PRIMERO.- Siendo la reclamación de este procedimiento exclusivamente de cuantía, y siendo ésta inferior a 6.000 euros, la competencia para el conocimiento de este recurso corresponderá al Magistrado Unipersonal que figura en el encabezamiento de esta resolución.
El motivo de Apelación descansa en la inexistencia de caducidad. Entendiendo que la boda se iba a celebrar el día 3 de julio de 2010, y que la negativa a la celebración de ésta, tuvo lugar entre los días 30 de mayo y 1 de junio, y por tanto, la acción estaría caducada. Es incierta la decisión de la Juez a quo, puesto que posteriormente a la comunicación en la que se indicaba que no iba a haber boda, de 31 de mayo de 2010, volvieron a reconducir la situación en fechas de 5 y 6 de junio. Si bien mantuvo la esperanza que la boda se llevara a cabo. Y en la medida que no tuvo lugar, se envió al demandado un burofax en fecha de 2 de junio del 2011, en la que reclamaba el pago de la cantidad correspondiente. Y posteriormente en fecha de 31 de mayo de 2012. Por lo que los actos de envío de burofaxes determinarían la interrupción del plazo de reclamación. Y por tanto, la acción no estaría caducada.
Es evidente, y así consta en la demanda que la fecha del enlace matrimonial fue fijado para el día 3 de julio de 2010. Que el día 31 de mayo de 2010, el demandado comenzó a mostrar sus dudas, y el día 6 de junio de 2010, le comunicó definitivamente a la actora que no iba a contraer matrimonio. Habiendo enviado burofax para reclamarle los gastos originados por dicha promesa, rota, de matrimonio en fecha de 2 de junio de 2011, y posteriormente, en fecha de 31 de mayo de 2012, habiendo originado una serie de gastos, a consecuencia del enlace, como "vestido de novia, liga para el vestido, arreglo floral de la iglesia, vestidos y zapatos para después de la ceremonia, reserva de banquete nupcial y anillo y pendiente para boda". Es decir, todos los gastos que reclama son originados exclusivamente por razón del enlace, y son reclamados precisamente, porque dicho enlace nunca tuvo lugar, dando lugar al incumplimiento sin causa de la promesa cierta de matrimonio. Invocando, inclusive, la parte actora en sus fundamentos de derecho de la demanda el artículo 43 del CC (LA LEY 1/1889) , esto es, el incumplimiento, sin causa, de la promesa de matrimonio.
En dicho artículo 43 establece claramente que "la acción caducará al año contado desde el día de la negativa a la celebración del matrimonio".
Aún dando por bueno como día de definitiva negativa a contraer matrimonio, como señala la parte actora, el día 6 de junio de 2010, es lo cierto que pese a le existencia de dos burofaxes, uno de 2 de junio de 2011, y otro de mayo de 2012, la demanda no se interpuso hasta la fecha de 14 de mayo de 2013, esto es, 2 años y 11 meses después de la fecha en que definitivamente se indicó a la actora que el matrimonio no tendría lugar, y desde la fecha donde estaba prevista la celebración del enlace.
Tal como viene a ser establecido por el Tribunal Supremo, ya desde fecha de 2 de julio de 2008, la caducidad no admite interrupción de clase alguna, en consonancia con la naturaleza de los derechos para cuyo ejercicio se establece que, siendo de carácter potestativo, nacen y se extinguen con el propio plazo de caducidad, al contrario de lo que ocurre con la prescripción que únicamente afecta al ejercicio del derecho y no a su existencia misma. Indicándose esta doctrina en sentencias de 21 de octubre y 20 de diciembre de 2010 .
Añadiéndose que el plazo de un año establecida en el artículo 43 del CC (LA LEY 1/1889) , es considerado un plazo de caducidad, y así se refleja claramente en el precepto, con la consecuencia de ser apreciable de oficio y su imposibilidad de interrupción, que impide que el ejercicio de esta acción pueda estimarse si ha expirado el plazo de caducidad previsto. Iniciándose su cómputo, desde el momento en que definitivamente se sabe que el enlace matrimonial previsto, no tendrá lugar, y el mismo se computa de fecha a fecha, conforme el artículo 5 del CC (LA LEY 1/1889) (entendiendo como día final el de interposición de la demanda), siendo la razón de ser de la existencia de dicho plazo, la extinción misma del derecho que se pretende proteger. El plazo de caducidad no quedaría interrumpido, ni tan siquiera, por un acto de conciliación o la prosecución de diligencias preliminares. Y menos aún por sendos requerimientos de pago extrajudiciales (burofaxes enviados por la actora).
Entrando en juego, en este tipo de supuestos, el principio de legalidad al que debemos someternos los órganos judiciales, que obligan a aplicar las normas, aún cuando sean de naturaleza formalista, y obstaculicen las pretensiones sustantivas. En efecto, la nota fatal unida indefectiblemente al cumplimiento del plazo de caducidad prohíbe no solo su interrupción, sino inclusive la suspensión del mismo, pues cuando dicho plazo viene determinado por ley, solo si esta así lo establece se podría acoger una causa de suspensión. Ocasionalmente se ha admitido la interrupción en la caducidad cuando se produzca una situación de fuerza mayo o cualquier otra causa independiente de la voluntad de las partes.
Lo que aquí, obviamente, no ha tenido lugar, ni tan siquiera se ha invocado.
Siendo la reclamación fundada en el artículo 43 del CC (LA LEY 1/1889) , este ha de ser un plazo de caducidad, por preverlo así el propio precepto, y ser así entendido por la doctrina, entre ellas la SAP de Toledo de 16 de febrero de 2000 , donde señalaba que el artículo 43 del CC (LA LEY 1/1889) prevé una caducidad en el ejercicio del derecho. Y si los gastos a reembolsar, que se reclaman en demanda, van dirigidos a reclamar los gastos hechos en consideración al matrimonio prometido, es obvio que nos encontraríamos ante el plazo de caducidad de un año. Y siendo la fecha prevista para el enlace de 3 de julio de 2010, considerando esta fecha incluso como la más beneficiosa para la actora, y siendo la demanda interpuesta en mayo de 2013, es obvio que habría transcurrido, con creces, el término de un año de caducidad fijado en el precepto del artículo 43, que sirvió de base a la interposición de la reclamación. No pudiendo entenderse interrumpido dicho plazo de caducidad por los burofaxes enviados por la actora de junio de 2011 y mayo de 2012.
En definitiva, el recurso de Apelación ha de ser desestimado, y la sentencia confirmada, en su integridad.