FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. Es objeto del presente recurso de apelación la sentencia 170/17, de fecha 27 de noviembre de 2017, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Valladolid , dictada en el procedimiento abreviado número 124/2017.
La sentencia apelada desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Emiliano contra la resolución de 22 de mayo de 2017 de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, que estima parcialmente el recurso de reposición interpuesto por el aquí apelante contra la resolución de 16 de diciembre de 2014 de la misma Dirección General por la que se resuelve el expediente disciplinario incoado contra él, reduciendo la sanción impuesta por falta disciplinaria muy grave a 3 años, manteniendo el resto de pronunciamientos de la resolución impugnada.
En la resolución de 16 de diciembre de 2014 se impone al apelante, profesor de francés en el instituto DIRECCION000 de Palencia, las siguientes sanciones:
1º Una sanción disciplinaria de suspensión de funciones de 1 mes, por una falta disciplinaria grave tipificada en el artículo 82.g) de la Ley 7/2005, de 24 de mayo (LA LEY 1117/2005), de la Función Pública de Castilla y León .
2º Una sanción disciplinaria de suspensión de funciones de 3 mes, por una falta disciplinaria grave tipificada en el artículo 82.g) de la Ley 7/2005, de 24 de mayo (LA LEY 1117/2005), de la Función Pública de Castilla y León
3º Una sanción disciplinaria de suspensión de funciones de 3 mes, por una falta disciplinaria grave tipificada en el artículo 82.g) de la Ley 7/2005, de 24 de mayo (LA LEY 1117/2005), de la Función Pública de Castilla y León
4º Una sanción disciplinaria de suspensión de funciones de 1 año, por una falta disciplinaria grave tipificada en el artículo 82.q) de la Ley 7/2005, de 24 de mayo (LA LEY 1117/2005), de la Función Pública de Castilla y León
5º Una sanción disciplinaria de suspensión de funciones de 3 años y 6 mes, por una falta disciplinaria grave tipificada en el artículo 81.1.b) de la Ley 7/2005, de 24 de mayo (LA LEY 1117/2005), de la Función Pública de Castilla y León (esta es la que se rebaja a 3 años en la resolución del recurso de reposición).
6º Una sanción disciplinaria de suspensión de funciones de 3 mes, por una falta disciplinaria grave tipificada en el artículo 82.h) de la Ley 7/2005, de 24 de mayo (LA LEY 1117/2005), de la Función Pública de Castilla y León
Prete nde el apelante que se revoque la sentencia de instancia y que, en su lugar, se dicte otra por la que se estime su demanda y se anulen las resoluciones recurridas y, subsidiariamente, que se retrotraigan las actuaciones para que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 1 de Valladolid dicte una sentencia respetuosa con el art. 24.1 de la CE (LA LEY 2500/1978) .
2. El recurso de apelación previsto en la Ley reguladora de esta Jurisdicción 29/1998, de 13 de julio, tiene unos requisitos procesales que, por ser de orden público, han de ser observados por los Jueces y Tribunales, incluso aunque no hubieran sido alegados por las partes. En este sentido ha de señalarse, por lo que aquí interesa, que las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo no son apelables, a tenor de lo dispuesto en el art. 81.1.a) de dicha Ley , en asuntos de cuantía que no "exceda de 30.000 euros".
En el presente caso, a la vista de las alegaciones y documentación aportada por las partes al evacuar el traslado conferido al amparo del art. 33.2 de la LJCA (LA LEY 2689/1998) , procede declarar inadmisible el recurso de apelación en relación con 4 sanciones: 1 de un mes y 3 de tres meses de suspensión de funciones, de acuerdo con lo dispuesto en el citado art. 81.1.a) y con el criterio sentado por el Tribunal Supremo en estos casos.
En efecto, el Tribunal Supremo ha señalado reiteradamente (Autos de 22 de febrero , 11 de octubre y 16 de diciembre de 2002 , 24 de enero de 2003 y 22 de diciembre de 2.004 , y sentencia de 23 de mayo de 2.003 , entre otras), que en estos casos, relativos a sanción de suspensión en el ejercicio de la abogacía a letrado, aunque la cuantía litigiosa no aparezca cuantificada en autos, es posible inadmitir el recurso al ser esa sanción susceptible de cuantificación, en función de los beneficios previsibles por todos los conceptos derivados de ese ejercicio durante el expresado periodo, de manera que al no acreditarse que en este caso esos beneficios dejados de percibir durante el tiempo al que se refiere la sanción impuesta hayan rebasado la cifra indicada de 18.030,36 euros (ahora 30.000 €), es procedente declarar la inadmisibilidad del presente recurso de apelación.
Esta doctrina del Tribunal Supremo referida a la improcedencia del recurso de casación en supuestos de sanciones a letrado es también aplicable al presente caso, pues, aunque aquí se interpone un recurso de apelación, tanto en este supuesto como en los analizados por el Tribunal Supremo al resolver sobre la inadmisión del recurso de casación, lo que se cuestiona es la cuantía de la pretensión, y ésta ha de fijarse con los mismos criterios - arts.41 (LA LEY 2689/1998) y 42 de la citada Ley Jurisdiccional 29/1998 (LA LEY 2689/1998) -.
En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo en la citada sentencia de 23 de mayo de 2.003 al desestimar el recurso de casación en interés de Ley interpuesto contra la sentencia del TSJ de Madrid que declaró inadmisible el recurso de apelación, en un caso de sanción a letrado de suspensión del ejercicio de la abogacía durante "un mes", indicando lo siguiente:
SEGUND O.- La sentencia recurrida declaró inadmisible el recurso de apelación entendiendo que, si bien la cuantía estaba fijada como indeterminada, ello no impide que pueda la misma cuantificarse por lo que, centrada la sanción en un mes de suspensión de la profesión de Abogado, es perfectamente determinable económicamente su cuantía demostrando lo que gana la Letrada en concreto o en su defecto en función de la media de lo que ingresa en un mes la mayoría de los abogados, entendiendo que la retribución media de cualquier abogado no supera en su generalidad los tres millones de pesetas al mes, por lo que, y conforme al artículo 81.1.a) de la Ley de la Jurisdicción , no procede el recurso de apelación al estar éste excluido en asuntos cuya cuantía no exceda de tres millones de pesetas.
Añade la sentencia que la cuestión debe examinarse con una interpretación sistemática y finalista de las disposiciones legales estimando evidente que la cuantía de tres millones establecida como límite mínimo pretende que los asuntos de menor entidad se resuelvan en una única instancia, y tales asuntos no sólo son aquellos con cuantía establecida previamente, sino todos los que por su naturaleza puedan cuantificarse.
TERCER O.- Pretende la recurrente que por la Sala se dicte sentencia declarando como doctrina legal que a los efectos del artículo 81.1.a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LA LEY 2689/1998) , se considerarán de cuantía indeterminada, y en consecuencia, serán susceptibles de recurso de apelación los recursos que tengan por objeto la sanciones impuestas a los Abogados por sus Colegios Profesionales. Y con carácter subsidiario interesa que esta doctrina se concrete en que "a los efectos del artículo 81.1.a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativo , se consideran de cuantía indeterminada o, en todo caso, superior a tres millones de pesetas, y en consecuencia, serán susceptibles de recurso de apelación, los recursos que tengan por objeto las sanciones de suspensión en el ejercicio profesional impuestas a los Abogados por sus Colegios Profesionales" o bien, y con carácter subsidiario que, a los mismos efectos, se consideran de cuantía indeterminada y, en consecuencia, susceptibles de recurso de apelación las sanciones de suspensión en el ejercicio profesional por plazo de un mes impuestas a los Abogados por sus Colegios Profesionales.
CUARTO .- Como expone el Ministerio Fiscal en el presente caso procede rechazar el recurso de casación en interés de Ley puesto que el criterio mantenido por la sentencia recurrida resulta conforme a derecho ya que, como esta Sala ha declarado en Sentencia de 31 de enero de 2000 recogiendo criterios mantenidos en Autos de 5 de mayo de 1.997 y 16 de marzo de 1.999, en aquellos casos en que, aun tratándose de sanciones que consisten en privación de derechos, existe una posibilidad razonable de establecer su valoración económica, debe fijarse la cuantía del recurso con arreglo a ella, pues así se infiere de las normas generales sobre determinación de la cuantía, que ordenan estar al valor de la pretensión, sin exigir que éste se concrete en suma de dinero ( artículo 50 de la Ley de Jurisdicción ) y admite genéricamente la existencia de sanciones valorables económicamente ( artículo 51.2 de la misma Ley ) sin ceñirse a las de carácter pecuniario.
Es evidente que en el presente caso la posibilidad de sanciones susceptibles de valoración económica está establecida en el artículo 42.2 de la vigente Ley de la Jurisdicción , de donde se deduce, de acuerdo con el criterio jurisprudencial antes expuesto, que, siendo éstas valorables, no han de considerarse de cuantía indeterminada y, en el caso concreto enjuiciado, que afecta a la imposición de una sanción de suspensión de un mes de ejercicio profesional, es acertado el criterio de la Sala de instancia que estima que la cuantía de los ingresos dejados de percibir no excede de aquella cifra.
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En la misma línea, el Auto del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2013, rec. 3571/2012 (LA LEY 18247/2013) , en el que se dice:
"Por otra parte, conforme al artículo 41.3 de la misma Ley, en los casos de acumulación de pretensiones -es indiferente que tenga lugar en vía administrativa o jurisdiccional- aunque la cuantía del recurso venga determinada por la suma del valor de las pretensiones objeto de aquélla, no comunica a las de cuantía inferior la posibilidad de casación.
Asimismo, el artículo 42.1.a) de la propia Ley dispone que cuando el demandante solicite solamente la anulación del acto, se atenderá al contenido económico del mismo, para lo cual se tendrá en cuenta el débito principal, pero no los recargos, las costas ni cualquier otra clase de responsabilidad, salvo que cualquiera de éstos fuera de importe superior a aquél.
TERCERO .- Proyectadas estas consideraciones sobre el caso que ahora nos ocupa, procede entender que la resolución judicial impugnada se encuentra exceptuada del recurso de casación, por haber recaído en un asunto cuya cuantía no excede de dicho límite, ya que lo cierto es que el valor de la pretensión objeto del recurso está constituido, según se deduce del escrito de demanda, por el coste derivado de las siete sanciones confirmadas por la Sentencia de instancia, de modo que en este asunto, la cuantía del recurso contencioso-administrativo no alcanza el límite de 600.000 euros establecido en el artículo 86.2.b) de la LJCA (LA LEY 2689/1998) para acceder al recurso de casación, puesto que para su determinación habrá de estarse al valor económico de la pretensión ejercitada por la entidad recurrente, valor que no excede de la expresada cantidad teniendo en cuenta el montante económico de cada una de las sanciones impuestas a la recurrente, sin que quepa su acumulación, como es doctrina reiterada de esta Sala (ATS de de 16 de diciembre de 2010, RC 2616/2010 (LA LEY 244157/2010) , citado expresamente en la referida Providencia, de 17 de diciembre de 2012, confiriendo trámite de audiencia a las partes)".
Queda , por consiguiente, delimitado el objeto del recurso de apelación al examen de la legalidad de la sentencia impugnada en cuanto confirma la resolución recurrida en relación con las sanciones de suspensión de funciones por 1 y 3 años y, en caso de anularse, a la determinación de las medidas procedentes para el restablecimiento de la situación jurídica individualizada del apelante. Consecuentemente, se analizarán aquellos motivos de impugnación que puedan tener relevancia respecto de estas dos sanciones.
3. El apelante fue sancionado con suspensión de funciones durante 1 año por la comisión de la infracción grave prevista en el art. 81.q) de la Ley 7/2005, de 24 de mayo (LA LEY 1117/2005), de la Función Pública de Castilla y León , en el que se tipifica como tal:
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"La realización de actos y el mantenimiento de comportamientos frecuentes que de forma reiterada y sistemática busquen premeditadamente socavar la dignidad de la persona y perjudicarla moralmente, sometiéndola a un entorno de trabajo discriminatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo".
Por la realización de los siguientes hechos probados que se describen el hecho probado cuarto de la resolución sancionadora:
"Resulta probado que D. Emiliano , en diferentes reuniones del departamento de francés, y especialmente en las celebradas los días 13 de noviembre, 4 de diciembre y 11 de diciembre de 2013, adoptó hacia la Jefa del departamento Dª Andrea y hacia su compañera, profesora de Francés, Dª Antonia un comportamiento hostil, agresivo, violento, obstruccionista, amenazador, insultante, burlesco y despreciativo, gritando e incluso poniéndose de pie y acercándose físicamente a sus compañeras para intimidarles, tal y como resulta de la prueba documental que obra en el expediente (Paginas 47, 130, 199 y 200).
Que D. Emiliano se dirigió en tono elevado a sus compañeras de departamento Dña Andrea y Dña Antonia con expresiones como "tú te callas", "Tú no tienes ni idea", "mentirosas" con posterioridad a la reunión del Departamento de Francés celebrada el día 13 de noviembre de 2013, tal y como resulta de la declaración del inculpado (Página 366), de la prueba testifical que obra en el expediente (Páginas 411,417, 762 y 766).
Que D. Emiliano se dirigió a sus compañeras de departamento, Dña Andrea y Dña Antonia , utilizando un tono de voz elevado, calificándolas de "incompetentes", en la reunión de 4 de diciembre de 2013, tal y como resulta de la prueba documental (Páginas 187-198 y 200) y testifical que obra en el expediente (Páginas 367, 412, 418, 762 y 766).
Que D. Emiliano se dirigió a la Jefa de departamento Dª Andrea con la expresión "te estás metiendo en un charco. No, ya estás en un charco" en la reunión de departamento de francés de 11 de diciembre de 2013, tal y como resulta de la declaración del inculpado (Página 367), de la prueba documental (Páginas 203 y 815) y testifical que obra en el expediente (Páginas 412,418, 419, 762, 766 y 769)".
