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PRIMERO.- Muestra disconformidad con el fallo judicial de primera instancia la representación procesal de la parte demandada en relación con la medida definitiva adoptada sobre el uso y disfrute alternativo de la que fuera vivienda conyugal por períodos semestrales hasta que se practique la liquidación de la sociedad de gananciales del matrimonio litigante, así como por la omisión judicial acerca de la tenencia de las dos perras de compañía, llamadas Gatita y Espinela , argumentando al respecto: 1) En primer lugar, en relación con el uso y disfrute de la vivienda familiar, sita en el número NUM000 de la Calle DIRECCION000 de la localidad de Rincón de la Victoria (Málaga), interesa la atribución exclusiva en su favor al ser, según dice, de titularidad privativa, con independencia del derecho de crédito de la (ex) esposa, afirmando haberse cometido infracción de los artículos 399 , 405 y 752, todos ellos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en relación con los artículos 1357 y 1354 del Código Civil , habiendo partido el juzgador de instancia de una errónea premisa al recoger en su resolución que la partes tenían reconocido que, al menos parcialmente, la vivienda tiene carácter ganancial, siendo hecho no controvertido que la vivienda fue adquirida por el marido, don Carlos Antonio , en estado de soltero, con carácter privativo, firmándose la escritura pública de adjudicación de la vivienda y asunción de deuda el veintidós de mayo de mil novecientos noventa y cinco, constituyéndose el mismo día sobre el inmueble hipoteca con la entidad Unicaja, todo ello antes de contraer matrimonio el doce de julio de mil novecientos noventa y siete con la demandante, ahora apelada, doña Clemencia , si bien realizándose pagos aplazados constate el matrimonio, habiendo ambas partes otorgado y reconocido siempre el carácter privativo de dicho inmueble, tal y como lo refleja la propuesta de inventario presentada de contrario junto con el escrito rector de demanda al incluir en el activo de la sociedad la parte proporcional de las cuotas de hipoteca que grava la vivienda, a lo que añade que, de conformidad con lo previsto en el artículo 96 del Código Civil (LA LEY 1/1889) , al no existir hijos comunes en el matrimonio, cabe la atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar al cónyuge no titular, con carácter temporal, pero siempre y cuando, su interés fuera el más necesitado de protección, lo que no acontece en el caso de autos al disponer ambos esposos de profesiones e ingresos similares (funcionarios de Correos), y 2) En relación con la tenencia de los animales, perras de agua propiedad del matrimonio, llamadas como se ha dicho Gatita y Espinela , madre e hija, por cometerse infracción de los artículos 104 , 103 y 96, todos ellos del Código Civil , ya que ambos litigantes en medidas previas provisionales, como en la demanda y contestación en el procedimiento principal, solicitaron como medida definitiva la correspondiente a la tenencia de las perras, a lo que no se obtuvo respuesta, interesando del tribunal "ad quem" que: a) con independencia de la cotitularidad de ambas perras, la atribución de la posesión se haga a favor del esposo, con un régimen de estancia o compañía con la demandante de un fin de semana cada mes o, alternativamente, o, en su caso b) la tenencia o posesión compartida de las perras en copropiedad estableciendo que permanecerán en compañía de uno y otro dueño durante los períodos que se determinen, que pudieran ser mensuales, aunque no había inconveniente que lo fueran quincenales, bimensuales o incluso mayores.

