Palma.- La asociaciones Jueces para la Democracia (JpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF) no aceptan que el Gobierno "ponga en riesgo" el sistema de pensiones español "con alertas no suficientemente justificadas", y reclaman que el sistema de la Seguridad Social se garantice por la vía presupuestaria.
Esta es una de las conclusiones a las que han llegado ambas organizaciones en su reunión celebrada en Palma, en la que también se han pronunciado sobre la regulación hipotecaria, la reforma del Código Penal, la reforma laboral, la nueva oficina judicial y las normativas sobre discapacitados.
Las organizaciones piden que el sistema de la Seguridad Social "no sea objeto de constante cuestionamiento de viabilidad" y piden que su financiación se garantice en los presupuestos generales.
Abogan además por establecer cargas fiscales sobre rentas o capitales generados por movimientos especulativos, que se justificarían en "la necesidad de que financien el gasto social quienes lo generan, no quienes padecen sus consecuencias".
Critican que la "tranquilidad" de los mercados de deuda y de las entidades financieras recaiga sobre el recorte de derechos de los trabajadores, e insisten en que existen otros recursos para impedir los movimientos especulativos.
En otra declaración, las asociaciones progresistas reclaman al Gobierno que aborde una reforma legal para que se pueda liquidar la deuda de una hipoteca con la entrega del inmueble a la entidad bancaria.
La declaración se centra en la situación económica actual y sus repercusiones en la sociedad, y concretamente en la respuesta "sumamente injusta" del ordenamiento jurídico en el caso de las hipotecas.
Recuerda que cuando el deudor no paga una de las cuotas, el banco puede forzar la subasta del inmueble, que puede quedarse luego la entidad por el 50 % del importe que ella misma fijó. El resto de la deuda lo puede seguir ejecutando contra todos los bienes, presentes y futuros, del deudor.
En esta situación, jueces y fiscales destacan que, ante el "riesgo de que se propague la marginación social", tienen facultades de interpretar las leyes que permiten ajustar la aplicación del ordenamiento a la realidad. De esta manera se refieren a la sentencia dictada hace unas semanas por la Audiencia de Navarra en esa línea.
También piden las asociaciones una regulación del sobreendeudamiento familiar que incluya las deudas por la adquisición de vivienda, una modificación del proceso de ejecución que impida que pueda adjudicarse en subasta el inmueble muy por debajo de su valor tasado, así como que se legitime al juez para que modere o suspenda el devengo de intereses moratorios.
La reforma del Código Penal es otro de los aspectos tratados en la reunión y una de las declaraciones subraya que es "insoslayable" el "riesgo de actuación errática, de exacerbación punitiva y de populismo en la forma de legislar".
"Legislar sobre la base de las páginas de sucesos de los periódicos lleva a que el sistema se distorsione", ha afirmado en rueda de prensa la portavoz de JpD, María Calvo.
Las asociaciones critican la nueva medida de seguridad denominada "libertad vigilada", que se aplica tras el cumplimiento de penas de prisión, lo que puede significar que se restrinja la libertad de una persona hasta "unos extremos insólitos".
Además, denuncian el incremento "desproporcionado" de algunas penas que se introduce "de manera asistemática", como es el caso, según ha destacado el portavoz de UPF, Emilio Sánchez, de los delitos contra la libertad sexual.
Otro de los comunicados celebra la creación de la oficina judicial, pero reclama la creación de una oficina fiscal adaptada a las peculiaridades del Ministerio Público.
En materia de discapacidad también plantean la creación de juzgados especializados de ámbito provincial, así como un marco normativo único en el que se establezcan las competencias, actuaciones y prestaciones a las que estas personas tienen derecho. Informó EFE.