El apelante también ha sido sancionado con la suspensión de funciones durante 3 años por la comisión de la infracción muy grave prevista en el art. 81.1.b) de la Ley 7/2005 (LA LEY 1117/2005) , en el que se tipifica:
"Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, sexo, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso sexual".
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Los hechos declarados probados en el apartado quinto de la resolución sancionadora como constitutivos de la sanción mencionada son los siguientes:
"Se considera probado que durante el primer cuatrimestre del curso escolar 2013-2014 y hasta el momento de la suspensión provisional de funciones D. Emiliano , con respecto a los alumnos de 1º D de la E.S.O. a los que impartía la asignatura de Medidas de Atención Educativa en Lengua, llevó a cabo de manera reiterada, actuaciones consistentes en insultos, menosprecios, humillaciones, chantajes, amenazas en un tono agresivo, violento e intimidatorio. Empleó un lenguaje soez e inadecuado, voceando, con finalidad intimidatoria de manera reiterativa. Asimismo realizó comentarios sexistas y vejatorios hacia las mujeres, e instó a la violencia de género, provocando todo ello en los alumnos de 1º D consecuencias psicológicas que pueden calificarse como miedo y temor.
a) Insultos, humillaciones y menosprecios :
Tales como "subnormales, tontos (Páginas 113,377, 381,392,736 y 741) "no me gustas, imbécil, tonto, tonto, tonto (Páginas 184-191, 377 y 736), "mierda de clase de fracasados", "no servís para estudiar", "callaros, mecaguendiez....Esta clase me importa puntos suspensivos, porque si lo digo vais a ir a hablar con vuestro amiguito el Director" (Páginas 378-380, 394, 738 y 744):"deja de hacer honor a tu nombre y cállate ya....Vaya ciudadano que vas a ser" (Página 738).
b) Chantajes, amenazas e intimidaciones :
Tales como: amenazas, les decía que suspenderían todos, que aprobarían con Notable y Sobresaliente los que no presentaran quejas. Les dijo que los que presentaran quejas no iban a aprobar en la vida. Que iba a llevar a los padres a los juzgados. Primero al director y a continuación a los padres de todos los que siguieran quejándose de él. Que les dijo: "mirad como tiemblo....a vuestros padres sí les tiemblan las rodillas porque me tienen miedo. Quien quiera hundirse con Benigno , se va a hundir con él...", que el mismo día que la representante del A.M.P.A. les entrega el sobre para los padres, el profesor en la puerta del instituto les amedrantó con objeto de que se lo entregaran, amenazándoles con suspender si no lo hacían (Páginas 377-380, 381-386, 391.395, 737-738, 743.744 y 750).
c) Lenguaje soez e inadecuado :
Las declaraciones de los alumnos de 1ºD coinciden en que utiliza expresiones como "coño, joder", habitualmente. Que les dijo "Si os tengo que explicar la diferencia de puta, putada, cabrón, prostituta, zorra, es porque viene en el libro...".
d )Comentarios sexistas y vejatorios hacia las mujeres. Incitación a la violencia de género".
En las declaraciones de una de las madres y uno de los padres de alumnos de 1ºD se recoge: "que les preocupaba la actitud en contra de las mujeres que el profesor manifestaba en clase y sus opiniones personales sobre la diferencia entre hombres y mujeres" (Páginas 401 y 407). Las declaraciones de los dos Jefes de Estudios señalan que tienen concomimiento por los alumnos de que el expedientado hablaba de manera recurrente sobre la diferencia entre hombres y mujeres discriminado a estas últimas (Paginas 428 y 451). En las declaraciones de los alumnios de 1ºD se recogen afirmaciones como las siguientes: que dijo textualmente "porque sea mujer y le des una hostia, no pasa nada"" para ir a fregar no necesitan estudiar" (Páginas 153-184, 377, 382,392,736,743 y 749). Decía que si una mujer pegaba a un hombre y el hombre denuncia en comisaría no pasaba nada, sin embargo al contrario, el hombre sí iría al calabozo, que las mujeres sin pruebas podrían meter a los hombres que quisieran en la cárcel (Páginas 377, 386, 740 y 742). Hablaba de las mujeres en tono despectivo (Página 382). Manifestó que se podía denominar como "zorras" a todas las mujeres como algo natural (Página 384). "Nos habló de lo inferiores que somos las mujeres en cuanto a los derechos referidos al trabajo y al divorcio y que siempre salimos ganado, que solo servimos para las tareas del hogar" y que el hombre es siempre el que siempre se encarga de llevar dinero a casa, el suministro (Páginas 735). Que decía que las mujeres están para limpiar y los hombres para ver la tele y descansar (Página 742).
e) Tono agresivo, violento e intimidatorio:
En el escrito leído por D. Conrado , uno de los padres de los alumnos, asistentes a la reunión de 2 de diciembre, consta que algunas actitudes de expresión violenta, tanto físicas como verbales, se presentan con cierta regularidad, injustificadas, indiscriminadas y de excesos intolerables y desproporcionados, motivan la petición de solicitar que se impida que este profesor continúe teniendo responsabilidades educativas con alumnos (Páginas 752 bis).
En las declaraciones de los alumnos consta que arrastraba mesas y sillas con ira (Páginas 377), que el tono utilizado en las clases era un tono agresivo, aproximándose mucho físicamente al alumno que le tocara, lo cual les daba miedo (Páginas 381-386 y 394-395). Que la mayoría de las veces les hablaba despectivamente o cabreado, a voces (Páginas 737-740). Como no le hacían caso, se cabreó y dio una patada a una silla, la del profe y dio contra la pared (Página 741), no nos trataba con corrección, nos gritaba, nos insultaba (Página 746).
f) Miedo, temor y otras consecuencias generadas en los alumnos a causa de su conducta y manifestaciones :
En las declaraciones de los alumnos constan afirmaciones como: Que lo pasó muy mal esos días (Página 379). Que en la actualidad hay ocasiones en las que al salir a la calle tiene miedo de encontrarse con él por lo que pueda hacer o decir. Recalca que tiene mucho miedo de que le puede pasar (página 380). En el caso de D. Eduardo y de Dª Adelina llegó a agarrarles y les provocó miedo y Dª Adelina se puso a llorar. Manifiesta que el tono utilizado en las clases era un tono agresivo, aproximándose mucho físicamente al alumno que le tocara, lo cual daba miedo. Que no le parece una actitud adecuada para un profesor en el aula (Página 386.). Le teníamos mucho miedo y decía que todos eran malos y que el único bueno era él (refiriéndose a otros profesores), nos confundía mucho, estábamos un poco perdidos (Páginas 392). Que tenían mucho miedo, que querían salir de clase, pero por miedo se quedaba toda la clase. Que un compañero suyo lo pasó fatal por defender a toda la clase, que ni comía de los nervios que tenía (refiriéndose al delegado de la clase) (Página 365). Que a veces ha sentido miedo (Página 739). Que no quiere que se le vuelva a acercar a ella y si es necesario tendría que denunciarlo (Página 740). Si ha sentido miedo porque les gritaba mucho y algunos les hacía llorar, no les llamaba por su nombre, sino que les ponía motes (Por ejemplo, a D. Gregorio , Princesa ) (Página 746).