SEGUNDO.- Planteado el recurso de apelación en los términos anteriormente expresados y circunscrito el tema de debate en primer lugar a concretar la pretendida atribución del uso y disfrute de la que fuera vivienda familiar al marido, en términos generales, se debe partir de la premisa básica de ser principio elemental, necesario e inspirador del dictado de cualquier medida que pueda afectar a los hijos habidos en el seno matrimonial el de que el interés de los mismos es prevalente sobre cualquier otro, incluido el de los padres o progenitores, hasta el punto de que el llamado "bonum filii" ha sido elevado a principio jurídico universal orientador de la actuación al que deben someterse Jueces y Tribunales, quedando consagrado en nuestra legislación en diversos preceptos (artículos 92 (LA LEY 1/1889) , 93 (LA LEY 1/1889) y 103.1 del Código Civil (LA LEY 1/1889)) y así, "ex lege" , en el artículo 96.1 del Código Civil (LA LEY 1/1889) se dispone como regla general que en defecto de acuerdo entre los cónyuges aprobado por el juez, "el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden" , norma sustantiva en la que se instaura ope sententiae como solución al problema atender a las necesidades de un sujeto plural y colectivo y no exclusivamente a las de uno de los cónyuges, solución pensada que si bien inicialmente se hace en atención a la minoría de edad de los hijos, en absoluto, excluye a los hijos cuando alcancen la mayoría de edad, ya que en la misma no se establece diferenciación alguna acerca de la posibilidad de que los hijos hayan o no alcanzado la mayoría de edad, por lo que lo decisivo es atender al hecho de si todos o algunos de ellos continúan conviviendo con uno de los progenitores, debate que no cabe abrir en el caso que nos ocupa al tratarse de matrimonio celebrado en forma canónica el doce de julio de mil novecientos noventa y siete del que no nacieron hijos, por lo que la decisión a adoptar debe hacerse de acuerdo con la disposición normativa expresada que en su tercer párrafo literalmente expresa "no habiendo hijos, podrá acordarse de que el uso de tales bienes, por el tiempo que prudencialmente se fije, corresponde al cónyuge no titular, siempre que atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección" , presupuestos que el tribunal de alzada considera no concurrir en el supuesto examinado, como bien defiende la recurrente en apelación, ya que ese interés más necesitado de protección no cabe observarlo en ninguno de los cónyuges litigantes, al apreciarse en los dos identidad profesional (funcionarios) y similares retribuciones, por lo que, a nuestro juicio lo procedente hubiese sido no efectuar pronunciamiento alguno en relación con la medida pretendida de uso y disfrute de la vivienda conyugal, dejándolo sin definición hasta el trámite de liquidación de la sociedad de gananciales, pero, sin embargo, no cabe adoptar tal decisión en el presente momento procesal ya que dicho fallo sería atentatorio del principio general "pendente apellatione nihil innovetur" agravando aún más la decisión de instancia en perjuicio del apelante, sin que, en absoluto, sea admisible practicar lectura de los hechos tal cual lleva a cabo la interesada demandada, por cuanto que la naturaleza del bien que deba integrarse en la sociedad de gananciales o, en su caso, proceder a su exclusión, es actividad que queda al margen del procedimiento principal en que nos encontramos, debiendo hacerse por los trámites legalmente previstos en los artículos 808 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) , no obstante lo cual, sin pretender prejuzgar en absoluto la decisión que deba practicarse en su momento procesal oportuno, cuanto menos a los efectos que aquí se debaten y que se presentan como controvertidos en segunda instancia, reseñar ser incorrecto el planteamiento de tesis defendido por el demandado-apelante acerca de la consideración de privativo de la vivienda familiar, dejando a favor de la sociedad de gananciales crédito constituido por las cuotas hipotecarias abonadas durante la vigencia del matrimonio, ya que en los bienes de naturaleza inmobiliaria adquirido antes de la celebración del matrimonio se deben diferenciar las siguientes situaciones: 1) Las efectuadas por uno solo de los cónyuges, en donde si se abona íntegramente, bien al contado o a plazos con dinero privativo, debe calificarse como bien de naturaleza íntegramente privativo, resultando en tales casos intrascendente el hecho de que se perfeccione la compraventa en documento privado y sea elevado a público con posterioridad, ya vigente, incluso, el matrimonio, pues en nada incide sobre la naturaleza del bien como privativo, ya que dicha actuación no deja de ser constatación solemne de la compraventa, sin que puede ser transformada la vivienda antes adquirida en un bien ganancial, ni siquiera por convenio entre los cónyuges - T.S. 1ª SS. de 16 de octubre de 1999 y 26 de febrero de 2002 -, pronunciándose en este sentido la sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia de 17 de octubre de 2002 cuando considera que el piso adquirido por el marido antes de contraer matrimonio, pagando una parte del precio antes del matrimonio, y otra parte del precio después de su celebración, pero con dinero privativo, tiene esta consideración, máxime cuando en el supuesto al otorgarse la escritura de compraventa sólo compareció el marido (comprador) manifestando que estaba casado, no mencionando siquiera que se adquiría en beneficio de la sociedad legal de gananciales. De manera que la inscripción del inmueble en el Registro de la Propiedad, celebrado ya el matrimonio y, por tanto, vigente el régimen económico de sociedad de gananciales, no modifica el carácter privativo del inmueble, pese a lo cual dispone el artículo 95.2 del Reglamento Hipotecario (LA LEY 3/1947) que "para la inscripción como privativos de un cónyuge, de bienes inmuebles adquiridos a titulo oneroso es preciso aportar prueba documental pública de la procedencia privativa del numerario invertido en la adquisición o de la contraprestación efectuada por el cónyuge que pretende el empleo o reembolso de los mismos" , de ahí que si no llega a acreditarse, la inscripción registral se practicará a nombre del adquirente con carácter presuntivamente ganancial, lo que obliga al cónyuge que mantenga ostentar la titularidad privativa del bien a probar ser dueño exclusivo en el procedimiento de formación de inventario en disolución de la sociedad de gananciales, y 2) Por uno solo de los futuros esposos, mediante pago aplazado, situación en la que, a su vez, el legislador atribuye distinto tratamiento según pase a constituir el inmueble vivienda familiar o sean otros inmuebles que no se constituyen como domicilio familiar, de manera que: a) En los inmuebles que no constituyan vivienda familiar, es de aplicación el artículo 1357 del Código Civil (LA LEY 1/1889) , conforme al cual "los bienes comprados a plazos por uno de los cónyuges antes de comenzar la sociedad tendrán siempre carácter privativo, aún cuando la totalidad o parte del precio aplazado se satisfaga con dinero ganancial" - SAP de Santa Cruz de Tenerife (Sección 1ª) de 2 de febrero de 2004 -, dándole a las cantidades utilizadas de naturaleza ganancial el destino que marca el artículo 1358 del Código Civil (LA LEY 1/1889) , al disponer que "habrá de reembolsarse el valor satisfecho a costa del caudal común, mediante el reintegro de su importe actualizado al tiempo de la liquidación" , refiriéndose a ello la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 1989 cuado decide que "Siendo hecho relevante el que las amortizaciones del crédito hipotecario con el que se gravó la vivienda familiar fueron abonadas y liquidadas constante matrimonio y a cargo del mismo, a tal extremo hay que atribuirle las lógicas y equitativas consecuencias jurídicas ( art. 3.2 CC (LA LEY 1/1889) ), acordes con el art. 1347.3 CC (LA LEY 1/1889) , en aras todo ello de una justicia material rectamente entendida y superadora de ciertos excesos formalistas, propiciadores incluso del fraude de ley que podría suponer entender como decisivo y determinante el hecho formal de que quien compra una vivienda familiar en estado de soltería y en vísperas de contraer matrimonio, constituyendo al propio tiempo una hipoteca sobre aquella a pagar a lo largo de dicho matrimonio, puede sostener, burlando el espíritu del art. 1357.2 CC (LA LEY 1/1889) , que ese concreto bien es y sigue siendo privativo, pese a que las amortizaciones del crédito hipotecario constituido paralelamente se hagan efectivas en definitiva durante el matrimonio, resultando patente en todo caso la equiparación a estos efectos entre dichas amortizaciones de la hipoteca y los pagos de una compraventa a plazos" , y b) Inmuebles que, como en el caso analizado, constituyan vivienda familiar, lo que pasa a convertirse en excepción a la regla general expuesta, estatuyendo el artículo 1357.2 del Código Civil (LA LEY 1/1889) que "se exceptúa la vivienda y ajuar familiares, respecto de los cuales se aplicará el artículo 1354" o, lo que es lo mismo, cuando el inmueble adquirido por uno o ambos cónyuges antes de contraer matrimonio pase a constituirse como vivienda familiar, "corresponderá en proindiviso a la sociedad de gananciales y al cónyuge o cónyuges en proporción al valor de las aportaciones respectivas" - SSAP de Málaga (Sección 6ª) de 9 de octubre de 2007 y de Toledo (Sección 1ª) de 16 de mayo de 2005 -, debido tenerse presente la disposición contenida en el artículo 91.2 del Reglamento Hipotecario (LA LEY 3/1947) a cuyo tenor "el posterior destino a vivienda familiar de la comprada a plazos por uno de los cónyuges antes de comenzar la sociedad no alterará la inscripción a favor de éste, si bien en las notas marginales en las que se hagan constar con posterioridad los pagos a cuenta del precio aplazado se especificará el carácter ganancial o privativo del dinero entregado" - T.S. 1ª SS. de 23 de marzo de 1992 y SAP de Burgos (Sección 2ª) de 19 de junio de 2003 -, consideraciones las expuestas que una vez proyectadas sobre el supuesto concreto que nos ocupa no ofrece más que rechazado del planteamiento apelante de estar en presencia de inmueble de naturaleza privativo, sino, por el contrario, de bien que pertenece pro indiviso al marido y a la sociedad de gananciales en los porcentajes que en su día se determinen, lo que, en definitiva, implica el confirmar la decisión adoptada en la instancia al no poder quedar desvirtuada por las alegaciones invocadas por la demandada-apelante..

TERCERO.- En otro orden de cosas, por lo que respecta a la tenencia de las dos perras propiedad del matrimonio litigante, este tribunal considera acertada la decisión judicial de la primera instancia contenida en su fundamentación jurídica, pues difícilmente tratándose de animales, semovientes, quepa llevar a cabo medida definitiva en el dictado de la sentencia del procedimiento principal y, más concretamente, como se pretende el que se atribuya la llámese guarda, custodia o tenencia de unos animales a favor de uno u otro cónyuge o la separación de ambos, una a favor del marido y el otro de la esposa, con régimen de visitas temporales, como si se estuviera tomando decisión sobre personas a las que expresamente, como no podía ser de otra manera, se refieren los artículos 92 (LA LEY 1/1889) y 94 del Código Civil (LA LEY 1/1889) , sino que, en todo caso, dada la naturaleza de los bienes, semovientes, como se ha dicho, lo correcto será su integración en el activo de la sociedad de gananciales a liquidar, sin perjuicio de que al respecto se lleve a cabo adopción de medida provisional, cual expone el artículo 809.1, inciso cuarto, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , pareciendo oportuno traer a colación las consideraciones que se contienen en auto de 5 de abril de 2006 de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 12 ª), que hace suyas este tribunal sentenciador cuando expone que "cada vez (es) más frecuente inserción en los convenios reguladores de pactos de esta naturaleza, referidos a animales de compañía de todo genero" , a lo que añade que "ningún pronunciamiento de la jurisprudencia menor de los recogidos en las colecciones bibliográficas especializadas españolas, hace referencia hasta hoy a casos de litigiosidad real en la ejecución de tales acuerdos" y que "la conflictividad se produce, en todo caso, en el terreno especulativo, y los precedentes en el derecho comparado, pertenecen más al mundo de la literatura periodística, o a las excentricidades que se atribuyen a determinados personajes, que a la realidad mucho más penosa de los graves conflictos personales o económicos que las crisis familiares" , no siendo de recibo pretender la inmediata equiparación de los afectos hacia estos seres con los que los padres y madres mantienen hacia hijos, sin ser factible imponer similitud