarización que integran el recibo escolar más la mitad de los gastos extraordinarios. En la demanda de modificación el padre solicita la guarda compartida de las tres hijas, que se deje sin efecto la pensión de alimentos de la hija mayor Tania y que se fije la pensión de alimentos a cargo del padre en 350 euros por hija manteniendo la asunción de los gastos fijados en el convenio. La madre se opone y formula reconvención solicitando un incremento de las pensiones de alimentos de las dos hijas menores en la suma de 300 euros para cada una (total 883 euros) y el mantenimiento de la pensión de Tania o subsidiariamente se reduzca en 100 euros. Estas peticiones son las que se reiteran en el recurso de apelación. La hija mayor Tania nacida en NUM000 de 1998 está estudiando en un colegio de Londres en régimen de internado, era menor de edad cuando se dictó la sentencia apelada habiendo alcanzado la mayoría de edad durante la tramitación de la apelación. Las dos hijas menores Valle y Erica nacieron respectivamente en NUM001 de 2011 y NUM002 de 2003. La sentencia ha mantenido la pensión de alimentos de las dos menores y respecto de la mayor ha acordado como pensión la suma de 400 euros pero ha acordado que el padre la entregue directamente a la hija. Se ha mantenido la obligación de asumir los mismos gastos de forma directa por parte del padre. No hay controversia sobre la custodia que sigue siendo materna.

SEGUNDO.- La prueba que fue propuesta e inadmitida en la instancia consistente en la aportación de la Declaración de la Renta de 2014 fue reproducida en esta alzada y denegada al constar unido a las actuaciones el resultado de la averiguación patrimonial a través del Punto Neutro en el que constan las retribuciones percibidas en 2014. No ha habido vulneración del derecho de defensa.

En el recurso se denuncia error de valoración de la prueba aportada pero dicho error se alega respecto de la situación en la que se encuentra la madre. No se reitera en el recurso que el padre se encuentre en una situación económica superior que la que tenía en el momento de firmar el convenio regulador, como se sostenía en el escrito de demanda reconvencional. No se hace referencia alguna a dicho extremo. No obstante lo anterior, la Sala estima que no se ha probado una mejoría de la capacidad económica del padre que justifique el incremento de las pensiones solicitadas para las dos hijas menores. Obran en las actuaciones las declaraciones de la renta desde 2010 siendo los resultados variables según el ejercicio. En 2011 aparece un incremento pero en los ejercicios posteriores se produce una reducción y no constan los ingresos o rendimientos que tenía cuando firmó el convenio regulador lo que impide el examen comparativo necesario para apreciar si ha habido o no modificación. En cuanto a la situación económica de la madre, consta por reconocimiento de la misma e informe laboral que trabajó hasta 2009. Afirma ingresos de unos 1.000 euros al mes pero tampoco lo acredita y alega dificultades para acceder a un nuevo trabajo debido a la situación de crisis por una parte y la obligación que tiene de llevar y traer a las hijas al colegio de Barcelona, desde DIRECCION001 donde viven, lo que le reduce su disponibilidad horaria. Alega y acredita que le propuso al padre un cambio de centro escolar a un centro de DIRECCION001 pero que el padre se negó. Tanto el padre como la madre han tenido un nuevo hijo. El hijo de la madre está escolarizado también en un centro de Barcelona. Las tres hijas del matrimonio han estado escolarizadas en el centro DIRECCION000 desde pequeñas. Actualmente la mayor estudia en Londres.

Nos encontramos en un procedimiento de modificación en el que, para variar las medidas adoptadas en el proceso de divorcio y que rigen desde entonces, debe acreditarse la concurrencia de una modificación sustancial de circunstancias que haga necesario ajustar las medidas adoptadas a la nueva situación. Así lo exige el art. 233-7 CCC y el art. 775 LEC (LA LEY 58/2000) . En este sentido se ha reiterado por los tribunales que se permite de esta manera que la regulación jurídica de los efectos de la ruptura de pareja, se vaya adaptando a la propia realidad y dinámica familiar, pero respetando en cualquier caso el principio de cosa juzgada, de manera que no está permitida la modificación si no es en base a nuevos hechos posteriores que alteran de forma sustancial la situación que se tuvo en cuenta al dictarse las medidas, no permitiéndose en el proceso de modificación la revisión de la valoración realizada en la sentencia anterior, pues ello sería contrario al principio de seguridad jurídica.

No se ha probado la mejoría que se alega respecto a la capacidad o situación económica del padre, hecho que ni siquiera alega la apelante en su recurso. No se han probado los ingresos que tenía la madre cuando se firmó el convenio regulador. Dejó de trabajar en 2009 y hasta 2015, con ocasión de la demanda formulada de contrario, no ha solicitado incremento alguno de la pensión de alimentos. Alega dificultades para acceder a un trabajo por la situación de crisis (hecho alegado en el interrogatorio) pero no prueba búsqueda activa de empleo. Alega que tiene dificultades de disponibilidad horaria porque tiene que acompañar y recoger a sus hijas al colegio de Barcelona pero sus hijas ya iban a dicho centro escolar cuando se produjo el divorcio y la madre trabajaba, y no consta la imposibilidad de utilizar el transporte público. La escolarización en el colegio de Barcelona es una circunstancia que ya existía en el momento de firmar el convenio regulador, no se trata de un hecho nuevo que dificulte o influya en las dificultades de la madre de encontrar un trabajo. No se considera una circunstancia que pueda incidir en la capacidad económica de la madre. Tampoco en los gastos de las hijas porque los gastos de desplazamiento si existen ahora, también existían cuando se firmó el convenio y no justifican incrementar la contribución económica del padre a los alimentos de las hijas. La Sala considera que no es procedente el incremento de la pensión de alimentos solicitada en la demanda reconvencional y reiterada en el recurso por lo que debe desestimarse el mismo por lo que hace referencia a este extremo.

TERCERO.- En cuanto a la contribución de alimentos a cargo del padre y a favor de la hija mayor que está estudiando en Londres la parte apelante alega infracción del art. 233-4,1 CCC entendiendo que del contenido de la sentencia se deriva que el importe de la pensión de alimentos fijada debe entregarse por el padre a la hija. Solicita que se fijen 483 euros mientras resida en el extranjero y que si se mantiene la suma de 400 euros se establezca la de 583 euros en los periodos o meses que la hija viva con su madre. La hija, como se ha señalado con anterioridad, ha alcanzado la mayoría de edad, está estudiando en Londres existiendo acuerdo entre ambos progenitores y depende económicamente de sus padres. La residencia en Londres es exclusivamente por razón de estudios. Cuando se dictó la sentencia ahora apelada la hija era menor de edad y no se modificó la medida de guarda y custodia acordada en el divorcio por lo que la hija siguió bajo la guarda de la madre hasta alcanzar la mayoría de edad. No existiendo manifestación ni prueba en contra entendemos que su residencia a los efectos del proceso de modificación sigue siendo la de la madre una vez alcanzada la mayoría de edad.

En el presente supuesto la redacción de la parte dispositiva induce a error por cuanto de una parte se fija una pensión de alimentos que el padre debe satisfacer a la hija Tania mientras que cuando se fija la pensión de las dos hijas menores se utiliza la expresión pensión de alimentos a favor de y de otra parte en el apartado cuarto se indica que el pago de las cantidades líquidas determinadas como alimentos se satisfarán en la cuenta corriente de la madre donde se venían realizando. La parte apelante en el cuerpo del recurso interpreta, respecto de la pensión de alimentos fijada para Tania , que el padre abone directamente dicha pensión a la hija y por dicho motivo denuncia como infringido el art. 233-4 CCC aunque en la petición final no hace referencia alguna en ese sentido.

Nos encontramos en un procedimiento de modificación de medidas de una sentencia de divorcio. Cuando se dictó la sentencia la hija era todavía menor de edad y dependiente económicamente. Como hemos señalado, los estudios en Londres no implican cambio de residencia a los efectos de este proceso y de las medidas que deben adoptarse en el mismo y la guarda seguía siendo materna. Se estableció una pensión de alimentos a su favor y dicha pensión debe ser entregada a la madre como progenitora que ostentaba la guarda y no directamente a la hija menor. El mismo régimen o regulación cabe mantener cuando la hija alcanza la mayoría de edad. La pensión de alimentos a cargo del padre para la hija que ahora es mayor de edad se fija en un procedimiento de modificación de medidas por lo que no procede acordar que la entrega o pago de dicha pensión se haga de forma directa a la hija. El CCC admite el pago directo de determinados gastos a los hijos menores (art. 233-8,3) pago directo que no debe excluirse cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad y se mantienen las circunstancias exigidas en el art. 233-4 del mismo cuerpo legal, pero no parece autorizar el pago directo de los alimentos al hijo o hija mayor que carece de medios y que sigue conviviendo con uno de los progenitores. Es por ello que debe acordarse que la previsión del apartado 4º de la parte dispositiva de la sentencia es aplicable a la pensión de alimentos establecida para las tres hijas del matrimonio.

Estimamos en parte el recurso.

CUARTO.- La sentencia ha impuesto el pago de las costas a la parte demandada, actora en reconvención calificando su conducta de temeraria. La sentencia apelada estima íntegramente la demanda pero la estimación es parcial por cuanto inicialmente se solicitaba la guarda compartida de las hijas menores que no ha sido acordada. No estimamos temeraria la petición formulada por la Sra. Esther en reconvención. No ha sido estimada por no resultar procedente pero la improcedencia de sus pretensiones no convierte a las mismas en temerarias. Se fundan en una variación de circunstancias que alega pero no prueba. No cabe imponer las costas a la parte demandada por temeridad, pero si cabe imponer las costas de la demanda reconvencional en aplicación del principio de vencimiento objetivo del art. 394 LEC (LA LEY 58/2000) .

QUINTO.- En segunda instancia, habiéndose estimado en parte el recurso tampoco procede hacer pronunciamiento sobre las costas del recurso ( art. 394 LEC (LA LEY 58/2000) ).