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4. El principal motivo de impugnación que invoca el apelante -así lo resalta en el suplico de su escrito de apelación- es el de la caducidad del procedimiento sancionador que sustenta en la sentencia 1573/16 de 11 de junio, de esta Sala , por la que se desestima el recurso de apelación interpuesto por la Administración de la Comunidad de Castilla y León contra la Sentencia de 3 de marzo de 2016 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Valladolid , que había estimado el recurso contencioso- administrativo interpuesto por el aquí apelante contra la Resolución de 11 de mayo de 2015 por la que se inadmitió el recurso de reposición de fecha 20 de abril de 2015 presentado contra la resolución sancionadora de fecha 16 de diciembre de 2014 de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.
En dicha sentencia de la Sala se dice en el último párrafo del fundamento de derecho segundo:
"En este caso, y como ya hemos anticipado, el acuse de recibo no refleja ni la causa por la que resultó infructuosa la práctica el segundo intento de notificación ni, señaladamente, el depósito del aviso de llegada en el casillero domiciliario, todo lo cual arrastra la invalidez de la notificación edictal en orden a no considerar extemporáneo el recurso de reposición formulado, única cuestión a la que hemos de dar respuesta en los presentes autos"
Es decir, en esa sentencia solo se examina la conformidad o no a derecho de la notificación edictal efectuada al sancionado a los meros efectos de no considerar extemporáneo el recurso de reposición interpuesto por él contra dicha resolución.
Por ello, procede ahora poner de relieve la doctrina jurisprudencial que se recoge en la STS de 6 de febrero de 2019, rec. 2837/2016 (LA LEY 3669/2019) , en la que se dice:
"Al respecto, no está de más distinguir entre intento de notificación a efectos de entender resuelto el procedimiento dentro del plazo y notificación a efectos de que el acto despliegue todos sus efectos. En la sentencia de la Sección Quinta de esta Sala de 7 de octubre de 2011 (dictada en el recurso núm. 40/2010 (LA LEY 209879/2011) ) afirmamos lo siguiente:
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La caducidad no debe vincularse en forma necesaria a la notificación del acto porque el acto de notificación es algo conceptualmente distinto de la resolución que se notifica y del procedimiento que la origina . Por eso determina el artículo 58.4 LRJPAC (LA LEY 3279/1992) que el intento de notificación debidamente acreditado es suficiente a los solos efectos del cumplimiento del plazo máximo de duración de los procedimientos.
& nbsp;
Y concluía dicha sentencia:
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Por ello, si constan en el expediente dos intentos dentro del plazo máximo para resolver, la resolución ha de entenderse dictada dentro del plazo, aunque la notificación al interesado o destinatario exceda de dicho plazo máximo para resolver. Cosa diferente es, como indica la sentencia, que la eficacia del acto se despliegue a partir de la notificación y que sea precisamente entonces cuando para el interesado se abran los plazos para impugnarla en vía administrativa o judicial.
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A nuestro juicio, el artículo 58.4 de la Ley 30/1992 (LA LEY 3279/1992) solo puede interpretarse en los términos que resultan de su propia dicción literal: el intento de notificación efectuado en legal forma y debidamente acreditado es suficiente para "entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos". Consideramos, además, que esa suficiencia concurre en todo caso (en el bien entendido de que aquellos intentos se realicen en debida forma), con independencia de que la resolución correspondiente se notifique o no, con posterioridad, al interesado.
& nbsp;
Ampara mos esta tesis en los siguientes argumentos:
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1. El precepto en cuestión se refiere, cabalmente, al momento en que se tiene por cumplida la obligación de notificar en plazo, que se fija en la fecha del intento de notificación debidamente acreditado. Parece claro que si el legislador hubiera querido estar exclusivamente al momento concreto de la notificación (cuando, como es el caso, ésta tiene efectivamente lugar) así lo habría establecido expresamente.
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2. Acoger como fecha relevante a efectos de caducidad solo la de la notificación de la resolución al interesado no solo supondría inaplicar aquel precepto, sino privarle de su finalidad, que no es otra que la de equiparar a la notificación (a los solos efectos de respetar el plazo de duración del procedimiento) el intento válidamente efectuado y constatado en el expediente.
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3. Esta es la tesis que se deriva de la jurisprudencia de esta Sala anterior y posterior a la sentencia del Pleno de 3 de diciembre de 2013 : el intento de notificación es el determinante para entender cumplida la obligación de resolver en plazo, aunque una doctrina anterior a aquella sentencia se refería a la forma concreta de acreditar la realización de dicho intento (la constancia por la Administración del intento infructuoso, situado entonces como fecha determinante para cumplir aquella obligación).
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4. La interpretación anterior se refiere, exclusivamente, al supuesto de hecho que el artículo 86.4 de la Ley 30/1992 (LA LEY 3279/1992) contempla, esto es, para entender cumplido el deber de resolver los procedimientos en plazo. Distinto es el caso, como ya ha señalado esta Sala, de la eficacia del acto notificado, que se despliega a partir de la notificación, momento en el que empiezan a correr los plazos de impugnación en sede administrativa o en vía judicial".
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En el presente caso, consta que fueron practicados dos intentos sucesivos de notificación personal en el domicilio determinado por el interesado ( AVENIDA000 , núm. NUM001 , NUM002 NUM003 , de Palencia) el día 19-12-2014 a las 13,45 horas y el 22-12-2014 a las 12,45 horas, realizándose por tanto en días y horas diferentes mediando una hora de diferencia entre las horas de notificación de cada uno de los días y que el acuerdo de inicio del expediente disciplinario se adoptó el 8 de enero de 2014, por lo que no se rebasó el plazo de 12 meses de duración del procedimiento disciplinario ( art. 86.4 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo (LA LEY 1117/2005), de la Función Pública de Castilla y León ) y el procedimiento no caducó.
5. El segundo motivo de impugnación que aduce el apelante es la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva porque en la sentencia de instancia se ha incurrido en incongruencia omisiva, contiene falsedades y contradicciones, no se han dado respuesta a todas sus alegaciones ni a la jurisprudencia que ha invocado; la vista se celebró con desigualdad de armas y la sentencia le ha privado de la doble instancia al no apreciar la caducidad " reduciendo su tutela a lo que decida el Tribunal Superior de Justicia y ha otorgado a la Consejería la última palabra con su eventual escrito de oposición a su recurso".
Motiv o de impugnación que no puede prosperar por lo que a continuación se expone.
Prime ro, el apelante ha ejercido su derecho a comparecer por sí mismo, sin asistencia de abogado, al amparo de lo establecido en el art. 23.3 de la LJCA (LA LEY 2689/1998) . El ejercicio de ese legítimo derecho no comporta que se hayan de modificar y adaptar los trámites procesales a los conocimientos que sobre ellos tengan los que comparecen por sí mismos. Quien así lo hace ha de asumir las consecuencias de su falta de pericia y conocimientos legales sin que pueda pretender que el órgano jurisdiccional le proporcione una ayuda que no está prevista en las normas procesales, que son las que se han de observar, pues de lo contrario sí que se rompería la regla de la igualdad de trato.
No se observa que en la vista se haya vulnerado las reglas que la rigen, ni que se haya ocasionado indefensión al recurrente.
Segun do, tampoco se aprecia incongruencia omisiva en la sentencia apelada, pues reiteradamente la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo ha dicho que la respuesta judicial es a las pretensiones y alegaciones esenciales en las que las mismas se fundan, lo que está cumplido de forma patente en la sentencia, sin que sea preciso dar contestación a todos y cada uno de los razonamientos jurídicos empleados, a todas y cada una de las sentencias que se invocan o seguir el esquema argumental de las partes ( Auto TS de 20 de mayo de 2019 ).
Por último, las calificaciones y equiparaciones de la actuación de la juzgadora de instancia con las efectuadas por otras personas en el expediente disciplinario están fuera de lugar y no son admisibles.
6. En el tercer motivo de impugnación el apelante vuelve a reiterar sus argumentos sobre la procedencia de la caducidad del expediente disciplinario, para después efectuar alegaciones sobre los razonamientos expuestos en la sentencia sobre los distintos motivos invocados en la demanda.
En este momento en orden a resolver la presente apelación se juzga oportuno empezar recordando cuál es el alcance u objeto de un recurso de tal naturaleza. Así y como ya ha señalado esta Sala en otras ocasiones, debe destacarse, según se pone de manifiesto por ejemplo en las sentencias de 11 de mayo de 2012 y 4 de septiembre de 2015 , que "El recurso de apelación permite al órgano jurisdiccional "ad quem" examinar, a instancia de parte, la sentencia dictada por el juez "a quo", extendiendo su función revisora tanto a los aspectos de hecho como de derecho, no teniendo, a diferencia del de casación, tasados los motivos en que pueda fundarse. Así el tribunal "ad quem" examina de nuevo, en todas sus facetas, el litigio que le es sometido. Mas ello no significa, sin embargo, que el tribunal de apelación se encuentre en idéntica situación que el de primera instancia. Así resulta de la configuración de la apelación que luce en el artículo 456.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 (LA LEY 58/2000) , de 7 de enero, al que remite supletoriamente la Disposición Final Primera de la Ley Jurisdiccional 29/1998 (LA LEY 2689/1998) . Formal y materialmente, tratándose de un recurso contra una sentencia, es exigible que contenga una crítica de ésta bien sea en cuanto a la fijación y apreciación de los hechos, bien en cuanto a su fundamentación jurídica (Vid. STS de 30 de mayo de 1988 y 11 de marzo de 1991 , entre otras muchísimas, en las que el Tribunal Supremo ha insistido en el deber de precisar los motivos concretos en que se apoye la apelación, argumento válido para el actual recuso de apelación, aunque las sentencias se dictasen bajo la anterior LJCA (LA LEY 2689/1998), y referidas a un recurso de apelación cuyas principales semejanzas las tenía con la casación). A estos efectos es importante destacar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 85.1 de la LJCA 1998 (LA LEY 2689/1998) , el escrito de interposición del recurso de apelación habrá de expresar la argumentación del apelante no sólo sobre el fondo del litigio sino, de manera especial, sobre los eventuales errores de la sentencia (o, en su caso, sobre los defectos de procedimiento seguido en primera instancia que pudieron tener relevancia para el fallo), errores que, como decíamos, pueden ser errores de hecho (sobre su constatación o sobre su apreciación), como de derecho (interpretación errónea, aplicación indebida o inaplicación de normas) sin que la mera repetición de los argumentos esgrimidos en la primera instancia, sin someter a la debida crítica la sentencia apelada, resulte suficiente desde la perspectiva de la prosperabilidad del recurso.
La parte apelante, como fundamento de su pretensión revocatoria debe individualizar los motivos opuestos, a fin de que puedan examinarse dentro de los límites y en congruencia con los términos en que vengan ejercitados sin que baste con que se reproduzcan los fundamentos utilizados en la primera instancia, al no estar concebida la apelación como una repetición del proceso de instancia, sino como una revisión de la sentencia impugnada. La falta de motivación o razonamiento específico dirigido a combatir la sentencia apelada, equivale a omitir las alegaciones correspondientes a las pretensiones en la segunda instancia". En la misma línea, cabe citar la más reciente sentencia de esta Sala de 2 de junio de 2015, dictada en el recurso de apelación número 68/15 , en cuyo fundamento de derecho segundo y bajo la rúbrica "Sobre la imposibilidad de plantear cuestiones nuevas en el recurso de apelación" se proclama literalmente que "Ha de recordarse a la defensa del actor que desde siempre ha venido vedada la interposición de argumentos o cuestiones nuevas en fase de apelación, novedad que es perfectamente atribuible al error que plantea de la sentencia apelada.
Sobre esta cuestión, el Fundamento de Derecho Tercero de la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de enero de 2000 advierte que dada la naturaleza del recurso de apelación, aun cuando transmite al tribunal ad quem la plenitud de competencia para revisar y decidir todas las cuestiones planteadas en primera instancia, el examen que corresponde a la fase de apelación es un examen crítico de la sentencia, para llegar a la conclusión de si se aprecia o no en ella la errónea aplicación de una norma, la incongruencia, la indebida o defectuosa apreciación de la prueba o cualesquiera otras razones que se invoquen para obtener la revocación de la sentencia apelada, pero resulta imposible suscitar cuestiones nuevas sobre las que no ha podido pronunciarse la sentencia de primera instancia que se revisa (en este sentido, las Sentencias de esta Sala de 10 de febrero EDJ 1997/1874 , 25 de abril EDJ 1997/3828 y 6 de junio EDJ 1997/4591 y 31 de octubre de 1997 EDJ 1997/7791 y 12 de enero EDJ 1998/106 y 20 de febrero EDJ 1998/520, 17 de abril EDJ 1998/2255 y 4 de mayo EDJ 1998/2587 y 15 EDJ 1998/16469 y 19 de junio de 1998 EDJ 1998/8298). Es por ello por lo que: a) La finalidad del recurso de apelación es la depuración de un resultado procesal obtenido en la instancia, de modo que el escrito de alegaciones del apelante ha de contener una crítica de la sentencia apelada, que es lo que ha de servir de base a la pretensión de sustitución del pronunciamiento recaído en primera instancia. b) En el recurso de apelación el Tribunal "ad quem" goza de competencia para revisar y decidir todas las cuestiones planteadas, pero no puede revisar de oficio los razonamientos de la sentencia apelada al margen de los motivos esgrimidos por la parte apelante, como fundamento de su pretensión revocatoria. La falta de motivación o razonamiento específico dirigido a combatir la sentencia apelada, equivale a omitir las alegaciones correspondientes a las pretensiones en la segunda instancia y c) este medio de impugnación de carácter ordinario no permite que puedan alegarse excepciones ni motivos nuevos que no hubiesen sido alegados oportunamente en la primera instancia". En efecto, se estima importante en el caso resaltar lo que acaba de decirse porque, en línea semejante a lo que hizo en su demanda, la parte actora aquí apelante hace en su escrito de apelación un relato confuso y farragoso en el que mezcla distintos antecedentes, vicisitudes varias, opiniones diversas y actuaciones numerosas, sin que en los 36 de ese escrito haga una crítica clara y concreta de la sentencia apelada o combata los argumentos en ella utilizados más allá de reproducir bastantes de los razonamientos que contiene y expresar su desacuerdo con las conclusiones alcanzadas por la juzgadora de primera instancia.
7. Dispone el art. 63.3 de la Ley 30/1992 (LA LEY 3279/1992) , aplicable por razones temporales, que "La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo".
El apelante no señala ningún trámite cuyo incumplimiento del plazo implique la anulabilidad del acto. No hay caducidad del procedimiento, por lo antes dicho, y las demás demoras son meras irregularidades no invalidantes.
Sobre la medida preventiva de suspensión provisional de funciones adoptada en el acuerdo de inicio del expediente disciplinario adoptado el 8 de enero de 2014, se da por reproducido lo dicho en la sentencia de instancia, procediendo añadir que lo aquí recurrido es la resolución sancionadora de 16 de diciembre de 2014, no la medida provisional contra la que cabía recurso de reposición, que el apelante interpuso, siendo desestimado mediante resolución de 20 de marzo de 2014, que no ha sido recurrida por él.
Para que un acto sea nulo de pleno derecho es preciso que se haya omitido total y absolutamente el procedimiento legalmente establecido, con arreglo al art. 62.1.e) de la Ley 30/1992 (LA LEY 3279/1992) , y para que sea anulable que se incurra en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, siendo necesario cuando se trate de un defecto de forma, que ocasione efectiva indefensión ( art. 63.1 (LA LEY 3279/1992) y 2 de la Ley 30/1992 (LA LEY 3279/1992) ). El apelante sostiene que le causó indefensión que no se le diera vista del expediente cuando lo solicitó y que se le hayan denegado algunas de las pruebas que solicitó en vía administrativa
Sobre este extremo se dice en la sentencia de instancia:
"Como pone de manifiesto la Administración demandada, revisado el expediente se aprecia que solo en una ocasión se ha denegado la vista del expediente al recurrente, con su solicitud de fecha 29 de enero de 2014 (folios 338 y 339 del expediente), lo que se justificó en aplicación del artículo 41 del Real Decreto 33/1986 (LA LEY 55/1986) , puesto que para ello ya estaba prevista una fecha concreta, el 6 de febrero de 2014. Por lo que no existe una denegación a tomar conocimiento del contenido del expediente, sino una indicación de que ese acto tendría lugar unos días después, por estar prevista su citación para ese momento. En ningún caso ese retraso de días supuso indefensión del recurrente quien, en el Acta de Comparecencia de 6 de febrero de 2014, manifestó tener conocimiento de lo actuado.
& nbsp;
Poster iormente, tras las alegaciones al pliego de cargos (folio 500) se volvió a poner el expediente a disposición del recurrente, fijando una fecha para su examen e indicando que se le haría una copia completa del expediente si así lo solicitaba. También tras la práctica de la prueba se dio nueva vista del expediente (folio 894), como así reconoció el recurrente en el encabezamiento de su escrito obrante al folio 890.
& nbsp;
SEXTO.- Entiende la parte actora que se ha producido indefensión por habérsele inadmitido la prueba propuesta en el escrito de alegaciones al pliego de cargos:
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A los folios 464 y siguientes obra el escrito de alegaciones del actor al pliego de cargos, donde se propone como prueba, aparte de la documental, diversos careos del recurrente con denunciantes, padres de alumnos, profesores y alumnos menores de edad.
& nbsp;
En la contestación a las alegaciones realizadas por el recurrente, obrante a los folios 502 y siguientes, se justifica en debida forma la denegación de las pruebas solicitadas. Así:
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-en relación al cargo primero, se deniega la prueba propuesta dado que no existe cargo alguno relacionado con el tema del procedimiento seguido en la reclamación de notas de las alumnas Vicenta y Virtudes .
& nbsp;
-en relación con el cargo segundo, tercero y cuarto, se desestima la solicitud de careos para evitar conflictos innecesarios y más tensión de la ya existente en el Centro; aunque admite la práctica de prueba mediante la presentación por escrito de cuantas cuestiones crea oportunas el recurrente, relacionando la pregunta y la persona a la que deba ser formulada.
& nbsp;
-respe cto del cargo quinto, se desestima su petición por no considerarla procedente al ser el procedimiento de evaluación de notas ajeno al presente.
& nbsp;
-en cuanto al cargo sexto, séptimo y octavo, se justifica su denegación en términos similares a los anteriores.
& nbsp;
No se ha producido vulneración de los derechos del recurrente ni ha existido indefensión: el actor ha tenido acceso al expediente y ha podido formular alegaciones; se han practicado casi en su totalidad las pruebas propuestas por él, estando la concreta denegación de pruebas correctamente motivada.
& nbsp;
En este sentido, el artículo 37.2 del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado , aprobado por Real Decreto 33/1986 de 10 de enero (LA LEY 55/1986), dispone que: "El Instructor podrá denegar la admisión y práctica de las pruebas para averiguar cuestiones que considere innecesarias, debiendo motivar la denegación, sin que contra esta resolución quepa recurso del inculpado".
& nbsp;
Hay que partir del Auto del Tribunal Constitucional, Sección 3ª, de fecha 26 de mayo de 2004, nº 193/2004, recurso 561/2002 , que dice: "Entre las garantías constitucionalizadas en el art. 24.2 CE (LA LEY 2500/1978) aplicables en materia sancionadora se encuentra el derecho de defensa y, más en particular, el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa. Hemos subrayado, en este sentido, "la exigencia de que el implicado disfrute de una posibilidad de defensa previa a la toma de decisión y, por ende, que la Administración siga un procedimiento en el que el expedientado tenga oportunidad de aportar y proponer las pruebas que estime pertinentes y alegar lo que a su derecho convenga ( SSTC 18/1981 (LA LEY 148/1981) , 2/1987 (LA LEY 11813-JF/0000) , 229/1993 (LA LEY 2520-TC/1993) y 56/1998 (LA LEY 4936/1998) ), la vigencia del derecho a la utilización de los medios pertinentes para la defensa ( SSTC 12/1995 (LA LEY 13012/1995) , 212/1995 , 120/1996 (LA LEY 7763/1996) , 127/1996 (LA LEY 7767/1996) y 83/1997 (LA LEY 5224/1997) ), del que se deriva que vulnera el art. 24.2 C.E (LA LEY 2500/1978) . la denegación inmotivada de una determinada prueba ( STC 39/1997 (LA LEY 4356/1997) ), así como la prohibición de utilizar pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales ( STC 127/1996 (LA LEY 7767/1996) )" ( STC 3/1999, de 26 de enero (LA LEY 1722/1999) , FJ 4)
& nbsp;
Dos son los rasgos caracterizadores del derecho constitucional a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa que, en lo que aquí interesa, deben ser resaltados:
& nbsp;
a) Este derecho no tiene, en todo caso, carácter absoluto o, expresado en otros términos, "no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquéllas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas" ( STC 19/2001 (LA LEY 2903/2001) , FJ 4; en el mismo sentido, por todas, STC 96/2000, de 10 de abril (LA LEY 8942/2000) , FJ 2), y, por supuesto, una vez admitidas y practicadas las pruebas declaradas pertinentes, les compete también su valoración conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado, fallando en consecuencia, sin que este Tribunal pueda entrar a valorar las pruebas sustituyendo a los Jueces y Tribunales en la función exclusiva que les atribuye el art. 117.1 CE (LA LEY 2500/1978) ( STC 133/2003, de 30 de junio (LA LEY 12614/2003) , FJ 3).