de algunos de estos pactos con los que regulan el ejercicio de las responsabilidades parentales respecto de los hijos menores de edad, lo que conlleva, nos dice dicha resolución judicial, entre otras, a si las controversias relativas a los animales en la forma que se discute en este procedimiento son susceptibles de ser enjuiciadas en el proceso de familia y en el ámbito obligacional de las medidas regaladoras de la crisis familiar, estableciendo al respecto que "las referencias legislativas a los semovientes son abundantes en nuestra tradición jurídica, y su aprecio afectivo o económico ha merecido ser objeto de minuciosa legislación, incluso en el Código Civil, que se ocupa de los mismos, entre otras instituciones, al regular determinados derechos, como la posesión, en el artículo 465, con la distinción entre los animales que saben volver a la casa del poseedor, de los fieros, domesticados o amansados, o al regular el usufructo de animales en el artículo 499, o las servidumbres, la ocupación, la compraventa, en el artículo 1.491, el arrendamiento en el artículo 1.579 , los contratos especiales sobre ganadería, o la aparcería de ganados, así como el régimen de responsabilidad civil frente a terceros del poseedor de un animal, en el articulo 1905 ", destacando la importancia de la sensibilización de las personas, niños y adultos, hacia el cuidado y amor hacia los animales que, en definitiva, es muestra inequívoca del aprecio por la naturaleza, por lo que se dice que "no es insólito que en algunos litigios relativos a la liquidación de patrimonios comunes, por causa hereditaria o por crisis matrimonial se haya de decidir sobre derechos de propiedad, goce o usufructo sobre semovientes, o que en testamentos, convenios reguladores de la separación, el divorcio y sus efectos, se establezcan disposiciones en favor de perros, gatos u otros semovientes dignos de especial afecto por quienes los han cuidado y han disfrutado de su compañía" , resaltando como la industria veterinaria, en la vertiente urbana que tiene por pacientes a mascotas domésticas, está en auge, (más de 200.000 familias en la ciudad de Barcelona mantienen animales de compañía en sus casas), como también lo están otros negocios que hace algunos años hubieran causado asombro, como los hoteles para perros y gatos, las secciones de gourmet alimentario en supermercados para esta clientela, o cementerios para ilustres finados de este género animal, por lo que en la práctica forense, dice, "en los juzgados y tribunales de familia ... ha dejado de ser anecdótico que en convenios reguladores se establezcan acuerdos minuciosos sobre animales de compañía y, sobre todo cuando pertenecen a los hijos, se mantenga en proindivisión la propiedad de los mismos, con especificación de periodos de tenencia de uno y otro dueño, o que se establezcan eventuales derechos de utilización alterna respecto de perros, gatos y hasta de tortugas o lagartos, teniendo en consideración que son bienes esencialmente indivisibles a los que es de aplicación la regla del primer párrafo del artículo 401 del Código Civil (LA LEY 1/1889) " , concluyendo que "no obstante lo anterior, la estadística judicial respecto a esta clase de ejecuciones pone de relieve que no suele ser frecuente la litigiosidad, puesto que el sentido común, y la medida de lo que resulta razonable, aconsejan a las personas que no deben establecer litigios respecto a tales hipotéticos derechos que, aun estando recogidos contractualmente, trascienden de lo jurídico o, con más precisión, de lo jurídicamente exigible ", consideraciones estas que extrapoladas al caso en cuestión desembocan en el fracaso del motivo y, por ende, en la confirmación de la sentencia apelada en este extremo, pues, sin lugar a dudas, no parece adecuado que esta materia pueda quedar comprendida entre las sustanciales medidas personales y económicas a que se refiere el artículo 91 del Código Civil (LA LEY 1/1889) , sino diferidas, en todo caso, al ámbito estricto de la liquidación de la sociedad de gananciales ya disuelta.

CUARTO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 394 (LA LEY 58/2000) y 398, ambos de la Ley 1/2000, de 7 de enero (LA LEY 58/2000), de Enjuiciamiento Civil , procederá imponer las costas procesales casuadas en esta alzada a la parte apelante.