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PRIMERO.- Objeto del recurso.

I. En los autos de referencia se dicta Sentencia en fecha 26 de abril de 2017 en la cual se condena a D. Edmundo como autor criminalmente responsable de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, indicando en la sentencia "lo determinante es constatar, como así se ha hecho que la I.P. desde la que se operó para llevar a cabo todo este proceso es la correspondiente a su domicilio, siendo él el único, junto con su hermano (que no tiene motivación alguna para operar así), los que hacían uso del ordenador en ese domicilio".

II. Se interpone recurso de apelación en fecha 23 de mayo de 2017 por la representación procesal de D. Edmundo contra la sentencia referenciada alegando "error en la valoración de la prueba" y señalando "se considera por esta parte que esta circunstancia no acredita la comisión de los hechos objeto del presente procedimiento por parte de mi mandante por que conectarse a una I.P. de la que uno no es titular es realmente sencillo. Recordemos que se trata de un router doméstico y de una red wifi, cuya seguridad no es ni mucho menos inviolable, por lo que el titular de la conexión no tiene por qué ser la persona que ha llevado a cabo los hechos delictivos". Y continua señalando "a mayor abundamiento, las nuevas claves de acceso son facilitadas a la denunciante a través de un perfil de Facebook, bajo el nombre de Rebeca , quien manifiesta ser responsable de los hechos, y así consta en los folios 24 y 25 de las actuaciones, no llevándose a cabo, tampoco en este caso, actividad probatoria alguna en aras a esclarecer quien se encontraba tras ese perfil".

Señala que con respecto a la indemnización por daños morales, entendemos que no procede indemnización alguna, ya que, una vez más, tampoco se acreditan los mismos. No se ha aportado de contrario ninguna prueba que ampare su existencia.

Invoca una segunda causa de impugnación, referente a la aplicación del principio "in dubio pro reo", señalando "a juicio de esta defensa, existen dudas suficientes para que se tenga por quebrado el principio de presunción de inocencia, que entronca directamente con el principio "in dubio pro reo", en el que ante la duda, ha de estarse por una sentencia absolutoria.

Frente a dicho recurso muestra su oposición el Ministerio Fiscal.

SEGUNDO.- Error en la valoración de la prueba y vulneración de la presunción de inocencia.

I. El recurso que se somete a la consideración de este Tribunal se fundamenta en un supuesto error en la apreciación de la prueba y vulneración de la presunción de inocencia.

Como ya hemos dicho en otras resoluciones, siguiendo la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en sentencias, entre otras, de 16/2/1989 , 3/10/1989 , 28/11 de 1989 y 4 de julio de 1989 , por regla general son conceptualmente incompatibles la alegación conjunta de error de hecho y vulneración del principio de presunción de inocencia, por cuanto denunciar un error es partir de la existencia de pruebas de cargo y lo que realmente constituye la esencia del derecho a la presunción de inocencia es la constatación de una prueba de cargo en la causa que pueda ser reputada suficiente y obtenida en forma regular en la acepción procesal sometida a los principios de oralidad, inmediación y contradicción.

En síntesis, si se denuncia inexistencia de mínima actividad probatoria constitucional y directamente relacionada con el objeto realmente investigado, mal puede después hablarse de equivocación en la valoración de una prueba que se dice inexistente.

Ello no obstante, y con objeto de evitar cualquier tipo de indefensión a la parte y dando respuesta a la supuesta falta de prueba, se debe significar que contrariamente a lo indicado en el recurso, existe prueba suficiente que acredita la comisión por parte de Edmundo del delito que se le

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II. Las alegaciones de la defensa sobre la presunción de inocencia nos obligan a verificar si se han practicado en la instancia, con contradicción de partes, pruebas de cargo válidas y con un significado incriminatorio suficiente (más allá de toda duda razonable) para estimar acreditados los hechos integrantes del delito y la intervención del acusado en su ejecución; pruebas que, además, tienen que haber sido valoradas con arreglo a las máximas de la experiencia y a las reglas de la lógica, constando siempre en la resolución debidamente motivado el resultado de esa valoración; todo ello conforme a las exigencias que viene imponiendo de forma reiterada la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ( SSTC 137/2005 (LA LEY 12056/2005) , 300/2005 (LA LEY 10538/2006) , 328/2006 (LA LEY 181062/2006) , 117/2007 (LA LEY 26695/2007) , 111/2008 (LA LEY 132322/2008) y 25/2011 (LA LEY 6063/2011) , entre otras).

III. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido reiteradamente de la que es ejemplo la sentencia 30 septiembre del 2011 , en la interpretación del artículo 741 de la ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) , que la valoración de la prueba en el juicio penal debe ser realizada por el juez de instancia y de acuerdo con el principio de la libre valoración y en conciencia, lo que no supone la admisión de la arbitrariedad, y que se deberán tener en cuenta en esa valoración pruebas de cargo existentes, y que las mismas sean suficientes, practicadas con sujeción el respeto a los principios de inmediación, oralidad, publicidad y concentración, y en presencia de las partes.

La revisión de la valoración de la prueba se debe concretar la forma en que se han practicado o desarrollado en el plenario las pruebas, si existen pruebas de cargo, y si la valoración efectuada obedece a las reglas de la lógica, experiencia y de la sana crítica, y únicamente debe ser rectificado, bien cuando no existe el imprescindible marco probatorio de cargo, vulnerándose entonces el principio de presunción de inocencia, o bien, cuando un detenido examen de las actuaciones revele un manifiesto y claro error del juzgador a quo de tal entidad que imponga la modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada, o más concretamente, sólo cabe revisar la apreciación hecha por el juez de la prueba recibida en el acto del juicio oral en la medida en que aquella valoración haya sido llevada a cabo por el órgano judicial de forma arbitraria, irracional o absurda, es decir, si la valoración de la prueba ha sido hecha mediante un razonamiento que debe calificarse de incongruente o apoyado en fundamentos arbitrarios, como aquellos que aplican criterios contrarios a los preceptos constitucionales ( STS 1 marzo 1993 , 29 enero 1990 ).

IV. La parte recurrente alcanza la conclusión de la existencia de vulneración de la presunción de inocencia partiendo de la consideración de error en la valoración probatoria, de tal forma, que la prueba practicada no puede ser considerada como suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. Vemos pues, que el razonamiento invocado lo es de signo contrario, en cuanto que no cuestiona la existencia de prueba de cargo sino la valoración que de ella se ha efectuado para concluir que la misma no es suficiente para fundamentar el pronunciamiento condenatorio.

TERCERO.- Monitorización de I.P.

I. La resolución impugnada, como hemos expresado en el fundamento de derecho primero, se sustenta en un conjunto indiciario el cual tiene su base en un dato de difícil contradicción, cual es la constatación de la I.P. del domicilio del acusado como aquella desde la que se accedió a la cuenta de Facebook de la denunciante. Se opone el impugnante a esta aseveración con una afirmación genérica, carente en el procedimiento de toda prueba, cual es la afirmación de que se pudo haber hackeado el router del acusado y a través del mismo, monitorizar su I.P. haciendo de ella un uso no permitido.

Esta afirmación, que como decimos no deja de ser genérica en cuanto plantea un escenario que podría llegar a producirse, pero que carece de afirmación alguna que permita sospechar esa posibilidad en el caso a examen. Se plante una posibilidad que no es ni frecuente ni habitual, y que requiere de precisa técnica y elevados conocimientos para poder realizarse, pero que es susceptible de ser realizada, bien mediante la utilización de bots, o el hackeo de la red wifi.

Este motivo de contradicción del resultado probatorio nos lleva a preguntarnos si hay una carencia en la prueba practicada que invalida el resultado, debiendo integrarse esta exclusión de ajena utilización dentro de la prueba de cargo para que esta tenga verdadera virtualidad o si por el contrario se trata de una prueba de descargo, cuya acreditación debe corresponder al acusado.

Observamos que la conducta descrita como motivo de oposición, la monitorización de la dirección I.P., constituye el resultado de una actividad delictiva, en cuanto vulneración del habeas data. Así lo ha venido entendiendo la AEPD desde su informe NUM003 . Partimos por tanto de la conexión entre la dirección I.P y su uso por el titular de la línea de adsl o fibra y como excepción se plantean los supuestos de utilización indebida de la misma. Desde esta perspectiva, se podría considerar que acreditado el empleo de la dirección I.P por parte del usuario, debe ser este quien pruebe su uso indebido, mediante la aportación para ello del correspondiente peritaje.

Ahora bien, no podemos obviar que nuestro T.S a partir de la Sentencia de 3 de diciembre de 2012 , en la que absuelve a quienes habían sido condenados por un delito de estafa informática, viene manifestando que no se puede fundamentar la existencia de un pronunciamiento condenatorio en forma exclusiva en la dirección I.P., máximo cuando no se había procedido al examen del ordenador del condenado y con ello descartar la utilización de sus puertos por un tercero.