& nbsp;
b) Es doctrina plenamente asentada de este Tribunal que no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante. Y es que, en efecto, el dato esencial para que pueda considerarse vulnerado el derecho fundamental analizado consiste en que las irregularidades u omisiones procesales efectivamente verificadas hayan supuesto para el demandante de amparo "una efectiva indefensión, toda vez que la garantía constitucional contenida en el art. 24.2 CE (LA LEY 2500/1978) únicamente cubre aquellos supuestos en que la prueba es decisiva en términos de defensa" ( STC 25/1991, de 11 de febrero (LA LEY 1644-TC/1991) , FJ 2; también SSTC 1/1996, de 15 de enero (LA LEY 1853/1996), FJ 3 ; 219/1998, de 16 de noviembre (LA LEY 10640/1998) , FJ 3), puesto que, "de haberse practicado la prueba omitida o si se hubiese practicado correctamente la admitida, la resolución final del proceso hubiera podido ser distinta (entre las más recientes, SSTC 26/2000, de 31 de enero (LA LEY 3421/2000), FJ 2 ; 37/2000, de 14 de febrero (LA LEY 5197/2000), FJ 3 ; 96/2000, de 10 de abril (LA LEY 8942/2000), FJ 2 , y 173/2000, de 26 de junio (LA LEY 10063/2000) , FJ 3), en el sentido de ser favorable a quien denuncia la infracción del derecho fundamental" ( SSTC 19/2001, de 29 de enero (LA LEY 2903/2001) , FJ 4).
& nbsp;
En concreto, para que se produzca violación de este derecho fundamental, ha exigido reiteradamente este Tribunal que concurran dos circunstancias:
& nbsp;
a) La denegación o inejecución han de ser imputables al órgano judicial, por haberse inadmitido, por ejemplo, pruebas relevantes para la resolución final del asunto litigioso sin motivación alguna o mediante una interpretación de la legalidad manifiestamente arbitraria o irrazonable.
& nbsp;
b) La prueba denegada o impracticada ha de ser decisiva en términos de defensa, debiendo justificar el recurrente en su demanda la indefensión sufrida ( STC 133/2003, de 30 de junio (LA LEY 12614/2003) , FJ 3; por todas)".
& nbsp;
En el presente caso, el Instructor del expediente denegó determinadas pruebas, anteriormente referidas, por escrito y de forma debidamente motivada. La denegación de dicha prueba en ningún caso ha producido indefensión a la parte recurrente, y ello porque ya consta la práctica de todas las testificales y se le ha dado la opción de formular las preguntas que ha tenido por conveniente, sin que así lo haya hecho.
& nbsp;
Respec to de las grabaciones que el actor ha mencionado en el acto de la vista, baste decir que las mismas no se intentaron incorporar al expediente en sede administrativa, sin que su incorporación en sede judicial haya sido admitida por no reunir las garantías de control judicial, contradicción y respeto al derecho de defensa necesarios para constituir prueba válida (en este sentido mencionar la sentencia del Tribunal Supremo nº 150/2006 de 22 de mayo , mencionada a su vez en la nº 250/2017 de 5 de abril ).
& nbsp;
En definitiva, no sólo se aprecia una correcta tramitación del expediente, sino que además la abundancia de prueba practicada ha garantizado el respeto al derecho de defensa del recurrente que ha tenido ocasión de proponer y reiterar la prueba testifical en esta sede judicial, sin que así lo haya interesado".
Se dan por reproducidos los argumentos esgrimidos por la juzgadora a quo sobre estos extremos señalando que hay abundante prueba documental en el expediente en el que se recogen las declaraciones de las personas que relataron los hechos declarados probados, con expresión de los folios en que se encuentran, sin que por parte del apelante se haya propuesto prueba testifical para desvirtuar los que en dichas declaraciones se dice. La justificación que proporciona en el escrito de apelación no se sostiene: presume que es inútil proponerla porque la juzgadora de instancia la hubiera considerado "ilícita".
Sobre la diferente tipificación del hecho cuarto probado, siendo los hechos imputados los mismos: en el pliego de cargos como constitutivo de la falta grave prevista en el art. 82.g) y en la propuesta de resolución como la falta prevista en el art. 82.q) de la Ley 7/2005, de 24 de mayo (LA LEY 1117/2005), de la Función Pública de Castilla y León , cabe señalar que ninguna indefensión se le produjo al recurrente al que se dio traslado de la propuesta para hacer alegaciones, haciendo las que estimó pertinentes. Dice el Tribunal Constitucional en la sentencia 29/1989, de 6 de febrero (LA LEY 1237-TC/1989) , al analizar un supuesto en el que no se notificó a la entidad sancionada la definitiva propuesta de resolución, ha dicho que el derecho a conocer ésta forma parte de las garantías que establece el art. 24.2 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) pues sin él no hay posibilidades reales de defensa en el ámbito del procedimiento. Esto se reitera en la STC 145/1993, de 26 de abril (LA LEY 2216-TC/1993) , en la que también se señala que el derecho del expedientado a ser informado de la acusación contra él formulada presupone y permite el derecho de defensa, que también se aplica al procedimiento administrativo sancionador; el mismo Tribunal Supremo ha señalado en las sentencias de 27 de abril de 1998 , con cita de otras, que el derecho a ser informado de la acusación que con la categoría de fundamental se garantiza en el art. 24.2 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) se satisface normalmente en el procedimiento administrativo sancionador a través de la notificación de la propuesta de resolución pues es en ésta donde se contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad que se imputa, integrado, cuando menos, por la definición de la conducta infractora que se aprecia y su subsunción en un concreto tipo infractor y por la consecuencia punitiva que a aquélla se liga en el caso de que se trata. En este caso, se le ha notificado la propuesta de resolución con todos los elementos exigidos legal y jurisprudencialmente y ha podido hacer las alegaciones que estimó pertinentes, por lo que ninguna indefensión se le ha ocasionado.
Vuelv e a reproducir el apelante sus alegaciones sobre la incompetencia del órgano que dicta la resolución sancionadora., la abstención y recusación del Sr. Juan María y la violación de su libertad de cátedra frente a lo que procede dar por reproducido lo dicho en la sentencia de instancia, en la que se razona en los siguientes términos:
La resolución sancionadora de 16 de diciembre de 2014 ha sido dictada por el Director General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, D. Juan María , cuya competencia viene determinada por el artículo 8.d) del Decreto 38/2011 de 7 de julio (LA LEY 14390/2011) por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación (Decreto que se encontraba en vigor a la fecha en que se dictó la resolución sancionadora). Dispone este precepto:
& nbsp;
"Ademá s de las competencias previstas en el artículo 40 de la Ley 3/2001, de 3 de julio (LA LEY 1104/2001), del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, corresponden a la Dirección General de Recursos Humanos las siguientes atribuciones en materia de personal docente y de personal laboral adscrito a los centros docentes, así como de personal de los servicios de apoyo a los mismos, en el ámbito de la educación no universitaria:
& nbsp;
d) La aplicación del régimen disciplinario".
& nbsp;
Se alega también que el Director General ha infringido los artículos 86.2 de la LFPCyL, y 127.2, 28.2.a y 29.1 de la LPAC (LA LEY 15010/2015) , porque ha firmado la resolución sancionadora a sabiendas que en diciembre de 2014 aún tenía una cuestión litigiosa pendiente con el recurrente en el Juzgado mixto nº 1 de Palencia, DP 234/14; dichas Diligencias previas se iniciaron en virtud de denuncia formulada por el actor en fecha 24 de enero de 2014.
& nbsp;
La recusación del Director General debió plantearse a lo largo del procedimiento; sin embargo en este caso, faltando únicamente por dictarse la resolución sancionadora cuando se formuló recusación el 31 de diciembre de 2014, hubiera sido preciso que el recurrente probase que no había conocido antes la causa de recusación invocada.
En este sentido la sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo contencioso, sección 8ª, de 3 de junio de 2009, recurso 581/2007 (LA LEY 99367/2009) , Pte: D. Ramón Trillo Torres, concluye:
& nbsp;
"Podemos recordar al efecto la sentencia del T.S. 29 de Julio de 1998 (causa especial 2530/1995 ), en la cual se hacía hincapié en otra sentencia anterior de 24 de enero de 1958 en la que, por un lado se !imitaba la eficacia en la recusación de las denuncias o acusaciones, a (a los efectos sería igualmente de aplicación a la interposición de una demanda) aquellas que se produjeran con anterioridad a la iniciación de la causa en la que la recusación se formula, porque de no estimarlo así, la celebración de los juicios orales y la composición del Tribunal quedaría a merced de la voluntad de los procesados quienes podrían en cualquier momento presentar una denuncia aún infundada, lo que llevaría consigo al natural quebranto de la Administración de Justicia y la ofensa para los funcionarios que la dispensen.
& nbsp;
Tambié n podemos recordar el auto del T.S. de la sala de lo Social de 10/11/1999 en el que se hace alusión a la sentencia 22 de febrero de 1954 que declara "el interés directo o indirecto que la ley señala como causa de recusación es solamente aquel de carácter personal, mas no de índole profesional, atinente sólo al mas depurado ejercicio de las funciones del cargo"."
& nbsp;
En el presente caso, tal y como concluye la sentencia transcrita, no se puede instrumentalizar una denuncia con la finalidad, bien de modificar el órgano que va a dictar la resolución definitiva en el expediente disciplinario, bien de producir una dilación indebida en el procedimiento administrativo. Por otro lado, es de destacar que el procedimiento penal incoado al efecto (Diligencias Previas 234/14) fue archivado provisionalmente mediante auto de fecha 24 de noviembre de 2014.
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& nbsp;
Por último, respecto de la alegación sobre la violación de la libertad de cátedra del recurrente (escrito de alegaciones del actor de 13 de agosto de 2014 y de 29 de octubre de 2014), la misma es ajena al conjunto de los hechos imputados al recurrente y que han sido el fundamento de la resolución sancionadora, por lo que no justifican la invocada nulidad del expediente disciplinario.
Añadi r que el acuerdo de inicio de expediente disciplinario se adoptó el 8 de enero de 2014 por el Director General de Recursos Humanos, Sr. Juan María , y que la denuncia la presentó el recurrente el 24 de enero de 2014 y no planteó en ese momento la recusación, ni tampoco cuando se le notifica la propuesta de resolución el 17 de octubre de 2014, en la que se le indica que el competente para resolver es el Director General de Recursos Humanos. Cuando se dicta la resolución sancionadora El 16 de diciembre de 2014 ya se habían archivado las diligencias previas abiertas contra el Director por su denuncia. Y cuando el art. 29 de la Ley 30/1992 (LA LEY 3279/1992) establece que se puede promover la recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, lo que quiere decir es que, obviamente, si a lo largo del procedimiento se produce una circunstancia encuadrable dentro de las causas de recusación se puede alegar en el momento en que se produce y conoce, pero no supone que se puede invocar en el momento en que interesa al recusante, sino desde el momento en que tiene conocimiento de la causa de recusación. Por otro lado, esta debe invocarse durante la tramitación del procedimiento y este había finalizado antes con la resolución sancionadora.
Las consideraciones que se efectúan en el escrito de apelación sobre la falta de motivación de las resoluciones impugnadas y sobre los argumentos esgrimidos por la juzgadora de instancia para rechazar la vulneración de los principios de tipicidad, culpabilidad y proporcionalidad que había invocado, aparte de carecer de la corrección debida, resultan confusas y farragosas, no se hace una crítica clara y concreta de la sentencia apelada más allá de volver a reproducir bastantes de los razonamientos que había efectuado en la demanda y expresar su desacuerdo con las conclusiones alcanzadas por la juzgadora de primera instancia.
Lo determinante es que en el procedimiento disciplinario seguido contra el apelante se han observado sus trámites esenciales; no se le ha ocasionado indefensión puesto que ha conocido los hechos que se le imputan, su calificación jurídica y la sanción que se proponía imponerle, habiendo podio efectuar las alegaciones oportunas y practicar las pruebas, las que son pertinentes y necesarias; hay prueba de cargo suficiente para desvirtuar su presunción de inocencia y a él le correspondía desvirtuarla mediante la prueba pertinente, sin que en el proceso haya propuesto ni practicado prueba encaminada a demostrar que no son ciertos los hechos probados correspondientes a las sanciones de 1 año y 3 años de suspensión de funciones, que se fundan en las declaraciones efectuadas en el expediente por profesores y alumnos.
Los hechos descritos en la resolución sancionadora son claros y precisos; se identifican los folios en que constan las declaraciones que los sustentan; la calificación jurídica de los mismos es correcta y las sanciones impuestas proporcionadas dada la extrema gravedad de los mismos teniendo en cuenta el ámbito en el que se producen; afectan a menores y algunos de ellos se refieren a aspectos que inciden en las más elementales reglas de convivencia en igualdad y no discriminación proclamados en nuestra Constitución, lo que es especialmente dañino para el servicio de educación proviniendo de un docente.
8. Por lo expuesto, se desestima el presente recurso de apelación con imposición de las costas a la parte apelante, con arreglo al art. 139.2 de la LJCA (LA LEY 2689/1998) .
Visto s los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación;