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PRIMERO.- La sentencia dictada en la instancia desestima en su integridad la acción ejercitada por la parte actora D. Roberto contra la demandada Dª Inocencia, tendente a la adopción de las correspondientes medidas de índole económico-patrimonial y paterno-filial con respecto al hijo común Luis Miguel, nacido el día NUM000 2009, en el marco de la relación de convivencia mantenida entre las partes durante varios años.

La sentencia desestima la pretensión actora consistente en la atribución a dicho progenitor paterno de la medida de guarda y custodia del menor, y acuerda la ratificación de la custodia ejercida por la madre con fundamento en que tal medida se ha mantenido desde el nacimiento de Luis Miguel y que cualquier cambio al respecto podría resultar perjudicial para el niño.

La mencionada parte demandante muestra su disconformidad con el referido pronunciamiento judicial e interesa su revocación y el dictado de una nueva sentencia que declare la atribución a dicho progenitor de la custodia del menor.

Se alega la existencia de error en la valoración de la prueba.

SEGUNDO.- Concretada en los indicados términos la cuestión impugnatoria suscitada en esta apelación, entiende este Tribunal, tras la revisión de lo actuado en los presentes autos, que en efecto, asiste razón a la parte recurrente en la pretensión que plantea, por lo que procede, como seguidamente se argumentará, la revocación de la sentencia de instancia.

La cuestión controvertida en estos autos y trasladada ahora a esta fase de apelación se concreta en determinar, con fundamento en el superior interés del menor, el modelo de custodia más adecuado y beneficioso para el mismo. Y en caso de optar por el régimen de custodia exclusiva si se atribuye tal medida a uno u otro progenitor.

Hemos señalado en precedentes sentencias, que la adopción de la medida de guarda y custodia de los hijos menores, y el establecimiento del correspondiente régimen de visitas debe garantizar el superior interés de los mismos. Es decir, la prevalencia de dicho interés del menor, por encima de cualquier otro, incluido el de sus padres, parientes o allegados. Téngase en cuenta que el principio "favor filii" ha sido elevado a principio universal del derecho, viniendo consagrado en nuestra legislación en diversos preceptos, ( arts. 92 (LA LEY 1/1889), 93 (LA LEY 1/1889), 94 (LA LEY 1/1889), 103 (LA LEY 1/1889)-1, 154 (LA LEY 1/1889), 158 (LA LEY 1/1889) y 170 del Código Civil (LA LEY 1/1889)), y en general en cuantas disposiciones regulan cuestiones matrimoniales, paterno-filiales o tutelares, constituyendo un principio fundamental y básico orientador de la actuación judicial que concuerda con el constitucional de protección integral de los hijos ( art. 39.2 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978)), siendo también la razón por la que la normativa vigente arbitra fórmulas con que garantizar o servir aquél interés , tales como la audiencia de los menores si tuvieran suficiente juicio y preceptivamente si alcanzaren los doce años ( art. 92.2 del Código Civil (LA LEY 1/1889)) y recabar el dictamen de especialistas que puedan colaborar con el juez en el más acertado discernimiento de las medidas que adopte.

TERCERO.- De conformidad con tal criterio jurídico-interpretativo examinado a tenor de la actividad probatoria practicada en estos autos, cabe afirmar inicialmente la inaplicación en este momento del modelo de custodia compartida. Y ello con fundamento, como así se expone en el informe pericial forense aportado a los autos, en la conflictiva relación entre los progenitores y además en la propia conducta de la madre que hace partícipe a su hijo de dicho conflicto y enfrentamiento. Téngase en cuenta como señala la STS de 29 de abril de 2013 que para la viabilidad de tal medida se han de valorar determinados criterios tales como el resultado de los informes exigidos legalmente y cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada en una convivencia que será más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven.

Por otro lado el contenido del referido informe pericial determina que en la situación actual la medida de custodia del menor debe atribuirse en exclusiva al progenitor paterno por cuanto de esta manera quedaría garantizado el denominado superior interés de Luis Miguel. Téngase en cuenta cómo de manera reiterada hemos manifestado que ese "bonus o favor filii", constituye el fin esencial y prioritario al que deben tender todas aquellas medidas que se adopten con respecto a los hijos menores de edad en los casos de crisis matrimonial o de relación análoga de pareja.

Consta acreditado que en este caso el comportamiento de la madre está afectando negativamente al menor. El citado informe pericial psicológico pone de manifiesto que la madre hace partícipe a su hijo del conflicto que mantiene con el progenitor paterno, lo que estaría provocando en el niño miedo y dolor emocional, máxime además valorando que la madre desvaloriza la figura paterna, al tiempo que interfiere obstaculizando la relación paterno filial. Obsérvese finalmente, como así expone la perito forense en su informe, que la persistencia de esas conductas de la madre con respecto a la relación paterno filial agravarían las consecuencias psicológicas que está ocasionando en el menor.

Entendemos en consecuencia, con fundamento en el superior interés de Luis Miguel, que debe atribuirse al padre la medida de guarda exclusiva del mismo. Valoramos al respecto la situación anterior ya descrita y a su vez la decidida aptitud y capacidad del progenitor paterno en orden a asumir la custodia de su hijo. Téngase en cuenta que dicho progenitor facilita en todo momento y potencia la relación del menor con su madre, no desvalorizando en modo alguno la figura materna. Además la relación de Luis Miguel con su padre y con el entorno paterno es positiva. Existe un excelente vínculo afectivo paterno filial. Consta acreditada además la buena vinculación del menor con doña Natividad, la actual esposa del Sr. Roberto, con la que mantiene una óptima relación afectiva cuidando del menor de manera responsable.

Cabe afirmar por tanto que la atribución a dicho progenitor de la custodia exclusiva del niño va a redundar de manera positiva en el bienestar de Luis Miguel, garantizando así el denominado "bonus" o "favor filii" como antes decíamos. De esta manera se potenciarían los actuales sentimientos del menor, carentes ahora de afecto, al tiempo que se iría reduciendo de forma progresiva el daño emocional que sufre el niño en los términos antes mencionados.

El hecho de que el menor, como dice la perito forense, reciba los cuidados básicos de alimentación, higiene, vestido, etc. por parte de su madre encargada de su custodia en la actualidad, no constituye óbice alguno que impida o desaconseje el cambio de custodia que afirmamos. Y ello porque el beneficio, interés y cuidado de un hijo menor de edad, no se reduce sólo a tan elementales atenciones básicas, sino que también comprende otras de distinta naturaleza como las de índole afectiva y emocional de carácter esencial, en las que en este caso la conducta de la madre, está incidiendo de forma negativa. Cabe añadir finalmente que tampoco constituye inconveniente alguno al respecto el hecho de que la Sra. Inocencia esté ostentando la custodia del menor desde su nacimiento, por cuanto ese hecho no determina sin más el mantenimiento de dicha situación, sobre todo cuando afecta de forma negativa al interés del menor.

Procede por todo lo expuesto la estimación del presente recurso, atribuyendo al progenitor paterno la custodia del hijo Luis Miguel y fijando en favor de la madre un régimen de visitas amplio de fines de semana alternos desde las 20 horas del viernes hasta las 20 horas del domingo, además de un día intersemanal (miércoles) desde la salida del centro escolar hasta las 20 horas. Las vacaciones escolares de navidad, verano y semana santa se distribuirán por mitad entre ambos progenitores.

Con respecto a la pensión de alimentos se impone a la progenitora no custodia el pago de la cantidad de 150 euros al mes. Valoramos al respecto, en los términos señalados en el artículo 146 Código civil (LA LEY 1/1889), las necesidades del menor y la disponibilidad económica de la madre, trabajadora administrativa en un locutorio. Entendemos que dicha cantidad goza de proporcionalidad máxime además cuando se sitúa en los umbrales del denominado "mínimo vital" reservado para aquellos casos de verdadera penuria económica, no acreditada en estos autos, o de ausencia o escasez de ingresos económicos tampoco existente en este caso.

Procede la estimación del presente recurso.

CUARTO.- Dicha estimación del recurso conlleva que no se efectúe declaración sobre las costas causadas en esta alzada ( art. 398 LEC (LA LEY 58/2000)).

Vistas las normas citadas y demás de general y pertinente aplicación.