Atendiendo a esta doctrina jurisprudencial, nos encontramos que la determinación del uso de la I.P. del domicilio del acusado constituye prueba indiciaria de su intervención en los hechos, aun cuando no se puede fundamentar el pronunciamiento condenatorio en forma exclusiva en el mismo.

No supone esta la única prueba objeto de valoración, pues sustentan la afirmación de su intervención en los hechos, por una parte la relación que sostenía con la denunciante y por otra la finalidad buscada con la toma de control de las cuentas de la denunciante.

Así el acusado mantuvo una relación sentimental con la denunciante, relación que quebró en los meses anteriores a que sucedieran estos hechos, y que según la denunciante no termino adecuadamente. Por otra parte, el objeto principal de su actividad, una vez tomado el control de las cuentas de la denunciante, es conocer sus contactos y mensajes de email de las cuentas asociadas a una principal, contactando con un antiguo novio de la denunciante. Es decir, actividades que solo presentan una explicación desde una motivación afectiva o de venganza, y que resultan impropias de un tercero sin relación con la denunciante.

Añadimos a ello la propia conducta procesal del acusado quien no intereso prueba alguna destinada a comprobar que su dirección IP había sido objeto de un ataque informático, no siendo objeto de cuestión este dato ni durante el periodo de instrucción ni en el Plenario, siendo invocado en las conclusiones de su defensa. Con ello se ha privado a las partes de poder realizar pruebas que desvirtuaran esta afirmación.

Ello no obstante entendemos que concurren elementos de suficiente fuerza incriminatoria para sustentar el pronunciamiento condenatorio efectuado. La determinación de la dirección I.P. como la correspondiente al domicilio del acusado, constituye un indicio objetivo desde el cual elaborar el juicio lógico de inferencia, y así considerar que el acusado, quien había mantenido una relación sentimental con la denunciante, desde su domicilio se hizo con el control de las cuentas de la denunciante, contactando con contactos que presentaban incidencia en la vida sentimental de la denunciante, al objeto de conocer las relaciones que esta sostenía y el contenido de sus mensajes de email. La intervención de quien se hizo pasar en los hechos como Rebeca , no se considera relevante al estimar que acreditada la realización de los hechos desde el domicilio del acusado este presentaba un dominio directo de los mismos.

TERCERO.- Indemnización por daños morales.

I. Cuestiona el recurrente la indemnización por daños morales, al estimar que ninguna prueba se ha verificado de los mismos.

El daño moral, -dice la STS 1366/2002, 22 de julio (LA LEY 138245/2002) -, no deriva de la prueba de lesiones materiales, como parece sostener la defensa al considerar que no está probado en el proceso, sino de la significación espiritual que el delito tiene con relación a la víctima.

Sabido es que no se disponen de criterios preestablecidos que nos modulen el importe de la responsabilidad a establecer. Nuestro TS ha venido afirmando en cuanto al daño moral En la STS.24.3.97 recuerda que no cabe olvidar que cuando de indemnizar los daños morales se trata, los órganos judiciales no pueden disponer de una prueba que les permita cuantificar con criterios económicos la indemnización procedente, por tratarse de magnitudes diversas y no homologables, de tal modo que, en tales casos poco más podrán hacer que destacar la gravedad de los hechos, su entidad real o potencial, la relevancia y repulsa social de los mismos, así como las circunstancias personales de los ofendidos y, por razones de congruencia, las cantidades solicitadas por las acusaciones.

El daño moral, además, -dice la STS 1366/2002, 22 de julio (LA LEY 138245/2002) -, no deriva de la prueba de lesiones materiales, como parece sostener la defensa al considerar que no está probado en el proceso, sino de la significación espiritual que el delito tiene con relación a la víctima.

II. En el caso objeto de autos se ha fijado una indemnización de 300 euros, cantidad mínima cuya justificación se deriva de la privación del uso de las cuentas de Facebook y Yahoo realizada por el acusado a la denunciante, y sobre todo por el daño ocasionado a esta al conocer el contenido de sus mensajes y contactos, y por la propia realización de actos constitutivos de suplantar su personalidad, al contactar con terceros simulando ser la denunciante. Hechos todos de una gravedad e incidencia sobre la propia denunciante que dejan escasa la indemnización concedida.

CUARTO.- Las costas procesales devengadas han de ser declaradas de oficio al no apreciarse temeridad ni mala fe por parte del apelante.

VISTOS los preceptos legales citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación.